La “tragedia oculta” de las prisiones colombianas

Sergio Ferrari (especial para ARGENPRESS.info)

Más de 7 mil presos políticos abarrotan las cárceles de Colombia. Los mismos viven, en muchos casos, en situaciones dramáticas. Así lo denunció el abogado colombiano Ramiro Orjuela durante su estadía en Suiza, como parte de una gira continental.

Profesor universitario y abogado de detenidos políticos, Orjuela coordina la defensa, entre otros, del periodista sueco-colombiano Joaquín Pérez Becerra, cuya detención y rápida extradición de Caracas a Bogotá en la última semana de abril del año en curso, fue ampliamente mediatizada.

“La situación de los detenidos por causas políticas o de conciencia es una tragedia oculta por los grandes medios de comunicación en mi país”, subraya Orjuela durante una reciente escala en Berna.

En la segunda quincena de junio el abogado colombiano visitó Suecia, Alemania, Bélgica, Suiza y España. Encontrando a personalidades políticas, la comunidad de colombianos expatriados, parlamentarios europeos en Bruselas así como funcionarios de organismos internacionales y de reconocidas entidades como el Consejo Mundial de Iglesias, en Ginebra.

“Caso único en Latinoamérica”

La cantidad de presos políticos y sus condiciones de detención “describen una de las peores situaciones en América Latina e incluso en el mundo entero”, enfatiza el defensor de derechos humanos.

Muchos de ellos son campesinos, obreros, estudiantes, sindicalistas, líderes sociales o asociativos. Sin embargo, el Estado, para penalizarlos, “los acusa de guerrilleros. En mi país cualquier voz opositora es criminalizada, en particular si pertenece a los movimientos sociales”, enfatiza.

Las condiciones de detención en muchos de los centros penitenciarios, según Orjuela, aumentan el drama de los “miles de jóvenes, mujeres, hombres y ancianos que las deben soportar”.

Y la lista de vejaciones, según el abogado, es larga. Todo comienza ya con las trabas y mecanismos complejos para complicar los procesos jurídicos. “En Colombia es cotidiano, por ejemplo, el recurso a pagar a testigos falsos o usar pruebas falsas. Como en el caso emblemático de David Ravelo, dirigente social de derechos humanos del Magdalena Medio, acusado una primera vez como guerrillero de las FARC. Liberado 27 meses más tarde fue nuevamente detenido, esta vez, usando como pretexto testimonios de ex –paramilitares”.

Continuando con su reflexión, Orjuela ejemplifica otras de las condiciones abusivas que le dan un tinte dramático a las cárceles”: régimen cotidiano inhumano; desplazamiento de los detenidos a miles de kilómetros de su lugar originario de residencia; imposibilidad real de poder tener visitas con sus familiares debido a la distancia y a la precariedad económica de muchas de las familias de los detenidos...

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Inhabilitan a funcionaria por criticar privatización de Pemex

Al puro estilo macartista, la contraloría interna en la Semarnat inhabilitó por 10 años a Silvia Ramos, exfuncionaria de Pemex. Ello, por emitir opiniones respecto de los fraudes en contratos de la petrolera, por su activismo sindical y por, supuestamente, simpatizar con el EZLN, acusa la ingeniera inhabilitada, activista en contra de la privatización de Pemex.

Ana Lilia Pérez

“Parecía un mal chiste que me inhabilitaran por hablar con la prensa de los fraudes y la mala administración en Petróleos Mexicanos (Pemex), por informar a los compañeros de que la privatización avanza a pasos agigantados, y porque dicen que en internet encontraron un comentario que me identifica como simpatizante del EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional).

“Yo no sabía que en este país se puede inhabilitar a un profesionista por emitir sus ideas o ejercer sus derechos, pero eso ocurrió conmigo. Tengo un historial limpio, un desempeño profesional intachable, pero por manifestarme contra la privatización de Pemex, me castigaron: inhabilitada por 10 años… ¡10 años! El día que me entregaron la notificación, debí leerla varias veces para comprender que ese mal chiste era verdad.”

Silvia Ramos Luna, ingeniera química por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, detalla los argumentos que el titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control (OIC) en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Manuel Eduardo Tirado Becerril, utilizó con el fin de inhabilitarla para desempeñar cargo alguno en el gobierno federal del 30 de marzo de 2011 al 7 de octubre de 2020. Recién había logrado su reinstalación en Pemex, tras un litigio por despido injustificado que duró casi 15 años.

Sentada frente a una taza de café, durante la entrevista, Silvia cita argumentos que suenan inverosímiles, porque en México no existe ley que castigue la exposición de ideas. La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos no prohíbe a los empleados de gobierno hablar con la prensa; tampoco, expresar sus afinidades políticas ni sus opiniones. Por el contrario, la Constitución es garante de la libre expresión; por eso es que los argumentos que ella cita suenan fantasiosos, de no ser porque, efectivamente, tal y como los expone, están asentados en el expediente 224/2009 que el funcionario de la Secretaría de la Función Pública (SFP) usó para inhabilitarla.

Silvia Ramos es una ingeniera que combina su trabajo con su labor como defensora de derechos humanos adscrita al Frente Mexicano Pro Defensa de los Derechos Humanos, pero, sobre todo, es una de las principales activistas del Movimiento Nacional de Defensa del Petróleo, cuyas movilizaciones obligaron en 2008 a que la propuesta de reforma energética de Felipe Calderón se discutiera ampliamente en el del Senado de la República.

Con grado académico de maestría por la Universidad La Salle y numerosos diplomados en el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México, Silvia también es miembro del Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE), asociación civil que aglutina a reconocidos expertos, analistas, académicos e investigadores que brindan asesorías en materia energética, entre otros, al Congreso de la Unión.

Su ingreso a Pemex –en la Refinería Miguel Hidalgo– data del 4 de septiembre de 1984. Al cabo de una década, fue despedida junto con 27 de sus compañeros como represalia por pretender crear un sindicato para personal de confianza (Sindicato de Técnicos y Profesionistas Petroleros). En septiembre de 1995, presentó una demanda laboral por despido injustificado (expediente 456/95).

Ante el largo litigio que se avecinaba, en espera de su reinstalación, buscó empleo. Obtuvo el puesto de subdirectora de Seguimiento a Trabajos de Campo en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), donde, hasta el 22 de abril de 2009, su trabajo consistió, a decir de ella, en registrar en formatos preestablecidos fechas y resultados de las auditorías que se realizaban a todas las empresas empadronadas por la Procuraduría: unas 6 mil 500.

El juicio laboral se extendió 14 años y ocho meses por las negativas y amparos de la Oficina del Abogado General (OAG) de Pemex para reinstalar a quien encabezara el grupo de ingenieros que los llevó a juicio por las irregularidades en los Contratos de Servicios Múltiples (CSM).

Silvia presidió la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera (UNTCIP), que alcanzó gran relevancia a partir de que promovieron el juicio de nulidad de los CSM, esquematizados y aprobados por José César Nava Vázquez para entregar a trasnacionales la operación y explotación de la Cuenca de Burgos, la reserva de gas no asociado más rentable del país.

