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lunes, junio 06, 2011

America's Creeping Police State

Imperialism abroad is destroying what is left of our democracy at home. From warrantless wiretapping to warrantless door-busting, this is what a police state looks like.


The late Chalmers Johnson often reminded us that “A nation can be one or the other, a democracy or an imperialist, but it can’t be both. If it sticks to imperialism, it will, like the old Roman Republic, on which so much of our system was modeled, lose its democracy to a domestic dictatorship.” His warning rings more true by the day, as Americans watch the erosion of their civil liberties accelerate in conjunction with the expansion of the US Empire.

When viewed through the lens of Johnson’s profound insights, the Supreme Court’s recent ruling in Kentucky v. King makes perfect sense. On May 13, in a lopsided 8-1 ruling, the Court upheld the warrantless search of a Kentucky man’s apartment after police smelled marijuana and feared those inside were destroying evidence, essentially granting police officers increased power to enter the homes of citizens without a warrant.

Under the Fourth Amendment, police are barred from entering a home without first obtaining a warrant, which can only be issued by a judge upon probable cause. The only exception is when the circumstances qualify as “exigent,” meaning there is imminent risk of death or serious injury, danger that evidence will be immediately destroyed, or that a suspect will escape. However, exigent circumstances cannot be created by the police.

In this case, the police followed a suspected drug dealer into an apartment complex and after losing track of him, smelled marijuana coming from one of the apartments. After banging on the door and announcing themselves, the police heard noises that they interpreted as the destruction of evidence. Rather than first obtaining a warrant, they kicked down the door and arrested the man inside, who was caught flushing marijuana down the toilet.

The Kentucky Supreme Court had overturned the man’s conviction and ruled that exigent circumstances did not apply because the behavior of the police is what prompted the destruction of evidence. Tragically, an overwhelming majority of the Supreme Court upheld the Conviction. Writing for the majority, Justice Samuel Alito wrote that citizens are not required to grant police officers permission to enter their homes after hearing a knock, but if there is no response and the officers hear noise that suggests evidence is being destroyed, they are justified in breaking in.

In her lone and scathing dissent, Justice Ruth Bader Ginsburg agreed with the Kentucky Supreme Court, arguing that the Supreme Court’s ruling “arms the police with a way routinely to dishonor the Fourth Amendment’s warrant requirement in drug cases. In lieu of presenting their evidence to a neutral magistrate, police officers may now knock, listen, then break the door down, nevermind that they had ample time to obtain a warrant.” She went on to stress that “there was little risk that drug-related evidence would have been destroyed had the police delayed the search pending a magistrate’s authorization.”

Not only did the police instigate the destruction of evidence by banging at the door and shouting “Police, police,” but they could have easily obtained a warrant since they likely had probable cause. There is no reason to believe that delaying the search to obtain a warrant, as legally required, would have led to the destruction of evidence. This was pure laziness and contempt for the constitution on part of the officers.

An argument could be made that entering without a warrant saves money, time, and resources, especially if it’s obvious that a crime is being committed. However, the protection of our rights is worth the money, time, and resources. Living in a free society requires that we make these sacrifices, even at the peril of our safety if need be. In fact, I would argue that the wasting of money, time, and resources is the fault of a deeply flawed drug policy, not the protection of those pesky civil liberties always getting in the way of law enforcement.

