Gerardo Fernandez Noroña PT Acusa A Mont De Pertenecer A Un Gobierno Usurpador

Es tiempo de acuerdos, no de luchas mezquinas: Gómez Mont a diputados

México, DF. Con risas, reaccionó el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, durante su comparecencia en San Lázaro, a las críticas del diputado del PT Gerardo Fernández Noroña. La Jornada / Francisco Olvera

Al comparecer, llamó a discutir temas para una reforma política como el número de legisladores.

Notimex

México, DF. El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, compareció este jueves por más de seis horas ante los diputados en San Lázaro en el marco de la glosa del Tercer Informe de Gobierno.
Ahí, sostuvo que es tiempo de plantear y discutir una reforma política que acerque el gobierno a los ciudadanos y haga más productiva la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, y llamó a no rehuir el acuerdo pues el país no tiene tiempo ni ganas de luchas mezquinas sólo por poder o reconocimiento.
En el mensaje inicial de su comparecencia en la Cámara de Diputados llamó a analizar, entre otros temas, las competencias del Legislativo en la composición del gobierno, la ratificación de funcionarios y el número adecuado de legisladores, y "si la segunda vuelta es un mecanismo conveniente para consolidar la legitimación política" en el contexto de la búsqueda de una mejor gobernabilidad democrática.
Dijo que ve disposición de todos los partidos políticos para entrar en un debate a fondo que derive en las transformaciones que el país necesita.
Insistió en que es tiempo de consensos sobre cambios de fondo en el país, y esa disposición ha sido manifestada por todos los partidos políticos como por el gobierno federal, "hay que tomarnos la palabra. La propuesta de lograr acuerdos es hecha y aceptada por todos y hay que entrarle a este debate", expresó.
En cuanto a la lucha contra la delincuencia organizada, aclaró que la intervención de las Fuerzas Armadas en el combate a la inseguridad busca generar condiciones para que aquellas corporaciones ordinariamente encargadas de brindar seguridad pública puedan hacerlo.
Destacó que las Fuerzas Armadas y la seguridad interior sólo pueden entenderse como aquella intervención para proteger a las instituciones, para permitir su reconstrucción y depuración.
Sentado y por ratos de pie ante el atril de la máxima tribuna del país, escuchó a los diputados, quienes en su mayoría criticaron el desempeño del funcionario.
Entre ellos, el petista Gerardo Fernández Noroña, quien le pidió responder si había entregado al titulardel Ejecutivo federal un mensaje que le envió el pasado 1 de septiembre en donde le solicita su renuncia.
Gómez Mont, quien fue diputado federal en la LV Legislatura, dejó correr el tiempo legislativo para responder hasta la tercera ronda la ácida ironía de Fernández Noroña, quien tiró en la tribuna el texto del Tercer Informe de Gobierno.
El titular de Gobernación contuvo el aire, apretó los labios con evidente molestia, luego reviró al diputado del PT: "Y no, no pasé su recado, no estoy para hacer lo que usted diga".
Fue el momento más álgido en la comparecencia de Gómez Mont ante la Cámara de Diputados, donde el tema principal fue la inseguridad, el maltrato a migrantes, los casinos, las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen y la relación del Ejecutivo con el Congreso.


http://www.youtube.com/watch?v=yMDR9qt4IwI

Se engalla Bours: Gómez Mont, "brutalmente confundido"

MIGUEL CABILDO S.

México D.F., 25 de junio (apro).- La confrontación entre el gobernador Eduardo Bours, y el gobierno federal por el reparto de responsabilidades relacionadas con el incendio ocurrido en la guardería ABC, que ha dejado hasta ahora 47 muertes, paso de las descalificaciones a los agravios personales.En la conferencia de prensa de este jueves, Bours dedicó la mayor parte de su tiempo en descalificar al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien ayer reprendió al sonorense: lo llamó "altanero" y le advirtió: "no aceptaré el tono que usa contra Calderón". Bours guardó silencio el resto del día.Sin embargo, en la conferencia de este jueves se destapó y le dijo al secretario de Gobernación que estaba "brutalmente confundido", y, aún más, le exigió que "no se meta en investigaciones que no le corresponden". Acompañado por el procurador general de Justicia de la entidad, Abel Murrieta, Bours prosiguió: "Me parece que el señor está brutalmente confundido, ya no sabe si es el abogado litigante de los funcionarios del Seguro Social, ya no sabe si es el Procurador de la República y ya no sabe si es el Secretario de Gobernación."Está brutalmente confundido, pareciera ser en algunas ocasiones que es el abogado litigante, que ha sido toda la vida, de los accionistas y de los funcionarios del Seguro Social, y luego es el Secretario de Gobernación que llama al diálogo y luego el Procurador General de la República que hace aseveraciones que le tocan a la PGR".El mandatario sonorense dijo que Gómez Mont infiere, acusa y asevera hechos relativos a la investigación, incluso contradiciendo al propio Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora.Aseguró que fue la PGR la que estableció que existe un documento que señala que el representante legal de la guardería ABC en el 2005 era Marcelo Meouchi Tirado, y es el mismo a quien el IMSS le hizo ver las irregularidades del inmueble, lo cual fue desmentido por Gómez Mont."Si no era el representante legal como dice el litigante, secretario y Procurador (Gómez Mont), pues entonces está peor la cosa", replicó.Bours Castelo indicó que confía plenamente en Eduardo Medina Mora (titular de la PGR) y que por ello lo apoyará en las investigaciones luego de que esa dependencia atrajo el caso. Admitió que no está completamente de acuerdo con que se deje fuera de las investigaciones a la Procuraduría de Justicia del Estado, sin embargo reconoció que la ley le da todas las facultades de atracción a la federación. "Exigimos justicia ahora a la PGR, vamos a estar pidiendo avances para comunicarlo a los interesados", dijo.Sobre las investigaciones que realizará la PGR dijo esperar que sean "objetivas, sin politizar, sin proteger".Por separado, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Héctor Larios, aseguró que tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como autoridades de Sonora deben asumir su responsabilidad en el caso del incendio.

"Tiene que haber responsabilidad de los propietarios, tiene que haber responsabilidades de funcionarios del Seguro Social y tiene que haber responsabilidades de funcionarios del Gobierno estatal", afirmó.No obstante, dijo que no pueden aceptar la forma en que el gobernador Eduardo Bours reclamó al Ejecutivo federal."Me parece que eso es un proceso que no se vale, ni gobernadores altaneros, ni tampoco responder a bravucones. Lo que se necesita son resultados", expresó.En entrevista, el panista dijo que llama la atención que el Mandatario sonorense reaccione molesto justo después que el IMSS anuncie una demanda civil en contra de las autoridades del Estado."Llama la atención que el gobernador Bours ha levantado el nivel del reclamo a partir de que se anuncia una demanda civil que puede afectar los intereses económicos, forzando a que los dueños de la guardería paguen los daños que ocasionaron, al mismo tiempo que la Secretaría de Finanzas pague a los deudos".En su portal electrónico, el diario El Universal publicó la versión de una supuesta reunión que sostuvo el director del IMSS, Daniel Karam,, con senadores y diputados del PAN, en la que el único tema en la agenda fue el caso de la guardería.Según la nota, Karam, habría adelantado a los panistas que en los próximos días habría más consignaciones.

Denuncian que la ultraderecha ha desaparecido a más de 300 mexicanos

Frente a Gobernación acusan a Gómez Mont de dar respuestas falsas

Integrantes del comité de familiares de desaparecidos Hasta encontrarlos se manifestaron frente a la sede de la Secretaría de Gobernación. Foto María Luisa Severiano

Alma E. Muñoz

Un grupo de familiares de desaparecidos políticos reiteró ayer su exigencia de que éstos sean presentados con vida, incluidos Edmundo Reyes Amaya y Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz Sánchez, miembros del Ejército Popular Revolucionario.

Durante un mitin realizado afuera de la Secretaría de Gobernación, Nadine Reyes, hija de Edmundo Reyes, lamentó que desde la llegada de la ultraderecha al poder (con Vicente Fox Quesada, en 2000) han ocurrido más de 300 desapariciones con el pretexto del combate al crimen organizado, cuando en realidad –afirmó– se criminaliza la protesta social y se detiene a disidentes.

Salimos a las calles para denunciar graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad que comete el Estado mexicano, repitieron en varias ocasiones algunos de los jóvenes desde el micrófono, portando caretas con los rostros de algunas de las personas que reclaman.

A dos años de que su padre desapareciera, Nadine Reyes aseguró que la Secretaría de Gobernación ha sido una institución que ha obstaculizado el proceso para su presentación con vida y la acusó de ser responsable de la disolución de la comisión de intermediación para el diálogo entre el EPR y el gobierno federal.

Nadine Reyes definió al titular de Gobernación, Fernando Gómez Mont, como una persona que da respuestas falsas y sin interés por presentar con vida a los desaparecidos.

A la manifestación acudieron familiares de Francisco Paredes Reyes, defensor de los derechos humanos desaparecido en Michoacán; de Lauro Juárez, indígena chatino desaparecido en Oaxaca; lo mismo que de Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, triquis de ese mismo estado.

Desfiladero

Jaime Avilés

Durante su sesión fotográfica con Barack Obama en un cuarto de Los Pinos, Felipe Calderón se sentó en un sillón cuyo cojín era dos veces más alto que el del mandatario estadunidense. Fue el menor de los detalles patéticos y ridículos de estos días que acabamos de vivir y que tal vez se anclarán en la memoria como la semana de la vergüenza, cuando millones de mexicanos sentimos la profunda vergüenza de estar sometidos, que no gobernados, por una clase política tan rastrera y deleznable. Examinemos cuatro de sus actos más significativos.

Maniobras conjuntas

Barack Obama vino a México a retratarse y sonreír sin decir nada, porque los acuerdos sustanciales de su gobierno con los policías y los militares del gabinete de Calderón ya los había amarrado, en su visita previa, Hillary Clinton. Estados Unidos aportará 83 mil millones de dólares más a la defensa de su frontera sur, para atenuar la violencia de las empresas mexicanas exportadoras de drogas ilícitas, pero no aplicará medidas extras para disminuir la venta de armas made in USA a los cárteles de este lado del río, porque eso acentuaría el desempleo por allá. A cambio de esto, que no abre ninguna nueva era en nuestras relaciones con nadie, la Armada de México participará en maniobras conjuntas con los marines.

El que esponjará las plumas e inflará el buche como pavorreal por esta medida absurda y contraria a las leyes de acá, será el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, quien apenas en marzo, desde la tribuna del Senado mexicano, dijo que nuestro país debía pagar, con la sangre de sus soldados, el precio de su participación en el nuevo contexto internacional. El martes, los propios senadores que entonces lo escucharon sin refutarlo, aprobaron la petición calderónica de enviar a nuestros marinos militares a hacer ejercicios de guerra bajo las órdenes de la flota más poderosa del orbe (salvo la mejor opinión de los piratas de Somalia). Y por esta aberración jurídica votaron los chuchos, el ala más abyecta del PRD.

