Excelente análisis de la reforma laboral del PRIAN...

La iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo presentada el pasado 10 de marzo por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) integrado por 238 diputados, representa un grave retroceso en los derechos de los trabajadores. Es evidente la confabulación del PRI y de los dirigentes de las centrales sindicales como la CTM y la CROC con el sector empresarial para menoscabar legalmente derechos fundamentales como el de estabilidad en el empleo, salario remunerador, condiciones de trabajo dignas, seguridad social y el de libertad sindical a cambio de que no sean trastocados los intereses de dirigentes sindicales tradicionales para que sigan manteniendo el control de los trabajadores y continúen usufructuando a los sindicatos como negocio.

Se trata de una reforma que toma como referencia las propuestas fundamentales contenidas en la iniciativa de reforma laboral del Partido Acción Nacional del 18 de marzo de 2010. Es una copia mejorada en la afectación de los derechos individuales con la ventaja empresarial que mantiene un modelo sindical que impide la participación de los trabajadores en la definición de las relaciones laborales.

La iniciativa del PRI negociada con el PAN teniendo como actores principales en la confección de esta iniciativa a empresarios que militan en ambos partidos sería de consecuencias muy graves de aprobarse y de las que contabilizamos por lo menos 24 grandes afectaciones en contra de los trabajadores, que son las siguientes:

EN MATERIA INDIVIDUAL

—Estabilidad en el empleo

1. Rompe con el principio de bilateralidad y de estabilidad en el empleo al modificar el artículo 39 de la ley laboral suprimiendo el texto que refiere que la existencia de un contrato se dará mientras subsista la materia de trabajo. De aprobarse esta iniciativa, la existencia de un contrato de trabajo dependería exclusivamente de la voluntad del patrón y no de la subsistencia de la materia de trabajo.
2. Se anula por completo la estabilidad en el empleo y permite el libre despido sin costo para el patrón al permitirle crear contratos de:

A) Prueba, B) Capacitación inicial y de C) Labores discontinúas (en este caso que pueden ser de temporada o que no exijan la prestación de servicios toda la semana, el mes o el año) Este último es el más grave, porque puede darse el caso que una persona trabaje 5 días de los 6 a los que está obligado (como ocurre con muchos trabajadores) permitiendo despidos sin indemnización alguna.

1. Permite el despido libre, pues ya no será obligatorio para el patrón entregar personalmente al trabajador del aviso de rescisión ya que lo podrá hacer por correo certificado o por medio de la Junta de Conciliación y Arbitraje quién podrá comunicarlo “por cualquier medio que estime conveniente”
2. Se incrementan causales de despido como faltas contra los clientes del patrón.
3. Desaparece el derecho al aviso de despido para los trabajadores domésticos.
4. Legitima las renuncias “en blanco” al modificar el artículo 53 de la LFT que en la vigente requiere de un acuerdo entre las partes.
5. Se crean “Normas nuevas” dirigidas a los Jornaleros Agrícolas, que se refieren especialmente a un “Registro especial de trabajadores eventuales o de temporada” para justificar el despido libre y sin costo en contra de ellos.

OUTSOURCING

1. Legaliza el contratismo de terceristas que hoy es ilegal, permitiendo que los patrones no asuman sus obligaciones laborales y lo hagan por ellos los contratistas, materializándose “fraudes legales” contra los trabajadores al suprimirse la responsabilidad solidaria en el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo.

SALARIO

1. Permite su fijación de manera unilateral por parte del patrón sin intervención sindical.
2. Legaliza la polivalencia (el multiusos) con el mismo salario.
3. Con la certificación laboral permite la imposición de condiciones unilaterales de trabajo sin beneficio salarial acordado bilateralmente;
4. Permite la fijación del monto de bonos, incentivos y comisiones de manera unilateral los cuales no son obligatorios revisarlos.
5. Desaparece el salario mínimo y se crea el “salario infinitesimal”, porque el artículo 83 de la LFT se modifica para que el salario se pueda pagar de manera proporcional por el tiempo laborado con la base del salario mínimo; si se trabaja una hora diaria, se podrá pagar un octavo del salario mínimo, $7.47 pesos por hora. Una persona que labore 4 horas diarias se pagarían apenas $29.90 diarios, la mitad del salario mínimo.
6. Legaliza la subcontratación vía “outsorcing” reduciendo el costo de la fuerza de trabajo y permitiendo que en una misma empresa haya trabajadores con mismas funciones con diferente salario y prestaciones.

CONDICIONES DE TRABAJO

1. Se permite la ampliación de tareas, cambio de los días de descanso contenidos en los contratos y de las horas de la jornada de trabajo que pueden ajustarse diariamente en función de las necesidades de la producción

SEGURIDAD SOCIAL

1. La “TABLA DE ENFERMEDADES DE TRABAJO” y la “TABLA DE VALUACIÓN DE INCAPACIDADES PERMANENTES”, que hoy contemplan los artículos 513 y 514 de la Ley Federal del Trabajo dejan estar incorporadas a ella para convertirlas en una clasificación meramente administrativa, dejado de ser derechos laborales básicos.

EN MATERIA COLECTIVA

1. Deja intocado el control sindical corporativo
2. Al legalizar la subcontratación vía outsorcing, permite fragmentar aún más a las organizaciones de los trabajadores, pudiendo existir dos o más sindicatos por la misma actividad y centro de trabajo con diferentes condiciones de trabajo.
3. Cancela la existencia de los sindicatos gremiales.

EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

1. Con la iniciativa se alargan los juicios al dividir la primera audiencia en dos apartados, uno de Conciliación y Mediación y de Demanda y Excepciones y en otro de Ofrecimiento de las Pruebas que se celebrará en otra fecha, cuando ahora solo se puede celebrar en una única fecha.
2. Se reduce el pago de los salarios caídos a un año independientemente del tiempo que dure el juicio laboral, lo que al alargarse los juicios será en perjuicio del obrero y sin costo para el patrón.
3. La prueba del recuento de los trabajadores se hará tomando como base además de las cuotas del IMSS, nominas de pago, un listado de trabajadores sindicalizados que reconozca el patrón (art. 931 fracc. IV inciso 'c' de la LFT) hecho que permitiría indebidamente la injerencia de éstos en materia gremial.

DIRIGIDA CONTRA LOS JÓVENES Y MUJERES

1. El creciente desempleo permitirá mayor explotación en el trabajo con los jóvenes, más bajos salarios e incremento en los accidentes de trabajo al no tomarse medidas legales para evitarlos; no se otorgan facultades a inspectores para cerrar centros de trabajo en caso de incumplimiento de normas de seguridad y se mantienen las ridículas sanciones de hasta 315 salarios mínimos en caso de incumplimiento (las cuales casi nunca se aplican).
2. La iniciativa carece de perspectiva de género permitiendo se mantenga la inequidad, explotación y hostigamiento sexual contra las mujeres.

