A un año de Salvárcar, puras promesas...

Todos Somos Juárez: de las protestas a las promesas

A 11 meses del arranque del programa Todos Somos Juárez, activistas sociales de esa ciudad insisten en que las acciones emprendidas por el gobierno federal siguen siendo desatinadas e ineficaces. Algunos de ellos comentan a Proceso que el problema es de estrategia, y aun cuando no dejan de reconocer algunos logros, documentan las pifias de las acciones emprendidas supuestamente para ayudar a los jóvenes y combatir la violencia en la ciudad fronteriza.

Salvarcar, la herida abierta.

Patricia Dávila

Las declaraciones del presidente Felipe Calderón desde la capital de Japón sobre el asesinato de 15 estudiantes en Villas de Salvárcar el 30 de enero de 2010 –a quienes llamó pandilleros– sólo activaron la indignación, hasta ese momento contenida, de los juarenses.

Ya pasó un año de que un comando de sicarios del cártel de Juárez asesinó a esos adolescentes durante un convivio, pero la violencia no cede, sino que exhibe más las fallas de estrategia de las autoridades. Ante los embates de las organizaciones delincuenciales la población no ha dejado de elevar su clamor en busca de justicia.

En marzo de 2008, cuando se puso en marcha el Operativo Conjunto Chihuahua, con el despliegue de 5 mil 500 soldados que inundaron las calles de Juárez, las protestas fueron inmediatas. Los ciudadanos rechazaron la intromisión del Ejército y comenzaron a documentar las violaciones de las tropas a los derechos humanos de los habitantes; algunos grupos organizados denunciaron incluso ejecuciones de civiles.

Imparable, la violencia dio origen a delitos colaterales, como el secuestro, la extorsión, el cobro de piso por parte de las organizaciones criminales, el robo de autos y los asaltos.

Por eso las declaraciones de Calderón hechas en Tokio dos días después de la matanza de los jóvenes en Villas de Salvárcar, según las cuales se trató “de un ajuste de cuentas entre pandillas”, enardecieron a los juarenses, quienes le exigieron dar la cara. Y tuvo que hacerlo.

El 11 de febrero siguiente, Calderón llegó a Juárez, la urbe más violenta del país, y anunció su plan Todos Somos Juárez. Reconstruyamos la Ciudad, que se inició seis días después “como respuesta al círculo vicioso de violencia” que se vive en esa zona fronteriza.

Con una inversión de 3 mil 386.5 millones de pesos, el proyecto comprende seis áreas básicas: seguridad, educación, salud, desarrollo social, economía y empleo. Las primeras cuatro absorberán, se dijo, 99% de los recursos.

Acciones sin estrategia

A 11 meses del arranque del “programa integral”, la doctora Leticia Chavarría, de la Mesa de Seguridad formada por ciudadanos comprometidos con el buen desarrollo de su entorno social, sostiene que el fracaso de Todos Somos Juárez es patente. Y enumera las pifias.

El Centro de Emergencia y Reacción Inmediata (CERI), dice, no logró disminuir sus tiempos de respuesta ante las contingencias. Hoy, según la representante de los médicos locales, existen muchas quejas acerca del tiempo que tardan en llegar los socorristas cuando alguien los requiere; algunas veces ni siquiera atienden el reporte.

Entre los delitos que han tenido mayor impacto durante los meses recientes Chavarría menciona el secuestro y la extorsión –de los que, precisa, “no existen cifras confiables”– además del robo de autos. Por lo que atañe al programa de fronterización, cuyo propósito es dar facilidades a ciudadanos para regularizar sus vehículos, comenta, es inoperante por sus elevados costos.

A ello se debe que aún circulan alrededor de 80 mil unidades sin placas, lo que da pie a que se cometan delitos con ese tipo de autos, incluso en los dos “corredores seguros”, que sólo funcionaron de manera temporal y donde los actos delictivos van al alza pese al operativo de blindaje en la zona turística del Programa Nacional Fronterizo.

Por lo que respecta a la profesionalización de la Policía Municipal, la activista reconoce que no se ha abierto una campaña de reclutamiento ni se han diseñado cursos de capacitación para los agentes y tampoco se ha depurado la corporación. Cada que los juarenses cuestionan a las autoridades, les responden que carecen de recursos para instrumentar ese proyecto.

Otro punto débil del programa Todos Somos Juárez es el de la violación constante a los derechos humanos. En el Centro de Confianza Ciudadana (CCC) se reciben innumerables denuncias contra agentes federales. Uno de los casos más críticos es el del estudiante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) José Darío Álvarez Orrantia, quien el 29 de octubre de 2010 fue agredido dentro del campus por dos policías armados.

Los pendientes

Hugo Almada, integrante también de la Mesa de Seguridad, dice que pese a que observa “algunas cosas significativas” en el programa integral del gobierno federal, “es evidente que hay problemas en los que no se ha logrado nada.

