El pueblo huichol contra minera canadiense

En esa zona de Real de Catorce, SLP, empresa canadiense pretende explotar plata y uranio

Con cantos, rezos y ayunos indígenas inician defensa del cerro El Quemado

En 2008 Calderón se comprometió a preservar el sitio ceremonial de huicholes, coras y tepehuanes
Durante 11 días, indígenas de San Luis Potosí, Jalisco, Durango, Zacatecas y Nayarit realizaron cánticos, ayunos y rezos comunales para protestar por el proyecto de la minera canadiense First Majestic Silver Corp., en la sierra de Real de CatorceFoto Miguel Reina
En el ejido Las Margaritas, del municipio potosino de Real de Catorce, comunidades indígenas se reunieron para apoyar la defensa del centro ceremonial en el cerro El Quemado, donde una compañía extranjera pretende extraer plata y posiblemente uranio Foto Miguel Reyna

Lilia Ovalle

Real de Catorce, SLP, 19 de marzo. El cerro El Quemado es un ser sagrado y lo defendemos, porque para nosotros es como un humano y lo que los mineros quieren hacerle es como cortarle la cabeza, sentencia Haiwiya, uno de los huicholes que se reunieron en el ejido Margaritas para apoyar con cantos y danzas la defensa de su centro ceremonial, donde la compañía canadiense First Majestic Silver Corp. pretende explotar plata y posiblemente uranio.

Durante 11 días, cánticos, inmersiones en temazcales, ayunos, adoraciones a los espíritus y rezos comunales dieron fuerza al encuentro en defensa de la sierra de Real de Catorce, considerada área natural protegida por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

El Quemado es una nación, una cultura. Nadie lo puso. Los abuelos de Wirikuta lo encontraron y lo hicieron lugar sagrado, porque allí fue donde nació nuestro padre Sol, agregó el indígena.

Haiwiya explica: No podemos atacarlo, allí hay dos manantiales, es el espíritu del padre Sol en el ojo de agua. Nadie de la minera ha venido para decirnos qué quieren allí. Pero ya están. Por eso nos oponemos, nomás imagine, somos de las sierras de San Luis Potosí, Jalisco, Durango, Zacatecas y Nayarit (los que acuden a hacer sus rituales).

Levantarán campamento

En el ejido Margaritas, del municipio de Real de Catorce, las comunidades indígenas, y asociaciones civiles, entre ellas el Frente en Defensa de Wirikuta, pretenden levantar un campamento para luchar por la defensa del cerro, sitio ancestral donde los ceremoniales de huicholes, coras y tepehuanes dan sentido de universalidad a la naturaleza y a la vida.

Al ejido viajaron también indígenas de California, que forman El Clan del Oso. En diciembre pasado ellos constituyeron la asociación civil Mazehuantlolí, y Manuel Óscar Sánchez, su director, confirmó que la presencia del clan, que tiene representación en México, Sudamérica, Estados Unidos y Canadá, es en apoyo y defensa de la tierra indígena.

Óscar Sánchez da instrucciones a su clan; los prepara para entender el ritmo del tambor. Pregunta cuántos son cuidadores de temazcales. En abril se reunirán de nueva cuenta, pero en Nayarit. Aunque pide no ser registrado por cámaras da una última opinión: Es necesario que todos tengamos el conocimiento y que uno lo defienda cuando se deba. Está fuerza es definitiva para el cambio.

Peligra el ecosistema

Poncho Nava es un joven aguerrido que con argumentos firmes explica la situación: Lo que se arriesga en la entrega de concesiones a mineras sobre la sierra de Real de Catorce es la vida de una cultura milenaria que no pertenece sólo a México, sino al mundo. Además, existe peligro sobre el ecosistema que detenta flora y fauna endémicas; experiencias anteriores en la región dejaron la tierra erosionada, hoy en vías de recuperación.

Integrante del Frente en Defensa de Wirikuta, indica que están en juego intereses. Por un lado es visible la aceptación de los lugareños a la apertura de una veta, pues desempleo y pobreza hacen estragos en la región. En otro plano se defiende la cosmovisión de los indígenas y su centro ceremonial, pensado como el corazón de la tierra, donde el peyote o hikuri es la medicina y conexión con los espíritus.

Por eso la importancia de buscar equilibrios que permitan la convivencia de ambas ideas, evitando a toda costa la contaminación de suelo, agua y aire en una tierra considerada sagrada, así como el desplazamiento de sus custodios, originarios de etnias en peligro de extinción.

Al mismo tiempo, se busca evitar resultados como los que ocasionó una mina en San José y que, fuera de operaciones tras el huracán Alex, literalmente chorreó lodo contaminado con altas concentraciones de plomo y arsénico que causaron la muerte de animales e intoxicaron la flora, según el resultado de una investigación realizada por la Universidad Autónoma de Guadalajara.

Otro integrante de la asociación, Eduardo Ustárroz, refiere que no sólo se atenta pragmáticamente contra la vida atacando la tierra, sino además se pretende anular la importancia cultural del sitio como centro ceremonial y de peregrinaje huichol.

Promesas calderonistas

La percepción se acentúa cuando Ustárroz recupera en un documental de su autoría, que el propio presidente Felipe Calderón Hinojosa, en 2008, luego de firmar el convenio Hauxa Manaka con los gobernadores de Zacatecas, Durango, Jalisco, San Luis Potosí y Nayarit, se comprometió a respetar la tierra santa del pueblo wixárica sin que hasta la fecha haya impedido el otorgamiento de concesiones, no sólo a First Majestic Silver Corp., sino a otras que mantienen bajo la sombra los permisos, esperando el momento oportuno para darse a conocer.

En su momento, Calderón Hinojosa prometió: Con este documento los gobernadores tradicionales aquí presentes y las autoridades civiles también representadas por los gobernadores de varios estados, así como el gobierno federal, nos comprometemos a proteger y fortalecer la continuidad histórica de los lugares sagrados y las rutas de peregrinación del pueblo wixárica.

Los gobiernos locales se comprometieron a difundir y preservar esta cultura. Calderón dijo estar seguro que entre todos iban a contribuir a que esta gran cultura siga siendo patrimonio de la humanidad, orgullo de la gente de Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Nayarit y orgullo de todos los mexicanos.

Minera Real de Bonanza, fachada de First Majestic

La información, acerca de la cual se mantenían atentos los activistas sobre la minera canadiense First Magestic Silver Corp., dio un giro radical luego de una reunión concertada el 11 de marzo entre representantes legales, actores de la sociedad civil e integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí.

Allí los representantes de la empresa aseguraron que la minera canadiense no explotará el suelo, sino una mexicana llamada Minera Real de Bonanza, que se percibió como una empresa constituida al vapor para servir de fachada a First Majestic, que proyecta extraer plata y posiblemente uranio en Real de Catorce.

Aunque la extracción podría comenzar en 2014, existen problemas reales, como la escasez de agua, que podría impedir el echar a andar la mina.

Sin embargo, el tiempo avanza, mientras los cuestionamientos persisten, pues los defensores de la minera aseguran que se utilizarán químicos inocuos o biodegradables, situación poco creíble aplicada en los procesos de producción utilizados por tradición.

Bienvenidos a Cancún: vean cómo Fox y Calderón destruyeron el cerro de San Pedro

Desfiladero

El cerro de San Pedro ya no existe; las águilas, las víboras y las imponentes bisnagas, tampoco. Minera San Xavier arrasó con todo María Meléndrez ParadaFoto Foto

Jaime Avilés

Un domingo de 1995, después de la misa que reunía semanalmente a los habitantes de Cerro de San Pedro, un forastero subió al altar donde había oficiado el cura, y dijo a los feligreses que todas las casas y tiendas y fondas y calles y ruinas del pueblo iban a desaparecer bajo las máquinas de una empresa internacional que devolvería a la región la prosperidad de otros tiempos.

Ante el asombro de sus oyentes, el extraño aclaró que nadie saldría perjudicado pues, además de una justa indemnización, cada familia recibiría una nueva vivienda en la cercana comunidad de La Zapatilla, y los hombres y las mujeres en condiciones de trabajar obtendrían un empleo. Así, la ceremonia religiosa se convirtió en asamblea, cada cual tomó la palabra y expuso sus argumentos, pero la inmensa mayoría rechazó la oferta.