En conclusión: de aprobarse la propuesta del PRI para reformar la Ley Federal del Trabajo, generará más pobreza, problemas sociales y una grave afectación a los derechos humanos de los trabajadores. Por este motivo, hacemos un llamado a las organizaciones sindicales, a la clase trabajadora en su conjunto, a organismos de derechos humanos, a que no permitan se consume esta contra reforma laboral.

Iniciamos una “Jornada en defensa de los derechos laborales” el martes 15 de marzo próximo, con dos mesas de trabajo, una a las 12 hrs con el análisis de la afectación a la estabilidad del empleo, bilateralidad, salario y derechos humanos, y otra a las 17 horas con el análisis de la afectación de las condiciones de trabajo, administración de justicia y derechos colectivos con la participación de académicos, abogados, sindicalistas y expertos en la materia que se celebrará en la instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en el salón “Digna Ochoa”, ubicadas en Av. Universidad 1449 Col. Florida, Del Avaro Obregón. Se acordó implementar estas jornadas a nivel nacional.

El viernes 18 de marzo se anuncia una marcha a partir de las 16 horas que partirá del Ángel de la Independencia al zócalo de la ciudad de México“En defensa de los derechos laborales de las y los trabajadores”.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE ABOGADOS DEMOCRÁTICOS

Manuel Fuentes Muñiz

Presidente

Correo electrónico:anad1991mx@gmail.com

Blog ANAD:http://anad1991.wordpress.com

Teléfonos de contacto: 55785133, 55781556

Misterio Público
http://misteriospublicos.blogspot.com

La lucha descontextualizada por aumentar los sueldos es aceptar el capitalismo

Rómulo Pardo Silva

www.malpublicados.blogspot.com

Mejores sueldos es una consigna del lenguaje socialista revolucionario; pero hoy sin limitarla explícitamente a solo para los pobres valida la ideología consumista del capitalismo y la depredación.

Un artículo del estimado James Petras (1) propone una lucha por mejoras salariales como “primer paso en la construcción de una alternativa” al postneoliberalismo. Escribe Petras:

“Los trabajadores y los campesinos ven cada vez más claro que no son ellos los beneficiarios de los éxitos económicos, del crecimiento y de la estabilidad celebrados por los dirigentes de los regímenes desarrollistas. La izquierda debe animar, organizar y capitalizar las crecientes expectativas de las masas por conseguir un nivel de vida más elevado en vista de la subida record de los precios.”

“Los dirigentes de la izquierda deben tener presente que los regímenes desarrollistas son ricos en divisas, tienen superávit presupuestarios y que sus estrategias de desarrollo están produciendo un crecimiento razonable. Dicho de otro modo, la izquierda debe ser consciente de que el capitalismo latinoamericano, globalmente hablando, no está en crisis, y que el régimen y los dueños del capital deben pagar en forma de sustanciales subidas salariales y con un aumento del gasto social. Los recursos financieros disponibles, los ingresos económicos del estado y los beneficios públicos y privados de los sectores agro-industriales, de los sectores minero-extractivos, del sector bancario y de las élites comerciales y manufactureras pueden permitir el aumento de los salarios y de las prestaciones sociales entre un 10% y un 20% anual.”

“El estado desarrollista está concentrando la “nueva riqueza” en los estrechos límites de la parte media y alta de la burocracia estatal que se ha convertido de hecho en la nueva burguesía. La esencia burguesa de este régimen se encuentra en la profunda y creciente desigualdad en lo que se refiere a la estructura de propiedad y la cuantía de los salarios, en las transferencias unilaterales de los ingresos del estado a los acreedores bancarios y en las subvenciones y los créditos a las empresas exportadoras agro-minerales, mientras que las ayudas sociales a los pobres siguen siendo minúsculas y el nivel de los salarios mínimos son realmente mezquinos.”

Petras habla de los pobres, de los salarios mínimos, de un paso en el levantamiento de una alternativa. El peligro es que otros no lean esas condiciones que él no remarcó.

Se sabe de oportunistas que para ganar espacios impulsan campañas por aumentos de sueldos y pensiones esperando la continuidad del sistema y sin importarles las consecuencias laterales. Dirigentes de izquierda han encabezado huelgas de mineros que pedían bonos con los que planeaban renovar sus autos; organizaron paros multitudinarios para poderse jubilar y hacer turismo por el mundo.

Hay hechos objetivos presentes y próximos con los que se debe evaluar la táctica de ‘aumentos de sueldo’ generales.

Existe un consumismo banal masivo; miles de millones de personas carecen de los servicios básicos, trabajo, alimento; se agotan el petróleo, el gas, los minerales estratégicos, las tierras nuevas de cultivo, la fauna marina que sirve de alimento; el cambio climático provocará trastornos incontrolables; la población crece; la economía empresarial no crea puestos de trabajo; hay escasez de agua; una masa gigantesca de capital financiero no tiene respaldo en la economía real; los residuos y la contaminación destruyen los medio ambientes.

La economía capitalista necesita un crecimiento permanente que es imposible porque los recursos naturales son finitos. La OTAN lo sabe y se prepara desarrollando armas nucleares y convencionales para gobernar el mundo.

En este marco el socialdemócrata Lula de Brasil pide a los países desarrollados que consuman más, y por consiguiente aumenten los sueldos.

A los socialistas les corresponde la dura tarea de impulsar una civilización poscapitalista sostenible, sin consumismo depredador. Los pobres sí deben ganar más; pero los otros deben limitarse a un consumo responsable solidario.

UNA BURLA EL INCREMENTO DE 2.6 PESOS AL SALARIO MINIMO

PRECIOSYSALARIOMINIMO2010

Rechazo terminante al IVA disfrazado

Dinero

*Rechazo terminante al IVA disfrazado
*No creen que se usará contra la pobreza
*Mejor subir salarios y pensiones