Los sénateurs de Sarkozy en México –Beltrones, Madero, Graco– violaron la Ley Federal de Neutralidad, que prohíbe la participación de nuestras fuerzas armadas en simulacros bélicos con ejércitos extranjeros. En su carta a Obama, Andrés Manuel López Obrador afirmó que el movimiento que encabeza se opondrá a tales ejercicios. A la mejor esta es la vía legal para impugnarlos. La otra, la de la movilización popular, debe sumar a los familiares de los marinos mexicanos, antes que éstos sean enviados a Irak, Afganistán o, por qué no, a Corea del Norte, condenados a pagar con su sangre de pobres el préstamo de 47 mil millones de dólares que Calderón firmó hace días en Londres y cuyos réditos recaerán sobre los nietos de nuestros nietos.

Nueva refinería

Ha quedado bien claro que Calderón, su director de Petróleos Mexicanos, el traficante de influencias Jesús Reyes Heroles; la invisible secretaria de Energía, Georgina Kessel, y la banda de jóvenes contratistas que Juan Camilo Mouriño dejó incrustada en la administración pública, deben estar haciendo fabulosos negocios con la importación de gasolinas que México debería producir aquí para ahorrar, al menos, 10 mil millones de dólares anuales. Pruebas que detallen el modus operandi de estos funcionarios disfuncionales todavía no las hay, pero las sospechas de que lucran sin recato con esta carencia se multiplicaron tras el grotesco anuncio que Reyes Heroles hizo el martes, en el sentido de que Pemex construirá una nueva refinería en Tula, si el gobierno del estado de Hidalgo aporta un terreno de 700 hectáreas antes de 100 días. Y si no cumple este requisito, el proyecto se mudará a Salamanca, Guanajuato, donde si luego de otros 100 días tampoco hay un lote disponible...

¿Qué broma es ésta? La construcción de tres nuevas refinerías es una prioridad nacional. Un gobierno mínimamente responsable localizaría y expropiaría los terrenos adecuados y pondría manos a la obra. En cambio, el de Calderón (que es apenas una caricatura y ya desperdició dos años y medio) perderá tres meses más, y luego acaso tres más, para volver al punto de partida en octubre. Eso, más que a ineptitud, suena a plan con maña para seguir cobrando comisiones por debajo del agua.

Todos sabemos que las refinerías debieron haberse comenzado a levantar en Tuxpan, Veracruz, al norte del Golfo de México, y en Salina Cruz, Oaxaca; en Tuxpan, porque ahí desembarca toda la gasolina importada que llega a México y desde ahí se envía al resto del país mediante una red de ductos instalada para tal propósito. Y en Salina Cruz porque abastecería a toda la costa mexicana del Pacífico y supondría un ahorro extra en gastos de transporte. Además, aunque Reyes Heroles no lo dijo, en Minatitlán, Veracruz, se está reconfigurando, desde hace cinco años, una refinería obsoleta, a la que podría añadirse un segundo tren de refinación, a bajo costo. Pero no, la única planta petroquímica que en teoría edificará Calderón entrará en servicio en 2015 y costará más de 12 mil millones de dólares. Hay quienes apuestan a que en realidad será una fábrica de atole con el dedo...

Cananea y los bulldogs

Antes de ser secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont fue abogado de Germán Larrea, el magnate de los caballos de carreras que posee el consorcio minero más poderoso del país. Hoy, aunque funge como jefe de la política interior, Gómez Mont sigue siendo empleado de Larrea. Así lo confirmó a la mitad de esta semana de la vergüenza cuando, acatando instrucciones del empresario, ordenó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) dar por terminadas las relaciones laborales de Grupo Minero México con los mil 200 trabajadores de la mina de cobre de Cananea.

Con una mano en la cintura, después de reconocer cuatro veces como legítima y válida la huelga que sindicalizados sostienen contra el despotismo de Larrea desde 2007, la JFCA condenó al desempleo a los barreteros, olvidando que hace un siglo, los tatarabuelos de éstos contribuyeron, también por la vía de la huelga, al estallido del proceso revolucionario que depuso a la dictadura de entonces, tan parecida a la de hoy. La historia, en todos los ámbitos de la política nacional, encuentra motivos, día a día, para repetirse.

Pero la vergüenza tiende a mezclarse con el asco, si observamos el virtual asesinato de Canal 11 que ha perpetrado el cineasta Fernando Sariñana, al transformar un espacio de reflexión y buen gusto en una mala copia de lo peor de Televisa, que incluye la censura. Hace dos años, en plena represión contra la APPO, Sariñana apareció en público junto a Ulises Ruiz, lo elogió y, haciendo gala de ignominia, se coló en el círculo de Calderón para ganar el puesto que ahora detenta. Lo que no sabe esta columna es por qué los espectadores de Canal 11 no emprenden una campaña para exigir la renuncia de este lambiscón incompetente y el restablecimiento de programas, como los de Cristina Pacheco, en su horario original. Luis Morales Campos, lector de este espacio, se opone a que Desfiladero llame bulldog a Germán Martínez, porque ese perro está orientado a la competición en exposiciones de belleza. Es inteligente, limpio, manso y un excelente animal de compañía, cualidades, agrega, que no posee el líder nacional del PAN.

A postrarse en EU

El titular espurio de Gobernación, Fernando Gómez Mont, viajó a Washington para recibir instrucciones de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico

DELINCUENTES, VENDEPATRIAS

MEXICO, D.F., 18 de marzo (AP/LA JORNADA).- El titular espurio de Gobernación, Fernando Gómez Mont, viajó a Washington para buscar fortalecer la cooperación y coordinación binacional en el combate al narcotráfico.Gómez Mont encabeza una delegación de funcionarios mexicanos que durante dos días se reunirán con sus contrapartes estadounidenses, a quienes planteará “la necesidad de combatir el fenómeno del narcotráfico de forma integral y enfatizará la corresponsabilidad en la contienda contra las redes del Crimen Organizado”, informó el miércoles su oficina en un comunicado.Gómez Mont, acompañado de funcionarios de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, tiene previsto reunirse con la responsable de Seguridad Interna, Janet Napolitano; el consejo de Seguridad Nacional, General James Jones, y el director de la Oficina de Inteligencia Nacional, Dennis Blair.Durante su visita oficial a Washington, Gómez Mont se reunirá con altos funcionarios estadounidenses, entre ellos Dennis Blair, director de la Oficina de Inteligencia Nacional, quien hace unos días advirtió acerca de ingobernabilidad en algunas zonas de México, a causa del narcotráfico.En compañía del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Jorge Tello Peón, y del Director General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Guillermo Valdés, el responsable de la política interna negociará mecanismos para la prevención de lavado de dinero e intercambio de inteligencia en materia de seguridad, entre otros temas para combatir a la delincuencia organizada.Durante dos días, Gómez Mont buscará fortalecer los mecanismos de coordinación entre los gobiernos de Felipe Calderón y Barack Obama para atajar el trasiego de armas; evaluarán también el desarrollo de la Iniciativa Mérida (Plan México), programa del gobierno estadounidense para enviar recursos a México que sirvan para enfrentar a la delincuencia organizada.Este diálogo bilateral ocurre cuando funcionarios estadounidenses han alertado acerca de la crítica situación en materia de seguridad y procuración de justicia que vive México; esta ronda de conversaciones antecede la visita a nuestro país de la secretaria de Estado, Hillary Clinton (la semana entrante), así como del Mandatario estadounidense, programada para abril próximo.El titular de la SG viajó a Washington acompañado de “altos funcionarios de las secretarías de la Defensa y Marina Nacional” y, en ese contexto, se reunirá con la secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano; el consejero de Seguridad Nacional, general James Jones y con diversos congresistas.

De no ser por nosotros, usted no estaría aquí

Joaquín López-Dóriga

Los peores rezan más alto.

-Florestán-

Hace unos días, en esa tarea de cirugía reconstructiva con todos los sectores que le ha sido encomendada a Fernando Gómez Mont como secretario de Gobernación, recibió en su oficina de Bucareli a un grupo de empresarios, reconocidos como los más duros, como los más influyentes, como los de más peso.
La comida transcurría con esas cosas que se dicen cuando se trata de establecer un primer acercamiento y no una confrontación, refiriéndose un poco al pasado, un poco al presente, un poco al futuro, cuando empezó a hablar uno de los representantes más emblemáticos del poderío económico de Monterrey, Dionisio Garza Medina, la cabeza del Alfa, el emporio simbólico de la industria regia, hoy en problemas como lo están otras, también emblemáticas y también regias, como Cemex y Vitro.
Dionisio, Nicho, como le dicen sus cercanos, comenzó hablando de generalidades del tsunami financiero —según la versión de la nueva estrella de pitcheo, Agustín Carstens—, avanzó en su exposición y de repente dio un vuelco en el tono cuando comenzó a reclamar a Gómez Mont que el gobierno del presidente Calderón ha ignorado, excluido a los empresarios de los planes presidenciales de recuperación económica, lo que calificó de error y desaire porque, le soltó: de no haber sido por nosotros en las elecciones de 2006, usted no estaría hoy sentado ahí.
En la mesa se hizo el silencio total. Ninguno de los pares quería dejar la impresión de que Garza Medina hablaba por ellos, y menos que era su vocero.
El secretario de Gobernación lo miró pero evitó el choque. Pudo haberle contestado que sí, como le advirtió, que si López Obrador hubiera ganado la Presidencia en 2006 efectivamente él, Gómez Mont, no estaría sentado en aquella mesa, pero ellos tampoco.
Y como no se trataba de confrontar sino de establecer una relación política, ya vienen las elecciones y el PAN tuvo problemas con el llamado “Grupo de los Diez” para la elección de Fernando Elizondo como su candidato en Nuevo León, pues Gómez Mont la dejó pasar. Además era el anfitrión y secretario de Gobernación.
Pero la anotó.
¡Vaya si la anotó!
Retales
1. SIN PRISA. En plena caída libre, los senadores fijaron el 20 de abril como fecha límite para avanzar en las reformas ante la crisis. Si para entonces queda alguien, claro;
2. LLAVERO. No hubo tiempo y Marcelo Ebrard se quedó con las llaves de la ciudad que pensaba darle a Nicolas Sarkozy en el Salón de Cabildos, pero sí lo hubo para un encuentro en el hotel, anoche, antes de la cena oficial en Palacio; y
3. LA MIRA. El motivo por el que Alejandro Encinas rehusó la coordinación perredista en la Asamblea es que la quiere en San Lázaro, porque no busca la jefatura de gobierno sino algo más alto en ese 2012 de las pendencias.
Nos vemos mañana, pero en privado.
lopezdoriga@milenio.com

