Reforma política y engaño ciudadano

John M. Ackerman

MÉXICO, D.F., 23 de diciembre.- El decálogo de reforma política presentado por Felipe Calderón la semana pasada implica más continuidad que cambio. Con su iniciativa, el presidente de la República no hace más que repetir la vieja tradición establecida durante el largo reino del partido de Estado de presentar periódicamente grandes “reformas políticas” que, si bien aparentan cierta apertura democrática, en los hechos buscan inclinar a su favor la balanza del poder político.
Habría que aplaudir que después de nueve años de gobiernos de la alternancia, un presidente panista finalmente se haya atrevido a proponer importantes reformas al Estado mexicano. Con ello se abre una coyuntura muy positiva para establecer un debate nacional sobre el tema. Sin embargo, el paquete de reformas presentado por Calderón es una propuesta coyuntural, parcial y cortoplacista.
El texto de la iniciativa proclama que sus dos objetivos centrales son “fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y el sistema político” y “consolidar nuestras instituciones”. Pero en realidad los principales fines son el fortalecimiento del vínculo entre “los votantes” y el “PAN”, la destrucción de las bases de apoyo del PRI y del PRD y una compensación institucional por la falta de legitimidad e influencia pública con la que cuenta el actual presidente. En suma, el partido en el gobierno busca lograr por medio de reformas legales lo que no ha podido conseguir ni en las urnas y ni con el cotidiano ejercicio del poder.
El presidente sabe muy bien que el establecimiento de la reelección legislativa y las candidaturas ciudadanas favorecerían a su partido y a los poderes fácticos que lo respaldan. Con una perspectiva de 12 años en el poder para los legisladores, y ante la desidia del Instituto Federal Electoral (IFE) en materia de fiscalización, las televisoras y los grandes empresarios del país podrían cobrar mucho más caro su apoyo a las campañas electorales.
Es falso que la reelección funcione como una especie de llave mágica obligando a los legisladores a acercarse a la ciudadanía. Al contrario, la experiencia en Estados Unidos demuestra que con la reelección los legisladores se convierten en rehenes de sus patrocinadores y otros grupos de presión. En lugar de comunicarse con sus bases, buscan aprovechar sus mandatos extendidos para consolidar los pactos cupulares.
Por su parte, con la aprobación de las candidaturas ciudadanas cualquier empresario o medio de comunicación lanzará a su actor o cuñado favorito para representar sus intereses en el Congreso de la Unión. Gracias a Calderón, por fin tendríamos una gran diversidad de personajes como el doctor Simi, Ross Perot y Jorge Castañeda, entre los cuales podremos elegir a nuestro nuevo “líder máximo de la revolución ciudadana”.
Esta figura aparentemente “progresista” también podría convertirse fácilmente en el pretexto perfecto para desmantelar el sistema de financiamiento público que nos hemos dado en México. La iniciativa de Calderón dice que cualquier persona con el respaldo de 1% del electorado correspondiente podrá registrarse como candidato a algún cargo de elección popular. Pero surgen algunas preguntas obligadas: ¿Qué controles habría sobre el financiamiento de la “precampaña” necesaria para conseguir estas firmas? ¿Una vez inscrito, el candidato tendrá derecho a financiamiento público o podrá financiar su campaña de su propio bolsillo o con patrocinadores externos? De manera irresponsable y sospechosa, la iniciativa del presidente no dice nada con respecto a estos puntos centrales.
Llama la atención que mientras el presidente busca abrir el espacio para las “candidaturas ciudadanas”, simultáneamente intenta eliminar la pluralidad que ofrecen los partidos chicos al elevar el umbral para mantener el registro de 2% a 4%. Esta propuesta tiene una evidente dedicatoria hacia los partidos obradoristas, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Convergencia, cuya presencia legislativa ha implicado una constante piedra en el zapato para Calderón. Antes, bajo el régimen del partido del Estado, se hacían reformas políticas para fomentar la creación de los “partidos satélite” que terminarían por respaldar al partido del gobierno. Ahora que estos partidos ya no le son útiles al régimen en el poder, la gran “reforma política” se propone su desaparición.
Con respecto a la iniciativa ciudadana de leyes, esto tampoco implicaría un acercamiento real de la ciudadanía a la población, ya que las propuestas que resultaran se quedarían en meros llamados a misa. Si realmente se quiere fortalecer el poder ciudadano, habría que contemplar otras figuras de participación ciudadana, como el referéndum, el plebiscito y la revocación de mandato.
Otro elemento sumamente problemático de la propuesta de Calderón es la drástica expansión de poderes legislativos que se busca adjudicar al presidente. Las “iniciativas preferentes” con su “positiva ficta” que automáticamente convertirían en ley una iniciativa presidencial, la facultad de veto presidencial tanto al presupuesto como a la ley de ingresos, y la posibilidad de vetar parcialmente desde frases y cláusulas específicas de cualquier ley (el famoso “veto de bolsillo” o line-item veto) convertirían al presidente de la República en el “Gran Legislador de la Federación”.
No hay duda de que urge cambiar radicalmente el sistema político, pero lo que propone Calderón no es una ambiciosa agenda de reformas estructurales que necesita nuestro país, sino una serie de propuestas parciales diseñadas más para distraer la atención mediática y beneficiar a los poderes fácticos que para articular un debate profundo.
Algunas reformas de mayor calado serían, por ejemplo, someter a los partidos políticos y a los grupos parlamentarios a un estricto régimen de transparencia, establecer una nueva Ley de Partidos, dotar de autonomía constitucional a la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y a la Procuraduría General de la República, facultar al Congreso de la Unión para aprobar y vigilar el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, así como aprobar los nombramientos del gabinete legal, entre otras numerosas propuestas que han sido desarrollados por académicos, políticos y líderes de la sociedad civil en las últimas dos décadas. La buena noticia es que el debate apenas se inicia.

