La Cruzada Nacional contra el Hambre, strategia mediática.

La Cruzada Nacional contra el Hambre, la inflada “estrategia social” compuesta por 70 programas que se aplicarían en 400 municipios para combatir la pobreza extrema y la alimentaria, se halla entrampada en la demagogia, el caos y la parálisis, motivos por los cuales se redujo en su etapa inicial a sólo 80 demarcaciones en 20 estados. La razón oficial: problemas técnicos y de coordinación. La verdadera: sólo concentrándose en un puñado de poblaciones el gobierno federal podrá ofrecer algunos resultados para engrosar el primer informe del presidente Peña Nieto.

 

Marcela Turati

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) se fijó una ruta crítica llena de atajos para tener algo que presumir sobre la Cruzada Nacional contra el Hambre el 1 de septiembre, día del informe presidencial, ya que dicha estrategia sigue en la fase de diseño y experimentación.
Como primera maniobra, el número de municipios que se atenderá en la primera fase se redujo de 400 a 80, la mayoría pequeños y rurales, donde se instalarán tiendas Diconsa, lecherías Liconsa y comedores escolares, además de entregar suplementos alimenticios de la Secretaría de Salud para obtener resultados rápidos.
Las acciones en los 80 municipios elegidos como “prioritarios” con miras al informe de Enrique Peña Nieto impactarán en las condiciones de vida de 364 mil 901 personas que viven en pobreza extrema y padecen hambre, una cifra muy alejada de los 7.4 millones de personas que eran la meta inicial para esa etapa.
A seis meses de iniciado el gobierno federal priista, la polémica cruzada, también conocida como Sin Hambre, ha sido más mediática que real, debido a su ambiciosa estrategia publicitaria, los escándalos electorales en que se ha involucrado y la inclusión de compañías trasnacionales. Sin embargo, todavía no tiene efecto entre los mexicanos más pobres, pues sólo ha sido aplicada en dos puntos del estado de Guerrero: la colonia Simón Bolívar de Acapulco y el municipio Mártir de Cuilapan, elegidos para la prueba piloto.
Ni siquiera en las demarcaciones donde la titular de la secretaría, Rosario Robles, ha organizado eventos de la Cruzada Nacional contra el Hambre ha comenzado a paliarse la desnutrición. Por ejemplo, el secretario municipal de Amatenango del Valle, Chiapas, Juan Gómez Díaz, informa en entrevista telefónica: “Acá todavía los promotores van a empezar a hacer los censos (de beneficiarios). A lo mucho Liconsa puso tienda y están entregando tarjetas para que la gente del programa pueda comprar leche”.
El comité ciudadano que planearía junto al gobierno las obras aún no existe.
Desde Mezquitic, en la zona wixárika de Jalisco, Misael Marcos López, secretario particular del alcalde, informa que la semana pasada firmaron un convenio con la titular de Sedesol y dos semanas antes habían firmado un preconvenio “de avanzada” con la delegada. Todavía no crean comité alguno.
“Diconsa y Liconsa están creando el padrón para que los habitantes tengan derecho a la leche. (…) Ya se va a abrir una estancia infantil en una casa que se acondicionó hace como un mes”, indica López a Proceso.
Tanto los funcionarios enviados por Robles a los estados como los documentos de la Sedesol se limitan a mencionar acciones en los 80 municipios seleccionados en 20 entidades, entre ellas Coahuila y Guanajuato. Tres son urbanos: Cuernavaca, Aguascalientes y Tecomán, cuyos niveles de miseria no son tan altos como para estar entre los prioritarios.
Un municipio elegido para la primera etapa, Santa Ana Ateixtlahuaca, en Oaxaca, cuenta con un censo de 156 personas en pobreza extrema y desnutrición; en Cuernavaca hay 8 mil 55.
El 17 de mayo pasado el portal de noticias nortedigital publicó que en Chihuahua, donde se dará prioridad a los municipios de Guadalupe y Calvo y Morelos entre los seis primeros del programa, la directora nacional del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), Liliana Romero, explicó en una reunión privada:
“La meta es que en el próximo mes de septiembre el presidente Peña Nieto pueda decir ante el Congreso de la Unión que (en los 80 municipios iniciales) se han generado las condiciones para que en determinado tiempo cambien los indicadores que hoy se atacan”,

“Problemas técnicos”

