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lunes, diciembre 26, 2011

Derechos humanos, ausentes en relación México-Unión Europea


Raúl Castro, titular  del gobierno cubano. Foto: AP

Diáspora cubana: entre los recelos y el “futuro compartido”

MEXICO, D.F. (apro).- Las reformas económicas que impulsa el gobierno de Raúl Castro tendrían mayores posibilidades de éxito si fuesen acompañadas de una actualización de su política migratoria. Ello implicaría eliminar los permisos de entrada y salida para los ciudadanos …

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Banderas de la  Unión Europea. Foto: AP

Derechos humanos, ausentes en relación México-Unión Europea

BRUSELAS (apro).- A pesar de que la Unión Europea (UE) sostiene que la relación con México “está basada en el respeto de los derechos humanos”, sus representantes prácticamente no han abordado el tema de las crecientes violaciones a tales garantías en el marco de sus reuniones con funcionarios del gobierno mexicano en el Consejo Conjunto, el máximo órgano de decisión del Acuerdo de Asociación.....

El ex presidente  francés Jacques Chirac deja su oficina en París. Foto: AP

Francia: Chirac, ni perdón ni olvido

PARÍS (apro).- En un fallo histórico, tres jueces franceses declararon a Jacques Chirac culpable de desvío de fondos públicos, adquisición ilícita de intereses y abuso de confianza a favor de su partido político, el RPR (Rassemblement pour la République, conservador), cuando era alcalde de París en los años 1990.Ni la obstinación de los fiscales franceses en absolver al político de 79 años de los....

Un hombre quema  una bandera británica frente al edificio del Ministerio de Asuntos  Exteriores en Buenos Aires reclamando la soberanía de las islas  Malvinas. Foto: AP

Crece tensión entre Reino Unido y Argentina por las Islas Malvinas

LONDRES (apro).- La tensión por las Islas Malvinas, el archipiélago del Atlántico Sur cuya soberanía es disputada entre el Reino Unido y Argentina desde 1833, creció esta semana a nuevos límites, luego que los países del Mercosur acordaron impedir el ingreso de todos los barcos con bandera de las Falklands (Malvinas) a sus puertos, en un conflicto para parece empeorar día a día.Gran Bretaña....

El presidente  venezolano Hugo Chávez. Foto: AP

Mercosur: Chávez se queda en la puerta

MONTEVIDEO (apro).- El presidente venezolano Hugo Chávez realizó el pasado 20 de diciembre su primer viaje oficial al extranjero desde que, en junio, le fue diagnosticado un cáncer y se sometió en Cuba a un tratamiento de quimioterapia para superarlo: Fue a Montevideo, a la Cumbre de jefes de Estado del Mercado Común del Sur (Mercosur) y Estados Asociados.El objetivo de su regreso a....

martes, diciembre 20, 2011

En México, confesiones bajo tortura: Amnistía Internacional


El presidente francés,  Nicolas Sarkozy, al centro; la canciller alemana, Angela Merkel, a la  izquierda; y José Manuel Durao Barroso en Marsella. Foto: AP

Europa: facultades extralegales para salvar al euro

BRUSELAS (apro).- Gran Bretaña no aceptó participar, pero los restantes 26 Estados miembros de la Unión Europea (UE) que decidieron firmar un acuerdo de rigurosas medidas de disciplina fiscal –propuesto por Alemania y Francia el 9 de diciembre pasado– pueden …

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La ceremonia  militar en Bagdad. Foto: AP

EU: regreso de Irak con sensación de derrota

SAN DIEGO (apro).- El jueves 15 terminó oficialmente la operación Libertad iraquí, con la que Estados Unidos concluyó casi nueve años de hostilidades en ese país.En una ceremonia sobria y fuertemente resguardada, los oficiales arriaron la bandera que ondeaba en el fuerte la Casa de Cristal, una estructura de hormigón cercana al aeropuerto de Bagdad, considerado el último bastión estadunidense en esa ciudad, y........

El primer  ministro británico, David Cameron. Foto: AP

Gran Bretaña y Unión Europea: fisuras tras veto

LONDRES (apro).- La decisión del primer ministro británico, David Cameron, de vetar, el pasado 9 de diciembre en Bruselas, una reforma al Tratado de Lisboa de la Unión Europea (UE) desató una profunda división interna dentro de la coalición gobernante, compuesta por conservadores "euroescépticos" y liberales democráticos "europeístas", y puso en peligro la continuidad del gobierno en Londres.Cameron siguió los pasos de los....

La represión a los  estudiantes en Guerrero por protestar contra el gobierno. Foto: José  Luis de la Cruz

En México, confesiones bajo tortura: Amnistía Internacional

LONDRES (apro).- México tiene un grave problema en materia de procesos judiciales: Aún sigue siendo aceptada como evidencia las confesiones obtenidas mediante tortura, y esas violaciones flagrantes de derechos humanos son ignoradas por el Ministerio Público y algunos jueces del país.La contundente denuncia fue hecha el pasado 9 de diciembre en Londres por Amnistía Internacional (AI), en un documento público en el que....

viernes, julio 29, 2011

La secta que infiltró al gobierno......de Calderón

Casa Sobre la Roca, la secta que deslumbró a Felipe Calderón y ha abrevado del presupuesto desde 2006, pertenece a una organización de alcance mundial que tiene un objetivo muy preciso: incidir en las políticas públicas a partir de su visión cristiano-evangélica. Poco a poco lo ha ido logrando en México, donde ya hay varios funcionarios federales adscritos a ese culto, uno de cuyos dirigentes es una diputada federal que aprovecha las tragedias de las víctimas de abusos sexuales para llevar agua a su molino…

Una joven mujer, de la que sólo se podía ver la silueta, narró su experiencia como víctima de la trata de personas. El pasado miércoles 13, en el salón Adolfo López Mateos de Los Pinos, contó cómo fue engañada y secuestrada por un grupo criminal que la explotó sexualmente en la ciudad de Monterrey.

Sin embargo, su relato concluyó con la promoción de la Comisión de Lucha contra la Trata de Personas de la Cámara de Dipu­tados, a cuya presidenta, la panista Rosa María de la Garza, alabó por su “amor, dedicación y trabajo”. La mujer remató: “Necesitamos (las víctimas de todo el país) que por favor se tatúen el corazón de azul hasta que todas las víctimas, todas esas niñas que están desaparecidas, sean regresadas a sus padres y a sus hogares”.

En su edición 1799 Proceso publicó que ya en otras ocasiones las víctimas de trata de personas y los adictos en recuperación han sido utilizados políticamente por esa legisladora, quien junto con su esposo, Alejandro Orozco –director del Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores (Inapam)– encabeza una secta evangélica de ultraderecha: la Casa Sobre la Roca (CSR).

Amparada en numerosas razones sociales y con registros de asociaciones civiles, CSR es proveedora de servicios a dependencias gubernamentales, capta recursos de programas asistenciales y reclama cuotas de poder y cargos públicos, con tanto éxito que ya empezó a extenderse a otros países.

En su afán de poder, sus tentáculos habían tocado al PRI: en años anteriores trataron de aproximarse a María de los Ángeles Moreno y a Liébano Sáenz. Además, por medio de Hugo Eric Flores Cervantes –quien en 2006 los presentó con Felipe Calderón–, se han acercado al gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto.

Su principal benefactor ha sido Calderón. En la campaña de 2006 éste aprovechó las redes religiosas, políticas y financieras que han tejido Alejandro Orozco y Rosa María de la Garza –quien se hace llamar Rosi Orozco–, un matrimonio de modestos vendedores de seguros que con la creación de CSR escalaron al círculo presidencial.

En el gobierno actual el matrimonio Orozco-De la Garza acomodó a algunos colaboradores y socios en cargos con manejo presupuestal. Son los casos de Ulises Antonio de la Garza Valdés, administrador del Patrimonio de la Beneficencia Pública de la Secretaría de Salud, y del director de Administración y Finanzas de esa dependencia, Ofir Ernesto González Chávez, socio de las razones sociales creadas por los líderes de CSR.

Otro caso es el de Patricia Anaya Calderón, una comunicadora que ha hecho carrera en el ámbito de la asistencia social oficial y además dirige una de las organizaciones de CSR.

El manejo de recursos millonarios ha permitido que la organización crezca tejiendo redes en todo el país y controlando Iglesias evangélicas y organizaciones asistenciales.

Al amparo del poder

Las razones sociales del matrimonio Orozco-De la Garza dan cuenta de su evolución empresarial: una de las más antiguas es De la Garza, Orozco y Chávez, Agente de Seguros, inscrita con el folio 0071933 en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal (RPP). En 2009 esa asociación civil se hizo proveedora de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, según se confirmó en Compranet, el portal de adquisiciones del gobierno federal.

Otra es la Inmobiliaria Doña Rosa, en la que el matrimonio y otros familiares aparecen como accionistas. Dada de alta en 1985 con el folio 00009300, es una sociedad contratista del Gobierno del Distrito Federal desde 2009, cuando los Orozco-De la Garza ganaron presencia política, sobre todo en el PAN capitalino.

Además tienen Dicelcris, dedicada a la venta de equipos de comunicación, y el despacho Orozco Rubio y Asociados.