De su bolsillo, los miembros de la UNTCIP –en su mayoría, ingenieros– sufragaron los costos del litigio en el que los representó, hasta el día de su muerte, el constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela. Lograron que se reconociera la inconstitucionalidad de los CSM, que la Suprema Corte y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ordenaron a Pemex suspenderlos.

Finalmente, como consecuencia del ultimátum judicial contra la OAG, el 20 de mayo de 2010 Silvia fue reinstalada. Pugnaba por los salarios caídos que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje reconoció en su favor, cuando le notificaron de una investigación administrativa que el OIC en Semarnat abrió en su contra por supuesto conflicto de intereses y por “desprestigiar a Pemex”. La demanda fue promovida por la OAG y la oficina del exprocurador Patricio Patrón Laviada.

Profepa: trabajo sucio

El 5 de marzo de 2009, el jurídico de Pemex envió al entonces titular de la Profepa información relacionada con “presuntas irregularidades administrativas” de Silvia Ramos (oficio OAG/GJC/JLG/075/2009). En respuesta, la coordinadora de asesores de Patrón Laviada remitió al OIC un oficio (PFPA/1.2/8C.17.5/0046/09) para que abriera una investigación administrativa en su contra bajo el supuesto de “conflicto de intereses”, que quedaría integrado en el expediente DE-076/2009. El argumento fue que, durante el periodo en que trabajó en la Profepa, conoció de auditorías a instalaciones de Pemex y que, dada la demanda laboral contra la paraestatal, habría incurrido en ese conflicto de intereses.

Silvia rechaza tal argumento. Dice que su trabajo en la Profepa se limitaba a vaciar en los formatos las fechas, el nombre de los auditores que habían realizado las auditorías y el resultado de éstas: “Registraba los mismos datos de las 6 mil 500 empresas empadronadas, no sólo de Pemex, y no tenía relación directa con ninguna de las empresas auditadas. Además, la Semarnat nunca ignoró que yo trabajé en Pemex, pues ése fue precisamente el currículum que presenté para obtener el empleo. De manera que resulta incongruente que al cabo de 13 años de laborar allí pretendan ignorar que antes trabajé en Pemex para sostener su acusación de que incurrí en conflicto de intereses”......

Tufo antisindical

La inhabilitación de esta ingeniera trae consigo el tufo de la represión antisindical que ha caracterizado al gobierno de Felipe Calderón. Después de su lucha por la nulidad de los CSM, los miembros de la UNTCIP crearon la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTPP), la única organización de empleados de confianza de Pemex que, pese a la política antisindical del secretario del Trabajo, Javier Lozano, logró su registro sindical en diciembre de 2009 luego de la lucha de diversas asociaciones que la antecedieron y de cumplir trámites absurdos, como el demostrarle a Javier Lozano documentalmente “la existencia de Pemex”, es decir obtener copia de la escritura original signada en tiempos de Lázaro Cárdenas.

La toma de nota del nuevo sindicato se anunció públicamente como una muestra de la democracia sindical del gobierno de Calderón, aunque al interior de la petrolera se desató una cacería contra el grupo que resultaba opositor al oficial, que encabeza Carlos Romero Deschamps.

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El actual gobierno "no escucha y miente a la nación"

*Líderes obreros llaman a derrocarlo mediante una insurgencia civil y pacífica

*Marchan miles en repudio a la política económica del gobierno de Calderón

Reducción de tarifas eléctricas y alto a gasolinazos, entre las demandas de los trabajadores, quienes se concentraron en el ZócaloFoto María Meléndrez Parada.

Miles marcharon contra la carestía; llaman a emprender una insurgencia pacífica

Trabajadores electricistas, mineros, universitarios, del sistema financiero y de aviación, así como integrantes de organizaciones campesinas, marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo para demandar cambio del rumbo económico, político y social. La manifestación fue convocada por el Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, el cual llamó a construir un acuerdo para que el país recupere su crecimiento y vida digna Foto Carlos Ramos Mamahua.

Patricia Muñoz Ríos, Con información de Mirna Servín

Cambio de rumbo económico, político y social del país, exigieron al gobierno de Felipe Calderón cientos de gremios obreros y campesinos en la megamarcha que realizaron al Zócalo capitalino, donde el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, llamó a iniciar una insurgencia civil y pacífica en todo el país para enfrentar a una administración que sólo miente a la nación; mientras el dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Gerardo Sánchez, señaló que es preciso derrocar a este gobierno.

La marcha –también convocada contra la escalada inflacionaria por las organizaciones que integran el Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas– tuvo amplia respuesta. Llenó la plancha capitalina, colapsó avenidas como Reforma, se acompañó de movilizaciones campesinas todo el día, aglutinó a unos 40 mil obreros y trabajadores del campo –de acuerdo con los organizadores– y logró un consenso entre las organizaciones para construir un gran acuerdo por la transformación del régimen.

A las cinco de la tarde en punto partieron del Ángel de la Independencia trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del SME, así como integrantes de los sindicatos minero, de Nacional Financiera, de Bancomext, de Banobras, de pilotos, de sobrecargos, de tranviarios, del Colegio de Posgraduados y de Chapingo, entre muchos otros gremios.

Moderar la opulencia

Mientras, desde el Monumento a la Revolución y la avenida Hidalgo se adelantaron al Zócalo campesinos de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, la CNC y la Coalición Nacional de Organizaciones Rurales Populares, así como integrantes del Frente Popular Francisco Villa y decenas de organizaciones más.

Con expresiones como repudio al mal gobierno, freno a la carestía generalizada, reducción de tarifas eléctricas, “alto a los gasolinazos”, rechazo a la reforma laboral y coros contra el gobierno de Felipe Calderón, marcharon por las calles Juárez y Cinco de Mayo.

Las mayores mantas las llevó esta vez la Confederación Regional Obrera Mexicana –organización corporativa que se unió a la marcha–, en las cuales pidió una ley fiscal que modere la opulencia de algunos sectores. También se unió un contingente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos. Ambas participaron por primera vez en una movilización como la de ayer.

Ya en el Zócalo, Martín Esparza dijo que los sectores obrero y campesino están frente a un gobierno que no oye y al que no le interesan los mexicanos.

Esta administración ha agredido a todos los sectores, quiere entregar el petróleo, el gas y la electricidad a las empresas extranjeras y, sobre todo, le miente al país, aseveró.

Le quedan pocos meses a este gobierno, pero debemos derrocarlo, como lo hicieron en Túnez y se está haciendo en Egipto. Debemos levantar la insurgencia civil y pacífica en todo el país.

El mensaje central fue leído por el líder del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, Agustín Rodríguez, quien señaló que el consenso de este movimiento es cambiar el rumbo del país, modificar el modelo actual y construir un gran acuerdo entre sectores para crear un esquema de desarrollo incluyente.

