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domingo, septiembre 19, 2010

Agentes antiterroristas de EU en operativos en aduanas mexicanas


Un centroamericano descansa en un ducto de concreto, en una zona cercana a la ciudad de México, antes de continuar su viaje a Estados Unidos en busca de trabajoFoto Ap

Hay evidencia de que operan grupos ilegales en varios estados, advierte Ricardo Monreal

Instan senadores al gobierno a aclarar si actúan fuerzas paramilitares en el país

La ingobernabilidad y la desconfianza hacia la policía, origen de los escuadrones: legisladores

Periódico La Jornada

La Comisión de Seguridad Pública del Senado demandó al gobierno federal un informe detallado sobre la posible existencia en el país de grupos armados denominados "escuadrones de la muerte".

"Queremos que se nos informe, porque de ser cierto sería gravísimo; hay que recordar cómo le fue a Colombia con los cuerpos paramilitares", enfatizó el presidente de esa comisión, el panista Felipe González.

Se trata de una propuesta presentada por el coordinador del PT en el Senado, Ricardo Monreal, aprobada ya en comisiones, y que se votará ante el pleno la próxima semana.

El texto señala que ante los nulos resultados gubernamentales en el combate al narcotráfico, diversos sectores de la población, entre ellos los empresarios, han comenzado a auspiciar la creación de grupos armados para defenderse y hacer justicia por propia mano.
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Proponen prevención en vez de guerra antidrogas

Periódico La Jornada

Aunque el gobierno repite con insistencia que su estrategia de "guerra contra las drogas" es la única alternativa para resolver el problema, la realidad es que esta lucha es imposible de ganar porque el consumo de dichas sustancias nunca va a desaparecer por completo, y el costo de violencia que genera es demasiado alto.

Por ello, es urgente cambiar el actual modelo punitivo y optar por la prevención, la mitigación del daño y el tratamiento a los adictos, coincidieron los analistas Juan Machín y Jorge Hernández durante la presentación de la Guía sobre políticas de drogas, realizada el pasado martes en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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Denuncian asesinato de otro habitante de San Juan Copala al intentar huir del sitio

Alista gobierno de Oaxaca operativo para pacificar; líderes se oponen a ese "acto de represión"

Periódico La Jornada

Oaxaca, Oax., 18 de septiembre. Otro simpatizante del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) fue asesinado a balazos por presuntos paramilitares de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) y del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), cuando intentaba salir del municipio autónomo de San Juan Copala.

El cuerpo de David García Ramírez, de 26 años de edad, quedó tendido en el atrio de la iglesia, informó Jorge Albino Ortiz, coordinador de derechos humanos de la autoridad independiente.

El servidor pidió la intervención de la Secretaría de Gobernación y del Ejército para evitar una masacre, ya que grupos opositores buscan que los integrantes del MULTI "abandonen el municipio y se trasladen a vivir al zócalo de Oaxaca o de la ciudad de México. Es lo que ahora analizamos"
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Fracasan los Objetivos del Milenio, asevera AI

Periódico La Jornada

Amnistía Internacional (AI) consideró que los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) –que deberán cumplirse en el año 2015– están fracasando en atender las necesidades de los más pobres del mundo, porque los gobiernos ignoran y abusan de sus derechos humanos.

Indicó que la pobreza no sólo debe verse como precariedad económica, sino como el escaso acceso a una vida digna, educación, salud, vivienda, entre otras.

La sección mexicana de AI organizó ayer un acto en el Hemiciclo a Juárez, donde convocó a los ciudadanos a apoyar (con firmas) una propuesta dirigida a Felipe Calderón, en la que se le demanda que en la próxima cumbre de jefes de Estado de la ONU –que se realizará del 20 al 22 de septiembre en Nueva York– México exponga la iniciativa de que los ODM contengan en su centro la perspectiva de derechos humanos.

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La Corte y el derecho internacional

Arnaldo Córdova

Muchos gobernantes se han acostumbrado a ver el orden jurídico internacional, reconocido por ellos mismos, como un adorno exterior a sus esferas soberanas o, cuando mucho, como un conjunto de disposiciones que se pueden observar a voluntad, sin obligación alguna de cumplirlas. El caso de Estados Unidos es emblemático, país para el cual, desde Kennedy y según escribió el historiador norteamericano Arthur Schlesinger, los asuntos internacionales se volvieron asuntos "domésticos". Los gringos, por así decirlo, tienen su propio y exclusivo orden internacional, en el que los derechos son de ellos y las obligaciones de todos los demás.