Las razones sociales registradas por CSR no siempre corresponden con los nombres que publicitan, lo que hace difícil su seguimiento. Por ejemplo, la sociedad anónima Audio y Video Sobre la Roca (AVSR) administra las librerías Visión. La dirige Emilio Orozco de la Garza, hijo de la pareja que encabeza CSR. Su matriz está en Insurgentes Sur 4903-1, en Parques del Pedregal, de la Ciudad de México, que es el mismo domicilio de otras razones sociales, incluida La Casa Sobre la Roca.

Entre los accionistas de Audio y Video Sobre la Roca están Alejandro Orozco y Carlos Rivera Olivares, subdirector jurídico del Inapam. Rivera fue director de Política Laboral en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como colaborador de Hugo Eric Flores antes de que éste fuera inhabilitado en 2008 por presuntos actos de corrupción.

AVSR edita el periódico Transformaciones México, de distribución nacional gratuita, dirigido por Emilio Orozco y su esposa, Gabrielle Gómez; en las portadas del tabloide suelen aparecer imágenes de De la Garza y sus actividades legislativas.

En su sitio web las librerías Visión se presentan así: “Nuestra visión es ser la empresa líder en la comercialización, representación, innovación y desarrollo de productos con valores bíblicos en el mercado”.

Además organizan conciertos masivos en los que presentan a cantantes cristianos, pues la promoción de subgéneros musicales con orientación religiosa es uno de sus principales soportes de promoción.

Aunque tiene asentado un capital social de 50 mil pesos, en cada uno de los inmuebles que ocupan sus siete sucursales paga una cantidad semejante sólo por concepto de alquiler.

Proceso localizó cinco sucursales de Visión en el Estado de México: Tecámac, Cuautitlán Izcalli, Coacalco, Ecatepec y Tepetlalco. En el Distrito Federal, además de la casa matriz hay una en el Centro Histórico, en Bolívar 14, una casona colonial al lado de la antigua librería Maranatha, con la que compite por el mercado evangélico con precios notoriamente bajos.

Centurión, Fuerzas Armadas
y grupos vulnerables

AVSR provee materiales y servicios –talleres, encuentros, seminarios, conciertos– para las asociaciones registradas por el matrimonio Orozco-De la Garza; de ellas en el Distrito Federal se localizan, además de la Casa Sobre la Roca, otras siete vinculadas a ésta: Capacitación Sobre la Roca; Sembrando, Sociedad Civil; Instituto Centurión; Generación con Valores; Operación Bendición México; Coordinadora de Servicios de Apoyo a la Familia y Fundación Camino a Casa. Cada una tiene un papel en la expansión de CSR.

También está Misión Carácter, que da cursos de autoestima, liderazgo y Biblia, con un programa que vende a instituciones públicas. Aunque como razón social no está inscrita en el RPP, sus objetivos coinciden con los de Sembrando, Sociedad Civil, que sí está registrada y cuyo capital es de 7 millones 900 mil pesos, según acta constitutiva asentada con el folio 44328.

Misión Carácter la dirige Patricia Anaya Calderón, quien al final del sexenio de Vicente Fox elaboró un Estudio sobre la familia para el DIF; cuando Alejandro Orozco fue director de Atención a Grupos Vulnerables en esa dependencia designó asesora a Anaya.

En su sitio de internet Misión Carácter presumía a sus clientes: Procuraduría General de la República, Secretaría de Seguridad Pública Federal, Sistema Penitenciario Federal, así como diferentes gobiernos estatales. La lista fue borrada luego de que este semanario, en su número 1799, publicó un reportaje sobre la secta.

En aquella ocasión Proceso reveló que en las reuniones de CSR había dos grupos: Centurión y Fuerzas Armadas. El primero, de servidores públicos, y el otro, de quienes trabajan en instancias de seguridad.

Otra asociación fundada por los Orozco-De la Garza es el Instituto Centurión México, creado en 2009 y que está inscrito en el RPP como asociación civil, con el número 87665. Su objetivo es “crear una organización ciudadana que promueva el bienestar y la calidad de vida de los servidores públicos”.

CSR celebra tres reuniones cada domingo en el Centro Banamex de la Ciudad de México. A cada reunión asisten unas mil personas, entre ellas muchos funcionarios y policías con sus familias.

Otra de sus razones sociales es Fundación Camino a Casa, que tiene la misión de “realizar estudios socioeconómicos a personas físicas, menores de edad, de escasos recursos, que sufran violencia intrafamiliar, abuso sexual, lesiones físicas, maltrato psicológico, violación, explotación laboral y otras que vayan en contra de los derechos de dichas personas”.

Esa organización es beneficiaria de dos propiedades aseguradas a Vicente Carrillo Leyva El Ingeniero, otorgadas por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, donde hay al menos otras 10 solicitudes de los Orozco para agenciarse más propiedades, confiaron funcionarios federales que pidieron mantener el anonimato.

Camino a Casa tiene el mismo domicilio que CSR en Insurgentes Sur. Una de sus dirigentes, María Emilia Montejano Milton, fue férrea opositora a la despenalización del aborto al ser ponente en la tercera audiencia sobre el caso ante la Suprema Corte de Justicia en 2008.

Desde 2010, Camino a Casa recibe recursos del Gobierno del Distrito Federal luego de firmar un convenio con la procuraduría capitalina. Es también una de las tres organizaciones civiles que forman parte del consejo consultivo en materia de trata de personas creado por la Presidencia, con poder de decisión sobre el presupuesto del programa Proequidad, que financia proyectos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). Asimismo, recibe dinero de la Secretaría de Gobernación, dependencia que desde 2008 la incluye en las misceláneas fiscales, aunque sin precisar montos.

La expansión a través de sus asociaciones fachada ha llegado hasta centros de enseñanza católica, como la Universidad Iberoamericana, donde opera ya un numeroso grupo llamado Jóvenes en la Roca, que no está en el RPP. Sin embargo, en ese registro está Generación con Valores con el folio 84613. Esa organización promueve valores “éticos, morales y espirituales” y tiene entre sus objetivos adquirir derechos de autor.

Otra asociación de los Orozco es Capacitación Sobre la Roca que, según diferentes documentos oficiales localizados por este semanario, se ha beneficiado del presupuesto del Inmujeres en el rubro de “transversalidad”.

La expansión

Otra asociación registrada por el matrimonio es Operación Bendición México (OBM) cuyo objeto –explícito en su acta constitutiva– es fomentar la investigación científica sobre problemas sociales. En realidad es una agrupación altruista a cuyos actos ha asistido Margarita Zavala, como ocurrió el 24 de julio de 2008.

Además OBM destaca por su relación con gobiernos municipales panistas, como el de Boca del Río, donde ha hecho donativos en especie.

Una organización más es Coordinadora de Servicios de Apoyo a la Familia, que agrupa a más de 150 Iglesias cristiano-evangélicas con presencia en todo el país, según un documento interno de su “reunión unida” del que Proceso tiene copia.

“Actualmente somos la alianza de pastores más grande de habla hispana a nivel mundial, con más de mil 800 asociaciones en nuestra membresía, dándonos una voz y plataforma para 75% del pueblo cristiano en México”, presume el documento antes de establecer que fue creada en 2006.

Aunque su forma legal es la de asociación civil, en los documentos que se relacionan con CSR siempre se presenta a Alejandro Orozco como pastor y a Ofir González como integrante del G-12.

Los G-12 son una forma de organización creada por Misión Carismática Internacional, movimiento surgido en Colombia bajo el liderazgo del pastor César Castellanos, quien mantiene una estrecha relación e intercambio con los Orozco-De la Garza, que si bien adoptaron ese modelo de células base –que emula a los 12 apóstoles– también aportaron a su conexión colombiana el formato de Misión Carácter, que ahora es internacional.

En la conferencia cupular de G-12 en 2005, en Singapur –donde además había representantes de Sudáfrica, Argentina, Puerto Rico, Australia, Inglaterra, Grecia, Italia y Perú–, los Orozco ya formaban parte del núcleo de mando, junto a Castellanos, con liderazgo en más de 40 países.

En cada país el objetivo es el mismo: incidir en las políticas públicas con una supuesta visión cristiano-evangélica, lo que ya han logrado en México, con Felipe Calderón, y en Colombia, durante la presidencia de Álvaro Uribe.

