#MEXICO NO VOTO x EPN

El narco calla a los periódicos del norte

Uno de los ataques al diario El Siglo de Torreón.

Foto: El Siglo de Torreón 

 Proceso 

 SALTILLO, Coah., (proceso.com.mx).- Medios impresos del noreste del país han sufrido al menos 15 ataques con explosivos y armas de grueso calibre por parte de grupos del crimen organizado en los últimos dos años. Importante diarios de la región noreste como El Norte de Monterrey, El Mañana de Nuevo Laredo, Expreso de Ciudad Victoria y El Siglo de Torreón han sido atacados con armas largas, granadas de fragmentación e incluso con un “coche bomba”. El periódico el Siglo de Torreón ha registrado, desde noviembre del 2011 hasta la fecha, media docena de ataques que van desde el incendio de un automóvil, disparos de fusiles de asalto calibre AK-47 contra sus instalaciones, hasta el secuestro de cinco de sus trabajadores. El Norte de Monterrey también registra media docena de atentados, la mayoría con granadas de fragmentación. El último ocurrió domingo 29 de julio del año pasado, cuando un par de hombres armados incendió con combustible una edición suburbana que forma parte del Grupo Reforma. La fachada del semanario Hora Cero de Reynosa también resintió impactos de arma de fuego el 7 de mayo de 2012. Lo mismo le ha ocurrido en diversas ocasiones al Periódico El Mañana de Nuevo Laredo. El Expreso de Ciudad Victoria fue víctima de un atentado con “coche bomba” la noche del 19 de marzo de 2012. Los ataques a los medios de comunicación “es una situación que se ha vuelto común en México”, dijo Balbina Flores, portavoz de Reporteros Sin Fronteras. El organismo, con subsidiarias en los cinco continentes, tiene registrados más de 35 atentados a instalaciones de medios mexicanos de 2007 a 2012. Flores destacó que los ataques con explosivos a los medios del noreste pretenden someter a los periodistas para que no informen sobre las actividades de la delincuencia organizada. “Desde hace dos años, Coahuila y Tamaulipas son una de las grandes preocupaciones para Reporteros Sin Fronteras, por la inseguridad en la que se ejerce el periodismo”, enfatizó Flores. Desde marzo de 2010 Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas registran una inusitada violencia debido a la disputa por la región por el cártel del Golfo y los Zetas, antiguos aliados que rompieron relación. El año pasado, esa “narco guerra” entre esos dos carteles provocó alrededor de cuatro mil asesinatos violentos, según estadísticas de la Procuraduría General de la República. En el caso de atentado a reporteros, cifras oficiales arrojan que desde 2000 han sido asesinados en todo el país alrededor de 80 comunicadores y al menos una docena se encuentran desaparecidos. Ante los ataques, los periodistas del noreste adoptaron nuevos protocolos de seguridad. Las medidas van desde ya no firmar las notas, la cobertura en grupo y principalmente la autocensura. Reporteros entrevistados por Proceso contaron, bajo la condición de mantener su anonimato, sus experiencias y los “nuevos protocolos de seguridad” que han adoptado para informar sobre actos relacionados con el narcotráfico y la delincuencia organizada. Los comunicadores que acuden a esas coberturas en Monterrey ahora tienen prácticamente prohibido salir por las noches a zonas rurales de Nuevo León.

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“El Chapo”, más poderoso que nunca

“El Chapo” reestructura y expande su imperio

 Lejos de las versiones que lo dan por muerto, El Chapo Guzmán parece más fuerte que nunca. Su organización, el Cártel de Sinaloa, está afianzándose en México y expandiéndose por todo el continente, de acuerdo con un análisis de la Procuraduría General de la República. El área de inteligencia de la dependencia advierte que en su disputa con organizaciones rivales por el control del territorio nacional, la mafia de Guzmán derramará en el país mucha más sangre de la que ya ha corrido en los últimos años. Entretanto, los enviados del sinaloense tejen alianzas directas con los narcos centroamericanos y de Colombia para prescindir de los intermediarios en sus adquisiciones y traslados de cocaína.

 

Joaquín El Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa.
Foto: Benjamin Flores

Anabel Hernández

 A un cuando ya tiene el control en 20 de las 32 entidades federativas y cada vez extiende su poder más allá de México, el líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera –designado como enemigo público número uno en Chicago, al parejo del legendario Al Capone, según la administración federal antidrogas de Estados Unidos (DEA)–, pretende expandir su imperio aún más.
Catalogado por la revista Forbes como uno de los multimillonarios más destacados del mundo, en los últimos meses El Chapo comenzó a reestructurar su organización criminal e incluso reclutó a menores de edad a los que habilita como “informantes”; ahora, además de dedicarse al tráfico de mariguana, heroína y cocaína, cuenta con personal que le ayuda en la elaboración, distribución y venta de drogas sintéticas.
El Chapo no sólo busca mantener su hegemonía sino también hacer crecer sus dominios y acabar con sus rivales en los próximos meses, de acuerdo con un documento elaborado por investigadores del Centro de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) de la PGR a finales de la administración calderonista, según el cual el capo sinaloense modificó su organización y redefinió su estrategia para mantener su poder, ampliar sus territorios y obtener la protección del nuevo gobierno priista.
Y mientras para Enrique Peña Nieto y sus colaboradores El Chapo es innombrable y la palabra cártel ha sido borrada de los discursos oficiales –como si las organizaciones criminales ya no existieran–, el Cártel de Sinaloa se reposiciona para enfrentar a sus rivales.
Según la información obtenida, el grupo delictivo que lidera El Chapo “tiene las raíces más profundas, lo que le proporciona flexibilidad y habilidades considerables de penetración social e institucional y le confiere proyección internacional. Es la más compleja de las organizaciones del narcotráfico en México, agrupa varias estructuras y grupos delictivos”.
A diferencia de otros grupos criminales, la mayoría de las veces El Chapo y sus seguidores han podido mantener la cohesión de sus estructuras y, según admite la PGR por primera vez de manera explícita, hoy son los más poderosos.
“Sus redes de protección institucional están más desarrolladas, por eso pueden desplegar mayores capacidades logísticas”; el Cártel de Sinaloa es omnipotente y omnipresente, pues hoy tiene presencia también en Centro y Sudamérica. Y advierte:
“Reforzará sus posiciones en Centroamérica y Sudamérica. Las funciones de protección institucional están más desarrolladas que las de su competidor (el Cártel de) Los Zetas. En la zona cuentan con rutas de tráfico terrestres y costeras, así como con áreas de almacenamiento.”
El Cártel de Sinaloa tiene presencia en por lo menos 20 de las 32 entidades federativas de México. Según se desprende del análisis, se avizora un incremento de la violencia en por lo menos 16 estados de la República.

Nuevo “modus operandi”

Desde enero de 2001, cuando se escapó del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, se han tejido innumerables mitos sobre El Chapo: que fue capturado y lo dejaron escapar, que fue ejecutado –esta versión ha circulado por lo menos una decena de veces–, como ocurrió el jueves 21 en el departamento de Petén en Guatemala, lo que resultó falso.
Lo cierto es que en los últimos 12 años el capo sinaloense se convirtió en un narcotraficante todopoderoso. El análisis del Cenapi afirma por primera vez que el Cártel de Sinaloa –rebautizado por la dependencia como Cártel del Pacífico– es la organización más poderosa porque tiene mayor protección de las instituciones responsables de combatir el crimen y el narcotráfico.
“Sus redes de protección institucional están más desarrolladas, por eso pueden desplegar mayores capacidades logísticas”, indica el documento; señala como presuntos cómplices de la organización a empresas, empresarios, presidentes y expresidentes municipales, jueces y hasta procuradores regionales en diferentes estados.
El Chapo controla ya el tráfico de mariguana, cocaína y heroína dentro y fuera del país, y ahora incursiona de manera más agresiva en la producción de metanfetaminas. Lo mismo en Jalisco, donde proliferan los narcolaboratorios, que en el llamado Triángulo Dorado, el cual abarca los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua.
La investigación de la PGR indica que en el Triángulo Dorado se encuentran laboratorios de “diferentes grados de sofisticación y capacidad instalada”. Cita incluso el de Tamazula, Durango, “que llamó la atención por las grandes dimensiones del inmueble que permitía, de manera simultánea, contar con una gran capacidad de almacenaje de precursores químicos y enervantes y para alojar al personal que laboraba en sus instalaciones”. El laboratorio fue desmantelado el 6 de agosto de 2009.
Además del negocio de la droga, la información oficial reconoce que existen “ilícitos conexos” en los que participan integrantes del Cártel de Sinaloa, como la “extorsión, la privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro (contra empresarios de bajo y mediano perfil)”, así como levantones de los grupos rivales.
Para incrementar el control del territorio donde mantiene presencia, agrega, El Chapo recluta a menores de edad para evitar que su estructura se vea afectada por las bajas durante las confrontaciones con sicarios de otras organizaciones o con las policías y las tropas del Ejército y la Marina; ellos “no son sujetos a sanciones jurídicas equiparables con las de los adultos, lo que les permite evadir la cárcel y reintegrarse en el corto plazo a las actividades criminales”.
En su “seguimiento de información” la PGR indica que los integrantes de grupos como Los Ántrax y Sanguinarios del M1 son los encargados de enganchar a menores en las escuelas, sobre todo en las secundarias.
“Se observa que ese sector constituye el grueso de las bases de la organización, en tanto les son asignadas tareas específicas a partir del comportamiento y lealtad que demuestren, dado que son fácilmente manipulables y sustituibles en caso de ser detenidos o asesinados por sus contrarios o por autoridades”, dice el documento.
La mayoría de ellos son utilizados como informantes, “ya sea en las inmediaciones de los barrios y colonias donde viven, o a través de internet y en las redes sociales”. Además suelen integrarse a las pandillas y grupos afines a la organización en las entidades donde ésta tiene presencia.
A uno de esos grupos se le conoce como Los Chapitos y sus integrantes son considerados “el ala juvenil de la organización”. Según el documento, tienen presencia en Nuevo Laredo y Ciudad Juárez.