Agregó que para los sectores obrero y campesino independientes, el eje orientador es garantizar los derechos humanos de todos los mexicanos, la inclusión social, el equilibrio entre los poderes y la democracia participativa.

La demanda de los sectores es implementar políticas que permitan la recuperación del crecimiento, la promoción del empleo digno y, sobre todo, que se frene el baile de sangre.

Así, exigen que los efectivos del Ejército y la Marina regresen a los cuarteles, según plasmaron en el documento único que se leyó en dicha explanada, donde la CNC sostuvo que en las cámaras de Diputados y de Senadores el movimiento va a tener aliados para derrocar al gobierno.

Los campesinos, dijo Gerardo Sánchez, líder cenecista, están indignados, al igual que la sociedad civil, por los agravios, los incrementos de precios a la canasta básica, las gasolinas y demás energéticos, así como por las medidas antipopulares de este gobierno de derecha, por lo que no descansaremos hasta derrocar a este gobierno arbitrario.

Alertó que si no se toman las medidas correctas se va a generar un estallido social, ya que el pueblo no puede aguantar más tanto agravio, por lo que llamó a este movimiento a unificar la lucha para defender a los sectores pobres y olvidados. Vamos por un nuevo modelo económico, insistió.

La movilización terminó con el Himno Nacional, pero antes se oyeron en el Zócalo coros iniciados por el SME, que rápido repitieron todos: muera el mal gobierno, no pagues luz y no más sangre en el país.

Saldo blanco

La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal no reportó ningún incidente mayor durante las manifestaciones.

De acuerdo con las cifras preliminares, en los distintos contingentes participaron alrededor de 22 mil personas, las cuales bloquearon principalmente avenida Reforma y todas las calles que llevan al Zócalo.

Los elementos de tránsito tuvieron que abrir un carril de contraflujo sobre Reforma para permitir el paso de vehículos que se conglomeraron por kilómetros debido al paso de los manifestantes. Esta vialidad quedó abierta totalmente casi a las 17 horas.

España: Gobierno entrampado

José Luis Zapatero, presidente de España.

Orlando Delgado Selley

MÉXICO, DF, 28 de enero (apro).- El gobierno español “de izquierdas” se entrampa en sus propias declaraciones. Un día anuncia que obligará a que en septiembre próximo bancos y cajas de ahorro tengan un capital básico equivalente a 8% de sus activos y, quienes no lo logren, recibirán una inyección de dinero público a cambio de participación en su capital, lo que significa que serán estatizadas, aunque sea parcialmente.

Al otro día el anuncio es que aunque no haya acuerdo con las grandes centrales sindicales –Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT)--, se reformarán las pensiones llevándolas hasta los 67 años de edad y de 39 a 41 años de cotización.

El apuro para culminar la reforma de las cajas de ahorro y del sistema pensionario se explica porque son parte de los pendientes que este gobierno ha comprometido con los grandes inversionistas que controlan los mercados de dinero, eso que eufemísticamente llaman “los mercados”. Las cajas, pese a que aprobaron las pruebas de esfuerzo del año pasado, enfrentan dificultades crecientes para financiarse en el mercado secundario, en el que se compran y venden grandes cantidades de dinero.

La reforma del sistema de pensiones apunta a reducir las obligaciones futuras de pago del Estado español con los trabajadores. Al retrasar la edad legal de jubilación de 65 a 67 años y aumentar los años de cotización, el gobierno de “izquierdas” pretende que el gasto público se reduzca, ya que se obligaría a los trabajadores a aportar durante más tiempo para lograr pensionarse al ciento por ciento, ya que esos dos o tres años más para jubilarse significan que cuando la reforma se aplicase no habría jubilados. Su cálculo es que en 2050 el gasto público en pensiones se reduciría de 15 a 12% del PIB.

Las cajas de ahorro fueron consideradas ejemplo de que era posible hacer banca a bajos costos, cerca de la clientela y rentablemente. Las cajas, como los bancos, participaron del auge inmobiliario que se desarrolló durante los gobiernos del Partido Popular (PP). Dieron créditos para construir y comprar los inmuebles. Los depósitos de sus clientes eran insuficientes para financiar los créditos hipotecarios. Acudieron al mercado de mayoreo a pedir prestado a los tiburones del mundo financiero: bancos ingleses, alemanes y estadunidenses.

Tomaron dinero a corto plazo para prestarlo a largo. El atractivo estaba en el diferencial de tasas y en que eran préstamos seguros. Las agencias calificadoras, que como se sabe han sido pagadas por sus calificados, dieron una alta nota a esos créditos, les pusieron triple A y, en consecuencia, podían venderse para dar créditos adicionales. Durante 2008, en plena crisis, las cajas de ahorro y los bancos españoles aparecían con fortalezas importantes, en razón de que ellos no entraron a las ‘titulizaciones’, a los instrumentos financieros derivados.

Los asalariados españoles, por su parte, aprovecharon las condiciones ofrecidas por la incorporación de España a la Unión Europea. Trabajaron y consiguieron los salarios que negociaron colectivamente con los patrones. Del mismo modo lograron un sistema de pensiones adecuado a las prácticas laborales que estaban vigentes en el momento en el que se instaló la democracia. Tomaron créditos para incrementar su consumo y mejorar sus condiciones de vida. La democracia les permitió construir rápidamente un estado de bienestar que hizo que los niveles de vida españoles mejoraran.

La crisis agravó la incapacidad de la economía española para incorporar al trabajo a jóvenes preparados. Desde antes de la recesión, el desempleo se concentraba dramáticamente entre las personas de 20 a 30 años, lo que motivó que se pensara que suavizando las condiciones de contratación se lograría su ingreso al trabajo. Aparecieron contratos temporales sin prestaciones, lo que en el mundo laboral se conoce como “precarización del trabajo”.

El gobierno de izquierdas apreció mal las complicaciones que empezaron en agosto de 2007. Pronto se dio cuenta de que su diagnóstico era equivocado y que había perdido un tiempo importante. Para remontar, dio marcha atrás en planteos básicos en una administración socialdemócrata. La política social, estandarte de su propuesta política, fue corregida, primero con discreción y después con descaro. El gobierno del PSOE puso por delante, igual que el de Sarkozy en Francia, Merkel en Alemania o Cameron en Reino Unido, lo que los “mercados” demandaban. Su responsabilidad se corrió hacia la derecha.

En 2009, las dificultades económicas mundiales se concentraron en Europa. De pronto resultó que lo que habían hecho los gobiernos para contener la recesión era incorrecto. Usar el gasto público para evitar que la crisis golpeara a los menos favorecidos, muchas veces como resultado de la existencia de estabilizadores automáticos como el seguro de desempleo, se convirtió en irresponsable. Los “mercados” castigaron esa actuación elevando los rendimientos exigidos para seguir financiando no sólo al gobierno, sino también a los bancos.