En México, Rosa María de la Garza, esposa del pastor Alejandro Orozco, es diputada. En Colombia, la esposa del pastor César Castellanos lo fue entre 2006 y 2010.

domingo, mayo 08, 2011

"Verdaderamente Durazo", documental que retrata la corrupción en México


MÉXICO, D.F., 6 de mayo (apro).- Mauricio Katz se propuso en el documental Verdaderamente Durazo presentarle a las nuevas generaciones la vida del exjefe de la policía capitalina de los años ochenta, Arturo Durazo Moreno, conocido como El Negro Durazo, y las circunstancias que permitieron la descomunal escalada de la corrupción en el país de esa época, en la cual alcanzó gran notoriedad cuando se revelaron algunas de sus millonarias propiedades.
Según el realizador, el resultado analítico con este filme (que se proyectará en Once TV el 8 de mayo a las 23:30 horas) es que “es una mirada al pasado que concede una explicación posible a la situación política actual de un país ingobernable”.
Katz (Distrito Federal, 1976) cuenta que Verdaderamente Durazo lo ideó hace más tres años cuando vio la película Lo negro del Negro/Poder que corrompe (1984), de Benjamín Escamilla y Ángel Rodríguez, y se acordaba de cuando era niño de haber escuchado sobre ese personaje:
“Era esta figura mítica de la cual ya nadie hablaba mucho, entonces, me puse a investigar porque pensé que sería bueno hacer algo de ficción con el tema, pero después se convirtió en documental debido a la riqueza del material gráfico que había de Durazo para ilustrar toda la historia. Había comics, películas donde se le entrevista, caricatura política, en fin, y me fui adentrando más sobre este personaje leyendo en la hemeroteca. De lo que empezó como un proyecto de morbo del personaje, se convirtió en algo que pensé que era bastante pertinente explorarlo.”
Considera que la película tiene un tono juguetón, absurdo y burlón, pero las imágenes, los datos y la historia que se cuenta “son muy fuertes”, no obstante quiso que el tratamiento fuera “divertido y dinámico”.
--¿Por qué creó un tono absurdo?
--Porqué me parece muy absurdo el personaje y el contexto en el que éste floreció, pero también para hacerlo más accesible a la gente que no conoció a Durazo, y no debía ser un documental más. Creo que la ficción podría banalizar un poco al personaje. El impacto más fuerte de este filme es escuchar a Durazo hablar en las películas que encontré donde aparece él.
Durazo Moreno nació en Cumpas, Sonora, en 1924, y falleció en Acapulco, Guerrero, en 2000. Se desempeñó como titular del Departamento de Policía y Tránsito de la Ciudad de México durante el gobierno del presidente José López Portillo. En la cinta se recuerda que se le atribuyeron un gran número de asesinatos, de los cuales nunca rindió cuentas a ninguna autoridad política ni moral. Además, se muestra que la impunidad fue uno de los rasgos más notables en su vida y cómo era adicto a la cocaína y centros nocturnos.
Katz opina que existe “un pesimismo muy fuerte en el documental; y el tema de Durazo es un poco ilustrar qué tan podrida es la herencia y el sistema policial de esta nación”.
--¿Le surgieron muchos puntos de vista?
--Sí, son varias mis reflexiones personales. Hablé con mucha gente que vivió en esa época, que tiene la opinión de que ahora lo que necesitamos es un Durazo por la mano dura, por tener control del crimen. Ahí existe una contradicción que no acabé de entender bien, yo tenía la impresión de que el Distrito Federal era muy seguro con Durazo, precisamente por su control del crimen, y Lorenzo Meyer dice en la cinta lo contrario, que era una metrópoli muy insegura. El abogado Juan Velázquez señala que con la guerrilla 23 de Septiembre que vivía prácticamente en la insurrección. Pero ahora el crimen tiene control sobre la policía y antes no. Otros platican que era la capital muy segura, pero con Durazo empezaron los secuestros.
“Hay otra reflexión sobre el PRI, que ahora es muy pertinente. Muchas personas quieren que regrese ese partido. No lo vi como una denuncia, pero lo que aprendí es que en el sexenio de López Portillo, este país tomó un rumbo muy malo y nunca nos hemos como recuperado, y eso es, en parte, por el final de la dictadura del PRI. Por eso Durazo no entiende por qué al final lo están atacando. Entra el PAN y se acaba de quebrar lo que se empezó a caer con López Portillo, por querer tener el control absoluto. No podemos divorciarnos de la historia, no podemos no voltear a ver todo lo que pasó.”
--¿Muestra la riqueza extrema que existe en el país?
--Sí, la pauta de que esa riqueza extrema sea permisible y los monopolios existan, es una herencia desde López Portillo. Para acabar con la pobreza extrema se debe eliminar la riqueza extrema. La riqueza está concentrada en muy poca gente. En la cinta se ve cómo vivía Durazo y no fue el único político o empresario que hizo eso. El documental es una reflexión, todo mundo sabía que era corrupto, que tenía sus mansiones, pero así era el régimen, no había democracia de ninguna forma.
--¿Fue difícil darle al documental ese matiz juguetón?
--No fue nada complicado porque vino del mismo Durazo cuando aparece en cintas, es tan ridículo. Si causa indignación pero al mismo tiempo mucha risa.
--¿Ahora qué opina de Durazo?
--Esto suena horrible, pero estuve trabajando este proyecto tanto tiempo que de cierta manera me encariñé con él, no es por justificarlo de ninguna forma. Yo creo que Durazo se la creía al decir que la policía mexicana era la mejor del mundo, que era una ciudad segura y que quería una policía preparada y creó la escuela. Y premiaba con una casa a los que estudiaban una carrera aparte. Era también un ser humano, pero lo volvió loco el poder.
Verdaderamente Durazo se ha proyectado varias veces en Once TV y Katz resalta que ha sido más visto por la gente, ha sido el rating alto, que si se hubiera estrenado en cines comerciales.

Avance de Verdaderamente Durazo


http://www.youtube.com/watch?v=bUusopDfh_8

lunes, marzo 21, 2011

Ciudad Juárez, el crimen y el mito

Con apoyo de todos los sectores de Ciudad Juárez, un oficial del Ejército, el teniente coronel Julián Leyzaola, ya se hace cargo de la policía local, como lo hizo en Tijuana, casi hermana en violencia. A muy pocos parece importarles la historia negra que arrastra... Las opiniones de víctimas del militar y de activistas de derechos humanos coinciden para darle forma a un símil que describe con puntualidad lo que le espera a Juárez con la llegada de Leyzaola: el incendio se intentará apagar con gasolina.

Un mito conduce a otro mito…

La falsa idea de que la criminalidad en Tijuana se logró abatir ha llevado a la creencia de que el presunto artífice de esa paz hará posible la tranquilidad en Ciudad Juárez, la urbe más violenta del mundo…

En diciembre último, el exalcalde de Tijuana Jorge Ramos Hernández invitó a algunos empresarios juarenses a visitar la ciudad bajacaliforniana para que constataran cómo se superó ahí –supuestamente– la violencia generada por el crimen organizado. Un mes después el exfuncionario panista viajó a Ciudad Juárez a dar una serie de pláticas con sus propuestas para disminuir los índices de inseguridad. Pero no fue solo. Lo acompañaba el teniente coronel Julián Leyzaola Pérez.

El resultado es que desde el jueves 10 de marzo este militar sinaloense, considerado de mano dura, es titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez, contratado por el alcalde Héctor Murguía Lardizábal. El salario del flamante secretario es un secreto. “No se dará a conocer”, advirtió Murguía.

Carlos Chavira Rodríguez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CEE) en Ciudad Juárez, dice a Proceso que Leyzaola, exjefe de la policía de Tijuana, llega a la ciudad chihuahuense con la aprobación de los tres niveles de gobierno.

El militar asumió el cargo en medio de una polémica por sus antecedentes represivos en Tijuana –por los que incluso enfrenta un juicio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)– y antes de que se filtrara un documento diplomático de Estados Unidos que menciona vínculos de ese personaje con el crimen organizado de Baja California.

Y hasta la fecha Leyzaola Pérez no ha dado a conocer ningún plan de trabajo, por lo que el viernes 18 el pleno del cabildo juarense lo conminó a presentar cuanto antes su estrategia para abatir la criminalidad.

Represión y acuerdos poco claros

Al respecto Gustavo de la Rosa, visitador de la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad Juárez, dice a Proceso: “Si violentó o no los derechos humanos en Tijuana es una polémica a la que nosotros, después de 7 mil 500 muertos, no queremos entrar. Aquí ya probamos la mano dura del Ejército y la blanda del exalcalde José Reyes Ferriz... y no funcionan.

“Lo que queremos es que se cambie el modelo de policía represor por el de proximidad con la ciudadanía, porque el primero es el que ha permitido que el narcotráfico penetre la estructura policial”.

Con el nombramiento de Leyzaola el temor es que se detenga a personas o se cateen domicilios sin órdenes judiciales. “Ya sufrimos mucho con la delincuencia, con los asesinos, con los extorsionadores y secuestradores para que todavía vayamos a sufrir violación a nuestras garantías; damos por hecho que va a tener que respetarlas, no le queda de otra”, advierte.

Añade: “Cuando Héctor Murguía asumió la alcaldía dijo que iba a nombrar al secretario de Seguridad Pública luego de una consulta con la ciudadanía. Con el argumento de que sólo tiene 30 patrullas en cada turno para cubrir la ciudad cuando necesita 200 y no tiene dinero para adquirirlas, establece una estrategia de no presencia policiaca y deja la responsabilidad a la Policía Federal.

“Pero esa indolencia intencionada del alcalde hace crisis, porque la Policía Federal no tiene posibilidad de controlar todos los niveles de violencia de Ciudad Juárez, y en lugar de bajar la violencia, ésta se mantiene con más de 250 muertos en lo que va del año y con una gran cantidad de secuestros y extorsiones.

“Cuando la situación hace crisis, amigos de él que forman parte de la Coparmex, de las cámaras de comercio, de las cámaras patronales, le proponen a Leyzaola. Sólo que aquí las cámaras son como sindicatos charros, un grupo corporativo del estado que le sirve de eco al gobierno.

“Finalmente no se sabe si la idea fue de algún representante empresarial o de Murguía; lo cierto es que llegaron a un acuerdo de encargarle la seguridad a ese grupo de asesores encabezado por Jorge Ramos y que estuvieron en la policía municipal en Tijuana.