Por la belleza de sus construcciones –su templo de la segunda mitad del siglo XVIII, su peluquería, su panadería y su botica del XIX, su escuela, su mirador que domina el paisaje del desierto (hoy dominado a su vez por Los Zetas)–, y desde luego por su importancia histórica, Cerro de San Pedro es, según la UNESCO, patrimonio cultural de la humanidad. Pero si el águila siendo animal, se retrató en el dinero, la montaña a la cual debe su nombre este pueblo posó, en el siglo XVII, para el escudo oficial del estado de San Luis Potosí.

Todo porque en ese lugar, en 1592, los españoles descubrieron ricas vetas de oro y plata, y para apropiárselas, el aventurero Pedro de Anda fundó la villa de San Pedro del Potosí, en honor de su propio santo, faltaba más, y de las minas del Potosí en Bolivia.

La extracción de metales preciosos comenzó en 1595, pero como no había agua para separar las codiciadas petitas rubias y blancas del plomo y el fierro con aplicaciones de mercurio, los europeos abrieron un camino de herradura para llevarse las piedras a una aldea donde abundaban los manantiales y fabricaban queso de tuna.

Cerro de San Pedro tuvo sus épocas de auge –de 1595 a 1621, de 1699 a 1763, de 1807 a 1830– cada que se descubrían nuevas vetas, y cuando éstas se agotaban se convertía otra vez en pueblo fantasma. La riqueza de su entraña era tal que, en 1902, durante su última bonanza, de cada tonelada de roca aún salían 7 kilos de oro. Pero en 1953, vacía, exhausta, la mina cerró para siempre y el pueblo quedó a merced de las telarañas. Sus escasos pobladores sobrevivieron criando cabras y tratando de echar a andar negocios turísticos, asfixiados por la miseria, hasta que un domingo de 1995, un forastero subió al altar de la iglesia y les puso los pelos de punta.

En ese momento, sabiendo que dentro del histórico cerro ya no había sino tierra y fauna, una empresa canadiense denominada Minera San Xavier (MSX), acababa de presentar al gobierno de Ernesto Zedillo un enloquecido plan de negocios. Este consistía en demoler el pueblo, dinamitar la montaña y reducirla a polvo, para extraer de éste los últimos residuos de oro. Al conocer las intenciones de quienes enviaron al mensajero, los habitantes de San Pedro se organizaron para defenderse y crearon el Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier (FAO).

Encabezado por el ingeniero Mario Martínez Ramos y por el abogado Carlos Covarrubias, el FAO ha sostenido desde entonces una admirable batalla jurídica y política, que frenó el proyecto durante los primeros siete años. Pero en 2002, Vicente Fox intervino de manera personal y presionó de tal modo a las autoridades municipales de Cerro, que éstas doblaron las manos y permitieron que la minera empezara a devastar la región.

Gracias a Fox, a su secretario del Medio Ambiente, el ex gobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez, y al entonces gobernador Marcelo de los Santos (óleos), desde el segundo semestre de 2005, todos los días en punto de las tres de la tarde, Minera San Xavier detona una carga de 25 toneladas de explosivos y hace volar 80 mil toneladas de roca. De éstas, selecciona 32 mil y las tritura; luego, ya pulverizadas, las deposita en unas tinas metálicas al aire libre, y las cubre con una mezcla de 16 toneladas de cianuro de sodio disueltas en 32 mil millones de litros de agua.

Así, de cada tonelada extrae medio gramo de oro. Leyeron bien: medio gramo de oro. Pero como exprime 32 mil toneladas diarias, en cada jornada obtiene 16 kilos de oro. Un kilo de oro tiene 33 onzas. Cada onza, a precios de hoy, vale mil 300 dólares. En términos brutos (sin descontar gastos, sueldos y sobornos) la minera gana 42 mil 900 dólares por cada kilo, y 686 mil 400 dólares por cada 16 kilos (su cosecha cotidiana), cifra que multiplicada por los 30 días del mes representa la friolera de 20 millones 592 mil dólares, o 247 millones 104 mil dólares anuales, o más de mil millones de dólares en estos cinco años.

La primera vez que visité Cerro de San Pedro, en mayo de 2005, invitado por Carlos Covarrubias y don Mario Martínez, me maravilló todo: las ruinas, las casas en pie, la iglesia, el desierto, las bisnagas bicentenarias, el silencio, el aire, las águilas que cruzaban por el cielo sosteniendo una víbora entre las garras. Y por supuesto la montaña, con sus dos cuevas como los ojos de una calaca.

Hace días regresé al pueblo y, mirando hacia lo alto, pregunté a mis amigos del FAO por las cuevas, que también salen en el escudo de San Luis Potosí. Don Mario respondió: Eso que estás viendo es el Cerro de Atrás, el de San Pedro ya no existe. ¿No entendiste que estos cabrones lo volaron? Y apuntando en otra dirección, me señaló una especie de túmulo funerario de mil 500 millones de toneladas de tierra contaminada con ácido cianhídrico, que jamás volverá a ser útil para la vida.

¿Y las águilas? ¿Y las víboras? ¿Y las imponentes bisnagas? Tampoco existen. Minera San Xavier, con el apoyo inicial de Fox, y actualmente con el de Felipe Calderón, hoy por hoy el hombre más comprometido con la defensa del medio ambiente en el planeta (así se va a presentar en la cumbre que pasado mañana arranca en Cancún), ayudaron a provocar su exterminio por la miserable cantidad de mil millones de dólares. ¿Y a cambio de qué? Nadie lo sabe. El pueblo vive en la miseria de siempre y los caminos que lo comunican los controla el narcotráfico.

Fox y Calderón son responsables de que la cuarta parte del territorio nacional –una extensión de 24.5 millones de hectáreas– estén concesionadas a mineras nacionales y extranjeras, que saquean los recursos naturales del país y no dejan nada bueno. Pero las cosas pueden complicarse en breve, porque no lejos de Cerro San Pedro, en el desierto de Real de Catorce, donde crece el peyote sagrado de los huicholes, otra minera canadiense ha recibido permiso federal y estatal para dinamitar el subsuelo en busca de toda la plata residual que contenga.

La esperanza de muchos reside en que esta agresión, no sólo a la tierra sino a la culturas de los habitantes más antiguos del país, vuelva a poner a los pueblos indios en pie de lucha, codo a codo con el movimiento popular que se organiza para desmantelar, pero ya por favor, la sanguinaria dictadura panista. Si ustedes van a Cancún, ojalá repartan este Desfiladero entre las delegaciones ciudadanas, a las que, desde aquí, se les da la más cordial bienvenida.