El gobierno español paga más por su deuda este año y ha hecho que ese sobrecosto se pague eliminando prestaciones sociales de las que se enorgullecía. Están desmontando el Estado de bienestar que se construyó en tres décadas. Pretendían seguir haciéndolo reformando las pensiones. En un mercado en el que los jóvenes trabajan intermitentemente y en empleos sin contribuciones sociales, el gobierno demandaba 40 años de contribución, lo que significa que esos jóvenes con empleos precarios, o de plano en el desempleo, completarán los 40 años cuando cumplan 69 o 70 años.

Al mismo tiempo, anuncian que destinarán 20 mil millones de euros para recapitalizar a las cajas de ahorro que no puedan cumplir con los niveles de capital exigidos. Más recursos públicos a instituciones financieras y menos a los trabajadores. Por fortuna, el gobierno ha entrado en razón aceptando que la jubilación sea a los 65 años para personas que coticen 39 años y a los 67 años para el resto. Las centrales sindicales UGT y CCOO aceptarían 38 años de cotizar para lograr la jubilación completa a los 65 años. En acuerdo es posible. De conseguirse, enviaría un mensaje fundamental: el pacto social primero, los mercados después.

Comentarios: o_selley2001@yahoo.com

Gobiernos panistas contra libertad sindical

Durante los gobiernos de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, se han presentado 29 quejas ante la Organización Internacional del Trabajo contra el Estado mexicano por violaciones a la libertad sindical. La cifra es un atisbo de la situación real de abusos cometidos por la administración federal en contra de los sindicatos, señalan especialistas. Con un gobierno considerado “antisindical”, la presencia de México en el Comité de Libertad Sindical –instancia encargada de resolver las querellas– resulta una “paradoja”.

Mayela Sánchez

De las 38 quejas que se han presentado ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en contra del gobierno mexicano, 29 se han interpuesto en la última década, es decir, durante los gobiernos de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.

Las querellas corresponden a violaciones a la libertad sindical, amparada por el Convenio 87, que México ratificó desde abril de 1950.

En éstas se acusan impedimentos para organizar sindicatos independientes o para ejercer su derecho a la negociación colectiva, negativas de la autoridad de reconocer a organizaciones sindicales o a otorgarles la Toma de Nota a sus directivos, violaciones a los contratos colectivos de trabajo, injerencia de los empleadores en la vida sindical, agresiones a trabajadores y sindicalistas y actos de intimidación para evitar la afiliación de trabajadores a un sindicato.

De las 29 quejas que se han presentado de enero de 2001 a la fecha, cuatro casos siguen pendientes de resolución por parte del Comité de Libertad Sindical (CLS), instancia encargada de analizar las querellas. Otros dos casos se encuentran “en seguimiento”, de acuerdo con la información publicada en el portal electrónico de la OIT.

Se trata de las quejas 2478 y 2679. La primera fue presentada en marzo de 2006 por la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas y el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana. Acusaban actos de violencia, amenazas de muerte y el homicidio de sindicalistas, la destitución del comité ejecutivo del Sindicato y el establecimiento de un Sindicato paralelo por parte de la empresa y las autoridades gubernamentales.

La otra queja corresponde a la que el Sindicato de Agentes Vendedores de Seguros en General en el Estado de Jalisco y la Unión Nacional de Trabajadores llevaron al organismo internacional en noviembre de 2008, alegando despidos antisindicales de dirigentes y afiliados al sindicato, así como la cancelación del registro de la organización a petición de empresas del sector como táctica para atemorizar a los trabajadores.

En noviembre de 2009, a un mes de que el gobierno federal decretara la extinción de la empresa Luz y Fuerza del Centro, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) presentó su queja ante la OIT. Su demanda es por la violación a los convenios 87 y 98, relativos a la libertad sindical y a la negociación colectiva, respectivamente.

La solicitud sigue pendiente de admisión en el CLS, pues se pidió al SME ampliar la información para sustentar las violaciones aludidas. De aceptarse, se trataría de la décima queja por violaciones a la libertad sindical interpuesta en lo que va de la administración calderonista.

En opinión del director del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), Luis Bueno Rodríguez, la cifra de las quejas presentadas ante la OIT es apenas “la punta del iceberg” de una situación mucho más grave de violaciones a la vida sindical en el país, que no es vislumbrada en su dimensión real porque no todos los abusos son denunciados ante dicha instancia, ya sea por desconocimiento o por desconfianza en la efectividad de sus resoluciones.

El presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Manuel Fuentes Muñoz, coincide con el señalamiento de que el número de quejas es mínimo comparado con la cantidad real de violaciones, cometidas no únicamente por el gobierno federal, sino también por las autoridades locales.

Pero además, acota el abogado, la cifra ni siquiera representa el volumen real de reclamos interpuestos ante la OIT, pues a las quejas llevadas al CLS habría que sumarles las reclamaciones hechas al Comité de Expertos, otra instancia creada en el seno de la OIT que revisa casos de otra índole.

Entre ellos, se encuentra la reclamación hecha en 2004 por las modificaciones al Contrato Colectivo de Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, que derivó en la desaparición de salarios íntegros a trabajadores jubilados. El Comité de Expertos también revisó la reclamación del caso de la minera Pasta de Conchos, en la que se acusó la violación al Convenio 155, relativo a la inspección del lugar de trabajo.

Antisindicalismo, política heredada

Fuentes Muñoz, quien ha participado en la elaboración de algunas de las quejas llevadas a la OIT, aclara que los agravios a la libertad sindical tampoco pueden considerarse exclusivos de los gobiernos panistas. En su opinión, se trata más bien de la continuidad de prácticas de usanza priista, en las que eran sistemáticas y reiteradas las negativas a otorgar registros sindicales, a desconocer huelgas y a preferir sindicatos corporativos, entre otros agravios.

Bueno Rodríguez apunta que si bien las acciones “antisindicales” del gobierno han prevalecido sin importar el partido político en el poder, ahora las organizaciones sindicales independientes están comenzando a ver este tipo de quejas como un recurso que, sin ser nuevo, les resulta novedoso.

Ello se debe a que en el pasado no se le prestaba atención “justamente porque el propio sindicalismo corporativo no iba a recurrir a este tipo de instancias frente a sí mismo”, comenta el director del CILAS. “Hubiera sido como una autoacusación”.

Si bien los especialistas reconocen que los abusos cometidos contra organizaciones sindicales no se han dado únicamente con las administraciones panistas, ambos cuestionan la pertinencia de que México actualmente forme parte del CLS.

Aunque los estatutos de la OIT indican que un país no puede participar en las resoluciones sobre casos de su propio Estado, Fuentes Muñoz considera que México “tampoco es un agente calificado para señalar si se viola o no la libertad sindical en otros países”.

Bueno Rodríguez califica de “paradójico” el que México, al ser uno de los países donde más se viola el derecho a la libertad sindical, forme parte del Comité de Libertad Sindical. “De entrada, significa tener pocas expectativas para que los casos que sean tramitados ante este Comité tengan un futuro halagüeño”.