El Decálogo

Luis Javier Garrido

La supuesta reforma política” de Felipe Calderón, anunciada hace tres meses, que ahora envía en 10 puntos al Poder Legislativo exigiendo se le apruebe “al vapor”, es un bodrio que entraña gravísimos retrocesos para la vida democrática –en especial con vistas a 2012–, y que no logra ocultar sus pretensiones con su mañosa presentación como un paquete “progresista” o inocuo.

1. El paquete de 10 modificaciones constitucionales y legales en materia político-electoral, que el gobierno calderonista envió al Senado el 15 de diciembre, y que sería la decimonovena “reforma electoral” desde que Salinas de Gortari y el PAN pactaron en 1988 la que sería la “reforma electoral definitiva”, constituye una nueva regresión en materia de instituciones políticas, de partidos y de elecciones, que cancela múltiples derechos a los ciudadanos en aras de consolidar el modelo económico –y político– del neoliberalismo, pues busca establecer en vistas a las elecciones presidenciales de 2012 nuevos “candados” a los procesos electorales para hacer más difícil la expresión de la voluntad ciudadana.
2. El Decálogo de Calderón, como lo llaman los medios, pretende a) obstaculizar en 2012 la elección de un candidato presidencial que no sea del PRI o del PAN con la llamada “segunda vuelta”; b) consolidar el poder de la televisión al establecer el referendo y el plebiscito en un marco jurídico que permite impunemente a medios y a grandes empresarios manipular consultas y procesos, c) dar satisfacción al capital trasnacional que reclama desde hace años la relección indefinida como vía para consolidar una “clase política” estable funcional a sus intereses, d) consolidar un sistema de partidos políticos más restringido, controlado y menos representativo de la ciudadanía; e) hacer casi imposible candidaturas ciudadanas al permitírselas sólo a aquellos respaldados por los grandes poderes económicos, y f) fortalecer el presidencialismo despótico al pretender que se confiera al Ejecutivo preminencia absoluta sobre el Congreso para aprobar leyes a su antojo.
3. Las llamadas “reformas políticas” o “electorales” no han tenido nunca la aspiración real de instaurar en México una democracia política, como tampoco es el caso de ésta, elaborada al parecer por la parejita de asesores de Calderón en materia de elecciones, Juan Molinar Horcasitas (titular de la SCT) y Leonardo Valdés Zurita (presidente del IFE). Todas las aprobadas desde 1988 se han limitado a dar al régimen una apariencia de “modernidad” con el fin de legitimar el ejercicio del poder público por una minoría de mafiosos que se apoderaron del aparato estatal desde 1982 y evitar que éstos pierdan el control de los mecanismos electorales y la posibilidad de seguirle imponiendo a México el modelo neoliberal, que supone el desmantelamiento del régimen surgido de la Revolución Mexicana y de la Constitución de 1917, en un proceso de reconversión no democrática del Estado, que ha agravado el empobrecimiento del pueblo y ahondado la crisis de ilegitimidad del poder.
4. Las “reformas electorales”, por ejemplo, han tendido en México de manera sistemática a limitar el sistema de partidos a fin de impedir que sea representativo de las fuerzas políticas y sociales que se manifiestan en el país, y ésta no es la excepción, pues ahora se pretende obstaculizar aún más la existencia de partidos independientes del Estado para favorecer a las fuerzas políticas oficiales con un sistema más restringido y controlado y menos representativo.