Liderazgos emergentes

De acuerdo con el documento de la PGR son tres los líderes del Cártel del Pacífico: Joaquín Guzmán Loera, quien es considerado el ícono de la organización; Ismael El Mayo Zambada, el estratega, y Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, el negociador.
La organización es considerada la más sólida y poderosa dentro y fuera del país y también como la que “mayor número de desafíos” tiene, no tanto por los ataques de las corporaciones policiacas, sino por los embates de los pistoleros de los cárteles enemigos.
En los reacomodos de las organizaciones criminales como resultado de la llamada “guerra contra el narcotráfico” –que durante el sexenio de Felipe Calderón provocó más de 80 mil muertes– se define también a los tres principales rivales del Chapo y su clan: Los Zetas, el Cártel de los Beltrán Leyva y el Cártel de Juárez –que decidieron aliarse para disputarle la hegemonía a los capos de Sinaloa–, además de  organizaciones menores, como el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA).
Como parte de la reestructuración de los grupos de narcotráfico, el “seguimiento de información” de la PGR señala que el Cártel de Sinaloa también ha hecho “alianzas circunstanciales” con La Familia Michoacana, Los Valencia y el Cártel del Golfo.
La dependencia prevé un recrudecimiento de la violencia en Ciudad Juárez, pese a que pareciera que disminuye. Y aun cuando la guerra entre los cárteles ha absorbido “cuantiosos recursos”, subraya el análisis, los cárteles de Juárez y de Sinaloa no ceden.
El documento identifica a tres “hombres clave” de la organización del Chapo en Chihuahua: Paulino Guerrero Estrada, su lugarteniente; Félix Valderrama Esparza, líder de Los Sinaloas, y los hermanos Ángel, Francisco, Juan Ramón, Guillermo y Valentín Olivas Olivas, integrantes de la célula Los Huarachudos.
Otros territorios donde es posible que se recrudezca la violencia son: Veracruz, Guerrero, Baja California, Tamaulipas, sobre todo en las ciudades de Nuevo Laredo y Ciudad Victoria, así como en algunas zonas de Colima, Nayarit, Sinaloa y Jalisco.
“En Durango se observará una aparente calma, prevalecerán los enfrentamientos posiblemente entre grupos locales bajo el mando de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, y Los Zetas, específicamente en la región de la Comarca Lagunera y el Triángulo Dorado”. Ahí, según el documento, “los posicionamientos son más rígidos, y los comportamientos, más violentos”.
Y agrega: “En Jalisco, el cártel persistirá para cohesionar a la vertiente de Ignacio Coronel Villarreal, autodenominada Cártel de Jalisco Nueva Generación y su brazo armado Los Matazetas. En esta zona, además, encara las incursiones de Los Zetas procedentes de Zacatecas, para ello usa una célula disidente de La Resistencia”.
A la organización, concluye el documento, le es “útil” hacer ostensible la violencia, y aunque este esquema le ha resultado efectivo, mantendrá un “bajo perfil”, mientras que en entidades como Tamaulipas intentará “tener notoriedad”.

Los presuntos cómplices

El análisis de la Cenapi incluye una relación de personas y empresas que presuntamente están involucradas con el cártel del Chapo y serían parte de su estructura criminal.
La lista incluye varios estados que, según el informe de la PGR, forman parte de las redes de poder del clan del Chapo.
En Baja California se menciona la empresa Grupo Ambiental del Noroeste y la compañía Mina International Group Inc. Proceso detectó que la primera se dedica a la prestación de servicio de reciclado de residuos peligrosos y tiene su sede en San Diego, California.
En Chihuahua, siempre según el documento de la Cenapi, aparece el nombre del panista Francisco David Carrasco Carnero, presidente municipal de Julimes entre 2004-2007, quien “renta un rancho denominado Carrizo Viejo” supuestamente usado para la siembra de mariguana.
En Guerrero, los presuntos cómplices son Luis, Diógenes, Arquímedes y Lauro Justo Herrera, de Azoyú, en la región de la Costa Chica. Se les acusa de la “compra y venta de ganado”, así como de acopio y venta de armas de fuego; también se les relaciona con Rogaciano Alba Álvarez, El Roga. Según el análisis, todos son familiares de Omar Justo Vargas, alcalde de Azoyú, y hermanos del exprocurador regional Héctor Justo Herrera.
Con respecto a Jalisco, el presunto integrante del Cártel de Sinaloa es Octavio Herrera Ávila, quien era juez municipal en el estado cuando se elaboró el documento. Su hermano Francisco Herrera Ávila, de extracción panista, fue alcalde de San Martín Bolaños en el periodo 2004-2006. El municipio se ubica cerca de Zacatecas y se le conoce por haber en él mucha siembra de mariguana.
Asimismo, se incluye en la lista al empresario Catarino Treviño Chávez, de Lagos de Moreno, a quien se le adjudica el negocio El Potrero; al presunto líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, quien actúa bajo la fachada de empresario. Él vive con su esposa, Rita Parada, en Zapotlán el Grande.
En Michoacán los cómplices del Chapo son: Alberto Sosa, El Cali, quien “mantiene el control de bares, cantinas, centros nocturnos y vacacionales”, y cuya zona de influencia incluye los municipios de Jiquilpan, Sahuayo y Marcos Castellanos, además de que opera en Quitupan, Valle de Juárez, Mazamitla, Tamazula de Gordiano y Tuxpan”, en Jalisco; y Uriel Farías, El Paisa, expresidente municipal de Tepalcatepec, quien fue encarcelado temporalmente en 2009 durante el michoacanazo. En 2012, un juez volvió a señalar los presuntos nexos del Paisa con el Cártel del Milenio, una de las organizaciones aliadas al Chapo.
En cuanto a Sinaloa el documento de la PGR señala a Luis Guillermo Roiz Ruiz, yerno del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien presuntamente tiene vínculos con Ismael El Mayo Zambada García; también se señala como el “operador financiero” de la organización a Juan José Esparragoza Monzón, El Negro, hijo de Juan José Esparragoza Moreno, miembro de la tríada que encabeza la organización criminal del Chapo.

Jalisco la silenciosa disputa del narco

Ocultado por la administración de Emilio González Márquez, el clima de ingobernabilidad que desde hace meses se vive en Jalisco, se desbordó el pasado 9 de marzo con los narcobloqueos y la detención de un jefe del cártel de Jalisco Nueva Generación y su lugarteniente, pero en todo el estado había múltiples focos rojos que el gobernador ignoró. En la cruenta disputa por el territorio, Jalisco se convierte en otro Tamaulipas, Nuevo León o Coahuila.

Ana Lilia Pérez

Jalisco. Sigilosamente, los jaliscienses aprenden a tirarse al piso cuando escuchan un tiroteo; resguardarse en casa, en la escuela, en la oficina, cuando los cristales de las ventanas estallan y el piso cimbra por la detonación que precede a la humareda y fuego de una granada; o de plano, encomendarse a cualquier santo si acaso quedan atrapados entre disparos cruzados.

“Jalisco se convierte en un infierno”, dice Rosaura, una tapatía de ojos color miel, avecindada en La Providencia, una de las colonias más exclusivas de Guadalajara convertida en asiento de capos del narcotráfico, que en los últimos meses vive convulsiones cotidianas. Apenas en septiembre de 2011, allí asesinaron a Javier García Morales, exdiputado priísta e hijo de Javier García Paniagua, descendiente del general Marcelino García Barragán, exsecretario de la Defensa Nacional en la administración de Gustavo Díaz Ordaz.

Rosaura, integrante de una pudiente familia de empresarios, relata, con un dejo de espanto, los avatares que la “guerra” oficial contra el narcotráfico ha traído al estado: la disputa del negocio entre los nuevos cárteles contra familias herederas de linajes mafiosos que reclaman su antigüedad, y en medio de ellos, una sociedad civil indefensa desdeñada por las autoridades de todos niveles.

Hasta antes de los aparatosos narcobloqueos del 9 de marzo pasado, el gobierno federal, encabezado por Felipe Calderón Hinojosa, y el estatal por González Márquez, habían minimizado los brotes de violencia e inseguridad que se han generalizado en Jalisco y que vislumbra para el estado un ambiente de violencia desbordada como se vive hoy, de manera más evidente, en Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Veracruz.