jamastu@gmail.com

Los gays, la Iglesia y el PRD

Javier Sicilia

MÉXICO, D.F., 25 de enero.- Una vez más el gobierno perredista del Distrito Federal y la Iglesia protagonizan una disputa de sordos. Ayer fue la despenalización del aborto; hoy, los matrimonios gays y la adopción. La mutua desconfianza que, desde el nacimiento del Estado laico, se tienen los integrantes de estas dos tendencias, los ha llevado a enfrentamientos extremosos. Entre la intolerancia de la institución clerical y el pluralismo sin matices de la izquierda liberal, la conclusión ha sido siempre la injusticia. En lugar de discutir, en el caso del aborto, el único punto en el que estaban de acuerdo –cómo reducir y, a la larga, evitar los abortos–, las descalificaciones de ambas partes terminaron por dirimir la cuestión mediante una posición de fuerza, la del Estado, y por la peor solución: la despenalización absoluta del aborto, sin ningún matiz. O sea que, fuera de la verdad científica –que en el fondo no es la verdad, sino un nueva forma de la tiranía, y que, al igual que la Iglesia, en el fondo tampoco sabe nada del misterio de la concepción– y de la tiranía del yo y sus derechos, no hay salvación.
Ahora ha tocado el turno a los gays y a la adopción. La Iglesia, en nombre de un estado de naturaleza –que no se sostiene en su totalidad–, de la encíclica Veritates splendor –llena de un Veritates terror– y de un desprecio por la caridad, no sólo mira la homosexualidad como una aberración, sino que a partir de ese prejuicio rechaza que se otorgue a las parejas gays el estatuto jurídico del matrimonio y, en consecuencia, que tengan derecho a la adopción. Por su parte, el gobierno del PRD, sin matizar nada, a partir de un prejuicio igualitario que –semejante al de la Iglesia que borra del ser humano su condición simbólica– borra una parte de la naturaleza igualmente perteneciente a lo humano, y sin tomar en cuenta los derechos de la infancia ni la equidad en su relación con la justicia, ha decidido homologar el matrimonio gay con el matrimonio heterosexual.
Es innegable que la Iglesia, por un sentido de la caridad, que es la sustancia de su fe, debe aprender a amar y respetar a los gays; un amor y un respeto que, en un mundo plural –hace mucho que Occidente dejó de ser una cristiandad–, debe traducirse en la aceptación de un marco jurídico, no eclesial, que permita a los gays vivir, si así lo desean, en matrimonio. Es innegable también que el Estado laico debe concederles ese derecho. Pero es igualmente innegable que ese derecho no puede ser idéntico al del matrimonio heterosexual.
Las razones son múltiples –van desde una profunda discusión que debe darse entre el estado natural y simbólico del hombre, hasta la reflexión sobre lo que en ese orden debe entenderse por la moral y sus límites–. Tocaré aquí, por razones de espacio, únicamente lo que a la justicia y a la equidad se refiere.
La mejor definición sobre la justicia que conozco es la del mundo griego –un mundo para el que la homosexualidad, como categoría discriminatoria, no existía–: “La justicia consiste en dar a cada uno lo que le corresponde”. Es una relación de proporción. “Somos iguales –decía acertadamente la mayor Ana María al defender los derechos indios– porque somos diferentes”. En este sentido, tratar con justicia a alguien significa tratarlo de manera diferente, de acuerdo con lo que es. De lo contrario, cometemos una injusticia.
Debido a que los hombres y las mujeres no son iguales, para aproximarnos a la justicia complementaria que el machismo desequilibró, hay derechos que ellas tienen –los reproductivos, por ejemplo– y ellos no. Así como la mujer se embaraza y requiere de ciertos cuidados que el hombre no reclama –yo envidio la experiencia de una mujer embarazada, una experiencia que, por desgracia, es el límite de mi condición de hombre y que jamás podré tener, pero que celebro e imagino cada vez que una mujer gesta un niño–, también en el orden de los matrimonios gay hay diferencias que requieren marcos jurídicos diferentes. Tratar al matrimonio gay del mismo modo que al heterosexual es cometer una injusticia con unos y otros, e implica asimismo tratar injustamente el derecho de los niños a tener un padre y una madre no sólo en el sentido del género, sino también en el de la sexualidad.
¿Quiere decir esto que el marco jurídico del matrimonio gay debería prohibir la adopción? No. Sólo digo que, primero, es el derecho de los niños; primero, aquí sí, el estado de naturaleza frente a la adopción. Si no es posible, entonces la adopción de los matrimonios gay y el estado simbólico. La justicia –vuelvo a Platón y al mundo griego– es lo que asegura a cada uno su parte, su lugar, su función, preservando la armonía del orden y de los límites. ¿O sería justo dar a todos las mismas cosas cuando no tienen las mismas necesidades ni los mismos méritos?; ¿sería justo exigir a todos lo mismo cuando no se tienen capacidades análogas? El problema se discutía en Grecia y debe seguirse discutiendo hoy. Pero para ello es necesaria la caridad, la búsqueda de la justicia –que siempre es un horizonte–, de la proporción y de la humilde conciencia de los límites. De lo contrario, sólo gana el más fuerte y, con ello, no la fuerza de la justicia, sino la justicia de la fuerza. Eso que, por desgracia, llamamos política.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a los presos de Atenco y de la APPO, y hacer que Ulises Ruiz salga de Oaxaca.

En estado de revolución

Javier Sicilia

Al acercarse la celebración del bicentenario, el país, como lo muestran muchos analistas y como lo dije en mi artículo La lejanía (Proceso 1724), se encuentra paradójicamente en estado de revolución. Las razones están a la vista, no así su posibilidad ni su viabilidad. ¿Es posible otra revolución? Y si lo es ¿cómo debería ser?
Es innegable que la revolución es una construcción histórica. Nació, dice Albert Camus, cuando la rebelión, que es un levantamiento ante el espectáculo de “una condición injusta e incomprensible”, adquirió una razón ideológica. Si las rebeliones matan hombres, las revoluciones matan hombres y principios. Podría decirse entonces que la revolución nació con la crítica del pensamiento ilustrado. Sin embargo, como lo ha mostrado Roberto Ochoa siguiendo a Harold Berman, sus orígenes se remontan a “la querella de las investiduras” (siglos XI y XII), en particular a las reformas de Gregorio VII. Al declarar la supremacía del Papa sobre los cristianos, la supremacía jurídica del clero, bajo las órdenes del Papa, sobre las autoridades seculares, y definir la conquista espiritual del mundo que inauguró con la primera cruzada, Gregorio VII no sólo produjo “el primer gran cuerpo administrativo” de la historia del Occidente cristiano, sino, junto con su confrontación con los poderes seculares, “la lucha apocalíptica, por un nuevo orden de cosas [...] Si en el año 1000 la Iglesia no se concebía aún como una estructura visible, corporativa y jurídica, durante el siglo XII el clero pasó a ser la primera clase translocal, transtribal, transfeudal y transnacional que alcanzó la unidad política y legal” y buscó reformar el mundo para ordenar, como lo quería San Pablo, “todas las cosas en Cristo”. Desde entonces, las revoluciones que nacieron del pensamiento ilustrado beberían de esa pretensión: todas las revoluciones no han buscado otra cosa que la reforma total del mundo o al menos del mundo en donde triunfan. De allí el carácter dictatorial que adquirió en México.
Es fácil ver que esta noción que acompañó a la Iglesia a partir del siglo XII y que heredaría, de manera secularizada, a las revoluciones históricas de los siglos XVIII al XX, no tiene ya sentido en las actuales circunstancias. Con la caída del Muro de Berlín, la crisis cubana y la relativización posmoderna, la idea de tomar el poder para instaurar un nuevo orden es una noción cerrada en la que ya muy pocos creen. 1810 y 1910 o, para hablar de las revoluciones que pretendían la totalidad, 1789 y 1917, son sólo fechas, pero ya no ejemplos a seguir.
Es innegable, sin embargo, que las circunstancias a las que nos ha conducido el dominio neoliberal han colocado a México y a buena parte del mundo en condiciones de revolución. ¿Qué forma debería adquirir ésta para no caer en un modelo que, como el Estado, los partidos y el mismo Mercado, ha perdido cualquier viabilidad y cualquier sentido?
El problema fundamental de nuestro tiempo ya no está, como lo vio Gregorio VII, en la corrupción del mundo feudal; tampoco, como lo vio la Ilustración, en la corrupción de la Iglesia y de las monarquías; ni siquiera, como lo vio el marxismo, en la apropiación de los medios de producción por parte de los capitalistas, sino en una doble noción en la que todos estamos inmersos y que aparentemente carece de ideología: la técnica puesta al servicio del Mercado y la idea de que es posible –como lo pretendían las ideas revolucionarias desde Gregorio VII hasta la revolución cubana– una reforma total del mundo para que mediante la producción y el consumo que produce la técnica –es la idea moderna– todos nos salvemos. Marcuse lo dijo muy bien: “[...] cuando la técnica se vuelve la forma universal de la producción material, define toda una cultura, proyecta una totalidad histórica [...]” que termina por devorarnos y encadenarnos a una ilusión, a un deseo absurdo. Las evidencias están a la vista: el calentamiento global, la miserabilización, el despojo, el hambre. La revolución ya no puede dirigirse a la toma del poder y a una reforma total que –es el rostro que adquirió con el hundimiento de las ideologías históricas– garantice la uniformización del mundo en función del trabajo productivo y del Mercado ordenados hacia el consumo ilimitado. Su pretensión no sólo debe ser modesta, sino relativa, dirigida a un desenchufamiento del sistema y a una reconstrucción de una vida limitada y buena donde el trabajo y el consumo estén regulados por mediaciones comunitarias (identidades, historias y tradiciones morales e intelectuales). La revolución que necesitamos es una revolución sin poder, no-violenta, a escala humana, es decir, a escala de una “economía moral de susbsistencia” hecha de herramientas autónomas y limitadas en su producción y apoyada en profundas mediaciones culturales. Creer, como lo han pretendido las revoluciones modernas, que podemos escapar a la necesidad mediante un poder que administre la técnica y regule el Mercado es una ilusión cuyos costos son cada vez más terribles. Pensar en la modestia revolucionaria es renovar su contenido y encausarla en el orden de lo real. Una tarea tan difícil como necesaria en estos tiempos en que la revolución se ha vuelto de nuevo inminente.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a los presos de Atenco y de la APPO, y hacer que Ulises Ruiz salga de Oaxaca.