5. Las candidaturas ciudadanas, propuestas en los años 80 desde una perspectiva democrática, son viables en un sistema de campañas cortas que no esté fundado en el derroche del dinero, para que no haya un desfase enorme entre éstas y las provenientes de los partidos, pues de lo contrario sólo serían viables –como acontece con la propuesta calderonesca– para candidatos respaldados por los grandes poderes económicos o por recursos oscuros: que puedan gastar cientos de millones de pesos primero para reunir casi un millón de firmas que se les exige y luego para competir contra los partidos financiados por el Estado y respaldados por los medios.
6. La “segunda vuelta” tiene a su vez sentido en un régimen plural y democrático donde se busca sean electos candidatos respaldados con una mayoría absoluta, asumiéndose que no hay ahí partidos que prevalezcan por sobre los demás por su vinculación con el poder público, como es el caso en México del PAN y el PRI –el llamado PRIAN–, que con ella estarían obligados a aliarse aún más estrechamente. El actual bipartidismo oficial podría vencer las resistencias internas para presentar un candidato común en una onerosa segunda vuelta en 2012, con los panistas apoyando a Peña Nieto para tratar de cerrar el paso a López Obrador.
7. El plebiscito y el referendo son viables, de la misma manera, sólo en un régimen democrático, donde el pueblo puede estar bien informado, lo que no es el caso de México, ya que aquí el poder del duopolio televisivo manipularía a su antojo estos mecanismos de participación ciudadana, como lo hace con las elecciones, y consolidaría de esta manera su poder.
8. La defensa del principio de la “no relección” suscitó innumerables levantamientos en el siglo XIX, la Revolución Mexicana de 1910 y el asesinato de Obregón en 1928, y por ello el PRI de Carlos A. Madrazo se opuso en 1965 a que se le suprimiera, pero Calderón y la derecha mexicana, yendo contra la Historia, como vulgares provocadores, quieren satisfacer a los organismos financieros internacionales ansiosos de vincular a los integrantes de una “clase política” mexicana estable a los intereses del capital trasnacional, como acontece en Estados Unidos.
9. El fortalecimiento del presidencialismo despótico es, en fin, una broma de mal gusto de esta contrarreforma que festejan ya Héctor Aguilar Camín, Luis Carlos Ugalde y Jorge G. Castañeda, pues pretende se le confiera una preminencia absoluta al Presidente sobre el Congreso al dársele el privilegio de presentar iniciativas, llamadas “preferentes”, que de no ser dictaminadas serían consideradas “aprobadas” y que de dictaminarse en contra podrían ser presentadas vía un referendo promovido (y desde luego manipulado) por las televisoras a la ciudadanía, como de poder modificar las iniciativas vetadas que el Congreso insista en mantener.
10. En la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI se han producido en México decenas de contrarreformas político-electorales, pero hace falta que el pueblo empuje una: someter al Ejecutivo federal a la legalidad constitucional para impedirle viole las libertades electorales de los mexicanos, pues de lo contrario seguiremos teniendo en Los Pinos mapaches electorales que se sienten reformadores.