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sábado, julio 11, 2009

Muere el golpe o mueren las constituciones

Los países de América Latina luchaban contra la peor crisis financiera de la historia dentro de un relativo orden institucional.
Cuando el Presidente de Estados Unidos Barack Obama, de viaje en Moscú para abordar temas vitales en materia de armas nucleares, declaraba que el único presidente constitucional de Honduras era Manuel Zelaya, en Washington la extrema derecha y los halcones maniobraban para que éste negociara el humillante perdón por las ilegalidades que le atribuyen los golpistas.
Era obvio que tal acto significaría ante los suyos y ante el mundo su desaparición de la escena política.
Está probado que cuando Zelaya anunció que regresaría el 5 de julio, estaba decidido a cumplir su promesa de compartir con su pueblo la brutal represión golpista.
Con el Presidente viajaban Miguel d´Escoto, presidente pro témpore de la Asamblea General de la ONU, y Patricia Rodas, la canciller de Honduras, así como un periodista de Telesur y otros, hasta 9 personas. Zelaya mantuvo su decisión de aterrizar. Me consta que en pleno vuelo, cuando se aproximaba a Tegucigalpa, se le informó desde tierra sobre las imágenes de Telesur, en el instante que la enorme masa que lo esperaba en el exterior del aeropuerto, estaba siendo atacada por los militares con gases lacrimógenos y fuego de fusiles automáticos.
Su reacción inmediata fue pedir altura para denunciar los hechos por Telesur y demandar a los jefes de aquella tropa que cesara la represión. Después les informó que procedería al aterrizaje. El alto mando ordenó entonces obstruir la pista. En cuestión de segundos vehículos de transporte motorizados la obstruyeron.
Tres veces pasó el Jet Falcon, a baja altura, por encima del aeropuerto. Los especialistas explican que el momento más tenso y peligroso para los pilotos es cuando naves rápidas y de poco porte, como la que conducía al Presidente, reducen la velocidad para hacer contacto con la pista. Por eso pienso que fue audaz y valiente aquel intento de regresar a Honduras.
Si deseaban juzgarlo por supuestos delitos constitucionales, ¿por qué no le permitieron aterrizar?
Zelaya sabe que estaba en juego no solo la Constitución de Honduras, sino también el derecho de los pueblos de América Latina a elegir a sus gobernantes.
Honduras es hoy no solo un país ocupado por los golpistas, sino además un país ocupado por las fuerzas armadas de Estados Unidos.
La base militar de Soto Cano, conocida también por su nombre de Palmerola, ubicada a menos de 100 kilómetros de Tegucigalpa, reactivada en 1981 bajo la administración de Ronald Reagan, fue la utilizada por el coronel Oliver North cuando dirigió la guerra sucia contra Nicaragua, y el Gobierno de Estados Unidos dirigió desde ese punto los ataques contra los revolucionarios salvadoreños y guatemaltecos que costaron decenas de miles de vidas.
Allí se encuentra la “Fuerza de Tarea Conjunta Bravo” de Estados Unidos, compuesta por elementos de las tres armas, que ocupa el 85 por ciento del área de la base. Eva Golinger divulga su papel en un artículo publicado en el sitio digital Rebelión el 2 de julio de 2009, titulado “La base militar de Estados Unidos en Honduras en el centro del golpe”. Ella explica que “la Constitución de Honduras no permite legalmente la presencia militar extranjera en el país. Un acuerdo ‘de mano’ entre Washington y Honduras autoriza la importante y estratégica presencia de los cientos de militares estadounidenses en la base, por un acuerdo ‘semi-permanente’. El acuerdo se efectuó en 1954 como parte de la ayuda militar que Estados Unidos ofrecía a Honduras… el tercer país más pobre del hemisferio.” Ella añade que “…el acuerdo que permite la presencia militar de Estados Unidos en el país centroamericano puede ser retirado sin aviso”.
Soto Cano es igualmente sede de la Academia de la Aviación de Honduras. Parte de los componentes de la fuerza de tarea militar de Estados Unidos está integrada por soldados hondureños.
¿Cuál es el objetivo de la base militar, los aviones, los helicópteros y la fuerza de tarea de Estados Unidos en Honduras? Sin duda que sirve únicamente para emplearla en Centroamérica. La lucha contra el narcotráfico no requiere de esas armas.
Si el presidente Manuel Zelaya no es reintegrado a su cargo, una ola de golpes de Estado amenaza con barrer a muchos gobiernos de América Latina, o quedarán éstos a merced de los militares de extrema derecha, educados en la doctrina de seguridad de la Escuela de las Américas, experta en torturas, la guerra psicológica y el terror. La autoridad de muchos gobiernos civiles en Centro y Suramérica quedaría debilitada. No están muy distantes aquellos tiempos tenebrosos. Los militares golpistas ni siquiera le prestarían atención a la administración civil de Estados Unidos. Puede ser muy negativo para un presidente que, como Barack Obama, desea mejorar la imagen de ese país. El Pentágono obedece formalmente al poder civil. Todavía las legiones, como en Roma, no han asumido el mando del imperio.
No sería comprensible que Zelaya admita ahora maniobras dilatorias que desgastarían las considerables fuerzas sociales que lo apoyan y solo conducen a un irreparable desgaste.
El Presidente ilegalmente derrocado no busca el poder, pero defiende un principio, y como dijo Martí: “Un principio justo desde el fondo de una cueva puede más que un ejército.”
Julio 10 de 2009
6 y 15 p.m.