“Murguía tiene una estrategia: si Leyzaola resulta bueno, se va a colgar la medalla; si es malo, responsabilizará a las cámaras, porque así lo hizo con Saulo Reyes cuando lo detuvieron en Estados Unidos por sus nexos con el cártel de Juárez”, considera De la Rosa.

Por lo pronto, tres días después de asumir el cargo en Ciudad Juárez, Leyzaola recibió la primera amenaza del crimen organizado, dejada en una cartulina sobre el cuerpo de un hombre torturado y moribundo.

Por otra parte, en un cable del 14 de julio de 2009 (09TIJUANA732) clasificado como “confidencial”, difundido por WikiLeaks y publicado el miércoles 16 por el diario La Jornada, el consulado estadunidense en Tijuana dice: “Es fácil caer en la tentación de ver a Julián Leyzaola como el bueno de la película, el que combate el poder corruptor del narcotráfico. En efecto, parece tener toda la intención de modernizar a la policía de Tijuana y nadie ha insinuado que él sea corrupto. Desafortunadamente la historia es más turbia”.

De acuerdo con los contactos del consulado de Estados Unidos, informa el rotativo mexicano, “Leyzaola persiguió con tanto entusiasmo al narcotraficante Teodoro García Simental, El Teo, sólo porque llegó a un arreglo con los rivales del capo dentro del cártel de los Arellano Félix, quienes podían hacer ‘sus negocios de manera más discreta’”.

Currículum tenebroso

A finales de 2009, en Tijuana había 62 ejecuciones del narco cada semana, el mayor número en su historia. Los cuerpos de las víctimas mostraban huellas de enorme brutalidad: eran mutilados, colgaban de puentes vehiculares, se dejaban en basureros y quedaban disueltos en tambos con ácido. Eran producto de la guerra entre dos cárteles, uno dirigido por Fernando Sánchez Arellano El Ingeniero y otro por Teodoro García Simental El Teo.

Para someter a estos dos grupos, Julián Leyzaola aplicó una estrategia en dos vías. La primera fue contra los grupos de narcotraficantes; la segunda, contra los delitos comunes, como los asaltos o el robo de autos y viviendas.

Leyzaola inauguró en Tijuana las operaciones de una policía con mando único, cuya cabeza era el general Alfonso Duarte Mújica, comandante de la II Zona Militar. La coordinación entre ellos “garantizaba” la comunicación con el gobierno federal, según Francisco Blake Mora, entonces secretario estatal de Gobierno y hoy secretario federal de Gobernación.

Esa coordinación fomentó la figura del arraigo con propósitos de tortura. Para lograrlo, Leyzaola colocó en las jefaturas a militares e inició un plan para sectorizar cuadro por cuadro la ciudad, declaró al periódico El Universal Raúl Ramírez Bermea, exprocurador de Derechos Humanos de Baja California y actual presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste.

Nada detuvo al teniente coronel: cuando se hizo cargo de la policía de Tijuana cesó de inmediato a 400 agentes y 25 de ellos fueron arraigados en instalaciones del XXVIII Regimiento de Caballería; ahí durante varios días fueron torturados por militares y por subordinados de Leyzaola (Proceso 1737). Finalmente los 25 fueron exonerados.

Blanca Mesina Nevárez –hija de Miguel Ángel Mesina, exjefe de zona de la policía de Tijuana, uno de los torturados– y la abogada y activista Silvia Vázquez debieron exiliarse en Estados Unidos luego de recibir amenazas de muerte. Era 2009, cuando Blake Mora se desempeñaba como secretario de Gobierno de Baja California.

En mayo de ese año, un hombre vestido de negro y con pasamontañas bajó de una camioneta e interceptó a Mesina. “Es la última vez que te aviso que dejen de denunciar aquí en Tijuana; hay muchos contactos y creo que no quieres perder a algún familiar. Si no te mato en este momento es para no provocar un escándalo por las elecciones y porque tu caso ya está a nivel internacional”, le dijo antes de besarla en la mejilla e irse.

Las acciones de Leyzaola tuvieron repercusiones graves. Durante 2009, 47 de sus agentes fueron ejecutados. Según un documento de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California, elaborado en agosto pasado, la respuesta de Leyzaola fue ordenar una cacería: sus policías operaron al margen de la ley, vestidos de civil y en vehículos sin matrícula; irrumpieron sin órdenes judiciales en domicilios de sospechosos y a los detenidos los entregaban a militares para que los torturaran y los hicieran declararse culpables.

Ciudades semejantes

Chavira Rodríguez habla de las circunstancias que rodearon la contratación de Leyzaola: “Partimos de los antecedentes de que es una persona que tuvo un eficaz desempeño en Tijuana, la única ciudad en todo México más parecida a Juárez. Estas cartas jugaron a su favor. Ahora el reto es trabajar juntos para apoyar sus decisiones, para que tengan sentido”.

–¿Qué los convenció del trabajo de Leyzaola en Tijuana?

–En diferentes momentos varios grupos fuimos a Tijuana: representantes de organismos empresariales, de la industria maquiladora, clubes rotarios, gente vinculada con el sector comercio y de servicios y autoridades. En los diversos viajes conocí las circunstancias en que se vive en Tijuana.

“Recorrí la ciudad y vi a una señora correr sola en un parque a las 11 de la noche, y 15 minutos después estuve en una cancha de futbol rápido en donde había 300 o 400 jóvenes en espacios bien iluminados, donde se hace deporte toda la noche. Vi una gran confianza y tranquilidad. Fuimos a algunos restaurantes y estaban llenos. Indicadores que muestran que existe un nivel de estabilidad que por el momento nuestra ciudad no tiene. Esto no lo he visto, por lo menos en Juárez, desde hace mucho tiempo.”

–¿En Tijuana bajaron el secuestro, la extorsión…?

–Aún debe tener problemas de diferente índole, pero no al nivel de los que tenía o de los que padecemos en Juárez. Se redujo el nivel de violencia y eso le dio a la gente de Tijuana mayor confianza y mejoró su percepción de la ciudad. Nosotros aspiramos a que Ciudad Juárez recupere un nivel de seguridad similar al de Tijuana.

Según Chavira, de estas visitas surgió la idea de invitar a Leyzaola a Ciudad Juárez, para que impartiera al sector empresarial pláticas sobre su experiencia en Tijuana:

“Fue un proceso gradual que empezó con la depuración de la policía, siguió un entrenamiento y capacitación adecuados, equipamiento y vinculación con la comunidad. Este último punto es un trabajo que nos toca en buena medida a nosotros, al reconocer socialmente al policía como un servidor público.”

También aplicarán esquemas que fueron “valiosos” en Tijuana: los policías recibirán descuentos en centros comerciales y almacenes de ropa, becas escolares, programas de vivienda digna para sus familias, reconocimientos por desempeño, estímulos para que cuiden su equipo y patrullas. Con ello se busca que el policía logre vincularse con la comunidad.

“Creemos que estas acciones mejorarán la autoestima de los policías y apreciarán su labor, al grado de que comprendan que es más costoso perder su trabajo que aliarse con un grupo delictivo”, afirma.

–¿Cuánto tiempo le llevó a Leyzaola este proceso en Tijuana?

–Lo relevante es que esto ocurrió a lo largo de una administración municipal. Se logró una real vinculación con las corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno. Aunque no todo fue orientado a la seguridad pública, hubo un componente muy importante en materia de recuperación de la inversión, de promoción de la imagen, rescate de espacios públicos; se impulsaron mejores esquemas de administración de la justicia con los ministerios públicos, así como con los jueces locales y federales.

Las supuestas aptitudes del teniente coronel llevaron a los empresarios a proponer a los tres niveles de gobierno que fuera él quien coordinara el Operativo Conjunto Chihuahua: “Sería conveniente. No hablamos de un mando único pero sí de que en esa coordinación indispensable que se tiene que dar, se impulse a las otras corporaciones hacia él (Leyzaola), porque es un militar que se entiende bien con el Ejército. Esto le da un grado de legitimidad ante los mismos policías de la ciudad”, afirma Chavira.

–¿Qué hizo para combatir a los grupos de la delincuencia organizada?

–La policía municipal no combatía a los cárteles. Sus tareas son preventivas, como reducir los delitos del fuero común y emprender acciones para eliminar la impunidad. La delincuencia empieza por un delito menor y luego va escalando. El primer paso es contener el delito menor que ha ido creciendo hasta volverse una situación de gran escala, porque sin castigo, el mensaje que transmitimos al pequeño delincuente es que si comete un delito mayor no pasa nada. Eso tiene que acabar.

Para los empresarios, otro punto a favor de Leyzaola es que, antes de concluir su gestión al frente de la policía de Tijuana, representantes del gobierno de Estados Unidos le entregaron un reconocimiento por su labor: “Para nosotros es excepcional, no ubicamos otro caso en que haya ocurrido y lo coloca como una persona seria, honesta, capaz, con carácter…”.

–Pero Leyzaola tiene antecedentes de violar los derechos humanos de 25 policías y tiene un juicio pendiente ante la CIDH. ¿Tomaron esto en cuenta?

–Desde luego. Es algo que nos preocupa. Pero pensamos que con la debida coordinación de los organismos sociales y empresariales podemos llevar esto a buen término. Es importante que se cuiden los derechos de las víctimas. Es un tema en el que estaremos al pendiente y en coordinación con los organismos de derechos humanos.