Enrique Galván Ochoa

¿Abatirá el impuesto antipobreza a la pobreza o es un pretexto para bolsear a los contribuyentes? El 96 por ciento de los encuestados de esta semana se pronunció en contra del nuevo gravamen de 2 por ciento propuesto por el gobierno federal al Congreso. En contraste, 4 por ciento opina que sólo una parte se emplearía contra la pobreza. Apenas nueve personas se inclinaron en favor del nuevo impuesto.
Metodología
Esta semana enviamos 2 mil 500 cuestionarios por correo electrónico a miembros de El Foro México. Ayer en la tarde habíamos recibido la respuesta de 94 por ciento. Un número importante envió sus argumentos además de su voto. En las líneas de enseguida aparecen algunos fragmentos. Los textos completos pueden ser leídos en el foro.
Opiniones
¿El IVA para abatir la pobreza? Más bien es para hacernos más pobres. Ahora sí vamos a recordar muy bien el IVA. IVA a comer, IVA a vestir, IVA a viajar.
Jesús García Gómez/Guadalajara
El horno no está para bollos.
Juan Carlos Díaz/Distrito Federal
El impuesto de 2 por ciento no abatirá la pobreza, sólo la mantendrá, pues ésta debe combatirse con capacitación y con empleos, no con limosnas.
Fernando Méndez Ramírez/Irapuato
¿Podré esperar en mi próximo pago un aumento de 2 por ciento para compensar el que me van a cobrar? ¿Podré conseguir con los 80 pesos que gano al día una alimentación balanceada, pasajes de camión (en Querétaro está a 6.50 pesos y abordo cuatro), un sano esparcimiento, tiempo para poder seguir estudiando y capacitarme?
José Luis Olalde Mendoza/Querétaro
Nada debe subir, al revés, deben pagarnos más a los trabajadores, pensionados y bajar los sueldos al Congreso de la Unión, Presidencia y alta burocracia federal, estatal y municipal.
Santos Tarín Espinoza/Guaymas
Si fuera una empresa ya los hubieran corrido.
Elizabeth Rodríguez Rivero/Colima
Los impuestos en este México, la economía número 11 del mundo, no corresponden a la realidad que vivimos: con ese puesto mundial, ¿cómo podemos entender (y además aceptar) que casi 70 por ciento de los ciudadanos estén en la pobreza? Los impuestos, viejos o nuevos, se destinarán como siempre a financiar la impunidad, el saqueo y a mantener privilegios de los tiburones de siempre. ¡No tienen límite ni llenadera!

Cuauhtémoc de Regil Fernández/Guadalajara
Esto es una burla... no tienen vergüenza, mientras ellos ganan sus salarios jugosísimos, a nosotros, los de abajo, los de siempre, que nos lleve la tía de las muchachas.
Eva Bibiana Saavedra Romero/Distrito Federal
A güevo quieren sacar dinero de donde ya no hay. Que lo obtengan de aquellas empresas que siguen gozando de regímenes de excepción, de subsidios y de regímenes especiales. Los empleados y obreros cautivos bajo el régimen del ISR son los que llevan la carga de mantener al país. Basta ya de tanta injusticia, que paguen los que más tienen.
Felipe Celestino Zermeño/Veracruz
Y si quieren que sea una dependencia gubernamental la que administre la “supuesta ayuda” para los pobres, pues se va a ir decantando en salarios, equipos, gasolina, espots, tiempos perdidos, intereses bancarios y personales, etcétera, etcétera. Lo que les va a llegar a los pobres es la promesa, solamente una promesa.
Marco A. Villaseñor Ramos/Morelia
Hablan de que es necesario para combatir la pobreza e impulsar el crecimiento económico, pero, en realidad, es el Caballo de Troya Tributario.
Javier García González/Distrito Federal
No olvidemos que en la historia hay un ejemplo similar; la tenencia vehicular, donde dijeron que se implementaría como un impuesto temporal para ayudar en la organización de los Juegos Olímpicos de 1968, y el impuesto sigue. Parece que olvidaron la promesa. El Estado ha demostrado que no tiene llenadera.
Francisco Soria Hernández/Zacatecas
En mi pueblo, San Juan Tepa, Hidalgo, tenemos muy poca agua, dos o tres horas cada tercer día. El servicio de electricidad, a partir de las 7 de la noche, no es suficiente ni para encender el televisor. Eso si, los recibos llegan como si los servicios fueran de primer nivel. Y el ahorro por el cambio de horario, ¿dónde está? ¿Se quedó en Foxilandia y sigue en Calderolandia? La carretera que comunica a la cabecera municipal está peor que un camino de terracería, los hoyos ya no caben, las autoridades locales y estatales parece que viven en otro país similar al del presidente, no hacen nada al respecto. ¿Dónde está el México del que habla en sus discursos? ¿Dónde está el Vivir Mejor? Y todavía, ¿más IVA?
Cresenciano Hernández/migrante en Louisiana
galvanochoa@yahoo.com • Foro: http://elforomexico.com

Hoy, AMLO en la Cámara

Realizará una asamblea informativa en las afueras del Palacio Legislativo, luego de exigir a los diputados que la Ley de Salarios Mínimos sea votada / Ayer fue aprobada en comisiones por los diputados

México, 24 de marzo (Notimex).- Andrés Manuel López Obrador llevará a cabo mañana miércoles una asamblea informativa fuera de la Cámara de Diputados, donde exigirá que el proyecto de Ley de Salarios Máximos para funcionarios públicos pase al pleno de inmediato y se someta a votación. El proyecto fue aprobado el pasado 18 de marzo en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara baja. De acuerdo con el Presidente Legítimo de México de aprobarse esta ley, los salarios de funcionarios públicos podrían reducirse en casi un 50 por ciento, ya que, dijo, es agravioso para el erario público las remuneraciones. Dicha iniciativa, indicó, no comprende todas las demandas del Movimiento en Defensa de la Economía Popular, que él encabeza. López Obrador intensificará las acciones y actividades para fortalecer su movimiento, por lo que tiene previsto iniciar desde el martes 31 de marzo un nuevo recorrido por todo el país, el cual iniciará con una visita a las 16 delegaciones del Distrito Federal.
La Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reforma constitucional de la denominada Ley de Salarios Máximos, que establece que ningún servidor público podrá percibir más ingresos que el presidente de la República.
La reforma a los Artículos 75, 115, 123 y 127 de la Constitución fue aprobada la víspera por unanimidad en la Comisión de Puntos Constitucionales y remitida para su análisis a la de la Función Pública, que también la avaló.
Al documento aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales se le hicieron algunas modificaciones para especificar en el Artículo 127 que los préstamos y créditos no forman parte de las remuneraciones.
Al leer el dictamen el presidente de la Comisión de la Función Pública, Benjamín González Roaro, señaló que con la reforma se pretende fijar constitucionalmente un tope al sueldo máximo anual de los servidores públicos.
Asimismo, agregó el legislador panista, crear un equilibrio entre la realidad económica de los gobernados y el desempeño del cargo con la remuneración que reciben los gobernantes.
González Roaro dijo que en este día y mañana el dictamen respectivo será remitido a la Mesa Directiva para que se integre a la orden del día de las próximas sesiones.
Aclaró que una vez que sea aprobado por el pleno en San Lázaro, deberá regresar al Senado con todas las modificaciones, tanto las que se hicieron en la Comisión de Puntos Constitucionales como en la de la Función Pública.
Por otra parte, en la misma sesión se aprobaron modificaciones a la Ley de Obras Públicas y Servicios, para permitir a quienes presentan proyectos a las dependencias públicas puedan concursar para ejecutar la obra.
Antes se prohibía, “lo cual ocasionaba que muchas veces se detuvieran o hicieran mal, debido a que el ejecutor de la obra no conocía todas las determinaciones del proyecto; ahora podrán concursar en las mismas circunstancias que otros empresarios”, concluyó.
La Comisión de la Función Pública, que preside el diputado Benjamín González Roaro, aprobó el dictamen a la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 75, 115, 123 y 127 de la Constitución, a efecto de regular los salarios de los servidores públicos.
Del dictamen original, aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales, se modificó el artículo 127, para señalar que los préstamos y créditos no forman parte de las remuneraciones, siempre y cuando estén establecidos en alguna ley o contrato colectivo de trabajo
Se considera remuneraciones o retribuciones, a toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, comisiones, compensaciones o cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación, que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.
Asimismo, quedan excluidos de esta contabilidad los servicios de seguridad que los servidores públicos, por razón del cargo que desempeñen, así lo requieran.
“Debe existir un tope máximo a las remuneraciones de los servidores públicos, pero eso no significa que deba llegarse a ese tope máximo, sino que sea un referente que permita hacer operativa la reforma para que no existan simulaciones”, apuntó González Roaro, luego de señalar que se enviará a la Mesa Directiva en las próximas horas para que se integre al orden del día de las próximas sesiones.
Luego del trámite en el pleno de la Cámara de Diputados, el dictamen deberá regresar al Senado con todas las modificaciones incluidas por los legisladores en San Lázaro.
Se ratifica el hecho de que no se tocan los salarios de los ministros de la corte, bajo el argumento de que una remuneración como la que reciben garantiza la independencia e imparcialidad de sus fallos, además de que forma parte del esquema para evitar que los impartidores de la ley se vean tentados por dinero proveniente de actividades ilícitas.
El dictamen regula, asimismo, el régimen de liquidaciones para frenar los excesos cometidos cuando, al finalizar sus encargos, múltiples funcionarios han recibido liquidaciones desproporcionadas. Se precisa, además, que las remuneraciones de los servidores públicos deberán responder a criterios del grado de responsabilidad y nivel jerárquico.