Funcionarios de la Sedesol admiten que será hasta el próximo año cuando empiece a perfilarse la cruzada con programas a la medida, padrones establecidos, comités comunitarios organizados y presupuesto etiquetado,  pues este año está en una fase que denominan “reforma institucional de la política social”.
Explican que los beneficiarios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, a estas alturas del año, deben recibir los programas inerciales como Oportunidades, así como el abasto de Liconsa y Diconsa, más los suplementos alimenticios. Los programas productivos aún tienen abiertas sus convocatorias para quienes quieran concursarlos y las obras están en fase de diseño.
Durante estos seis meses la estrategia ha enfrentado problemas técnicos que han puesto a prueba su diseño. Se topó con que los 70 programas seleccionados para operar en los 400 municipios no tenían presupuesto adicional para su nueva misión, mantenían reglas de operación muchas veces incompatibles con la cruzada y sus mismos padrones. Sólo Liconsa y 65 y Más pudieron ampliar su base de beneficiarios.
“A partir de junio tendremos conformadas todas las instancias (porque además hay comités intersecretariales, municipales y estatales), o sea, la nueva institucionalidad estará en junio, los programas con reformas ya los estamos aplicando y los nuevos programas ya vendrán en el presupuesto que viene”, señala Omar Garfias, secretario técnico de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
En entrevista menciona que durante estos meses se han dedicado a crear la “institucionalidad adecuada” para coordinar los 70 programas y crear una estructura federalista que se coordine con los estados, un comité de expertos, así como un consejo nacional de organizaciones sociales, mecanismos de evaluación y  esquemas de participación comunitaria.
“Encontramos programas dispersos, sin estrategia, sin acudir a campo. No se llegaba a quienes debía llegarse ni se atendía toda la problemática integral; había duplicidad de beneficiarios y beneficiarios profesionales que recibían siempre”, justifica el funcionario, quien trabajó en Sedesol en el sexenio de Ernesto Zedillo, bajo el mando del priista Carlos Jarque, y posteriormente en secretarías de Sinaloa y Oaxaca.
Cuando se le cuestiona sobre la preselección de 80 municipios, niega que las acciones sólo cubran a éstos y explica que si los cuentan por separado es porque “son los que más van avanzando”. Estima que 170 municipios deben tener acciones reportadas.
Y al preguntarle si hubo un retraso dice que la cruzada tiene trazadas sus metas y seguir indicadores, pero no es “una estructura autoritaria, centralista y monolítica” que determine desde un escritorio del Distrito Federal la vida de los municipios, por lo que está en interacción con la gente, en fase de construcción de soluciones para cada municipio. “Las circunstancias especiales modifican los calendarios”, resume.
“El 23 de mayo entramos en un impasse por la veda electoral porque en 14 estados no podemos hacer ningún trabajo de acercamiento a la comunidad; hasta julio no habrá acciones”, agrega.
Según diversas fuentes consultadas, el dinero que la Secretaría de Hacienda destina a estados y municipios tampoco ha bajado de las cuentas concentradoras. Esto significa que la economía que depende del gobierno federal está paralizada.
“A estas fechas, en otros años, Conafor ya habría acabado su ejercicio y Sedesol tendría la mitad de su gasto ejercido, con excepción de Oportunidades. Actualmente no lleva ni 10%, ni han entregado resultados de Opciones Productivas ni de Coinversión Social, y lo mismo está ocurriendo en Semarnat, Sagarpa y Sedatu”, comenta extraoficialmente un funcionario.