Los omisos del panismo

Dinero

Devaluación del 50%: el dólar llega a $15.35
Los omisos del panismo
Boletazo, el fraude

Enrique Galván Ochoa

Banco Ixe vendió dólares ayer a $15.34, Bancomer a $15.10 y Banamex a $15.03. A la imparable fuga de capitales se añadió la alarma de las cifras del comercio exterior: en enero el saldo de la balanza comercial fue negativo en $1,558 millones de dólares. Las exportaciones sumaron $15,232 millones, un desplome de 31.5% a tasa anual, y quedaron cortas para compensar las importaciones: cayeron las ventas petroleras 54.2% y las no petroleras 26.4%. En este último renglón destaca el derrumbe del 50% del sector automotriz. Dicho con palabras sencillas: estamos importando más de lo que exportamos, consumimos más dólares de los que entran al país, lo que podría ser manejable mientras amaina la crisis, si no fuera que, por otro lado, el gobierno sigue subastando la minada reserva internacional, con ventas directas –¿a grandes empresarios consentidos del panismo?– y a la banca comercial, ocultando sus nombres. Crece el número de opiniones, de expertos y otras que simplemente tienen sentido común, en dirección a que debe cesar el saqueo. La crisis va para largo, más adelante se necesitarán billetes verdes para importar lo verdaderamente indispensable: alimentos y medicinas.
Los omisos
Como abogado experimentado que es, Fernando Gómez Mont sabe que un delito puede cometerse por omisión o comisión. Hace un par de días habló de que en el sexenio de Fox se incurrió en omisiones en el combate al narcotráfico. La respuesta no tardó, pero no la dio don Burrén, sino Santiago Creel, secretario de Gobernación del foxismo, candidato de la parejita de San Cristóbal a la presidencia y, más recientemente, líder desbancado de la fracción azul del Senado y hasta borrado de la cámara de Televisa. Su respuesta se centra en dos puntos: 1) Los encargados de combatir al hampa en el gobierno actual son los mismos que estaban a cargo en el anterior: Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna. 2) ¿Para qué los contrató Calderón, y los mantiene en sus puestos, si eran omisos? ¿O es que hasta ahora se vino a dar cuenta el tercer secretario de Gobernación del calderonismo? Aparentemente este round lo ganó el foxismo. Habrá que ver si en Los Pinos se deciden a usar los expedientes todavía abiertos contra la señora Marta y los muchachos Bribiesca, porque si se quedan con el ojo morado ¿de qué sirve que tengan a un hombre de puño firme como Gómez Mont en Bucareli? Sería el omiso del siguiente sexenio.
e@Vox Populi
Asunto: anuncio terrorista
No sé si se han fijado en algunos anuncios políticos que pasan en la radio. Hablando del emisor oriente: “El gobierno federal busca con esa obra hidráulica EVITAR que NO se inunde la ciudad de México”. Éste me parece no sólo catastrofista, sino terrorista.
Juan Bolter/Distrito Federal
R: ¿Y si no fuera un error? Por las dudas hay que tener a la mano una canoa.
Asunto: el fraude Stanford
Como miles de mexicanos he sido embaucado por Stanford Group. Tenía el dinero en un CD Flex en Stanford International Bank de Antigua, pero obtenido en Stanford Fondos México. El número de CD Flex es 187649, con vencimiento al 3 de marzo de 2009. No entiendo por qué las autoridades de la CNBV se lavan las manos en cuanto a fondos adquiridos en una fiduciaria en territorio mexicano desprotegiendo a sus ciudadanos. Deberían actuar puesto que no hay justificación para que no estuvieran enterados de que ellos manejaban dinero fuera de México. Y si lo desconocían, con más razón deberían intervenir para que esos fondos de mexicanos se recuperen, en lugar de hacerse de la vista gorda. Tanta responsabilidad tiene Stanford como la CNBV. ¿Por qué en otros países los gobiernos protegen a sus ciudadanos y en nuestro pobre México nos dejan a la buena de Dios?
Nathan Grinberg/Distrito Federal
R: El presidente de la CNBV, Guillermo Babatz, fue encargado hace apenas unos meses de investigar a los sacadólares que produjeron el quebranto del peso. Ahora resulta que la CNBV autorizó a Stanford a operar en México, y el manejo de inversiones en pesos le servía de pantalla para manejar las de dólares. Sonaría risible si no fuera trágico.
Asunto: Boletazo
Leí con mucho interés tu columna de ayer, en relación con el comentario que te hizo llegar Gabriela Estrada, de Toluca, en torno a una de las formas de extorsión telefónica más comunes que existen, el presunto premio de El Boletazo, y quisiera aprovechar tu espacio para orientar a tus lectores al respecto. Como sabes, en el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal operamos el Programa no más extorsiones telefónicas, por lo que podemos asegurar que estos mensajes son totalmente falsos, no existe un sorteo de este tipo y es una trama bien orquestada donde participan más de dos personas. Por ello, recomendamos a la gente en general y a tus lectores en particular que no hagan caso de este tipo de mensajes, que son un engaño, y que los denuncien a la línea ciudadana del Consejo, 5533- 5533, donde podemos asesorarlos para que no caigan en la extorsión. Además, nos ayudan a alimentar la base de datos que nosotros damos a las autoridades para que puedan capturar a los responsables. El Consejo tiene reportados en los últimos 14 meses 21 mil 836 casos donde intentaron extorsionar a la gente a través de mensajes vía celular y 8 mil 517 relacionados con gente que presuntamente ganó un premio de El Boletazo.
Ing. Meyer Klip Gervitz
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Culpa Gómez Mont a Fox de dejar crecer al narco

LA REDACCIóN

México, D.F., 24 de febrero (apro).- El gobierno de Vicente Fox cometió omisiones que hicieron crecer la crisis del narcotráfico, arremetió el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. El responsable de la gobernabilidad del país justificó que el conflicto contra los capos de la droga "ya estaba" cuando el actual gabinete entró en funciones. De paso, refrendó que la administración federal no contempla la legalización de las drogas como una alternativa a terminar con el conflicto: "México no tiene mas opción que seguir luchando y luchar mejor en la guerra que se inició contra el crimen organizado".Enfatizó: "La violencia ya estaba desde hace muchos años, esta es una acción para contenerla y reprimirla mediante la fuerza de la ley, evidentemente hubo omisiones en el sexenio pasado y esta es una tarea que nos debe de comprometer a todos".Rechazó que, por las omisiones cometidas por el gobierno anterior, el actual sancione a los responsables de dejar crecer al narcotráfico. "La política va poniendo a todos en su lugar", espetó. Gómez Mont participó como orador en el Foro de Seguridad y su Impacto en el Comercio Fronterizo, organizado por la Border Trade Alliance.

Astillero

Julio Hernández López

El abogado de ricos asuntos, Fernando Gómez Mont, jugaba ayer a la política en una reluciente mesa de la Secretaría de Gobernación, firmando acuerdos de a mentirijillas sobre presuntas redes de atención a víctimas de delitos y discurseando sobre lindas criaturas de fantasía llamadas justicia, solidaridad y ética, mientras el país ardía entre paros de transportistas que incluso llegaron a puentes internacionales, bloqueos callejeros (supuestamente patrocinados por el poder desafiante del narcotráfico), con barricadas y encapuchados, que pasaron de Monterrey a otras ciudades importantes, y el episodio de abatimiento institucional sin atenuantes en una Reynosa que ayer se acomodó puntualmente a los diagnósticos gringos preintervencionistas que cada día se van escandalizando más por el hecho de que el país patiotrasero se confirma como Estado fallido al que urge tutela aunque sea disfrazada de iniciativa meridense.

El estallido nacional en nada podría ser relacionado con la apacible ceremonia en que seis de los grandes responsables oficiales de la catástrofe patria estampaban su firma para asegurar que están dando cumplimiento a los acuerdos de Palacio Nacional generados por un incidente que parece perderse en la noche de los tiempos, el asesinato del hijo del empresario deportivo Martí. Remoto y nebuloso parece aquel Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, pues tantas desgracias han sucedido desde entonces que ya no se singulariza el episodio de las indignaciones manifestantes promovidas desde el calderonato para oponer una variante de activismo social a la que en aquel momento se daba desde la izquierda en defensa del petróleo.

Pero los señores de traje, corbata e historial denso se ponen solemnes: Cabeza de Vaca, García Luna y Medina Mora que desde sus cargos en el foxismo fueron artífices de lo que hoy dice quejarse Calderón (¡oh, ¿cómo hemos permitido esta barbarie?!). Funcionarios necios que acusáis al narcotráfico sin razón, sin ver que fuiste los artesanos de Frankenstein. Trío del pasado imborrable que en el presente da continuidad a sus libretos cargados. Y dos hechuras endebles del PSP (Pobrecito Señor Presidente): el opaco secretario de desarrollo social que fue nombrado para darle sustento presupuestal a las campañas panistas venideras, Cordero de Sedesol Mapacheril que no ha crecido ni despuntado, y el secretario de salud que parece no entender ni lo que sucede en su derredor, sobrellevando el tiempo y las circunstancias.

Y, reinando entre ellos, la voz del litigante de las alturas, Gómez Mont que jura y perjura que toda la fuerza de la ley y la potencia de las instituciones existe para luchar contra aquella violencia que ataca a los más vulnerables, para que éstos no se vean sometidos por la fuerza de los hechos, para someter a todos a las reglas intrínsecas de la ley, que no es más que expresión sensata de los anhelos y valores de una comunidad. Gómez Mont que vive en el pasado de la pompa y la gravedad, de la retórica afectada y demostradamente ajena a la realidad, tanto como que, mientras los funcionarios posan para las cámaras, en una ciudad tamaulipeca fronteriza dura más de tres horas un enfrentamiento entre fuerzas parejeras, los militares y cierto cártel de narcos, y calles citadinas son cerradas al tráfico por la fuerza social que peor sería para los gobiernos si fuera cierto que son financiadas y organizadas por el narcotráfico que entonces sí sería una fuerza política capaz de cambiar las connotaciones del ejercicio del poder público.

En San Lázaro, López Obrador vuelve a proponer acuerdos nacionales de salvamento económico en los que ofrece participar si no fuesen simple marrullería. Pero al hombre que ha convertido al país en un calderón lo que le interesa son las elecciones y el golpeteo a su adversario sobreviviente, así es que sus influencias mediáticas desatan una empaquetada crítica a quienes se opusieron al plan privatizador petrolero del año pasado porque, al impedir que se contara con tecnología privada para explotar tesoritos supervinientes, ahora no se puede aprovechar el descubrimiento de un Chicontepec que ya es todo un yacimiento electoral de chantaje hipotético de los panistas. Por cierto, el señor del Calderón ha dicho otra de sus cada vez más frecuentes frases célebres: lo malo no es la tormenta, sino perder el rumbo; o dicho de otra manera: lo malo no es que se vaya la música, sino perder el ritmo. ¡Azúcar (amarga)!