“Se trata de una guerra innecesaria dirigida contra los pobres”, dice. Y lamenta que no se enfrenten delitos como el lavado de dinero ni la corrupción política y a los funcionarios implicados; tampoco interesa a las autoridades atacar la estructura financiera de los cárteles. Las acciones sólo se enfocan a la parte operativa, a los consumidores y vendedores, pobres en su mayoría, o a los sicarios.

Desde el punto de vista táctico la estrategia ha sido mal planteada. Carece de labor de inteligencia. Eso provoca que los operativos no sean ágiles ni contundentes.

–¿Cómo han actuado las autoridades? –se le pregunta a Almada.

–Las fuerzas federales o la tropa se desplazan a los lugares de conflicto sin hacer ninguna investigación previa; el problema es de estrategia. Quiero ser enfático: no estamos de acuerdo (como lo planteamos en febrero de 2010, cuando pedimos fortalecer el área de inteligencia) con la poca respuesta del gobierno federal (para enfrentar la violencia criminal).

Almada, quien participa también en la Mesa de Salud y de Desarrollo Social expone sus desacuerdos en esos rubros. Con respecto a la primera, admite que hay avances en la construcción del hospital psiquiátrico y en el equipamiento del hospital infantil y en la edificación de otro nosocomio con 120 camas, pero la afiliación de gente de escasos recursos al Seguro Popular tiene sus claroscuros.

Dice que aun cuando miles de personas de mayor pobreza fueron incorporadas a ese programa sanitario, instituciones como el IMSS y el ISSSTE resultaron “castigados”, pues ahora tienen que atender a más pacientes y algunas veces se saturan. Almada señala el error: primero debió ampliarse la infraestructura y luego realizar la afiliación. Así de fácil.

En lo relativo a las adicciones, el entrevistado señala que se están construyendo centros como Nueva Vida para atender a la población afectada, además de una red de organizaciones abocadas a ese problema. La UACJ y la Secretaría de Salud, por su parte, están a punto de culminar una investigación en torno a las adicciones en la ciudad.

–Si no ha dado resultado el combate al narcotráfico, ¿funcionará el programa contra las adicciones?

–Sí. Pero aquí hay dos problemas. Uno: mientras no mejore la seguridad de manera sustancial será difícil recomponer el tejido social… No obstante, nosotros también pensamos que independientemente de ello tenemos que entrarle a los programas sociales, sobre todo a los emergentes. Es claro que aunque no mejore la situación de seguridad, la falta de programas sociales empeora las cosas.

“En la Mesa de Salud Mental el problema es que prácticamente no hay presupuesto. La salud mental no existía en las predicciones presupuestales del gobierno federal, a pesar de que el daño psicoemocional de la población juarense es similar al de un desastre humanitario.

“A pesar de esa situación, no hay esa predicción presupuestal prevista en la normatividad del gobierno; tampoco se implementó un programa emergente con la mano de obra necesaria, a pesar de que se lo demandamos a Calderón desde su primera visita.”

En la Mesa de Desarrollo Social las cosas son aún peores, considera Almada. Dice que la gente que envió la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ni siquiera se interesó por conocer la situación que viven los juarenses. Optaron por incorporar a más gente al padrón del programa Oportunidades en sólo tres colonias: Oasis Revolución, Plutarco Elías Calles y Luis Olague, de las 900 que hay en la ciudad.

“Esto hace que los problemas más significativos no se hayan atendido, a pesar de que la problemática es acuciante a causa del abandono”, expone el entrevistado.

“Hay un rezago histórico en todos los temas: educación, salud, atención a la niñez, a la juventud, a las personas con discapacidad y a quienes tienen problemas psicoemocionales o de adicciones”, dice Almada.

E insiste: “Lo que se requiere es sanar el tejido comunitario y atacar la pobreza que afecta a la mitad de la población (1.3 millones de habitantes)”. Y pone como ejemplo las guarderías. “Tenemos cupo sólo para 8 mil niños, pero la demanda es de 120 mil lugares”.

A lo anterior deben sumarse los problemas sociales emergentes derivados de la guerra emprendida por el gobierno federal contra el narco: atención a víctimas de la violencia así como a los adolescentes en situación crítica. Y aunque comenta que algunas cosas se están haciendo desde la Mesa de Educación, la Sedesol no trabaja con las redes comunitarias y sociales por lo que se desconoce cuáles son las poblaciones más afectadas.

–¿Es incongruente que no se atiendan estos problemas cuando Todos Somos Juárez se inicia a raíz de la masacre de 15 jóvenes a cuyas familias lastimó el presidente Calderón al llamarlos “pandilleros”?

–Fue el detonante. Pero también viene como respuesta a una realidad de gran dolor que ya vivía la ciudadanía, al clamor de las organizaciones sociales y civiles que demandaban la intervención gubernamental.

Hay avances, pero limitados

La activista Teresa Almada, integrante de la Mesa de Educación, en la que se incluyen 72 de los 140 compromisos de la estrategia Todos Somos Juárez, habla de los aciertos, sobre todo, dice, por la ampliación de la jornada escolar en 60 primarias públicas en las colonias críticas, aunque aclara que en las secundarias aún hay dificultades.

