El drama del empleo, herencia del panismo

Al margen de quien resulte ganador en las próximas elecciones presidenciales, el desastre laboral que le transferirá Felipe Calderón será un problema incómodo, que de no enfrentarse adecuadamente agravará la descomposición social, la inseguridad del país y el descontento de la población, con sus consecuentes efectos perniciosos para la estabilidad económica y política.

Marcos Chávez *

El drama del mercado laboral no se reduce a la imposibilidad estructural de la economía para generar los empleos formales anualmente requeridos, debido al estancamiento económico que priva desde 1983 hasta la fecha, y que se agudizó durante el calderonismo, el nuevo perfil de la estructura productiva integrada a la economía mundial y la política económica que centró sus esfuerzos en el control de la inflación sobre el crecimiento. También involucra a la precarización de las escasas plazas laborales creadas; la preeminencia de la temporalidad a la estabilidad; la falta de contratos, servicios médicos y otras prestaciones; bajos salarios nominales pagados o sin remuneraciones; el drástico deterioro de los ingresos reales de las mayorías como consecuencias del control asociado a políticas desinflacionarias y la reducción de costos de producción; la proliferación del autoempleo y de micro y pequeñas empresas, de las actividades terciarias de baja productividad y de futuro incierto; la privatización de la seguridad social; el desempleo abierto; la informalidad; y las personas que han dejado de buscar una ocupación. Los flujos migratorios de las zonas rurales a las urbanas o hacia Estados Unidos, los altos índices de delincuencia o de las personas que padecen hambre no son más que manifestaciones del deterior o del mundo laboral.

Esa situación se ha enturbiado merced a las sistemáticas violaciones de las leyes laborales por empresarios y autoridades encargadas de garantizarlos, que llegó al paroxismo con el extitular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, tarea facilitada por la debilidad de organizaciones de trabajadores, ya sea por las limitadas nuevas contrataciones, pérdida de afiliados, subcontratación o por honorarios, el temor al desempleo, la persecución que han sufrido, desmantelamiento, persecución y destrucción, así como la expansión del sindicalismo patronal.

El problema es que ese escenario es un componente de la naturaleza de políticas de corto plazo y reformas estructurales neoliberales, en particular de la llamada “flexibilidad” laboral. Un modelo de desarrollo socialmente incluyente, que anteponga el bienestar de la sociedad como razón de Estado, debe contener varios elementos básicos: recuperar el crecimiento sostenido a largo plazo a tasas de crecimiento real anual de al menos 6 por ciento, para generar los empleos requeridos e iniciar la reabsorción de los marginados del mercado laboral, lo que implica modificar la estructura productiva, recuperar la intervención activa del Estado, impulsar el mercado interno y modificar la apertura externa y la participación de México en la economía mundial; incrementar anualmente los salarios por encima de la inflación, con el objeto de revertir la pérdida de su poder de compra real iniciada en 1976; restablecer las conquistas laborales de los asalariados consagradas en la Carta Magna y las leyes secundarias; un nuevo pacto entre asalariados, empresarios y el Estado, al respetar los intereses de ambos sectores sociales y de acuerdo con las necesidades de la producción, es decir, desechar la “flexibilidad” laboral (que sólo ha servido para aumentar las ganancias de los grandes empresarios a costa de la pobreza y miseria de las mayorías).

Cualquiera de los candidatos presidenciales que proponga mantener el proyecto neoliberal y llevar adelante la contrarreforma laboral, bajo el falaz argumento de que así se mejorará el nivel del empleo y bienestar, sólo está engañando a los trabajadores, ya que, en todos los lugares donde se han aplicado, ellos han sido los principales perjudicados.

La información disponible ofrece los elementos necesarios de lo que ha sido el panorama laboral durante el gobierno calderonista y del panismo. Entre 2007 y 2010, se necesitaron 1 millón 357 mil empleos nuevos en promedio anual, 6.9 millones de manera acumulada. De éstos, cada año se ocuparon como asalariados subordinados y remunerados apenas 525 mil, lo que suma 2.6 millones, (casi el 40 por ciento del total). El resto, 834 mil personas anualmente, 4.2 millones en cinco años, se vieron obligados a buscar diversas formas de supervivencia. Unos laboraron pero no recibieron ingresos, otros obtuvieron percepciones no salariales o se ocuparon por su cuenta en el mercado formal, (en su mayoría en las peores condiciones de trabajo). El resto quedó desempleado, se incorporó a la informalidad o simplemente vegeta a costa de su familia o, en el peor de los casos, se dedica a la delincuencia. Durante el sexenio de Calderón se demandarán 8 millones y sólo tendrán suerte de encontrar algo 3.2 millones. En el panismo (2001-2012) se requerirán alrededor de 13 millones y poco más de 7 millones se quedarán a la vera del camino.

La suerte de aquéllos que han encontrado empleo en el mercado laboral formal es relativa: el 64 por ciento se vieron ocupados a emplearse sin prestación de servicios de salud y con ingresos cada vez más precarios. En 2007 habían 46.6 millones de ocupados, en promedio. De éstos sólo el 8.5 por ciento (cada vez menos, porque en 2007 equivalían al 12 por ciento) 3.9 millones recibieron ingresos mayores a cinco veces el salario mínimo. Los demás, junto con sus familias, no alcanzan la capacidad para cubrir sus necesidades elementales (alimentación, salud, vestuario, educación o vivienda, entre otros). Peor aún, el 65 por ciento, 30 millones, no percibieron ingresos o sólo hasta tres veces el salario mínimo, lo que los condena a sobrevivir en la miseria y la pobreza extrema. La mayor parte de los empleos generados se ubican entre uno y dos veces el salario mínimo.

La historia de los asalariados subordinados remunerados, 30 millones en promedio, reproduce la historia anterior. De éstos, 16 millones, el 53 por ciento, tiene acceso a los servicios de salud; 19 millones, el 60 por ciento, a prestaciones laborales; 13 millones, el 49.3 por ciento, tiene planta o contrato indefinido; la mitad trabaja una jornada laboral formal (35-48 horas semanales); y sólo 2.8 millones ganan más de cinco veces el salario mínimo. El resto sobrevive como puede.

Junto a las 46.6 millones de personas ocupadas que había en 2011, existían 4 millones de subocupados, equivalentes al 9 por ciento de los ocupados; 2.6 millones desempleados; 13.4 millones de informales, casi el 30 por ciento de los ocupados (al inicio del calderonismo eran 11.6 millones); y 6.2 millones de personas que desistieron de buscar un trabajo por considerar que no lo encontrarían. Los desocupados, los informales y los que ya no buscan empleo suman 22 millones, el 47 por ciento. Es decir que por cada dos ocupados, uno se encuentra en la condición señalada. Al inicio del sexenio eran 18 millones.

En términos de los salarios reales sólo basta decir que los mínimos han perdido el 78 por ciento de su poder de compra que tenían en 1976, y los contractuales la mitad, equivalente al de finales de la década de 1940. En el cuadro y la gráfica anexos se ofrece una información más detallada de la situación del mercado de trabajo en el calderonismo.

De los candidatos a la Presidencia, los de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, respectivamente, nada tienen que ofrecerle a los trabajadores, más que una sobredosis.

*Economista

Revista Contralínea 273 / 26 febrero de 2012

Debate Elecciones 2011 Estado de México

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Un Cordero “clasemediero”

Ernesto Cordero, secretario ESPURIO de Hacienda y Credito Publico

John M. Ackerman

De acuerdo con Felipe Calderón y su candidato “destapado”, México es ya un país de “clases medias” que avanza con paso firme hacia la modernidad y el progreso. Ni Calderón ni Ernesto Cordero se cansan de repetir este falso mantra, sobre todo cuando viajan al extranjero o se reúnen con empresarios. La semana pasada, el secretario de Hacienda declaró ante la Coparmex que nuestro país “viene a consolidar clases medias como hace tiempo no lo lograba”. Esta nueva ocurrencia no desentona con aquella otra torpe declaración de que las familias mexicanas con tan sólo 6 mil pesos pueden vivir cómodamente porque “tienen crédito para una vivienda, tienen crédito para un coche, se dan tiempo de mandar a sus hijos a una escuela privada y están pagando las colegiaturas”.

Pero ni Calderón ni Cordero han inventado el agua tibia, sino que no hacen más que repetir las teorías de escritores como Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda, Luis Rubio y Luis de la Calle, quienes desde hace mucho tiempo se han dedicado a promover precisamente la idea de un México “clasemediero”. Los últimos dos incluso han publicado recientemente un libro que lleva esta expresión en su título.

El argumento principal de estos intelectuales es que la creciente urbanización y la mayor disponibilidad de bienes y servicios básicos como agua potable, drenaje, electrodomésticos, televisión, casa-habitación propia, escuelas privadas, celular e internet están construyendo una sociedad con valores “clasemedieros” más conservadores que aquellos ideales “revolucionarios” que predominaban en el pasado. Antes, los pobres y los excluidos luchaban para transformar la estructura social de raíz. Pero hoy, de acuerdo con estos discutibles postulados, los mexicanos solamente buscarían tener mayor “movilidad social” para poder acceder a los “placeres” de la clase media. El corolario es que una vez que los ciudadanos logran tener acceso a estos bienes y servicios, inmediatamente asumen una actitud profundamente conservadora y defienden su pequeña propiedad en contra de cualquier posibilidad de cambio político o económico.