Astillas

Teresa Villegas, de 19 años y habitante de la delegación Venustiano Carranza del Distrito Federal, narra que “ayer anduvo tocando puertas en la colonia El Arenal gente de un candidato, Alejandro Piña, y cuando mi abuela abrió la puerta le preguntaron si lo conocía, sus propuestas y su planilla, a lo que mi abuela contestó en todos los casos que no, pero luego le dijeron: ‘¿nos apoyará el 15 de marzo?’, y mi abuela dijo que sí. Entonces le pidieron su nombre completo, el teléfono y la dirección exacta. Yo pregunto, ¿es válido este tipo de propaganda, si así se le pudiera llamar?, porque la verdad es que no me extrañaría un uso indebido de esa información”. Según lo que se ha publicado respecto al tal Piña, es precandidato de Nueva Izquierda a suceder a su amigo y, dicen, compadre, Julio César Moreno, que solicitó licencia a la jefatura delegacional para buscar una diputación local por esa zona...

Y, mientras en el Senado les pasan una bola de humo, con letra chiquita, a los legisladores que así aprobaron reformas en materia de radio y televisión, justamente cuando el IFE se ha arrodillado ante el poder fáctico de esos medios electrónicos (a los que los partidos nacionales se niegan a enfrentar jurídicamente por el indulto relacionado con los espots envenenados, temerosos de revanchas en momentos electorales críticos), ¡hasta mañana en esta columna que escucha al sembrador de esperanzas asegurar en Washington que comienza el fin de la crisis económica!

El término de un mandato de hecho

• Un Lorenzo catastrofista…
• El peligroso incumplimiento del ife (Part II)

Marcela Gomez Zalce

La negación de un delito, mi estimado, lo incrementa. Folclórico inicio de semana en donde los vertiginosos acontecimientos en la ruta de descomposición continúan rumbo al mentado colapso rápido, cuyas escalas, además de la incontrolable espiral de violencia en las ejecuciones que una vez más detonó el segundo misil del ex zar antidrogas estadunidense, Barry McCaffrey, afirmando que México está en estado de emergencia por el narco, delineando con esto el simpático perfil que deberá tener el próximo embajador de Estados Unidos aquí, la cadena (del retrete) de barbaridades, disparates y atinados desafíos sencillamente no tienen (madre) desperdicio.
Comenzando por Luis Téllez y sus amenas conversaciones telefónicas —cuyo romántico origen en estos aciagos tiempos es un tanto, digamos, inverosímil—, disparando prepotencia contra la célebre Cofetel, contra Salinas de Gortari y contra el mismísimo jinete de la tormenta en Los Pinos, pasando por el reciente diagnóstico del FMI, en donde se advierte de la fragilidad de la economía del barco de gran calado que, si bien le va, podrá comenzar a recuperarse por allá del 2010, derribando de tajo la estupidez del pronóstico presidencial de que a finales del verano (peligroso) nuestro país estará saliendo de la emocionante adversidad, luego entonces otro que no quería ser catastrofista sino optimista como Lorenzo Servitje señalando que el pobre del presidente Felipe Calderón está a punto de que termine su mandato de hecho, no de derecho (léase en chinga rumbo al Estado fallido), aderezan la alarmante feria de la incontinencia verbal que marca el desesperado tono de la rebelión de las élites…
Y como putrefacta cereza para comenzar la semanita, ahí están las conductas típicas de los consejeros del ife (con minúsculas) ante las conductas atípicas del poderoso duopolio que confirma el foco rojo de la elección de julio próximo como un altísimo riesgo en credibilidad, certeza y transparencia.
Sobre todo cuando el facilitador en (des)Gobernación, Fernando Gómez Mont, se aventó a la alberca (of course, sin agua) al confirmar que no presionó al ife sino que sólo fue un arreglo, queda claro que, haiga sido como haiga sido, y que esto ayudó a estabilizar las cosas (¡¿así como en el 2006?!)… desestabilizando al controvertido instituto que (¿quiere recular… quiere recular?) documenta el catastrofista optimismo del respetable al ver quiénes fueron los jicotillos detrás del culebrón para votar en contra de sancionar a las simpáticas televisoras por la maravillosa espotiza, yes?
Marco Gómez, cuyas relaciones con la CIRT y Televisa son sugerentes, Benito Nacif y Arturo Sánchez, pareja infernal que controló la original contratación de IBOPE, empresa que coadyuvó al cochinero del monitoreo en el polémico proceso del 2006, además de arreglar la contratación… por adjudicación directa (qué, ¡¿hay de otras?!) de más de 8 millones de pesos en 2005 para el monitoreo de precampañas, y ya encarrerados (en la impunidad) hicieron la licitación a modo (again, ¿hay de otra?) en 2006 para asignarle 45 millones de pesos al IBOPE.
Y sí, amable lector, son the ususal ife´s suspects los que —gracias al incumplimiento de Grupo de Tecnología Cibernética SA de CV, que ganó de manera sospechosista la licitación para el monitoreo de la espotiza electoral—andan nuevamente promoviendo de manera ilegal (been there, done that) el regreso de IBOPE, ya que la empresa ganadora no ha cumplido, hasta hoy, con su responsabilidad del monitoreo…
Cuya actividad electoral (anote usted) del 4 al 10 de febrero sigue mostrando inconsistencias y anomalías con los tiempos asignados al ife por el Estado:
Villahermosa 9.73%
Veracruz 13.09%
Tuxtla Gutiérrez 6.81%
Torreón 9.21%
Toluca 7.06%
Tijuana 11.05%
Saltillo 0.45%
Morelia 4.35%
Monterrey 10.52%
Mérida 6.20%
Hermosillo 7.50%
Guadalajara 6.78%
Culiacán 4.20%
Cuernavaca 7.66%
Ciudad Obregón 12.63%
Ciudad de México 10.24%
Chihuahua 6.19%
Cancún 7.42%
Acapulco 14.34%
Todo suma un incumplimiento de… 8.58%, en donde el ife debe una explicación de esta conducta típica sobre estos tiempos que son pesos y centavos y que, al comenzar formalmente las campañas, my friend, serán decisivos para los resultados que perfilan ya el explosivo camino de las impugnaciones.
Tic-tac... tic-tac
gomezalce@aol.com

Farsa: IFE “perdona” a televisoras

* El secretario de Gobernación espurio, Fernando Gómez Mont, presionó de manera ilegal e inmoral a los consejeros del Instituto Federal Electoral para que desistieran de sancionar a Televisa y TV Azteca por manipular la transmisión de los spots de los partidos políticos, denuncia Ricardo Monreal

MEXICO, D.F., 13 de febrero (LA JORNADA/UNIVERSAL).- Consecuencia directa del acuerdo pactado con los grandes consorcios televisivos a mitad de semana, el Instituto Federal Electoral determinó perdonar a Televisa y TV Azteca de las irregularidades en la transmisión de spots y reducir sólo a una multa de 2 millones de pesos -por irregularidades en la transmisión vía Sky-.
Sin analizar el dictamen de la secretaría ejecutiva que subrayaba violaciones a la ley y bajo el eufemismo de que las conductas ya desaparecieron, se avaló el sobreseimiento de los procesos iniciados.
El consejero Marco Antonio Baños fue el encargado de anunciar el viraje -decisión adoptada la tarde-noche anterior- y la claudicación del IFE para sancionar a ambas televisoras aduciendo la “normalización” de las transmisiones y la “corrección de las conductas”, dejaba sin materia los procesos y procedía hablar de sobreseimiento.
Con el silencio del PAN y el PRI -para no comprometerse con las televisoras-, los consejeros asumieron las críticas del PRD y PSD. “Si están en la convicción de que cuidar a la institución es ceder ante las presiones de los poderes fácticos, están en un gran error. Al rato, van a venir los empresarios y van a meter spots y no van a tener cara para enfrentarlo”, dijo el perredista, Javier Hernández quien destacó la conducta dolosa de las televisoras al transmitir los spots que no se subsana con la promesa de que se comportarán bien.
A su vez, la representante del PSD, Marina Arvizu sostuvo que la actitud de los consejeros “me recuerda mucho aquellas sanciones cuando el movimiento feminista pelaba porque la mujer que era violada, por el simple hecho de que señor se casara con ella, ya no lo sancionaban. Esto es algo tan desagradable con eso. Lamentable porque implica la claudicación del estado a regular las elecciones.
Apenas la víspera, por la mañana, todavía en pasillos del IFE se daba por segura el respaldo mayoritario al dictamen, aunque se sabía también de contactos de consejeros con altos funcionarios de las televisoras. Todo cambió la tarde-noche del jueves.
Versiones en el Instituto deslizaban que esto habría obedecido a alguna llamada desde las oficinas del gobierno federal para detener la sanción. A partir de entonces se comenzó a empujar por la vía de perdonar a las televisoras sin siquiera discutir los alcances de sus conductas: empaquetamiento de espots e inclusión de cortinillas para predisponer al auditorio sobre los spots.
El pleno del Instituto Federal Electoral (IFE) decidió sobreseer la posibilidad de sancionar a las empresas Televisa y Televisión Azteca, por la transmisión en bloque de los spots de partidos políticos, durante partidos de fútbol, programas infantiles y culturales.
Luego de más de cuatro horas de debate, el Consejo General del IFE determinó, en su sesión de este viernes, con una votación dividida entre consejeros -de cinco a cuatro-, que las empresas se libraban de pagar multas de 7 millones para TV Azteca y 4 millones a Televisa, al desechar la propuesta presentada por la secretaría ejecutiva del instituto.
El IFE exoneró además a la empresa Sky y decidió aplicar una multa única de 2 millones de pesos a TV Azteca por transmitir en televisión abierta los spots de los partidos en bloque y al mismo tiempo, en Sky, publicidad comercial.
La secretaría ejecutiva del organismo, a cargo de Edmundo Jacobo Molina, perfilaba enérgicas sanciones a las dos empresas por transmitir los spots en bloque, colocar una cortinilla antes y después de su emisión, interrumpir programación especial y hacerlo de manera sincronizada.
Esta oficina -que tiene a su cargo la representación legal del IFE- advirtió que los hechos “fueron vistos por decenas de millones de mexicanos a través de sus pantallas de televisión”.
Entonces el consejero Marco Baños intervino. Recordó los avances alcanzados por la reforma electoral y destacó que las conductas de las televisoras cesaron o cesarían en breve tras el acuerdo firmado el miércoles con la CIRT. Pidió sobreseer.
De inmediato los consejeros Francisco Guerrero, Benito Nacif, Arturo Sánchez, Marco Gómez y Macarita Elizondo respaldaron su propuesta.
El representante del PVEM defendió el desechamiento, en tanto que los representantes de PRD y PSD lo censuraron. PRI y PAN se mantuvieron al margen del debate.
El consejero presidente, Leonardo Valdés, al igual que Alfredo Figueroa, fijó posición en favor de la propuesta de la secretaría ejectiva.
Mientras, el coordinador de los senadores del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Monreal, denunció que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, presionó de manera ilegal e inmoral a los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) a fin de que desistieran de sancionar a Televisa y TV Azteca por manipular la transmisión de los spots de los partidos políticos.
En conferencia de prensa por la mañana, informó que uno de los consejeros le reveló que debido a la intervención de Gómez Mont, quien les pidió dar por concluido el conflicto con las televisoras, y habló con cada uno de ellos, por lo menos cuatro de los integrantes del Consejo General del IFE cambiaron su voto.
Por la tarde, cuando se confirmó que la autoridad electoral dio marcha atrás en el proyecto de aplicar a las dos grandes televisoras multas que sumaban 11 millones de pesos, como sanción por transmitir en bloque y en medio de programas deportivos los spots de los partidos, Monreal comentó que es un mal precedente.