Otra acción significativa es el crecimiento de la matrícula en educación media superior y la construcción de cuatro escuelas de bachillerato en las zonas más pobres de la ciudad. “Es la primera vez que va a haber escuelas en esta zona. Es el pago a una deuda histórica, porque la escuela estaba dirigida a la clase media”, expone.

En cuanto a las becas a estudiantes de nivel medio superior y superior, la ayuda es notable. En el primer caso, relata, fueron 5 mil 100. Además se abrieron 4 mil espacios en la UACJ, en la Universidad Tecnológica y en el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez. “Son acciones importantes, aunque por el rezago educativo obviamente no van a revertir el grado de violencia”, advierte.

En el ámbito cultural las autoridades remodelaron los museos de la ex Aduana y de la Revolución Mexicana, y pusieron en marcha varios proyectos comunitarios y otros orientados a la promoción de artistas, todo ello pese a que faltó una estrategia para convertir la cultura en un recurso frente a la violencia avasallante.

Teresa Almada pone énfasis en el punto 84 –las acciones de la sociedad civil– que, dice, se abordó de manera velada. Aun cuando la encomienda era atender a 2 mil 500 niños y jóvenes en riesgo o en situación de calle para reintegrarlos a la educación básica, ella reconoce que el problema es mucho mayor.

“Creo que hay un fondo de 2.5 millones de pesos para un tema que requiere una estrategia mucho más acabada y más recursos. El problema es que hay miles de adolescentes fuera del sistema educativo y que las estructuras de la SEP son más para los jóvenes integrados que para los excluidos.

“Todos los adolescentes que participan en pandillas o que están en riesgo de vincularse al narcotráfico o a la delincuencia requieren otro tipo de estrategia de intervención, no porque se pongan ahora escuelas van a venir a las aulas. Este punto es central porque 30% de los adolescentes de 12 a 15 años está fuera del sistema escolar; mientras que el índice de jóvenes de 15 a 19 años llega a 31%.”

–¿Cuáles son las características de estos jóvenes?

–No me gusta el concepto de los “ninis” (los que ni estudian ni trabajan). Creo que encubre situaciones muy diferentes, cada una de las cuales requiere un tipo específico de tratamiento. En ese concepto se engloba lo mismo a un joven que no pudo entrar a la universidad y está esperando otra oportunidad, que a un adolescente de barrio que a los 15 o 18 años no sabe leer ni escribir.

“Por eso el concepto no me parece adecuado. Yo distinguiría varios tipos: uno, ligado a adolescentes y jóvenes vinculados con procesos de socialización violenta que, paradójicamente, desde mi punto de vista, no es tan difícil integrar y menos en este contexto.

“Los consejeros insistimos en colocar este sector como prioridad para 2011. El reto es saber cómo diseñar alternativas para estas poblaciones que no están necesariamente vinculadas al narcotráfico, pero potencialmente pueden estarlo. Sabemos que las bandas suelen contratarlos para un trabajo determinado, incluso riesgoso, pero el día de mañana ya no les sirven, algunos incluso son asesinados. Hay sicarios que sólo viven un día.”

–Resulta paradójico que temas enfocados a rescatar a los adolescentes y jóvenes sean ajenos al programa Todos Somos Juárez, cuando éste se diseñó después de la matanza de 15 estudiantes en Villas de Salvárcar el año pasado...

–Y cuando lo jóvenes son utilizados por la delincuencia organizada. Es lo que te decía. Esto implica mucho más. Este programa fue hecho al vapor. l

Bolivia Informe de Unasur

Barómetro Internacional

Define como crimen de lesa humanidad masacre de Pando

Por Lidia Masi

El informe elaborado por la comisión de expertos de los países de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) sobre la masacre de Porvenir (del departamento de Pando) y que fue entregado este miércoles al presidente de Bolivia Evo Morales, distingue dos niveles de responsabilidad criminal: la de los que actuaron y la de los que dejaron hacer.

El documento deja constancia de que se trató de una masacre en la que resultaron asesinados al menos 20 campesinos y decenas de heridos, constituyendo una grave violación de los derechos humanos esenciales que el Estado debe resguardar.

En acto público realizado en el Palacio de Gobierno, el Jefe de Estado boliviano recibió de manos del responsable de la comisión investigadora, Rodolfo Mattarollo, el informe final de los sangrientos acontecimientos del 11 de septiembre pasado.

En el acto participaron los miembros de esta Comisión investigadora de los países miembros de la Unasur, autoridades nacionales, familiares de victimas de la masacre de Porvenir, medios de prensa, entre otros.