“Parecía que Jalisco era una entidad en relativa calma. Eso parecía, porque no se informa lo que pasa en realidad, que en ciudades, barrios, pueblos, la gente vive amenazada, aterrada, sometida por el crimen organizado. La realidad supera lo poco que se difunde en los medios, pero el problema ha crecido tanto, que ya no lo puede esconder, aún cuando desde la Presidencia de la República o desde el gobierno del estado sigan diciendo que no pasa nada, que todo está bajo control”. El de la voz es Marco Antonio Núñez Becerra, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara, quien coordina los trabajos de la sociedad civil jalisciense adheridos al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que dirige el poeta Javier Sicilia.

Joya geográfica

Jalisco es uno de los estados con más alta influencia del narcotráfico desde la década de 1980, cuando bajo el mando del sinaloense Miguel Ángel Félix Gallardo, el Padrino, surgió el cártel de Guadalajara, que trasegaba ya grandes cantidades de cocaína y mariguana a Estados Unidos. A la postre, basadas en la capital del estado, familias enteras dedicadas al narcotráfico se encumbrarían como los capos más poderosos del país.

Dentro del mapa del narcotráfico, Jalisco es territorio especial y fuertemente codiciado, no sólo por su ubicación geográfica, con 342.93 kilómetros de litoral al Pacífico y frontera a seis entidades que conectan a los cuatro puntos cardinales del país: Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Michoacán y Guanajuato, sino por la infraestructura carretera que conecta directamente hacia el centro del país en rutas cortas, lo que sumado a sus condiciones físicas facilita los trasiegos de droga o cualquier mercancía.

También porque en la entidad está asentado el tercer aeropuerto más importante del país por afluencia de pasajeros sólo después del de Distrito Federal y de Cancún; pero el segundo en importancia para el transporte de carga aérea sólo después del capitalino. Las incautaciones hechas en sus instalaciones, registradas por la Secretaría de Seguridad Pública dan una idea de la incidencia en el trasiego sobre todo de drogas sintéticas.

Además de ser terruño de siembra de amapola y mariguana, Jalisco ocupa el primer lugar en producción de drogas sintéticas, particularmente anfetaminas, y esto se facilita gracias a que es un punto neurálgico de descarga de las materias primas, que vía marítima llegan de los países asiáticos en la ruta Asia-Pacífico. Las zonas rurales y urbanas concentran cientos de narcolaboratorios, en cantidad tal, que de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, Jalisco es la tercera entidad con mayor número de narcolaboratorios del país. Guadalajara y sus municipios conurbados son asiento de fincas y viviendas que albergan esos centros de elaboración de drogas sintéticas que abastecen a México y Estados Unidos, principalmente.

Pero además, su capital es todo un paraíso para el lavado de dinero. La economía formal se ha fortalecido en gran parte con el dinero sucio que se blanquea con facilidad en los circuitos financieros de la entidad.

El Estudio binacional de bienes ilícitos México-Estados Unidos, elaborado en 2010, por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, señala que Guadalajara es la tercera ciudad de México con mayor flujo de lavado de dinero, sólo después de Monterrey y Culiacán.

“Guadalajara es un paraíso natural para los empresarios que tiene doble cara: la pública, que es de respetados empresarios, y la otra, que es de miembros de la delincuencia organizada, cuya función es lavar el dinero”, explica el jalicinense Dante Jaime Haro Reyes, investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, especialista en temas de seguridad y narcotráfico.

Laboratorios farmacéuticos, importadoras, estéticas, talleres mecánicos, transportistas, clubes nocturnos, restaurantes, entre otros giros, están identificadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como compañías fachada mediante las cuales las organizaciones criminales lavan dinero en la entidad.

Considerados también los cientos de inmuebles identificados como propiedad de familias estirpes de distintos cárteles, desde las casas a nombre de exesposas o familiares de Joaquín Guzmán Loera Guzmán, el Chapo; las de familiares de Ismael Zambada Niebla,el Mayo, o aquellas casonas que a sus 14 de edad sus padres le regalaron a Francisco Javier Arellano Félix, el Tigrillo, el menor de familia integrantes del cártel de Tijuana.

Todo Jalisco es una de esas entidades donde es más comprobable, por visible, la tesis del doctor Edgardo Buscaglia, asesor de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en temas de seguridad y experto en delincuencia organizada, de que la peor falla de la estrategia de la “guerra” contra el narcotráfico es que no impacta el patrimonio de los cárteles de la droga. Con ello coincide Ramón Martínez Escamilla, doctor en economía por la Universidad de Miramar, San Diego, California, e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien destaca también la urgencia de que se combata el financiamiento de las organizaciones criminales, “y ello por supuesto también incluye la depuración gubernamental de los funcionarios que colaboran en esos ilícitos”.

Aún con las detenciones de supuestos líderes del narcotráfico que el gobierno federal ha hecho en la entidad o la muerte de otros de ellos, “las estructuras financieras siguen intactas, lo que significa que en realidad no se está atacando nada”, refiere Haro Reyes.

“En los cárteles no hay vacío de poder, no por el hecho de que quiten al gerente quiere decir que acaben con la empresa. Con el hecho de que tomen a uno o dos cabecillas no quiere decir que se pierda la estructura ni que se termine la delincuencia organizada. Lo que es evidente es que mientras no se ataque realmente la estructura operativa, financiera, corporativa, de protección –lo que en realidad se tienen que atacar–, no se estará combatiendo nada”, agrega el jurista, doctor en derecho por la Universidad Ruprecht Karl de Heidelberg, Alemania.

—¿Qué advierte para Jalisco de no atacarse el flujo financiero de los cárteles?

—Desde luego que si no se desmantelan sus estructuras de financiamiento, seguirán teniendo poder y control y la violencia irá en ascenso, por la disputa que hay por el territorio.

La guerra interna

Llama la atención las últimas detenciones de la autoridad federal encaminadas a golpear a las organizaciones que le dieron la espalda al cártel de Sinaloa, revelándose a su control, así parecen las detenciones de Érick Valencia Salazar, alias el 85, a quien la Sedena identificó como líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, y de su lugarteniente Otoniel Mendoza, Tony Montana, el pasado 9 de marzo.

Hasta 2010, el cártel de Sinaloa tenía un férreo control de territorio jalisciense, lo que al parecer mantenía la aparente calma en la entidad. A cargo de la “plaza” estaba Ignacio Coronel Villarreal, Nacho Coronel, identificado como el tercero al mando en la estructura de la organización que dirige Joaquín Guzmán Loera (el segundo es el Mayo).

Pero la muerte del también llamado Rey del cristal, el 29 de julio de 2010, a manos del Ejército en su lujoso condominio de Colinas de San Javier, en Zapopan, fue un parteaguas. A partir de entonces, parafraseando a los lugareños, “en Jalisco los demonios se desataron”.

“A partir de aquel día se dio una atomización de los cárteles, cayeron liderazgos, se rompieron alianzas y entonces cada operador quiso tomar el control defendiendo sus propios intereses, y es esa escisión y disputa lo que padecemos hoy”, explica Haro Reyes.

En esa atomización, Los Valencia, o el llamado cártel del Milenio, conocidos desde la década de 1990 como los “reyes de las drogas sintéticas”, antaño asociados al cártel de Sinaloa rompieron su alianza tras la muerte de Nacho Coronel.

Fracturada la sociedad, de esa escisión surgieron el cártel de Jalisco Nueva Generación y como sus antagónicos, La Resistencia, que buscó alianzas con el cártel del Golfo, con La Familia Michoacana y con Los Zetas, de acuerdo con datos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.

En sus primeros meses, al cártel de Jalisco Nueva Generación lo dirigió un sobrino de Nacho Coronel, Martín Beltrán Coronel, el Águila, detenido en julio de 2011, también en Zapopan. La organización anunció su presencia en mantas y en videos en internet en los que se autodenominaron como Matazetas, atribuyéndose la ejecución de 32 hombres en Veracruz, en octubre de 2011, cuyos cadáveres fueron tirados en la zona conurbada Boca del Río-Veracruz. Pronto Los Zetas les devolvieron la afrenta, en noviembre arrojaban 26 cadáveres en el centro de Guadalajara y colocaban también mantas alusivas al gobernador González Márquez.

Desde antes de la muerte de Nacho Coronel, hubo grupos que decidieron no aliarse con el cártel de Sinaloa, como los Güeros, que asociados con Los Zetas, entre Jalisco y Guanajuato coordinaban trasiegos de droga de Colombia y Perú.

La Sedena identifica en Jalisco la presencia de seis cárteles que hoy se disputan el control: el cártel de Sinaloa (o del Pacífico), el de Jalisco Nueva Generación, el de la Resistencia, el de La Familia Michoacana, el de Los Caballeros Templarios y la organización de los Beltrán Leyva, alguno de éstos asociaciones o en alianzas temporales con otros grupos con mayor influencia a nivel nacional como Los Zetas.

El cártel de Jalisco Nueva Generación, de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, extendió su área de operación a Nayarit, Michoacán, Colima y Guanajuato, pero también, mediante videos en internet, la organización anunció su presencia en Veracruz, con los 35 cuerpos que, como ya se mencionó, arrojaron en Boca del Río, en 2011.

