Cinito del Sábado - Seis grados

Te invitamos a ver el "Cinito del Sábado", en esta ocasión con un documental de National Geographic y del escritor inglés Mark Lynas, de 2008:

"SEIS° GRADOS"
que podrían cambiar el mundo

Sinopsis:
Después de 20 años de evidencia, el calentamiento global aún sigue siendo un tema que causa controversia. Los glaciares de la Antártica se están deslizando cada vez más rápido al mar. En el verano del 2000 científicos descubrieron que el hielo del Polo Norte se estaba derritiendo. Estos 6 grados que nos separan de cambios ambientales masivos cambiaran todo lo que estamos acostumbrados a ver. ¿Qué pasará con nuestras costas, nuestros pueblos, nuestros bosques, nuestros ríos? A lo largo del camino, ira acompañando a los científicos en una carrera contra el reloj para saber las consecuencias de esto y como podemos evitar el peor destino predicho.

No faltes, esta noche de Sábado 13 de Noviembre de 2010 a las 10 PM por: http://www.radioamlo.tv/

RadioAMLO.TV

El Canal de la Resistencia Civil Pacífica
Ahora la verdad se ve

TERRORISMO DE ESTADO en Colombia comparativo México

http://www.youtube.com/watch?v=HneXtv8UBY8

Importante saber ké nos está pasando kmo país, kmo la muerte, la violencia, el miedo son utilizados por kienes se dicen gobernarnos, por posibles empresarios nacionales y extranjeros y por posibles gobiernos extranjeros... para kedarse con nuestras tierras, nuestros recursos, para acabar sindicatos, etc.. todo es por poder y DINERO.. y kmo sociedad es importante entender ke esto nos afecta actualmente y/o afectará a todos tarde o temprano...

[México] El gobierno fallido

El de Felipe Calderón es un gobierno fallido que estando próximo a cumplir cuatro años de usurpar el poder, ha fracasado estruendozamente en su narcoguerra y está llevando a México a la desesperación.

Tomás Oropeza

México, 11.XI. 2010.- A pesar de las declaraciones triunfalistas del gobierno de derechas encabezado por Felipe Calderón, el país sigue inmerso en una espiral de violencia provocada por la estrategia militarista para combatir a la llamada delincuencia organizada, sin tocar sus finanzas y sin una política social que erradique la pobreza de millones de mexicanos que viven una interminable crisis económica y social.

A casi cuatro años de iniciada la guerra del gobierno de facto panista contra algunos carteles del narcotráfico que ha costado más de 39 mil muertes, el gobierno reconoce que no tiene control cuando menos en 400 municipios de los 2438 que tiene el país y los ataques de las narcobandas contra las fuerzas castrenses y policíacas no cesan y han escalado en violencia y uso de armamento sofisticado.
No es exagerado por ello decir que el gobierno calderonista no tiene capacidad para garantizar la seguridad de los mexicanos ni tampoco su progreso y bienestar.

El de Calderón es un gobierno fallido y lejos de resolver los graves problemas nacionales los está aumentando conforme a un plan que busca desestabilizar y generar condiciones para el establecimiento de un Estado de excepción a nivel nacional.
En estos días aciagos México vive una situación absurda donde el ejército ayuda a que habitantes de pueblos amenazados por uno de los cárteles de la droga huyan hacia otras ciudades, en lugar de protegerlos. O que una banda ofrezca su auto disolución y retiro a cambio de que el gobierno cumpla con su obligación de garantizar la seguridad de los habitantes del estado de Michoacán. Del que es originario el presidente de facto Felipe Calderón y donde pretende imponer a su hermana, Luisa Maria, como gobernadora el próximo año.

La primer situación del mundo al revés que se vive en México se presenta en Mier y Camargo, dos municipios de Tamaulipas entidad que desde la muerte del jefe del cártel del Golfo, Antonio Ezequiel Cárdenas Guillen alias Tony Tormenta, a manos de la Marina Armada de México, se ha convertido en una plaza ambicionada por varias bandas, entre ellas Los Zetas, integrada por ex militares de tropas entrenadas en la Escuela de las Américas para combatir el levantamiento zapatista de 1994.

Horas después de la caída del hermano del fundador del Cartel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillen, preso desde 2007 en Estados Unidos, la violencia que se vivió en Matamoros el pasado viernes se extendió a más de diez municipios tamaulipecos y aparecieran narcomantas en todos los estados del Golfo de México con mensajes de Los Zetas, burlándose de sus rivales y amenazándolos con apropiarse de sus mercados y rutas de la droga rumbo a Estados Unidos, consumidor insaciable de todo tipo de basura enervante.

El segundo caso para Ripley es el que se presenta en el estado de Michoacán, donde mediante mantas y volantes una banda de delincuentes llamada La Familia, una de las agrupaciones más perseguidas por Calderón, le ofrece autodisolverse siempre y cuando su gobierno se comprometa a garantizar la seguridad de los michoacanos e impedir que se asienten en esa entidad grupos delictivos de otras entidades. Como Los Zetas o el Cártel del Pacífico, del Chapo Guzmán, hoy por hoy uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo, según la revista Forbes.

No es nuevo el intento por negociar de La Familia Michoacana. En julio del año pasado le envió un mensaje a Felipe Calderón a través de un noticiero de la televisión local dirigido por el periodista Marcos Knapp. Servando Gómez, alias La Tuta, habló al aire con el comentarista y acusó a la Policía Federal Preventiva (hoy Policía Federal) y a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) de apoyar a Los Zetas en su proyecto de apropiarse de la plaza michoacana. Señalando como responsable de esa alianza al secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna.

En aquella ocasión, como ahora, su oferta fue rechazada públicamente. Pero ahí queda el intento de esa banda que al parecer cuenta con una amplia base social tanto en Michoacán como en varios estados del país donde opera no solo en el trasiego de narcóticos, sino en varios rubros delictivos.

En el aspecto económico la situación esta tan mal que hasta personajes como el ex secretario de Hacienda del gobierno neoliberal de Ernesto Zedillo reconoce que no se registrará una recuperación en el corto plazo y que la violencia es un obstáculo para el crecimiento económico.

Para el también ex gobernador del Banco de México y ex representante de México en el Fondo Monetario Internacional que será el próximo presidente del consejo de administración de Banorte, uno de los poquísimos bancos en manos de capitalistas mexicanos, la violencia imperante en el país está impidiendo la recuperación.

Opinión contraria a la que sostiene el actual secretario de Hacienda Ernesto Cordero, quien asegura que la narcoguerra no obstruye el buen despeño de los negocios aunque las cifras digan que el turismo se ha desplomado, el desempleo sigue creciendo y el año próximo el Producto Interno Bruto descenderá más aún.

Otros absurdo aparente, detrás de los cuales se oculta la lógica represiva del gobierno, es el ataque contra la oficinas del diario El Sur, en el puerto turístico de Acapulco, Guerrero, por un grupo de pistoleros que disparó contra redactores y reporteros sin lesionar de gravedad a ninguno. Esto a unos días de que Felipe Calderón se comprometió a respetar la libertad de expresión en México.

El director de El Sur, Juan Angulo, señaló que el ataque pudo ser originado por la hostilidad que el gobernador Zeferino Torreblanca mantiene con el rotativo que desde su fundación hace 12 años ha sido voz de las luchas sociales y defensor de los derechos humanos en Guerrero. Amén de sostener una actitud crítica e independiente frente al mandatario que llegó al ejecutivo estatal como candidato del Partido de la Revolución Democrática. Hace unos días El Sur hizo públicos varios videos donde se muestran a varios jefes de la policía de Acapulco en tratos con delincuentes.

Pero el desconcierto y el miedo comienzan a ser superados poco a poco por los jóvenes y académicos. El domingo pasado con una manifestación en CD. Juárez, a una semana de la agresión policíaca contra el estudiantado de la Universidad y en la capital del país con dos pequeñas manifestaciones de estudiantes de la UNAM y otras instituciones educativas bajo el los lemas Si le pegan a uno, nos pegan a todos y Ni uno más, ni una más.

http://hormigarebelde.blogspot.com

¡Basta de felipillaje!

Desfiladero

El pasado día 10 ocurrió un incendio en la tienda departamental Coppel, lo cual provocó la muerte de seis jóvenes empleadas, quienes quedaron atrapadas. El siniestro tardó seis horas en ser controlado Leo Espinosa

Jaime Avilés

Enrique Coppel Luken es un peligro para México. El fuego que la noche del miércoles consumió un pequeño eslabón de su larga cadena de almacenes de ropa, muebles y baratijas, puso al descubierto algunas de sus inaceptables actividades.

Mariana López Soto, de 24 años; Carmen Selene Moreno Zazueta, de 36; Verónica Picos Bastida, de 22; Claudia Janeth Bernal Delgado, de 25 (que acababa de dar a luz); Karla Judith González Zapata, de 33, y Rosa Imelda Félix Gamboa perecieron asfixiadas por el humo en la tienda Coppel de la calle Hidalgo de Culiacán. En algunos casos, sus cuerpos se quemaron hasta carbonizarse, porque estaban encerradas entre cortinas de acero, cadenas y candados, en medio de toneladas de mercancías que ardieron con gran rapidez.