Del catarrito a la neumonía

PLAZA PÚBLICA

Del catarrito a la neumonía

Miguel Ángel Granados Chapa
1 Feb. 09

Mientras que las demandas callejeras hicieron al presidente francés agendar una reunión con los sindicatos de su país, en México se atendió brevemente a los manifestantes del viernes pasadoSólo dos presidentes latinoamericanos acudieron este año a la cumbre de Davos, el de Colombia, Álvaro Uribe, y el de México, Felipe Calderón. Cinco más, en cambio, prefirieron quedarse de este lado del Atlántico y estar presentes en el Foro Social Mundial: Evo Morales, de Bolivia; Lula da Silva, de Brasil; Rafael Correa, de Ecuador; Fernando Lugo, de Paraguay, y Hugo Chávez, de Venezuela.Fue significativa la opción del mandatario brasileño quien, como Calderón, había estado en el Foro Económico Mundial en los dos años anteriores. Lula es un presidente bilingüe, pues lo mismo habla y entiende el lenguaje de los grandes consorcios y de las inversiones multimillonarias que el de las agrupaciones sociales creyentes de que "otro mundo es posible". Aunque mantiene en su país un diferendo en apariencia insalvable con el Movimiento de los Sin Tierra, que le reprochan la lentitud y límites de su reforma agraria, no ha dejado atrás sus convicciones como antiguo sindicalista y las ha concretado en políticas económicas que no colocan a las personas después de las ganancias sino al contrario. Transita con eficacia en el lindero de lo políticamente correcto, según el criterio de los grandes intereses internacionales y lo socialmente necesario.No acudió este año a Davos porque allí no hay nada que hacer, pues en vez de que, como antaño, se estrechen relaciones y se entablen negocios, hoy en los Alpes suizos se ventila, según dijo, la quiebra del "dios mercado" y ya no hablan quienes creyeron en el fin de la historia y "ahora están con la boca cerrada, porque se arruinaron por pura especulación. Parecía que ellos eran infalibles y nosotros incompetentes". Dijo también el presidente brasileño: "Ellos nos decían que teníamos que hacer ajuste fiscal, cortar gastos públicos, hacer choques de gestión y despedir trabajadores. En realidad, lo que tenemos que hacer es invertir y colocar dinero en los sectores productivos". Dijo asimismo que "ellos", los que se regodeaban consigo mismos en Davos, saben ya que otro mundo no es sólo posible "sino que es necesario e imprescindible" (El País, 31 de enero).Lula no viajó a Suiza sino a Belén por conocer la inutilidad de contender con países como el suyo por las inversiones extranjeras. En cambio, Calderón estuvo en Davos con ese propósito, y disputó a su amigo Uribe la oportunidad de llamar al capital extranjero para alentar la economía nacional. Rebatió, como ofendido, la comparación entre México y Paquistán. Y en su gana de mostrar que México es un país atractivo para los dueños del dinero, hizo relaciones públicas para mejorar la imagen mexicana, aunque admitió que la crisis puede significar para México una neumonía, lejos del catarrito que se diagnosticó inicialmente. En esa incertidumbre, difícilmente se puede mejorar el optimista pronóstico del secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, de que en este año llegarán a México inversiones por 15 mil millones de dólares, 4 mil más de los que, sin entusiasmo de gobernante, calcula el Centro de Investigación y Docencia Económica. Y ya que mencionamos a dicho secretario nos preguntamos si el presidente de la República lo tenía en mente cuando se ufanó de contar con uno de los mejores equipos económicos del mundo.Calderón viajó a Davos después de anunciar la desaceleración del incremento en el precio del diesel que, por consecuencia, cuyo litro recibió anteayer un nuevo aumento de 5 centavos, como los que se habían aplicado en las semanas anteriores de este enero y del 2008. El incremento será ahora mensual, lo que si bien significa un alivio para los consumidores, atosigados por el alza constante, no los satisfizo porque su petición es que el precio se congele a la baja, toda vez que ya cuesta más que en Estados Unidos, según la CNC. La medida, sin embargo, propició el fin de la huelga camaronera, mediante un pacto suscrito un mes después de iniciado el paro entre la Secretaría de Agricultura y la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola. El acuerdo, de 10 puntos, atiende después de mucho tiempo de displicencia los problemas estructurales de la flota camaronera, metida en tan intrincados problemas que el del combustible era sólo uno de ellos.No cesará, por lo tanto, el cuestionamiento relativo al diesel, cuya carestía, aun atenuada, afecta a otros segmentos de la pesca y al transporte en general. Así se manifestó en la movilización del viernes pasado en la Ciudad de México y en otras del país, que incluyó el precio de ese combustible entre las demandas de una política económica que beneficie a la mayoría de la población. Marcharon en el Distrito Federal del Ángel de la Independencia al Zócalo decenas de miles de personas, pertenecientes a agrupaciones de presencia estratégica en la vida social y política, como la Confederación Nacional Campesina, el sector agrario del PRI, y otras organizaciones rurales, el sindicato de telefonistas, los de trabajadores universitarios, los de la seguridad social, los de la aeronáutica comercial, los de una porción de la industria automotriz, etcétera.Un día antes una manifestación sindical había semiparalizado algunas de las principales ciudades francesas. Las centrales obreras, algunas de las cuales tienen existencia centenaria, depusieron sus diferencias ideológicas y tácticas y plantaron cara al gobierno de Nicolas Sarkozy, en exigencia de una nueva manera de gestionar la economía pues en este momento, según consideran, los efectos adversos de la crisis los padecen los trabajadores, a los que no incluye la política gubernamental frente a esa coyuntura. "Al terminar la marcha (en París), los líderes sindicales se vieron reforzados por la gente que llevaban detrás y exigieron al gobierno una respuesta. A Sarkozy le tocaba mover ficha. Y si no lo hacía rápidamente, añadieron, habría más protestas y manifestaciones."No tuvieron que esperar mucho: unas horas después, a través de un comunicado, Sarkozy aseguró que encontraba 'legítima la inquietud' de la calle y emplazaba a los representantes de los sindicatos y de los empresarios a una reunión en el Elíseo en febrero" (El País, 30 de enero).A pesar de su identificación ideológica por su pertenencia a la derecha, el gobierno mexicano reaccionó de modo diferente al del francés. Es verdad que los dirigentes de la marcha del viernes fueron convocados a Bucareli, donde el secretario de Gobernación los recibió al anochecer. Pero Fernando Gómez Mont no respondió a sus demandas ni ofreció un encuentro con el Presidente. Todo lo más fue comprometerse a concertar citas con los miembros del gabinete que tienen a su cargo las áreas a que corresponden los problemas planteados.Dos de los líderes que encabezaron la manifestación anteayer y conversaron con Gómez Mont habían hablado en la víspera en la segunda sesión del foro México ante la crisis. ¿Qué hacer para crecer?, organizado por el Congreso de la Unión. Los ingenieros Cruz López de la CNC y Francisco Hernández Juárez, de la Unión Nacional de Trabajadores, formaron parte del grupo de ponentes que expresaron los intereses de su sector o su parecer sobre las causas de la crisis y el modo de encararla. Por la amplitud de sus planteamientos sobresalieron las propuestas del rector de la UNAM, José Narro Robles (que pidió emprender junto al económico un "rescate social"), y del director del Politécnico, José Enrique Villa Rivera. Por su contundencia y profundidad, por la inteligencia de su diagnóstico y su sinceridad audaz, el discurso de la doctora Denise Dresser, representante del ITAM, fue aplaudido con extraño entusiasmo por los destinatarios de su inquisitivo análisis, los legisladores que son "empleados de los intereses" que denunció.El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Armando Paredes (que organizó foros regionales para fundar su posición), y el de la Asociación de Banqueros, Enrique Castillo Sánchez Mejorada, expusieron el punto de vista del sector privado de los negocios, que tampoco está satisfecho con la posición gubernamental ante la crisis y espera que de este foro resulte un programa de mayor amplitud y profundidad que el presentado el 7 de enero por Calderón como si fuera un acuerdo.Tras dos sesiones más, el foro legislativo concluirá el 16 de febrero con la firma del que se espera sí lo sea, un acuerdo nacional frente a la crisis.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com