El municipio de Zapopan es el principal bastión del cártel de Jalisco Nueva Generación, desde hacía décadas, era uno de los municipios con mayor influencia de los Valencia. Los registros de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) dan cuenta de numerosas fincas y ranchos de ese grupo usados también como casas de seguridad y laboratorios. En una de las incautaciones a ese grupo, en 2010, por ejemplo, se hallaron armas de alto poder, incluídas lanzagranadas, municiones, vehículos, joyas.

Gobierno sin confiabilidad

En Jalisco hay un reclamo ciudadano que va en el sentido de que el gobernador Emilio González Márquez se ha negado a reconocer públicamente que la violencia y el nivel de operación de los cárteles rebasa por mucho a las autoridades por la filtración en las áreas de gobierno.

Las operaciones de la Sedena al margen del Ejecutivo estatal son para los jalisciences indicativo de la desconfianza en la administración de González Márquez.

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PGR consigna 34 casos de lavado en la banca

La Unidad de Inteligencia Financiera presentó 52 denuncias de hechos ante la PGR por el probable delito de lavado de dinero cometido en el circuito financiero mexicano durante 2010, revela la Auditoría Superior de la Federación. De éstas, se consignaron 34 ante la justicia federal. La Procuraduría General también tuvo conocimiento de otros 70 reportes de inteligencia por operaciones presuntamente hechas con recursos de procedencia ilícita en el sistema financiero. Aunque el combate a este delito es una supuesta prioridad para la “guerra” antinarcóticos, a los delincuentes no se les tocaron sus finanzas: ese año, se lavaron al menos 88 mil millones de dólares en México.

Nancy Flores

En 2010 y en plena “guerra” contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, la inteligencia civil de México sólo logró llevar a juicio 34 casos de presunto lavado de dinero en el sistema financiero mexicano, revela el Informe de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010, presentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cámara de Diputados el pasado 15 de febrero.

Se trata de las 34 averiguaciones previas que la Procuraduría General de la República (PGR) consignó ante la justicia federal, de un total de 52 denuncias que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al Ministerio Público federal a lo largo de ese año, y que integraron igual número de indagatorias judiciales.

Del informe elaborado por el máximo órgano de fiscalización se desprende que el 59.6 por ciento de las denuncias se presentó ante la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda. En total, esta área abrió 31 averiguaciones por igual número de denuncias, pero sólo realizó 19 consignaciones.

La Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra la Salud recibió el 26.9 por ciento de las denuncias: abrió 14 averiguaciones previas, de las cuales consignó 10. La Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas abrió y consignó tres averiguaciones previas. La Dirección General de Control de Averiguaciones Previas abrió tres indagatorias de las que sólo consignó una. Y la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos abrió y consignó una.

Pero aunque en esas 34 operaciones tanto la Unidad de Inteligencia Financiera como la PGR presumieron que se vulneró el circuito financiero mexicano y sí se lavó dinero, hasta ahoraningún dueño, accionista ni alto ejecutivo de instituciones financieras legales ha sido encarcelado.

Además de los 52 casos denunciados, otras 70 transacciones que implican al sistema financiero en operaciones altamente riesgosas prendieron los focos rojos al interior del aparato de inteligencia civil, especializado en políticas antilavado y antifinanciamiento al terrorismo. Éstas, de entre un total de 4 millones 695 mil 31 reportes por operaciones inusuales, preocupantes y relevantes que recibió y analizó la Unidad en ese periodo.

En total, los expertos antilavado de la UIF dieron parte a la Procuraduría General de 122 operaciones en la banca comercial, casas de cambio, centros cambiarios, casas de bolsa, sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes) y de objeto limitado (sofoles), seguros que consideraron prácticamente constitutivas de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (118 casos) y financiamiento al terrorismo y tráfico de armas (cuatro casos).

Con base en el oficio 110.-A.-065/2011 de la Unidad de Inteligencia Financiera, la ASF refiere que los 70 reportes se presentaron de la siguiente manera: 52 a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda; ocho a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud; seis a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas; uno a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales; uno a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas; uno a la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros; y uno más a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos.

Finanzas ilícitas intactas

Las tres decenas de casos llevadas ante la justicia federal, así como los otros 90 casos enterados a la Procuraduría General de la República contrastan con la realidad del lavado de dinero en México, que provee a la criminalidad todo su andamiaje operativo: personal, armas, vehículos, casas de seguridad, capacidad de corrupción.

Desde que inició la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa y hasta la fecha, este ilícito implicaría operaciones por unos 88 mil millones de dólares anuales: 49 mil millones que trasnacionales y empresas sacan ilícitamente del país a través del sistema financiero y que constituyen operaciones de lavado de dinero, de acuerdo con la reciente investigación de la consultora Global Financial Integrity (Contralínea 271); y 39 mil millones de dólares que los criminales logran legalizar con éxito en el país, de acuerdo con el Centro Nacional de Inteligencia sobre las Drogas de Estados Unidos (Contralínea 237).

Por tanto, en 2010 los delincuentes de cuello blanco –incluidas las trasnacionales que operan en México con capacidad para realizar facturaciones fraudulentas en otros países– sacaron del país unos 49 mil millones de dólares; mientras que los criminales ingresaron al circuito financiero un porcentaje no determinado de esos 39 mil millones de dólares producto sólo de la venta de narcóticos en Estados Unidos.

La balanza de las finanzas ilícitas no es desconocida: en sus reportes International narcotics control strategy report 2010 y 2011, el Departamento de Estado de ese país señala que “México sigue siendo un centro de lavado de dinero” y que “el contrabando de embarques de dólares a granel y la repatriación de los fondos ilícitos a través de mensajeros, vehículos blindados y transferencias bancarias de Estados Unidos hacia México siguen siendo los métodos preferidos para el blanqueo de dinero del narcotráfico”.

No obstante, la inteligencia civil destinada a detectar estas operaciones que llegan al circuito financiero en México ni siquiera tiene un sistema confiable, señala la Auditoría Superior: la Unidad reportó un total de 4 millones 695 mil 31 operaciones inusuales, preocupantes y relevantes, mientras que los organismos reguladores y supervisores reportaron en conjunto 11 mil 558 operaciones, “lo cual refleja que la información no es confiable y los reportes no son congruentes”.

El órgano fiscalizador dependiente de la Cámara de Diputados indica, además, que no se tuvo evidencia para determinar si los sujetos obligados emitieron los reportes trimestrales correspondientes al ejercicio fiscal de 2010 por todas las operaciones relevantes realizadas mediante el uso de cuentas concentradoras de sus clientes o usuarios.

Ello, porque la UIF se negó a proporcionar los datos con el argumento de que “la Auditoría Superior de la Federación no tiene facultades para tener acceso a la información contenida en los reportes de operaciones inusuales, preocupantes y relevantes, ya que dichas operaciones están relacionadas con posibles actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 o 148 bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 bis del mismo Código y no cuentas o contratos a través de los cuales se administren o ejerzan recursos públicos federales (sic)”.

Banca trasnacional lava en México

En todo el ejercicio de 2010, la Unidad de Inteligencia Financiera detectó un caso de probable lavado de dinero que involucró a una trasnacional financiera. Se trató de una oficina de representación de una institución extranjera que se registró ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impedida para realizar actividades de intermediación financiera en el mercado nacional, por no contar con la autorización del gobierno federal.

La Unidad de Inteligencia, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “determinó que dicha oficina deberá abstenerse de actuar, directamente o por medio de interpósita persona, en operaciones de captación de recursos del público, ya sea por cuenta propia o ajena, y de proporcionar información o hacer gestión o trámite alguno para este tipo de operaciones”.

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Toda la estructura de seguridad, infiltrada por Los Zetas

La presencia del narco en las instituciones de seguridad y procuración de justicia, que no pueden ocultar ni en sus discursos el presidente Felipe Calderón y la procuradora general Marisela Morales, es algo más que infiltración. En el caso de Los Zetas, es una toma por asalto de las estructuras de mando, de las que disponen a su antojo los capos de ese cártel. Así lo muestra un expediente judicial en el que se describe –con detalles, nombres y montos de sobornos– cómo los mandos federales y locales de las policías y el Ejército no sólo protegen a los narcos sino que trabajan para ellos como escoltas, halcones, informantes, pagadores y hasta como sicarios...

Elementos de la Marina en Veracruz.