Resulta abominable que potencias menores o subordinadas en todo a los poderes hegemónicos, de vez en cuando nos salgan con que también pueden decidir cuándo sí y cuándo no cumplir con las obligaciones que les impone el derecho internacional. Eso es lo que últimamente han estado haciendo los gobiernos derechistas y, en especial, los panistas que hemos padecido. Hubo una época en la que se vio en el orden jurídico internacional un valladar que nos defendía frente a los poderosos y supimos recurrir a él para nuestra defensa y también para actuar en el mundo de las naciones, ya en plan de guerra, como en la época del presidente Cárdenas y varios de los que le siguieron
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Es la historia… y la moral!

Rolando Cordera Campos

"Una nada rodeada de palabras": así, más o menos, describió José Chávez Morado al gobernador Vicente Fox, quien seguramente hizo pasar más de un mal rato al célebre pintor avecindado en Guanajuato. Lo que seguramente nunca imaginó es que más que un estilo personal de andar por la vida, esta nada se apoderaría del espíritu público mexicano a través de sucesivas presidencias, para alcanzar un clímax este 15 de septiembre con las patéticas manifestaciones de chabacanería interconstruida e importada de Australia.

Llegará el momento en que la Cámara de Diputados, por conducto de la Auditoría Superior de la Federación, nos haga las cuentas del despropósito, ojalá y que con los indispensables anexos que nos hagan saber los contratos y contratitos, chambitas y concesiones que las acompañaron y abultaron. Pero, con todo y el desperdicio en que se incurrió, esto es apenas la punta de un iceberg que más nos vale tratar de desentrañar pronto, antes de que la vorágine de la lucha por el poder vuelva a oscurecerlo todo con sus juegos de abalorios de la publicidad y los spin doctors disfrazados de encuestadores y adivinos.
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Corrupción en el contratismo: es delito sólo fuera del país

Antonio Gershenson

Ya hablamos, en el artículo del 29 de agosto pasado, del caso de corrupción e impunidad de Néstor Moreno, director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Luego, se ha publicado, o he obtenido, bastante información adicional. Parte de ésta es un reportaje de David Brooks, publicado el 24 de noviembre de 2009 en La Jornada, página 3. Este escrito a su vez se basa en un amplio aviso sobre este tema, que acababa de emitir el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El mencionado Moreno, a raíz de que se hicieron públicas las acusaciones, hizo y firmó una carta negando todos los cargos, la cual se menciona en el mismo Houston Chronicle, pero de fecha posterior a la que habíamos citado; pero en este diario se agrega que la carta fue difundida por la oficina de prensa de la CFE. Es decir, que era la CFE defendiendo a su funcionario y defendiéndose a sí misma.
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viernes, junio 04, 2010

Narcodólares y bancos, la simbiosis

Dólares incautados al crimen organizado.

MÉXICO, DF, 4 de junio (apro).- Estados Unidos concluyó recientemente que, debido al consumo de droga de sus habitantes, ese ilícito les reditúa a los cárteles mexicanos unos 29 mil millones de dólares y, de ese total, al menos la mitad se lava en el sistema nacional bancario.

Sin especificar cuáles bancos, el llamado Estudio Binacional de Bienes Ilícitos considera que unos 14 mil 500 millones de dólares circulan anualmente en las 40 instituciones de crédito que hay en el país.

Si la investigación la llevaron a cabo autoridades estadunidenses y mexicanas, se esperaría que el gobierno de México ya revisara con lupa las transacciones bancarias que se realizan sobre todo en instituciones tan grandes como Banamex, Bancomer y HSBC, por cierto todos ellas filiales de casas matrices en Estados Unidos, Inglaterra y Hong Kong.

El día que se dio a conocer el estudio, el miércoles anterior, el secretario adjunto para Investigación de Migración y Aduanas, John T. Morton, dijo que “cierta información obtenida indica que más de la mitad del dinero llega a entidades financieras por conducto de las organizaciones criminales, y otra información apunta a que sólo es un cuarto del numerario”.

A su vez, el embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual comentó que entre 70 y 80% de las ganancias obtenidas por la venta de droga al menudeo en la nación vecina ingresan a México.

Las aseveraciones de los funcionarios estadunidenses obligaron al presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Ignacio Deschamps, a admitir que, efectivamente, cientos de millones de dólares ingresan al sistema financiero mexicano pero, acotó, lo hacen “de manera lícita”.

Aclaró que ello es así “porque muchos de los bienes y servicios en la economía se pueden vender en dólares. Las empresas, de manera legal, lo pueden depositar en sus cuentas en el sistema financiero mexicano”.

Sin embargo, el dirigente de los banqueros debería también reconocer que precisamente detrás de esas prácticas lícitas es como se consuma el “lavado de dinero”.

Es cierto que los funcionarios bancarios no son autoridad judicial para detectar “dólares sucios”, pero por su experiencia y conocimiento del proceso de lavado de dinero, debieran dar aviso a las autoridades cuando existen sospechas sobre determinados movimientos financieros.