Rubio y De la Calle celebran este supuesto cambio cultural: “No hay duda alguna de que una parte muy significativa de la población se siente de clase media y quiere proteger esa condición que tanto esfuerzo le costó alcanzar”. Estas personas tienen “un sentido de propiedad, pertenencia y derecho a preservarlo” y, por lo tanto, “su actitud política se inclina a ser conservadora y rechaza cualquier alternativa que pudiera alterar su seguridad”.

Los escritores señalan como una tendencia particularmente positiva el hecho de que cada vez más mexicanos ponen nombres extranjeros a sus hijos y los envían a escuelas particulares con nombres foráneos, ya que esto evidencia su “aspiración de movilidad social”. Los autores también celebran el “fenómeno Walmart” que supuestamente ha “reducido el precio de alimentos, ropa y calzado”, así como la tendencia para que “la sociedad mexicana se asemeje a las sociedades desarrolladas”.

En un evidente eco del proyecto totalitario de la Iniciativa México, dicen que necesitamos un radical cambio de actitud: “Los mexicanos con frecuencia ven el futuro con temor y se imaginan catástrofes y dificultades”. Sin embargo, según los autores, “la realidad objetiva contradice este conjunto de percepciones: hoy resulta innegable la posibilidad del progreso individual y familiar, sea a través de la acumulación de capital humano, la participación en actividades empresariales –incluidas las informales– y la emigración”.

Es aquí donde queda claro que lo que realmente importa a los autores no es la posibilidad de un verdadero desarrollo económico o acabar con la pobreza en la que subsisten por lo menos 50 millones de mexicanos, sino simplemente la multiplicación de válvulas de escape, como la emigración o el trabajo informal, que resuelven algunas necesidades básicas en el corto plazo y así pacifican a la población ante una situación de crisis generalizada.

El proyecto “clasemediero” que Calderón y Cordero asumen como propio no es una propuesta de desarrollo social, sino una iniciativa eminentemente política e ideológica. Su objetivo principal es moldear el país a imagen y semejanza de naciones supuestamente “desarrolladas”, como Estados Unidos, y rechazar el legado de importantes luchas sociales, iniciativas colectivas y pensamiento crítico que distingue a la historia mexicana.

La naturaleza ideológica de este planteamiento queda desnuda cuando Rubio y De la Calle aclaran que ser “clasemediero” de ninguna manera implica disponer de una cómoda situación económica: “Los integrantes de la clase media pueden tener ingresos desde unos cuantos salarios mínimos por hogar hasta varias decenas del mismo indicador”. Es decir, los pobres también pueden ser de la “clase media”, siempre y cuando “actúen” como integrantes de ésta y entren al juego del consumismo individualista y privatizador impuesto por el vecino del norte. Desde este punto de vista, lo que realmente importa para el futuro del país no sería atender los graves desequilibrios sociales y económicos, sino simplemente educar a los mexicanos para que tengan una “visión positiva del mundo” y una “disposición a disfrutar la vida más allá de lo cotidiano”, de modo que ya no se quejen tanto de la inefectividad gubernamental o los privilegios de los poderes fácticos.

Al final de su discurso ante la Coparmex, Cordero tuvo un momento de lucidez: “Si logramos hacer lo que tenemos que hacer en los próximos años, México, sin ninguna duda, va a ser muy diferente dentro de cinco años de lo que es ahora”.

Lo que se le olvidó comentar al aspirante presidencial es que hoy mismo también estaríamos en una situación “muy diferente” si los gobiernos del PAN hubieran hecho “lo que tenían que haber hecho” durante los últimos 10 años de “transición” democrática.

Ya es hora de dejar de culpar al pueblo mexicano por la desgracia en que se encuentra el país. El desastre nacional en materia de seguridad, corrupción, impunidad, salud y educación no se debe a las actitudes supuestamente “atrasadas” de los ciudadanos, sino al elitismo, malinchismo y complicidad de nuestros gobernantes y sus intelectuales orgánicos. l

www.johnackerman.blogspot.com

Twitter: @JohnMAckerman

¿De verdad vamos bien?

Ernesto Cordero, titular de la SHCP.

Orlando Delgado Selley

MÉXICO, DF, 4 de marzo (apro).- El ya tristemente célebre asunto de los 6 mil pesos al mes –ingreso que, según el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, le alcanza a una familia mexicana para tener casa, coche y escuela privada para sus hijos--, obnubiló mentiras tan grandes como el tamaño del desliz de aquél.

Entre las cosas que dijo la semana antepasada el disminuido funcionario federal –esta semana optó por ya no aparecer en los medios, ni siquiera para colgarse las medallas del registro mensual de creación de nuevos empleos-- fue que la economía mexicana camina por una senda de crecimiento y estabilidad, recuperándose de los impactos de una crisis ajena.

La imagen transmitida por el secretario es que vamos bien, que la economía empieza a dar bienestar a las familias, pero que aún no nos hemos dado cuenta. Pero terminaremos enterándonos porque, según él, al haber hecho las cosas bien --no como otros países que enfrentan fuertes problemas para refinanciar su deuda--, el bienestar necesariamente se percibirá.

Sin embargo, un reporte detallado de los resultados de 2010 de la balanza de pagos que acaba de ser presentado por el Banco de México (Banxico) permite evaluar la marcha de la economía. Este informe analiza la relación de México con el extranjero: exportaciones e importaciones, turismo, remesas, inversión extranjera, salidas y entradas de capital, etc. Permite conocer, por ello, cómo se comportaron las cuentas externas del país en 2010. Este año ha sido muy favorable para los países emergentes. Este heterogéneo grupo de países, que incluye a China, India, Brasil y Rusia, entre otros, ha tenido buenos resultados económicos, un dinamismo mucho mayor que el de los países desarrollados y, sobre todo, ventajosas condiciones comerciales internacionales.

Por esto, los países emergentes en 2010 tuvieron un importante superávit comercial, esto es, vendieron mucho más mercancías de las que compraron. En cambio, México que se vio favorecido por mejores precios del petróleo, que pasaron de 57.44 dólares por barril en 2009 a 72.31, y mayor volumen exportado: 1.225 millones de barriles diarios (mbd) en 2009 contra 1.361 mbd en 2010, no sólo no logró superávit comercial, sino que tuvo un déficit comercial de 3 mil 121 millones de dólares. Nuestro comercio internacional de mercancías es importante, ya que exportamos 298 mil 361 millones de dólares e importamos 301 mil 482 millones, de modo que el déficit es apenas 1% de lo que exportamos.

La explicación está en que tenemos un problema estructural derivado de decisiones políticas tomadas por los gobiernos neoliberales priístas y mantenida por los neoliberales panistas. Salinas y su grupo decidieron que dejáramos de producir refinados del petróleo y petroquímicos secundarios, lo que nos ha obligado a importar gasolinas y otros derivados del petróleo, cuyos precios aumentan pari passu que el crudo. De modo que lo que se gana con los aumentos del precio del crudo, lo perdemos con los de gasolinas y derivados. Calderón anunció que se construiría una nueva refinería para producir las gasolinas que consumimos y muchos meses después seguimos en espera de avances reales. Así que el déficit comercial tiene explicaciones y responsables.

La otra parte de la cuenta corriente de la balanza de pagos es la balanza de servicios que, a su vez, se descompone en servicios factoriales, no factoriales y transferencias. En los servicios factoriales hubo un déficit de 14 mil 463 millones de dólares, explicado por ingresos de 5 mil 390 millones y egresos de 19 mil 853 millones de dólares. En los servicios no factoriales está el renglón de turismo, donde se obtuvo un superávit de 4 mil 588 millones, gracias a ingresos de turistas extranjeros por 11 mil 872 millones y egresos de turistas mexicanos en el extranjero por 7 mil 282 millones. Este buen resultado en realidad alude a las dificultades de los mexicanos para seguir turisteando por el mundo. Pero otros conceptos, como fletes y seguros, tuvieron un déficit importante, lo que explica un resultado negativo en esta cuenta de servicios de 9 mil 610 millones

Lo que compensa estos resultados negativos son las remesas que envían nuestros paisanos a sus familias y que, pese a los problemas derivados de la crisis y del colapso del sector de la construcción en Estados Unidos, se mantienen constantes. En 2010, las remesas recibidas en México fueron de 21 mil 271 millones de dólares, prácticamente lo mismo que en 2009 (21 mil 245 millones). Estos ingresos dan cuenta de una economía incapaz de evitar que su gente tenga que salir en condiciones terribles a buscar lo necesario para que sus familias puedan sobrevivir. Ellos enviaron en diciembre pasado, por ejemplo, 5.6 millones de remesas, es decir, 5 millones 641 mil 520 mexicanos en el extranjero les enviaron a sus familias 302 dólares en promedio. Esos envíos logran que la cuenta corriente tenga un déficit pequeño de 5 mil 690 millones de dólares. Así que el déficit en la cuenta corriente tiene explicaciones y responsables.