Arturo Rodríguez García

La detención de cuatro integrantes de la organización criminal de Los Zetas puso al descubierto que operaciones suyas son ejecutadas, y no sólo solapadas, por elementos del Ejército Mexicano, la Procuraduría General de la República (PGR), la Agencia Federal de Investigación (AFI) y la Policía Federal (PF), así como por las policías estatales y municipales, tanto de Coahuila como de Nuevo León.
A cinco años de iniciada la guerra de Felipe Calderón contra el narco, que ya acumuló más de 50 mil muertos y una cantidad similar de desaparecidos, los cuerpos de seguridad federales no escaparon a la corrupción que el presidente atribuye insistentemente a policías e instituciones locales.
De acuerdo con la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/041/2012, integrada apenas el pasado 8 de febrero, soldados de la Sexta Zona Militar ejecutaban a ciudadanos que denunciaban a criminales y desaparecían sus cuerpos, además de ocultarle a la PGR cargamentos de droga.
La indagatoria añade que lo mismo hacían agentes de la PF, quienes asimismo identificaban y enfrentaban a los adversarios de Los Zetas, colocaban puestos de vigilancia donde éstos les indicaban y custodiaban cargamentos. Además, establecían las nóminas de las Fuerzas Federales de Apoyo (FFA) que envía el gobierno de manera temporal a combatir al narco.
Por su parte, otros efectivos de la PGR y la AFI, con sobornos a todos niveles, se encargaban de consignar con cargos débiles a los miembros de Los Zetas, liberar a los que estaban detenidos e informar a los jefes sobre todo tipo de denuncias, incluidas las anónimas.
En el caso de las corporaciones de Nuevo León, Los Zetas presenciaban el pago de la narconómina a los policías estatales o municipales y tenían un enlace con el gobierno estatal para mantener a salvo su estructura.
En Coahuila, el teniente coronel Manuel de Jesús Cícero Salazar, quien se desempeñó como titular de la Policía Estatal Operativa y protegió a Los Zetas, era recomendado del secretario de Defensa, Guillermo Galván Galván.
La corrupción en la Fiscalía General del Estado (FGE, que concentra la anterior Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública coahuilenses) era conocida desde hace años por Felipe Calderón, cuyo gobierno no actuó hasta la segunda quincena de febrero.
La mañana del 15 de ese mes, en las instalaciones de la FGE los federales detuvieron al comandante ministerial Sergio Tobías Salas, Tobogán, y al policía estatal Julio César Ruiz Esquivel, Chicho, quienes también se encargaron de ejecutar y desaparecer personas. Horas después cayó la subdelegada de la PGR en Saltillo, Claudia González López, quien fue llevada a la Ciudad de México. Los tres, como Cícero, están acusados de colaborar con Los Zetas y el jueves 23 se les dictó formal prisión.
El jueves 16, la procuradora general Marisela Morales dijo: “Estamos dando un combate frontal a toda la corrupción que se pueda dar en todos los niveles en nuestra propia dependencia. Somos los primeros en poner el ejemplo y tenemos (acciones) sin precedente en el combate que estamos dando contra los agentes federales de investigación, contra los ministerios públicos, contra quien sea en cualquier nivel (que sean corruptos)”.
Morales adelantó que hay más implicados, pero aclaró que no pertenecen a su corporación. Sin embargo, el mismo expediente que permitió la consignación de los elementos ya mencionados también implica a otros integrantes de la PGR.
En cuanto a la corrupción militar, el domingo 19, durante la conmemoración del Día del Ejército, Calderón encomió a los soldados pero admitió: “Es cierto que se han dado casos excepcionales de algunos malos elementos que se apartan de los valores que ennoblecen al instituto armado, que con ello traicionan su uniforme y la confianza en ellos depositada”.
Esos “casos excepcionales” ocurrieron en dos de las entidades que registran mayor violencia: Coahuila y Chihuahua, que conforman la XI Región Militar. Los casos documentados hasta ahora son las desapariciones y ejecuciones presuntamente ordenadas por el general Manuel de Jesús Moreno Aviña, jefe de la guarnición de Ojinaga, así como la implicación en ejecuciones del 39 Batallón de Infantería, de Nuevo Casas Grandes y, ahora, el caso del 69 Batallón de Infantería, radicado en Saltillo.

Poder corruptor

Las declaraciones incriminatorias de los soldados y oficiales detenidos en marzo de 2011 revelaron cómo el poder corruptor de Los Zetas escaló por toda la estructura de la Sexta Zona Militar, con sede en Saltillo, hasta llegar al general Juan Manuel Vallejo Malibrán, quien se desempeñaba como jefe del Estado Mayor en la zona y luego fue enviado a Guanajuato.
Así, el miércoles 8 de febrero la PGR inició la averiguación previa 041/2012, acumulando testimoniales y probanzas de las averiguaciones 197/2011 y 101/2011, esta última integrada tras la detención, el 12 marzo de 2011, de Pedro Toga Lara, El Guacho, y Gerardo Hernández Sánchez, El Gerry, identificados como mandos de Los Zetas.
Los dos son ahora testigos protegidos de la PGR. A Toga Lara se le asignó la clave confidencial Escorpión y a Hernández Sánchez la de Sagitario. En la averiguación mencionada se identifica a otro testigo protegido como Sérpico, y de las declaraciones de los tres se desprendió lo que en la PGR se juzgó “información veraz y confiable, por haber sido de utilidad para la captura de otros integrantes de Los Zetas”.
En su declaración del 4 de mayo de 2011, Sagitario incriminó, con todo y sus narcosueldos, a los tenientes Javier Rodríguez Aburto, Sócrates Humberto López González y Julián Castilla Flores, que “ganaban” 50 mil pesos, y a Marcos Augusto Pérez Cisneros, que sólo obtenía 30 mil porque “era muy flojo”.
Los Zetas les pagaban 30 mil pesos a los subtenientes Alexis Ríos Cruz, Francisco Javier Soto Núñez, Carlos Miguel Gallardo Ibarra, Édgar Sánchez Ruiz, Édgar Valencia Cárdenas y Evencio Castillo Castro.
Al sargento José Luis Cerecedo Cruz, al cabo Pedro Montes Vázquez y al soldado Omar Alejandro Martínez Rivera les entregaban 20 mil. La función de Montes consistía en operar las comunicaciones para transmitir las órdenes de Los Zetas.
Otro sargento, Sergio Treviño Ríos, conocido por Los Zetas con la clave Tauro, fue quien presuntamente vinculó a todos los integrantes del 69 Batallón de Infantería con la organización criminal y se encargaba de pagar la narconómina.
Los soldados detenidos se acusaron mutuamente, con lo que salieron a flote varios delitos, como el asesinato de un teniente de apellido Hoyos.
A la lista de implicados se incorporaron así los tenientes Julio César Montiel Rumbo y Jesús Alberto Córdoba Ríos, el subteniente Francisco Javier Beltrán Luna, los sargentos Guillermo Flores Arrazate y Cecilio Ambros Antele, el cabo Salomé Juárez Cuéllar, los soldados Eleaquín Rubio Bautista y otro de apellido Vinalay. La lista sigue.
En el caso del teniente Soto Núñez, al ser detenido se le aseguraron 300 mil pesos en efectivo y armas que no eran de cargo. Según las declaraciones del sargento Treviño Ríos asentadas en el expediente, Soto pertenecía al equipo de Montiel Rumbo, comandante del batallón.
“Junto con otros tenientes y tropa, de los cuales no sé el nombre, (Montiel Rumbo) se encargaba de levantar y desaparecer a personas contrarias a la organización de Los Zetas, ignorando lo que hacía con las personas levantadas, y estos jales los hacía en Saltillo, Monclova y Torreón”, declaró Treviño.
Añadió: “Tengo conocimiento de que el Rumbo y su gente, hace aproximadamente tres meses (es decir, en enero de 2011), levantaron a tres personas que eran maestros o ingenieros, gente con algún tipo de profesión, en la ciudad de Monclova, porque le habían puesto el dedo a Los Zetas”.
El martes 21, el diario Reforma publicó otras revelaciones de Treviño, asentadas en la causa penal militar 279/2011, en las que afirma que el general Vallejo Malibrán está relacionado con Los Zetas, que no daba parte a la PGR de droga decomisada y portaba un radio de comunicación Kenwood que le entregaron los narcos.
Respecto al teniente Hoyos, quien fue asesinado, Treviño dijo que aseguró armas, dinero y celulares, pero le reclamó al general Vallejo que reportara menos objetos y montos a la PGR, por lo que el general ordenó matarlo.