Lo que sucede es que difícilmente los bancos harán tales denuncias, ya que hacerlo implicaría su ruina. Y es que gran parte del capital que circula en la economía nacional proviene justamente de actividades ilícitas que arriban a los bancos después de un proceso de blanqueo.

Un dato que podría ejemplificar la omisión en que incurren los bancos es lo ocurrido en la llamada Operación Casablanca, revelada en 1998.

Como se recordará, durante tres años la oficina antidrogas estadunidense (DEA) llevó a cabo una investigación a diverso bancos mexicanos por lavado de dinero.

El resultado culminó con la detención de 22 funcionarios de 12 bancos mexicanos, el decomiso de 157 millones de dólares y la acusación formal contra tres instituciones financieras: Bancomer (BBVA), Banca Serfín (Santander) y Confía (Citybank).

En las conclusiones de la investigación se destaca que “Bancomer, Serfín y Confía alentaron el lavado de dinero sucio, aparte que funcionaros de alto nivel utilizaron sistemáticamente varias sucursales en Estados Unidos, México e Islas Caimán para actividades ilícitas”.

El entonces presidente de la ABM, Carlos Gómez y Gómez, dijo que los banqueros desconocían los hechos pero que estarían dispuestos a cooperar con las autoridades estadunidense.

José Ángel Gurría, a la sazón secretario de Hacienda, declaró por su parte que el gobierno mexicano cooperaría en la investigación e iría “hasta las últimas consecuencias”.

Nada de ello ocurrió, pero no sólo eso, en el juicio que se realizaba en Los Ángeles, California, contra esos tres bancos (Bancomer, Santander y Citibank), éstos llegaron a “un acuerdo” en donde cada uno aceptó pagar una multa de 500 mil dólares; además, el primero aceptó la confiscación de 16 millones de dólares de sus depósitos; Serfín, el decomiso de 9.6 millones y Confía, 12 millones de dólares.

El objetivo último de los bancos fue evitar que el resultado del juicio fuera el perder sus licencias para operar en Estados Unidos.

La nación vecina aceptó el arregló aun cuando pudo haberse negado y, con las pruebas que tenía en su poder, suspender las licencias. Claro que lo anterior implicaría que también el sistema bancario estadunidense dejara de recibir los millonarios recursos del crimen organizado.

Si eso ocurrió cuando estaba en marcha un nuevo proceso de privatización bancaria, ¿qué será ahora cuando casi la totalidad de esas instituciones se encuentran en manos de extranjeros y sometidas a los esquemas de globalización financiera?

Por todo ello es difícil pensar que ambas naciones, México y Estados Unidos, a pesar de saber cuánto dinero se lava en los bancos, busquen en verdad acabar con esa práctica ilegal. Hacerlo implicaría derrumbar su propio sistema bancario.

martes, noviembre 17, 2009

Prepara Pemex emisión de bonos ciudadanos


Cinismo panista en asignación de publicidad
5 mil millones de pesos en premios y castigos
Prepara Pemex emisión de bonos ciudadanos
El cinismo de los panistas va en aumento. Hace unos días uno de los amigos y promotores de Felipe Calderón, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Francisco Ramírez Acuña, minimizó el espionaje que empleados de la oficina de prensa de esa Cámara realizan en contra de reporteros que cubren las labores legislativas, y para contrarestar la queja de los periodistas, el exsecretario de Gobernación los acusó de recibir sobornos, “chayos”, y les advirtió que va a poner orden y que no va a permitir que se den más embutes a los comunicadores. La acusación fue así, general, como la opinión también general que tiene la población de que todos los políticos son corruptos.
Otra muestra del cinismo panista, éste sí con pruebas, es el abuso gubernamental sobre el manejo discrecional de recursos públicos para premiar o castigar a medios de comunicación como un mecanismo de control. Un amplio reportaje de Mayela Sánchez en la revista Contralínea, da cuenta de cómo el año pasado el gobierno federal gastó más de 5 mil millones de pesos en publicidad, de los cuales alrededor del 60 por ciento sólo se destinó a medios electrónicos, es decir 2 mil 731 millones de pesos.
Es más, por instrucciones de la oficina de prensa de Los Pinos, se dio la orden de ampliar el veto publicitario a todas las revistas, cuando sólo en 2008 el gobierno federal gastó 5 mil 473 millones 476 mil 490 pesos en servicios de comunicación social y publicidad.
El 52.3 por ciento de ese monto fue erogado por las secretarías de Turismo y de Hacienda. La Secretaría de Turismo, cuya próxima extinción fue planteada como parte del plan de ahorro del gobierno federal, gastó en publicidad 1 mil 464 millones 248 mil 30 pesos, mientras que la entidad responsable de las finanzas públicas destinó a la promoción de sus programas 1 mil 401 millones 302 mil 780 pesos.
Pese a los millonarios montos que año tras año las dependencias del gobierno federal han gastado en publicidad, no hay una reglamentación que establezca mecanismos para su asignación en los medios de comunicación.
Las televisoras y radiodifusoras fueron las principales destinatarias de la propaganda oficial. En conjunto, las dependencias federales destinaron 1 mil 752 millones 387 mil 30 pesos a anuncios en televisión y 978 millones 834 mil 640 pesos a publicidad en radio, lo que representó el 81 por ciento del total asignado a medios masivos de comunicación.
De las televisoras, la empresa Televisa fue la que más recursos recibió, sumando 917 millones 422 mil 130 pesos. El segundo lugar lo ocupó TV Azteca, con 558 millones 536 mil 920 pesos. Si se añadieran los 26 millones 390 mil 940 pesos que recibió Proyecto 40, la factura total de las empresas de Ricardo Salinas Pliego ascendería a 584 mil 927 millones 860 pesos. Es decir que a estas dos televisoras se les otorgó el 85.7 por ciento de las pautas publicitarias de televisión.
Las radiodifusoras que más facturaron fueron Grupo Radio fórmula/RAMSA con 120 millones 120 mil 510 pesos; Radiorama con 81 millones 595 mil 50 pesos; la cadena Grupo Radiocentro/OIR/Grupo Radioméxico con 74 millones 121 mil 30 pesos; Grupo Imagen con 58 millones 454 mil 980 pesos, y Radiomil Comunicaciones con 57 millones 484 mil 920 pesos. En suma, se trata del 40 por ciento del monto total que se asignó a 149 empresas de radiodifusión.
Los periódicos recibieron el 14 por ciento, equivalente a 478 millones 155 mil 950 pesos. Lo destinado a revistas sumó 163 millones 944 mil 920 pesos, apenas el 5 por ciento del presupuesto destinado a publicidad.
Los dilemas de Pemex