Además, considera que la abstención de la representación mexicana en casos que le competen al país “no es suficiente como para garantizar un trato imparcial frente a las quejas que se presenten”.

OIT, instancia sin dientes

La mayoría de las quejas contra el gobierno mexicano presentadas al CLS se encuentra como “caso cerrado”, dado que dicha instancia ha emitido sus recomendaciones al respecto.

Sin embargo, tales recomendaciones no son de cumplimiento obligatorio por parte de los Estados o sindicatos aludidos, lo que limita la efectividad de su trabajo en la defensa de la libertad sindical.

Además, Fuentes Muñoz señala que hay una enorme dilación en los procesos, lo cual es, en parte, atribuible a la falta de profesionales en el Comité de Libertad Sindical para atender todos los casos.

Pero el retraso en la resolución de las quejas también se debe a que el gobierno mexicano “ha aprendido a dilatarse, a estar posponiendo alguna información o a plantear cuestiones que puedan ser muy complicadas de estudio y que pueda motivar un escenario más largo de análisis”, considera el abogado laborista.

Otra situación que entorpece el trabajo de la OIT, a decir de Fuentes Muñoz, es la “labor de lobby” del gobierno mexicano, que se traduce en mantener una presencia constante y diligente en la OIT, mientras que las organizaciones sindicales han estado ausentes debido a su falta de experiencia en este tipo de escenarios.

“Eso puede tener repercusiones muy importantes en la resolución de las quejas. Todavía es un escenario en el cual las organizaciones sindicales no hemos trabajado”, reconoce.

En opinión de Bueno Rodríguez, aun cuando los resolutivos de la Organización Internacional del Trabajo lleguen a ser favorables, no se puede depositar total confianza en que tengan alguna repercusión.

Señala que la ambigüedad con que se mantiene la condición jurídica de las recomendaciones de la OIT permite que los gobiernos evadan su cumplimiento, aun habiendo ratificado los convenios en los que se sustentan.

Gobierno mexicano, “antisindicalista”

La Confederación Sindical Internacional (CSI) señaló, en su Informe anual sobre violaciones de los derechos sindicales 2010, que en América persisten “brutales violaciones” de los derechos sindicales, entre ellos el asesinato de sindicalistas y activistas pro derechos laborales, “lo que convierte a las Américas (sic) en el continente más mortífero del mundo”.

De acuerdo con el documento, publicado en junio de 2010, México ocupa el cuarto lugar en la región en el número de homicidios de sindicalistas en 2009, con seis casos registrados.

Cuatro de ellos fueron de miembros del sindicato minero, quienes “perdieron la vida en el transcurso de una larga acción de huelga”, mientras que los otros dos dirigentes sindicales fueron asesinados en incidentes separados. Uno de ellos fue asesinado junto con su familia, refiere la CSI.

El Informe también da cuenta de que algunos gobiernos del continente “utilizaron la crisis como pretexto para debilitar aún más los derechos sindicales y de los trabajadores imponiendo medidas de flexibilidad laboral”, además de que “empleadores hostiles” a la organización de sindicatos recurrieron a “tácticas antisindicales”, como los despidos, el acoso y las listas negras. En el caso mexicano, se destacó el uso de los contratos de protección como una de las tácticas empleadas.

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Los señalamientos de la CSI apuntaron, en suma, a que, en México, “persiste la estrategia antisindical del gobierno”.

Conclusiones similares fueron emitidas por el Tribunal Internacional de Libertad Sindical (TILS), que se reunió en abril de 2010.

En su declaración final, el TILS refirió que “la política antisindical del Estado mexicano conjuga prácticas que conducen a muchas autoridades a ser parte de una red de corrupción con empresarios y supuestas organizaciones que niegan, por la vía del corporativismo, de la simulación, de la ilegalidad o a través del uso de la violencia, los derechos fundamentales del trabajo”.

Tales “anomias institucionales” conducen a la “utilización abusiva” tanto de las instituciones como de las disposiciones legales, como el registro sindical y la Toma de Nota, “que contradicen el derecho laboral internacional para servir a intereses privados”.

La NED, vitrina legal de la CIA

Desde hace 30 años, la Fundación Nacional por la Democracia se encarga de la parte legal de las operaciones ilegales de la CIA. Sin despertar sospechas, ha venido creando una extensa red mundial de corrupción, comprando sindicatos –tanto obreros como patronales–, así como partidos políticos de izquierda y de derecha para que defiendan los intereses de Estados Unidos en vez de los intereses de sus propios miembros

Thierry Meyssan / Red Voltaire

En 2006, el Kremlin denunciaba la proliferación en Rusia de asociaciones extranjeras; algunas parecían estar participando en un plan tendiente a desestabilizar el país, orquestado por la estadunidense Fundación Nacional por la Democracia (NED, por sus siglas en inglés). En previsión de una “revolución de color”, Vladislav Surkov elaboraba entonces una estricta reglamentación para esas organizaciones no gubernamentales (ONG). En Occidente, aquella reglamentación de orden administrativo fue descrita como un nuevo ataque del “dictador” Putin y de su consejero en contra de la libertad de asociación.

Otros Estados que también siguieron una política similar han sido igualmente calificados por la prensa internacional como “dictaduras”.

El gobierno de Estados Unidos dice trabajar a favor de “la promoción de la democracia a través del mundo”. Su posición es que el Congreso estadunidense puede subvencionar la NED y que ésta puede, a su vez, de manera independiente, ayudar directa o indirectamente a asociaciones, partidos políticos o sindicatos en cualquier país del mundo. Al ser, como su nombre lo indica, “no gubernamentales”, las ONG pueden emprender iniciativas políticas que las embajadas no pueden asumir sin violar la soberanía de los Estados que las acogen. Ésa es precisamente la cuestión.

¿La NED y la red de ONG financiadas a través de ese órgano son acaso iniciativas de la sociedad civil injustamente reprimidas por el Kremlin o son en realidad pantallas de los servicios de inteligencia estadunidenses, sorprendidos en flagrante delito de injerencia?

¿Qué tipo de democracia?

Como pueblo, los estadunidenses asumen la ideología de sus padres fundadores. Se ven a sí mismos como una colonia llegada de Europa para fundar una ciudad que obedece a dios. Ven a su propio país como “una luz encima de la montaña”, según la expresión de San Mateo que la mayoría de los presidentes estadunidenses han retomado en sus discursos políticos a lo largo de dos siglos. Por lo tanto, Estados Unidos sería una nación modelo, que brilla en lo alto de una colina, iluminando el mundo. Y todos los demás pueblos de la tierra deberían abrigar la esperanza de poder copiar ese modelo para alcanzar su propia salvación.

Para los estadunidenses, esa ingenua creencia implica –como una verdad que no necesita demostración– que su país es una democracia ejemplar y que ellos tienen el deber mesiánico de extenderla al resto del mundo. San Mateo predicaba que la propagación de la fe debía lograrse sólo mediante el ejemplo de una vida honesta, pero los padres fundadores de Estados Unidos veían el acto de encender su fuego y de propagarlo como un cambio de régimen. Los puritanos ingleses decapitaron a Carlos I de Inglaterra antes de huir a Holanda y América. Posteriormente, los patriotas del Nuevo Mundo rechazaron la autoridad del rey Jorge III de Inglaterra y proclamaron la independencia de Estados Unidos.