–¿Estos antecedentes causarán malestar entre los policías de Juárez?

–Desconozco con detalle este tipo de situaciones que menciona. Estaremos atentos a una adecuada coordinación con el nuevo jefe policiaco, con sus oficiales y con las demás corporaciones de seguridad en esta ciudad para evitar que se violen los derechos.

Mientras tanto el CCE se prepara para aplicar la estrategia Juárez Competitiva, que tiene como fin limpiar la imagen de la ciudad más violenta del mundo:

“Juárez es México y los delitos que se han cometido aquí se han extendido al resto del país y se conocen en el mundo. Hoy queremos transmitir lo bueno. Para ello en octubre se efectuará un megaconcierto por la paz, a la mitad del Puente Internacional de Las Américas. Entre los asistentes están el Premio Nobel de química Mario Molina, Nelson Mandela, Plácido Domingo, Juanes, Miguel Bosé y por supuesto Juan Gabriel”, informa Chavira.

domingo, marzo 13, 2011

La patología social

Juárez. Escenas cotidianas.

José Gil Olmos

MÉXICO, D.F., 9 de marzo (apro).- Desde hace casi un siglo, cuando se dio la llamada Guerra Cristera (1926-1929), México no vivía una etapa de violencia y muerte como la que vivimos hoy, con 35 mil 500 ejecutados (oficialmente), 3 mil 500 desaparecidos, miles de secuestrados y poblaciones enteras en el desamparo.

Esto, necesariamente, ha tenido un efecto en la población, que sufre los estragos de una patología reflejada en una inmovilidad propia de la depresión.

La guerra declarada por Felipe Calderón al crimen organizado ha sido un enorme error desde que inició su administración. Esto porque no ha cumplido ninguna de las metas que prometió, ocasionando la desilusión entre quienes lo apoyaron, más pobreza en el país y una ola de violencia y muertes de inocentes, cuyas familias podrían demandarlo como responsable directo de las fuerzas armadas. Por ello pasará a la historia del país como el presidente del fracaso y la decepción.

Como jefe máximo del Ejército, Marina y Fuerza Aérea, Calderón no sólo es el responsable de las muertes de inocentes ocurridas en esta guerra y a las que eufemísticamente llama “bajas colaterales”, sino también de los efectos que ha ocasionado en la sociedad.

Recientemente, al ser consultados sobre las secuelas que puede causar la espiral de violencia y muertes en la sociedad mexicana, especialistas en tanatología manifestaron su preocupación, porque ya existen síntomas de patología en ciertas regiones del país donde se ha roto el tejido social, principalmente en el norte de México, donde las peleas entre distintos cárteles y los enfrentamientos con policías y soldados son más frecuentes y violentos. Y es también en esa región donde se registra el más alto índice de extorsiones y secuestros.

Los miembros del Instituto y la Academia Mexicana de Tanatología han asistido a miles de familias en sitios donde el narcotráfico y las propias autoridades han generado miles de muertes, como Ciudad Juárez, donde –aseguran– por cada muerto hay 200 afectados.

Algunos de estos tanatólogos han trabajado con estas familias para que perdonen a los responsables y puedan así concluir su duelo. Sin embargo muchas de estas familias no encuentran la forma de cerrar sus pesares, porque no existen las condiciones de justicia entre las instituciones estatales y federales para que investiguen y castiguen a los responsables. Sin justicia no hay perdón, es la demanda.

Esta situación de muerte y violencia en un corto periodo de tiempo –8mil 780 ejecuciones con Vicente Fox y 35 mil 500 con Calderón, esto es 43 mil 780 en diez años– ha generado una serie de reacciones en la sociedad que los tanatólogos y psicólogos sociales describen como una patología social o también como un duelo patológico. Es decir, como las expresiones de una enfermedad social, que van desde la tristeza y la rabia hasta la desilusión, la inmovilidad y la decepción.

Las heridas que causan en la sociedad tanta violencia y muertes tardarán muchos años en sanar, ya que crean traumas sociales que requieren de una atención especializada que en México aún no tenemos.

Pero esta situación también está permitiendo el surgimiento de una cultura permisible al crimen organizado, una sociedad narca en la que los valores que se exaltan son la violencia, corrupción, complicidad, el éxito basado en la ilegalidad y la creación de los antihéroes.

Desde que el narcotráfico comenzó a mostrarse con todo su poderío, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, van por lo menos dos generaciones de jóvenes que se ha formado en un ambiente de crisis institucional, corrupción, desempleo, falta de oportunidades educativas y una desilusión en la representatividad popular de partidos y gobierno.

El creciente poderío del crimen organizado ha sido el referente de éxito para estos millones de jóvenes sin ninguna oportunidad de empleo o de educación. Es por ello que se observa con mayor claridad que los sicarios y narcotraficantes son niños y jóvenes atraídos por la fama y el dinero efímero que produce el negocio ilegal de las drogas, la extorsión y el secuestro.

“Es preferible vivir bien pocos años que viejo y pobre”, es la idea que permea entre los jóvenes mexicanos que deciden entrar como pequeñas piezas de la enorme maquinaria del crimen organizado.

Antropólogos, sociólogos, comunicadores, psicólogos y especialistas en medicina forense aún no saben cómo clasificar los niveles de violencia que se viven hoy en México, con casos como el del pozolero, capaz de desparecer en ácido a 300 personas, o de los sicarios que ejecutan a decenas como si fuera algo natural, o también aquellos que mutilan a sus enemigos, decapitándolos o quitándoles la piel de la cara para exponerlas como un trofeo de terror y miedo.

Lo único claro que tienen los especialistas es que en algunas comunidades, en ciudades completas, se ha destruido el tejido social, y repararlo llevará mucho tiempo.

Hasta el momento no se ve la luz o una salida al grave problema del crimen organizado, porque se trata de un conflicto de alcances internacionales y con profundos intereses de grupos poderosos en países como Estados Unidos, como la industria del armamento.

Mientras tanto, en México seguiremos sufriendo esta patología social creada por una guerra absurda en la que nadie sale ganando y todos perdemos.

sábado, febrero 19, 2011

STPS da carpetazo a expediente Pasta de Conchos

La mina de Pasta de Conchos, en Coahuila.

La redacción

MÉXICO, D.F., 18 de febrero (apro).- Cinco años después del accidente en la mina Pasta de Conchos, que cobró la vida de 65 mineros, “prevalecen las condiciones de peligrosidad” en el filón propiedad de Grupo Minero México, “y no hay evidencia fundamental de que se hayan revertido”, informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Por medio de un extenso comunicado, a un día de que se cumplan cinco años del siniestro –este 19 de febrero--, la Secretaría reiteró que “se hizo lo técnica y humanamente posible por rescatar los cuerpos de las víctimas”.
La Secretaría del Trabajo, que encabeza, Javier Lozano Alarcón, señaló, incluso, que debido a la imposibilidad de ingresar a la mina no han concluido las investigaciones para deslindar responsabilidades de carácter penal a los propietarios del filón, encabezados por el empresario Germán Larrea.
El 19 de febrero de 2006, a las 2:30 horas, una explosión en la mina Pasta de Conchos, ubicada en el poblado de San Juan Sabinas, en la región de Nueva Rosita, Coahuila, dejó sepultados a 65 mineros, de los cuales sólo dos cadáveres fueron rescatados.
Sobre la negativa a que personal independiente de rescate ingrese a la mina para recuperar los cuerpos de los mineros sepultados bajo los escombros, como lo ha propuesto la organización “Familia Pasta de Conchos”, la STPS señaló que no puede, “de manera irresponsable y populista”, arriesgar vidas al permitir este tipo de trabajos “sin que existan las condiciones de seguridad indispensables”.
“Es penoso –agregó-- que existan personas y grupos que aprovechen este tipo de acontecimientos y se sirvan del dolor e impotencia de los afectados para obtener beneficios personales, sin importarles generar expectativas que a la postre sean de difícil o imposible satisfacción.”
La dependencia federal recordó que “derivado del lamentable accidente” solicitó el apoyo del Foro Consultivo Científico y Tecnológico para que realizara un estudio que permitiera determinar la viabilidad de recuperar los cuerpos de los 65 mineros atrapados.
El 5 de octubre de 2007, dicha instancia terminó que el ingreso de personas a la mina “compromete significativamente su seguridad e higiene, así como su integridad física, y es contundentemente desaconsejable”.
Destacó que entonces, como ahora, “el riesgo, en las condiciones prevalecientes, es, al menos, cinco veces mayor que en condiciones normales en la minería de carbón, pero, además, por el conocimiento presente que se tiene del grado de deterioro en la zona afectada por el accidente, pueden constituir un peligro aún mayor que el previsto”.
Asimismo, reiteró, “con toda responsabilidad y respeto”, su solidaridad con los deudos de los trabajadores fallecidos, y reafirmó su compromiso por acompañarlos en todos los procesos legales que deben enfrentar hasta ver sus pretensiones satisfechas dentro del marco de la ley.

sábado, enero 29, 2011

Libertad de expresión y acoso judicial

MÉXICO, D.F., 27 de enero.- Estoy convencido de que la libertad de expresión no es un derecho absoluto. Es evidente que tiene límites claros previstos en la Constitución, en las convenciones y tratados internacionales y en las leyes. Eso, por supuesto, no significa que la protección del derecho al honor, a la vida privada y a la propia imagen como derechos de la personalidad que en distintas ocasiones entran en colisión con el derecho de expresión se haga no sólo al margen de la ley, sino de una manera notoriamente burda que es de sorprender y preocupar. Veamos el caso más reciente en esta materia.