El pasado 20 de noviembre en Argentina, Mattarollo presentó un breve informe sobre la masacre en Pando del 11 de septiembre donde ratificó que la muerte de 18 campesinos y la desaparición de al menos otros 70 se trató de una "masacre", sobre la que la comisión pudo establecer que algunas "autoridades locales son judicialmente responsables y logró identificarlas". La presidenta chilena Michelle Bachelet recibió posteriormente (25 de noviembre) el mismo informe sobre los trágicos hechos acaecidos en Pando, en un acto al que asistieron representantes de los gobiernos de Chile, Brasil, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela, Colombia y Argentina, como una contribución de la Unión de Naciones Suramericanas al derecho, a la justicia y a la superación de la impunidad en la región.

La masacre en Pando del 11 de septiembre fue organizada bajo una cadena de mando prefectural y el atentado contra la vida y la integridad de personas en esos hechos son delitos comunes que corresponden a ser procesados en la justicia ordinaria, subraya el informe. "A la luz de los hechos, la Comisión concluye que no se está ante delitos de función y esto, conforme a la misma jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Bolivia. Se trata de delitos comunes que deben ser juzgados por la justicia ordinaria", agrega. El informe determinó sobre los sucesos sangrientos el pasado 11 de septiembre en el departamento boliviano de Pando, concluyó que la masacre de campesinos fue premeditada y constituye un crimen de lesa humanidad.

La Comisión Especial fue creada por la Declaración de la Moneda, de 15 de septiembre pasado, para investigar los trágicos hechos acaecidos en Pando, donde al menos 20 personas resultaron muertas, decenas heridas y desaparecidas, a manos de sicarios presumiblemente vinculados al ex prefecto Leopoldo Fernández, preso en la cárcel de San Pedro de La Paz. Luego de varias semanas de trabajo, que incluyó visitas al lugar de los hechos, testimonios y la opinión de peritos, la Comisión elaboró un informe que contiene conclusiones y recomendaciones que fueron puestas en conocimiento del presidente boliviano Evo Morales.

La Comisión de la Unasur en sus investigaciones determinó que aún cuando hubo personas que actuaron particularmente, los agresores de los campesinos lo hicieron de forma organizada y respondían, según testimonios, "a una cadena de mando y contaban con funcionarios y bienes del gobierno departamental, al servicio de una empresa criminal".

Según el informe, de esa masacre fueron víctimas fatales un número no definitivamente establecido de campesinos. El número enteramente comprobado hasta el momento es de 20 campesinos asesinados.

"Dicha masacre reviste por sus características los rasgos de una violación extremadamente grave y flagrante de derecho a la vida y a la integridad de la vida, cuyo goce y ejercicio es condición de todos los derechos humanos", señala el documento.

Las conclusiones también identifican a la Policía y los políticos en su rol pasivo que permitió estos hechos violentos con saldos lamentables.

El documento señala que los funcionarios políticos de los que depende la obligación de garantía de los derechos humanos y los cuadros superiores de la Policía incumplieron de manera patente su obligación de preservar la vida y la integridad física de las personas que fueron objeto de ataque, con lo que no observaron su obligación de garantía de derechos humanos fundamentales.

"Téngase en cuenta que la responsabilidad criminal alcanza aquellos que tenían el dominio de los hechos, porque en cualquier momento los podrían haber hecho cesar y por su omisión de actuar, se hacen responsables del resultado trágico de estas muertes producidas con premeditación y alevosía", señala.

Se muestra en un video el accionar militante y político del senador opositor José Villavicencio, quien advierte sobre sangre y violencia.

También se observó en los testimonios el trabajo de una policía (presumiblemente Mirtha Sosa), quien, aparentemente trabajó en complicidad con los agresores de campesinos.


La Comisión mostró la tortura de los campesinos una vez detenidos cuando pretendieron obligarlos a incriminar a algún responsable y hasta cuando los trasladaban a los heridos a un centro hospitalario.


"Igualmente hay testimonios y evidencias suficientes para calificar como tortura en unos casos y como tratos crueles inhumanos y degradantes en otros, el trato recibido por numerosos campesinos que fueron detenidos por (funcionarios) estatales y para estatales", señala otra conclusión.

La Comisión califica como tortura el trato recibido por muchos campesinos heridos, que fueron sometidos a brutales agresiones físicas y psíquicas, cuando eran conducidos a los hospitales.

Se evidenció que se desencadenó una clara persecución de un grupo o colectividad con identidad propia, fundada en motivos raciales, nacionales, étnicos, culturales y sociales.

También el informe recomienda investigar la muerte de los funcionarios prefecturales Pedro Oshiro y Alfredo Céspedes (caídos entre la mañana del día 11 de septiembre y el 12 de septiembre).

"Ambos presentaban heridas de armas de fuego por lo que se encarece a las autoridades judiciales de Bolivia su investigación exhaustiva y la sanción correspondiente", señala el informe.

Mattarollo, que dio lectura las conclusiones, afirmó que es necesario superar la impunidad que ha sido una constante en muchos de los países de la región, no sólo bajo las dictaduras militares, sino también después de restituido el orden constitucional.