El otro gran componente de la balanza de pagos es la cuenta de capital, donde se registran los movimientos de entrada y salida de dinero. El dato sobresaliente de esta cuenta es que los mexicanos ricos –pero los ricos de veras, no los que ganan 13 mil pesos al mes, a los que aludió también Ernesto Cordero hace días-- “exportaron” capital al extranjero por un monto de 31 mil 113 millones de dólares. Así que mientras los pobres salen del país a luchar por su vida y las de sus familias en trabajos que, como dijera Vicente Fox, “ni los negros aceptan”, los ricos compran casas, invierten en la bolsa o en empresas o simplemente depositan su dinero en bancos, pero en el extranjero. Esas salidas de capital hacen que los 41 mil 495 millones de dólares de inversión extranjera reduzcan sus eventuales efectos benéficos.

Si comparamos lo que los ricos mexicanos sacan del país con la inversión extranjera directa, es decir, la que compra empresas o amplía las que ya tiene en México, resulta que por cada dólar que ingresa para promover la actividad productiva del país, sale un dólar y 75 centavos. Por otra parte, ingresan capitales al país, según Cordero y demás funcionarios gubernamentales, porque confían en que nuestro país ha hecho las cosas bien y sus perspectivas son prometedoras, aunque en verdad lo hacen para aprovechar los intereses que se ofrecen en el mercado mexicano. Pero salen capitales mexicanos al extranjero porque no confían en México. Los ricos mexicanos están dispuestos a sacrificar rendimiento contra la seguridad de tener recursos en el extranjero.

De modo que el examen de la balanza de pagos no muestra que la economía va bien. Muestra que no se pueden aprovechar oportunidades excepcionales que el comercio internacional ofrece por decisiones incorrectas del pasado que se han mantenido en el presente. Muestra también que hay mexicanos que con enormes esfuerzos y sufriendo condiciones laborales discriminatorias ayudan a sus familias y, con ello, apoyan al país. Al tiempo que hay otros mexicanos que sin sufrir, ni esforzarse, han decidido que lo mejor es huir y protegerse, aunque eso afecte al país entero. Así que bien no vamos, el bienestar no llegará a la mayor parte de las familias mexicanas.

Comentarios: odselley@gmail.com

Cordero, el secretario Bartola

Ernesto Cordero, titular de la SHCP.

Jenaro Villamil

MÉXICO, D.F., 22 de febrero (apro).- Si el titular de Hacienda, Ernesto Cordero, pasó la mayor parte de este gobierno como un perfecto desconocido para la mayoría de los mexicanos, bastaron sus cinco minutos de infamia para que en las redes sociales se convirtiera en Mr. Bean y también en el “secretario Bartola”, en recuerdo a la famosa canción de Chava Flores que relataba la carestía de la vida a través de un ama de casa.

Cordero salió el lunes a presumir, en conferencia de prensa, que vivimos una clara recuperación económica y que, de acuerdo con los registros del INEGI, registramos un crecimiento de 5.5% a finales del año pasado.

Sin embargo, este dato positivo quedó absolutamente opacado con los siguientes comentarios que lo transformaron en un Trending Topic en la red social de Twitter:

“Con ingresos ya no digas de 13 mil pesos al mes; con ingresos de 6 mil pesos al mes, hay familias mexicanas que tienen el crédito para una vivienda, que tienen el crédito para un coche, que se dan tiempo de mandar a sus hijos a una escuela privada y están pagando las colegiaturas”.

Nunca peor dicho. La insensibilidad de Cordero, el presunto favorito de Felipe Calderón en la carrera por sucederlo, también le pegó en la línea de flotación al gobierno federal panista. “Se inauguró Calderolandia”, escribieron en las redes sociales, por decir lo más amable, y hasta le recriminaron que le redujeran a él su salario a 6 mil pesos para que vea lo que se siente.

De nada ayudó que alrededor de las 10 de la noche, ante el cúmulo de reacciones negativas, Cordero aclarara que no quiso decir lo que dijo. El cantinflesco secretario de Hacienda se quedó ya con el estigma del ministro Bartola.

He aquí algunas muestras de lo que circuló en Twitter en una larga jornada de mala fama para el secretario de Hacienda:

“Mira Cordero, ahí te dejo estos dos pesos…Pagas la renta, el teléfono y la luz. De lo que sobre, coges de ahí para tu gasto”.

@Isracarlock: “Oiga nini es por ‘ni la chinga y ni la friega’?

@rimoba: “Antes Foxilandia ahora sueños del rey chiquito???

@JaRaskolnikov: “Yo no sé con 6,000. Pero con más de 200 mil no nos alcanza para tener un secretario de Hacienda que no sea un cretino”.

@En menos de 20min Cordero ya es Trending Topic! Esto es un nuevo récord para Twitter o un insulto al pueblo de México??

@TrendsCdMexico: “Calderolandia es ahora una tendencia en #MexicoCity”.

@Eliseirena: “¿En qué país viven? En Mx hay 40 millones de personas que viven con menos de dos mil pesos al mes y otros 30 millones con menos de 4 mil”.

@OmarVelascoM: “Esas pedas en Los Pinos ya afectan al gabinete…¿Con 6 mil pesos pago todo eso? Señor secretario #No Mamar”.

@Leonserment: “Retwittea si estás de acuerdo que a Ernesto Cordero le rebajemos el salario a 6 mil pesos al mes. ¡A ver si le alcanza!

@HIValicious: “205,122.05 pesos como sueldo total bruto se embolsa @ernestocordero, 145,613.98 pesos al mes como sueldo total neto”.

@IvanGamboaSong: “IMPORTANTE!!! Curso de Marketing Político: “Como acabar con una campaña en 5 min”. Impartida por el especialista Ernesto Cordero Arroyo.

@realnaquito: “Con seis mil pesos al mes y una narcotiendita cualquiera la hace”.

#Cordero está fuera de la realidad tal como su pastor@FelipeCalderon

“Yo no creo que @ernestocordero haya dicho eso de los 6 mil pesos. ¡Mr Bean no habla!”.

@giroCincoDos: 6000 pesos es el 3 % de lo que gana @ernestocordero, no es incongruente?

@Navarretecarlos: Srio. De Hacienda dice que con 6 mil pesos alcanza para todo. Y qué tal si prueba en su familia? A ver si le alcanza”.

Este martes, el periódico La Jornada tituló así su nota principal: “Cordero: con $6 mil se alcanza a pagar todo en México”, mientras Reforma, también en primera plana, tituló la nota: “Ve SHCP recuperación…y familias muy exigentes”. Pero la Rayuela de La Jornada lo sintetizó así: “Es clamorosamente evidente que el secretario Cordero no tiene idea de lo que cuesta un jitomate”.

Por lo pronto, esos jitomatazos virtuales le tundieron desde el lunes 21 a quien quiso presumir recuperación económica y se hundió en el despropósito.

La salud de Calderón, a debate

La PATOLOGIA que carga este traidor en su joroba.....

Álvaro Delgado

MÉXICO, DF, 7 de febrero (apro).- “¿Los habitantes de una nación tienen derecho a saber si el jefe de Estado es adicto a las drogas o si padece alcoholismo?”, pregunté en twitter, el jueves 3, con el ánimo de abordar con seriedad un asunto de inobjetable interés público: El alcoholismo de Felipe Calderón imputado por cinco legisladores petistas y perredistas.

Después del despido de Carmen Aristegui de su noticiero en MVS Multivisión, por informar de la acción de los legisladores y pedir una posición a la Presidencia de la República sobre si Calderón es alcohólico, el debate se potenció, en vez de suprimirse, como pretendieron personajes tan disímbolos como Josefina Vázquez Mota, coordinadora de los diputados panistas, y el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.

Porque presumir y aun asegurar que Calderón es un borracho, como lo hicieron los diputados con la manta que desplegaron en el salón de sesiones, no es una calumnia ni un agravio a las instituciones, como acusa Vázquez Mota, tampoco es un tema de carácter personal, como alega López Obrador, sino un asunto que concierne a todos los mexicanos.

La razón es sencilla: No se acusa a Calderón de criminal, sino de padecer una enfermedad que --como cualquier otra-- debe ser atendida de manera profesional, porque las decisiones que motiva o inhibe repercuten en la vida de millones de personas.

No se trata ni siquiera de Calderón mismo y si el gobernante es alcohólico o drogadicto, sino que puede ser víctima de una lesión muscular y aun sicológica que requiere, para ser controlada o curada, el consumo de una sustancia sicotrópica que genera cambio de percepción de la realidad, ánimo o comportamiento.

Ya el despido de Aristegui de la empresa propiedad de la familia Vargas, cuya coartada de que violó un código de ética secreto es insostenible, ha dado lugar a un insólito fenómeno de opinión pública en defensa de la libertad de expresión, particularmente en las redes sociales --que no se presentó cuando, en enero de 2008, Televisa y Grupo Prisa la echaron de W Radio--, pero también ha enterado a quienes lo ignoraban del real o supuesto alcoholismo de Calderón.

Por ello la chacota no debe imponerse a lo que debe ser un debate serio necesario y urgente: El derecho de los ciudadanos a conocer el estado de salud de sus gobernantes, presentes y futuros, tal como lo tienen en países con una democracia como a la que debemos aspirar.