Acusan a la Profepa de facilitar a Minera San Xavier obtener amparo

Retira la dependencia sellos de clausura

Vista de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, donde Minera San Xavier reanudó operaciones luego de haber obtenido un amparo. Al fondo se observa la polvareda generada por el uso de explosivos.Foto Edith Argüelles / Archivo

Angélica Enciso y Edith Argüelles
Reportera y corresponsal

Periódico La JornadaMiércoles 16 de diciembre de 2009, p. 31
Ayer por la noche la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) retiró los sellos de clausura colocados el 18 de noviembre en las instalaciones de Minera San Xavier (MSX) en el municipio Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, en cumplimiento de la notificación del juez primero de distrito con sede en esa entidad.
El organismo clausuró la empresa, de capital canadiense, como medida de seguridad, después de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) revocó la autorización de impacto ambiental por una orden judicial .
En un comunicado, la Profepa informó que “no obstante haber dado cumplimiento a esta resolución judicial, se analizan vías jurídicas con la finalidad de proteger el ambiente y hacer cumplir la legislación ambiental”.
Sin embargo, Sergio Serrano Soriano, presidente del grupo Pro San Luis Ecológico, señaló que la Profepa actuó con dolo, pues dejó vías para que la empresa se amparara y continuara con sus operaciones a pesar de carecer de permisos ambientales. Representantes de este grupo interpusieron ayer un juicio de garantías y un incidente de suspensión porque no se les informó del amparo, pese a ser terceros interesados. El problema de fondo persiste: “La minera no tiene permisos ambientales, aunque con ese amparo podría operar temporalmente”, señaló.
El dirigente del grupo que demandó a la empresa ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) y demostró que no cumplía los requisitos para contar con el permiso de Semarnat, ha reiterado la necesidad de que exista vigilancia en el poblado para evitar enfrentamientos entre opositores y trabajadores de la empresa.
José Guadalupe Durón Santillán, secretario general de Gobierno, señaló que aun cuando ninguna de las partes ha solicitado la intervención de las fuerzas de seguridad, se han preparado operativos para evitar la violencia.
Horas antes, Manuel Barrera Guillén, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Gestión Ambiental del gobierno del estado, pidió a los opositores que respetaran el amparo que permite a MSX reanudar sus operaciones por completo mientras se desarrolla el juicio de apelación contra la sentencia del TFJFA que obligó a la Semarnat a retirarle el permiso de impacto ambiental.
Filemón Hilario Flores, dirigente potosino del Partido de la Revolución Democrática, dijo que el amparo a MSX es una prueba de que existen jueces que se prestan a la corrupción. “Si ya existía una orden de un tribunal que depende de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿por qué la empresa presume de tener un amparo de un juez de San Luis? Eso nadie lo comprende”.
El lunes por la noche, durante el foro Victorias y retos del movimiento social en contra de la Minera San Xavier, organizado por Casa Lamm y La Jornada, Mario Martínez, del Frente Amplio Opositor (FAO) a la minera, señaló que el mismo tribunal juzgó en dos ocasiones con la misma sentencia: la cancelación del permiso de impacto ambiental.
Armando Barreiro, también integrante del FAO, señaló que cada día la minera utiliza 27 millones de litros de agua provenientes de un acuífero sobrexplotado y los contamina con toneladas de cianuro.