En Petróleos Mexicanos los cambios en puestos clave de la empresa no sólo están relacionados con la presencia y control de grupos de poder político. Este año la paraestatal tendrá que enfrentar importantes retos en materia financiera y en el refinanciamiento de sus deudas. La presencia del financiero Juan José Suárez Copel no es gratuita. Durante el tercer trimestre del año Pemex realizó varias emisiones de bonos en los mercados internacionales; también comenzó la desaparición de Pidiregas y su intercambio por certificados bursátiles para su depósito en un fideicomiso.


También, de acuerdo con información de primer nivel en el sector bursátil, Pemex comenzó los trámites para la emisión de los bonos ciudadanos que fueron aprobados en 2008 como parte de la nueva Ley Reglamentaria de la paraestatal. Desde que fueron concebidos los bonos ciudadanos causaron una gran inquietud entre la opinión pública que los consideraba una amenaza para la propiedad de la paraestatal.


El gobierno de Felipe Calderón, sin embargo, se adelantó a informar que se trataría de emisiones de deuda no de capital – nada diferente de las que ya se realizan ante la Bolsa Mexicana de Valores –, pero que en esta ocasión podrían ser adquiridas por cualquier mexicano. ¿En donde está la diferencia, entonces, con los certificados bursátiles que emite Pemex en la actualidad? Que están etiquetados en la nueva Ley Reglamentaria y que Felipe Calderón prometió que podrían comprarse hasta en el supermercado.


En pocas palabras la intención sería lograr que la paraestatal pudiera financiarse principalmente en el mercado interno y que sean los mexicanos de a pie y no sólo los grandes inversionistas o los gobernadores los que puedan beneficiarse de las fluctuaciones en el mercado petrolero.


Sin embargo, una idea cruzó por la mente de los financieros de Pemex y trajo a colación un debate en otro terreno que tendrán que enfrentar tarde o temprano las autoridades bursátiles del país. Si la promesa de los bonos ciudadanos es ofrecer a los inversionistas un componente de inversión garantizada y otro que refleje el comportamiento de Pemex, entonces porque no elegir un instrumento que está de moda en los círculos bursátiles.


Se trata de los llamados Certificados de Capital de Desarrollo (CKD) que, precisamente, se diseñaron para que las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) pudieran invertir los ahorros de millones de mexicanos que este año ya acumulan recursos por más de un billón de pesos. Es que los CKD, precisamente, exhiben en su estructura un bono cupón cero que garantiza a las Afores al menos el rendimiento que otorgaría, por ejemplo, un Cete. Sin embargo, el resto del instrumento representa las inversiones en empresas que prometen ofrecer mayores rendimientos.


Se trata, precisamente, del tipo de instrumentos que se imaginaron al proponer los bonos ciudadanos. El problema es que, hasta ahora y hasta donde entendemos, los CKD tendrían que considerarse una emisión de capital y eso para Pemex, al menos hasta que no se modifique la Constitución, está prohibido. Así que el tema trajo a colación un debate mayor. ¿Qué están comprando en realidad las Afores? ¿Deuda o capital? ¿Qué venderá Pemex? ¿Deuda o capital? ¿Cómo podrá garantizar el rendimiento y al mismo tiempo beneficiar a sus nuevos inversionistas de los comportamientos positivos en su operación?