Narcosueldazos

Las declaraciones de Escorpión, Sagitario y Sérpico coincidieron con las de Luis Jesús Sarabia Ramón, Pepito Sarabia, detenido el pasado 11 de enero en los límites de Coahuila y Nuevo León.
Ante el Ministerio Público Sarabia narró su carrera delictiva, iniciada en 2005 como encargado de las tienditas en Nuevo Laredo. Es compadre de Miguel Ángel Treviño Morales, L-40, quien al contratarlo le asignó la clave L-44. A finales de 2007 se integró a “la operativa”, es decir, a la escolta de L-40 y de su hermano Omar Treviño Morales ( L-42) mientras se escondían en las ciudades de Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, cuando el Cártel del Golfo, aún unido con Los Zetas, luchaba por el control de Nuevo Laredo contra el ahora preso Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, y Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, asesinado en Cuernavaca.
En 2007 Sarabia fue enviado a Piedras Negras con L-42 para fungir como “tranca” o encargado de las comunicaciones de la organización en la ciudad. En 2008, L-40 lo convirtió en jefe de plaza de Monclova y, en 2009, Heriberto Lazcano lo envió a Saltillo también como jefe de plaza, pero para entonces “ya formaba parte de la polla”, es decir, invertía dinero y se le daba una ganancia de unos 100 mil dólares mensuales. Según el testigo, la clave L seguida de un número se asigna a quienes responden al mando de Nuevo Laredo.
En su declaración, Sarabia confirmó la corrupción en la PGR y la AFI. También Sérpico asentó que en la AFI, en Coahuila, un comandante obtenía un narcosueldo de 100 mil pesos mensuales; un comandante segundo, 70 mil pesos; y los ministerios públicos federales 30 mil. Además se les regalaban costosos vehículos.
Para identificar a los miembros de la AFI, Los Zetas utilizaron la clave “tres letras”. Además de tener bajo su control a los mandos y policías, pagaban a la subdelegada de la PGR en Saltillo, Claudia González López.
Cuenta Sarabia que un día El Gerry (el testigo Sagitario) llegó al bar Carlos’n Charlie’s –que el primero utilizaba para sus reuniones– con la subdelegada, a quien le daban 100 mil pesos mensuales, y las agentes del ministerio público federal Blanca Isabel Dueñas Beltrán (con pagos de 25 mil pesos) y Gladis Feliciana Leyva Quintero (50 mil). En total eran cinco agentes del ministerio público y la subdelegada.
En febrero de 2010 la subdelegada González López y la MP Leyva Quintero se encontraron con Sarabia y El Gerry en la agencia Chevrolet de Saltillo para comprarle un carro a la funcionaria de la PGR. Ella salió de ahí a bordo de una pick up azul de doble cabina.
Los vehículos que se obsequiaron a los AFI, y en ocasiones también la narconómina, se entregaban en la parte posterior del edificio de la subdelegación de la PGR en Saltillo, en la colonia Topochico.
Y contra la afirmación de la procuradora general Marisela Morales de que no está implicado más personal de la PGR, los testigos y el indiciado revelaron que pagaban 50 mil pesos al agente de la AFI José Guadalupe Ballesteros Huescas, a quien conocían desde 2009. Señalaron por lo mismo a David Corral Huerta y a Enrique González Nava, este último responsable estatal de la AFI, radicado en Torreón y quien recibía 600 mil pesos mensuales para repartirlos entre los policías asignados a Coahuila. Según Sarabia, así los jefes de su grupo delictivo andaban por el estado sin ser molestados.
Además, los elementos de la PGR y la AFI debían liberar mercancías vehículos y armas aseguradas en operativos, o bien consignar mal y quitarles cargos a los zetas detenidos, informar sobre todas las denuncias formales o anónimas contra sus miembros, y compartir la información enviada o solicitada por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR.
En enero de 2011 se les retuvo el pago debido a que las FFA detuvieron en Saltillo a El Risas, que desde mayo de 2010 era el “cocinero” o encargado de calcinar cuerpos para dejarlos inidentificables. El L-40 ordenó liberar a El Risas, quien junto con Sarabia y otros zetas eran sus escoltas personales en los años de la guerra contra los Beltrán Leyva por la plaza de Nuevo Laredo.
No fue posible liberar a El Risas porque las FFA ya habían dado aviso al mando en la Ciudad de México. La subdelegada González López tuvo que explicar personalmente lo ocurrido y liberar el soborno retenido.

El capitán Valbuena

Los cuatro zetas detenidos coinciden en señalar como uno de sus operadores al capitán Jorge Luis Valbuena Flores, mando de la PF en Coahuila y antes en Nuevo León. De acuerdo con Sérpico, el capitán estaba a cargo de la PF en Nuevo León cuando lo conoció y empezó a entregarle la nómina a través del Comandante Lino, subalterno de Sérpico y abatido por el Ejército el 25 de enero de 2011 en Monterrey.
Escorpión afirma que conoció a Valbuena en 2008 y que en Nuevo León recogía también la nómina para Coahuila, entidad a la que fue enviado en 2010 como mando de la PF.
El mismo testigo señala que Valbuena llevó con Los Zetas al comandante Enrique González Nava, de la AFI; Azulejo, el comandante de las FFA que llegaron a Saltillo en enero de 2011, y al jefe de inteligencia regional. En esa reunión los mandos zetas le entregaron 2 millones de pesos a Azulejo y acordaron el monto que les darían a los oficiales durante su estancia en los dos estados.
Según esta declaración integrada en el expediente, Valbuena facilitó la corrupción de ministerios públicos locales en Arteaga, Coahuila, para liberar a delincuentes detenidos, pero también encabezó acciones directas para Los Zetas. Incluso señalan que Valbuena dirigió la búsqueda de Pepito Sarabia en Nuevo León, donde escapó, haciéndose pasar por muerto, tras una balacera contra militares en 2010.
El capitán de la PF recibió órdenes del grupo armado para colocar los filtros de vigilancia de la PF en la entrada a Saltillo procedente de Monterrey, así como en la caseta de la autopista 57 Saltillo-México y en las inmediaciones de la carretera libre a Torreón, a la altura de General Cepeda, todo con el fin de identificar a comandos rivales o sus cargamentos, y asegurarse el libre tránsito.
Valbuena proporcionaba información sobre operativos que se planeaban en la Ciudad de México, de la PF y de otras corporaciones (“estaba muy bien conectado en el Distrito Federal”). Según el testigo, el oficial daba indicaciones sobre los vehículos, vuelos, horarios y cantidad de personas, así como del objetivo de los operativos federales en la zona.
El capitán también “resolvía los problemas que llegaba a tener la Compañía en las carreteras. En esa ocasión, cuando le pagué, a principios de enero de 2011, 70 mil pesos para él, y para la tropa se le entregó más de 1 millón de pesos, ya que toda la corporación se encuentra comprometida con Los Zetas”, señala Escorpión.
Agrega que a Valbuena se le entregaban entre 800 mil y 1 millón de pesos en sobres rotulados con los nombres de los beneficiarios. El testigo Sagitario le atribuye al capitán el robo de cinco camionetas blindadas en la carretera libre Saltillo-Torreón, en abril de 2009, tras lo cual desapareció a los choferes y le entregó los vehículos a quien identifica como el Comandante Chabelo.
La misma fuente declaró que el capitán de la PF escoltaba cargamentos de droga, armas y vehículos blindados hacia las ciudades de Miguel Alemán, Reynosa y Nuevo Laredo, así como tráileres con “cargas chinas”, nombre que dan Los Zetas a la fayuca que tiene como destino el Distrito Federal.
Según Sagitario, el capitán se encarga asimismo del transporte de la mercancía de contrabando mediante la empresa Senda y del paso de la misma a San Luis Potosí por un proveedor independiente. De igual forma, el mando federal ha participado en la ordeña de ductos de Pemex, pues además de brindar protección a la extracción de gasolinas en Hipólito, Coahuila, Valbuena tiene gasolineras en Monterrey y le entregaba al ahora testigo protegido una pipa grande de tres ejes al mes.

Los Torres Charles

Por la información de los testigos mencionados se conoció también que en Nuevo León operaba El Cabrito, quien repartía la nómina a policías ministeriales, estatales y municipales en presencia de representantes de Los Zetas. Uno de los individuos que así recibía su soborno era el “Licenciado Muñoz”, enlace con el gobierno estatal.
En Coahuila el peón de Los Zetas era el teniente coronel retirado Manuel de Jesús Cícero Salazar, Viejo Loco. Formaba parte del llamado Modelo Coahuila y a mediados de 2008 fue designado titular de Seguridad Pública en Ramos Arizpe, municipio conurbado de Saltillo.
El Modelo Coahuila fue un programa coordinado por la periodista Isabel Arvide, que consistía en la designación de 11 generales, cinco coroneles, nueve mayores y otros oficiales que sumaban casi 200, todos en retiro, a quienes se les entregaron todas las jefaturas de seguridad pública municipales.
Arvide lo describió así en Torreón, el 17 de febrero de 2010: “Todos los jefes militares, dentro de este modelo, vienen comisionados, después de pasar pruebas de confianza, por la Secretaría de la Defensa Nacional. La mayoría han sido compañeros generacionales del general Galván, han servido bajo sus órdenes o han coincidido con su mando en diversas comisiones”.
Las policías estatales, los penales y las jefaturas de los municipios se llenaron de militares que operaron con total libertad y gozaron de vehículos blindados, armas de alto poder, viáticos, seguros y sobresueldos que nunca se transparentaron. Su “jefe moral” era el entonces comandante de la región militar general Mario Marco Antonio González Barrera, hoy inspector y contralor general de la Sedena.
Arvide terminó su relación laboral con el gobierno de Coahuila en mayo de 2010, tras acusar al entonces fiscal del estado, Jesús Torres Charles, de estar coludido con el hampa. Algunos de los militares que llevó a Coahuila reaparecieron tiempo después en otras entidades, como Tamaulipas y Quintana Roo. Fue el caso de Cícero, quien fue designado subsecretario de Seguridad Pública, pero dejó el cargo tras un escándalo callejero en Cancún.
Cícero se hizo notar en Coahuila a raíz de un tiroteo que, ahora se sabe, fue contra la escolta del L-40. Los medios locales lo apodaban El Rambo y vivía en las instalaciones de la Policía Municipal porque tenía amenazas de muerte. Sin embargo, de las declaraciones de los testigos protegidos se desprende que Pepito Sarabia le entregaba 500 mil pesos mensuales (200 mil de esos para otra persona cuyo nombre no se menciona), además de regalarle una camioneta Cherokee.
Otro implicado era Emanuel Almaguer, comandante de la Policía Municipal de Saltillo, quien pagaba la nómina y recibía apoyos para gastos de las patrullas. Fue ejecutado el 5 de diciembre con su hijo de 12 años.
Los testigos y Sarabia coincidieron en señalar a Humberto Torres Charles (hermano del exfiscal general del estado), a quien apodan Glenda y que fue subprocurador en los años noventa, bajo el mando del procurador Humberto Medina Ainsley, padre del actual gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz.
Humberto Torres era director jurídico de la Secretaría de Salud estatal. Hoy está prófugo. Los declarantes sostienen que le entregaron sobornos altísimos (el primero por 100 mil dólares) y le regalaron un automóvil BMW y un Mustang.
El lunes 20 la periodista Isabel Arvide dijo al periódico Vanguardia de Saltillo que la corrupción del exfiscal Jesús Torres fue advertida personalmente por Felipe Calderón a Humberto Moreira, quien lo ignoró y mantuvo al funcionario en el cargo desde 2010.
Pese a estos antecedentes y a las confesiones e imputaciones hechas por los detenidos, que llevan casi un año en poder de la PGR, esta dependencia no ha integrado ninguna indagatoria contra el exfiscal Torres Charles ni ha resuelto caso alguno de desaparición forzada de personas, aunque el propio presidente Felipe Calderón se comprometió desde mediados de 2011 a acelerar las investigaciones y dar respuesta a las familias que exigen justicia.