Con miras al informe

Un documento interno de la Sedesol titulado “Criterios para definir la condición de bandera blanca en los 80 municipios prioritarios. Ruta crítica”, ubicado en el portal de la dependencia, establece que el reto de ésta es legitimar ante la opinión pública los resultados de la cruzada.
En los cuadros sinópticos que detallan la ruta se contemplan acciones a partir de mayo. Las indicaciones cortan en septiembre, donde se lee: “Informe presidencial reportando resultados en los 80 municipios”. No se proyectan obras para después.
Del documento se desprende que, de mayo a agosto, la meta de Sedesol es abrir 30 tiendas Diconsa y 100 nuevas lecherías Liconsa, proveer 18 mil 582 desayunos escolares en primarias focalizadas, medir talla y peso a 66 mil 756 menores de 11 años, dar suplementos alimenticios a 30 mil 511 infantes y a un número desconocido de madres lactantes y de mujeres embarazadas, así como impartir orientación nutricional a 100 mil familias.
El término “bandera blanca” fue acuñado en la Sedesol en tiempos de Josefina Vázquez Mota para señalar que se completó la meta por la suma de varias acciones.
En otro documento (“Guía de acciones que se desarrollarán para la implementación de la cruzada”) se admite que una de las “instrucciones presidenciales de la reunión de gabinete celebrada el 21 de marzo” fue “hacer levantamiento de banderas blancas en un mínimo de 80 municipios en este año, incluyendo aquéllos más emblemáticos que siempre han estado relacionados con la pobreza”.
De hecho, la suspensión de la cruzada en el Distrito Federal por las acusaciones de los delegados de que era usada electoralmente, descargó a la Sedesol de la presión de hacer un barrido calle por calle, casa por casa, para ubicar  y empadronar en las cuatro delegaciones seleccionadas a las 100 mil personas que las estadísticas mencionan dentro de la pobreza extrema y que padecen hambre.
Peña Nieto lanzó su estrategia social con un dato engañoso: la muerte por hambre de 11 mil personas en México en 2011.
Proceso solicitó conocer el origen de esa información, a través de la ley de transparencia. En su respuesta, la Sedesol dijo desconocerlo y la Presidencia de la República remitió a un documento del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que no incluye esa cifra, y a otro del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el cual establece que en 2011murieron 8 mil personas por deficiencias nutricionales; 3 mil menos de las indicadas por Peña Nieto.
“La mayoría de estas 11 mil muertes son de ancianos que por su condición fisiológica o por patologías agregadas se desnutren, no tanto por falta de comida. Pero hay un número muy grande que estimamos matemáticamente como de 10 mil niños que mueren, la mayoría en zonas rurales indígenas pobres que ni siquiera aparecen en el Registro Civil, que no las podemos contar pero ocurren”, dice a Proceso el investigador del Instituto Nacional de Nutrición Abelardo Ávila.
Sin embargo, al ser consultado Omar Garfias sobre este dato muestra una ficha que le envió el Instituto Nacional de Salud Pública. En ella se le informa que las muertes por deficiencias nutricionales en 2011 fueron menos de 6 mil. Admite que la mayoría eran ancianos y no precisamente carentes de alimentos.
En poco tiempo, la estrategia contra el hambre enfrentó cuestionamientos después de que el PAN presentó las pruebas del desvío de recursos sociales en Boca del Río, Veracruz, en el que estuvieron involucrados funcionarios de la Sedesol.
Posteriormente el presidente del PRD, Jesús Zambrano, señaló que 25 delegados de la dependencia han sido operadores electorales priistas y el senador Alejandro Encinas, del mismo partido, denunció en un documento que varios municipios elegidos para aplicar Sin Hambre son botines electorales, por lo que rebautizó la estrategia como la “cruzada por los votos”.
Al mismo tiempo estalló el escándalo por la firma de convenios de colaboración con trasnacionales como PepsiCo y Nestlé, acusadas por organizaciones como El Poder del Consumidor de ser responsables de los altos índices de obesidad y la mala nutrición de los mexicanos.
Robles defendió la participación de esos corporativos explicando que el primero iba a desarrollar una galleta de avena que ayudaría a “solucionar las necesidades nutricionales” y la segunda impartiría capacitación a 15 mil mujeres para que se conviertan en microempresarias culinarias y que ayudaría a empoderar a productores.
Sin embargo, los convenios firmados reflejan otras aristas; por ejemplo, que ambas firmas recibirán “subsidios federales” por sus aportaciones.
El acuerdo es que Nestlé imparta cursos a mujeres para que se conviertan en vendedoras de postres (como brownies o helados de chocolate), a quienes regalará paquetes con productos de la empresa.
Además, realizará un proyecto productivo en San Luis Acatlán, Guerrero, justamente una comunidad que –según reportó el 7 de mayo Matilde Pérez en La Jornada– recibe la producción de 10 mil 500 cafeticultores de la región guerrerense de La Montaña, quienes al estar en desventaja por los bajos precios con que Nestlé compra su grano ahora dependen de la trasnacional.
“El comprador de Nestlé en Guerrero paga 80 dólares o menos por 100 libras (unos 45.3 kilogramos) de café natural, mientras en el mercado internacional el precio es de 135 dólares”, publicó el diario.
Tras el escándalo, la secretaria no mencionó más el convenio que se iba a firmar o se firmó con Walmart.
El pasado 19 de abril, en Chiapas, Robles dijo en su discurso frente a Peña Nieto y el expresidente brasileño Lula Da Silva que ya había iniciado el proceso de capacitación de 500 mil mujeres y el trabajo en los 400 municipios.
Presidentes municipales como Andrés Balleza, de Guachochi, Chihuahua, dicen lo contrario: “No ha llegado nada todavía de los programas federales; el comentario es que habría que esperar hasta que se resuelva lo de las elecciones de julio y seguimos sin nada”.