La prisa y las grillas hunden a Calderón

JESUSA CERVANTES

La aprobación de la reforma de seguridad pública en el Congreso parecía una inmejorable oportunidad para que el presidente Felipe Calderón presumiera de una eficaz operación para contener el desbordamiento del crimen organizado. Pero a esos afanes se los comieron las prisas. Diputados presentes en las negociaciones revelan cómo el PAN se enredó al trabajar bajo presiones y en medio de intereses encontrados, como los del procurador Eduardo Medina Mora y el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.La propuesta central de Felipe Calderón para reformar la Constitución en materia de seguridad, basada en la figura de un "supersecretario" y en la unificación de la policía, naufragó ante la disputa que mantienen el procurador general, Eduardo Medina Mora, y el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.Otro factor que afectó la propuesta del Ejecutivo fue el vacío de operación política que generó la muerte de quien fuera secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y de José Luis Santiago Vasconcelos, cuyo último cargo fue el de secretario técnico para la Aplicación de la Reforma a la Ley de Justicia Penal.Juan N. Guerra y Mónica Fernández, diputados federales del PRD, y Layda Sansores, de Convergencia, narran cómo la sustitución de los operadores políticos de la reforma provocó presiones de los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública, así como un caos en la fracción del PAN, abriendo paso a una nueva negociación de tres pistas.Después de que el 31 de septiembre el presidente de la República, Felipe Calderón, envió a la Cámara de Diputados su paquete de reformas en materia de seguridad, los legisladores se centraron en la reforma energética; fue la semana pasada que arrancaron las negociaciones sobre seguridad.Luego de que el PRI y el PRD hicieron público su rechazo a crear una sola policía federal, el PAN trasladó su prioridad y se empeñó en realizar una modificación constitucional que abriera paso a una ley antisecuestros. Para ello, el gobierno de Calderón notificó a los dos principales partidos de oposición que el encargado de negociar con ellos era el nuevo secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien conversó por separado con los representantes del PRI y del PRD.El encargado de negociar por el PRD, el diputado Juan N. Guerra, detalla que el 28 de noviembre Germán Martínez, presidente del PAN, se comunicó con Guadalupe Acosta Naranjo, que aún era el dirigente del PRD, para informarle que se entenderían con Gómez Mont.El nuevo operador del Ejecutivo inició las pláticas con el PRD durante el sábado 29 y el domingo 30 de noviembre, en las oficinas de la Secretaría de Gobernación en la avenida Reforma, muy cerca de las centrales que están en Bucareli y Antonio Caso.Ahí, el planteamiento central de crear la policía única fue sustituido por la urgencia de modificar el artículo 73 de la Constitución para dar paso a la creación de una ley antisecuestros.Juan N. Guerra narró que a esas reuniones acudió también el subprocurador de Asuntos Jurídicos de Gobernación, Daniel Cabeza de Vaca. Los perredistas aceptaron votar a favor de la reforma constitucional siempre y cuando se eximiera del cargo de secuestro a los luchadores sociales."Gómez Mont aceptó nuestra propuesta y sobre esa base se fueron construyendo los acuerdos -continúa Guerra-; uno de ellos fue que la reforma constitucional sería la parte última de toda la reforma y que primero se sacaría adelante la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pero el lunes (1 de diciembre), el coordinador del PAN, Héctor Larios, llegó muy presionado por sus compañeros de partido y quiso que a fuerzas se votara la reforma del artículo 73 de la Constitución."Según el perredista, desde días antes, el 26 de noviembre, senadores y diputados del PRI, PAN y PRD se reunieron en la Torre del Caballito del Senado de la República para trabajar un dictamen sobre la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública.Así, explica el diputado Guerra, todo el paquete se trabajó en tres pistas: en el Senado, en las oficinas de Gobernación en Reforma con el secretario Gómez Mont y en la Cámara de Diputados, para lo cual se declararon en sesión permanente las comisiones de Seguridad Pública y de Justicia.Aunque el PRI y el PRD coincidieron desde el primer momento en rechazar la policía única con un "supersecretario" al frente, cada partido tenía sus propios objetivos, que se fueron mezclando a lo largo de las negociaciones. Esto provocó un caos en el PAN, que a decir de Guerra recibía presiones de todos lados.El PRD ya había acordado con Gómez Mont la despenalización de la lucha social, y al PRI le interesaba cambiar la iniciativa de Calderón que preveía suspenderles a los estados los recursos federales para programas de seguridad si sus gobiernos no cumplen las metas en esta materia.
Cambio de señales
Layda Sansores, diputada de Convergencia, califica el conjunto de la negociación como una disputa por los recursos. Explica que desde la segunda semana de octubre, cuando se aprobó el presupuesto para 2008, el PRI había logrado un techo de 4 mil 138 millones de pesos para los estados, lo que en la discusión de la reforma sobre seguridad se pretendía anular.La urgencia del gobierno de Calderón por aprobar la reforma del artículo 73 constitucional abrió la puerta de la negociación, pero por otro lado Héctor Larios traía presiones de sus compañeros de bancada, del secretario de Seguridad Pública y del procurador general de la República, quienes insistían en que "a como diera lugar se aprobara la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública".Larios estuvo ausente de las negociaciones del fin de semana, así que cuando llegó a la reunión de la Comisión de Justicia del lunes, pretendió sacar adelante la reforma del artículo 73 y se empeñó en que se votara."Nosotros le dijimos: no la chingues, estás armando un relajo y no quedamos en eso con el secretario de Gobernación, sino que sería una de las últimas negociaciones, pero incluyéndoles la despenalización de la lucha social", narra Juan N. Guerra.Por otro lado, el presidente de la Comisión de Justicia, César Camacho Quiroz, había convocado para dictaminar el lunes 1 la Ley Orgánica de la PGR, que sería la base para sacar del esquema de la procuraduría a la Agencia Federal de Investigación (AFI).La diputada Layda Sansores explica que la propuesta era pasar a los miembros de la AFI a la Policía Federal Preventiva y conformar la policía única bajo el mando del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.Agrega que ese día el PRI, el PRD y Convergencia presentaron una sola propuesta: mantener a la AFI dentro de la PGR, es decir, como está actualmente."Pero cuando el PAN se vio perdido -puntualiza la diputada-, los asesores de la PGR que estaban ahí presentaron una propuesta alternativa diciendo: está bien, no nos quedemos sin policía investigadora (AFI), pero cambiémosla por una policía ministerial y que los afis que quieran seguir presenten un nuevo examen. A su vez, los diputados del PAN propusieron también que la Secretaría de Seguridad Pública tuviera su propia policía investigadora. Su propuesta era como un arreglo intermedio."En ese momento, continúa, entró una llamada del secretario de Gobernación, los asesores de la PGR salieron del salón y minutos después regresaron para decir que ya no estaba en sus manos continuar con la negociación, por lo que Camacho Quiroz ya no la sometió a votación."Pero la actitud del presidente de la comisión resultó sospechosa -aclara Sansores-, pues luego de esa llamada ya no quiso someter a votación el dictamen, siendo que para eso había convocado. Nosotros suponemos que desde Gobernación, luego de darse cuenta que no tenían los votos para aprobarlo, y que el PRI, el PRD y nosotros hacíamos mayoría, se ordenó que se suspendiera."
A tropezones
En la reunión de la Comisión de Justicia del 1 de diciembre, cuenta Juan N. Guerra, se suspendió la votación de la ley orgánica de la PGR pero se evidenció la urgencia del gobierno y del PAN por discutir la reforma constitucional. "Todo esto abre aún más la negociación, a lo cual se suman las grillas internas de la fracción del PAN y las presiones que tanto Genaro García Luna como Eduardo Medina Mora hacían a uno y otro grupo del mismo gobierno", comenta el perredista.El PRI aprovechó esa prisa para presionar en la reunión de la Comisión de Seguridad del martes 2, donde se discutía la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la cual se preveía la cancelación de los recursos federales a los estados.Layda Sansores, integrante de la Comisión de Seguridad, presenció la ruptura:"Cerca de las cinco de la tarde de ese martes, Marco Tulio López Escamilla, coordinador de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, que también estaba presente, abandona la reunión y se va a Los Pinos a consultar tres o cuatro artículos de la ley, regresa como a las siete de la tarde diciendo que Calderón no acepta las propuestas priistas -entre ellas el retiro de la cancelación de los recursos para los estados-; y es entonces cuando se rompe con lo ya avanzado entre PAN y PRI."La legisladora dice que durante la madrugada y hasta la mañana del miércoles 3 continuaron las negociaciones entre Emilio Gamboa, coordinador de los diputados del PRI; César Camacho, presidente de la Comisión de Justicia; y el secretario Fernando Gómez Mont. De todas formas la negociación se entrampó. Tanto el PRI como el PRD condicionaron la aprobación del artículo 73 de la Constitución a que se incluyeran sus demandas. Y para el miércoles 3, mientras el PRI y el PAN negociaban, el PRD ya había llegado a un acuerdo sobre el artículo 73. Sin embargo, los perredistas se enteraron poco después de que Héctor Larios dio la orden de eliminar la despenalización de la lucha social, lo que trabó el acuerdo inicial.Para ese momento, explica el diputado Juan N. Guerra, Felipe Calderón ya tenía claro que la propuesta del "superpolicía" no prosperaría de ninguna forma: "Para ese día, nuestras propuestas en materia de seguridad iban avanzando, así que no teníamos mayor problema para votarla a favor, pero por otro lado creo que a Calderón le urgía la votación del artículo 73 y, sobre todo, que fuera por unanimidad."Larios tenía muchas presiones. Había muchas grillas en el seno del PAN y mucho ruido. Por un lado lo presionaba García Luna y por otro, Medina Mora. Todo esto se da a raíz de la muerte de Juan Camilo Mouriño, porque la negociación queda suelta; venían asesores de todos lados, de todas las secretarías, y presionaban a todos. Nosotros teníamos claro que la negociación era con Gobernación, pero por el lado del PAN no lo tenían claro. "Por la dispersión que traían en el PAN, nos dimos cuenta que no sabían a dónde iban a llegar. Esta situación la seguimos aprovechando para presionar. Ahora ya no sólo estábamos pidiendo que se respetara el acuerdo con Gómez Mont sobre la despenalización del secuestro para los luchadores sociales, sino que además pedimos que se incluyera el compromiso de aceptar las figuras de plebiscito y referéndum en la Constitución."Larios tuvo que dar marcha atrás. El jueves 4 la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó por unanimidad el dictamen para despenalizar la lucha social e incluir en la Constitución las figuras del plebiscito y el referéndum.Mónica Fernández, diputada del PRD e integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, corroboró que desde el viernes 28 de noviembre el PAN y el PRI presionaron para que se aprobara la reforma al artículo 73. Según ella, la pretensión de Héctor Larios de no respetar un acuerdo con el secretario de Gobernación llevó a los opositores a obtener un mejor resultado, como es la aceptación constitucional del plebiscito y el referéndum.Molesta porque el dictamen sobre el sistema de Seguridad Pública se elaboró en el Senado y no se discutió en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, además de que se excluyeron las propuestas de los partidos minoritarios, Layda Sansores considera que al ver que no pasaría su propuesta de policía única, Felipe Calderón impulsó a como diera lugar la modificación del artículo 73 para abrirle camino a una ley antisecuestros."Creo que su objetivo fue acceder a la presión de la ciudadanía y se llegó a esta nueva Ley del Sistema de Seguridad Pública, pero en contra de su voluntad", opina. En tanto el PRI, que había negociado con el PAN su respaldo a la reforma del artículo 73, presionó al gobierno para que se eliminara la pretensión de cancelar los recursos a los estados porque tiene 18 gubernaturas que el próximo año recibirán de la Federación más de 2 mil millones de pesos destinados a la seguridad pública.La negociación del PRI, encabezada por el senador Jesús Murillo Karam, logró que antes de cancelarse los recursos cada gobernador explique por qué su estado no alcanzó las metas mencionadas. En este proceso se puede abrir otra negociación y, de aceptarse los argumentos del gobernador, se otorgarán los recursos federales.Las negociaciones en las que fue anulada la parte esencial de la propuesta calderonista fueron encabezadas por políticos que durante el gobierno de Ernesto Zedillo elaboraron la ley general que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual será sustituido por la reforma aprobada el jueves 4. Ellos son el priista Murillo Karam, que en aquella época era subsecretario de Gobernación, y los perredistas Samuel González Ruiz y Moisés Moreno, exfiscales y asesores de la PGR en el sexenio zedillista, además del diputado Juan N. Guerra.