No tenían salidas de emergencia. Pese a que estuvieron llamando por celular a sus familiares para pedir auxilio, la empresa no acudió a rescatarlas. Su asesinato –al que contribuyó un estúpido vigilante, que en la calle impidió a un grupo de trabajadores de obras públicas derribar una cortina para salvarlas, pues dijo que no podían dañar la tienda– revela una conducta que el país no debe tolerar.

Javier Valdez Cárdenas, corresponsal de La Jornada en Culiacán, contó ayer en su crónica: “El 2 de noviembre pasado, Día de Muertos, frente a la tumba de su esposo, Karla Judith abonó a las tragedias que ya envolvían su vida: ‘Un día de estos nos vamos a quedar achicharradas’, dijo a uno de sus familiares y éste le preguntó por qué. Le explicó que de noche, en la tienda Coppel donde trabajaba, las dejaban encerradas y en caso de incendio no iban a poder salir”.

¿Moraleja? Enrique Coppel tiene almacenes en todo el país. Ergo, en cada uno de ellos, todas las noches encierra a piedra y lodo a quienes hacen el inventario de sus posesiones. Vive dentro de una ciudadela amurallada –allá le dicen fraccionamiento exclusivo– protegido por el Ejército. Acaso escuchará a lo lejos los tiroteos cotidianos, provocados por la guerra del hombrecito que ayudó a elevar al poder, a cambio de un negocio llamado Bancoppel. Pero no tiene llenaderas: prefiere arriesgar vidas humanas con tal de evitar que sus esclavas le roben un par de calzoncillos, mil computadoras o 100 mil cepillos de dientes, productos que, por lo demás, sin duda, están asegurados.

Este horroroso e indignante crimen es una expresión más del felipillaje que azota al país –Pasta de Conchos, guardería ABC, destrucción de Luz y Fuerza del Centro, entrega de la fibra óptica del Distrito Federal a Televisa, saqueo del IMSS, quiebra de Mexicana de Aviación, asesinato de 72 migrantes en Tamaulipas, secuestro de 10 mil indocumentados extranjeros al año, más de 30 mil víctimas de la guerra calderónica desde diciembre de 2006, devastación de ciudades y pueblos, fortalecimiento político, económico y militar de los cárteles–, pero no debe quedar impune como sin embargo y desde luego quedará. Cuando dieron la nota del incendio, los conductores de los noticieros estelares de la televisión jamás pronunciaron el nombre de Coppel.

En una sociedad democrática, en la que en lugar de un monigote hubiese un verdadero estadista al frente del Poder Ejecutivo, Enrique Coppel ya estaría detenido, la Secretaría del Trabajo habría ordenado una inspección a fondo de las condiciones laborales que imperan en las grandes cadenas de almacenes, y las instancias responsables de la seguridad de los empleados ya habrían clausurado todas las tiendas que carezcan de salidas de emergencia.

Aquí, nada de esto va a suceder. Coppel le dio a Calderón 250 mil votos. Ahora vemos que, gracias a Los Pinos y a la servidumbre lacayuna de las televisoras, disfruta, como el agente 007, de una licencia para matar.

Tlalpan: qué mello

Desfiladero se une al grupo de personas que recibieron con tristeza la noticia de la muerte de Fernando Ebrard Casaubon, un hombre joven y progresista, que luchaba por la salud pública, mientras se deterioraba la suya a causa de una enfermedad crónico-degenerativa que finalmente lo acabó a la edad de 45 años. Fan de Jesusa Rodríguez y Liliana Felipe, iba con frecuencia al Hábito, donde bromeábamos y me reclamaba por mis críticas a su carnal Marcelo.

Yo no sabía que además se llamaba Alberto, pero su buen sentido del humor le habría permitido reírse a carcajadas de la esquela que la engordadora Kellogg’s publicó, en un diario capitalino, para darle el pésame a Alberto Ebrard Casaubon, por el sencible (sic) fallecimiento de su hermano Fernando. Es el primer finado que recibe condolencias por su propia defunción: para que vean los estragos que provocan las zucaritas en la azotea.

En Tlalpan, mientras tanto, los vecinos observan con angustia el nombramiento de Sergio Ampudia Mello como subprocurador ambiental del GDF, un funcionario, dicen, inadecuado por ese cargo, no porque sea coleccionista de automóviles de lujo –si no los adquirió con dinero mal habido, que los disfrute en santa paz (donde la haya)–, sino porque es un decidido partidario de que se ponga en funcionamiento la gasolinera que el empresario Enrique Talavera construyó en Insurgentes Sur, a escasos centímetros de un conjunto residencial, violando todas las normas vigentes, y que el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), en consecuencia, ordenó clausurar y demoler.

La sentencia no se ha cumplido porque interpuso una petición de amparo en su contra, no el empresario Talavera, sino el delegado de Tlalpan, Higinio Chávez, traicionando a sus electores, que se oponen a la obra y habían logrado pararla hasta que él intervino. Lo peor del caso es que ahora Sergio Ampudia, supuesto defensor del medio ambiente y propietario de máquinas que echan humo, anda visitando a los magistrados del TCA para que den marcha atrás. Aunque la ley señala que no puede haber gasolineras a menos de 50 metros de distancia de una vivienda, Ampudia ha dicho de viva voz que le parece perfecto que exista un depósito de 45 mil litros de combustible, que puede explotar en cualquier momento –Coppel jamás pensó que se quemaría su tienda–, a seis pulgadas de una barda tras la cual conviven cientos de hombres, mujeres y niños. Lo dicho: qué mello.

No a la base de Ocotillo

Gracias a la presión de la sociedad civil, las autoridades del condado Imperial, en California, pospusieron hasta el 13 de diciembre la sesión que tenían prevista el pasado martes, para aprobar la construcción de una base de adiestramiento de paramilitares y un aeropuerto para aviones no tripulados –Predator drones, o zancudos depredadores, la nueva herramienta militar favorita del Pentágono–, a 130 kilómetros de San Diego y Tijuana.

Los drones son como papalotes artillados con ametralladoras y misiles y cuentan con una telecámara que permite, a quienes los manejan a control remoto, sobrevolar su objetivo y buscar el mejor ángulo para aniquilarlo. Tarde o temprano serán usados contra nosotros, si no nos movilizamos para sacar del poder a la mafia del felipillaje. Pero por lo pronto podemos oponernos a la edificación de la base de Ocotillo, California, escribiendo a http://enviroment.change.org/petitions/view/no_to_wind_zero. El procedimiento es muy simple: anotan su nombre y dan clic. Tan fácil como arrojar una bomba desde un dron...

jamastu@gmail.com

Planteamientos sobre el desorden en el IMSS panista

LOS PILLOS....DE MEXICO

Gustavo Leal F. *

1.

El anuncio según el cual la Ley de Ingresos 2011 autoriza que el IMSS transfiera excedentes de las reservas de los seguros de invalidez, vida y riesgos de trabajo a los de enfermedades y maternidad significa que la institución vuelve, de facto, al entramado de su Ley 1973.

Después de la reforma Zedillo (1997), que amputó al instituto sus recursos pensionarios privatizándolos en las Afore, después del deliberadamente equívoco diagnóstico Levy-Fox que –con apocalípticos pronósticos y cifras exageradas– desprestigió a los mejores equipos de salud nacionales con la mira de destruir el contrato colectivo de trabajo más completo de América Latina, fabricando el mito del peso del Regímen de Jubilaciones y Pensiones, después de no canalizar al IMSS la brutal bolsa de recursos frescos que Fox y Calderón destinaron al incoherente Seguro Popular (y su modalidad petit, el Seguro Médico para una Nueva Generación), ese anuncio para el uso de las reservas representa el reconocimiento final del patente fracaso de la reforma Zedillo.

Sintetiza la negación de facto de aquello que en 1997 los tecnócratas esgrimieron como argumento vertebral para soportar la necesidad de una reforma que ha fallado por completo. Esos tecnócratas son Gabriel Martínez (hoy secretario general del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social) y su estrecho colaborador Eduardo González Pier (diseñador, con Julio Frenk, del Seguro Popular, hoy director de finanzas del IMSS).

2.

La iniciativa de Calderón respecto a que ese rebalanceo es apenas un respiro, por lo que urge una nueva generación de reformas que garanticen viabilidad financiera de largo plazo, constituye sólo una enorme pantalla para ocultar el desorden generalizado que priva en el IMSS de los panistas.

Desde 2000, con Fox y Levy, aunque muy especialmente desde 2006, con Calderón, Horcasitas y Karam, en ese IMSS campean sin pausa ineficiencia, omisiones, incumplimiento, favoritismo y discrecionalidad en compras y cobranza, entre muchas otras áreas.

Afectando el corazón de las expectativas de la derechohabiencia, ese desorden obstaculiza lo que debiera ser la producción cabal de servicios en un auténtico caos. La norma son insoportables tiempos de espera y carencias insultantes.

Sólo las fantásticas Encuestas de Satisfacción de Transparencia Mexicana (Federico Reyes Heroles) sostienen que 77 por ciento de los derechohabientes manifestó estar muy satisfecho o algo satisfecho con la atención.