Secretos entre comunicadores

A propósito de Pemex, en la Geencia de Comunicación Social de la paraestatal se guardan varios secretos que mantienen sumamente nerviosos a los funcionarios que allí despachan. Resulta que la Secretaría de la Función Pública está haciendo su trabajo y mantiene una investigación sobre los gastos en esa área de prensa que hasta hace unos meses era atendida por el bizoño Carlos Ramírez. Así, en tanto no se aclara el destino de ciertos recursos, los nombramientos en esta área están detenidos y algunos funcionarios responsables acuden al edificio pero sin nombramiento formal. El rumor en Pemex es que hubo desvío de recursos públicos y ya veremos si el titular del órgano interno de control hace su trabajo o sigue negligente y omiso como siempre.

Otra vez la corrupción aduanal

Entre enero de 2008 y junio de 2009, el SAT descubrió 71 casos de contrabando de mercancías que involucraron a 70 agentes aduanales y que generaron un daño al fisco por 13 mil 192 millones de pesos; además, descubrió irregularidades en pedimentos de importación –como el uso de documentos apócrifos– por otros 10 mil millones de pesos. En ocho años, la institución denunció a 928 funcionarios ante el Ministerio Público y a 2 mil 370 ante la Contraloría Interna; la mayoría, empleada de la Administración General de Aduanas.


Una investigación de la reportera Nancy Flores en la revista Fortuna, encontró que el contrabando de mercancías a través de las 49 aduanas mexicanas no cesa y son procesados por ese delito 70 agentes aduanales, 185 contribuyentes (importadores) y dos representantes o apoderados de agente aduanal.


De acuerdo con informes estratégicos del órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda precisa que de los 71 casos, 56 se cometieron en 2008 e implicaron una lesión fiscal de 10 mil 248 millones 600 mil pesos; los otros 15 se registraron en el primer semestre de este año, con un daño calculado en 2 mil 944 millones 200 mil pesos.


Entre las prioridades del órgano desconcentrado, según su mapa estratégico, está “disminuir la corrupción en la institución y de las personas físicas y morales que interactúan con la misma”. Esto daría “certidumbre y credibilidad al contribuyente y (a los) usuarios de las aduanas en la interacción con los servidores públicos del SAT”.


Como parte de su programa integral de combate a la corrupción, descubre que de 2002 a junio de 2009 denunció a 928 funcionarios ante el Ministerio Público: 208 en 2002; 322 en 2003; 168 en 2004; 44 en 2005; 56 en 2006; 62 en 2007; 50 en 2008; 18 en 2009.


En esos casi ocho años también solicitó a la Contraloría Interna iniciar procedimientos administrativos en contra de otros 2 mil 370 servidores públicos: 388 en 2002; 489 en 2003; 273 en 2004; 231 en 2005; 216 en 2006; 304 en 2007; 335 en 2008; 134 en 2009.


Pese a que en sus informes estratégicos omite mencionar los hechos que derivaron en las denuncias, en su Reporte anual 2008 y retos para 2009 indica: “En 2008 se identificó que diferentes funcionarios públicos llevaron a cabo actividades de ejercicio indebido del servicio público, peculado, cohecho o falsificación de documentos, por lo que se denunció ante el Órgano Interno de Control a 335 personas y ante el Ministerio Público a 50”.


La mayoría, admite el SAT, era empleada de la Administración General de Aduanas. Aunado a ello, entre enero de 2008 y junio 2009 reconoce que se emitieron 100 cancelaciones de patente de agente aduanal, tras resolver 96 procedimientos administrativos.