Salarios máximos

ERNESTO VILLANUEVA

El frustrado intento de los consejeros del Instituto Federal Electoral para aumentarse en 46% sus percepciones, justo en medio de una crisis económica sin precedente, en nada abona a la confiabilidad de las autoridades electorales que generan la percepción de que el interés principal es el personal y no el público. Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no se pueden quejar. De entrada, ganan 114% más que el presidente de la República; es decir, tienen un sueldo base de 316 mil 982 pesos mensuales, contra 148 mil 15 del titular del Poder Ejecutivo Federal. Al hacer un comparativo entre México, Estados Unidos, Canadá y España, los resultados son indignantes. En efecto, mientras los magistrados del TEPJF cobran salarios de 28 mil dólares al mes –al tipo de cambio actual– sus contrapartes en Estados Unidos reciben 17 mil dólares, en Canadá 20 mil y en España 13 mil. Del otro lado del mostrador, si cotejamos los salarios mínimos, las cifras resultan aterradoras para nosotros. En México, un trabajador obtiene 110 dólares mensuales, en España 994, en Canadá mil 90 y en Estados Unidos mil 100. En la base de la pirámide social, los mexicanos ganan una miseria, pero en la cúspide sucede exactamente lo contrario. Y si uno se cuestiona cuántos salarios mínimos mensuales cuesta en cada país un magistrado electoral, o su equivalente, los números siguen la misma línea: mientras en España un magistrado cuesta 14 salarios mínimos, en Estados Unidos 15 y en Canadá 20, en México –óigalo bien– ¡cuesta 254 salarios mínimos!; es decir, mil 170% más en relación con su más cercana referencia, Canadá. En otras palabras, todos somos iguales, pero unos más que otros. Pero no se enoje, esto apenas comienza.Si se compara cuánto cuesta el staff que tiene cada uno de los magistrados, los datos son coherentes con lo que aquí se afirma. En España, todos los asistentes ganan 26 mil dólares al mes, en Canadá 30 mil, en Estados Unidos 40 mil… y en México ¡170 mil dólares! Esto es porque mientras en aquellos países tienen solamente entre dos y cinco personas en las oficinas, en México han contratado a 34, incluida la nada despreciable cifra de 10 secretarias, amén de dos camionetas –una de ellas blindada– entre muchos apoyos más, como gastos de representación superiores a 10 mil pesos para no pasar hambre. ¿Por qué un magistrado electoral tendría que pagar con recursos de usted y míos una comida para tratar un asunto jurisdiccional? ¿Los llamados “alegatos de oídas” no se podrían hacer en las oficinas del TEPJF sin que hubiera un solo gasto extra que erogar? Pero esta situación no se limita al TEPJF. Gobiernos de los estados, ayuntamientos y diversos organismos constitucionales autónomos deciden discrecionalmente por cuánto se van a sacrificar por servir al país. Qué decir también, por ejemplo, de las liquidaciones de oro en muchas instituciones o de las pensiones vitalicias de los presidentes de la República, quienes además tienen a su servicio decenas de integrantes del Estado Mayor Presidencial.El caso de México es grave porque, ante la ausencia de una moral pública mínima, cualquier resquicio o laguna de la ley es aprovechado por muchos servidores públicos para que se haga justicia en sus bolsillos; de ahí este país de iniquidad a pesar de crisis económica. Es muy importante aclarar que los sueldos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, de los magistrados del TEPJF y de muchos otros funcionarios públicos son establecidos por ellos mismos. No hay norma constitucional ni ley que les “obligue” a ganar casi medio millón de pesos mensuales. De ahí que, ante la ausencia de responsabilidad social y equidad personal de estos servidores públicos, la ley debe hacer lo que ellos moralmente no han querido llevar a cabo. Por eso es necesaria la iniciativa de reforma constitucional y Ley de Remuneraciones que busca acotar estos abusos en los ingresos. Ahí se prevén principios de equidad, normas de fiscalización y rendición de cuentas, y además que ningún servidor público puede tener un ingreso total neto superior al del presidente de la RepúblicaLa iniciativa fue aprobada por unanimidad en el Senado el 13 de marzo del 2007, pero fue congelada por la Cámara de Diputados que no ha dicho esta boca es mía. Por cierto, en el TEPJF se observan peligros para la apertura informativa. Salió la maestra Gabriela Vargas como titular de la unidad de enlace, quien había dado una lucha interna por cumplir la ley y hacer público lo que debe ser público. En su lugar entra el doctor Francisco Acuña Llamas –en un movimiento degradante para él, al haber sido el secretario técnico de la Comisión de Transparencia–, a quien no se le conoce experiencia operativa en la materia.
evillanueva99@yahoo.com