La calidad de las gestiones de Fox y Calderón ha instaurado un desorden de alcance y profundidad inéditos. Durante una década –aunque ciertamente muy agudizado con Calderón– los servicios han sido víctimas de una virtual ocupación que feudalizó al IMSS, implantando un medioevo de los intereses que se benefician de los recursos destinados a la operación.

Por eso, los servicios están peor que nunca y sin expectativa de mejora. La pantalla de Calderón: su nueva generación de reformas busca ganar tiempo y ocultar el fatal saldo de la peor década en la historia del instituto.

De los gobiernos de la alternancia se aguardó el impostergable diseño de una política de salud y seguridad social alternativa, capaz de corregir de raíz las inercias del autoritarismo priísta. Antes que nada, esa política debió haber exigido cuentas, evaluar y transparentar las gestiones priístas, para con todo ello mejorar inmediatamente los servicios heredados y rendir nuevas cuentas.

Nada se hizo. Los panistas de la alternancia compraron el diagnóstico tecnocrático de Funsalud (Soberón y Frenk) e impusieron el Seguro Popular, mientras permitían que el zedillista Levy (autor del contrato de subrogación que culminó en la tragedia de la guardería ABC) desmantelara el IMSS con la constitución de las opacas UMAE (Unidades Médicas de Alta Especialidad), sus apocalípticos informes y el crecimiento escalador de la corrupción. Hoy día Levy asesora en el asunto a Manlio Fabio Beltrones y Enrique Peña Nieto.

Como Fox, Calderón ha consolidado su desorden generalizado gracias a la calidad de una cúpula sindical: la de Gutiérrez Fragoso que –formando parte del cuadro de ese caos institucional, suspendiendo trabajadores, sacrificando a los de nuevo ingreso, violando estatutos y perpetuándose al estilo de Elba Esther Gordillo en el poder– se ubicó como representación legislativa del propio PAN.

Como Fox, Calderón tampoco hizo su tarea desde la titularidad del Ejecutivo: no fue responsable ante la nación y su principal institución de seguridad social. Agravó el desorden generalizado iniciado por Levy y lo extendió a la entera institución con Horcasitas y Karam. La bomba de tiempo está dispuesta para estallar el próximo sexenio.

3.

Descontando el otro gran fracaso –la reforma del ISSSTE (2007)–, como el IMSS de los panistas, Fox y Calderón sólo agravaron y corrompieron el daño estructural generado por la ley Zedillo de 1997, es claro que la pantalla de Calderón y Karam sobre una nueva generación de reformas debe traducirse en una movilización social que exija al Ejecutivo que ya no se atreva a tocar absolutamente nada más en la salud y seguridad social de los mexicanos.

El debate sobre esta crucial y estratégica política de cohesión social está en curso. Es hora de dilatarlo y democratizarlo.

Fincar las responsabilidades a todos los priístas y panistas autores del desorden generalizado del actual IMSS es tarea de gobierno que triunfe en la jornada electoral de 2012. Y sin duda, para reconstruir el instituto que México necesita –generando primero empleo–, deberá partir obligadamente de ese debate en curso.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

El Botín

El Botín

Caso IMSS llega a la Cofeco

La Redacción

MEXICO, D.F., 12 de noviembre (apro).- A petición del IMSS, la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) analizará el caso que involucra a dos ejecutivos de los laboratorios Stendhal en presuntos actos de corrupción con el área de licitaciones del Seguro Social, para determinar si éstos violaron la Ley General de Competencia.

Sin hacer juicio alguno sobre los hechos, el organismo indicó que el tema “se ha hecho del conocimiento de la Comisión Federal de Competencia a fin de que ésta determine si existe violación a la Ley General en la materia”.

Detalló que la grabación hecha pública corresponde a una “conversación entre particulares” en la que se habla de una licitación.

El comunicado del instituto se limita a informar que puso el tema en conocimiento de la CFC, pero no detalla de qué licitación se hablaba, ni quiénes participaron en la conversación.

El IMSS informó el miércoles pasado, en otro comunicado, que tomó conocimiento de la grabación de origen anónimo difundida en el noticiero de Televisa con Joaquín López Dóriga.

El miércoles por la mañana el IMSS reportó que “estos hechos motivaron que el Órgano Interno de Control, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, suspendiera a César Mora Eguiarte, coordinador de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios”.

A Mora Eguiarte se le señala presuntamente en los contenidos de la grabación. En ese sentido en su momento el IMSS informó que la suspensión tuvo la finalidad “de facilitar las indagaciones sobre la naturaleza de esos hechos y probables irregularidades”.

Peligra la paz en Latinoamérica

Aunque la mayoría de los gobiernos de América Latina construye un futuro menos dependiente de Estados Unidos, este país satura de bases militares la región. Parece inminente el choque de dos proyectos en los países del Sur del continente. Y Estados Unidos ya se encuentra ahí para cuando esto ocurra.

Liomán Lima / Prensa Latina

El despliegue militar de Estados Unidos en Latinoamérica a través del aumento de sus bases militares y la acción coordinada entre éstas y la IV Flota podrían poner en peligro la estabilidad de la región.

Según un informe de la Oficina en Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), esta expansión estratégica podría provocar como respuesta una carrera armamentista en la zona, semejante a la de la Guerra Fría.

El reposicionamiento de Estados Unidos en la zona evidencia que la diplomacia se reemplaza nuevamente por una fórmula agresiva, asegura la WOLA.

En contrapartida, gobiernos latinoamericanos refuerzan sus relaciones con potencias militares como Rusia, China o Francia y realizan grandes inversiones en la compra o en la tecnología de armamentos de punta.

En los últimos cinco años, los gastos en la adquisición de armas en América Latina crecieron cerca de un 150 por ciento, revela una investigación del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos del Reino Unido. No obstante, el general Douglas Fraser, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, declaró al Diario de Las Américas que no veía una amenaza militar convencional hacia su país.

Señaló que la presencia estadunidense en Latinoamérica respondía a “un desafortunado grupo de circunstancias”.

Entre ellas, citó al tráfico de drogas y de personas, así como a los desastres naturales, que también, a su juicio, podrían provocar éxodos masivos hacia Estados Unidos, aunque indicó también la actitud de algunos gobiernos, como el de Venezuela.

De acuerdo con el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, el despliegue de Estados Unidos no se concentra últimamente en el control de los territorios donde ha multiplicado sus bases militares, como sucedió años atrás.

Al parecer, la existencia de estos enclaves, unida al desarrollo de nuevas estrategias, podría garantizar un control casi absoluto de toda la región, asegura el Observatorio.

Las bases de la estrategia

El Pentágono tiene actualmente en propiedad o alquiler más de 700 bases en cerca de 130 países, revela el anuario Base structure report, del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Esto significa que esas tropas se encuentran en cerca del 70 por ciento de las naciones de todo el mundo.

En América Latina, contaban hasta hace poco con 28 enclaves militares, número que ascendió hasta 39 cuando el gobierno panameño cedió otros 11 de su territorio.

Sin embargo, éste es el número reconocido oficialmente, pues expertos aseguran que operan además en un amplio número de bases secretas de la red de espionaje Echelon.

Washington ha manifestado su interés por establecer nuevas instalaciones en Paraguay, El Salvador y Argentina, así como en el control de la base aérea de Alcántara en Brasil.

Durante 2009, el entonces gobierno de Álvaro Uribe firmó un controvertido acuerdo militar que permitirá a Estados Unidos el uso de siete bases en territorio colombiano.

Aunque el Congreso de ese país andino declaró inconstitucional el tratado, el nuevo presidente colombiano, Juan Manuel Santos, asegura que buscará otros métodos para hacerlo viable.

En todo este tiempo, los militares estadunidenses que llegaron a esa nación suramericana tras el convenio con Uribe permanecen en suelo colombiano.

Las nuevas fronteras

El control estratégico de Estados Unidos no parece limitarse a la posesión de bases, sino que a esto se une la vigilancia de los mares por la Cuarta Flota estadunidense.

Esta escuadra, uno de los 13 destacamentos de las fuerzas navales estadunidenses que patrullan los océanos del mundo, había dejado de operar desde finales de la Segunda Guerra Mundial.

Pero desde 2008, navega en el teatro de operaciones militares responsabilidad del Comando Sur, encargado del control de las fuerzas de Estados Unidos en América Latina.

El área de control de este comando, uno de los 10 del Departamento de Defensa, abarca 19 países de Centro y Suramérica, y 12 países del Caribe, lo que representa cerca de 16 millones de millas cuadradas de envergadura.

El documento, guía de la Fuerza Aérea estadunidense, establece que el recorrido de la Flota por las costas de América debe estar conectado directamente con el de los enclaves.

La flota deviene así otra base móvil, que puede servir como un punto de apoyo estratégico y garantizar una respuesta militar inmediata o de “acción rápida”.

Las causas

En este tipo de operaciones participan también otras agencias estadunidenses, tanto del Ejército y la Armada, la Fuerza Aérea y Guardacostas, como grandes empresas de corte privado, informa la página oficial del Comando Sur.

Este hecho ha levantado más de una vez la oposición de grupos progresistas de América Latina, como evidencia de que la militarización sirve también para garantizar el lucro de las trasnacionales.