Imbuidos de esa mitología nacional, los estadunidense no ven la política exterior de su propio gobierno como un imperialismo. Consideran que derrocar un gobierno es perfectamente válido si ese gobierno ambiciona encarnar un modelo diferente del estadunidense, lo cual lo convierte en un gobierno maléfico. Al mismo tiempo, están convencidos de que, debido a la misión mesiánica de la que están investidos, han logrado imponer la democracia por la fuerza en los países que han ocupado.

En las escuelas de Estados Unidos se enseña que los soldados estadunidenses llevaron la democracia a Alemania. Ignoran que los hechos históricos demuestran exactamente lo contrario: el gobierno estadunidense ayudó a Hitler a derrocar la República de Weimar y a instaurar un régimen militar para acabar con la Unión Soviética.

Esa ideología irracional les impide cuestionar la naturaleza de sus propias instituciones y lo absurdo del concepto mismo de “democracia forzosa”. Sin embargo, según la fórmula del presidente Abraham Lincoln, “la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.

Visto desde ese punto de vista, Estados Unidos no es una democracia sino un sistema híbrido en el que el poder Ejecutivo está en manos de una oligarquía, mientras que el pueblo limita la arbitrariedad de esa oligarquía a través de los contrapoderes Legislativo y Judicial.

En efecto, el pueblo elige a los miembros del Congreso y a algunos jueces, pero son los estados miembros de la federación los que eligen el Poder Ejecutivo, que a su vez designa a los altos magistrados. Si bien los ciudadanos están llamados a pronunciarse sobre la elección del presidente, el voto de la ciudadanía no es más que una consulta, como hubo de recordarlo la Corte Suprema a raíz de la elección presidencial de 2000, al pronunciarse sobre el caso Gore contra Bush. La Constitución estadunidense no reconoce la soberanía del pueblo, ya que el poder se comparte entre el pueblo y los estados que componen la federación, es decir los notables locales.

Es importante observar aquí que la Constitución de Rusia sí tiene un carácter democrático –por lo menos en el papel–, ya que estipula: “El depositario de la soberanía y única fuente del poder en la Federación Rusa es su pueblo multinacional” (título I, capítulo 1, artículo 3). Con base en ese contexto intelectual, los estadunidenses apoyan a su gobierno en su afirmación de que quiere “exportar la democracia” cuando su propio país no es una democracia, ni siquiera a la luz de su propia Constitución. Resulta difícil entender cómo podrían exportar lo que no tienen ni quieren tener en su propio país.

Durante los 30 últimos años, la NED ha sido portadora de esa contradicción, que se ha concretado en la desestabilización de numerosos Estados. Miles de crédulos militantes de ONG han violado la soberanía de los pueblos con la beatífica sonrisa de quien tiene la conciencia tranquila.

Una fundación pluralista e independiente

En su célebre discurso del 8 de junio de 1982 ante el Parlamento británico, el presidente Reagan denunció a la Unión Soviética como el “imperio del mal” y propuso prestar ayuda a los disidentes, en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y en otras partes. “Se trata de ayudar a crear la infraestructura necesaria para la democracia: libertad de prensa, sindicatos, partidos políticos, universidades. Los pueblos serán así libres de escoger el camino que les convenga para desarrollar su cultura y resolver sus diferencias por medios pacíficos”, declaró.

Basándose en ese consenso de lucha contra la tiranía, una comisión bipartidista de reflexión aconsejó a Washington la creación de la Fundación Nacional para la Democracia, que sería instituida por el Congreso estadunidense en noviembre de 1983 y de inmediato recibiría financiamiento.

La NED subvenciona cuatro estructuras autónomas que se encargan de redistribuir en el exterior el dinero del que disponen entre asociaciones, sindicatos obreros y patronales, así como partidos de derecha y de izquierda. Esas cuatro estructuras autónomas son el Instituto de Sindicatos Libres, hoy rebautizado como Centro Americano para la Solidaridad de los Trabajadores (ACILS, por sus siglas en inglés), cuya gestión está en manos del sindicato obrero AFL-CIO; el Centro para la Empresa Privada Internacional (CIPE, por sus siglas en inglés), cuya gestión está en manos de la Cámara de Comercio de Estados Unidos; el Instituto Republicano Internacional (IRI, por sus siglas en inglés), cuya gestión está en manos del Partido Republicano; el Instituto Nacional Democrático (NDI, por sus siglas en inglés), cuya gestión está en manos del Partido Demócrata.

Bajo esa presentación, la NED y sus cuatro tentáculos parecen estar basados en la sociedad civil y parecen reflejar además la diversidad social y el pluralismo político de esa misma sociedad civil. Financiados por el pueblo estadunidense, a través del Congreso, parecería que actúan a favor de un ideal universal, que son completamente independientes de la administración presidencial y que su accionar no puede servir de fachada a operaciones secretas al servicio de inconfesables intereses nacionales. La realidad es muy diferente.

Un montaje de la CIA, el MI6 y el ASIS

El discurso de Ronald Reagan en Londres se produce después de los escándalos que rodearon las revelaciones de los manejos sucios de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, pos sus siglas en inglés), revelaciones provenientes de varias comisiones investigadoras parlamentarias.

El Congreso prohibió entonces a la CIA la organización de nuevos golpes de Estado como medio de conquistar mercados. En la Casa Blanca, el Consejo de Seguridad Nacional busca entonces otras vías que le permitan sortear dicha prohibición.

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La quiebra de Mexico, por Calderón

• La empresa se benefició recientemente de dos créditos por $3 mil millones: Heliodoro Díaz

La quiebra de Mexicana, fraude maquinado, acusa diputado

• Bancomext debe explicar por qué otorgó un préstamo a una firma en problemas, señala
• La acción, una medida más del gobierno de Calderón contra los trabajadores: Alejandro Encinas

La quiebra técnica de Mexicana de Aviación es un fraude maquinado porque la empresa de Gastón Azcárraga se benefició de créditos de Bancomext y Banorte por un monto de 3 mil millones de pesos, sostuvo Heliodoro Díaz Escárraga, presidente del Comité de Administración de la Cámara de Diputados.

El legislador priísta exigió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que fiscalice la forma, términos y las condiciones en que Bancomext otorgó un crédito a Mexicana de Aviación, y que la Secretaría del Trabajo intervenga dialogando entre las partes, pero fundamentalmente cumpla con su cometido legal, que es proteger los derechos de los trabajadores.

“La medida que adoptó ayer y que dio a conocer Mexicana de Aviación en el sentido de suspender ventas, es prácticamente un auto golpe empresarial, porque deja de prestar el servicio y remite a todos los usuarios a que compren boletos en las otras empresas del mismo grupo empresarial que han creado, como se deriva con base en los recursos que le han ordeñado a Mexicana de Aviación.”