García Luna, contra la pared

Por Anabel Hernández

El 30 de octubre pasado, en la sesión del pleno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el presidente Felipe Calderón hizo un enérgico reclamo.

Se refirió a los exámenes de confianza que por ley se tienen que aplicar periódicamente a todos los funcionarios y elementos de los cuerpos policiacos del país y a la lenta depuración de las policías estatales.

“Se los digo de veras de corazón, después de años de estar viendo este fenómeno, no podemos dejar al zorro dentro del corral de las gallinas. Tienen que salir los malos policías

de los cuerpos policiacos”, exigió Calderón a los gobernadores presentes en la reunión.

La diputada del PRD y secretaria de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, Teresa del Carmen Incháustegui, recordó ese episodio en entrevista con Reporte Indigo.

“Sí sorprende que el primer alfil del presidente de la República en este rubro no observe los mandatos que el mismo presidente de la República ha reiterado en todos los foros”, señaló la legisladora.

La semana pasada, en su edición 261, Reporte Indigo publicó una investigación en la que revelamos que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal no se ha aplicado periódicamente los exámenes de control de confianza que exigen las leyes y normas que rigen a la SSP federal desde 2006.

Tampoco se ha sometido a estas evaluaciones su brazo derecho Luis Cárdenas Palomino, coordinador de Inteligencia para la Prevención del Delito de la Policía Federal.

Señalamos que ambos funcionarios sólo han presentado un examen de control de confianza durante los cinco años que han estado en los puestos de más alta jerarquía de la SSP, el cuerpo policiaco más importante del país.

Y los resultados de ese único examen están clasificados como secretos.

García Luna se sometió a ese examen en 2011, y no se sabrá el resultado hasta dentro de cuatro años. Cárdenas Palomino lo realizó en 2008, y será necesario esperar 12 años para saber si lo pasó o no.

A la pregunta expresa de si García Luna es zorro o gallina dentro de las corporaciones policiacas, la legisladora respondió: “Eso no puedo yo decirlo, eso tiene que hacerse sobre la base de que él cumpla con todos los requisitos”.

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La prerrogativa

Se reunió ayer Calderón con Petraeus, jefe de la CIA

Luis Javier Garrido

El 2012 está planteando en México, aunque muchos no lo entiendan, la confrontación entre quienes sostienen que es necesario buscar establecer, aun imperfecto, un estado de derecho, y quienes desde el gobierno siguen defendiendo el principio del imperio de la fuerza.

1. La principal responsabilidad de un gobierno es salvaguardar la vida y la integridad de quienes habitan su territorio, pero la del gobierno panista de Felipe Calderón ha sido no nada más salvaguardar los intereses del gobierno estadunidense y de las corporaciones trasnacionales, sino avalar el exterminio de quienes, por formar parte del narcotráfico, son entendidos por el gobierno panista como sus enemigos, haciendo suyo de tal manera el derecho a matar, como lo documentan múltiples casos.

2. Noam Chomsky señala muy claramente en su libro más reciente, La era Obama y otros escritos sobre el imperio de la fuerza (Pasado y Presente, 2011), coincidiendo con periodistas de The Atlantic, que una diferencia significativa en la llamada política antiterrorista del actual gobierno estadunidense con las de la administración de Bush II es que ésta capturó a miles de sospechosos (para ella) de ser terroristas y los envió a campos de detención en Afganistán, Irak y Guantánamo, en tanto la administración Obama se ha concentrado en la eliminación, mediante sofisticados operativos, de aquellos a los que considera terroristas individuales en lugar de intentar capturarlos con vida (p. 231). Es decir, que en nombre de las nuevas políticas de seguridad nacional de Estados Unidos, la Casa Blanca se arroga el derecho de matar a los que juzga sus enemigos.

3. Ese derecho de matar a sus enemigos en cualquier parte del planeta, que Washington asume ahora como su prerrogativa, como expresó el presidente Barack Obama en su discurso en el Pentágono el día 5, fue denunciado, según señalan los periodistas de The Atlantic (4 de mayo de 2011), por el ex canciller alemán Helmut Schmidt, quien al analizar el caso de la ejecución en Pakistán de Osama Bin Laden por un comando de elite de infantes de la marina, el 1º de mayo de 2011, concluyó que ese operativo fue claramente una violación del derecho internacional. Obama hizo entonces lo que ningún mandatario estadunidense había hecho, ni siquiera tras la Segunda Guerra Mundial o la guerra de Vietnam: asumir que no hay un orden jurídico internacional, sino un mero imperio de la fuerza.

4. La doctrina Obama sobre el derecho a matar a quienes se considere enemigos de Estados Unidos, teniendo o no pruebas de ello –como en el caso de Bin Laden–, empalma de tal manera con dos aspectos de la llamada doctrina de Bush II: el de poder establecer de manera unilateral quiénes son esos enemigos (como acontece con el que llaman eje del mal) y el de establecer, también unilateralmente, el derecho de Washington a revocar el carácter de estados a los países que albergan los que a su juicio son terroristas, todo lo cual parecen esgrimirlo en el caso del narcotráfico en México.

5. La “guerra contra el narco” de México, que fue decidida en Washington en 2006 e impuesta a Calderón, está claramente marcada de tal suerte por los principios de la nueva estrategia estadunidense, y entre éstos el del derecho a matar. Las miles de ejecuciones de capos del narco en territorio mexicano en los últimos cinco años, que la información oficial ha presentado como producto del enfrentamiento de bandas o grupos rivales, no son exactamente eso. En un escenario que se sabe es, entre otras cosas, el de la reordenación del narcotráfico por las principales agencias estadunidenses que impunemente operan en territorio mexicano –la CIA, la DEA, la DIA, la NSRO y otras–, muchos de estos homicidios aparecen como resultado de operativos del poder, es decir, que fueron cometidos por fuerzas militares o policiales mexicanas bajo las directivas de las agencias de Washington. No se puede decir “operativos de Estado” porque ya aquí el poder público mexicano aparece subordinado a fuerzas del exterior.

6. El viaje que hizo a México el miércoles 18 el general David H. Petraeus, director de la Agencia Central de Inteligencia en Estados Unidos, quien como se recuerda fue hasta 2011 el comandante supremo en Irak, no es en este contexto una visita protocolaria más, como se pretende, sino un desplazamiento de importancia estratégica para ellos. El director de la CIA, en un hecho que no tiene precedente en nuestra historia, encabezó por la tarde una reunión de trabajo en la Secretaría de Gobernación con los integrantes del llamado gabinete de seguridad –los titulares de la Sedena, la Marina, Seguridad Pública, Gobernación y la PGR, así como el director del Cisen–, y es muy claro que en el periodo prelectoral mexicano, que coincide en parte con el estadunidense, Washington prepara agresivos operativos en México.

7. La expresión utilizada en el boletín expedido por Los Pinos, luego de que al anochecer se reunió Calderón con Petraeus, estableciendo que habían acordado seguir estrechando (¿aún más?) los lazos en materia de seguridad, no significa otra cosa que mayor subordinación de México a Washington. Y como si ya la lógica del agonizante gobierno panista fuera entregarlo todo –de las decisiones en materia financiera y económica a las de seguridad interna y externa–, en función de las elecciones de 2012, el jueves 19 Calderón anunció en un acto en Los Pinos que las políticas ecológica y de medio ambiente de México se decidirían también de común acuerdo con Washington, en función de un memorando de entendimiento.

8. La responsabilidad política y penal de Felipe Calderón y de los integrantes de su gobierno por haber entregado al exterior amplios aspectos del manejo del país y haber tornado a México en un espacio de experimentación de las estrategias militares de Washington es tan grande como la relativa a las que se estima son ya más de 60 mil muertes, y todo el derroche propagandístico del régimen no podrá ocultar esto.