La minera canadiense

Diputados Federales del PRD y el PTse pronuncian contra la Minera San Xavier


http://www.youtube.com/watch?v=Q6CSy6ETc7s

Carlos Montemayor

El pasado 24 de septiembre el pleno del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa emitió una sentencia final contra Minera San Xavier, de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, que dejó sin efectos la autorización condicionada que el 10 de abril de 2006 había emitido la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) incumpliendo una resolución previa dictada por el mismo órgano jurisdiccional el 5 de octubre de 2005.
Hace unas semanas la Semarnat notificó a la empresa la resolución definitiva, pero en tardío cumplimiento de la resolución del tribunal revocó el permiso a Minera San Xavier el día 17 de noviembre. En brutal desacato a las leyes mexicanas y con la posible connivencia de autoridades federales y locales, la compañía prosiguió sus labores de explotación.
El día 14 de diciembre la firma anunció que había obtenido un amparo del juzgado primero de distrito, con sede en la ciudad de San Luis Potosí, en contra de la suspensión parcial de operaciones de la minera. Esta protección legal la autoriza a continuar tanto los procesos de extracción con explosiones a cielo abierto como los más peligrosos y dañinos de lixiviación de oro y plata. En el colmo del cinismo empresarial y político de México, poco después de que el gobierno federal arrojó a la calle a más de 41 mil trabajadores directos de Luz y Fuerza del Centro, Robert Gallagher, presidente de la compañía canadiense New Gold, señaló que el juzgado primero de distrito concedió el amparo a Minera San Xavier para no afectar a más de 500 empleados directos y mil 500 indirectos en Cerro de San Pedro.
Desde el inicio de sus acciones, la minera ha ido mostrando su nulo respeto por las leyes del país y se ha valido de numerosos recursos ilegales, violentos muchos de ellos, para avanzar en sus proyectos de explotación minera y de envenenamiento de mantos acuíferos y del ecosistema del valle de San Luis. Procedió a comprar, por ejemplo, terrenos municipales y fincas abandonadas en la cabecera municipal de Cerro de San Pedro mediante contratos al margen de la ley o mediante la firma de un contrato de arrendamiento de tierras del ejido de Cerro de San Pedro con falsos ejidatarios, el cual fue anulado en su momento, y en vano, por resolutivos tanto del tribunal agrario como del segundo tribunal colegiado del noveno circuito.
Con este falso contrato, desde 2004 Minera San Xavier tomó posesión de las tierras y realizó trabajos sobre inmuebles antiguos con autorización del INAH, además de trabajos de reubicación de flora protegida, que causaron la destrucción y muerte, por el descuido con que se procedió, de cientos de cactáceas en peligro de extinción, representando todo ello una pérdida irreparable al ecosistema.
Además cerró caminos vecinales que durante 400 años fueron utilizados por los pobladores de las comunidades de la Zapatilla, Cuesta de Campa, Portezuelo y Cerro de San Pedro, sin haber tramitado y obtenido los permisos necesarios. También invadió terrenos propiedad de la nación, pertenecientes a la antigua vía del ferrocarril Potosí-Río Verde, ramal San Pedro. Instaló, igualmente, una cerca ciclónica de varios kilómetros de longitud que envuelve el poblado por los lados norte, oriente y poniente, impidiendo el paso a pobladores, visitantes y ejidatarios a áreas que en verdad siguen siendo municipales.
Hace tiempo comenté en las páginas de La Jornada que un regidor del cabildo de Cerro de San Pedro expuso ante el juez segundo de distrito, en el estado de San Luis Potosí, que en una sesión de cabildo, celebrada la tarde del 7 de agosto de 2004, el presidente municipal intentó pasar por encima del juicio de amparo 564/2004, con el fin de autorizar las tareas de operación de la minera. El regidor entregó al juzgado una grabación de audio de la sesión con su transcripción estenográfica; en ella el presidente municipal se declara presionado por el presidente Vicente Fox y por el gobernador del estado.
El futuro de Cerro de San Pedro y de los habitantes del valle de San Luis no es un caso aislado en México. Procesos semejantes, conflictos similares, despojos y desaparición inminente de comunidades y poblados, están teniendo lugar en otras zonas de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Chihuahua. Mientras Canadá exige requisitos increíbles para el visado de mexicanos, las empresas de ese país deciden por sí mismas qué aceptar o no de las leyes mexicanas. ¿No hay una autoridad federal o estatal que, con estos antecedentes legales, ponga un alto a esa empresa rebelde y dañina?
Carlos Montemayor
El pasado 24 de septiembre el pleno del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa emitió una sentencia final contra Minera San Xavier, de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, que dejó sin efectos la autorización condicionada que el 10 de abril de 2006 había emitido la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) incumpliendo una resolución previa dictada por el mismo órgano jurisdiccional el 5 de octubre de 2005.
Hace unas semanas la Semarnat notificó a la empresa la resolución definitiva, pero en tardío cumplimiento de la resolución del tribunal revocó el permiso a Minera San Xavier el día 17 de noviembre. En brutal desacato a las leyes mexicanas y con la posible connivencia de autoridades federales y locales, la compañía prosiguió sus labores de explotación.
El día 14 de diciembre la firma anunció que había obtenido un amparo del juzgado primero de distrito, con sede en la ciudad de San Luis Potosí, en contra de la suspensión parcial de operaciones de la minera. Esta protección legal la autoriza a continuar tanto los procesos de extracción con explosiones a cielo abierto como los más peligrosos y dañinos de lixiviación de oro y plata. En el colmo del cinismo empresarial y político de México, poco después de que el gobierno federal arrojó a la calle a más de 41 mil trabajadores directos de Luz y Fuerza del Centro, Robert Gallagher, presidente de la compañía canadiense New Gold, señaló que el juzgado primero de distrito concedió el amparo a Minera San Xavier para no afectar a más de 500 empleados directos y mil 500 indirectos en Cerro de San Pedro.
Desde el inicio de sus acciones, la minera ha ido mostrando su nulo respeto por las leyes del país y se ha valido de numerosos recursos ilegales, violentos muchos de ellos, para avanzar en sus proyectos de explotación minera y de envenenamiento de mantos acuíferos y del ecosistema del valle de San Luis. Procedió a comprar, por ejemplo, terrenos municipales y fincas abandonadas en la cabecera municipal de Cerro de San Pedro mediante contratos al margen de la ley o mediante la firma de un contrato de arrendamiento de tierras del ejido de Cerro de San Pedro con falsos ejidatarios, el cual fue anulado en su momento, y en vano, por resolutivos tanto del tribunal agrario como del segundo tribunal colegiado del noveno circuito.
Con este falso contrato, desde 2004 Minera San Xavier tomó posesión de las tierras y realizó trabajos sobre inmuebles antiguos con autorización del INAH, además de trabajos de reubicación de flora protegida, que causaron la destrucción y muerte, por el descuido con que se procedió, de cientos de cactáceas en peligro de extinción, representando todo ello una pérdida irreparable al ecosistema.
Además cerró caminos vecinales que durante 400 años fueron utilizados por los pobladores de las comunidades de la Zapatilla, Cuesta de Campa, Portezuelo y Cerro de San Pedro, sin haber tramitado y obtenido los permisos necesarios. También invadió terrenos propiedad de la nación, pertenecientes a la antigua vía del ferrocarril Potosí-Río Verde, ramal San Pedro. Instaló, igualmente, una cerca ciclónica de varios kilómetros de longitud que envuelve el poblado por los lados norte, oriente y poniente, impidiendo el paso a pobladores, visitantes y ejidatarios a áreas que en verdad siguen siendo municipales.
Hace tiempo comenté en las páginas de La Jornada que un regidor del cabildo de Cerro de San Pedro expuso ante el juez segundo de distrito, en el estado de San Luis Potosí, que en una sesión de cabildo, celebrada la tarde del 7 de agosto de 2004, el presidente municipal intentó pasar por encima del juicio de amparo 564/2004, con el fin de autorizar las tareas de operación de la minera. El regidor entregó al juzgado una grabación de audio de la sesión con su transcripción estenográfica; en ella el presidente municipal se declara presionado por el presidente Vicente Fox y por el gobernador del estado.
El futuro de Cerro de San Pedro y de los habitantes del valle de San Luis no es un caso aislado en México. Procesos semejantes, conflictos similares, despojos y desaparición inminente de comunidades y poblados, están teniendo lugar en otras zonas de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Chihuahua. Mientras Canadá exige requisitos increíbles para el visado de mexicanos, las empresas de ese país deciden por sí mismas qué aceptar o no de las leyes mexicanas. ¿No hay una autoridad federal o estatal que, con estos antecedentes legales, ponga un alto a esa empresa rebelde y dañina?

BOLETÍN URGENTE DEL FRENTE AMPLIO OPOSITOR A NEW GOLD-MINERA SAN XAVIER

DICIEMBRE 11 DEL 2009

HOY VIERNES, HACIA LAS 14 HORAS, FRENTE AL SALÓN EJIDAL UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA CABECERA MUCICIPAL DE CERRO DE SAN PEDRO, UN GRUPO DE 105 PERSONAS INTEGRADO MAYORITARIAMENTE POR EMPLEADOS DE NEW GOLD-MINERA SAN XAVIER, DIRIGIDOS POR NARCISO ALVARADO CASTILLO (PRESUNTO "LÍDER" DEL TAMBIÉN PRESUNTO SINDICATO DE MINERA SAN XAVIER) Y POR MIEMBROS DE LA FAMILIA GUTIÉRREZ MÁRQUEZ (INTEGRANTES DEL PRINCIPAL GRUPO DE CHOQUE DE LA MINERA SAN XAVIER EN LA CABECERA MUNICIPAL), ATACARON CON PIEDRAS Y A GOLPES A MIEMBROS DEL NÚCLEO EJIDAL CERRO DE SAN PEDRO Y A ACTIVISTAS DEL FRENTE AMPLIO OPOSITOR, QUIENES PREPARABAN LA VISITA DE UNA COMISIÓN DE DIPUTADOS FEDERALES A LA ZONA.