Primero. De tiempo atrás la revista Contralínea ha enfrentado diversos procesos judiciales emprendidos por una empresa contratista de Pemex como resultado de diversas investigaciones y opiniones periodísticas. Es legítimo y legal que los afectados por estas investigaciones acudan a las autoridades judiciales competentes para buscar resarcir los derechos de la personalidad que consideran han sido lesionados, de suerte que el juzgador pondere el caso concreto a la luz de la ley. Lo que no protege el derecho es que la autoridad judicial incumpla con los principios de legalidad previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales y administre justicia con fundamento en leyes inaplicables. Esto se advierte, de entrada, de la resolución de la juez 54 de lo civil del Distrito Federal, Yassmín Alonso Tolamatl, al condenar a los periodistas Nancy Flores, Ana Lilia Pérez, David Manrique y Miguel Badillo el pasado 3 de enero.

Segundo. Los errores en que incurre la sentencia de la juez 54 de lo civil son de antología. Primero, en uso indebido de atribuciones, la juez legisla y no se limita a administrar justicia. En efecto, a partir del 20 de mayo del 2006 entró en vigor la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal. El artículo 1 establece de manera clara qué regula y qué no: “Tiene por finalidad regular el daño al patrimonio moral derivado del abuso del derecho a la información y de la libertad de expresión. Tratándose de daño al patrimonio moral diverso al párrafo que antecede, se seguirá rigiendo por lo dispuesto en el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal”. En el artículo tercero transitorio de la ley referida se derogaron el último párrafo del artículo 1916 y el 1916 bis del Código Civil relacionados con lo que antiguamente se denominaba daño moral. Contrario a lo establecido por la ley, la juez 54 decidió conducir el proceso con fundamento en el daño moral previsto en el Código Civil derogado en 2006.

Tercero. La juez 54 no sólo decide sin atribuciones qué ley aplicar, sino que contribuye a la doctrina del derecho a la información con una peculiar aportación de lo que es “interés público”. En la sentencia prevista en el expediente 492/2009 su contribución no tiene desperdicio: “…las licitaciones efectuadas por Pemex no pueden ser consideradas como de interés público, puesto que, en primer término, la petroquímica es una rama de la industria que en nuestro país no ha sido desarrollada a gran escala, siendo ésta una rama específica que cuenta con una terminología especial y conocimientos técnicos que el público en general e inclusive la suscrita desconoce (…) no podría válidamente considerarse como de interés público dado que se caería en el absurdo de que se tendría que cuestionar y por ende facultar a los periodistas para emitir opiniones subjetivas en relación a cualquier adquisición, licitación o actuar de cualquier ente de Gobierno”. (Cursivas mías.)

¿Se imagina a la juez 54 de lo civil de magistrada o de ministra de la SCJN alegando la impertinencia de las “opiniones subjetivas” cuando es de explorado derecho que la opinión es por definición subjetiva? ¿No es un llamado a la impunidad, la opacidad, la ausencia de rendición de cuentas y la fiscalización condenar a un periodista por hacer periodismo de investigación en temas “con una terminología especial”? ¿Entonces habría que despedir a los periodistas especializados, como los de finanzas y los dedicados al Poder Judicial?

Cuarto. La juez 54 de lo civil establece el primer precedente en el siglo XXI en condenar a un cartonista. Peor todavía. No hay una conexión lógica mínima racional entre la parte considerativa y la parte resolutiva de la sentencia. Sin más argumentos, simple y sencillamente resolvió decretar que: “David Manrique ejercitó en forma abusiva, indebida e ilegal su derecho de expresión e información como caricaturista de la revista Fortuna, negocios y finanzas de marzo de 2007, número 50, al plasmar o dibujar una caricatura que involucra a la sociedad Subtec, S.A. de C.V., coactora en el presente juicio”.

Los juzgadores debieran, primero, conocer los alcances y límites de sus atribuciones; segundo, hacer un esfuerzo por prepararse en las materias que son objeto de un juicio a su cargo para generar productos normativos de una calidad mínima, y, por supuesto, tomar cursos básicos de ponderación, argumentación y redacción jurídica.

Por lo demás, sigue pendiente el caso Sosa Castelán versus Alfredo Rivera Flores, Miguel Ángel Granados y otros, el cual ha sido atraído por la SCJN. Ha sido enviado un sólido amicus curiae para contribuir a aportar elementos de juicio sobre el tema.

evillanueva99@yahoo.com

lunes, noviembre 08, 2010

México, primer sitio en anuncios para niños sobre comida chatarra

*Somos el país que tolera la mayor promoción de chatarra: EPC
Bombardea tv a niños con 12 mil comerciales de golosinas al año
*El gobierno viola derechos infantiles al no regular los anuncios, acusan

Transmite la televisión 12 mil comerciales al año: El Poder del Consumidor
Las empresas Kellog’s, Nestlé y Bimbo, las principales promotoras

Los canales de televisión en México transmiten cada hora 11.25 comerciales de comida chatarra durante su programación infantil, lo que implica que un niño está expuesto a 12 mil anuncios de cereales, dulces, botanas, refrescos y pastelitos por año.

Las cifras colocan al país en el primer lugar entre las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos que mayor cantidad de anuncios de comida chatarra difunde entre la población infantil, incluso por encima de Estados Unidos, cuyo promedio es de 11 anuncios por hora, acusó la organización El Poder del Consumidor (EPC).

Tres empresas suman 58 por ciento del total de los anuncios televisivos dirigidos a niños: Kellog’s y Nestlé, con cereales que contienen 85 por ciento más azúcar y 65 por ciento más sodio que los fabricados para adultos, y enseguida se ubican los pastelitos, dulces y botanas de la empresa Bimbo, detalló Alejandro Calvillo, director de EPC, al presentar el estudio La publicidad de comida chatarra dirigida a la infancia en México, así como un video sobre el tema realizado por Cacto Producciones con apoyo de OxFam.

Según la investigación de EPC, la publicidad de alimentos y bebidas dirigidas a la infancia está considerada por la Organización Mundial de la Salud como una de las causas que contribuyen significativamente al deterioro de los hábitos alimentarios de los menores; señala que la industria ha encontrado en niños y adolescentes una gran oportunidad de mercado.

“Como asegura Michael Brody, jefe del comité de televisión y medios de la Academia Americana de Siquiatría Infantil y Adolescente: ‘Los publicistas se han vuelto expertos en niños, tanto como los pedófilos’ y desde los seis meses un bebé es capaz de reconocer una marca”, aseveró Calvillo.

Infantes, indefensos

Juan Martín Solís, presidente de la Red de los Derechos de la Infancia en México, acusó a las autoridades de violar por omisión la Constitución y la Convención Internacional para los Derechos de los Niños y Niñas, al no tomar medidas sobre la publicidad infantil.

Anunció que presentará quejas al respecto ante instancias internacionales, como la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque es una forma silenciosa de anular la vida de los pequeños y su derecho a una vida plena y sana.

Secuelas alimentarias

Abelardo Ávila Curiel, investigador del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán, indicó que 40 por ciento de la población nacional menor de 18 años ya presenta daños en su metabolismo por el consumo excesivo de harinas, grasas, azúcares y sales que contienen los alimentos industrializados.

Agregó que si se considera sólo a la población de primera infancia, es decir, los menores de cinco años, son 15 de cada cien y 30 por ciento entre de seis y 12 años.

Tal situación, advirtió el especialista, pone en riesgo la viabilidad de la nación, más aún si se considera que el gasto en salud rebasará en dos décadas la capacidad financiera del Estado. Actualmente las autoridades erogan 30 mil millones de pesos para atender enfermedades relacionadas con la obesidad y el sobrepeso, pero se prevé que ascienda a 60 mil millones de pesos para 2020.

El especialista afirmó que las encuestas de nutrición demuestran que la población mexicana no consume de manera libre, porque carece de información adecuada para tomar decisiones saludables. La publicidad, agregó, viola la capacidad de elegir libremente y de manera consciente a los niños, que son la población más vulnerable, porque se les engaña y manipula.

martes, agosto 03, 2010

Terrorismo de estado en Colombia

Mirenlos, los cachorros del imperio, los Capos de la Droga #1, igualitos, tal para cual El Uribe de Colombia y Calderon de Mexico.

¿ Por qué esconden sus crímenes cobardes ?

Y encima destituyen al juez por trasladar el expediente a la Justicia Ordinaria… En este país los pájaros le disparan a las escopetas, el juez ordena la detención de un criminal y el criminal mete en la cárcel a juez.

Vídeo: La Seguridad Democrática y los falsos positivos del narco-terrorista Uribe y su entorno.

Reenvíalo a tus contactos
www.bentayga.org

http://www.youtube.com/watch?v=VuSBNcNsdMU

viernes, junio 04, 2010

Sinaloa: caldo de cultivo para el crimen

Jesús Aguilar Padilla, gobernador de Sinaloa.