9. Un boletín más del gobierno federal, expedido el día 18, curiosamente a la misma hora de la visita del director de la CIA a México, pretende que tras el violento inicio de 2012 no quedan en México en actividad más que dos cárteles, el de Sinaloa y el de Los Zetas, y que estos dos son responsables de la mayor parte de los muertos en el país (no el gobierno federal, desde luego). El boletín ignora así deliberadamente que la violencia de estos cinco años fue planeada, gestada e impulsada desde el poder, que hundir a México en ella ha sido parte de un proyecto económico y político, que los integrantes armados de los cárteles son en su mayoría ex policías o ex militares y ex marinos, y que el gobierno panista creó grupos paramilitares que se arrogaron, como las fuerzas oficiales, el derecho a matar.

10. La violencia ilegal que abruma a México debe terminar, y el clamor de ¡Ya basta! debe ser más intenso si se quiere salvar a la nación.

Pablo Salazar Mendiguchía manifestó ser un perseguido político de Juan Sabines

Pablo Salazar Mendiguchia Entrevista Desde La Carcel 11-01-12 NOTICIAS MVS


http://youtu.be/sdFUcDzqHE8


http://youtu.be/pZPqo1dp-04


http://youtu.be/y7JurZiZ51s


http://youtu.be/xf0s1PEuwfE

El desafío del IFE: afrontar tiempos de guerra

Álvaro Delgado

Tras 14 meses de trabajar con un equipo incompleto, por fin el Consejo General del IFE llenó los huecos al incorporar a tres nuevos consejeros, todos ellos con carreras ampliamente conocidas en el sector público y que cubren todo el espectro de las tendencias políticas. Junto al resto de sus colegas, María Marván Laborde, Sergio García Ramírez y Lorenzo Córdova Vianello enfrentan el desafío de 2012, envuelto en la guerra contra el narco –que cumple ya cinco años y que sólo este diciembre ocasionó más de 500 muertos–, y con un proceso electoral al que amenazan de igual manera el crimen organizado y las tentaciones autoritarias.

La "incursión"

Luis Javier Garrido

La incursión cada vez más frecuente e impune de convoyes militares y policiacos estadunidenses en la zona fronteriza de México es un signo inadmisible, no nada más del abandono absoluto que el Estado mexicano ha ido teniendo de sus funciones sustantivas, sino de la decisión de la burocracia panista de entregar la seguridad interna del país al gobierno de Washington, que dirige ya sin ninguna reserva la llamada “guerra contra el narco”, con el objetivo evidente de reordenar el narcotráfico en función de sus intereses y de crear las condiciones para adueñarse por completo de los recursos estratégicos del país.

1. La información sobre la caravana blindada de fuerzas estadunidenses que cruzó por Matamoros hacia territorio mexicano el jueves 15 con la protección de un helicóptero (Proceso, 1834) no mereció, por ejemplo, mayor explicación del gobierno calderonista, ni la intervención del Senado, y mucho menos los comentarios de la prensa, a pesar de que como dice en su nota Jorge Carrasco Araizaga es una más de las que con frecuencia se sabe.

2. El Estado mexicano ha abandonado casi por completo en los años del PAN (2000-2012) el respeto a las garantías individuales, la tutela de los derechos sociales del pueblo y la defensa de los derechos de la nación, pero tan grave como lo anterior está siendo la decisión del gobierno de Felipe Calderón, intentando actuar conforme a los dogmas de la ideología neoliberal, de dejar de ejercer las funciones fundamentales del Estado y aceptar que buena parte de ellas las estén ya ejerciendo instancias extranjeras: desde el manejo de las finanzas hasta la de la seguridad de la nación.

3. Las concesiones de Felipe Calderón a Washington en materia de seguridad, pasando por sobre la Constitución mexicana y haciendo a un lado al Senado, rebasan lo imaginable: el manejo de la Marina y el Ejército para ser usados como cuerpos policiacos “contra el narco” (y contra los movimientos sociales); la presencia sin conocimiento alguno del gobierno de México de agentes estadunidenses; su creciente injerencia en el control de las dos fronteras, los aeropuertos, las costas, los puertos y el espacio aéreo de nuestro país; la apertura de oficinas para las agencias de Estados Unidos en territorio mexicano, de las cuales una en la ciudad de México es un verdadero búnker; el permiso permanente a aviones no tripulados para sobrevolar el territorio nacional. Y ahora, el libre tránsito de convoyes en la frontera norte. ¿Con qué objetivo?, todavía se preguntan algunos.

4. Los datos hechos públicos el sábado 17 sobre el hecho de que al menos 80 ex funcionarios mexicanos de alto nivel trabajan para agencias estadunidenses, en abierta contravención a la Constitución (La Jornada, 18/12/11) se complementa con la información ya publicada en el sentido de que funcionarios de primer nivel del gobierno de Calderón –entre ellos Alejandro Poiré y Ernesto Cordero– habrían recibido cursos especiales en Estados Unidos para ser adiestrados de manera conveniente, y por lo mismo no pareció sorprender tampoco en este contexto.

5. La información de que panistas se hallan al servicio directo de Washington como sus empleados no motivó mayor reflexión de los medios, pues ya Philip Agee en su Inside the Company, CIA diary (Penguin, 1975), que le costó tener que exilarse por varias décadas, había señalado que López Mateos (Lienvoy-2 o Litensor), Díaz Ordaz (Litempo-8) y Echeverría (Litempo-14) trabajaron para la CIA, lo que corroboró Jefferson Morley en Our man in Mexico: Winston Scott and the hidden history of the CIA (University Press of Kansas, 2011). Lo nuevo ahora es empero que la subordinación de los funcionarios del PAN se da con carácter orgánico: la Marina-Armada Nacional y el Ejército están recibiendo órdenes de las agencias estadunidenses como muchos responsables de la administración central, y el objetivo es claro: la defensa de los intereses estadunidenses.

6. El narcotráfico, que es el pretexto para esta parafernalia, habría que recordarlo, estuvo en México casi desde los años 40 bajo el control de Washington, no de cárteles estadunidenses sino del propio gobierno. En sus orígenes el incipiente negocio había sido manejado de manera rudimentaria por mexicanos, como la célebre Lola la Chata, hasta que cerca del medio siglo llegó la penetración de los intereses estadunidenses y empezaron a intervenir en México desde Lucky Luciano a Frank Costello. Juan Alberto Cedillo recuerda en La Cosa Nostra en México (1938-1950) cómo Virginia Hill, la Reina de la Mafia, corrompió a funcionarios del gobierno de Miguel Alemán, lo que le permitió gran poder a los grupos de Chicago y Nueva York, aunque ya para la administración de De la Madrid, todo empezó a cambiar: la influencia en México de las actividades primero del cártel de Medellín y luego del cártel de Cali hizo posible que el negocio lo empezaran a controlar mexicanos, lo que se hizo claro en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y esto ha sido inadmisible para Washington.

7. El cine de Hollywood de principios de los años 50 buscó en varios films noir –como Ocean drive (1950), de Joseph M. Newman; The racket (1951), de John Cromwell y Nicholas Ray, o The big heat (1953), de Fritz Lang–, que coincidieron con los trabajos de la comisión senatorial de Estes Kefauver, mostrar que el vínculo entre funcionarios y mafiosos era circunstancial, pero lo único que lograron es evidenciar su carácter estructural.

8. Los poderosos intereses financieros, económicos y políticos que tiene Estados Unidos en el narcotráfico hacen que resulte inaceptable para la Casa Blanca la situación prevaleciente en México y en otras latitudes, y que a toda costa quiera controlar todo el negocio, como lo está buscando lograr lo mismo en Pakistán y Afganistán que en Sudamérica, al mismo tiempo que pretende manejar los recursos estratégicos del planeta y consolidar su dominio estatégico. El punto que resulta central de todo esto es que para eso sirve “la guerra contra el narco”, y para ese propósito han muerto más de 50 mil mexicanos.

9. El libre tráfico de tropas estadunidenses a México es, por lo mismo, un paso gravísimo más de la actual burocracia gobernante hacia el vacío, pues sus integrantes están resaltando todos su papel de comparsas de Washington, y los rasgos que está adquiriendo México como un protectorado, en el que no hay un futuro para sus habitantes, carentes en este escenario de un proyecto nacional, de ahí que les interese hacer creer que tienen para ello un aval social, como lo pretendía una encuesta publicada por El Universal el día 23 afirmando que la mayoría de los mexicanos aprueba la creciente intervención de Estados Unidos.

10. En este contexto, el gobierno de Calderón pretende dejar a un panista en la silla presidencial a pesar del ¡Ya basta! de los mexicanos, de ahí que la anulación absurda de la elección municipal de Morelia con la que termina este 2011 no parece más que advertir que le es posible la imposición en el 2012 pues controla lo mismo al IFE que al Tribunal Electoral y, por si alguien lo dudara, recordar también que la “guerra contra el narco” tiene un objetivo particular: consolidar el dominio sobre el país de la coalición de intereses que lo han apoyado, a pesar del desastre en el que ha hundido al país.