oficiodepapel@contralinea.com.mx

lunes, agosto 24, 2009

Aduanas: una élite corrupta



La toma de las 49 aduanas del país por el Ejército se realizó con violencia y en flagrante violación de los derechos de los inspectores fiscales despedidos, advierte la abogada de éstos. Pero hay otro riesgo mayor: aunque se acusa a esos empleados de facilitar el contrabando de drogas y de armas para los cárteles del narco, no se les fincan responsabilidades. La causa, dicen los inspectores afectados, es que los verdaderos responsables del ingreso de los cargamentos ilegales son los administradores de las aduanas, quienes permanecen a salvo de cualquier investigación.
Controladas en su mayoría por las bandas del narcotráfico y del contrabando, las 49 aduanas del país pasaron al control militar al ser despedidos 730 inspectores fiscales y aduaneros hasta con 15 años de antigüedad, quienes, según la Administración General de Aduanas (AGA), ya no cubrían el perfil necesario.Desde marzo pasado el Servicio de Administración Tributaria (SAT), del que depende la AGA, comunicó a los miembros de la Inspección Fiscal y Aduanera (IFA), antes conocida como Policía Fiscal, que en los siguientes meses se llevaría a cabo un saneamiento del cuerpo de seguridad responsable de revisar a los tractocamiones y a los turistas que cruzan la frontera hacia Estados Unidos.Varios trabajadores de confianza –régimen bajo el que fueron contratados por el SAT los inspectores– aseguran que no tuvieron acceso a la capacitación que se les ofreció para mejorar su desempeño, lo que –reconocen– en muchos casos alentó la corrupción. Sin embargo, señalan que la protección al contrabando y al tráfico de armas proviene de la propia dependencia, es decir, de la AGA.El sábado 15, el SAT y la AGA comunicaron a los inspectores que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pasaría revista al armamento, para lo cual les ordenaron concentrarse en sus centros de trabajo. Así lo hicieron los empleados de las 49 aduanas.Ninguno pensó que serían despedidos. Por ejemplo, esto decía el oficio 800-06-00-00-00-2009-2204, girado por el SAT el 13 de agosto a Eusebio Román Rosas, jefe de la IFA en la aduana de Acapulco, Guerrero, a través de su administrador central, Gustavo Rubio: ...Comunico a usted que en relación al numeral No. 4 de la Licencia Oficial Colectiva No. SL/1055 de fecha 11 de febrero de 2009, con vigencia del 25 de febrero del 2009 al 24 de febrero (de) 2011, otorgada a la Administración Central de Inspección Fiscal y Aduanera, el próximo 15 de agosto del año en curso a las 20:00 hrs., personal de la SEDENA llevará a cabo la inspección del armamento asignado a esa jefatura a su cargo, motivo por el cual deberá concentrar el armamento del Centro Táctico Aeropuerto Internacional Juan Álvarez, a la Aduana de Acapulco de Juárez, jefatura de la IFA. Así mismo, todo el personal que integra la Jefatura de la IFA, así como los manejadores y caninos acompañados de sus jaulas de viaje y vehículos, deberán estar presentes en las instalaciones para la revista.Oficios como ese se enviaron a todas las aduanas del país. El sábado 15 el personal se concentró, pero en vez de llevar a cabo la anunciada revista, efectivos del Ejército les quitaron las armas a los inspectores fiscales, les exigieron que entregaran sus placas y licencias, y los retuvieron durante más de 10 horas.


Caro error

De acuerdo con Susana Flores Gazca, abogada de los despedidos, en la aduana de Miguel Alemán, Tamaulipas, los militares obligaron al personal a firmar su renuncia por la fuerza y, en muchos casos, apuntaron a los inspectores con sus armas para que signaran los documentos que ya traían preparados y los cuales daban por terminada la relación laboral.En Ciudad Juárez el personal de inspección aduanera prácticamente fue secuestrado por los miembros de la Sedena. Muchos empleados del SAT no traían sus placas en ese momento y pidieron que se les permitiera ir por ellas a sus casas, pero los militares se negaron. Uno de los inspectores que el sábado 15 vivió momentos de gran tensión en esa aduana, quien pidió el anonimato por temor a represalias, dijo que el forcejeo entre los inspectores y el Ejército fue tal que los soldados tuvieron que cortar cartucho y los amagaron con sus armas para que firmaran las renuncias:“Llegamos los 48 comisionados a la aduana de Ciudad Juárez y nos concentraron en el polvorín. Luego arribó al lugar el teniente coronel Othón Domínguez Bernabé, quien está a cargo del 20 Regimiento de Caballería. Lo acompañaba Arturo Everardo Mejía Zepeda, un funcionario de la Administración General de Aduanas.“Nos pidieron la placas, pero muchos de nosotros no las traíamos porque nos habían dicho que sólo se trataba de una revisión del armamento. Pedimos salir para traer la placas y fue cuando los solados nos encañonaron y cortaron cartucho. Todo esto empezó como a las ocho de la noche y durante varias horas no nos dejaron salir. Nos sentíamos secuestrados por el Ejército.”En una comunicación enviada a Proceso la noche del viernes 21, el SAT aseguró que “el inicio de las operaciones de los nuevos elementos en las Aduanas se llevó a cabo sin contratiempo alguno”, luego de que “a ninguno de estos elementos (sustituidos) se les hizo firmar una renuncia, simplemente su contrato terminó el 15 de agosto”. El personal responsable de la revisión de las mercancías que entran y salen por las aduanas ha sufrido modificaciones y rotaciones en los últimos 10 años. El llamado Resguardo Aduanero, por ejemplo, fue creado mediante un decreto presidencial en 1991, luego desapareció y el personal fue liquidado mediante el retiro voluntario. Tiempo después se creó la Policía Fiscal, y en 1999, cuando nació la Policía Federal Preventiva, se le volvió a cambiar el nombre por el de Inspección Fiscal y Aduanera, cuyas operaciones terminaron el sábado 15.En su lugar el SAT habilitó a mil 400 “oficiales de comercio exterior”, la mayoría jóvenes entre 18 y 30 años, capacitados “al vapor” por la Sedena y que en sus cursos sólo tuvieron una práctica de tiro, dicen los inspectores fiscales despedidos. Afirman además que, en medio de tantos cambios, “nos fueron relegando de las operaciones importantes, como la revisión de tractocamiones, responsabilidad que asumió el Ejército”.La abogada Flores Gazca enfatiza que el SAT despidió a más de 700 inspectores fiscales sin entregarles ni un solo peso como liquidación, pues el organismo fiscal sostiene que por tratarse de personal de confianza no tienen derecho a esa prestación. Incluso algunos empleados que antes de la desaparición de la IFA habían ganado laudos laborales, también fueron despedidos, lo que constituye una violación flagrante a la ley.En efecto, mientras los militares presionaban a los inspectores fiscales para que firmaran sus renuncias, en el SAT se elaboraba, con fecha 14 de agosto, el oficio 300-04-2009, en el que se comunica a los inspectores la cancelación de su contrato.A Taurino Ortiz López, uno de los 730 despedidos, se le informó así: ...En su carácter de trabajador de confianza del Servicio de Administración Tributaria, adscrito a la ADUANA DE AEROPUERTO, CD. MEXICO, dependiente de la Administración General de Aduanas, en atención al oficio del Administrador General de Aduanas por el que se solicita se le informe que en términos de los artículos 123, apartado “B”... (se) establece que los trabajadores de confianza carecen de estabilidad en el empleo, (por lo que) se le notifica que el nombramiento que actualmente ostenta y cuya vigencia concluye el 15 de agosto de 2009, no le será renovado.La abogada Flores Gazca, quien actualmente defiende a más de mil trabajadores al servicio del Estado –entre ellos a unos 680 inspectores fiscales y aduaneros– sostiene que la Administración Pública Federal está involucrada en un grave problema: “No sólo tendrá que pagar, en muchos casos, salarios caídos y prestaciones, sino que deberá reinstalar a los inspectores despedidos injustificadamente. Hubo flagrantes violaciones a la ley, por ejemplo, en los casos de Pedro García (con antigüedad de 19 años), Alejandro Muñoz (10 años de servicio) y Julio Vargas (14 años); tenemos los laudos ganados y aún así los despidieron”.