¡Hipócritas!

Álvaro Delgado

MÉXICO, DF, 7 de diciembre (apro).- La derecha está jubilosa: El Congreso “fundacional” del Partido de la Revolución Democrática (PRD), celebrado este fin de semana en Morelos, ratificó en los hechos su condición de agrupación marginal, sectaria y corrupta, contrapuesta al espíritu de cambio verdadero para la nación que ofreció hace dos décadas.
Si alguna refundación se produjo en el Congreso del PRD fue hacer más eficiente la lógica de facción de las corrientes que, en realidad, sólo robusteció a una de ellas, Nueva Izquierda (NI), que es y seguirá siendo hegemónica en ese partido.
Por eso la derecha no cabe de contenta.
Más allá de discursos y posturas triunfalistas de las cabezas de corriente --Jesús Ortega, de NI; Alejandro Encinas, de Izquierda Unida (IU), y Amalia García, de Foro Nuevo Sol--, las promesas y compromisos de nueva ética política son retórica harto conocida para la militancia que ha resistido la corrupción interna y para los cada vez menos simpatizantes en la sociedad.
Dijeron exactamente lo mismo luego del fracaso del 2000 y lo repitieron luego de la trama de Rosario Robles, Carlos Ahumada y René Bejarano.
La oligarquía que domina el país, a través de priistas y panistas, no tiene nada de qué preocuparse.
Porque, además, los Chuchos de Nueva Izquierda garantizan que seguirán controlando todos los internos de ese partido, con el fin no de ganar el poder político nacional, estatal y municipal, así como posiciones legislativas para bien de la sociedad, sino seguir siendo una agencia de colocaciones para usufructuar presupuestos públicos.
La derecha está más que relajada.
Porque en los estados el PRD pertenece a los gobernadores priistas y panistas, que hace inviable la demagógica política de alianzas partidarias: En los gobernados por el PRI, ir unidos con el PAN y, en los administrados por éste, ir con los priistas, siempre como cabús, como ocurrió en Guanajuato en su alianza con priistas amigos del chuchista Carlos Navarrete.
La derecha está radiante, sobre todo, por una jugada de los Chuchos que revela su astucia: Al anunciar Navarrete su propósito de ser candidato presidencial --que lo podría ser, si acaso, a alcalde de Celaya--, esboza el objetivo principal: Que sea Jesús Ortega el aspirante a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal.
La jugada es la misma ecuación de ganar perdiendo que tantos buenos resultados les ha dado a los Chuchos y que, ante el 2012, pareciera que también les resultará frente a los prospectos presidenciales Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador.
Está muy claro: El precio de la declinación de Navarrete será que Ortega sea el candidato a suceder a Ebrard, quien no oculta ya ese pacto que se robustecerá ante la próxima salida del gabinete capitalino de Martí Batres, cuya corriente --Izquierda Social-- fue la única que repudió los acuerdos “refundacionales” del PRD.
La derecha, entonces, es dichosa: Su brazo político en el PRD, la “izquierda moderna”, ha ganado otra vez.
Apuntes
Hay un torneo entre el PRI y el PAN para ver cuál partido es más reaccionario: Por una parte los priistas aprobando leyes que castigan con cárcel a las mujeres que abortan, aun en caso de violación, y con su prospecto de candidato presidencial, Enrique Peña Nieto, yendo al Vaticano a besar el anillo papal, y por otra parte el PAN ostentando su clerecía, como Felipe Calderón engallado por su herencia cristera… El país, mientras tanto, se va al carajo.

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

Corrupción e impunidad en el PRD

La impunidad en el manejo corrupto de las finanzas del PRD, al descubierto. Los mismos perredistas confiesan irregularidades, simulaciones y ocultamiento de información. Las revelaciones, en el informe final de la Comisión Especial Investigadora contra la Corrupción sobre la Administración de Rosario Robles, un documento celosamente ocultado en los sótanos del partido.