MÉXICO, D.F., 4 de junio.- No hay datos duros que prueben la vinculación orgánica de las autoridades de Sinaloa con el crimen organizado, por lo menos hasta ahora. Tampoco existe evidencia de que el gobierno de Calderón tenga un acuerdo con el cártel de Sinaloa, como lo razonó la Radio Pública Nacional de Estados Unidos en días pasados y, antes, el propio Manuel J. Clouthier sólo con la fuerza de su dicho. Sí es posible, empero, afirmar que el diseño institucional de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa es inadecuado, para decir lo menos, en la tarea de enfrentar los delitos de alto impacto que han hecho de Sinaloa un pequeño conjunto de islas de eficacia jurídica en un mar de simulación. Existen, por supuesto, elementos que me permiten sustentar esta afirmación.

Primero. Si bien es verdad que el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de Sinaloa otorga atribuciones al gobernador para designar al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, también lo es que debe existir un mínimo de idoneidad entre el perfil del cargo y la persona designada. No es el caso. La secretaria Josefina de Jesús García Ruiz es una persona con una sólida formación en educación, que incluye sus estudios doctorales. No hay, sin embargo, ningún vínculo entre la especialidad de la doctora Ruiz y su actual encargo. ¿Se imagina alguien llevar un hijo enfermo a un doctor en filosofía y no a un pediatra? Tampoco obra ninguna razón escrita que haya motivado al gobernador Jesús Aguilar Padilla para hacer esa designación. Este conspicuo nombramiento permite presumir que se hizo con el propósito de relajar las resistencias para la toma de decisiones en esa área estratégica que tiene en vilo a la sociedad sinaloense. Esta buena señora, como buena educadora que es, ha señalado que será en 10 años cuando se den resultados en la dependencia que dirige y que, por lo pronto, prepara un programa a ¡18 años! (Paúl Mercado, semanario Ríodoce, 15/02/2010.)

Segundo. Consistente con lo anterior, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa ha renunciado a ejercer atribuciones que, por su propia naturaleza, son irrenunciables, según consta en las respuestas a las solicitudes de información formuladas con los folios 3409, 3509, 3609, 3709, 3809, 3909, 4009, 4109, 4209, 4209, 4409, 4509, 4709, 4809, 4909, 5009, 5109, 5209, 5309, 5409, 5609, 5709 y 6809 y 7109. En efecto, Seguridad Pública señala que es la Secretaría de Administración y Finanzas la encargada de indicar los casos de adjudicación directa de equipos y de efectuar la administración y mantenimiento de las instalaciones; también, la que debe decidir cuándo sí y cuándo no se realizan licitaciones, así como los tiempos de anticipación para anunciarlas. No se cuenta con un sistema que asegure en orden, certeramente y de forma completa la documentación del fluido de fondos. No hay reglas internas escritas que especifiquen las situaciones en que está permitido detonar disparos de advertencia. No se dispone de un sistema escrito que describa en qué circunstancias está permitido hacer uso de las armas ni, en general, para regular el uso de la fuerza. La respuesta a una solicitud de información en torno a si se disponía de un sistema escrito relativo a este último aspecto no admite comentarios: “No, toda vez que en caso de que se requiera el uso de la fuerza pública el personal policiaco utilizará la necesaria de forma racional, como se vaya viendo”.

Tercero. Si lo anterior fuera poco, el sistema policiaco sinaloense no genera incentivos para crear un espíritu de cuerpo razonable. Los sueldos del personal operativo no superan los cuatro salarios mínimos, y el bono de riesgo no llega a los 2 mil pesos mensuales. No tienen seguros especiales, ni apoyos para vivienda o educación para la familia. Única y exclusivamente lo que otorga el ISSSTE. De los 2 mil 603 agentes, el promedio de edad es de 42 años. Mil 578 elementos tienen estudios de secundaria, 681 cuentan con bachillerato y los demás realizaron estudios superiores.

Entre muchos otros datos preocupantes, hay siete que cabe destacar:

1) La Secretaría de Seguridad Pública no ofrece programas de superación académica; 2) no cuenta con normas internas que prohíban el acoso sexual o cualquier otra manera de acoso ilegal que se realice dentro de la institución; 3) no tiene un área de derechos humanos; 4) no dispone de comedores institucionales; 5) carece de programas de nutrición y seguimiento médico; 6) desde 2005 no ha otorgado a nadie permiso para ausentarse del trabajo por causas personales; y 7) no hay manuales de organización y procedimientos. Por supuesto, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa no cuenta con ninguna certificación externa de su desempeño. Se evalúa a sí misma, con las grandes fallas que ello implica.

Es evidente que este contexto genera un caldo de cultivo para la infiltración de las fuerzas del orden, para el desarrollo del crimen organizado y para la pérdida creciente de los espacios públicos. Más lamentable que el hecho de que el gobernador Jesús Aguilar Padilla, por acción u omisión, haya generado este abandono del aparato policiaco en perjuicio de los sinaloenses, es la circunstancia de que los partidos de oposición, que deberían funcionar como contrapesos institucionales, se mantengan en un desafortunado silencio al respecto. l

evillanueva99@yahoo.com

domingo, mayo 23, 2010

Greenpeace team shows what's really happening on the Gulf Coast

Since oil started gushing into the Gulf of Mexico nearly a month ago, BP has been doing everything it can — to protect its profits, image, and reputation. Even as their oil is destroying the Gulf of Mexico’s unique ecosystems and the marine animals and local economies that depend on them, BP has launched a public relations campaign to try and minimize the fallout of this disaster to their bottom line. But no matter its efforts to rebrand itself or downplay the significance of this disaster, BP, can't hide from this.


Posted by: joesmyth

BP is certainly trying though. The company withheld video evidence that revealed that much more oil was pumping into the Gulf than the official estimates – perhaps 10 times as much or even more. And it's executives have been trying to deflect the blame onto someone else at congressional hearings.

They’ve been injecting thousands of gallons of toxic dispersants to keep the oil from reaching the surface, even though no one knows what the effects of this massive experiment will be on fish and other organisms. Independent scientists and Louisiana fisherman understand why — it’s not about cleaning up the oil, it’s about hiding it from public view on the surface, even though spreading it throughout the Gulf could just be exacerbating the damage. Indeed, independent scientists have found that the use of dispersants may be causing the oil to form massive underwater plumes, which could harm sperm whales, bluefin tuna, and other creatures that live in the open ocean.



But don’t bother BP's CEO Tony Hayward with that news, who recently said: “Everything we can see at the moment suggests that the overall environmental impact will be very, very modest."

That's not what we're seeing.

We’re pretty skeptical of claims by the oil industry and the government officials who still seem to be doing more to protect polluters than to hold them accountable for the devastation they are causing. That’s why Greenpeace’s team on the Gulf Coast has been bearing witness to the disaster and conducting an independent assessment of the impacts. On board the Greenpeace boat “Billy Greene,” we’ve sought to bring oil spill experts and media to see what is really happening to the Gulf and the Mississippi Delta, no matter what the latest spin from BP.

This is the cost of our reliance on dirty and dangerous energy.

sábado, mayo 01, 2010

Los "crímenes" del procurador de Jalisco

Edición 285 de Proceso Jalisco. Los "crímenes" del procurador.

Gloria Reza M.

GUADALAJARA, Jal., 30 de abril (Proceso Jalisco).- Agentes investigadores que denunciaron la corrupción en la Procuraduría General de Justicia de Jalisco a principios de año culpan al titular de la dependencia, Tomás Coronado Olmos, de la ejecución, el viernes 9, de uno de sus compañeros, el comandante Arturo López Maravilla. Sostienen que varios de ellos han sido objeto de hostigamiento, amenazas y atentados, como el que sufrió recientemente Juan Carlos Ávila Domínguez, el abogado que redactó el proyecto anticorrupción. A él, varios comandantes le dijeron: “¿quieres ser el segundo?”.