–¿Tiene noticia de cuánto fue el crédito que se le otorgó a Mexicana por parte de Bancomext?

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Las normales rurales, semillero de guerrilleros, afirma Gordillo

Pide a Claudio X. González una tregua y no parchar el sistema educativo

Critica a Televisa

Periódico La Jornada

Los Cabos, 5 de agosto. La dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, demandó una tregua de mutua confianza a organizaciones de la iniciativa privada, encabezadas por Claudio X. González, presidente de Fundación Televisa, de la agrupación Mexicanos Primero y de la Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación, a quienes convocó a hablar y llegar a acuerdos para no seguir parchando el sistema educativo nacional.

Al participar en el seminario La nueva sociedad. Una nueva educación y una nueva política, afirmó: Necesitamos tenernos confianza, no nos lastimemos. Si ustedes están dispuestos a seguir en lo que están, nosotros tenemos mucho tiempo de lucha y hemos aprendido a resistir, pero también a ganar, y lo vamos a hacer porque tenemos la razón legítima.

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Constitucionales, las bodas gay en el Distrito Federal

La Suprema Corte avala la reforma al 146 del Código Civil del DF
Fracasa acción promovida por Arturo Chávez Chávez, titular de la PGR
Pendientes, fallos sobre adopción y matrimonios en los estados

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó, por ocho votos en favor y dos en contra, la constitucionalidad de la reforma al artículo 146 del Código Civil del Distrito Federal, que permite los matrimonios entre personas del mismo sexo.

No obstante, la sentencia final quedó pendiente debido a que los ministros presentaron argumentos distintos respecto a la validez del matrimonio gay.

En la sesión de este jueves, los ministros José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Francisco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, Luis María Aguilar Morales, Sergio Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero, Juan N. Silva Meza y José de Jesús Gudiño Pelayo avalaron la constitucionalidad de la reforma, mientras el presidente de la Suprema Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, y el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano se opusieron.

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"Equivocado", querer crear en México una policía única, aseveran especialistas

Periódico La Jornada

Puerto Vallarta, Jal., 5 de agosto. La estrategia del gobierno federal en el combate al crimen organizado y a la inseguridad pública ha fallado, porque "apostaron que los integrantes de las bandas iban a matarse entre sí y resultó que no, porque hay una fila innumerable de personas que quieren pertenecer a esos grupos y mientras no se cambie el modelo de desarrollo social seguiremos teniendo violencia en el país", afirmó el investigador universitario Samuel González, al participar en el foro internacional Hacia un modelo policial para el México del siglo XXI.

Especialistas de México, España, Francia, Estados Unidos y Chile señalaron que las autoridades mexicanas han equivocado el debate relacionado con la necesidad de transformar las corporaciones policiacas, al centrar la discusión en el establecimiento de un modelo nacional y la desaparición de las policías municipales, en lugar de apostar a la modernización, capacitación y efectivos programas de control de confianza.

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Pagarán prestaciones a 16 mil electricistas del SME que no aceptaron su liquidación

Como un primer acuerdo de la mesa de diálogo entre el gobierno federal y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se pagarán las prestaciones devengadas durante 2009 a cerca de 16 mil integrantes de esa organización gremial que no han aceptado su liquidación.

Además, un grupo de funcionarios de diversas dependencias analizará las implicaciones jurídicas y presupuestales de la propuesta del SME, con base en la cual busca la reinserción laboral de los trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC) que se mantienen en resistencia.

En tanto, fue pospuesto para la siguiente sesión de la mesa de diálogo de "alto nivel" el informe acerca del análisis de la solicitud de toma de nota de Martín Esparza y el resto del comité central del SME. El trámite se estudia en la Dirección General de Registro de Asociaciones, dependencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Al término de la segunda reunión de trabajo firmaron la minuta los secretarios de Gobernación y del Trabajo, José Francisco Blake Mora y Javier Lozano Alarcón, respectivamente; el subsecretario de Gobierno, Roberto Gil, y los secretarios del Interior y del Trabajo del SME, Humberto Montes de Oca y Eduardo Bobadilla.

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El SUTERM no obstaculiza contratos de ex trabajadores de LFC: Fuentes

Periódico La Jornada

Ninguno de los poco más de 900 ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC) contratados en Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha sido afiliado al sindicato de esta empresa.

La posibilidad ocurrirá hasta que concluya el litigio derivado de la demanda por despido injustificado y solicitud de recontratación (con base en la figura de patrón sustituto) que interpusieron más de 30 mil personas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).

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Legislaciones que penalizan aborto limitan la salud y derechos de las mujeres: Kang

Periódico La Jornada

Las legislaciones que penalizan el aborto limitan la salud y los derechos de las mujeres, aseguró la alta comisionada adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kyung-wha Kang. El el hecho de que en 18 entidades de México se aprobaran leyes que castigan penalmente la interrupción del embarazo, dijo, constituye una grave preocupación para este organismo.

La representante de la ONU se pronunció además por que el gobierno mexicano implemente las medidas necesarias que permitan la defensa de periodistas y defensores de derechos humanos ante los recientes ataques en su contra. Y consideró que las medidas para el combate al crimen y la violencia que se aplican en el país deben basarse en una perspectiva de derechos humanos.

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Piden cese de la "criminalización" de las mujeres que interrumpen su embarazo

Exigen al gobernador Oliva Ramírez respetar tratados internacionales signados por México

Periódico La Jornada

Diversas agrupaciones de defensa de los derechos de las mujeres, ex legisladoras y diputadas se manifestaron ayer frente a la representación del gobierno de Guanajuato en el Distrito Federal para exigir al gobernador de esa entidad, Juan Manuel Oliva Ramírez, el cese de la "criminalización" de quienes interrumpen su embarazo, pues ello va en contra del derecho a decidir sobre su cuerpo y de tratados internacionales signados por México, tales como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw).

Cientos de integrantes del Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres demandaron la excarcelación de las seis recluidas por abortar, tanto de forma espontánea como por recurrir a esta práctica porque fueron violadas o porque decidieron abortar por otro motivo. Las penas que purgan van de 15 a 30 años, ya que han sido acusadas del delito de "homicidio en razón de parentesco".