Ahora debe exigirse aclarar si Calderón padece alcoholismo --que es una enfermedad incurable, progresiva y mortal--, pero a futuro se deben prevenir que lleguen al poder también drogadictos, sicópatas o con algún padecimiento físico que implique el consumo de medicamentos que les altere la realidad.

Y sin sobredimensionar, minimizar ni rasgarse las vestiduras lo procedente es generar un debate sobre el tema y abordar con seriedad si Calderón padece esa enfermedad.

Vale decir que el señalamiento no es de ahora ni proviene de sus malquerientes, sino de personajes de su propio partido, como su maestro, Carlos Castillo Pereza, quien en octubre de 1997, cuando Calderón era presidente del PAN, le escribió una carta, publicada en Proceso en octubre de 2009, en la que le dice que fue informado de “las aventuras más que frecuentes --etílicas y demás-- de algunos de tus colaboradores”.

Y más adelante le reprochó su informalidad por una borrachera: “(…) Ahora tengo que añadirte que me pareció desconsiderado de tu parte no haber acudido a la cita de anoche, sin siquiera haber avisado, y que me dolió y preocupó haberme enterado por boca de subalternos menores que el presidente del partido salió de la oficina ‘muy bien servido’.”

Apuntes

Con el despido de Aristegui de MVS se frustró, también, el primer debate sobre El Yunque con uno de sus integrantes, el abogado José Antonio Ortega Sánchez. La mañana del viernes Carmen me comunicó, a través de su equipo de producción, que el debate se celebraría este miércoles y tendría yo derecho de réplica ante las afirmaciones calumniosas de Ortega… Como aquí se adelantó, el PAN ganó el gobierno de Baja California Sur con el experredista Marcos Covarrubias. Jesús Ortega, presidente del PRD que se desplomó al tercer lugar, filosofó: Así como en el beisbol no existe defensa contra la base por bola, en la política no hay defensa contra la traición. Y vaya que sabe de eso...

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

Televisa es cómplice de García Luna en el caso de Florence Cassez: Vigna

Luego de que el periodista Pablo Reinah informó que habia llegado a un acuerdo económico con Televisa a fin de que desistiera de la demanda por el caso de Florence Cassez, el día de hoy la periodista e investigadora francesa, Anne Vigna aseguró que Televisa tuvo un papel activo en la trasmisión del operativo.

Redacción/SDP

Luego de que el periodista Pablo Reinah informó, el pasado viernes 28 de enero, que habia llegado a un acuerdo económico con Televisa a fin de que desistiera de la demanda, el día de hoy la periodista francesa Anne Vigna aseguró que Televisa tuvo un papel activo en la trasmisión de la información de ese día.

En una entrevista radiofónica con la periodista Carmen Aristegui, la periodista francesa argumentó que en el operativo en vivo muchas de las imágenes se trasmitieron fueron previamente editadas además de que el reportero de la televisora, si hubiera explicado de la tortura, de la cual fueron objetos la pareja se hubiera descubierto el montaje ese mismo día.

La escritora y periodista francesa admitió que la televisora es cómplice junto con las autoridades federales del espectáculo mediático del que fueron testigo millones de personas, pues argumentó que la difusión de las imágenes en el enlace en vivo se trató de un acuerdo previo con la dependencia federal, es por ello que la televisiora le conviene un arreglo ejecutivo con el periodista, ya que con ello, se evita que el caso sea exhibido judicialmente.

La autora de Fabrica de Culpables, admitió que con ello se demuestra la inocencia de Florece Cassez tal como lo dijo la iglesia católica y el procurador, Fernández Lechuga. En tanto Israel Vallarta se sabe que el no es el líder de la banda de secustradores "Los Zodiaco".

Los hechos

Florence Casez, Ciudadana francesa admitió que la publicación de su captura se debió a un montaje que las cosas no fueron como se trasmitió en Televisa el día 9 de diciembre, en el que por medios de los noticiarios matutinos se informaba en vivo del rescate de personas supuestamente secuestradas por la banda de secuestradores El Zodíaco.

La ciudadana francesa aclaró que elementos de la AFI fue detenida desde un día antes por un retén a ella y a su pareja sentimental Israel Vallarta, en donde fue llevada a un cuarto completamente distinto a donde radicab

Televisa

Por parte de Televisa el periodista Pablo Reinah, fue quien cubrió el operativo, y tras la declaración de García Luna el reportero fue despedido de la televisora. Sin embargo, Reinah envió una carta a los medios de comunicación afirmando que como, profesionista de la información, nunca había sido enterado de la recreación.

Un año después en marzo de 2007, la averiguación de la PGR admitió que las autoridades federales le ocultaron información al reportero al no advertirle que la detención se trato de una recreación.

En un documento firmado por Jóse Luis Chávez Díaz, Director Jurídico de la AFI, la procuraduría notificó al periodista que la información que el reportero recibió no fue completa, objetiva ni veraz.

La declaración de García Luna

Dos meses después el 05 de febrero de 2006, en el programa de Denisse Maerker se trasmitió una entrevista con el funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en donde admitió que el operativo donde resultaron detenidos la ciudadana francesa y su pareja sentimental se trato de un montaje, pero acotó que fue a solicitud de los medios.

Un año después en marzo de 2007, la averiguación de la PGR admitió que las autoridades federales le ocultaron información al reportero al no advertirle que la detención se trato de una recreación.

En un documento firmado por Jóse Luis Chávez Díaz, Director Jurídico de la AFI, la procuraduría notificó al periodista que la información que el reportero recibió no fue completa, objetiva ni veraz.

En tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos envió una recomendación ante la dependencia federal, sin embargo no fue tomada en cuenta.

Con la información de MVS noticias.

Pablo Reinah, Despedido De Televisa Por Caso Florence Cassez


http://www.youtube.com/watch?v=fY5PZvolkug

COMPARECENCIA EN EL SENADO DE GENARO GARCIA LUNA

http://www.youtube.com/watch?v=xNw_ZZJh67E


http://www.youtube.com/watch?v=hHdqoKQvYEQ


http://www.youtube.com/watch?v=7rowy67kCZk

A un año de Salvárcar, puras promesas...

Todos Somos Juárez: de las protestas a las promesas

A 11 meses del arranque del programa Todos Somos Juárez, activistas sociales de esa ciudad insisten en que las acciones emprendidas por el gobierno federal siguen siendo desatinadas e ineficaces. Algunos de ellos comentan a Proceso que el problema es de estrategia, y aun cuando no dejan de reconocer algunos logros, documentan las pifias de las acciones emprendidas supuestamente para ayudar a los jóvenes y combatir la violencia en la ciudad fronteriza.

Salvarcar, la herida abierta.

Patricia Dávila

Las declaraciones del presidente Felipe Calderón desde la capital de Japón sobre el asesinato de 15 estudiantes en Villas de Salvárcar el 30 de enero de 2010 –a quienes llamó pandilleros– sólo activaron la indignación, hasta ese momento contenida, de los juarenses.

Ya pasó un año de que un comando de sicarios del cártel de Juárez asesinó a esos adolescentes durante un convivio, pero la violencia no cede, sino que exhibe más las fallas de estrategia de las autoridades. Ante los embates de las organizaciones delincuenciales la población no ha dejado de elevar su clamor en busca de justicia.

En marzo de 2008, cuando se puso en marcha el Operativo Conjunto Chihuahua, con el despliegue de 5 mil 500 soldados que inundaron las calles de Juárez, las protestas fueron inmediatas. Los ciudadanos rechazaron la intromisión del Ejército y comenzaron a documentar las violaciones de las tropas a los derechos humanos de los habitantes; algunos grupos organizados denunciaron incluso ejecuciones de civiles.

Imparable, la violencia dio origen a delitos colaterales, como el secuestro, la extorsión, el cobro de piso por parte de las organizaciones criminales, el robo de autos y los asaltos.

Por eso las declaraciones de Calderón hechas en Tokio dos días después de la matanza de los jóvenes en Villas de Salvárcar, según las cuales se trató “de un ajuste de cuentas entre pandillas”, enardecieron a los juarenses, quienes le exigieron dar la cara. Y tuvo que hacerlo.

El 11 de febrero siguiente, Calderón llegó a Juárez, la urbe más violenta del país, y anunció su plan Todos Somos Juárez. Reconstruyamos la Ciudad, que se inició seis días después “como respuesta al círculo vicioso de violencia” que se vive en esa zona fronteriza.

Con una inversión de 3 mil 386.5 millones de pesos, el proyecto comprende seis áreas básicas: seguridad, educación, salud, desarrollo social, economía y empleo. Las primeras cuatro absorberán, se dijo, 99% de los recursos.

Acciones sin estrategia

A 11 meses del arranque del “programa integral”, la doctora Leticia Chavarría, de la Mesa de Seguridad formada por ciudadanos comprometidos con el buen desarrollo de su entorno social, sostiene que el fracaso de Todos Somos Juárez es patente. Y enumera las pifias.

El Centro de Emergencia y Reacción Inmediata (CERI), dice, no logró disminuir sus tiempos de respuesta ante las contingencias. Hoy, según la representante de los médicos locales, existen muchas quejas acerca del tiempo que tardan en llegar los socorristas cuando alguien los requiere; algunas veces ni siquiera atienden el reporte.