Fernando Ortega Pizarro

Quienes emprendieron el esclarecimiento de la corrupción e impunidad en el manejo de las finanzas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) mejor se rindieron ante su descomunal caos o lo dejaron por la paz para no ser objeto de investigaciones de la Procuraduría General de la República por fraudes y del Instituto Federal Electoral (IFE), por rebasar topes de campaña en las elecciones federales de 2003.
Por eso, el noveno Congreso Nacional del PRD, realizado en abril de 2005, resolvió mejor mandar al archivo el informe de la Comisión Especial Investigadora contra la Corrupción sobre la administración de Rosario Robles, presidenta del partido de 2002 a 2003, en la que tuvo una participación destacada el empresario argentino Carlos Ahumada.
El carpetazo también recibió el visto bueno del entonces líder nacional del partido, Leonel Godoy, actual gobernador de Michoacán, cuya administración fue puesta recientemente en entredicho por las autoridades federales, en virtud de sus posibles nexos con el narcotráfico.
El congreso del PRD de 2005 tampoco dio a conocer el “voto particular” de Alejandro Morales Becerra, integrante de dicha comisión. El documento de 133 páginas, fechado el 22 de abril de 2005, sostiene que el partido se abstuvo de aplicar sanciones estatutarias y penales a todos aquellos que pusieron en riesgo su existencia con Rosario Robles Berlanga, inclusive ella misma, y a pesar de que había indicios suficientes para llevarlas a cabo.
Existían testimonios y evidencias para comprobar irregularidades graves como el endeudamiento inusitado, que sobrepasaba su capacidad de pago; conductas delictivas en el manejo de las prerrogativas del IFE; violaciones a los estatutos; componendas con medios de comunicación para subsanar adeudos, y pagos anormales a empresas privadas, entre otras.
No sólo tenía responsabilidad Rosario Robles, sino también otros destacados perredistas por acción u omisión, como Carlos Navarrete, entonces secretario general del PRD (actual coordinador de los senadores del partido); José Ramón Zebadúa González, coordinador general de administración y finanzas del CEN; María Eugenia López Brun, secretaria de Finanzas; Ricardo García Sainz, responsable del Órgano Central de Fiscalización (actual contralor general del gobierno de Marcelo Ebrard en el Distrito Federal), y Carlos Armando Bello, director de contabilidad, por distintos motivos.
El “voto particular” de Alejandro Morales asegura que el Comité Ejecutivo Nacional en tiempos de Rosario Robles Berlanga “incumplió mandatos estatutarios que lo obligaban a evitar el desastre económico, administrativo y ético en el que se encontraba el PRD”. Por lo tanto, fueron omisos José Luis Jaime Correa, José Antonio Rueda Márquez, Juan Guerra Ochoa (exdiputado), Mario Gilberto Saucedo Pérez, Martha Dalia Gastelum Valenzuela, Feliciando Rosendo Marín Díaz, Silvia Gómez Tagle, Trinidad Morales Vargas, Guadalupe Acosta Naranjo (expresidente del PRD), Claudia Sofía Corichi García (senadora), Carlos Sotelo García, Jesús Ortega Martínez (dirigente actual del partido) y Martí Batres Guadarrama (secretario de Desarrollo Social del gobierno de Marcelo Ebrard).
El documento de Alejandro Morales Becerra señala: “Nunca seremos capaces de transformar democráticamente al sistema ni de crear una sociedad más justa, si en nuestro interior no se practica la democracia y no se erradica la corrupción y la inequidad”.
Dice también: “El hallazgo, pues, de actos de corrupción en el instituto político sólo confirma lo que ya se sabía: en el PRD los recursos económicos y las posiciones han adquirido un poder inusitado capaz de corroer sus estructuras”.
Al defender su voto particular, sostiene: “Ha llegado la hora de tomar medidas de fondo. Se deben promover sanciones estatutarias y legales a todos los involucrados en los hechos de corrupción”. Pero la propuesta no fue tomada en cuenta.
“En el PRD, lo sabemos, se tienen muchos adversarios fuera, pero hoy el peligro mayor está adentro”, puntualiza.
Jaime Cárdenas, diputado electo por el Partido del Trabajo, también encabezó a la Comisión Especial Investigadora contra la Corrupción en la administración de Rosario Robles, pero renunció al poco tiempo porque no le dieron toda la información documental que solicitaba, no le dejaron practicar una auditoría integral y no le permitieron citar al entonces gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, para que compareciera.
No obstante, alcanzó a percibir por distintas versiones que la situación de las finanzas del partido era grave. El exconsejero del IFE recuerda, por ejemplo, que Carlos Payán, quien formó parte de una comisión previa a la de anticorrupción, se extrañó de la forma en que el PRD redujo su deuda de 600 a 400 millones de pesos en poco tiempo.
—El informe final de la Comisión Especial Investigadora contra la Corrupción recoge un testimonio de Carlos Armando Bello, director de contabilidad de la coordinación de Finanzas del partido, quien advirtió que si se daba a conocer toda la información no iban a poder justificar los gastos ante el IFE y eso podía dar lugar a un Pemexgate –se le menciona a Morales Becerra.