“Se lo pusieron en charola de plata a quien lo iba a matar”, comenta el policía investigador Armando Cervantes Tirado al referirse a su amigo Arturo López Maravilla, el comandante regional en Autlán que fue ejecutado el viernes 9 afuera de su domicilio.
López Maravilla, quien pugnaba por una reestructuración en la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJ), estaba solo al momento de ser atacado, lo que llama la atención, puesto que, en su calidad de comandante, debería estar acompañado por un chofer y dos elementos más, sostiene Cervantes Tirado.
Integrante del grupo que denunció la corrupción que impera al interior de la PGJ (Proceso Jalisco 280), el agente entrevistado insiste: aun cuando era su día de descanso, López Maravilla “debió estar acompañado por un compañero, pero no fue así. Eso es muy raro”, reitera.
Con la ejecución del comandante de Autlán suman 20 los agentes caídos en forma similar desde que Tomás Coronado Olmos encabeza la procuraduría.
El abogado Juan Carlos Ávila Domínguez, autor del proyecto de reestructuración de la PGJ, quien sufrió un atentado el lunes 19, del que salió ileso, culpa a Coronado Olmos del homicidio de López Maravilla: “El procurador quiere hacer creer que es una represalia de la gente que hirió de gravedad a Maximiano Barbosa (fundador de El Barzón) y a su hijo hace varios meses, pero eso es mentira”.
Ávila Domínguez recuerda que él y sus compañeros que denunciaron la corrupción han sido “recomendados con los jefes (de la PGJ) o con la delincuencia organizada”, para que los hostiguen; algunos, como él mismo, incluso han sufrido atentados:
“A López Maravilla lo amenazaron y te lo digo porque él me lo comentó vía telefónica. Que no quieran manejar una información que no es real. El procurador dijo que iba a acabar con todos los del grupo…Yo hago responsable al procurador de todo los que nos pase a nosotros y a nuestras familias. Espero que pague esta bajeza.”
El abogado asevera que Coronado Olmos le habló por teléfono el sábado 10 para ofrecerle 5 millones de pesos a cambio de que se callara y “no se le cayeran todos sus negocios”. Como no aceptó la “oferta”, dice, el procurador lo increpó: “Si no te callas, atente a las consecuencias; te vamos a desaparecer”, relata Ávila Domínguez.
–¿Siente temor?
–Sí. Él dio la orden a Héctor Gómez, a Julio Vázquez y a Daniel Martínez Terrones (agentes investigadores leales a Coronado Olmos) para que me hicieran 28 (que en clave de la procuraduría significa “golpear”) y que si se les pasaba la mano y me hacían 29 (“matar”) no había ningún problema.
–¿Han intentado cumplir las amenazas?
–Me han hablado desde dos teléfonos directos de la procuraduría; también han utilizado un nextel, que aparece a nombre de Jesús Quirarte Ruvalcaba, y de varios celulares.
–¿Qué le dicen?
–Que ya me calle y desaparezca; si no, ellos me van a desaparecer porque me estoy metiendo con su patrón. El comandante Julio Vázquez Alcaraz, Raúl Alaniz, Indalecio Trigueros y otro de apellido Mondragón me amenazaron: “Ya tenemos órdenes de matarte, ya va uno –me dijeron, en alusión al comandante López Maravilla–. ¿Quieres ser el segundo?”.
Ávila Domínguez asegura que el lunes 19 le dispararon cuando circulaba por el periférico, a la altura del cerro de la Reina, en Tonalá. Los agresores iban en dos camionetas RAM de modelo reciente. En uno de los vehículos oficiales iba Jahir Gamaliel Plascencia Méndez, escolta del procurador, dice el entrevistado. Y comenta que las placas de esas unidades “empiezan con JR 60, terminación 5, aunque no vi los demás números”.
En relación con las acusaciones en su contra por presunto fraude y extorsión, Ávila Domínguez explica:
“Son fabricadas. Yo soy una persona recta, responsable. La mayoría de los servidores públicos de la procuraduría me conocen. Ese señor (Coronado Olmos) me está queriendo desprestigiar porque estoy haciendo saber todo lo que está haciendo en su institución. Inventan, hacen lo que quieren sólo porque están en el poder.”
Pero vuelve al tema de las amenazas: “Temo salir a la esquina. Ya mataron a uno de los que apoyó al proyecto (el comandante López Maravilla). Yo que lo elaboré, qué puedo esperar ahora”.

Campaña de hostigamiento

A principios de marzo, la procuraduría entregó un oficio al comandante Arturo López Maravilla en el que le notificaba su cambio de adscripción. Un documento similar recibieron los otros integrantes del grupo anticorrupción en la misma semana, cuenta Ávila Domínguez.
A López Maravilla lo mandaron de Puerto Vallarta a Autlán de Navarro sin el equipo adecuado. Sólo le dijeron que eso le pasaba “por pertenecer al grupo. Él no se opuso. Se fue y sucedió su deceso”, comenta el abogado.
“Yo me pregunto si el procurador no estará de acuerdo con la delincuencia organizada, al no proveer de equipo a sus agentes. ¿Cómo es posible que no les den armamento, cuando hay un fondo federal que recibe la procuraduría para la compra de armamento? Y si lo compran, ¿por qué no lo entregan?”, cuestiona.
Ricardo Camacho, otro de los policías investigadores del grupo anticorrupción, recuerda que López Maravilla, “al igual que los compañeros que murieron en cumplimiento del deber en Lagos de Moreno, Magdalena y Tequila en los últimos meses, solicitó por escrito a Felipe Reyes Rivas (coordinador general administrativo) que le dotaran de más armamento, y a Daniel Martínez Terrones (subdirector de la policía investigadora) de más personal. Nunca obtuvo respuesta”.
La agente del Ministerio Público (MP) Orfa Yolanda López Soltero cuestiona al procurador Coronado Olmos por haber enviado a varios de los participantes del proyecto anticorrupción a zonas altamente peligrosas, como Autlán: “¿Acaso esperaba que a todos nos pasara lo mismo que al comandante López Maravilla?”, espeta.
La agente del MP confía en que el gobernador Emilio González Márquez deje de proteger a Coronado. “Yo pregunto: ¿cuándo toca que congelen al procurador y cuándo dejará de ser impune?”
Otro agente ministerial, Eduardo López Pulido, sostiene que Coronado Olmos declaró que los cambios de personal obedecían a “un proceso cotidiano y normal; pero eso es falso”. La verdad es que “nos están mandando a esos lugares no por motivos laborales, sino de represión, porque le estamos afectando sus intereses”, puntualiza.
“Desde que llegó Coronado no se habían hecho movimientos. Hasta que detectó el proyecto de reestructuración entonces empieza hacer el movimiento y con las personas que están dentro del proyecto. En mi caso tengo siete años en la misma área y fue con todo dolo hacer el movimiento y enviarme a una zona peligrosa; eso ha pasado con cada uno de los compañeros del proyecto”, asegura López Pulido.
Algunos de los integrantes del grupo anticorrupción recuerdan que, luego de que les notificaron su cambio de adscripción, enviaron un oficio al coordinador administrativo de la PGJ para pedirle equipo antes de trasladarse a sus nuevas plazas. Lejos de atenderlos, comenzó el hostigamiento, incluso se les impidió el acceso a las instalaciones de la PGJ. Varios de los agentes decidieron dejar de laborar. Hasta hoy no se han definido sus funciones
El abogado Ávila Domínguez aclara que no todos los agentes que avalaron el proyecto que él elaboró han sido amedrentados. Algunos, como Arnulfo González Gómez, el investigador que “divulgó el proyecto”; y el jefe de grupo de reacción inmediata, de los motorizados, cuyo nombre no recuerda; y Roberto Carlos Arias Navarro. “Son traidores”, dice.
A ellos no sólo no los cambiaron de adscripción, agrega el abogado, sino que incluso los premiaron. Es el caso de Arias Navarro, quien hoy es coordinador de Informática, gracias a su colaboración. El colmo: González Gómez llegó a decir que “pretendíamos derrocar al procurador”.

Coronado, al Congreso

El martes 13, el diputado priista y presidente de la Comisión de Justicia, Luis Armando Córdova Díaz, presentó ante sus compañeros del Congreso un acuerdo para citar a Coronado Olmos a comparecer ante el pleno.
El propósito, sostiene el legislador, es que “explique la estructura organizacional de la procuraduría, el método de selección y contratación de personal, los perfiles de los actuales mandos superiores y medios, y el perfil del personal operativo administrativo; además del proceso de seguimiento de las denuncias y averiguaciones previas, así como de las denuncias ciudadanas por corrupción al interior de la dependencia”.
Sin embargo, el acuerdo legislativo se envió a la Comisión de Justicia, no al pleno. Una semana antes, el miércoles 7, el propio Coronado estuvo en el Congreso y pidió a varios legisladores que si pensaban citarlo lo hicieran pero sólo ante la Comisión de Justicia, donde incluso podían mentarle la madre, pero no ante el pleno porque ahí corría el riesgo de que la gente de su propio partido lo exhibiera, señaló una diputada que estuvo en la reunión de ese día.
El priista Córdova Díaz terminó por justificarse y adujo que su propuesta “no tuvo eco” en la junta de coordinación política. “Los demás compañeros del grupo parlamentario y de los otros partidos me pidieron que no politizara el tema”, comenta a la reportera.
–¿Tomaron en consideración la solicitud de Coronado de no ser citado ante el pleno?– se le pregunta a Córdova.
–Desconozco si el procurador acudió al Congreso. Lo que le puedo decir es que, si comparece ante la Comisión de Justicia, no le quita seriedad al asunto, el hecho es hacerlo más ágil y encontrar una solución rápida.
–No se trata de un asunto político, sino de terminar con la corrupción en la procuraduría que denunció el propio personal de la dependencia.
–Para la comparecencia de un titular no es suficiente con que algún grupo, aunque sean funcionarios de la propia dependencia (…) denuncie una irregularidad. Eso no procede de pleno derecho. Esta situación requiere de mucha más seriedad.
“(No se trata) de atender los intereses de algunas personas, que no sabemos si son legítimos o están sucediendo. Sabemos que hay muchas cosas que deben cambiar en la procuraduría (…) Los planes que está implementando el gobierno en materia de seguridad son insuficientes y equívocos.”
–Pero el grupo recibió amenazas de muerte…
–Desconozco si existe una denuncia. Pero si alguien es amenazado debe presentar una denuncia.
–Sería ilógico que la presentaran ante la propia procuraduría.
–Hay otras instancias, incluso internacionales. No pueden quedarse atados de manos. Cuentan con el apoyo de un servidor. También tengo checado quiénes son ellos y sé quiénes litigan y qué casos tienen, para no abanderar causas con poco apego a la realidad. Tenemos que encontrar un punto para que la procuraduría salga de ese colapso en la impartición de justicia.
Córdova Díaz asegura que la Comisión de Justicia está recabando datos reales para cuestionar a Coronado de manera sustentada. El propósito es hacer propuestas correctivas, insiste.