Entre los delitos que han tenido mayor impacto durante los meses recientes Chavarría menciona el secuestro y la extorsión –de los que, precisa, “no existen cifras confiables”– además del robo de autos. Por lo que atañe al programa de fronterización, cuyo propósito es dar facilidades a ciudadanos para regularizar sus vehículos, comenta, es inoperante por sus elevados costos.

A ello se debe que aún circulan alrededor de 80 mil unidades sin placas, lo que da pie a que se cometan delitos con ese tipo de autos, incluso en los dos “corredores seguros”, que sólo funcionaron de manera temporal y donde los actos delictivos van al alza pese al operativo de blindaje en la zona turística del Programa Nacional Fronterizo.

Por lo que respecta a la profesionalización de la Policía Municipal, la activista reconoce que no se ha abierto una campaña de reclutamiento ni se han diseñado cursos de capacitación para los agentes y tampoco se ha depurado la corporación. Cada que los juarenses cuestionan a las autoridades, les responden que carecen de recursos para instrumentar ese proyecto.

Otro punto débil del programa Todos Somos Juárez es el de la violación constante a los derechos humanos. En el Centro de Confianza Ciudadana (CCC) se reciben innumerables denuncias contra agentes federales. Uno de los casos más críticos es el del estudiante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) José Darío Álvarez Orrantia, quien el 29 de octubre de 2010 fue agredido dentro del campus por dos policías armados.

Los pendientes

Hugo Almada, integrante también de la Mesa de Seguridad, dice que pese a que observa “algunas cosas significativas” en el programa integral del gobierno federal, “es evidente que hay problemas en los que no se ha logrado nada.

“Se trata de una guerra innecesaria dirigida contra los pobres”, dice. Y lamenta que no se enfrenten delitos como el lavado de dinero ni la corrupción política y a los funcionarios implicados; tampoco interesa a las autoridades atacar la estructura financiera de los cárteles. Las acciones sólo se enfocan a la parte operativa, a los consumidores y vendedores, pobres en su mayoría, o a los sicarios.

Desde el punto de vista táctico la estrategia ha sido mal planteada. Carece de labor de inteligencia. Eso provoca que los operativos no sean ágiles ni contundentes.

–¿Cómo han actuado las autoridades? –se le pregunta a Almada.

–Las fuerzas federales o la tropa se desplazan a los lugares de conflicto sin hacer ninguna investigación previa; el problema es de estrategia. Quiero ser enfático: no estamos de acuerdo (como lo planteamos en febrero de 2010, cuando pedimos fortalecer el área de inteligencia) con la poca respuesta del gobierno federal (para enfrentar la violencia criminal).

Almada, quien participa también en la Mesa de Salud y de Desarrollo Social expone sus desacuerdos en esos rubros. Con respecto a la primera, admite que hay avances en la construcción del hospital psiquiátrico y en el equipamiento del hospital infantil y en la edificación de otro nosocomio con 120 camas, pero la afiliación de gente de escasos recursos al Seguro Popular tiene sus claroscuros.

Dice que aun cuando miles de personas de mayor pobreza fueron incorporadas a ese programa sanitario, instituciones como el IMSS y el ISSSTE resultaron “castigados”, pues ahora tienen que atender a más pacientes y algunas veces se saturan. Almada señala el error: primero debió ampliarse la infraestructura y luego realizar la afiliación. Así de fácil.

En lo relativo a las adicciones, el entrevistado señala que se están construyendo centros como Nueva Vida para atender a la población afectada, además de una red de organizaciones abocadas a ese problema. La UACJ y la Secretaría de Salud, por su parte, están a punto de culminar una investigación en torno a las adicciones en la ciudad.

–Si no ha dado resultado el combate al narcotráfico, ¿funcionará el programa contra las adicciones?

–Sí. Pero aquí hay dos problemas. Uno: mientras no mejore la seguridad de manera sustancial será difícil recomponer el tejido social… No obstante, nosotros también pensamos que independientemente de ello tenemos que entrarle a los programas sociales, sobre todo a los emergentes. Es claro que aunque no mejore la situación de seguridad, la falta de programas sociales empeora las cosas.

“En la Mesa de Salud Mental el problema es que prácticamente no hay presupuesto. La salud mental no existía en las predicciones presupuestales del gobierno federal, a pesar de que el daño psicoemocional de la población juarense es similar al de un desastre humanitario.

“A pesar de esa situación, no hay esa predicción presupuestal prevista en la normatividad del gobierno; tampoco se implementó un programa emergente con la mano de obra necesaria, a pesar de que se lo demandamos a Calderón desde su primera visita.”

En la Mesa de Desarrollo Social las cosas son aún peores, considera Almada. Dice que la gente que envió la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ni siquiera se interesó por conocer la situación que viven los juarenses. Optaron por incorporar a más gente al padrón del programa Oportunidades en sólo tres colonias: Oasis Revolución, Plutarco Elías Calles y Luis Olague, de las 900 que hay en la ciudad.

“Esto hace que los problemas más significativos no se hayan atendido, a pesar de que la problemática es acuciante a causa del abandono”, expone el entrevistado.

“Hay un rezago histórico en todos los temas: educación, salud, atención a la niñez, a la juventud, a las personas con discapacidad y a quienes tienen problemas psicoemocionales o de adicciones”, dice Almada.

E insiste: “Lo que se requiere es sanar el tejido comunitario y atacar la pobreza que afecta a la mitad de la población (1.3 millones de habitantes)”. Y pone como ejemplo las guarderías. “Tenemos cupo sólo para 8 mil niños, pero la demanda es de 120 mil lugares”.

A lo anterior deben sumarse los problemas sociales emergentes derivados de la guerra emprendida por el gobierno federal contra el narco: atención a víctimas de la violencia así como a los adolescentes en situación crítica. Y aunque comenta que algunas cosas se están haciendo desde la Mesa de Educación, la Sedesol no trabaja con las redes comunitarias y sociales por lo que se desconoce cuáles son las poblaciones más afectadas.

–¿Es incongruente que no se atiendan estos problemas cuando Todos Somos Juárez se inicia a raíz de la masacre de 15 jóvenes a cuyas familias lastimó el presidente Calderón al llamarlos “pandilleros”?

–Fue el detonante. Pero también viene como respuesta a una realidad de gran dolor que ya vivía la ciudadanía, al clamor de las organizaciones sociales y civiles que demandaban la intervención gubernamental.

Hay avances, pero limitados

La activista Teresa Almada, integrante de la Mesa de Educación, en la que se incluyen 72 de los 140 compromisos de la estrategia Todos Somos Juárez, habla de los aciertos, sobre todo, dice, por la ampliación de la jornada escolar en 60 primarias públicas en las colonias críticas, aunque aclara que en las secundarias aún hay dificultades.

Otra acción significativa es el crecimiento de la matrícula en educación media superior y la construcción de cuatro escuelas de bachillerato en las zonas más pobres de la ciudad. “Es la primera vez que va a haber escuelas en esta zona. Es el pago a una deuda histórica, porque la escuela estaba dirigida a la clase media”, expone.

En cuanto a las becas a estudiantes de nivel medio superior y superior, la ayuda es notable. En el primer caso, relata, fueron 5 mil 100. Además se abrieron 4 mil espacios en la UACJ, en la Universidad Tecnológica y en el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez. “Son acciones importantes, aunque por el rezago educativo obviamente no van a revertir el grado de violencia”, advierte.

En el ámbito cultural las autoridades remodelaron los museos de la ex Aduana y de la Revolución Mexicana, y pusieron en marcha varios proyectos comunitarios y otros orientados a la promoción de artistas, todo ello pese a que faltó una estrategia para convertir la cultura en un recurso frente a la violencia avasallante.

Teresa Almada pone énfasis en el punto 84 –las acciones de la sociedad civil– que, dice, se abordó de manera velada. Aun cuando la encomienda era atender a 2 mil 500 niños y jóvenes en riesgo o en situación de calle para reintegrarlos a la educación básica, ella reconoce que el problema es mucho mayor.

“Creo que hay un fondo de 2.5 millones de pesos para un tema que requiere una estrategia mucho más acabada y más recursos. El problema es que hay miles de adolescentes fuera del sistema educativo y que las estructuras de la SEP son más para los jóvenes integrados que para los excluidos.

“Todos los adolescentes que participan en pandillas o que están en riesgo de vincularse al narcotráfico o a la delincuencia requieren otro tipo de estrategia de intervención, no porque se pongan ahora escuelas van a venir a las aulas. Este punto es central porque 30% de los adolescentes de 12 a 15 años está fuera del sistema escolar; mientras que el índice de jóvenes de 15 a 19 años llega a 31%.”

–¿Cuáles son las características de estos jóvenes?

–No me gusta el concepto de los “ninis” (los que ni estudian ni trabajan). Creo que encubre situaciones muy diferentes, cada una de las cuales requiere un tipo específico de tratamiento. En ese concepto se engloba lo mismo a un joven que no pudo entrar a la universidad y está esperando otra oportunidad, que a un adolescente de barrio que a los 15 o 18 años no sabe leer ni escribir.

“Por eso el concepto no me parece adecuado. Yo distinguiría varios tipos: uno, ligado a adolescentes y jóvenes vinculados con procesos de socialización violenta que, paradójicamente, desde mi punto de vista, no es tan difícil integrar y menos en este contexto.