Documentos de la Campaña por la Desmilitarización de las Américas informan que estos proyectos militares mueven cerca de 100 mil millones de dólares por año hacia las arcas de las grandes empresas.

Para leer articulo completo AQUI.

Los Obama: una familia al servicio de la CIA

Archivos de la CIA demuestran los vínculos de esa agencia de espionaje con instituciones y personas estrechamente ligadas a Barack Obama, así como a sus padres, su abuela y su abuelo. El progenitor del actual presidente de Estados Unidos participó en las acciones de la CIA en Kenia, operaciones destinadas a obstaculizar el comunismo. Las operaciones tenían también como objetivo evitar el surgimiento de líderes africanos no alineados.

Wayne Madsen / Red Voltaire / Primera parte

Business International Corporation, la empresa tapadera de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en la que trabajaba el presidente estadunidense, organizaba conferencias donde reunía a los más poderosos dirigentes y utilizaba a periodistas como agentes en el extranjero.

El trabajo que el propio Barack Obama realizó en esa empresa, a partir de 1983, coincide con las misiones de espionaje por cuenta de la CIA que su madre, Stanley Ann Dunham, había realizado durante la década de 1960, después del golpe de Estado en Indonesia, como trabajo para otras instituciones que también servían de pantalla a la CIA, como la East-West Center de la Universidad de Hawai, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Fundación Ford.

Fue durante su trabajo en el East-West Center, en 1965, que la madre de Obama conoció a Lolo Soetoro, el padrastro de Obama, y se casó con él. Soetoro fue enviado nuevamente a Indonesia en 1965 como oficial de alto rango encargado de servir de consejero al general Suharto y a la CIA en el sangriento derrocamiento del presidente Sukarno.

El padre de Barack Obama había conocido a Stanley Ann Dunham en un curso de idioma ruso organizado en la Universidad de Hawai, en 1959. Barack Obama padre figuraba entre los seleccionados para participar en un intercambio entre [la región] Este de África y Estados Unidos, intercambio que debía incorporar 280 estudiantes africanos a diferentes instituciones universitarias estadunidenses.

Según un despacho de la agencia Reuters, fechado el 12 de septiembre de 1960 en Londres, aquella operación contaba simplemente con una “ayuda” proveniente de la Fundación Joseph P Kennedy. Su objetivo era entrenar y adoctrinar a futuros agentes que debían ejercer su influencia en África, continente que por aquel entonces estaba convirtiéndose en un terreno de confrontación entre Estados Unidos, la Unión Soviética y China –potencias que trataban de ganarse a los regímenes de los países africanos que acababan de alcanzar la independencia o que estaban a punto de lograrla.

Durante la selección de los estudiantes que serían enviados a Estados Unidos, Masinda Muliro, vicepresidente de la Unión Democrática Africana de Kenia, había denunciado las preferencias tribales a favor de la etnia kikuyu, mayoritaria, y de la minoritaria etnia luo.

El padre de Obama no estuvo en el primer grupo enviado a Estados Unidos, sino en uno de los siguientes. Aquel programa de ayuda a los estudiantes africanos, organizado por Mboya en 1959, incluía estudiantes de Kenia, Uganda, Tanganyka, Zanzíbar, Rhodesia del Sur y del Norte (hoy Zambia y Zinbabue) y de Nyasaland (hoy Malawi).

La agencia de noticias Reuters reporta, además, que Muliro denunciaba por entonces que el favoritismo existente en la selección de los beneficiarios de la ayuda estadunidense “molestaba y amargaba a los demás estudiantes africanos”. Muliro señalaba que “se daba preferencia a las tribus mayoritarias [los kikuyus y los luos] y que muchos de los estudiantes seleccionados por Estados Unidos no habían logrado pasar los exámenes de admisión, mientras que otros estudiantes no seleccionados tenían mejores referencias”.

El padre de Obama era amigo de Mboya y pertenecía a la etnia luo. Al ser asesinado Mboya, en 1969, Obama padre compareció como testigo en el juicio contra el presunto asesino. Incluso afirmó haber sido él mismo objeto de un intento de asesinato en plena calle después de su testimonio ante el tribunal.

El padre de Obama partió de Hawai en 1962 para estudiar en Harvard y se divorció de Dunham en 1964. Se casó nuevamente con una estudiante de Harvard, Ruth Niedensand, una estadunidense judía, y volvió con ella a Kenia, donde tuvieron dos hijos. Aquella unión también terminó en divorcio. Obama padre trabajó en el Ministerio de Finanzas y en el Ministerio de Transportes de Kenia, así como en una compañía petrolera. Murió en un accidente automovilístico en 1982. Los principales políticos de Kenia asistieron a sus funerales, entre ellos Robert Ouko, quien se convertiría posteriormente en ministro de Transportes y sería asesinado en 1990.

Los documentos de la CIA indican que Mboya era un importante agente de influencia que trabajaba por cuenta de la CIA, no sólo en Kenia, sino en toda África. Según un informe semanal secreto de la CIA, fechado el 19 de noviembre de 1959, Mboya tenía la misión de vigilar a los extremistas durante la segunda Conferencia Panafricana de Túnez.

El documento de la CIA reporta que “serias fricciones [se habían] desarrollado entre el primer ministro de Ghana, Kwame Nkrumah, y el nacionalista keniano Tom Mboya, quien [había] participado activamente en diciembre [de 1958] en la vigilancia sobre los extremistas durante la primera Conferencia Panafricana en Accra”. La expresión “participado activamente” parece indicar que Mboya cooperaba con la CIA, cuyo informe fue redactado por sus agentes destacados en Accra y Túnez. Fue durante aquel periodo de “colaboración” con la CIA, en Accra y en Túnez, que Mboya asignó una beca de estudios al padre de Barack Obama y le ofreció la posibilidad de salir del país y de estudiar en la universidad de Hawai, donde encontraría a la futura madre del actual presidente de Estados Unidos.
Finalmente se produce la destitución de Nkrumah después de un golpe de Estado orquestado por la CIA, mientras que el líder realizaba una visita a China y Vietnam del Norte. Aquella operación se produce un año después de la que realizó la CIA contra el presidente Sukarno, otro golpe de Estado en el que participó la familia de Obama.

Ciertos elementos hacen pensar que el asesinato de Mboya, en 1969, fue organizado por agentes chinos que actuaban por cuenta de las facciones gubernamentales que el presidente keniano, Jomo Kenyatta, había puesto a cargo de la lucha contra Mboya y, por consiguiente, de la eliminación de un político africano pro estadunidense de primera línea. Todas las embajadas de Nairobi pusieron sus banderas a media asta como homenaje a Mboya, con excepción de la embajada de la República Popular China.

La influencia que Mboya ejerció sobre el régimen de Kenyatta se prologará durante mucho tiempo después de su muerte, aun en vida del padre de Barack Obama. En 1975 se produce el asesinato de Josiah Kariuki, socialista miembro del partido KANU. Después de aquel asesinato, Kenyatta expulsa del gobierno a tres ministros rebeldes que “estaban personalmente vinculados a Kariuki o a Mboya”. Dicha información se clasificó como secreta (nivel de clasificación Umbra) y aparece en varias notas de servicio de la CIA en Medio Oriente, en África y Sudáfrica. Fue divulgada posteriormente a través de la red COMINT el 24 de junio de 1975. La información de inteligencia que figura en ese informe, como lo demuestra su nivel de confidencialidad, proviene de escuchas efectuadas por el ministerio del Interior de Kenia. Nadie fue acusado nunca por el asesinato de Kariuki.

Las escuchas a las que fueron sometidas personas vinculadas a Mboya y Kariuki prueban que la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) y la CIA mantuvieron bajo vigilancia al padre de Barack Obama, quien, como ciudadano extranjero en Estados Unidos, podía ser sometido ocasionalmente a escuchas de manera legal, de las que se encargan la NSA estadunidense y el Government Communications Headquarters (servicio de espionaje electrónico del gobierno británico).

Leer articulo completo AQUI.

EU: El embate que viene

John M. Ackerman

MÉXICO, D.F., 11 de noviembre (Proceso).- Hoy que el Partido Republicano ha reconquistado la Cámara de Representantes y expandido su poder en el Senado del país vecino, se esfuma la tenue esperanza que todavía algunas mentes ingenuas albergaban de que la llegada de Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos iba a implicar una mejora en el trato político hacia México y los mexicanos. Hoy como nunca, la clase política mexicana tendría que defender enérgicamente los intereses nacionales frente al embate que se acerca.

Desde el principio de su mandato, Obama mostró un notable desinterés sobre el bienestar del pueblo mexicano. En las dos ocasiones que visitó nuestro país se limitó a participar en breves reuniones burocráticas y no hizo esfuerzo alguno por mostrar mayor diplomacia ciudadana o por buscar interlocución con la pluralidad de la clase política. Asimismo, las dos visitas que Felipe Calderón hizo a Obama en Washington estuvieron repletas de protocolo y buenos deseos, pero en ambas ocasiones el mandatario mexicano regresó con las manos vacías.