LOS AGRESORES QUEMARON MANTAS Y DIVERSOS MATERIALES INFORMATIVOS PROPIEDAD DEL NÚCLEO EJIDAL. LA SEÑORA DOLORES, ESPOSA DE ARMANDO MENDOZA PONCE, FUE APEDREADA Y LESIONADA. MINUTOS DESPUÉS LLEGARON AL SITIO MIEMBROS DEL KOLEKTIVO AZUL QUIENES FUERON TAMBIÉN AGREDIDOS. EL JÓVEN ERNESTO GARCÍA HERNÁNDEZ, QUIEN ACUDIÓ A CERRO DE SAN PEDRO PARA PRESENCIAR LA LLEGADA DE LOS DIPUTADOS, FUE GOLPEADO, LESIONADO Y DESPOJADO DE SU CÁMARA FOTOGRÁFICA. EL ACTIVISTA JAMES DEL TEDESCO TAMBIÉN FUE DESPOJADO DE SU EQUIPO Y LESIONADO A PEDRADAS. IVETTE LACABA, DEL KOLEKTIVOAZUL, FUE GOLPEADA Y LESIONADA. MANUELA TRISTÁN, EJIDATARIA, FUE LESIONADA A PEDRADAS.
LAS AUTORIDADES MUNICIPALES PERMANECIERON A 200 METROS DEL SITIO DE LAS AGRESIONES SIN INTERVENIR. MARTHA RIVERA Y LUISA RODRÍGUEZ, MIEMBROS DEL KOLEKTIVO AZUL, LOGRARON SALIR DEL SITIO Y ALERTAR DE LOS HECHOS A LA CARAVANA DE VEHÍCULOS QUE TRANSPORTABA A LA COMISIÓN DE DIPUTADOS. LA POLICÍA SE PRESENTÓ EN EL LUGAR MEDIA HORA DESPUÉS DEL REPORTE DE VIOLENCIA. HACIA LAS 16 HORAS UNA CAMIONETA DE NEW GOLD LLEGÓ HASTA EL SALÓN EJIDAL Y EN VOZ DE UN EMPLEADO DE LA MINERA SAN XAVIER, TAMBIÉN MIEMBRO DE LA FAMILIA GUTIÉRREZ MÁRQUEZ Y ASOCIADO CON LOS DOS AGRESORES DE ENRIQUE RIVERA EN 2007, NOTIFICÓ A LOS DIPUTADOS, DE PARTE DE JORGE MENDIZABAL ACEBO, QUE LA MINERA VOLVERÁ A TRABAJAR A PARTIR DE MAÑANA SÁBADO 12 DE DICIEMBRE.
EN EL TRANSCURSO DE LA TARDE VARIOS DE LOS LESIONADOS SE HAN PRESENTADO ANTE LAS AUTORIDADES PARA LEVANTAR LAS DENUNCIAS CORRESPONDIENTES POR LESIONES, ROBO Y LO QUE RESULTE. EL FAO RESPONSABILIZA DE ESTOS BROTES DE VIOLENCIA A JORGE MENDIZÁBAL ACEBO (DIRECTOR GERENTE DE NEW GOLD-MINERA SAN XAVIER), A NARCISO ALVARADO (EMPLEADO DE NEW GOLD Y ASOCIADO CON LA CTM), ASÍ COMO A LA FAMILIA GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, UNA DE LAS PRINCIPALES BENEFICIARIAS DE LA CORRUPCIÓN Y DÁDIVAS DE MINERA SAN XAVIER. ASIMISMO, RESPONSABILIZAMOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRO DE SAN PEDRO POR NO INTERVENIR FRENTE A ESTOS ACTOS DE VIOLENCIA PROMOVIDOS POR LA EMPRESA EN CONTRA DE LOS OPOSITORES.
EL FAO INFORMA TAMBIÉN QUE NEW GOLD-MINERA SAN XAVIER MANTIENE EN SU NÓMINA A LA MAYORÍA DE LOS AGRESORES, Y LOS HA PUESTO A DISPOSICIÓN DEL AYUNTAMIENTO CERRO DE SAN PEDRO PARA QUE SE SIRVA DE ELLOS COMO EMPLEADOS TEMPORALES. DE ESTA MANERA, NEW GOLD-MINERA SAN XAVIER MANTIENE EL CONTROL POLÍTICO, SOCIAL Y POLICIACO DE LA CABECERA MUNICIPAL, MIENTRAS SUS ABOGADOS UTILIZAN TODO TIPO DE RECURSOS Y PRESIONES PARA INTENTAR REVERTIR LA CLAUSURA DE LA MINA, INCREMENTANDO CON ELLO EL CLIMA DE VIOLENCIA. ESTO INCLUYE UNA CAMPAÑA DE SPOTS EN ESTACIONES LOCALES DE RADIO BASADA EN EL CHANTAJE Y EL MIEDO.
LA COMISIÓN DE DIPUTADOS SE TRASLADÓ CON ALGUNOS ACTIVISTAS AL CENTRO DE SAN LUIS PARA UNA ENTREVISTA CON EL GOBERNADOR FERNANDO TORANZO. NOS ENCONTRAMOS EN ESPERA DE NOTICIAS.
INFORMAMOS TAMBIÉN QUE EN EL GRUPO AGRESOR SE ENCONTRABAN PERSONAS DE OTRAS COMUNIDADES QUE HAN RECIBIDO DINERO DE LA EMPRESA, MISMAS QUE DURANTE LA AGRESIÓN LANZARON AMENAZAS DE MUERTE EN CONTRA DE DON ARMANDO MENDOZA PONCE Y SU FAMILIA, OPOSITORES A LA NEW GOLD-MINERA SAN XAVIER Y HABITANTES DE LA CABECERA CERRO DE SAN PEDRO.
HACEMOS UN LLAMADO URGENTE A LAS ORGANIZACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS PARA QUE DENUNCIEN ESTOS HECHOS ANTE EL GOBIERNO MEXICANO Y ANTE LAS AUTORIDADES CANADIENSES, INCLUIDA SU GOBERNADORA GENERAL MICHÄELLE JEAN, QUIEN DEBE DAR MUESTRAS DE CONGRUENCIA RESPECTO A LAS PALABRAS QUE EXPRESÓ EN ESTOS DÍAS EN TORNO A LA RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS CANADIENSES EN EL EXTRANJERO.
LES AGRADECEMOS SU SOLIDARIDAD Y LES PEDIMOS ESTAR ATENTOS ANTE EL AUMENTO DE LA VIOLENCIA POR PARTE DE LA EMPRESA Y SUS BENEFICIARIOS.

KOLEKTIVOAZUL/FAO

Oro, plata y minerales mexicanos preservan la hegemonía estadunidense

Montañas de tierra que filtran arsénico al suelo de las comunidades, presiones para que los ejidatarios vendan a precio bajísimo sus tierras a las trasnacionales mineras y una extracción masiva sin paralelo ilustran la forma en que Estados Unidos y las antiguas metrópolis europeas se abastecen de los minerales estratégicos, críticos y esenciales, necesarios para mantener su hegemonía. El gobierno de México otorga concesiones de muy largo plazo, que al final de su vigencia dejan como herencia tierras arrasadas, contaminación y problemas sociales entre las comunidades.