Los derechos humanos: doble discurso

MANUEL FUENTES MUñIZ

MÉXICO, D.F., 8 de diciembre (apro-cimac).- Hay todavía muchos mequetrefes funcionarios que desconocen la Declaración de los Derechos Humanos (DDH), que este 10 de diciembre cumple 50 años de existencia.Hay jueces, agentes del Ministerio Público o funcionarios de gobierno que cuando se les alega la existencia de este documento fundamental, sólo miran con extrañeza a su interlocutor, como diciendo: ¿de qué me está hablando?La DDH está compuesta de 30 artículos que contienen los derechos esenciales de la persona y la obligación de los gobiernos de respetarlas. En todos los países del orbe está reconocida en sus constituciones o en sus normas fundamentales, pero dependiendo de los gobiernos en turno su respeto es discrecional.No obstante, hay que admitir que la mayoría de las personas desconoce la existencia, importancia y contenido de la DDH. Y se han tenido que constituir organismos de derechos humanos no gubernamentales con el claro propósito de difundir, promover y exigir su respeto, ya que los gobiernos poco han hecho para promoverlos.La tarea no ha sido fácil, porque apenas el 1% de la población en nuestro país ha logrado acceder a estudios universitarios. Existen comunidades donde apenas se habla español y las personas con más conocimientos saben leer o escribir con mucha dificultad. En esos lugares, la mayoría son analfabetas funcionales.Dar a conocer la existencia de los Derechos Humanos (DH) ha sido una tarea primordial para lograr su cumplimiento, sin embargo, la resistencia de los gobiernos ha dificultado esta práctica, pues muchos de ellos dicen defender y respetar los DH, pero sus actos los contradicen.El derecho a la vida; a la libertad; a la igualdad ante la ley; a la seguridad personal; a no ser víctima de una detención arbitraria; a un proceso judicial justo; a la presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario; a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, de opinión y de expresión; a asociarse; a formar una asamblea pacífica, y a la participación en el gobierno, son parte de la DDH. También lo es el derecho a la no invasión de la vida privada y de la correspondencia personal; a la libertad de movimiento y residencia; al asilo político; a la nacionalidad; a la propiedad; a la seguridad social; al trabajo digno; al descanso y a un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar; a la educación y la participación en la vida social de su comunidad.Los DH deben respetarse para hombres y mujeres sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.La mayoría de estas garantías sólo existen en el discurso, en los libros y constituciones; en pocas palabras, son letra muerta.En nuestro país la condición social sí cuenta en la aplicación de los DH: la mayoría de los presos en las cárceles y los más perseguidos por las policías son los más pobres. No tienen para pagar abogados particulares y tienen que soportar largos juicios, muchos de ellos injustos.La nueva forma de violación a los derechos humanos ha sido simular su cumplimiento y la propia ley se ha usado para encubrir las acciones arbitrarias gubernamentales. Es el caso de los presos de San Salvador Atenco, a quienes se les ha impuesto penas de prisión de decenas de años, y las mujeres que fueron ultrajadas y violadas durante su detención, siguen sin que se aplique sanción contra los policías agresores.Por otra parte, elevar a rango constitucional la figura del arraigo es uno de los hechos más atroces en materia de derechos humanos que ha legitimado el Congreso de la Unión.Con la reforma se permite detener a una persona con simples presunciones, hasta por 80 días, sin el mínimo respeto a sus garantías de seguridad jurídica. La mayor parte de los casos en que una persona ha sufrido un arraigo por parte del gobierno, éste ha sido incapaz de demostrar las acusaciones que formula.Cuando ello sucede se deja en libertad al presunto responsable con un "usted disculpe", sin que se le repare el daño por la incomunicación cometida en su contra. En otro aspecto, la violencia familiar, que afecta mayoritariamente a las mujeres, continúa campeando la impunidad. Y la legislación sigue sin aplicarse por la falta de voluntad gubernamental.Uno de los casos recientes más graves es el del sindicato de mineros, dos de cuyos dirigentes fueron detenidos en días pasados. Además, le congelaron sus cuotas sindicales, además de negarle reiteradamente el reconocimiento de su dirigente. Coincidentemente, la agresión contra los mineros se agudizó con la llegada de Fernando Gómez Mont a la Secretaría de Gobernación, quien apenas hace unas semanas era empleado de Industrial Minera México. La imparcialidad de las autoridades como un derecho humano y constitucional, en este suceso, está en entredicho.
Existe un doble discurso por parte del gobierno mexicano en materia de derechos humanos: uno, en el que afirma respetarlos, y otro, en la vida diaria, en el que los desconoce, maltrata y pisotea sin ningún recato.
Comentarios: manfuentesm@yahoo.com.mx

Mano negra

* Dice el senador Ricardo Monreal que detrás de la detención del líder minero Carlos Pavón puede estar Fernando Gómez Mont, titular de Gobernación del gabinete espurio / “Es muy delicado que se pretenda criminalizar la protesta social, la inconformidad obrera y que la Secretaría del Trabajo intervenga en la vida interna de los sindicatos” / “Son medidas represoras, encaminadas además a derrotar por hambre las huelgas de Cananea, Taxco y Sombrerete”

MEXICO, D.F., 5 de diciembre (LA JORNADA/EL UNIVERSAL).- El perredista Ricardo Monreal exigió al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, aclarar qué relación tiene su despacho jurídico con la nueva embestida en contra del Sindicato de Trabajadores Mineros y el encarcelamiento de dos de los integrantes del Comité Ejecutivo que encabeza Napoleón Gómez Urrutia.
El vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD en Xicoténcatl no consideró casual que a menos de un mes de que Gómez Mont asumió la secretaría de Gobernación se hayan reactivado las causas penales contra los dirigentes mineros, sobre todo, dijo, porque el ahora responsable de la política interior “del gobierno de facto” llevó el caso contra Gómez Urrutia.

Es muy delicado, agregó, que se pretenda criminalizar la protesta social, la inconformidad obrera y que la Secretaría del Trabajo intervenga en la vida interna de los sindicatos, como lo ha hecho en el caso de los mineros.
“Me dicen que hay relación con el despacho del actual secretario de Gobernación de facto, de este señor que si, se siente como represor, tenía razón. Es un represor, autoritario, traficante de influencias, defensor de los intereses más nefastos del país’’, dijo Monreal en conferencia de prensa.
La detención un día antes del ex diputado federal por Zacatecas, Carlos Pavón Campos, segundo líder en importancia del Sindicato Minero y Juan Linares Montúfar, también integrante del Comité Ejecutivo, aunado al congelamiento de las cuentas bancarias del organismo gremial, son medidas represoras, encaminadas además a derrotar por hambre las huelgas de Cananea, Taxco y Sombrerete.
Como justificación hay una demanda de Altos Hornos de México, pero en realidad se observa que la detención de los dirigentes se ordenó “desde los círculos más altos del poder, con el propósito de presionar a los obreros a que acepten condiciones de trabajo menores a las que se establecen en su contrato colectivo.
La verdad es que los líderes están presos por razones políticas y no estrictamente penales’’, aseguró
“El gobierno usurpador protege a los patrones, como lo hizo también con el Grupo México, que sigue en la impunidad, a pesar del accidente en la mina Pasta de Conchos, que sacó a relucir las condiciones infrahumanas en que laboran los mineros.
Ahí está parte del amañado proceso judicial contra Gómez Urrutia”.
Monreal resaltó que la advertencia que Gómez Mont formuló en una reunión privada con senadores del PAN, en el sentido de que no se le iba a ver mucho, pero sí a sentir, se comprende por completo, ya que su vena represora salió pronto a relucir, “así como su conflicto de intereses”.
Por ello, insistió, el funcionario debe aclarar qué relación hay entre su despacho jurídico -”aunque asegure que ya se deslindó del mismo” y la detención de los dirigentes mineros.
Convocó luego a todos los sindicatos del país a manifestarse en contra de la represión en contra del gremio minero.
Aclaró que no defiende a Gómez Urrutia, pero sí el derecho de los trabajadores de elegir a sus dirigentes y de pelear contra condiciones laborales que ponen en riesgo sus vidas.
“Lo que el gobierno usurpador ha hecho al Sindicato Minero, al fabricar expedientes y procesos penales, lo puede hacer con cualquier otro organismo gremial incómodo a los empresarios”.

El narco sí infiltró a los partidos: Labastida

PEDRO ZAMORA BRISEñO

COLIMA, Col., 24 de noviembre (apro).- El senador priista Francisco Labastida reconoció que el narcotráfico "se ha metido prácticamente con todos los partidos que tienen poder", o con "cualquier gente que se deja comprar".En entrevista, planteó cómo sería posible blindar las campañas políticas, en alusión al planteamiento del presidente nacional del PAN, Germán Martínez, quien la víspera pidió al PRI definir una postura sobre ese tema.El excandidato presidencial priista comentó que primero se requiere precisar qué significa blindar las campañas. "En parte son principios, sí, pero también se requiere una modificación de fondo en los sistemas de procuración y administración de justicia, en el Plan Nacional de Seguridad".Recordó que él encabezó el primer plan de ese tipo cuando era secretario de Gobernación, pero "no avanzó más porque los del PAN se opusieron a que diéramos pasos adicionales, no teníamos mayoría en la Cámara de Diputados y ellos no quisieron que avanzáramos más".Labastida Ochoa, quien estuvo en esta ciudad para dictar una conferencia sobre los resultados de la reforma petrolera, sugirió que las investigaciones sobre la penetración del narco en la política vayan a fondo en todos los casos."Creo que el peor daño que podemos tener en el país es la penetración del narco en el poder político. Hay que hacer todo lo posible (para combatirlo), parejito", advirtió.Además, calificó de "falto de sustento" el señalamiento del perredista Alejandro Encinas, quien el domingo durante una reunión con militantes en Cancún, Quintana Roo, pidió evaluar hasta qué punto el reposicionamiento del tricolor se relaciona con la inyección de dinero sucio.Labastida reviró: "¿Entonces ganó el PRD en el Distrito Federal porque se alió a una fuerza oscura?"Insistió en que al narcotráfico "hay que combatirlo por todos los conductos, de eso no hay ninguna duda, pero tampoco tengo duda que van a utilizar cualquier conducto para echarnos ataques".Reconoció al presidente Felipe Calderón "el valor de luchar en contra del crimen organizado en el país", y acotó que no le cuesta ningún trabajo reconocerlo, aunque sea de un partido diferente.Sin embargo, lamentó que las estrategias "hayan dado tan mal resultado. Vean el periódico de hoy, hubo más de 30 muertos, y vean el de ayer y el de la semana, y van a ver que el número de homicidios está creciendo".Y trajo a colación una anécdota: "Un día dijo alguna persona, respondiéndole al procurador Eduardo Medina Mora, 'qué bueno que vamos ganando la guerra, eh, porque si la estuviéramos perdiendo qué mal nos iría'".Sobra la entronización de Fernando Gómez Mont en la Secretaría de Gobernación, Francisco Labastida consideró que va a ayudar mucho para hacer que avancen las modificaciones al sistema de seguridad pública.Dijo que Gómez Mont "tiene fama de ser buen abogado penalista", pues ni el procurador ni el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se formaron en esa área, por lo que ese perfil es relevante.