En general, ha habido un estancamiento en las relaciones bilaterales y una clara continuidad de las políticas de George W. Bush hacia México. Bajo la administración de Obama, la cantidad de deportaciones de connacionales sin papeles ha llegado a un récord histórico, se ha militarizado al extremo la frontera y se han “estrechado los lazos” en materia de cooperación militar como nunca en la historia.

A partir de ahora, sin embargo, la situación podría empeorar aún más. Antes, el Partido Republicano todavía jugaba con la posibilidad de incorporar a los “latinos” dentro de sus filas, apelando a la importancia de la religión y del concepto de familia tradicional que supuestamente compartirían con este sector de la población. Como parte de dicho proyecto, hace años el mismo senador John McCain impulsó una importante iniciativa que habría permitido la legalización de millones de mexicanos en Estados Unidos.

Pero hoy, frente al resurgimiento del racismo y el repudio generalizado a las supuestas políticas “estatistas” de Obama, México y los mexicanos una vez más se han convertido en “un peligro” para los estadunidenses. La utilización de la figura de Calderón en anuncios electorales recientes de EU para denostar a México demuestra el extremo al que ha llegado el repudio para todo lo mexicano. La xenofobia hoy es tal que los estadunidenses ni siquiera se dan cuenta de que Calderón es el mejor aliado que podrían tener para su proyecto de reconquistar México y controlar sus recursos naturales.

Sin embargo, en este contexto de mayor agresividad que ya raya en las ofensas personales, el gobierno mexicano parece decidido a seguir adoptando la misma actitud servil y sumisa de siempre. De manera increíble, Calderón ni siquiera tuvo la valentía de apoyar la iniciativa número 19 en California que hubiera legalizado el consumo, la cosecha personal y la venta de mariguana a ciudadanos mayores de 21 años. Esta reforma a todas luces hubiera implicado grandes beneficios para el pueblo mexicano al reducir significativamente los ingresos de los narcotraficantes y obligar al gobierno a enfocar sus esfuerzos de seguridad pública en la persecución de los delitos más graves, como asesinatos, secuestros, posesión de armas y fraude fiscal, en lugar de dirigirlos contra la venta y el transporte de la planta intoxicante.

Un apoyo público decidido de parte del presidente de México a la iniciativa de California bien pudo haber propiciado su victoria en las urnas. Pero en lugar de priorizar los intereses de los mexicanos, Calderón ha preferido cuidar sus “buenas relaciones” con Washington y, para no perder la costumbre, otra vez intervenir directamente en los procesos electorales.

El pasado 2 de noviembre, Calderón envió a Alejandro Poiré a dar una improvisada conferencia de prensa para ratificar la oposición del gobierno mexicano a la iniciativa 19. “Los delincuentes no transformarán su comportamiento (...) porque una de sus actividades criminales deje de estar prohibida”, afirmó Poiré. Pero lo que no menciona el vocero es que al ver reducida una parte importante de sus ingresos, será mucho más difícil para el crimen organizado cometer cualquier tipo de delito. El hecho de que la legalización no sea la panacea, no quiere decir que ésta no sea una parte importante de la solución.

Lo que sí es cierto es que en los hechos la mariguana ya es legal para uso medicinal en una docena de estados del vecino país. Asimismo, hace apenas unas semanas el gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, firmó una nueva ley que reduce de manera significativa las penas por posesión y consumo de mariguana. Las multas por esta falta administrativa son ahora equivalentes a las de una simple violación de tránsito. De acuerdo con The Huffington Post, el martes 2 los partidarios de la iniciativa número 19 encendían sus cigarros de mariguana mientras observaban la llegada de los resultados electorales en las pantallas de la casa de campaña. En los próximos años, otros estados también tendrán elecciones sobre iniciativas similares para legalizar la posesión y el consumo de la droga.

Sin embargo, perdura la hipocresía, sobre todo entre los votantes más viejos de Estados Unidos. Mientras apoyan la reducción de penas para los que consumen mariguana y están de acuerdo con su uso medicinal, no impulsan ninguna acción contra el encarcelamiento de los que la venden y distribuyen, quienes normalmente provienen de las “minorías” afroamericanas, “latinas” o asiáticas, a quienes el “sueño americano” no les ha dejado otro camino. Y los votantes estadunidenses menos están dispuestos a hacer su parte para evitar la violencia en México por medio de una prohibición de la venta de las peligrosas armas de asalto.

Pero en lugar de confrontar esta hipocresía y abogar por un cambio radical en las políticas de Estados Unidos, así como de exigir respeto a los derechos humanos de los mexicanos, Calderón se contenta con seguir haciendo el trabajo sucio a los vecinos. Ha llegado la hora de una nueva política exterior que proyecte de manera decidida y autónoma los intereses nacionales, en lugar de seguir apostando a recibir las migajas del norte a cambio de un “buen comportamiento”. El imperio nunca respetará a quienes no se dan a respetar. l

www.johnackerman.blogspot.com

Twitter: @johnack

La intervención

Luis Javier Garrido

La espiral de violencia que ha generado en el país Felipe Calderón con su supuesta guerra contra el narcotráfico ha llevado al país a un escenario de horror que ahora los propios miembros de la clase política no saben cómo echar para atrás.

1. Los analistas que en los medios critican de manera cada vez mayor la violencia militar instaurada sumisamente como arma de gobierno han insistido en las violaciones que el titular de facto del Ejecutivo ha cometido a la Constitución al hacer actuar al Ejército y a la Marina en funciones que no tienen, en la violación sistemática e impune de los derechos fundamentales del pueblo cometidas por los militares y en el desastre social y económico que han conllevado estas acciones desquiciadas que, en el mejor de los casos, sólo podrían conducir a una reorganización del mercado de estupefacientes. No han puesto el énfasis, sin embargo, en los objetivos más perversos de tan aberrante iniciativa y del proyecto de militarizar al país, el primero de los cuales es el de subordinar más a México a la dominación estadunidense, para hacer más viable el saqueo de la nación.

2. No se están analizando tampoco los objetivos partidistas de esta llamada guerra, que pretende amedrentar a las fuerzas sociales en el escenario actual de desastre económico marcado por el desmantelamiento de la nación, que trata de acelerar el gobierno al cancelar los derechos de los trabajadores y al buscar destruir cuanto antes a organismos públicos como el IMSS, por lo cual un objetivo fundamental de esta política son los jóvenes, a los que se busca someter por el miedo.

3. La militarización de México es vista ya en el exterior como un proceso dirigido desde Estados Unidos conforme a sus intereses, a pesar de los esfuerzos propagandísticos de Los Pinos insistiendo en que la supuesta “guerra contra el narco” fue una decisión concebida y tomada por los panistas para luchar contra el crimen organizado. El País, diario madrileño de centro-derecha, en un reportaje sobre el operativo que permitió el viernes 5 abatir a Tony Tormenta, capo del cártel del Golfo, publicado el día 7, no dudaba en señalar que las acciones fueron similares a las que en diciembre de 2009 permitieron eliminar a Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca, ya que los servicios norteamericanos, prácticamente sólo se fían de la Marina, de tal suerte que no se sabe si la llamada telefónica de Obama a Calderón al día siguiente fue para festejar la colaboración entre ambos gobiernos en dicha acción.

4. La labor propagandística del gobierno resulta por todo un fiasco, pues no convence casi a nadie. El vocero de la imaginaria lucha anticrimen insistía el lunes 8 en el Canal 2 de Televisa en que la violencia en México no es responsabilidad de Calderón sino de los cárteles, y que el gobierno no es culpable de las muertes, que en este año son ya más de 10 mil. En un estudio publicado en Nexos de noviembre se informó en que todo el sexenio foxista no llegaron a mil las víctimas, lo que suscitó la cólera del calderonismo, que de inmediato atacó a Fox por no luchar contra los cárteles.

5. La prensa mexicana da cuenta diariamente de las decenas de muertes que ocurren en el país en el escenario de la militarización y se las atribuye todas a los cárteles como lo pide el gobierno, pero esto no es más que una falacia. Los muertos tienen diversos orígenes –los cárteles, la Policía Federal, las fuerzas armadas, los grupos paramilitares creados por el gobierno– y muy difícil será en el futuro deslindar responsabilidades, pero una cosa es cierta: el responsable de haber generado la violencia actual es Calderón con su guerra contra el narcotráfico.

6. La lógica de poder de Washington supone que, tras la experiencia calderonista, tiene ya derecho ante la comunidad internacional de inmiscuirse cada vez más en los problemas de seguridad interna de México, al menos por dos motivos, sin importar que éstos se sustenten en concepciones unilaterales y ajenas al derecho internacional. El primero es que la doctrina de seguridad del Pentágono le otorga a Estados Unidos la prerrogativa de intervenir militarmente en territorio mexicano por ser los cárteles organizaciones terroristas o paramilitares, que ponen en riesgo sus intereses fundamentales. Y el segundo, que el armamento que Washington está ahora entregando a Calderón es considerado sofisticado, a pesar de no ser muy moderno, y requiere, por lo mismo, de la supervisión directa de militares estadunidenses.