Nydia Egremy

A diario, hora tras hora, las enormes excavadoras remueven toneladas de tierra que potentes explosivos sacaron a la luz; sus garras metálicas hurgan, gramo por gramo, el oro, la plata, el plomo, el zinc y otros metales en las minas de San Luis Potosí, Zacatecas, Chihuahua, Sonora, Chiapas y otras más que se explotan intensivamente en 26 estados de la república; sus vetas están destinadas a alimentar lo que el académico John Saxe Fernández denomina “la inclinación fagocitadora del actual capital monopólico”.
Y es que la extracción es de minerales que, al igual que los del subsuelo de África y Asia, son vitales para mantener la hegemonía estadunidense. En el segundo plano de esta imagen quedan poblados contaminados por la degradación de montañas de piedra con residuos de arsénico, que la lluvia filtra al subsuelo o el sol evapora. Al final, la contaminación afecta a los habitantes: se bebe o se respira.
Además de la contaminación, miles de personas son desalojadas por la creación de minas de alta tecnología. En el “mejor” de los casos, la tierra fue rematada a 200 pesos al mes por hectárea. La renta quedará congelada durante el tiempo que dure la concesión, la mayoría de las veces por más de cuatro décadas.
El mineral extraído, convertido en lingotes, viaja en contenedores por tierra hasta los puertos. Ahí se embarca hacia las matrices de las mineras trasnacionales a las que el gobierno federal les otorgó concesiones para operar en todo el país.
Sólo en 2008 se extrajeron del subsuelo mexicano 50 mil 365 toneladas de oro, equivalentes a 15 mil 698 millones 429 mil 400 pesos; la mayor parte de Aguascalientes. También de esa tierra se arrancaron del suelo 2 millones 668 mil 28 toneladas de plata. A cambio, el gobierno recibió 13 mil 972 millones 569 mil pesos, así como 397 mil 306 toneladas de zinc que se comerciaron por 8 mil 98 millones 713 mil 300 pesos.
En Sonora se extrajeron 46 mil 844 toneladas de wollastonita (necesario en la cerámica industrial y para recubrimientos) a cambio de 102 millones 437 mil 200 pesos, según el Anuario estadístico de la minería en México 2008 de la Secretaría de Economía (SE).
Simultáneamente se extraen toneladas de barita (de la que México es séptimo productor mundial), azufre (décimo sexto productor), celestita (tercer lugar mundial), plomo (quinto lugar), molibdeno (sexto lugar), fierro (décimo quinto), cadmio, antimonio, perlita, fosforita y diatomita, entre otros. Algunos son “estratégicos”, pues el importador, en este caso Estados Unidos, depende de ellos para mantener su hegemonía: los minerales están vinculados al interés militar e industrial de ese país.
Otros son minerales “críticos”, por su bajo o nulo grado de sustitución para las aplicaciones a que se destinan, como el titanio, el niobio y las “tierras raras” (lantano, lutecio, bastnasita y loparita, entre otros) que se emplean en electrónica y dispositivos para misiles o materiales stealth (que no detectan los radares); y quedan los minerales “esenciales”, muy apreciados porque son fundamentales para la industria y cuya oferta es suficiente, describe Gian Carlo Delgado, economista especialista en ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
México, reserva de recursos
Gian Carlo dice que es precisamente esa necesidad de los países desarrollados, particularmente Estados Unidos, por abastecerse de los recursos naturales que le son vitales, lo que está detrás del furorexcavador que protagonizan las empresas mineras trasnacionales en México.
“América Latina no es el traspatio de Estados Unidos, sino su reserva de recursos minerales estratégicos, críticos y esenciales que le permiten preservar su hegemonía. Este escenario permite comprender el alcance de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN)”, firmada por México, Canadá y Estados Unidos para respaldar la presencia de cientos de empresas mineras canadienses y estadunidenses.
Saxe Fernández, coordinador del programa “El mundo en el siglo XXI” del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, revela en su estudio América Latina: ¿reserva estratégica de Estados Unidos? (2009) que en 1980, el general Alton D Slay, entonces a cargo del Comando de Sistemas de la Fuerza Aérea, advirtió al congreso de su país que la dependencia de las importaciones petroleras no sólo presentaba serios problemas para Estados Unidos, sino también la carencia de al menos 40 minerales “esenciales para una defensa adecuada y una economía fuerte”. Entonces, Alton recordó que la superpotencia importaba más de la mitad de 20 minerales esenciales para preservar su hegemonía.
Antes de que se hiciera pública esa advertencia sobre su vulnerabilidad en minerales, Estados Unidos había emitido, en 1979, la Ley de Almacenamiento, que logró almacenar sus reservas de ciertos materiales estratégicos obtenidos de todas las latitudes del planeta.
Apunta Delgado Ramos que la ley establecía que, “además de los proveedores estadunidenses, sólo los proveedores canadienses y mexicanos son confiables. Al leer ese texto, vemos clara la variable de la ASPAN: procurar a la potencia hegemónica, pues el discurso prevaleciente en esa alianza es el de la competitividad de América del Norte, que pasa por el abastecimiento de energía y de los recursos que le son vitales”, sin importar el desarrollo de las comunidades a las que se les expropió su riqueza natural, explica el investigador.
Esa búsqueda por minerales se orienta hacia América Latina por ser una zona rica en recursos, poco explorada con las nuevas tecnologías para la minería, señala. Estima que a la par de la exploración y explotación intensiva de la minería vienen los nuevos procesos químicos de explotación sumados a los explosivos, así como el uso de excavadoras y yukles para excavar más rápido y mover más toneladas de tierra cuya riqueza interior será transportada por los sistemas multimodales.
“Lo que ahora cambió es el gran costo ambiental que deja ese tipo de tecnología minera”. Delgado Ramos agrega que para extraer oro –que ahora alcanza su nivel de precios más alto en la historia– y plata, las mineras utilizan técnicas que permiten sacar concentraciones muy bajas –hasta 0.5 gramos por ciento–, como ocurre en la mina Cerro San Pedro, en San Luis Potosí, donde remueven hasta 20 toneladas de tierra.
Esas montañas de tierra y piedra triturada representan “una locura en términos de impactos ambientales y sociales”: el desalojo de grandes cantidades de materiales que más tarde (unos 40 años, cuando concluya el plazo de las concesiones) se regresarán a sus antiguos dueños, quienes sólo recibirán cráteres.
Así ocurrió en la mina de plomo, plata y zinc del Grupo Condumex, llamada Real de Ángeles, y que ya terminó de funcionar, pero es muy inestable y sus desechos se esparcen en cientos de hectáreas con tierras inservibles, cianurizadas. Gian Carlo Delgado explica que, en entrevistas, los campesinos locales expresaron que antes de la llegada de la minera ésa era una zona agrícola y ganadera; sin embargo, al acabar el proceso minero sólo quedaron comunidades destrozadas.
Situación similar se presentará en el valle de Mazapil, Zacatecas, que será la mina de oro a cielo abierto más grande de América Latina (operada por la canadiense Goldcorp). Ahí, se está rascando el cerro para extraer el mineral. Al separar la tierra que las escavadoras tiran a un lado, cuando llueve, los sulfatos de ese material se filtran hacia el agua; esto no sucedería si fuera un deslave natural, porque el cerro se está fragmentando. Desde las autopistas, ese material se ve como arena, pero son los desechos.
Además del daño ambiental que dejan las mineras, quedan graves problemas sociales originados por la presión que ejercen los tres niveles de gobierno entre los habitantes de estas zonas para que permitan la instalación de las empresas mineras en su región. La venta de la tierra tiene que ver con el interés del Consejo Ejidal. “Muchas veces, la gente acepta cosas que no sabe cuando firma”, como ocurre en Mazapil: las empresas llegan con dinero en efectivo (para las gentes representa una fortuna) y la ambición corre. En las regiones mineras, muchos se endeudaron por el atractivo que representaba el auge minero; incluso, quienes habían salido de la comunidad regresan a vender su tierra y pactan con los mineros.
Ese tipo de conflicto es visible en el caso de la mina de Ocampo, manejada por Gammon Lake Resources, que extrae oro y plata. Cuando Gian Carlo Delgado visitó esa comunidad, encontró que la minera no quería pagar la electricidad del poblado, por lo que el presidente municipal les negó el permiso de usar explosivos hasta que aceptaran. Otro problema social paralelo a la disputa por la tierra es el auge de la prostitución protagonizada por las “brillositas”, como despectivamente les llaman las mujeres de la zona; este proceso acompaña a la inicial derrama económica y se hermana con la ruptura familiar; además, sobrevienen el alcoholismo y el abandono de empleos.

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Pese a suspensión, continúan explosiones de New Gold en Cerro de San Pedro