"Se trata de erradicar un fenómeno complejo que deslegitimiza al Estado y aleja a la sociedad del apego al derechos y la justicia, ya que sustituye el respeto a ley, por la búsqueda de los intereses individuales o sectoriales a cualquier precio", afirmó.

El informe considera que la impunidad es especialmente reprobable cuando, como en el caso de Pando, se está ante delitos extremadamente graves conforme al derecho interno y al derechos internacional.

De todas formas, el coordinador de la comisión se mostró "consternado" por el estado de la Justicia boliviana "por su incapacidad para investigar, su dependencia de los poderes locales y la actitud de la Corte Suprema, que no es equilibrada".

"Vimos que la Corte tiene una actitud totalmente politizada, militante y beligerante", además de estar "enfrentada al presidente Morales", apuntó Mattarollo, consultor de la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina.

Los elementos hallados fueron volcados en el informe de la comisión, que establece "hechos, responsables y recomendaciones" sobre la "masacre" suscitada en Pando, donde -dijo- se encontró "un régimen caudillesco y opresor".

Las recomendaciones "son aplicables en la medida de que exista voluntad política para reformar el sistema judicial, que tiene enormes debilidades", señaló.

La comisión, integrada por nueve miembros pertenecientes a los países que conforman la Unasur, interrogó a 47 testigos de "todos los sectores", ya sean campesinos, facciones de la oposición, de los tres poderes del Estado y al ex prefecto Fernández, entre otros, detalló el coordinador. También se entrevistaron con los opositores que huyeron a Brasil, muchos de los cuales solicitaron refugio político, y con los confinados en un cuartel en las afueras de la ciudad de El Alto, detenidos debido a la vigencia del estado de sitio en Pando.