Gómez Mont: ante todo el negocio

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

Fernando Gómez Mont Urueta ha sido más que un abogado patrocinador de lucrativos juicios de políticos y empresarios implicados en fraudes y corrupción. Desde el gobierno de Carlos Salinas ha influido en la vida pública del país como operador del maridaje del PAN con el PRI y promotor de reformas de las que se valió como litigante.Hechura del exsenador Diego Fernández de Cevallos, Gómez Mont no sólo ha combinado la política y el litigio en casos que han sido muy costosos para el erario. Pese a ser heredero del panismo doctrinario, fue uno de los panistas que legitimaron a Salinas y colaboraron con Ernesto Zedillo, en una pragmática relación con el PRI como preludio de la llegada del PAN a la Presidencia de la República.Con Salinas y Zedillo fue autor, como diputado y asesor presidencial, de modificaciones constitucionales, al Código Penal federal y a distintas leyes, que facilitaron la absolución judicial en algunos casos de "delitos de cuello blanco".Como parte de ese andamiaje legal participó en la elaboración de la Ley de Concursos Mercantiles, que en mayo de 2000 abrogó la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos. Con ello, quedaron sin castigo las quiebras fraudulentas registradas hasta ese momento.De acuerdo con información obtenida por Proceso, entre los beneficiarios de la nueva ley estuvieron la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) y su abogado Antonio Lozano Gracia, con quien Gómez Mont había colaborado en la Procuraduría General de la República (PGR) en los dos primeros años del gobierno de Zedillo.La intermediación de Lozano Gracia para que una de las subsidiarias de AHMSA, Micare, pudiera vender carbón a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a pesar de encontrarse en suspensión de pagos, le redituó al exprocurador 5 millones 200 mil dólares. AHMSA se acogió a la suspensión de pagos meses antes de que entrara en vigor la nueva ley. El contrato de Micare con la CFE fue de unos 2 mil 400 millones de dólares (Proceso 1434). Conocido entre los abogados por su frase "los honorarios son sagrados", el litigante Gómez Mont, un hábil y duro negociador de 45 años, durante más de una década sacó provecho de sus vínculos con panistas y priistas que se convirtieron en abogados de miembros de las élites políticas y económicas involucrados en escándalos.Al amparo del despacho de Fernández de Cevallos, surgieron firmas jurídicas satélites, como la de Lozano Gracia y Juan Miguel Alcántara Soria -actual subprocurador Jurídico e Internacional de la PGR- y la de Zinser, Esponda y Gómez Mont.
Clientela famosa
Junto con el bufete del exsenador priista Salvador Rocha Díaz, con quien Fernández de Cevallos negoció la década pasada el cogobierno en Guanajuato, esas consultorías jurídicas han asumido la defensa de personas acusadas de fraudes que han costado miles de millones de pesos al Estado mexicano. Rocha Díaz, incluso, es conocido entre los abogados, como el "dador" de asuntos.Zinser, Esponda y Gómez Mont cuentan entre sus defendidos a los exbanqueros Carlos Cabal Peniche y Jorge Lankenau, ambos acusados de fraude por autopréstamos no pagados en los desaparecidos Banco Unión y Banca Confía, respectivamente, que acabaron en el Fobaproa.El caso Cabal, a quien defendió en la demanda de extradición de México al gobierno de Australia, representó el despegue de su despacho.El nuevo secretario de Gobernación también defendió a Tomás Peñaloza Webb, acusado de fraude al Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando fue su tesorero, así como a Gerardo de Prevoisin, exdirector de Aeroméxico, encarcelado por fraude en 1988 y acusado de transferir recursos al PRI. Así mismo, patrocinó inicialmente a Raúl Salinas de Gortari, acusado del asesinato de su excuñado José Francisco Ruiz Massieu.Otro de sus defendidos en materia de extradición fue al exdirector de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy, acusado de triangular 500 millones de pesos de la paraestatal a la campaña presidencial del priista y ahora senador Francisco Labastida Ochoa, en el escándalo conocido como Pemexgate.Más recientemente, asesoró a Javier Moreno Valle en su disputa con TV Azteca por el control del Canal 40, y a Germán Larrea, dueño del Grupo México, en su demanda contra el dirigente sindical Napoleón Gómez Urrutia, exiliado en Canadá.Otra de sus defensas recientes fue la de Armando Medina Millet, procesado en el llamado "juicio del siglo" de Yucatán, por el asesinato de su esposa Flor Ileana Mafud. El caso lo perdió en la Suprema Corte en 2005.Ahora, con la encomienda de echar a andar la reforma penal aprobada a principios de año, su excompañero de la Escuela Libre de Derecho (ELD), el presidente Felipe Calderón Hinojosa, designó a Gómez Mont sucesor de Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación muerto el martes 4 al desplomarse el avión en que viajaba.El lunes 10, cuando Calderón anunció su designación, lo calificó de "modernizador" y "reformador", así como "pieza clave en el proceso de transición democrática" a partir de la elección presidencial de 1988.En la primera mitad del sexenio de Salinas, de 1988 a 1991, al tiempo que Fernández de Cevallos acercaba al PAN al salinismo con el propósito de contener el ascenso de la izquierda con Cuautémoc Cárdenas a la cabeza, Alcántara Soria era diputado federal del PAN y Gómez Mont encargado de representar al PAN en la creación del IFE y en la defensa del voto.
El poder como meta
El presidente del partido era Luis H. Álvarez; y sus operadores, Fernández de Cevallos y el ya fallecido Carlos Castillo Peraza, mentores, respectivamente, de Gómez Mont y de Felipe Calderón. Ambos, hijos de fundadores del PAN: Felipe Gomez Mont y Luis Calderón Vega.El PAN justificó su actuación como la de una "oposición leal". La estrategia resultó: en la primera mitad del sexenio de Salinas el PAN se había convertido en la segunda fuerza política del país.En entrevista con la reportera Verónica Espinosa, Alfredo Ling Altamirano señala que en 1988, junto con Felipe Calderón y Gerardo de los Cobos, actual presidente del PAN en Guanajuato, Gómez Mont fue enviado por Luis H. Álvarez a reclamar el triunfo panista en la presidencia municipal de Celaya, la primera que ganó el partido en el estado.De 1991 a 1994, el ahora secretario de Gobernación fue diputado de la LV Legislatura. Fernández de Cevallos era el coordinador de la bancada del PAN. Desde entonces se le conoce como El Jefe Diego. Por su cercanía con Salinas, negoció la presidencia de la Comisión de Justicia para Gómez Mont. Compañero de esa fracción parlamentaria fue Felipe Calderón.Apenas iniciada la Legislatura, Fernández de Cevallos avaló, en diciembre de 1991, la quema de las boletas de la fraudulenta elección presidencial de 1988 por la que Salinas llegó a la Presidencia de la República.De comienzos de los noventa viene otra de las relaciones que con el paso del tiempo fue productiva para las actividades litigantes del nuevo secretario: la que estableció con el exsenador priista Salvador Rocha Díaz, quien fue secretario de Gobierno y presidente de la Comisión Electoral de Guanajuato durante el gobierno interino de Carlos Medina Plascencia.De las "reformas modernizadoras" de Gómez Mont, en la primera mitad de los noventa, da cuenta René González de la Vega, procurador General de la República y subprocurador general de Justicia del Distrito Federal durante el gobierno de Carlos Salinas:"En 1993, cuando yo era subprocurador del DF, y él presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, durante el debate de la reforma constitucional logró que se reformara el artículo 116 de la Constitución y desapareciera el concepto de cuerpo de delito."En su lugar se estableció el de 'atentado contra todos los elementos del tipo', lo cual complicó la labor del Ministerio Público y del juez, pues no sólo les resultaba muy difícil comprobar el tipo penal, sino que se pervirtió la averiguación previa y se convirtió en un prejuicio con enormes expedientes que hacen inútil el juicio."En 1999, se tuvo que dar marcha atrás a esa reforma y se volvió al concepto del cuerpo de delito, pero el daño ya estaba hecho y hasta la fecha existe una práctica viciada y abusiva del Ministerio Público, añade el ahora profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
Reformas a modo
Asegura que si bien en la reforma del 93 se fijó en el artículo 16 de la Constitución que ningún indiciado debe ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas, también abrió la puerta para que en el Código de Procedimientos Penales los delitos financieros fueran considerados como "no graves"; lo que años después permitió la exoneración de implicados en operaciones fraudulentas.Gómez Montt prolongó su influencia al siguiente sexenio, también de la mano de Fernández de Cevallos, quien le propuso a Zedillo que lo designara al frente de la PGR. Dos obstáculos se lo impidieron: la edad y su relativamente tardía titulación como abogado de la Escuela Libre de Derecho (ELD). Con sólo 31 años de edad, para cuando Zedillo asumió la presidencia en diciembre de 1994, no cumplía con el perfil establecido en el artículo 102 de la Constitución. El ordenamiento exige una edad mínima de 35 años para ser el abogado de la República. Pero también, una antigüedad mínima de 10 años con título profesional de licenciado en derecho.De acuerdo con el catálogo de exalumnos de la ELD, donde le pusieron el mote de El Feo, presentó su examen profesional el 28 de noviembre de 1986 con la tesis "El principio Nemo Auditur Turpitudinem Propian Allegans ante las excluyentes de la responsabilidad penal". Ese mismo año se titularon sus compañeros Felipe Calderón y Javier Lozano Alarcón, actual secretario del Trabajo.En 1989, Gómez Mont se integró al despacho fundado por Fernández de Cevallos, aunque la relación profesional y política entre ambos es mucho más antigua, pues el exsenador y excandidato presidencial del PAN que compitió con Zedillo, trabajó en el despacho de Felipe Gómez Mont, padre del ahora secretario de Gobernación.En 1995, al tiempo que fungía como asesor de Lozano Gracia en la PGR y de Zedillo en la Presidencia de la República, Fernando Gómez Mont se asoció con su compañero de generación Julio Esponda Ugartechea y Alberto Zínser Cieslik. Como asesor de Lozano Gracia conoció de las investigaciones de los asesinatos del cardenal Jesús Posadas Ocampo, del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio y del presidente del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, ocurridos al final del sexenio de Salinas.En el gobierno de Zedillo también conoció de la persecución de Zedillo contra Raúl Salinas, a quien Lozano Gracia lo responsabilizó de ser el autor intelectual del asesinato de Ruiz Massieu, su excuñado. Después de 10 años de cárcel, Raúl Salinas fue exonerado en 2005. l