7. Los sectores nacionalistas del Ejército se negaron desde hace décadas a recibir armamento moderno para no dar pie a que en ejercicio unilateral de sus principios normativos Washington argumentase derechos para intervenir en México, pero ahora han empezado a recibir pertrechos que siendo desechos de guerra estadunidenses entran en la categoría de armamento estratégico, y lo han hecho a sabiendas de que están así comprometiendo aún más la soberanía nacional, lo que parece ser buscan de manera expresa Calderón y sus colaboradores. El gobierno de Obama, conforme a la Iniciativa Mérida, entregó a México el día 8 a través de su encargado de negocios, Peter Philips, helicópteros Bell 412, según El Noticiero de Canal 2 de ese día, en un paso más por integrar a México al Comando de América del Norte, y la información pasó casi inadvertida.

8. La escalada de la violencia oficial va en aumento delirante, y es previsible que va a intensificarse al acercarse el proceso electoral de 2012. La Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados aprobó por ejemplo contratar 10 mil soldados más en 2011 para crear 18 nuevos batallones, según reportó La Crónica de Hoy el lunes 8.

9. Publica La Jornada el miércoles 10, en una nota muy breve, que según un estudio existen en México entre 35 y 40 casinos y un número no precisado de casas de juego (lo cual es contrario a la Constitución), donde se lava dinero del narcotráfico, como lo hacen por otra parte todos los bancos ahora en propiedad de consorcios trasnacionales. ¿Quiénes son pues los dueños del negocio del narcotráfico? ¿Los capos de los cárteles que escalan posiciones y luego desaparecen? ¿O los señores del gran capital financiero que permanecen estables?

10. Estados Unidos ha crecido gracias a las guerras, le dijo en 2004 George W. Bush al entonces presidente argentino Néstor Kirchner, según relata éste en Al sur de la frontera (2010), la más reciente película de Oliver Stone: misma falacia aberrante que Bush le vendió en 2006 como tesis a Felipe Calderón, quien dócilmente la asumió como suya llevando a México a un baño de sangre. La guerra que lanzó supuestamente “contra el narco” ha empobrecido sin límites al pueblo mexicano, aunque haya sido, en otra de sus vertientes, un negocio, no sólo político, para muchos de los integrantes del grupo en el poder, de ambos lados de la frontera.

El fracaso de las prisiones

Recluir en cárceles a los infractores no contribuye a su rehabilitación ni a reducir la criminalidad, por el contrario: favorece el hacinamiento. Hasta ahora, la posibilidad de aplicar penas sustitutivas ha sido tímida en México y no se puede evaluar su resultado, estiman juristas y legisladores mexicanos. Adicionalmente, en el actual sistema penal persiste la falta de transparencia, como se demuestra en el excesivo tiempo de reserva que se aplica a las averiguaciones previas concluidas.

Nydia Egremy

Castigar los delitos con la privación de la libertad le cuesta al Estado mexicano 29 millones de pesos diarios, que representan 12 mil millones de pesos al año. Mantener en prisión a 222 mil 297 reclusos –casi el 40 por ciento de ellos, jóvenes que provienen de los sectores marginales de la sociedad– no ha contribuido a disminuir la tasa de criminalidad ni a disuadir a los delincuentes. Para Sergio García Ramírez, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta política abre una ventana “hacia un sistema sumamente autoritario de justicia penal, cobijado bajo una bandera benévola”.

El jurista, quien también presidió la Academia Mexicana de Ciencias Penales, manifiesta que, ante la criminalidad “desbordante y desbocada, de una antisocialidad que nos ocupa y preocupa, lo que hemos hecho ha sido multiplicar los delitos”. Explica que en la medida en que surgen los escándalos y preocupaciones sociales, los legisladores modifican y aumentan las penas.

Las hipótesis delictuosas y los tipos penales aumentaron, con punibilidades “verdaderamente exageradas” que saturan las prisiones, indica García Ramírez. Eso significa que se pretende combatir la criminalidad con penas de 50, 60 y hasta 70 años que, por supuesto, no se aplican a nadie porque “lo que prevalece es una rampante impunidad”, agrega el abogado.

El académico de la Universidad Nacional Autónoma de México estima que esa política se inserta en un esquema donde, “para disgusto y horror de las autoridades locales”, no se dispone de los recursos necesarios para la manutención de los reclusos federales. A esta problemática se suma el hecho de que, en las prisiones, se aloja cerca del 40 por ciento de presos sin condena y que serían presuntos inocentes.

El también exprocurador General de la República describe que, en México, se generaron dobles sistemas penales y de cárceles. Existe “un sistema penal y prisiones asignadas para la delincuencia ordinaria, y otro sistema penal y prisiones para lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos designa como medidas especiales de control”. Ése sería el caso de los reclusos de la llamada delincuencia organizada.

El otro sistema penal atiende los “otros delitos” –homicidios, lesiones dolosas, delitos sexuales, secuestros, robos con armas–. Para el doctor en derecho, ante el panorama de criminalidad ya se debería haber adoptado una serie de medidas más racionales que, aparentemente, no se han emprendido.

En su análisis sobre la situación en las prisiones mexicanas, el expresidente de la Comisión de Reclusorios del Distrito Federal sentencia: “Las prisiones son una manifestación sombría y cruel de un sistema penal”. Ese problema acarrea también el hacinamiento en prisiones.

El sistema de cárceles del Distrito Federal, concebido en 1975, preveía una población de 1 mil 500 o 1 mil 800 reclusos. Treinta y cinco años después, y a pesar de sus incrementos físicos, las prisiones resultan insuficientes para albergar a 13 mil o 14 mil reclusos.

Prisión para jóvenes excluidos

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad Pública, difundidas en julio pasado, el 33 por ciento de su presupuesto se destina para mantener a los presos en 429 reclusorios. Parte importante del universo de presos está constituido por jóvenes de entre 18 y 25 años que provienen de los sectores más marginales de la sociedad. La antropóloga social Elena Azaola Garrido estima que ese sector de procesados recibe penas de prisión tan altas que marginan más a los ya de por sí excluidos.

Los números muestran que la gente de escasos recursos es la que colma mayoritariamente las prisiones mexicanas. En México, el 70 por ciento de la población carcelaria recurrió a las defensorías de oficio; prácticamente no tuvieron defensa y por eso fueron a prisión, explica la especialista en criminalidad y violencia contra jóvenes.

Ante tal situación, Azaola cuestiona “severa y profundamente este sistema de justicia que mantiene en prisión a este grupo de personas en esas circunstancias”. Asimismo, describe que la sobrepoblación carcelaria es de 130 por ciento, con un incremento de la cuarta parte en los últimos años.

Este escenario, dice, es preocupante porque el de las prisiones es un mundo degradado, deshumanizado y en el que se invierten pocos o ningún esfuerzo; es la última de las prioridades en las agendas políticas. La especialista manifiesta que “es una ceguera política no atender lo que ahí ocurre. Nuestras cárceles están llenas de gente pobre que ha cometido delitos muy menores”.

Hasta ahora, no hay evidencia de que las prisiones cumplan con sus fines, sino que representan un daño en sí mismas para la población interna, que se distribuye a sus familias; también daña a las comunidades. Esto ocurre cuando se cometen delitos muy graves que quedan impunes y que generan en la sociedad la sensación de que no hay un juego limpio, de que no hay un juego justo, apunta la autora del estudio Crimen, castigo y violencias en México (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2008).

La situación de México no es muy distinta a las políticas criminalísticas que aplican otros países de América Latina, por lo general todas privilegian el enfoque punitivo al tiempo que permanecen impermeables a otras evidencias de la experiencia internacional y los estudios científicos.

Por ello, considera que el abandono de programas de rescate social, particularmente los dirigidos a los sectores en riesgo, evidencia lo equívoca de la política criminológica actual; por ello, propone elaborar políticas criminales vinculadas con las políticas sociales y con más énfasis en la prevención.

Criminalidad impune

Los datos sobre la tasa de homicidios en el país muestran que, “para nuestra tragedia, estamos frente a un incremento de la criminalidad”, señala el jurista Sergio García Ramírez. Se refiere a la cifra de casi 30 mil “asesinatos” en lo que va de la supuesta guerra contra el narcotráfico.

Es apremiante transformar el sistema penitenciario y revisar de qué forma afectan las penas de libertad la conducta de las personas, coinciden analistas, legisladores y juristas.

Mano dura… contra los pobres....y los pillos de los narcopoliticos corruptos?

Leer articulo completo AQUI.

Migración infantil y catástrofe

Editorial La Jornada

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), alrededor de 40 mil niños y niñas mexicanos son deportados cada año de Estados Unidos, y casi la mitad viaja sin compañía. Si se toma en cuenta que otros 12 mil son interceptados anualmente antes de cruzar la frontera norte, el promedio diario resultante es de más de 142 menores que intentan, sin éxito, llegar a la nación vecina.

Son de sobra conocidas las condiciones de abuso y atropello que padecen millones de migrantes indocumentados –muchos de ellos connacionales– en Estados Unidos a consecuencia de la política de persecución y criminalización que aplica el gobierno de Washington. Por añadidura, en meses recientes han salido a la luz pública diversos datos y hechos que documentan la comisión, en México, de atropellos iguales, o peores, contra ciudadanos de otros países: ejemplos de ello son las innumerables denuncias de maltrato, extorsión y hasta asesinato de migrantes irregulares, cometidos tanto por autoridades migratorias como por grupos delictivos, y las elevadas cifras de extranjeros secuestrados por grupos dedicados al tráfico de personas, que ascienden a 20 mil por año, según diversas organizaciones sociales.