lidiamasi@hotmail.com

La tragedia que nadie impidió

Porvenir. Los muertos

Jean Paul Guzmán

LA PAZ.- Quince muertos, 37 heridos y 106 desaparecidos es el saldo provisional de la confrontación armada del jueves 11 en Porvenir, departamento de Pando, entre partidarios de las dos tendencias que actualmente dividen al país: los "autonomistas" que se oponen al proyecto político presidencial y los campesinos que son fieles a Evo Morales.
Aunque por lo menos tres días antes hubo signos del enfrentamiento en gestación, nadie hizo nada para evitar la tragedia en Porvenir, pequeña localidad que hasta entonces había sido prácticamente ignorada por el resto del país.
Porvenir está ubicada a 30 kilómetros de la ciudad de Cobija, capital de Pando, el departamento menos poblado y más apartado de Bolivia. La mayoría de los habitantes de este departamento -junto con los de Santa Cruz, Tarija y Beni- apoyaron en dos recientes referendos la vigencia de un régimen autonómico que, sin cuestionar la unidad del país, establece la administración propia de sus recursos económicos y la creación de organismos de poder político regional.
Dentro de esas zonas existen seguidores del presidente Evo Morales que se oponen al régimen autonómico, lo que ha provocado un estado de permanente fricción política que, según advirtieron a tiempo muchos analistas, podía desencadenar la violencia.
Desde el lunes 8 -tres días antes de la matanza- se verificó en las áreas aledañas a Porvenir la llegada de campesinos provenientes de Beni, así como una inusual movilización de funcionarios gubernamentales de Pando, comandados por Leopoldo Fernández, líder autonomista y prefecto (gobernador) de este departamento.
De acuerdo con versiones de testigos recogidas por medios de información bolivianos, ambos bandos se encontraban armados.
Ese mismo día, Carlos Valverde, uno de los analistas más prestigiados de Santa Cruz, informó en su programa de televisión Sin letra chica -que se difunde por la cadena de televisión TAT- que se había confirmado el traslado de campesinos de Beni a Pando.
Un día después, el periódico La Razón, el más importante de La Paz, informó de dicho arribo con base en fuentes militares y civiles.
"Hace cuatro días he visto pasar cerca de mi casa tres camiones grandes. Sólo podía ver sus cabezas (de los ocupantes). Eran aproximadamente 300 campesinos. He visto que el vehículo que estaba adelante era de color azul y tenía el sello de la alcaldía de Puerto Gonzalo Moreno (controlada por opositores a Leopoldo Fernández)", relató vía telefónica a La Razón un poblador de Puerto Madre de Dios, localidad ubicada a 250 kilómetros de Cobija.
Por su parte, Arturo Murillo, diputado del partido de oposición Unidad Nacional (UN), dijo el miércoles 10 a reporteros que tenía "información muy clara sobre la llegada de armamento a Cobija". Sin embargo, no ofreció más detalles.
El choque
El jueves 11, decenas de campesinos se transportaban en camiones a Filadelfia para asistir a una asamblea que reclamaría la renuncia del prefecto Leopoldo Fernández.
Grupos de autonomistas intentaron detener el convoy. Utilizaron maquinaria pesada de la prefectura de Pando para cavar una zanja de unos cuatro metros de ancho en el camino a Filadelfia, en las inmediaciones de Porvenir. Sin embargo, unas horas después, opositores a Fernández se valieron de tractores para rellenar la zanja y permitir el paso de los vehículos.
Fue así como los campesinos afines al presidente Morales ingresaron en Porvenir, donde ya se encontraban los simpatizantes autonomistas y funcionarios de la prefectura de Pando, leales a Fernández.
Al principio, ambos grupos se mantuvieron a distancia; 72 agentes de la policía de Pando se interpusieron entre las partes y durante 85 minutos intentaron evitar la colisión. Su comandante, el coronel Silvio Margazo, habló con los dirigentes. Les pidió retirarse. Fue en vano. Luego ordenó a sus hombres lanzar gases lacrimógenos. Fue inútil.
"Hicimos todos los esfuerzos para evitar el enfrentamiento cuando estaba un grupo frente al otro. Luego avanzaron hasta que se pusieron a una distancia de unos 100 metros. Alguien disparó un arma de fuego y allí se armó... y fue incontrolable", relató Margazo a un grupo de reporteros el sábado 13, unas horas después de haber sido destituido de su cargo por orden del gobierno central.
Rosolbina Arandiez, una mujer presente en el choque, relató que apenas oyó el primer disparo se produjo "una lluvia de balas. Sólo por el destino estoy aquí", comentó.
Trece de los 15 muertos eran simpatizantes del presidente Morales, lo mismo que todos los heridos y desaparecidos.
¿Quién disparó primero? ¿Quiénes armaron a ambos bandos? ¿Con qué tipo de armas? ¿Por qué la mayoría de las víctimas mortales y heridos son campesinos? ¿El enfrentamiento fue planeado? ¿Por quién? ¿Cuáles eran los propósitos de las facciones rivales armadas? Son algunas de las preguntas que hasta la semana pasada seguían sin respuesta.
"Tanto los miembros del grupo cívico-prefectural como los sectores campesinos eran conscientes de la posibilidad de un enfrentamiento, al cual finalmente llegaron preparados y armados. Así lo afirman varias voces ligadas y ajenas al conflicto", destacó una nota de La Razón publicada el viernes 12.
El ministro de Defensa, Walker San Miguel, declaró que "lo que pasó desde el jueves (11 de septiembre) en Cobija no fue enfrentamiento, fue una masacre. Esto merece una respuesta del Estado. Ametrallaron a los campesinos".
El gobierno habló inclusive de la participación de sicarios peruanos y brasileños contratados por la Prefectura de Pando, aunque sin presentar pruebas de esa afirmación. Unas horas después declaró el estado de sitio en el departamento con el propósito de controlar la violencia.
El lunes 15 arribó a Cobija, capital de Pando, una comisión de fiscales, policías y peritos forenses para iniciar una investigación que, según el gobierno, demostrará la responsabilidad del prefecto Fernández, quien fue detenido y confinado un día después.
"No quedará impune el carnicero de Pando", sostuvo el ministro de la Presidencia, Ramón Quintana, en referencia a Fernández. Éste, por su parte, manifestó que "ojalá toda esa dureza que utilizan conmigo, respecto a lo que serían las sanciones a mi persona por culpable -ya me culpan y sindican sin previa investigación-, puedan aplicarla a las personas que resultaren responsables en un buen proceso de investigación. El gobierno no va a tener cómo explicar esto".
Debido al estado de sitio en Pando, los medios de comunicación no tienen allí libertad de acción y movimiento, lo que dificulta el acopio de información en torno al caso. l

Dilemas bolivianos

Evo Morales. Diálogo

Jean Paul Guzmán

En medio de una crisis política -que provocó toma de edificios e instalaciones, bloqueo de caminos y enfrentamientos armados-, representantes del gobierno de Bolivia y líderes de los departamentos autonomistas iniciaron un "proceso de diálogo" cuya agenda toca los temas que dividen a este país. Uno de ellos es fundamental: el grado de autonomía de los departamentos que buscan administrar sus propios recursos y decidir la forma de elegir a sus autoridades.