—El asunto de los videoescándalos de Carlos Ahumada con personajes del PRD era tan grave, desde el punto de vista electoral, como el Pemexgate o Amigos de Fox. Es un problema de esa magnitud y esas características, y sí requeriría de una investigación a fondo.
—¿En el informe final de la comisión anticorrupción se menciona la participación del empresario argentino Carlos Ahumada, como intermediario, negociador y beneficiario de la presidencia de Rosario Robles? –se le pregunta.
—Pues ahora en su libro Derecho de réplica, Ahumada cuenta todo eso. Con esos elementos y lo que sabe la gente del PRD, el IFE está obligado a abrir una indagación. Si ya prescribió o no, en su momento lo tendrá que decir el IFE, luego de que realice las investigaciones. A eso también está obligada la Fepade (Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales).
Si el partido no siguió fue por el temor a que las averiguaciones de la PGR o del IFE les implicaran multas mayores, puntualiza.
“Ésa es una historia no concluida en el PRD ni en el IFE, por eso ahora se requiere esclarecer los hechos. Tenemos que saber respecto de las acusaciones contenidas en el libro de Carlos Ahumada, sobre si hubo o no financiamiento ilegal en las campañas del PRD”, sostiene el también profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Los hechos
El “voto particular” de Alejandro Morales sobre el informe de la “Comisión Especial Investigadora contra la Corrupción sobre la administración de Rosario Robles” contiene una síntesis de las diligencias, documentos y testimonios del expediente, guardado celosamente en los sótanos del PRD.
Señala, por ejemplo, que el despacho Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza no concluyó la auditoría que le encargó el PRD sobre la situación financiera del PRD al 31 de diciembre de 2003, una vez transcurridas las elecciones federales a diputados de ese año.
Sin embargo, el despacho mencionó los motivos: demora en los registros y la inconsistencia de los mismos, falta de documentación comprobatoria, ausencia de contratos debidamente requisitados que precisaran las condiciones de las operaciones del partido, particularmente con la radio y la televisión.
Asimismo, irregularidades en el diseño y operación de la estructura de control interno, destacando la falta de políticas para asegurar las mejores condiciones del gasto para adquirir bienes y servicios, como son cotizaciones o licitaciones para erogaciones por montos importantes o recurrentes.
El PRD no fue capaz de cruzar esta información con la que obtuvo a través del Órgano Central de Fiscalización del partido, de la denuncia interpuesta por la exdiputada Rosa María Avilés, de los testimonios de Adriadna Montiel Reyes, secretaria de Finanzas del partido en el Distrito Federal; de los testigos Dolores Padierna, exjefa delegacional en la Cuauhtémoc, y Agustín Guerrero Castillo, dirigente del PRD en la capital, así como de la revisión y sanciones millonarias que le aplicó el IFE por anomalías graves en la presentación de sus gastos de campaña de 2003. Todas las fuentes coincidían en las mismas irregularidades.
El partido simplemente se conformó con tener una auditoría privada irresuelta y se abstuvo de fincar responsabilidades.
Al inicio de la gestión de Rosario Robles en la dirigencia nacional, los pasivos eran de 120 millones de pesos. Tres años después no se sabía a ciencia cierta a cuánto ascendían. Oficialmente se dijo que eran de 410 millones de pesos, pero había pasivos no reconocidos.
Robles Berlanga –primera jefa de Gobierno del Distrito Federal por el PRD, de 1999 a 2000– aceptó que el presupuesto de 2002 fue modificado y se elevó el endeudamiento, pero alegó que éste fue una medida política para posicionar mejor al partido, la cual fue aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional y el Consejo Nacional.
Pero los estatutos, dice el documento, no otorgaban a Rosario Robles Berlanga ni al Comité Ejecutivo Nacional la facultad de modificar el presupuesto, y no existe sesión alguna en donde el Consejo Nacional aceptara ese cambio.
Sin sesión de por medio, el Consejo Nacional consintió un acuerdo para que el CEN modificara el presupuesto, pero los estatutos tampoco le otorgaban esa facultad. Sus integrantes incurrieron en responsabilidad, además de que no se hizo del conocimiento al Congreso Nacional ni a la comisión de garantías y vigilancia.
“El pragmatismo político no justifica la violación de los principios del partido, pues de lo contrario se permitiría cualquier acto a costa de la obtención del poder”, señala el documento.
Además, Robles Berlanga incurrió en otra responsabilidad administrativa al modificar de facto el funcionamiento financiero del partido al crear y dar facultades amplísimas a la Coordinación General de Administración y Finanzas, relegando en la práctica a la Secretaría de Finanzas del partido.
“La modificación del funcionamiento del partido, en todo caso, correspondía al Congreso Nacional, en términos de lo establecido en el artículo 10, numeral 7, inciso a”.
La falta de atención de la secretaría de Finanzas –a cargo de María Eugenia López Brun– en el manejo de los recursos “puso en riesgo financiero al partido”, al no cumplir sus fines.