Remuneraciones ofensivas

Octavio Rodríguez Araujo

Varios de quienes escribimos en los periódicos somos profesores y/o investigadores universitarios. Los sueldos máximos en las instituciones de educación superior son, para los profesores e investigadores de tiempo completo (prestaciones al margen), de alrededor de 15 mil 800 pesos más la prima de antigüedad (véase la página en Internet de transparencia de la UNAM). Y con esos sueldos, más los honorarios que pagan los periódicos por artículo, en general mantenemos nuestra independencia y normalmente, hasta donde se sabe, no hay casos de soborno ni de venta de la pluma al mejor postor. Nadie puede garantizar que los académicos universitarios seamos incorruptibles, pero tendrá que reconocerse que a lo largo de los años muy pocos profesores o investigadores han sido acusados de ser comprados. No somos ángeles, ciertamente, pero por contraste con la corrupción que priva en el país, parecemos ser excepcionales en este punto.
Si los universitarios, con los sueldos mencionados, no somos corruptos ni traicionamos, en general, nuestra conciencia por monedas de plata, ¿por qué se ha supuesto que los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, además de los magistrados electorales, sí lo harán? La pregunta no es ociosa. Los artículos 116 y 127 de la Constitución mencionan que todos los anteriores, más los diputados, senadores, representantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y los demás servidores públicos “recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable”. Y el artículo 41, V, establece que los consejeros electorales, incluido su presidente, percibirán retribuciones iguales a las previstas para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La remuneración que todos éstos reciben es determinada anualmente por los diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y del Distrito Federal o en los presupuestos de las entidades paraestatales, según corresponda, bajo criterios de ecuanimidad, justicia, imparcialidad, moderación y todos los sinónimos de “equitativo”. Aunque no está escrito, se juzga remuneración adecuada aquella que resulte ser suficientemente atractiva para evitar que los aludidos caigan en tentaciones de corrupción. Y así, los diputados les asignaron remuneraciones altísimas, superiores a los 300 mil pesos para los altos cargos del Poder Judicial, incluido el tribunal electoral y los consejeros del IFE. Todos ellos ganan 21 veces más que un profesor o un investigador universitario del más alto nivel. Ya no digamos la diferencia con los salarios mínimos, que son los que obtienen la mayoría de los mexicanos cuando cuentan con un empleo. Es una obscenidad, y lo peor es que a pesar de tales remuneraciones han demostrado que no actúan de acuerdo con su conciencia, o que ésta ha sido comprada infinidad de veces.
Se argumentará que las decisiones que tiene que tomar un académico universitario no tienen la misma trascendencia que las de un juez o un consejero. Que no es lo mismo poner un 10 de calificación o un 5 que decidir controversias constitucionales o dictaminar sobre la culpabilidad de tal y cual. ¿Y? Cada quien realiza su función, y actuar con responsabilidad y justicia cuesta lo mismo, en términos de conciencia, para dictaminar una calificación o aprobar una tesis de grado que para calificar un proceso electoral o un acto delictivo. En todos los casos se toman decisiones y éstas son igualmente difíciles cuando se trata de hacer justicia, con un alumno o con un presunto delincuente, con la opinión de un articulista sobre las libertades o los derechos constitucionales o con el dictamen de un ministro de la Suprema Corte sobre lo mismo. La diferencia, en todo caso, consiste en que un académico-articulista puede ser convencido, con argumentos y datos, de que está equivocado y cambiar sus puntos de vista si se es razonable, en tanto que los dictámenes de un juez son inapelables y una vez subidos en su burro nadie los baja de ahí, por más argumentos que les demos desde la tribuna ciudadana que, obviamente, no tiene poder. (Aquello de que la prensa era el cuarto poder es cosa del pasado, y más con los panistas que ni leen el periódico.)
Por otro lado, si vamos al valor de la trascendencia en las decisiones, al margen de lo que yo piense sobre la legitimidad de Calderón, éste debería ganar mayor sueldo que los ministros y demás, pero no es el caso. Aun así, si hablamos de sueldos y tomamos en cuenta que los salarios en Estados Unidos son, por un mismo trabajo promedio, unas 13 veces más altos que en México, las remuneraciones de Calderón y de los jueces, consejeros, diputados, etcétera, deberían ser 13 veces menores que los de sus pares en aquel país, el más poderoso del planeta. Tampoco es el caso, al contrario, casi son iguales, y en algunos casos superiores.
Quiero dejar claro que no soy de los que piensan que reducir el salario de los servidores públicos a la mitad sea la panacea económica del país, aunque en algo ayudaría en la crisis que vivimos y sería una señal de solidaridad con el país en su conjunto. Mi argumento es que no hay proporción entre esas remuneraciones y las del resto de los empleados en México. Con lo que ha salido a la luz en la guerra absurda de Calderón contra el crimen organizado hemos podido corroborar que la corrupción se ha filtrado a las más altas esferas de la administración pública (federal, estatal y municipal), y esto a pesar de sus altos salarios. La conclusión sería que no son éstos los que inhibirían la corrupción, la venta de conciencias y de acciones, sino la fortaleza ética de las personas que, por lo visto, es escasa. La solución a la crisis no va, necesariamente, por la reducción de remuneraciones de quienes obtienen tanto dinero a cambio de su probada poca eficiencia, pero de que ofende, ofende.

Asciende a $156 mil mensuales el sueldo del secretario particular de Leonardo Valdés

Más allá de la línea de mando hay trabajadores del IFE que perciben 7 mil 238 pesos