LA PAZ.- La firma de un pacto que ponga fin a la crisis política que impide concertar un nuevo texto constitucional es el objetivo del "proceso de diálogo" iniciado el jueves 18 por representantes del gobierno del presidente Evo Morales y líderes de los departamentos que demandan autonomía.
Ello pareció poner fin a dos semanas de hechos violentos en este convulsionado país. En las primeras semanas de septiembre los llamados "autonomistas" ocuparon edificios y oficinas del gobierno central, tomaron refinerías, bloquearon caminos y se enfrentaron con seguidores del presidente Evo Morales en los departamentos de Santa Cruz y Pando.
El martes 16, Fabian Yakfic, viceministro de Descentralización; Rebeca Delgado, viceministra de Coordinación Gubernamental, en representación del gobierno central; y Mario Cosío, prefecto de Tarija, en representación de los departamentos autonomistas, suscribieron un documento que fija las bases para el "proceso de diálogo".
El texto establece, entre otros aspectos, "el respeto al derecho a la autonomía" de Pando, Beni, Tarija y Santa Cruz, departamentos cuya mayoría de población apoyó en dos referendos la vigencia de un modelo autonómico.
Así mismo, establece que el diálogo debe durar un mes, pero el gobierno está decidido a acelerar las conversaciones. Con este propósito el jueves 18 -dos días después de la firma del documento- se instalaron en la ciudad de Cochabamba, ubicada a 380 kilómetros de La Paz, tres "mesas de diálogo": una para analizar el tema de las autonomías y el proyecto de Constitución, otra para examinar la distribución de la renta de los ingresos por la exportación de gas y petróleo, y la última para establecer procedimientos para designar autoridades en la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General y la Corte Electoral.
Esas "mesas de diálogo", integradas por ministros, prefectos de ocho departamentos (Pando no tiene representación en el encuentro) y observadores recogerán las propuestas y presentarán los resultados de su trabajo a una "mesa central" en la que además de ellos participará el presidente de la República.
Una fuente gubernamental que participa en el diálogo -que pidió mantener su nombre en reserva- asegura a Proceso que esas negociaciones se centrarán en el grado de autonomía que se otorgará a los departamentos que electoralmente respaldaron dicha opción de organización política.
"Nosotros queremos que la autonomía implique no sólo la elección de prefectos, sino también la elección mediante voto de los subprefectos en todas las provincias. Éstos deben tener, además, atribuciones para manejar los recursos económicos que correspondan a sus regiones. Sólo así, creeremos, la autonomía será un avance democrático", asegura.
El actual sistema político divide un departamento en varias provincias, cada una es administrada por un subprefecto. La Ley de Descentralización establece que los prefectos tienen la potestad de nombrar a los subprefectos.
Para Ramiro Duchén, especialista en gestión municipal, la intención de esa propuesta oficial es debilitar el poder de los prefectos autonomistas.
Dice: "Si los prefectos no pueden nombrar a las autoridades provinciales, su poder político se reduce. Las capitales de departamento concentran la mayor parte de la población y son el principal bastión de los prefectos. Las provincias, con población campesina, tienen afinidad con el presidente Evo Morales. Si éstos logran incrementar su presencia política y administrar recursos, es indudable que se alinearán con el gobierno y restarán fuerza a los prefectos".
Estatutos y Constitución
Otro aspecto capital del diálogo serán las modificaciones que puedan incluirse en el proyecto de Constitución.
Mientras el senador oficialista Félix Rojas declaró el miércoles 19 a la prensa que "lo único que se considerará es la posible incorporación de los Estatutos Autonómicos al proyecto de Constitución", el diputado del partido opositor Podemos Arturo Franco señaló a los medios nacionales que la revisión del proyecto constitucional debe ser "integral".
El pasado 10 de agosto se celebró en Bolivia un referendo revocatorio que fortaleció al presidente Evo Morales, ya que obtuvo un respaldo de 67% de los votos, pero también a los prefectos de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija fueron ratificados en sus cargos, con votaciones de entre 56% y 66%.
Los cuatro departamentos buscan un "régimen autonómico" que permita la elección directa de gobernadores y parlamentos regionales, así como la administración y uso directo de sus recursos naturales y económicos.
Sin embargo, ese régimen aún no puede ser aplicado porque no forma parte de la Constitución en vigencia.
Mientras tanto, el proyecto de nueva Constitución -aprobado en enero pasado únicamente por los miembros de Movimiento Al Socialismo (MAS, partido de gobierno) en la Asamblea Constituyente-, no incorpora el régimen autonómico. Esta exclusión ha impedido que el proyecto de Constitución sea sometido al voto popular, antes de tener vigencia legal.
Los resultados del referéndum de agosto pasado radicalizaron a ambas partes. A principios de septiembre, en los departamentos rebeldes los autonomistas bloquearon caminos y ocuparon las sedes de instituciones públicas, refinerías y aeropuertos, reclamando una autonomía de facto, actitud calificada por el gobierno como un "golpe de Estado civil".
Por su parte, los seguidores del presidente Morales amenazaron con cercar la ciudad de Santa Cruz, retomar las instituciones estatales ocupadas por los autonomistas y aprobar sin ninguna modificación el proyecto de Constitución.
El vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, declaró a la prensa el miércoles 3 que 67% de votos logrado por Evo Morales en el referéndum de agosto significaba "el fin del empate catastrófico entre las fuerzas reaccionarias de la oposición que quieren quebrar la unidad del país y los sectores sociales liderados por el (partido oficialista) Movimiento Al Socialismo, que buscan el cambio".