–El SAT afirma que los trabajadores de confianza carecen de estabilidad en su empleo. ¿Cómo explica usted que los 730 despedidos estén en el desamparo laboral?

–El contrato de prestación de servicio bajo el régimen de honorarios tiene validez y derechos. Si estoy subordinado, cuando tengo un horario, me otorgan un salario, tengo prestaciones laborales, como capacitación, vacaciones, licencias, y me retienes como trabajador, pues soy un trabajador. Pero la tontería más grande es que los están obligando, con esta decisión arbitraria, a ir ante las autoridades para hacer valer este derecho.

–¿Qué lectura tiene usted de esta acción del SAT?

–Todo esto es muy peligroso para el gobierno. Si mi negocio fuera la administración pública yo les fincaría responsabilidad administrativa a los servidores públicos, porque están involucrando al gobierno en procedimientos judiciales con altos costos, al generarle gastos innecesarios en tiempos tan críticos.“Nada más calcule usted: si a cada inspector fiscal le dan 20 mil pesos y en total son más de 600 (del primer recorte), y 730 los afectados por la desaparición de la IFA, ¿cuánto dinero tendrá que pagar el gobierno? Porque estoy segura de que ganaremos el juicio laboral. Es un dineral. Ahora, ¿dónde los van a reinstalar? Me parece la aberración más grave de un gobierno que ahora se enfunda en una política de austeridad. Por un lado la declaran y por otro generan problemas que derivarán en pagos multimillonarios en liquidaciones, por tomar decisiones arbitrarias.”