Ahora, con los datos proporcionados por el INM, queda de manifiesto que el panorama para la población nacional no es menos desolador, y que el país se ha vuelto un sitio inhóspito para su propia niñez. Ciertamente, la migración es un fenómeno connatural a las sociedades humanas y tan antiguo como la especie; pero en México del siglo XXI ese fenómeno se ve alimentado por la pobreza, la falta de empleo de los padres y la ausencia de horizontes de movilidad social en el país: tales elementos han orillado a un número creciente de niños y niñas a incorporarse al campo laboral –la cifra se estima en unos tres y medio millones de niños y niñas, 12.5 por ciento la población infantil– y a desempeñar actividades que suponen un riesgo para su integridad: 27 por ciento de los menores que trabajan lo hacen en lugares con ruido excesivo, humedad, herramientas peligrosas y entre productos químicos, es decir, en sitios de alto riesgo de accidentes y enfermedades.

A lo anterior debe añadirse la sostenida desintegración y la ruptura de los tejidos sociales; la inseguridad pública y la negación sistemática de garantías constitucionales básicas por las autoridades de todos los ámbitos y niveles. En conjunto, la desastrosa realidad económica y social del país configura un escenario propicio para éxodos humanos como los ocurridos en semanas recientes en las localidades tamaulipecas de Mier y Camargo –azotadas por la violencia asociada a la guerra contra el narcotráfico–, o como el que año con año emprenden decenas de miles de niños con la intención de llegar a territorio estadunidense.

En la desgarradora circunstancia nacional presente, no basta con condenar el maltrato, la crueldad y el racismo de Estados Unidos hacia los migrantes irregulares; antes bien, resulta obligado voltear los ojos a la realidad interna y reconocer que en el territorio nacional priva un escenario de catástrofe social y que los mexicanos que emigran a Estados Unidos –niños y adultos, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos– bien pueden ser llamados los desplazados o los refugiados de esa circunstancia.

IFE: Una terna partidizada

Jesusa Cervantes

Empantanadas las negociaciones para nombrar a los últimos tres de los nueve consejeros electorales, las diferencias entre los diputados del PRI, PAN y PRD son cada vez más exacerbadas. Mientras el presidente veta a uno de los candidatos impulsados por los panistas, los perredistas acusan al PRI de querer apropiarse de dos de los tres cargos. Diputados que participan en las negociaciones sostienen que el Instituto Federal Electoral está en la antesala de una crisis más grave aun que la de 2006 con un riesgo claro de que el problema se tripartidice.

A raíz de los controvertidos resultados de los comicios presidenciales de 2006, la credibilidad del Instituto Federal Electoral (IFE) quedó en entredicho, por lo que al año siguiente PRI, PAN y PRD decidieron impulsar una reforma electoral para renovar de manera escalonada a los nueve consejeros de ese organismo.

En la última etapa, en la que aún falta por sustituir a un tercio de los consejeros que se encargarán de organizar las elecciones presidenciales de 2012, las negociaciones entre los tres partidos políticos están entrampadas. Y aun cuando los tres últimos consejeros de la cuestionada elección de julio de 2006 concluyeron su gestión el pasado 30 de octubre, la Cámara de Diputados todavía no logra el consenso para designar a sus sucesores.

El panorama se complica ahora que los legisladores de San Lázaro se preparan a discutir el presupuesto para 2011; en tanto, los panistas están inmersos en los comicios internos para votar por su próximo dirigente nacional.

En el forcejeo por designar a los tres futuros consejeros electorales, el presidente Felipe Calderón está ejerciendo su derecho de veto, mientras que los priistas presionan para quedarse con dos de las tres posiciones.

Consultados por Proceso, legisladores que participan en las negociaciones comentan que existe el riesgo de que se reedite el error de distribuir las tres posiciones con base en cuotas partidistas, lo que abriría la puerta a una nueva crisis política institucional, mayor aun que la de 2006.

Los coordinadores parlamentarios de San Lázaro y el presidente Calderón Hinojosa se autoimpusieron un “no plazo” para designar a los sucesores de Arturo Sánchez, Marco Antonio Gómez Alcántara y Virgilio Andrade Martínez, aunque es factible que en los próximos días lleguen a un acuerdo. Sánchez es filopanista e incluso es compadre de Juan Molinar Horcasitas, actual secretario de Comunicaciones y Transportes; Gómez Alcántara llegó al IFE con el respaldo del PVEM, pero se le conoce por su cercanía con el presidente Carlos Salinas de Gortari, y Andrade Martínez era una pieza de PRI.

Durante la primera parte del proceso de selección, la Comisión de Gobernación, presidida por el panista Javier Corral, logró que, por unanimidad, los partidos confeccionaran una lista de 17 finalistas.

De ellos, el PRI propuso ocho: Elvia Amezcua Fierros, Leonardo Duque Roquero, Adriana Favela Herrera, Areli Gómez González, Juan Manuel Herrero Álvarez, Enrique Ochoa Reza, Francisco Javier Osornio Corres y Cecilia Tapia Mayans; el PAN, cinco: Ciro Murayama Rendón, David Gómez Álvarez, Leticia Santín del Río, Alberto Alonso y Coria y Jacinto Silva Rodríguez; el PRD, tres: Emilio Álvarez Icaza, Salvador Guerrero Chiprés y Areli Cano, y el PVEM, uno: José Félix Cerezo Vélez

Los forcejeos

La fracción del PAN manifestó su respaldo a Murayama Rendón, quien tiene experiencia en el ámbito electoral pues trabajó en el IFE como asesor de José Woldenberg durante siete años. Allegado a intelectuales como Rolando Cordera y Ricardo Becerra, Murayama tiene “talante”, comentó el diputado Javier Corral.

Sin embargo, cuando la coordinadora de los diputados del PAN, Josefina Vázquez Mota, comunicó a la Presidencia de la República la decisión de los 143 legisladores de su partido, vino la orden de Presidencia: “El candidato es Jacinto, no Murayama ni ningún otro”. Jaime Cárdenas Gracia, diputado por el PT y exconsejero del IFE, declaró que el veto a Murayama llegó desde Los Pinos.

Legisladores panistas que participan en la negociación admiten que fueron presionados mediante llamadas telefónicas aunque omiten proporcionar nombres. Uno de los entrevistados por Proceso sostiene: “Siguen teniendo resistencia en Los Pinos. Lo único que nos dicen es: ‘Se dice que es un asunto personal’, pero no nos presentan argumentos técnicos o de filias políticas.

“Hemos tenido presión a morir porque Los Pinitos quiere a Jacinto. No sabemos exactamente el motivo del veto; sólo que Lía Limón (exesposa de Juan Carlos Ugalde, quien era presidente del IFE en 2006) fue la principal opositora”. Limón es muy allegada a Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón.

Para el petista Cárdenas Gracia, el retraso en la designación de los tres nuevos consejeros electorales complicó el panorama al PAN, que ahora está más preocupado por elegir a su dirigente nacional. Según él, ahora las corrientes internas de Acción Nacional tratan de ganar espacios en el IFE, lo que contaminará aún más la elección.

El diputado Sebastián Lerdo de Tejada, quien participa en las negociaciones para designar a los consejeros electorales por parte del PRI, asegura que la coordinadora Vázquez Mota y el vicecoordinador Carlos Alberto Pérez Cuevas eran los panistas más activos en las discusiones, pero a partir del lunes 1 el presidente Calderón introdujo al diputado Roberto Gil Zuarth. Desde entonces, él ha participado en todas los encuentros, incluso en los que se realizan fuera del recinto legislativo.

Algunos legisladores priistas aseguran que ya no saben con cuál camiseta opera la coordinadora de los diputados del PAN. No se sabe, dice uno de los consultados, “si lo hace como presidenta de la Junta de Coordinación Política o como coordinadora panista o como precandidata presidencial. Parece que juega con dos caretas: una con el PAN y otra con nosotros (los del PRI)”.

El jueves 4, el coordinador del PRI, Francisco Rojas Gutiérrez, “mandó decirle a la señora, a través de Lerdo de Tejada, que él ha sido muy caballero y no ha querido evidenciarla públicamente, pero ya es hora de que asuma su papel de presidenta de la Junta; por ley, a ella le corresponde buscar los consensos”, añade el legislador priista.

Con su injerencia para impulsar la candidatura de Jacinto Silva Rodríguez, el presidente Calderón olvida que durante la gestión de José Woldenberg en el IFE, en el organismo electoral las decisiones se tomaban por consenso, no por imposición.

Silva Rodríguez, oriundo de Jalisco, se desempeñó como contador mayor de Hacienda en el gobierno de esa entidad durante la gestión de Alberto Cárdenas (1995-2001). Él pertenece a la fracción conservadora de los panistas jaliscienses.