“Los consejeros insistimos en colocar este sector como prioridad para 2011. El reto es saber cómo diseñar alternativas para estas poblaciones que no están necesariamente vinculadas al narcotráfico, pero potencialmente pueden estarlo. Sabemos que las bandas suelen contratarlos para un trabajo determinado, incluso riesgoso, pero el día de mañana ya no les sirven, algunos incluso son asesinados. Hay sicarios que sólo viven un día.”

–Resulta paradójico que temas enfocados a rescatar a los adolescentes y jóvenes sean ajenos al programa Todos Somos Juárez, cuando éste se diseñó después de la matanza de 15 estudiantes en Villas de Salvárcar el año pasado...

–Y cuando lo jóvenes son utilizados por la delincuencia organizada. Es lo que te decía. Esto implica mucho más. Este programa fue hecho al vapor. l

Ante su elección, un PAN "perverso" y "corrupto"

La pugna por dirigir el Partido Acción Nacional –que se decidirá mediante votación de consejeros el 4 de diciembre– se mezcló, previsiblemente, con el forcejeo de los grupos de poder por imponer al candidato presidencial para 2012. El veterano militante César Leal lamenta que su partido esté en manos de “chambistas”, y el diputado federal Manuel Clouthier Carrillo denuncia que persiste el afán de Felipe Calderón por imponer al líder, como lo hizo con Germán Martínez y César Nava. Los propios aspirantes a encabezar el partido –como Cecilia Romero– diagnostican que está “pervertido” y “corrupto”.

Álvaro Delgado

En pleno declive del gobierno de Felipe Calderón, cuando ya se inició el proceso sucesorio de 2012, la situación del PAN es aciaga: sin identidad, sometido a decisiones cupulares, enfermo de corrupción, abusos e impunidad, como el caso de César Nava, así como falto de líderes y con profusas divisiones e intrigas entre sus diversas facciones, aun en la dominante…

En suma, a 10 años de ejercer el gobierno federal, el PAN está pervertido. “Dicen que se pervirtió por razones de poder. No, se pervirtió por chambismo. Son dos cosas diferentes: el poder es servicio; el chambismo es egoísmo en favor de uno nada más”, sentencia el senador César Leal Angulo.

Veterano panista, amigo desde la juventud del Maquío Manuel Clouthier y a quien un sector del PAN le da condición de ideólogo, Leal admite que el PAN se ha “deformado en muchos aspectos” y “nunca como ahora había tenido esta crisis de resquebrajamiento interno ni de duda de su propia doctrina política”.

El PAN, evalúa, vive una crisis de unidad y de congruencia: “Habíamos permanecido en una ruta de pensamiento cristiano de origen humanista y nos empezamos a salir y a confundir al PAN con una especie de pandilla por los puestos”.

En este contexto se ha iniciado la contienda entre Gustavo Madero Muñoz, Cecilia Romero Castillo, Francisco Ramírez Acuña, Judith Díaz Delgado, Roberto Gil Zuarth y eventualmente Iván Manjarrez, confeso militante de El Yunque, de entre los que surgirá el cuarto presidente del PAN en cuatro años de gobierno de Calderón.

Cecilia Romero, la primera mujer que se inscribió para presidir el partido en el que milita desde 1982, no vacila en describir la condición actual del PAN: “El diagnóstico es crudo, pero real: se ha corrompido por la búsqueda de posiciones”.

Sometida a la crítica tras la matanza de 72 indocumentados –y cuya responsabilidad no admite “ni por omisión”– e identificada como la candidata de la organización ultraderechista El Yunque, que mantiene un pacto con Calderón, Romero cree urgente unir a su partido, pero de verdad.

“Creemos que la unidad se edifica a partir de concertación previa, de planchazos, de decisiones cupulares para una sola candidatura o una sola posición, y ahí está el meollo del problema: la unidad no se construye con silencios agachones ni con arriar banderas sin haberlas defendido. La unidad construida a partir de componendas y de reparto es un disfraz de unidad.”

En esta disputa por el control del PAN, que concluirá con la elección en el Consejo Nacional, el 4 de diciembre, gravita la influencia de Felipe Calderón, quien controla una mayoría relativa de los 381 miembros del máximo órgano partidista de dirección, que antes avaló la imposición de Germán Martínez y César Nava.

Sólo dos de los cinco aspirantes –que por cierto lo apoyaron desde su precampaña en 2005– han tratado de tomar distancia de Calderón, quien les garantizó, afirman, una imparcialidad en la contienda que no había desde que, en 2005, fue electo Manuel Espino, hoy sometido a un proceso de expulsión y que dice estar presente a través de unos 80 consejeros.

En su registro, el primero de los cinco, el senador Madero, parafraseó a Manuel Gómez Morín, fundador del PAN y chihuahuense como él: “Acción Nacional nunca se casará con un régimen ni aun con el que pudieran formar hombres suyos allegados al poder”. Y añadió: “La relación óptima entre nuestro partido y nuestros gobiernos se define por la máxima colaboración posible, pero ninguna subordinación admisible”.

Ramírez Acuña, cuya relación con Calderón se enfrió al removerlo como secretario de Gobernación y que ahora tiene el respaldo de los presidenciables Josefina Vázquez Mota y Santiago Creel, advirtió: “Nuestro partido no es pertenencia de un grupo político”.

Y mientras que Romero afirmó en su discurso de registro que “en el PAN no creemos en caudillos”, la senadora Díaz Delgado ni siquiera tocó el tema, aunque aclara en entrevista que “es una obligación” de su partido acompañar a Calderón.

Al respecto, el diputado federal Manuel Clouthier Carrillo, quien advierte que desde el gobierno hay una estrategia para dividir a la “oposición” panista, afirma que el partido ha retrocedido, entre otras razones, por la subordinación a Calderón.

“Las tres banderas que pregonaba el PAN históricamente fueron la generosidad en la política –la gente venía a dar, no a darse; a servir, no a servirse–, la honestidad y la democracia, y a las tres les dieron en la madre.”

–¿En este sexenio?

–¡Sí! ¡Ese es el problema! ¡Eso es lo que estamos reclamando! La trascendencia de esta elección interna es que los consejeros deben cuestionarse qué PAN quieren: uno débil o uno fuerte. Porque lo único seguro es que Calderón se va a ir y el PAN se va a quedar.

“El PAN no necesita un incondicional de Calderón. Es lo peor que le puede pasar. La muestra es Nava. El criterio es muy sencillo: cuando dos personas están de acuerdo, una sale sobrando; y si va a haber un incondicional en el PAN, el que sale sobrando es el presidente del PAN.”

Clouthier cuestiona también la probidad de Nava –a quien públicamente acusa de impedirle ser militante– porque no es creíble que compre un departamento de casi 20 millones de pesos, cuando al inicio del sexenio él tenía deudas por 4 millones de pesos: “El patrimonio de Nava no tiene más que dos lógicas: o es vivo de más, o yo soy muy bruto. ¡Las cuentas no dan!”.

–¿Lo juzga un corrupto?

–Vamos a dejarlo en vivo de más.

Romero, quien fue suegra política de Nava, reconoce que el escándalo afecta a su partido: “Esto le pega al PAN, definitivamente, pero es un asunto absolutamente personal del que él debe dar cuenta”.

Intrigas palaciegas

Después de la imposición de Martínez desde Los Pinos, en diciembre de 2008, y de Nava, tras la debacle de julio de 2009, la única ventaja que los panistas aprecian ahora es que se recuperó la competencia y hay una relativa “incertidumbre democrática”.

De hecho, el éxito de la candidatura de Ramírez Acuña, que se presenta como “oposición” interna, se funda en la división –real o supuesta– de la facción felipista: los que apoyan a Madero y a Gil Zuarth, socio del repentinamente próspero despacho de Germán Martínez.

Sin embargo, Juan José Rodríguez Prats, quien contendió por la presidencia en 2005 ante Espino, Alejandro Zapata y Carlos Medina, advierte que Gil –cuyo registro se programó para el domingo 24– no reúne los requisitos para presidir el PAN:

“Por donde le busquen, ese señor no cumple con los requisitos. El PAN tiene una cultura de la legalidad, que ha sido atropellada frecuentemente. ¡Basta ya!”, exclama y, antes de que se oficialice la candidatura de Gil, adelanta al reportero que recurrirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El exdiputado explica que el presidente del PAN encabeza también el Consejo Nacional y, por lo tanto, para ser consejero debe cumplir con los cinco años de militancia activa que exige el artículo 45 de los estatutos. Gil sólo tiene dos años y cuatro meses de militancia.

Y es que la candidatura de Gil es vista como de recambio a la de Madero, quien no concita respaldo por “gris”, y es promovida por el grupo que encabeza Martínez, aliado con Patricia Flores Elizondo, la exjefa de la Oficina de la Presidencia, y el operador electoral Jorge Manzanera, los tres consejeros nacionales.

De este grupo, que impulsa también la candidatura presidencial del secretario de Educación, Alonso Lujambio, forman parte “mafias locales”, entre otras las del alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal; Alejandro Vázquez, expresidente del PAN de Veracruz; el exalcalde de Reynosa, Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca; y Ricardo Anaya, presidente de ese partido en Querétaro.