Funcionarios, la clave

De acuerdo con fuentes de la AGA, hace poco más de un año se tomó la decisión de dar de baja a todos los miembros de la llamada Policía Fiscal. La razón: en la mayoría de las investigaciones sobre contrabando y delincuencia organizada estaban implicados decenas de inspectores fiscales y aduaneros.Pero los inspectores niegan estar relacionados con el contrabando y con el narcotráfico, pues desde hace varios años, aducen, “nosotros ya no participamos en la revisión de mercancías. Es personal militar el que está a cargo de esas tareas, y si el narco ha controlado las aduanas, entonces habrá que preguntarle al Ejército qué está pasando”.Y es que para transportar mercancías ilegales y recibir armas provenientes de Estados Unidos, los cárteles del narcotráfico han recurrido a altos funcionarios, particularmente a los administradores que operan en las aduanas fronterizas.Por ejemplo, el 21 de julio de 2007 Beatriz Bautista Morgan, identificada como cercana al exadministrador central de Aduanas José Guzmán Montalvo y quien fue administradora de la aduana de Coatzacolacos, Veracruz, y la de Reynosa, Tamaulipas, fue detenida por agentes de la PFP y militares.Se le vinculó con un presunto “contrabando documentado”, cuando fue confiscado un tráiler “cargado con un enorme contrabando que salió de los patios fiscales” y cuya liberación fue autorizada, según la investigación del caso, por una colaboradora de confianza de Bautista Morgan.En esta historia se cita a Cony, entonces encargada del módulo del primer reconocimiento en la aduana, una empleada de confianza de Bautista que hacía el “trabajo sucio”, y se menciona a Ivette Lozano como cómplice. Ambas estuvieron sometidas a investigación por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).A Guzmán Montalvo se le relacionó con el fomento al contrabando y se le acusó de beneficiar con ese negocio a los hermanos Bribiesca Sahagún (Proceso 1520). Otro funcionario cercano a él es Francisco Serrano Aramori, quien desapareció en junio pasado, cuando se desempeñaba como administrador de la aduana del puerto de Veracruz. Antes, Serrano Aramori fue administrador en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde presuntamente se ligó al contrabando y a Los Zetas. El control que ejerce el narcotráfico en las 49 aduanas del país no es un problema nuevo. El 30 de mayo de 2007, durante el foro denominado “Construyendo consensos y promoviendo el crecimiento”, organizado por la revista británica The Economist, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, reconoció que las drogas entran y salen por las aduanas:“Una parte muy importante de la seguridad en México es que sale y entra droga, y es un problema muy importante que implica la modernización de las aduanas.”Según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/191/2006, que implicó a funcionarios de la aduana de Manzanillo, Colima, en la protección de los cargamentos de efedrina de Zhenli Ye Gon, el crimen organizado penetró paulatinamente la estructura del sistema aduanero.Los reportes de inteligencia oficiales indican que los cárteles del Golfo y de Sinaloa pueden movilizar sus mercancías ilícitas con toda libertad, además de que tienen acceso a información privilegiada sobre las acciones de sus contrincantes en el negocio de las drogas (Proceso 1596).Esta infiltración en las aduanas, según los datos consultados, se hizo al estilo de la mafia: colocando a funcionarios y empleados en áreas estratégicas y sobornando a trabajadores con montos superiores a sus sueldos quincenales.Un inspector despedido el sábado 15 –que al ser consultado también pidió que se omitiera su nombre– sostiene que el tráfico de armas y el contrabando operado por altos funcionarios “es descomunal”.En un escrito entregado a este semanario dice que el señalamiento de que los inspectores fiscales se ligaron con el crimen organizado “es una acusación falsa y muy grave”, pues a ninguno de los 730 despedidos le fincaron responsabilidades por delito alguno. Y detalla el modus operandi de la mafia de cuello blanco y el narcotráfico organizado:...Este tipo de operaciones está en manos de personal administrativo, verificadores aduanales, el administrador de la aduana y dictaminadores aduanales del segundo reconocimiento, siendo éstos últimos empleados de una empresa privada.Todos ellos son los que se encargan de la revisión física-documental de todas las operaciones en materia de importación, por lo tanto son los responsables de todo tipo de contrabando, incluyendo armas de fuego, municiones y dinero ilícito que ingresa al país, obviamente amparados por la red de funcionarios hacendarios.En la frontera norte, sur y en algunos puertos, esta actividad es muy conocida por las personas que están involucradas en el despacho de mercancías en materia de comercio exterior. Por citar un ejemplo, sólo basta acudir a una de tantas bodegas (de armas) que se encuentran en las ciudades del sur de los Estados Unidos, como Laredo, McAllen o El Paso, Texas, y los mismos dependientes preguntan si la mercancía va para México, quién es tu “pasador” y en 48 horas transportan cualquier mercancía ilegal a México.…Las mercancías que transportan hacia México son amparadas con documentos apócrifos difíciles de detectar, aunque en la mayoría de los casos cuentan con pedimentos de importación que cumplen con todos los requisitos de la ley. Además, aseguran los camiones con candados fiscales oficiales y todo esto se encuentra bajo control y supervisión de las aduanas, por lo tanto son mercancías amparadas con documentación oficial.La fuente remata:Ahora se crea al vapor una nueva corporación (los “oficiales de comercio exterior”) que tendrá el mismo futuro, más aún si los encargados de dirigirla son de extracción militar, ya que estos últimos están al servicio de los funcionarios del gobierno federal de forma incondicional y obedecen sus caprichos, aun cuando contravienen las leyes y reglamentos. Además, ya es notable su incapacidad para dirigir una Unidad Administrativa del SAT y su nulo conocimiento en materia de comercio exterior.