Durante su paso por el gobierno del estado, a Silva se le señaló como protector de panistas implicados en irregularidades en el manejo de los recursos, particularmente en el ayuntamiento de Zapopan. En 2002, cuando Silva pasó al Consejo General del Poder Judicial de Jalisco, se filtró a la prensa un documento en el cual se le implicó en un desvío de 6 millones de pesos para el equipamiento de los juzgados.

Además de Silva, el PAN tiene otra carta fuerte: David Gómez Álvarez, quien fue asesor del exconsejero del IFE Mauricio Merino.

Contra el agandalle priista

En la bancada del PRI, aun con sus pugnas internas, sus integrantes presionan para quedarse con dos de los tres futuros consejeros electorales. Desde el principio, los priistas han mencionado a Areli Gómez y a Enrique Ochoa Reza.

A Gómez, hermana del vicepresidente de Televisa, Leopoldo Gómez, y quien estuvo como encargada de la Fiscalía Especial para Atender Delitos Electorales (Fepade) hasta el 30 de junio pasado, la respalda Beatriz Paredes Rangel, la dirigente nacional del PRI.

Ochoa, por su parte, aun cuando tiene amistad con Paredes Rangel se le vincula más con el gobernador mexiquense; además, fue secretario de la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís, quien es cercana al senador Manlio Fabio Beltrones y a Margarita Zavala.

El 28 de octubre, los priistas de Oaxaca y Puebla se rebelaron y dijeron que no están dispuestos a apoyar a Areli Gómez porque consideran que sería una pieza de Televisa en el IFE. El diputado oaxaqueño Elpidio Concha Arellano se quejó porque, dijo, su coordinador, Francisco Rojas Gutiérrez, no ha consultado a las bases del partido.

A su vez, hasta el viernes 5 el PRD había propuesto a Emilio Álvarez Icaza como primera opción y a Salvador Guerrero Chiprés como segunda. Álvarez Icaza fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal entre 2001 y 2009. Durante su gestión tuvo desencuentros con Andrés Manuel López Obrador cuando el tabasqueño estuvo al frente del gobierno capitalino; además, es gran amigo de dos de los actuales consejeros del IFE: Leonardo Valdez Zurita y Alfredo Figueroa Fernández.

El PRI, a su vez, puso sobre la mesa una nueva propuesta: la de Enrique Ochoa Reza, candidato “inamovible, no negociable”, y cinco nombres: Areli Gómez, Margarita Favela Herrera, Juan Manuel Herrero, Cecilia Tapia y Leonardo Duque. Según los priistas, las demás fracciones parlamentarias podrán vetarla.

Favela Herrera, quien encabeza la lista, es magistrada de la sala regional de Toluca, Estado de México, y su candidatura la impulsan los diputados mexiquenses, así como Emilio Chuayffet Chemor, exdirector del Registro Federal Electoral y quien introdujo la credencial electoral con fotografía cuando estaba al frente de la Secretaría de Gobernación. Tapia y Duque, por su parte, son excolaboradores de la actual presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís Figueroa.

El PRD se molestó porque en las negociaciones del miércoles 3 y jueves 4 el PRI insistió en sus dos propuestas. Sin embargo, Sebastián Lerdo de Tejada los criticó por su visión “reduccionista”, ya que actúan con la lógica de que hoy se están renovando sólo tres de los nueve espacios en el Consejo General del IFE.

“No se trata de vetar a nadie, es un tema de espacios. Nosotros no jugamos a ser inamovibles, sino que estamos ofreciendo que se escoja entre un conjunto de opciones” para designar a los tres nuevos consejeros electorales, dijo Lerdo de Tejada.

Pero el PRD insiste en que si el PRI se queda con dos de las tres posiciones, se reeditará el caso de 2003, que derivó en una crisis institucional en 2006. Sólo que esta vez existe el riesgo de que la elección se tripartidice.

Por la composición actual del IFE, a dos de los seis consejeros en funciones se les identifica con el PRI a través del senador Manlio Fabio Beltrones, Javier Guerrero Aguirre y Marco Antonio Baños. Si el partido obtiene dos posiciones más, tendrían cuatro de nueve; por eso el PRI se muestra tan avasallante, dice a la reportera un allegado al mexiquense Enrique Peña Nieto.

El PAN, que ya tiene dos posiciones, Benito Nacif y Macarita Elizondo, podría obtener otra. Y el PRD, que ya cuenta con Alfredo Figueroa, podría concretar la de Álvarez Icaza, quien podría tener ascendencia sobre Leonardo Valdés, que hoy ya no es confiable para el PRD, comenta el exconsejero Jaime Cárdenas Gracia.

La vida en rosa

Matrimonio en curso

José Gil Olmos

MÉXICO, 10 de noviembre (apro).- Como si fuera una versión mexiquense de la canción clásica francesa, Enrique Peña Nieto quiere hacer de su vida política una “vida en rosa” y también de oropel en la televisión, con la boda del próximo sábado 27.
Todo esta listo para que el gobernador del Estado de México contraiga nupcias --acordadas con Televisa y que serían su arranque de campaña por la silla presidencial-- con la actriz Angélica Rivero, mejor conocida como “La Gaviota”.
Trepado en el marketing político, el mismísimo mandatario de copete inamovible marcó la fecha para su casamiento en la Catedral de Toluca. Ya todos los derechos están reservados, es decir vendidos a la televisora que le ha llevado su campaña de imagen desde hace cuatro años.
El vestido de “La Gaviota” lo hará el diseñador mexicano Macario Jiménez. Ella entrará a la iglesia con Alejandro, hijo de él, y Peña Nieto con todas las niñas, según han publicado las revistas de la socialité.
Peña Nieto esta sentado en los cuernos de la luna mediática, pero ocupar ese asiento exclusivo le ha costado millones de pesos, que ha desembolsado del erario desde que llegó a la casa de gobierno mexiquense. Mareado por estas nubes mediáticas, creadas especialmente para él por Televisa, el gobernador ha hecho de su vida privada una virtud pública, llevándola al espectáculo, donde lo más importante son las apariencias.
Hace apenas unas semanas, ante unas 5 mil personas que fueron acarreadas al municipio de Lerma para que les entregaran pólizas del seguro popular, el hijo pródigo del grupo Atlacomulco anunció el enlace matrimonial.
La representante vecinal Irma Serrano González le dijo: “Le deseamos muchas felicidades, que Dios lo bendiga y suerte en su próximo matrimonio”. Peña Nieto respondió: “Gracias por esas porras y esas palabras de aliento, con la felicitación que Irma hace un momento nos daba, aunque aquí vi muchas dudas que sí, que no (sic), pero, bueno, es una decisión personal, sé que ustedes me van a acompañar, porque si en lo familiar y personal soy de mi familia, en lo político y como amigo soy de todas y todos ustedes”.
Nada más fútil en el discurso del político que pretende gobernar el país a partir de 2012, trayendo de regreso al PRI a Los Pinos. Y el uso de esta estrategia de marketing político va encaminada, de manera evidente, a conseguir simpatías entre un sector importante del electorado: las mujeres, quienes representan más de la mitad de los votantes.
Gracias a ese gasto oneroso en Televisa, en primer lugar, pero también en TV Azteca y en otros medios, Peña Nieto ha querido borrar las deficiencias de su gobierno y las expresiones más claras de sus incapacidades. Por ejemplo, que en el Estado de México hay más mujeres asesinadas que en Chihuahua, y que los cárteles de la droga se han asentado en sus municipios, cobrando "derecho de piso" a los comerciantes de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tultitlán, Chimalhuacán y Tlalnepantla.
Más allá de la campaña mediática que ha sostenido en casi cinco años – la más larga y onerosa que ha hecho un político mexicano, quizá también en el mundo --, el gobierno de Peña Nieto no puede ocultar los enormes huecos que tiene y que ahora el PAN y PRD utilizan en una contracampaña desplegada en espectaculares, mismos que fueron colocados en los municipios más importantes del estado.
Los hechos son irrefutables y ni una campaña millonaria puede ocultarlos. El Estado de México esta en primer lugar en contaminación, corrupción y robo de autos. Siete millones de mexiquenses se encuentran en situación de pobreza patrimonial y el estado tuvo el primer lugar en desempleo durante el primer trimestre del año, además de que se colocó en el segundo lugar en secuestros y extorsión a nivel nacional, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública 2010.
La sola consignación de estos hechos debería preocupar al gobernador mexiquense, porque son las verdaderas credenciales que porta como gobernante, con pretensiones de dirigir al país el próximo sexenio. Su boda, en tanto, debería dejarla exclusivamente para su vida privada, pero no es así, porque todo forma parte de una estrategia bien diseñada en Televisa para apuntalarlo con viguetas virtuales que, al parecer, son las más caras del mercado de la construcción de imágenes.
Peña Nieto vive sus días de la “vida en rosa”, entre las acolchonadas nubes de la propaganda y la publicidad millonaria de Televisa y otros medios con intereses económicos, que ven en su figura un signo de pesos.
Pero todo eso es sólo escenario, es virtual, la realidad dicta otra situación manchada por la sangre, la violencia, el desempleo y la pobreza, que reinan precisamente en su estado, al que Enrique Peña ha gobernado virtualmente.