Algunos de ellos son clientes de Desarrollo de Campañas, S.A. (Docsa) y Consultoría Privada y Gubernamental, S.A. de C.V., propiedad de Manzanera, que ha hecho mancuerna con Flores, quien dio una provocadora entrevista a la revista Gente, de Televisa, para su edición de octubre.

En su reaparición pública en la revista, que desplegó fotografías que resaltan su sensualidad, Flores aseguró que no fue despedida del gobierno, sino que renunció por su voluntad; añadió que su relación con Calderón es “inmejorable” y, desafiante, aseguró que no está retirada de la política: “Sé mucho como para retirarme”.

De hecho, el primer signo de división de la facción felipista se produjo en la elección del dirigente juvenil del PAN, que ganó Jonathan García Uribe, quien se impuso a Pablo Sánchez Servitje, el candidato “oficial”, y a Juan Pablo Adame, hijo del gobernador morelense, Marco Adame.

La operación para la victoria la hicieron Flores y Quintana, ambos consejeros nacionales propuestos por el CEN después de que fueron rechazados por la militancia en Durango y Chihuahua. Ahora son los estrategas de Gil.

La fuerza de El Yunque

Madero, por su parte, es respaldado por el grupo que promueve como presidenciable al secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, como se evidenció en su registro, apadrinado por Luis H. Álvarez, quien dijo haberse enterado ese día que le será otorgada la medalla Belisario Domínguez, junto con Javier Barros Sierra, quien fuera gallardo rector de la UNAM.

Junto con Álvarez, quien a menudo hace política partidista en horario laboral, dio su firma César Leal, exasesor de Espino: “Madero es la parte limpia del PAN y le tenemos confianza a su congruencia. Los líderes son para los momentos en que los necesita la institución, y es el caso”.

Otros avales de Madero son el gobernador de Baja California, Guadalupe Osuna, y el de Sonora, Guillermo Padrés; el presidente del PAN en Sinaloa, Francisco Solano; el diputado Jesús Ramírez, allegado a Nava, y la diputada Mariana Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala.
Del gobierno federal dieron su firma los subsecretarios Maki Esther Ortiz y Rogelio Carvajal, así como el procurador del Consumidor, Antonio Morales, quien suele irse a descansar a Colima en el primer vuelo de cada viernes.

En lo que ha sido el acto con más simpatizantes de un aspirante, con Madero estuvieron la mayoría de los senadores que coordinó hasta del 26 de agosto, entre ellos el creelista Felipe González, quien niega que Madero sea candidato de Calderón.

“Se inscribió sin que en Los Pinos le dieran la salida. Para muchos que creen que en Los Pinos le dijeron: salte y vete a la campaña, no es así; más bien lo contrario. Por eso dijo que el partido no se debe entregar a ninguna administración, aunque sea panista, y que ninguna subordinación es admisible.”

El coordinador de la campaña de Madero, el senador duranguense Rodolfo Dorador, rechaza también que aquél tenga el sello oficial, aunque admite que “platicó con el presidente” sobre su candidatura.

–¿Si no le dio su aval, tampoco le impuso un veto?

–Así pudiera entenderse.

Dorador niega también la medianía de Madero: “No lo concibo como gris, al contrario, es un liderazgo que permite que otros liderazgos crezcan y eso también es un liderazgo muy interesante para Acción Nacional”.

Fernando Palma es otro simpatizante de Madero, de quien afirma que no “acepta consignas ni línea”, aunque él mismo fue testigo, como colaborador de Espino, de que el senador acató la orden de Germán Martínez de quitarle a la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) el edificio sede en las Lomas de Chapultepec.

El fastuoso registro de Madero, el miércoles 20, contrastó con el muy modesto de Romero, quien reunió a escasos simpatizantes, que junto con los consejeros que la avalan con su firma, acreditan su condición de candidata de El Yunque, al que pertenecen unos 84 integrantes del Consejo Nacional, según panistas, aunque otras estimaciones cuentan a 100 de los 381 consejeros.

Junto con Blanca Magrassi, esposa de Luis H. Álvarez, y el veterano periodista Esteban Zamora firmaron como avales de Romero personajes identificados con esa organización: José Luis Luege, director general de la Comisión Nacional del Agua; Juan Carlos Mondragón, presidente del PAN en Puebla; y Gustavo Parra, diputado del Estado de México allegado a Luis Felipe Bravo Mena, secretario particular de Calderón.

También Leonor Popócatl, diputada de Puebla; Alejandra Reynoso, diputada de Guanajuato; Carmen Lucía Pérez, presidenta del Instituto de Mujeres de Jalisco; Ignacio Loyola, exgobernador de Querétaro, y Rafael Morgan, subsecretario de la Función Pública allegado a Calderón.

Otros juramentados que asistieron al registro fueron José Espina, presidente de la Comisión de Elecciones; Alfredo Botello, exsecretario de Gobierno de Querétaro y miembro del CEN; Rodrigo Iván Cortés, director de Relaciones Exteriores; Carlos Pizano, exsecretario particular de Carlos Abascal; y Alfonso Bravo y Mier, expresidente de Provida.

–De entrada usted tiene el voto de El Yunque –se le comenta a Romero.

–Yo creo que sí, aunque no sé si todos, ¿eh?

En efecto, hay yunquistas que se han acercado a otros candidatos: por ejemplo, Adriana González Carrillo, allegada a Bravo Mena, apoya a Ramírez Acuña, así como Guillermo Bustamante, el jurídico del CEN, y Carbajal a Madero. “Entonces no todos. Por eso va estar muy interesante la votación. Preveo una elección de por lo menos dos rondas, y voy a ganar”, dice Romero.

Ella disputa con otra mujer, Díaz Delgado, no sólo el voto de los consejeros, sino ser la primera en presidir el PAN: “Cuando yo avisé que quería participar, hace un mes, nadie más lo había hecho como mujer, y eso sí lo quiero dejar muy claro”, dice la senadora.

Amiga de Luisa María Calderón, hija de un pastor protestante y que por eso en religión se ubica como “lo contrario” a Romero, Díaz asume difícil su triunfo, pero se propone que el PAN repudie la corrupción y la impunidad, “me sumen o no me sumen votos”.

–Por lo pronto ya ganó, por ser la primera en querer ser candidata.

–Sí, estamos abriendo un espacio que había estado cerrado para las mujeres.

Ramírez Acuña busca capitalizar la división en la facción que encabeza Calderón y ha sumado a personajes como Rodríguez Prats y Clouthier, quien cree que las candidaturas de Gil y Romero sólo buscan dividir el voto opositor a Calderón.

“Aquí hay una estrategia que busca que la elección no sea de dos. En la medida en que la elección se polarice y se haga de dos, en esa medida tiene posibilidades, voy a llamarle así, la oposición –dice Clouthier–, y entonces están metiendo a Romero y a Gil con el objeto de dividir a la fracción opositora, para que Cecilia jale a las vacas sagradas y Gil jale a los diputados que son consejeros. Esa es la estrategia.”

–¿No es auténtica la supuesta división felipista?

–Yo creo que no. l

EL GOBIERNO "NINI"

Los verdaderos NINI son Felipe Calderón y su flamante cuerpo de notables. O como dicen por ahí tenemos un gobierno NINI, somos un país NINI


boletìn 4

"Lujambio, el secretario nini"

“Ni convence ni explica ni justifica” los gastos del bicentenario, le reprochan diputados

Comparecencia de pesadilla para Lujambio; lo llaman secretario nini

La celebración fue una cátedra de despilfarro, le dicen

“Son excesos hipotéticos”, replica

El titular de la SEP, Alonso Lujambio, flanqueado por los diputados Cecilia Arévalo y Óscar Lara

Ante diputados, se niega a detallar gastos del bicentenario
Llaman a Lujambio secretario nini; “ni explica ni convence”
*“Los $2 mil 900 millones no fueron despilfarro, sino inversión”, afirma
*“No me toca entregar copias de contratos”; los remite al ISSSTE
*‘‘El mundo vio que estamos orgullosos de nuestro sentido identitario’’

Enrique Méndez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Alonso Lujambio, titular de Educación Pública, no ofreció ayer a los diputados respuestas precisas sobre el gasto en los festejos del bicentenario del inicio de la Independencia, en una actitud que le mereció del priísta David Hernández Vallín la definición de “secretario nini: ni convence ni explica ni justifica”. Y ante la crítica de que la celebración fue una “cátedra de despilfarro”, Lujambio reviró: “Son excesos hipotéticos”.

Ayer, la comparecencia de Lujambio ante la comisión especial que sigue el gasto por el bicentenario se volvió ríspida. Las críticas de Hernández Vallín y de Martín García Avilés (PRD) provocaron que Lujambio golpeara la mesa con su índice derecho mientras respondía. “¡No, no ha habido despilfarro!”

Los legisladores le demandaron entregara copias de los contratos con empresas privadas que asesoraron al gobierno de Felipe Calderón y Lujambio los remitió al ISSSTE o al Turissste para solicitar esos documentos. “Yo no soy quien deba enviárselos. Eso no está en mi resorte”, alegó.