Alonso Urrutia

La intención de los consejeros del Instituto Federal Electoral de incrementar sus percepciones sacó a la luz los desequilibrios de la estructura salarial del IFE. Así, por ejemplo, el secretario particular del consejero presidente, por llevarle la agenda percibe 156 mil pesos, al igual que el coordinador de asesores, cifra superior a la que percibe el vocal ejecutivo del estado de México o el Distrito Federal, que tienen la responsabilidad de la organización de los comicios en sus entidades, quienes ganan 116 mil pesos.
Aunque los consejeros quieren dejar atrás el frustrado intento de ganar como ministros de la Suprema Corte de Justicia, lo cierto es que la decisión generó molestia entre la base trabajadora del instituto. Y es que, de haberse concretado el aumento de 172 mil pesos, como pretendían, ese incremento mensual por cada consejero sería equivalente a dos años de salario del trabajador de más bajo nivel.
La cifra sólo equipara las percepciones salariales, sin contar con las prestaciones que tienen los consejeros, por ejemplo un seguro institucional de 40 meses de salario que puede ser elevado hasta 180 con cargo al consejero; seguro de gastos médicos mayores de entre 295 y mil salarios mínimos; seguro colectivo de retiro de entre 10 mil y 25 mil pesos.
Tan sólo el pago de telefonía celular, que asciende a 3 mil 600 pesos mensuales, equivaldría a poco menos de una quincena de un trabajador del instituto con las más bajas percepciones, sin contar con que adicionalmente los consejeros cuentan con un servicio de radiolocalizador o radiocomunicación.
Otra prestación importante de los consejeros es el seguro de retiro –similar al de la administración pública federal–, según el cual los consejeros pueden aportar entre 2 y 10 por ciento de su salario y el IFE les otorga una cantidad similar cuando concluya su encargo.
Todo ello conforme al manual de percepciones que aprobó la secretaría ejecutiva la semana pasada y que incluyó, en la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el polémico considerando quinto, relativo a que los consejeros percibirán salarios como los que ganan los ministros de la Corte.
Desde su llegada, la nueva generación de consejeros se ha preocupado por su bienestar como prioridad, como demuestra el cambio de vehículos que hicieron el año pasado, si bien se dijo oficialmente que era “con cargo a la aseguradora”.
Asimismo, conforme al tabulador 2008 –aún falta el incremento salarial para este año, que se estima en alrededor de 5 por ciento–, el salario del secretario ejecutivo del instituto asciende a 192 mil pesos brutos, en tanto que los directores ejecutivos devengan 169 mil, al igual que el director de la unidad de fiscalización.
Sin embargo, más allá de las líneas de mando existen otros puestos en el IFE que superan los 100 mil pesos como ingresos brutos al mes, y entre ellos se encuentran: el coordinador administrativo de la oficina del consejero presidente, con 124 mil pesos brutos; los asesores del consejero presidente, quiemes perciben entre 98 mil y 116 mil pesos al mes; el secretario particular del secretario ejecutivo, quien gana 115 mil pesos, y el coordinador de asesores del secretario ejecutivo, con 126 mil pesos mensuales.
Así, el círculo cercano del consejero presidente o del secretario ejecutivo tienen percepciones superiores a quienes realmente cargan con la responsabilidad central de organizar elecciones, con todo lo que ello implica. En el tabulador del IFE existen también tres categorías para las vocalías ejecutivas en los estados, cuyas percepciones brutas oscilan entre 116 mil y 108 mil pesos, según la complejidad de cada entidad.
En cualquier caso, en las entidades donde existen mayores presiones y carga de trabajo, como son el Distrito Federal o los estados de México, Veracruz o Jalisco, por ejemplo, pueden ganar lo mismo que un asesor del consejero presidente del instituto.
En contrapartida, en el tabulador del IFE existen salarios brutos de trabajadores que ascienden a 7 mil 238 pesos mensuales, plazas de las cuales hace dos años, como parte de la política de austeridad, fueron recortadas 300.

El salario del hambre

Porfirio Muñoz Ledo

Bitácora Republicana

Estuvo de moda en la segunda posguerra una cinta de Georges Clouzot: “El salario del miedo”. Sus personajes arrostraban riesgos insólitos a cambio de una paga miserable. Hace cuatro décadas se ha instalado en México una política cleptómana, que ha despojado progresivamente a los asalariados del fruto de su trabajo.Se ha configurado un “salario del hambre”, que retribuye a los trabajadores sólo una tercera parte de lo que percibían al inicio del ciclo depredador. El salario mínimo -en abierta contradicción con el mandato constitucional- ha perdido 78% de su poder adquisitivo y el salario promedio un 63% desde 1982.Al tiempo que abríamos las fronteras a la circulación de mercancías, servicios y capitales, aceptábamos limitaciones indignas al tránsito de personas, en vez de incluirlas en el TLCAN, como ocurrió en el proceso de integración europea. Las disposiciones laborales de ese instrumento quedaron confinadas en “acuerdos laterales”, sin fuerza obligatoria alguna.El diferencial de salario básico entre los Estados Unidos y México –que en los setentas llegó a ser de cuatro a uno- hoy es de quince a uno: 45 centavos de dólar aquí contra 5.9 en la Unión Americana. La migración se ha vuelto una catapulta transfronteriza que compensa el valor del trabajo en el mercado regional, cuando debiese haberse dispuesto -como en Europa- su igualación gradual a efecto de frenar el éxodo mediante el desarrollo.Semejante patología es causa eficiente de la crisis. Deprime la demanda, estrecha el mercado interno y castiga a la producción en beneficio de la economía financiera y la concentración monopólica. La salida del atolladero exige una recuperación drástica del salario, que a su vez sería reproductora del empleo y cimiento de la cohesión social.Entre nosotros la política salarial es ante todo una obligación de Estado por disposición expresa de la Constitución. Así, la fijación de los salarios mínimos, aquellos “suficientes para satisfacer las necesidades de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer la educación de los hijos”. Actuar en contrario es una severa violación del Estado de Derecho.Es también imperativo que la rectoría económica conduzca a “una más justa distribución del ingreso y la riqueza, que permita el ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos y las clases sociales”. Resulta apenas creíble que, al tiempo que se promulgaban estos deberes constitucionales en 1983, comenzaba a imponerse en el país el dictado neoliberal de la desigualdad. La apoteosis de la simulación.Todo modelo económico reposa sobre un sistema de relaciones de poder. El vaciamiento social de la política económica obedeció a la entronización de una casta tecnocrática que suplantó los fundamentos populares de la soberanía, por la entrega al extranjero de las decisiones estratégicas y la supremacía de los intereses privados. El pecado mayor de la transición fue su incapacidad para transferir poder a los ciudadanos.Se discuten la extensión, profundidad y duración de la crisis. Menos las transformaciones políticas que requeriría la implantación de cambios económicos sustantivos. De las grandes depresiones y conflagraciones han emergido nuevos regímenes, como el socialismo, el fascismo y el populismo. También los equilibrios que en su tiempo alcanzó la social democracia.La era del liberalismo político está llegando a su fin. Sobre ella se encaramaron los poderes fácticos ahora desacreditados. Se barrunta el surgimiento de nuevos actores colectivos que no pueden ser únicamente el poder mediatizado del sufragio ni los movimientos de masas. El péndulo apunta hacia el robustecimiento de las identidades y poderes locales y hacia una enérgica reaparición de las organizaciones de clase.En 1938 Keynes escribió al Presidente Roosevelt sobre las medidas de recuperación económica y sentenció “el crecimiento de la negociación colectiva resulta esencial”. En esa línea Obama ha reiterado la necesidad de revertir políticas antagónicas al sindicalismo: “No veo a las organizaciones de trabajadores como parte del problema; son parte fundamental de la solución”.Los salarios y condiciones de trabajo efectivamente pactados entre empresas y sindicatos han sufrido, inclusive en México, mucho menor deterioro que el resto de las remuneraciones. Los países, tanto desarrollados como emergentes, que han preservado mecanismos de democracia social reflejan tasas más elevadas de crecimiento y mejores índices de recuperación.Ante la agresión del gobierno contra la estabilidad en el trabajo, debe articularse una respuesta eficaz de la sociedad civil y de las organizaciones gremiales. Debe limpiarse ante todo la cloaca corporativa que ha sido cómplice de la explotación.