Leer mas AQUI.

Más allá del ‘Salinazo’

Ramón Alberto Garza
Dossier Índigo

Carlos Salinas y el robo a la partida secreta. Miguel de la Madrid y la desilusión de su dedazo. Carlos Ahumada y el amasiato Salinas-Fox. Diego Fernández de Cevallos y su complicidad con el PRI. Rosario Robles y “su banda”. Raúl y Enrique Salinas, sus tajadas y sus narcontactos.
En sólo unos días de escándalos literarios y mediáticos se develó en todo su esplendor el agotamiento del sistema político mexicano.
Lo hicieron quienes intentan reconciliarse con su pasado o quienes sienten ya muy cercana la cita final con su destino.
Las reglas del juego, las de la omertá priísta, fueron rotas, profanadas y evidenciadas. Pocos compraron “la enfermedad” para justificar el desdicho.
Como nunca los mexicanos conocemos de viva voz, de la de los jefes supremos, los privilegios de una élite política y económica que pensó tener todo bajo control. Y sus prohombres fueron exhibidos en sus más primitivos instintos, en sus más exaltados defectos: la corrupción y la impunidad.
El valor que tiene la espléndida entrevista de Carmen Aristegui a Miguel de la Madrid va más allá del Salinazo.
Lo que el ex presidente ratifica, aun entre monosílabos, es que en el sistema político que vivimos la justicia le estorba al ejercicio del poder y la impunidad es condición necesaria para que la maquinaria se sostenga.
Estamos ante una confesión presidencial inédita que confirma lo que todos padecemos: que el régimen de derecho es selectivo en el mejor de los casos o inexistente en el peor. De que por encima de todos impera la ley que dictan los poderosos.
Los que ya se tienen garantizado su asiento permanente en la Permanente, los que pactan contratos y licitaciones públicas y los sobrevivientes transexenales de la nómina oficial. Los beneficiarios de los monopolios y los oligopolios, los concesionarios de los bienes y servicios públicos y los que dan los contratos y asignan la obra pública. Hoy esos poderosos son políticos y hombres de negocios que se beneficiaron con las privatizaciones, que lucran con el sobreprecio.
Pero mañana, cansados de la injusticia y de la impunidad confesas, el poder podría terminar en las manos de aquellos desposeídos que empuñen su fuerza.
De aquellos desempleados por las crisis. La del “catarrito” global, la turística, la de la influenza. De aquellos que en medio de su desgracia se enteran de partidas, de tajadas y de contratos secretos. De pagos multimillonarios por unos videos.
El libro de Carlos Ahumada, primero, y la entrevista de Aristegui a Miguel de la Madrid, después, son un epitafio a la decadencia de un imperio político que se negaba a morir.
Habrá que ver si entre los millones y millones de mexicanos podremos rescatar a esa generación de nuevos líderes, políticos y económicos, que puedan conciliar en paz el urgente relevo. No con rostros bonitos y casimires de pantalla, sino con ideas modernas que puedan articular ese proyecto de nación que hoy está ausente de una agenda infectada por la pandemia del escándalo.