En un intercambio de casi tres horas, el secretario informó que hay 14 auditorías al fideicomiso que manejó 2 mil 900 millones de pesos, y pidió a los legisladores aguardar los resultados de la investigación que realiza la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Asimismo, reconoció que es su responsabilidad el retraso en el levantamiento de la Estela de Luz en Chapultepec, porque fue él quien decidió que se detallara el estudio sobre la profundidad de la cimentación y el peso para resistir la velocidad del viento y el movimiento telúrico de la pieza. “Prefiero el retraso a una construcción sin certezas. No quiero poner en riesgo la vida de ninguna persona”, atajó.

Lujambio revolvía hojas, revisaba las tarjetas que le pasaban sus asesores y la comparecencia llegó a tal punto que el secretario de Educación citó incompleto el nombre del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y luego negó que en la relación de empresas contratadas exista una de nombre Ficticia S de RL. “No hay ninguna empresa ficticia”, dijo.

Carlos Ezeta (Panal) y Hernández Vallín mostraron la lista de empresas contratadas, que la propia SEP dio a conocer en conferencia de prensa hace un mes, y en el número 33 aparece la compañía Ficticia, con un contrato de asignación directa por un millón 110 mil pesos por “producción y diseño empresarial de los contenidos museográficos del proyecto México, un paseo por la historia”, en la exposición en Guanajuato.

Lujambio presumió las actividades, exposiciones y ediciones que se realizaron con motivo del bicentenario: la restauración de la Alhóndiga de Granaditas, dos regatas en Veracruz, la apertura de la Galería Nacional en Palacio Nacional, el “espectáculo bellísimo” de la pantalla itinerante, los carros alegóricos, la contratación de músicos, maquillistas… y hasta “el poliuretano para la figura del coloso”.

El secretario afirmó que la erogación de 2 mil 900 millones de pesos no fue un gasto, sino una inversión. El país, se ufanó, “le enseñó al mundo que los mexicanos estamos de pie y orgullosos de nuestro sentido identitario (sic)”.

Hernández Vallín volvió con la crítica: “La historia de México no puede construirse con fetiches y baratijas. No cabe duda, quien hoy ocupa el despacho de José Vasconcelos insulta la inteligencia de la Cámara.

“La fastuosidad e inutilidad de un gasto multimillonario no puede esconderse bajo un discurso ilusionista capaz de desaparecer miles de millones de pesos en un asombro de palomas.

“A los muchachos ninis, hoy se suma usted, transformado en un funcionario nini nini ni. Porque sus respuestas ni convencen ni explican ni justifican ni clarifican ni contribuyen a transparentar un gasto que debe ser restituido por los que violaron la ley para hacer negocios particulares, en nombre de la Independencia y la Revolución.”

El priísta resaltó que el gobierno de Felipe Calderón anunció la distribución de libros sin contenido, y Lujambio Irazábal, así como diputadas del PAN, atribuyeron el comentario del legislador a Viaje por la historia de México, de Luis González y González.

“¡Me ofende como secretario que usted hable de libros vacíos de contenido! Que se exprese así del trabajo de la Academia Mexicana de la Historia y de uno de los estudiosos más prestigiados en la historia de México, don Luis González, egregio michoacano”, devolvió Lujambio.

Esperanza Lugo (PAN), copresidenta de la comisión especial y ex tesorera de la organización guadalupana Cúbrenos con tu manto, incluso sostuvo que González y González escribió esa obra “por afición”.

El diputado Andrés Aguirre Romero (PRI) insistió en la pregunta de por qué la asignación directa de contratos y punzó: “Si los héroes de la Revolución supieran lo que se gastó en un festejo de pirotécnica, harían otra revolución”.

Óscar Lara Salazar (PRI), copresidente de la comisión especial, concluyó que en los festejos a cargo del gobierno de Felipe Calderón privó la desorientación. “Teníamos el compromiso moral de recordar con dignidad los movimientos fundadores de nuestra mexicanidad y, por donde se vea, antes que una celebración de la República se convirtió en un evento mediático, en una conmemoración vacía, de carros alegóricos y pirotecnia”.

Monumento a la ineptitud

Los funcionarios detenidos.

John M. Ackerman

MÉXICO, D.F., 13 de octubre.- El “michoacanazo” constituye un monumento a la ineptitud en la procuración de justicia en el país. Revela de manera ejemplar por qué la mal llamada “guerra” contra el crimen organizado ha fracasado tan contundentemente. No tiene sentido alguno enviar militares a las calles o crear “mandos únicos” para la policía, si el Ministerio Público (MP) es simplemente incapaz de integrar una consignación convincente.

En lugar de investigar y vigilar el comportamiento de los 35 servidores públicos de Michoacán para poder así robustecer un expediente acusatorio que fuera imposible de desvirtuar ante el juez, la Procuraduría General de la República (PGR) prefirió actuar torpe y apresuradamente antes de la jornada electoral de julio de 2009. En vez de utilizar a los “testigos colaboradores” y la figura del arraigo como puntos de partida para ampliar indagaciones que debiliten desde sus raíces a las organizaciones criminales, la PGR se conforma con las declaraciones de un par de “delincuentes colaboradores” y una supuesta “narconómina” encontrada en la computadora de otro criminal.

De acuerdo con la información proporcionada por la misma autoridad, aparentemente en los expedientes no existe una sola prueba pericial objetiva o al menos algún testimonio o evidencia aportados por alguien que no sea narcotraficante. Con razón, las decisiones de tantos jueces y magistrados distintos, y no solamente las del juez primero de Distrito en Michoacán, Efraín Cázares, han llevado a la liberación de todos menos uno de los acusados.

Vale la pena recordar que el MP no fue siquiera capaz de ejercer la acción penal en contra de 10% (tres de 30) de los funcionarios públicos inicialmente arraigados en junio de 2009. Es decir, el procurador solicitó, y un juez otorgó, el encarcelamiento anticipado de tres personas que no solamente son totalmente inocentes, sino que no tuvieron absolutamente nada que ver con la “evidencia” ofrecida por los “testigos colaboradores”. Estamos ante una violación sumamente grave de los derechos humanos, otro imperdonable “daño colateral” de la “guerra” contra el narcotráfico.

El fondo del problema es el evidente desprecio y constante violación del principio constitucional de presunción de inocencia por parte de la PGR. Por ejemplo, en la conferencia de prensa del pasado 30 de septiembre, Marisela Morales, titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), simplemente echó por la ventana el artículo 20 de la Carta Magna, que desde julio de 2008 explícitamente garantiza esta presunción, al manifestar: “Debe decirse que los inculpados durante el proceso penal no aportaron prueba que desvirtuara de manera contundente las imputaciones que había en su contra, tal como lo exige la ley en estos casos; sin embargo, el juez primero de Distrito en Michoacán no consideró esto al resolver que las pruebas incriminatorias se habían desvirtuado, lo que trajo como consecuencia la libertad de ocho exservidores públicos”.

En otras palabras, los acusados tienen la responsabilidad de demostrar su inocencia al “desvirtuar” de manera “contundente” las “imputaciones” en su contra, y no es la autoridad la que se encuentra obligada a ofrecer pruebas convincentes de sus acusaciones. De acuerdo con la subprocuradora, la carga de la prueba descansa del lado del inculpado y no del Ministerio Público, así que basta con una buena acusación para mandar a un ciudadano a podrir en la cárcel. Sobra decir que no existe “ley” alguna que “exija” este enfoque.

En lugar de reconocer sus errores y aceptar su derrota jurídica, con soberbia el procurador Arturo Chávez Chávez y la subprocuradora Morales insisten en descalificar a las instituciones públicas del país. El mismo grupo político que tanto se escandalizaba en 2006 cuando Andrés Manuel López Obrador, el “peligro para México”, criticaba al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y que ha exigido una confianza ciega en las fuerzas militares, ahora apela a la desconfianza y al “sospechosismo” que supuestamente repudiaba con tanto ahínco.

De acuerdo con el gobierno federal, el juez Cázares debe ser castigado por haber resuelto los casos de “forma cuestionable” y “extraña”. Sin embargo, aparentemente la PGR no cuenta con evidencia alguna, ni siquiera en la voz de “testigos colaboradores”, de que el juzgador haya recibido algún soborno o incurrido en alguna otra irregularidad concreta. Una vez más, la PGR piensa que su sola acusación debe ser suficiente para castigar a su adversario.

Al final de cuentas, las nuevas figuras supuestamente “modernas” de “testigo colaborador” y de arraigo han funcionado más para cubrir la desidia de la PGR en la investigación que para potenciar las indagaciones. Nos encontramos ante el mismo sistema de siempre, que primero detiene a los sospechosos y después los investiga, cuando la normatividad exige precisamente lo contrario. Las recientes sentencias condenatorias del Estado mexicano emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo también confirman el estado de descomposición en que se encuentra el sistema de justicia del país.

Las soluciones al problema ya están en la mesa: autonomía, rediseño institucional y un consejo rector independiente para la PGR; eliminación del fuero militar para todos los delitos cometidos contra civiles; transparencia plena de las actividades del Poder Judicial y mayor independencia para el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). El derecho comparado demuestra que reformas de esta naturaleza podrían mejorar de manera significativa el funcionamiento de las instituciones públicas del país. Lo único que falta es suficiente voluntad política. l

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