Clase política y saqueo

Crisis y sueldos
Ley y cara dura
Clase política y saqueo

Carlos Fernández-Vega

En estos tiempos de crisis aguda, que provoca el desplome de prácticamente todo, ¿qué aumenta 46 por ciento o más en este heroico país? Muy pocas cosas. Por ejemplo, los precios de los alimentos, la inflación, el tipo de cambio peso-dólar, la tasa oficial de desempleo abierto, el número de discursos del inquilino de Los Pinos… y el ingreso de los consejeros electorales del IFE, que ya supera los 333 mil pesos mensuales por cabeza.
Así es. En este México lindo y querido, en el que los recursos públicos brillan por su ausencia (versión oficial), en el que el dinero “no alcanza para nada” (ídem), en el que la cancelación de puestos de trabajo es feroz, y en el que por cada minuto de “gobierno” calderonista han quedado desempleados 855 mexicanos (hasta enero pasado), los consejeros electorales dan una muestra de sensibilidad política al incrementarse 46 por ciento sus de por sí elevadas percepciones hasta hacerlas llegar a 333 mil 179.81 pesos mensuales, llevando hasta el exceso la barbarie que en igual sentido y por idéntica ruta han cometido un buen número de presidentes municipales, diputados, senadores y demás fauna de la clase política nacional, sin olvidar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante quienes el “grupo jerárquico” del IFE ya puede presumir igualdad de ingreso, o, en el peor de los casos, que ya merito.
No saben contar los votos, se hacen bolas con las actas, no les cuadra el PREP, fingen demencia ante las violaciones legales del duopolio televisivo, se doblan ante los poderes fácticos, entre otras gracias, pero a la hora de cuidar sus intereses y de elevar su ingreso hasta el Nirvana referido, los consejeros electorales son ágiles y cumplidores, pues aseguran sin sonrojarse que lo hacen porque “así lo marca la ley; es una decisión abierta, transparente y apegada a la Constitución”. Que ganarían más en la iniciativa privada, arguyen. Podría ser, pero ¿no lo sabían cuando se lanzaron en pos del hueso? ¿Querían ser consejeros o ganar dinero a manos llenas?
En aras de la igualdad y el equilibrio que debe imperar en la nación, cada uno de los susodichos consejeros obtendrá lo mismo que en otras latitudes de este mismo país ganan mensualmente 6 mil 170 trabajadores de salario mínimo, que deben repartir sus 54 enormes pesos diarios entre su normalmente abundante familia y cubrir todas las necesidades “normales”, como también lo establece la Constitución, aunque en este caso la violación legal a todas luces es brutal (el 123 señala textualmente: “los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos…”, lo que no pasa de ser un cuento).
La Constitución también garantiza el derecho a la vivienda, a la salud, al empleo, a la educación, etcétera, y hay que ver cuál es el déficit en estos renglones. Que no salgan los consejeros electorales con el clásico “nosotros no fuimos… fue la Constitución”. En un ejercicio ético –si saben de qué se trata– fácilmente el “grupo jerárquico” del IFE podría declinar tal “exigencia” legal, porque, además, los resultados por él ofrecidos son desastrosos. Si nos atenemos a lo que decide la Constitución, entonces México sería un país del primer mundo.
No son precisamente representativos de la alta calidad moral requerida en estos casos para criticar el elevadísimo cuan injustificable ingreso del “grupo jerárquico” del IFE, pero hasta los propios legisladores –que de este tema saben un rato– se ruborizaron al conocer la citada información. Así, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados envió una carta a los consejeros electorales del IFE, por medio de la cual “les solicita reconsiderar el aumento salarial que se otorgaron, por imprudente, insensible y con una falta de solidaridad hacia la población afectada por la crisis económica” (es decir, la mayoría de los mexicanos).
Bien por el exhorto, pero diputados y senadores anualmente hacen lo mismo –y si es posible en un periodo menor, también–, aunque cierto es que no en la proporción de los consejeros electorales. Habría que recordar cómo la jerarquía en el Senado de la República corrió enloquecida a Palacio Legislativo de San Lázaro para que, también en tiempos de crisis, los diputados fueran tan amables y gentiles de recortarles el presupuesto para su nuevo edificio, como si ello marcara la diferencia entre un Congreso de excelencia y al servicio de los ciudadanos y el que realmente tienen los mexicanos.
Por la misma senda han transitado, transitan, presidentes municipales de localidades depauperadas, en las que se autorizan sueldos de 400 mil pesos mensuales, por mucho que en esas comunidades miserables no exista agua potable, alcantarillado, alumbrado público o, lo más elemental, empleo. Incluso, este país de pobres que votó por un partido de ricos tuvo el privilegio, el lujo, de contar con un presidente municipal panista que se autodesignó esos emolumentos, al tiempo que era integrante destacado de la farándula nacional y filmaba películas de aventuras con su nombre artístico de Johnny Rivers.
Qué decir del señor de Los Pinos, que en plena crisis duplica el de por sí grueso presupuesto para atender su costosísimo aparato propagandístico que no convence a nadie; qué de los senadores que corretean a los diputados para que no les quiten el juguete del nuevo edificio; qué de éstos, “ocultando” incrementos salariales con “comisiones”, dineros para “atención ciudadana” y “asistencia legislativa”, mientras se reparten “presupuestos sobrantes del ejercicio”. Y lo señores ministros de la SCJN, y los del Trife, y los gobernadores, y los diputados locales, y, en fin, la clase política en su conjunto.
Lo importante, les recomendará algún asesor a los consejeros electorales, es aguantar vara; que soporten la andanada, que finjan demencia frente a las críticas y que esperen el siguiente escándalo en otras áreas de la vida política y económica del país, que se dan seguido, para que los reflectores se alejen. ¡Y a gozar la chuleta!
Las rebanadas del pastel
Cese la política del saqueo y, probablemente, algún día este país saldrá del hoyo… Y el famélico bailarín se mantiene en lo suyo: ayer, 15.08 pesos por dólar.
cfvmexico_sa@hotmail.com
mexicosa@infinitum.com.mx