El gobernador conoce los daños a la salud por estas actividades, afirma ambientalista. Denuncian que la empresa minera no se hace responsable por perjuicios a pobladores. Al fondo del pueblo se observa el humo provocado por una de las detonaciones realizadas ayer por la empresa minera New Gold, cerca del templo de San Nicolás.
Cerro de San Pedro, SLP, 16 de noviembre. Este día hubo tres explosiones en el yacimiento que opera la Minera San Xavier en este municipio, luego de que hace tres días la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) le revocó el permiso de impacto ambiental y a un mes de que fue notificada de la suspensión dictada por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA).La Semarnat informó hace unos días que luego de que le retiró el permiso a la empresa, ésta debía cerrar; no obstante, sus actividades continúan de manera normal. En tanto, New Gold asegura que la resolución judicial no afecta sus operaciones aquí.Este día se buscó al director gerente de la empresa local, Jorge Mendizabal, para conocer la posición de la compañía, pero en su oficina dijeron que no había labores.Tampoco se conoce la opinión del gobierno estatal. De acuerdo con el Frente Amplio Opositor (FAO), las autoridades han expresado que desconocen la situación.Sin embargo, indicó Sergio Serrano, director de Pro San Luis Ecológico, Fernando Toranzo, actual gobernador del estado, debe conocer el caso porque fue secretario de Salud durante la administración anterior, cuando había una condicionante ambiental específica sobre los futuros efectos a la salud que dejaría la explotación del yacimiento.Serrano recordó que el viernes pasado llevaron al director jurídico del gobierno estatal, Jesús Juárez, la resolución del TFJFA, quien les había dicho que desconocía el documento.Es importante conocer la posición de las autoridades, aseveró el ambientalista, debido a que la empresa dice que tiene licencia de uso de suelo estatal, y ésta ampara sus actividades.Tres explosionesAlgunos turistas se acercaron al tempo de San Nicolás, cerca del cual trabajadores de la empresa colocan un sismógrafo para medir las vibraciones provocadas por las detonaciones. A las 15:14 ocurrió una, y aunque aseguraron que sería la única, se sintieron otras dos.En el momento de la explosión surgió una gran nube de polvo del cerro, la cual se extendió sobre el poblado –el cual habitan unas 20 familias– y después se levantaron otras dos grandes. Luis, uno de los visitantes, preguntó si no había personal de Protección Civil pendiente de las detonaciones. Pero los habitantes aseguraron que por lo general ni siquiera se les informa cuándo ocurrirán.De acuerdo con la manifestación de impacto ambiental (MIA) de la empresa, en cada detonación se utilizan 25 toneladas de explosivos a base de nitrato de amonio, diesel y otros elementos para tirar unas 80 mil toneladas del cerro. La empresa aprovecha una cantidad de ese material y otra la desecha, generalmente detrás del templo de San Nicolás.Armando Mendoza, cuya casa sufrió la caída de un techo en una fuerte explosión en julio pasado, aseguró que no recibió apoyo de la empresa para reconstruir su hogar.Este día la explosión fue leve, aseveró. Hace una semana fue de tal magnitud que incluso hizo sonar la campana del templo de San Pedro, el cual en lado derecho muestra una gran cuarteadura.Robert Gallagher, director internacional de New Gold, en un video del 13 de noviembre divulgado en YouTube –para aclarar malos entendidos–, dijo que la operación de la empresa en Cerro de San Pedro no se verá afectada por la decisión que emitió el tribunal. Ello no va a detener las actividades, expuso.En el mensaje –donde aparecen imágenes del cerro, distintas respecto de como se encuentra actualmente– se indica que la empresa cumple con normas internacionales en materia ambiental y social.También aseguró que la compañía ha hecho estudios sobre la calidad del agua y que no hay daños a los edificios; en cambio, asegura, ha reconstruido iglesias y apoyado en servicios de educación y salud. Tenemos gran aprobación entre la comunidad expresó.

Más de 70% de proyectos mineros en el país son de firmas canadienses

*En otros países las concesiones tardan en entregarse hasta 10 años y aquí ocho meses
*La presencia de esas empresas se debe a la flexibilización de la ley de inversión extranjera
*Habitantes de comunidades se quejan de daños ecológicos y a la salud de los pobladores

Maquinaria de Minera San Xavier, propiedad canadiense, en Cerro de San Pedro, San Luis Potosí.

Israel Rodríguez J.

Las empresas mineras de Canadá (con una larga lista de consecuencias sobre el medio ambiente y las comunidades donde operan), poseen más de 70 por ciento de los proyectos de exploración, desarrollo y producción de metales preciosos como oro y plata del total de las empresas con capital extranjero que operan en México, según revelan informes de la Secretaría de Economía (SE).
Pese a los efectos devastadores donde operan las empresas canadienses, como en el caso de la Minera San Xavier en San Luis Potosí, las autoridades esperan que la producción anual global de oro en el país alcance las 70 toneladas, gracias a proyectos como Peñasquito, Zacatecas; Dolores, Pinos Altos y Palmarejo, en Chihuahua, entre otros, los cuales en su mayoría son realizados por empresas del país de la hoja de maple.
La gran presencia de las empresas mineras canadienses en México se debe a la apertura y a la flexibilización de las diversas normas de inversión extranjera después de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio durante la gestión del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. En 1993 se cambió la Ley Minera que databa de 1961 y empezó la apertura del sector minero al capital extranjero, al eliminar la normatividad que exigía que se asociara con capital nacional en una proporción de 49-51 por ciento.
Diversos estudios han concluido que en otros países las concesiones mineras se otorgan luego de un largo proceso que puede tardar entre ocho y 10 años, que incluye la realización de audiencias públicas y foros en los que diversos grupos involucrados con el tema exponen sus puntos de vista con respecto al proyecto. En cambio, en México el proceso de concesión es cerrado y centralizado, con la competencia del gobierno federal, y se puede resolver en un plazo de solamente ocho meses.
La devastación ambiental y las violaciones de las empresas mineras canadienses han sido ampliamente documentadas en Guatemala, Perú, Rumania, Filipinas, Honduras, Ecuador, Bolivia, Ghana, Surinam, la República Democrática del Congo, Papua Nueva Guinea, Tanzania, India, Indonesia, Zambia y Sudán.
Desde 2001, la investigadora Adriana Estrada, con la colaboración de Helena Hofbauer, documentaron para FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, algunos de los daños ambientales ocasionados en México por las mineras canadienses, consideradas líderes en este sector. En octubre de 1996 se registró el derrame de mil litros de cianuro en el arroyo El Venero, municipio de Moris, en Chihuahua. La empresa responsable de este derrame fue Manhattan Mining.
Otro caso fue el ocurrido en febrero de 2000 en el ejido de Piedras Verdes, también en Chihuahua, donde se acusó a la empresa Glamis Ltd de verter altas concentraciones de cianuro en el cauce del río Urique. Glamis Ltd opera conjuntamente con Metallica, la emblemática Minera San Xavier.
En Sonora, para la explotación de la mina La Colorada, de la empresa canadiense El Dorado Gold Corporation, se encontró que las negociaciones con las comunidades afectadas se habían llevado a cabo de manera irregular, con una clara falta de información. Gold Corp Inc también tiene actualmente otros proyectos de producción de oro y plata en El Sauzal, Chihuahua; San Dimas, en Durango, y Los Filos Bermejal y Nukay, ambos en Guerrero.
Alianza ciudadana
Uno de los proyectos más controvertidos es el de la mina San Xavier, en Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, propiedad de las empresas canadienses Metallica Resources Inc y Glamis Gold Ltd, cuyos procedimientos de explotación agresivos, como explosiones con dinamita o uso de cianuro para destilados, con la consecuente contaminación de los mantos freáticos del subsuelo y la depredación del medio y del paisaje natural, originaron la coalición de 16 grupos, organizaciones y partidos políticos en una alianza ciudadana opositora.
Para minimizar las protestas de la población de San Pedro por la explotación depredadora, que incluso cambiara la fisonomía del cerro que da nombre a la localidad y que está en el escudo del estado, la empresa canadiense ofreció dotar de casa a los 400 trabajadores que participan en las tareas de mejoramiento de los caminos; se han electrificado 10 comunidades cercanas, y en algunos casos se les ha dotado de agua potable y se les ofrece consulta médica gratuita, entre otros beneficios.
Además de las mineras, operan en México corporaciones como Scotiabank, TransAlta, Transcontinental, Magna Internacional, Palliser, Presion Drilling, Fairmount y hoteles Four Seasons.
Según los datos de la Dirección General de Promoción Minera y de la Dirección de Promoción de Proyectos de la Secretaría de Economía, existen, al primer semestre de 2009, 263 empresas mineras con capital extranjero operando en México, las cuales manejan un portafolios de 677 proyectos en total.
Del total de esas empresas, 198 (75 por ciento) son de Canadá, 39 de Estados Unidos (15 por ciento); siete de Reino Unido (3 por ciento); cinco de Australia (2 por ciento); tres (uno por ciento) de Japón; China y Corea, dos empresas cada una (cerca de uno por ciento), y Suiza, Luxemburgo, Chile, India, Italia, Holanda y Perú con una empresa cada uno.
Son 26 los estados de la república mexicana en los que hay presencia de empresas con capital extranjero, en su mayoría canadienses, realizando trabajos de minería. El mayor número de proyectos se concentra en Sonora, con 163, Chihuahua con 101, Durango con 73, Sinaloa igualmente con 73, Zacatecas con 50, Jalisco 41, Oaxaca 32, Baja California, Nayarit y Guerrero con 15 cada uno, Guanajuato 11, Michoacán y San Luis Potosí con 12, Chiapas nueve, Coahuila ocho, estado de México siete, Puebla con seis, Nuevo León y Querétaro con cinco, Baja California Sur y Colima con siete e Hidalgo con tres; finalmente, con dos para cada uno de los estados de Morelos, Tamaulipas y Veracruz.