En entrevista con Proceso, el analista Jorge Lazarte señala que "lo único catastrófico del empate es que se piense que es catastrófico. Lo que sí puede ser catastrófico es empeñarse en resolver el empate con la eliminación de una de las partes. El empate es un signo de democracia, de equilibrio; no de catástrofe".
El momento más crítico del conflicto se registró el jueves 11, cuando autonomistas y campesinos protagonizaron un enfrentamiento armado en el que murieron al menos 15 personas. El gobierno calificó el hecho como "una masacre". Un día después declaró el estado de sitio en Pando y cinco días más tarde el ejército detuvo al prefecto de este departamento, Leopoldo Fernández, a quien las autoridades acusan de ser responsable de lo sucedido.
El frente externo
A esta crisis interna, Bolivia sumó un conflicto internacional. El miércoles 10, el presidente Morales declaró "persona no grata" al embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg. Lo acusó de conspirar contra el gobierno y de impulsar el separatismo de las regiones autonomistas.
Morales respaldó su afirmación en las reuniones que el diplomático sostuvo entre agosto y septiembre con los prefectos opositores de Santa Cruz y Chuquisaca, Rubén Costas y Savina Cuéllar, respectivamente.
"Aquí hay una persona externa que encabeza la división de Bolivia y conspira contra la democracia (...), es el embajador de Estados Unidos", sostuvo Morales. Según el mandatario, Goldberg es "experto en alentar conflictos separatistas", en alusión a su trabajo como diplomático en Bosnia (1994-1996) y Kosovo (2004-2006).
El excanciller boliviano Armando Loayza, en declaraciones al periódico La Prensa, calificó ese mismo día las declaraciones de Morales como "una locura".
En respuesta, el jueves 11 Washington ordenó también la expulsión del embajador de Bolivia en Estados Unidos, Gustavo Guzmán. Al mismo tiempo, el portavoz del Departamento de Estado, Sean McCormack, calificó la decisión de Morales de "un grave error" que tendrá implicaciones regionales serias.
Según analistas económicos, la expulsión del embajador estadunidense puede provocar, entre otras cosas, que Washington no renueve a partir de 2009 la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Drogas en favor de Bolivia, que permite al país exportar en condiciones favorables textiles y otros productos por aproximadamente 200 millones de dólares anuales, en beneficio de al menos 100 mil personas, la mayor parte de ellas pequeños productores de la ciudad de El Alto, bastión político de Evo Morales, donde su popularidad supera 90%.
Al respecto, Ernesto Antelo López, presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, comenta a Proceso que "si en Bolivia prevalece la ideología y la política sobre el comercio y la economía, el país podía encaminarse a un suicido comercial y a un aislamiento financiero externo".
Seis días después de la declaratoria de persona no grata del embajador estadunidense, Washington "descertificó" por primera vez a Bolivia en la lucha antidrogas. Argumentó que en los últimos 12 meses el país no cooperó en el combate contra el narcotráfico, por lo que lo ingresó en la lista negra, al lado de países como Venezuela y Birmania.
En contraste, el gobierno de Morales mantiene una relación cordial con Venezuela, cuyo presidente, Hugo Chávez, con frecuencia opina sobre la política interna de Bolivia; incluso el jueves 11 llegó a decir que él tiene "luz verde para apoyar cualquier movimiento armado en Bolivia" si su colega Evo Morales fuera derrocado o lo "mataran".
Al día siguiente, las fuerzas armadas bolivianas a través de su comandante en jefe, general Luis Trigo, emitieron un pronunciamiento institucional: "Al señor presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y a la comunidad internacional les decimos que las fuerzas armadas rechazan enfáticamente intromisiones (en la vida interna de Bolivia)... vengan de donde vengan, y no permitirán que ningún militar o fuerza extranjera pise el territorio nacional".
Ante ese intercambio de frases entre Chávez y las fuerzas armadas de Bolivia, la cancillería de este último país evitó fijar una posición, pese a que el general Trigo envió el miércoles 16 una carta al ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca, en la que solicita "hacer las representaciones pertinentes en el ámbito diplomático para expresar la indignación de las fuerzas armadas ante tan desafortunadas declaraciones (de Chávez) que mellan profundamente nuestra dignidad e integridad".
La crisis interna y la orientación de la política exterior del gobierno de Morales colocan hoy a Bolivia en un difícil trance.
Pese al inicio del diálogo y a la devolución de los edificios e instalaciones del gobierno central ocupadas en los departamentos autonómicos, campesinos y colonizadores afines al gobierno mantienen bloqueados los caminos de acceso a la ciudad de Santa Cruz y amenazan con una marcha a esa capital, principal bastión de las fuerzas autonomistas, para exigir la renuncia del prefecto Rubén Costas.
Una fotografía publicada el jueves 18 en el periódico La Razón mostró a dos de esos campesinos armados con un fusil. "Los sectores sociales aprovechan para entrenarse en el uso de armas en Buena Vista (Santa Cruz)", señaló el pie de foto.
Con este ambiente inicia el "proceso de diálogo". El analista Lazarte comenta que el eventual resultado de éste determinará si el gobierno y las regiones autonomistas son capaces de acordar un pacto que, con concesiones, "abra paso a un modelo de país en el que coexistan el poder indígena de Evo Morales y el sistema autonómico que ansían la otra mitad de los bolivianos".
Por el momento, nadie en Bolivia se anima a apostar con seguridad por ese u otro resultado.