Ni empleo ni salarios

Alejandro Encinas

Ni empleo ni salarios

A quienes mantenemos una visión crítica de Felipe Calderón y sus acciones, se nos tilda de pesimistas, de apostar a la debacle del país. Nada más falso. Más allá de los diferendos políticos que tenemos, a nadie interesa retomar un país convertido en despojos. Sin embargo, la realidad supera la visión del más optimista.
Calderón y sus aliados centraron su discurso en el propósito de crear una percepción de confianza, señalando que no se lanzarían a aventuras ni se harían transformaciones que pusieran en riesgo al país. Que su alianza con la iniciativa privada daría estabilidad y que la continuidad del modelo estaría acompañada de inversión, empleo y desarrollo.
Nada se ha cumplido. Ni hay inversión ni hay empleo, y la percepción de confianza se desmorona ante la incertidumbre en la economía y el ingreso familiar, cuando no frente a la violencia e inseguridad.
Quitándonos la carga ideológica, vayamos a los datos oficiales: menos de la mitad de los mexicanos en edad de trabajar tiene un empleo formal. En ocho años de gobiernos del PAN, casi 10 millones de jóvenes empezaron a buscar trabajo y sólo se han creado un millón 300 mil empleos. A la enorme mayoría de los jóvenes mexicanos no les queda otra alternativa que emigrar a EU, mal vivir de la economía informal o tomar la vía de conductas antisociales.
De acuerdo con cifras del IMSS, durante el primer año de Calderón se registró un incremento de 553 mil 13 empleos. Sin embargo, a partir del segundo año se registra una tendencia a la baja, al sumarse una pérdida de 41 mil 727 trabajadores afiliados a esta institución. Situación que se agrava a partir de entonces, ya que de acuerdo con la STyPS, en 2008 el empleo formal se redujo en 30 mil puestos netos de trabajo, en tanto Banco de México estima que en 2009 habrá una baja de entre 160 mil y 340 mil en los empleos del sector formal. No se ha cumplido el compromiso de crear un millón 200 mil empleos cada año y, por el contrario, se avanza hacia una profunda crisis en la oferta laboral.
El deterioro del salario frente a los precios suma, desde 1982, una disminución del poder adquisitivo de 82%. Actualmente se paga un salario por debajo del valor del trabajo, como lo demuestra un estudio de la Facultad de Economía de la UNAM, que concluye que en 1982 se requerían 5.14 horas para adquirir una canasta alimenticia recomendable, mientras que para 2008 se necesitan 14.46 horas. Es decir, casi el doble de las ocho horas de la jornada laboral. A ello se suman datos que desmienten que el salario mínimo es sólo un referente ya que casi nadie lo gana, pues cerca de 9 millones de mexicanos viven con un salario mínimo o menos, y que el aumento a los salarios tiene impactos inflacionarios, pues los precios se incrementan a ritmos superiores al salario, mientras que el trabajo permanece subvaluado, acreditando una vez más, como sostenía Marx, que el aumento a los salarios disminuye la plusvalía que corresponde al patrón, pero no determina el precio de las mercancías.
Ni se han cumplido las ofertas económicas del discurso ni se ha generado confianza. Los aliados de Calderón que ofrecieron inversión y empleo privilegian sus intereses, como lo demostró la Asociación de Bancos de México, pues pese a que Banxico disminuyó en 0.75% la tasa de interés de referencia, los bancos no disminuirán el costo promedio de 40% anual del crédito a sus tarjetahabientes, en tanto que el CCE expresa su frustración ante el plan anticrisis de Calderón, al considerarlo a la zaga de lo que sucede en el resto del mundo.
El país enfrenta una profunda crisis económica y una perversa inequidad social. Muchos mexicanos están perdiendo la esperanza y otros —cuidado— están perdiendo la paciencia.

aencinas@economia.unam.mx
Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM

Robo en despoblado

Pablo Gomez

El diferencial anual entre la inflación y el incremento de los salarios mínimos es mayor a dos puntos porcentuales. Esto es un robo en despoblado. De por sí, haber igualado un aumento con otro hubiera sido un atraco, pues la inflación, durante el año, va carcomiendo el salario y esa disminución mensual real del ingreso no se compensa nunca. Pero bajar los salarios en el saldo anual es una verdadera grosería.
¡Qué sangre tan fría puede tener un gobierno al imponer una disminución de los salarios! Y que no se diga que el mínimo sólo opera para menos de la cuarta parte de los trabajadores, ya que todos los salarios están calculados con la misma base, incluso los llamados profesionales. Al cabo, también los contractuales se comportan de la misma forma ya que éstos van a tomar en la práctica el tope porcentual de los mínimos.
La inflación está al doble de lo esperado por las autoridades, lo cual no es nuevo. Pero esto tampoco justifica el robo a los trabajadores.
Las cosas están mucho peor si se analiza el incremento de los alimentos —13.4 por ciento en el año—, ya que la mayoría de los asalariados utiliza su ingreso en comprar principalmente comida. Medido así el problema, la disminución salarial alcanza 10 por ciento en términos reales. ¿Qué hace una familia cuando tiene que comer una décima parte menos que antes? Pero, el gobierno, frío. Eso sí que es no tener madre.
Cuando iniciaba el año que ahora agoniza vimos a nuestros insignes periodistas de la derecha burlarse de la afirmación de los legisladores del PRD en el sentido de que el llamado gasolinazo iba a traer consecuencias graves. En enero, dijeron que tal afirmación había sido alarmista y sin fundamento alguno. Durante el año, los precios de la gasolina y el diésel han seguido aumentando, aunque en el extranjero han venido disminuyendo. Ahora, el combustible es más caro en México, pero el gobierno no toma ninguna decisión porque está manipulando el monopolio del Estado, pero no Pemex, sino la Secretaría de Hacienda, la cual impone los precios de los bienes públicos de la manera más arbitraria y desconsiderada. ¿De qué se burlaban aquellos periodistas? Pues de ellos mismos. Vean cómo está hoy la inflación y cómo están los salarios.
Ahora, el Banco de México nos dice que hay que apechugar las pérdidas salariales y esperar que el año próximo la inflación no rebase 3 por ciento. Es la tesis de la cúpula patronal en el sentido de que los incrementos salariales deben hacerse según la inflación esperada, pero nunca con base en los aumentos de precios anteriores. Esta retrógrada tesis pretende justificar el robo en despoblado, más aún cuando el pronóstico oficial de la inflación suele ser menor que la real.
En Estados Unidos hay una fuerte tendencia hacia la deflación de precios. En México, la recesión se presenta junto con el flagelo de la inflación. Es decir, que no era cierto aquello que dijo el gobierno de que la pulmonía estadunidense iba a ser un catarro en México. El próximo año no habrá crecimiento de la economía mexicana y la inflación será una superganancia de los grandes capitalistas: la defensa de los poderosos y la ruina de los creadores de la riqueza, los trabajadores.

pgomez@milenio.com