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Astillero

Nuevos corridos
Tigres de la grilla
Petate de la Conago
Otro autoestallido

Julio Hernández López

Los Tigres del Norte consideran la posibilidad de componerle al muy valiente Felipe Calderón un arcocorrido (es decir, un corrido que sea un arco triunfal), mientras en Ciudad Victoria un nuevo estallido estremece el ánimo social y en Los Pinos tratan de apaciguar las inquietudes de gobernadores de PRI y PAN que en nombre de la Conago presionan para que la administración federal deje de jugar a las guerritas y a la grilla en medio de sangre. Felipe en vías de gloria musical en las juglarías hasta ahora frecuentemente ocupadas por las historias de capos, pues Jorge Hernández, el líder del gran grupo musical, dijo en Los Ángeles que el licenciado FC es inspirador, pues "ha hecho un trabajo excelente en poco tiempo para enderezar todo lo que tenemos ahí en nuestro país". En tanto, los opositores se molestan por las descalificaciones iluminadas del Mesías de la Guerra contra el Narco, que dijo no estar dispuesto a esperar a ver a qué horas esos PPs (partidos y políticos) se dignan dejar sus intereses particulares para atender los de la nación: por ello, el próximo 12 habrá reunión aclaratoria de paradas entre El Hijo Desobediente y los góber preciosos. "Eran Emilio Varelaaaaa, y Camelia, la Texanaaaaa".

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Dinero

Millonarios: filantropía en vez de yates y jets
Dólares y narcodólares
Un puente al aeropuerto de Tijuana

Enrique Galván Ochoa

Ha causado revuelo universal la propuesta de Bill Gates y Warren Buffet a los multimillonarios del mundo para que donen la mitad de sus fortunas. El dinero se destinaría al bienestar del prójimo: educación, investigación científica (buscar una cura para el cáncer), combate a enfermedades como la tuberculosis y la malaria, en fin, hay muchas tareas por emprender. La iniciativa se llama Pledge to give (compromiso de dar). La gran crisis económica que comenzó en 2007 está generando un cambio en la mentalidad de los magnates. Antes de ese año, los símbolos del encumbramiento financiero y social eran los yates, los jets privados, las fastuosas fincas de descanso junto al mar, inclusive la adquisición de alguna isla en Grecia. Sin embargo, hoy el estatus exige ser rico y al mismo tiempo suficientemente generoso como para donar partes substanciales de la fortuna. La filantropía, pues. Según Buffet, ya hay 40 respuestas positivas. Se anotaron en la lista Ted Turner, creador de CNN; Michael Bloomberg, alcalde de Nueva York (no hizo su capital en la política sino con el servicio de información que lleva su apellido), y George Lucas, el cineasta de Star Wars. ¿Y los multimillonarios mexicanos? Según la revista Forbes, tenemos nueve. Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, Jorge Larrea, Jerónimo Arango, Alberto Bailleres, Emilio III, Roberto Hernández, Alfredo Harp y Joaquín Chapo Guzmán. Todos hicieron sus capitales en el priísmo, excepto El Chapo. Es el primer magnate del panismo.

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México SA

Ricos caritativos: moda, expiación o marketing
Forbes autóctonos: ¿aportarían 45 mil millones?
Más práctico y productivo que paguen impuestos

Carlos Fernández-Vega

Será moda, expiación, temor al Altísimo, filantropía, esnobismo, cruda moral, evasión fiscal o simple estrategia de marketing, pero el hecho es que un pequeño grupo de multimillonarios Forbes (los ricos entre los ricos) ha decidido donar la mitad de sus voluminosas fortunas para "obras de caridad", tras la convocatoria que en tal sentido hicieran Bill Gates y Warren Buffett, quienes ocupan los escalones números 2 y 3, respectivamente, en el inventario de los mayores patrimonios individuales en el planeta (el primer peldaño lo ocupa Carlos Slim). Entre ambos empresarios aportarían alrededor de 50 mil millones de dólares, de los 100 mil que conjuntamente poseen.

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El Titanic mexicano

Jorge Camil

Vi por segunda ocasión la película de James Cameron, y se me ocurrió que los mexicanos pasamos por una etapa de inocencia similar a la que vivieron las víctimas del Titanic antes del hundimiento. El imponente trasatlántico, supuestamente insumergible, se aproximaba lentamente al iceberg que iba a herirlo de muerte, pero horas antes del impacto los pasajeros, inconscientes de lo que se aproximaba, bailaban, reían, bebían champaña y se divertían. Aquí no puede pasar nada, pensaron seguramente las atractivas flappers que bailaban a ritmo de charleston en el salón principal. En México tampoco. ¿El gobierno? Sordo y absolutista. ¿Los políticos? Peleando encarnizadamente los jugosos puestos públicos y preparándose para "la grande". Y los empresarios, obsesionados con las tasas de crecimiento, de cambio y de intereses. El resto de los mortales vamos al cine, y aguardamos la presidencial de 2012: nuestra única esperanza. En efecto, parecería que aquí no pasa nada.

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Anuncian sindicatos de Sudáfrica movilizaciones en el Mundial en apoyo a mineros de México

Beatriz Pereyra

JOHANNESBURGO, 15 de junio (apro).- El Congreso de Sindicatos de Sudáfrica, que aglutina a trabajadores en las ramas de la minería, transporte, electricidad, papel, madera, pintura y metalurgia, anunciaron hoy que, de manera paralela al Mundial de futbol, realizarán distintas movilizaciones contra el “régimen fascista y contrarevolucionario del gobierno de México” que, dijeron, ha desencadenado una serie de ataques en contra de los trabajadores y sindicatos mexicanos.

En conferencia de prensa, representantes del Congreso de Sindicatos de Sudáfrica (COSATU por sus siglas en inglés) dieron a conocer que han declarado como “Día Nacional de la Acción” el próximo 28 de junio, fecha en la que están convocando a trabajadores y a la sociedad en general a manifestarse frente a la Embajada de México, ubicada en Pretoria, para solidarizarse con los trabajadores mexicanos, así como con la población marginada.

De acuerdo con los organizadores, como parte de las acciones que llevarán a cabo antes del día de la marcha se pronunciarán públicamente en los dos próximos partidos de la Selección Nacional de futbol, en las ciudades de Polokwane (jueves 17 de junio) y Rustenburg (martes 22 de junio).

Informaron que fuera de los estadios lanzaran consignas, llevarán pancartas y repartirán alrededor de 10 mil volantes para dar a conocer a la población las razones de su movimiento.

“Consideramos que en los días de los partidos nos acompañarán entre 2 mil y 3 mil trabajadores que laboran en lugares cercanos a esas ciudades y algunos otros que se trasladarán desde Johannesburgo con la intención de protestar afuera de los estadios dado que habrá una gran cantidad de gente concentrada en esos lugares”, aseveró Oupa Komane, secretario general del Sindicato Nacional de Mineros (NUM por sus siglas en inglés).
Los sindicatos sudafricanos fueron una de las principales fuerzas opositoras que combatió el régimen del apartheid y siguen siendo una fuerza social extremadamente poderosa.
El COSATU también está exigiendo un aumento del 18% al salario de los 16 mil trabajadores de la compañía Eskom, que suministra la energía eléctrica en el país. Si los electricistas cumplen con su amenaza de huelga, el Mundial de futbol podría verse afectado con apagones.
Los líderes sindicales aclararon que no se trata de sabotear el Mundial ni de molestar a nadie, simplemente de que si los futbolistas también pertenecen al gremio de trabajadores en los deportes, el evento debe ser utilizado para movilizar a la sociedad para tratar de fomentar la solidaridad, la paz y la amistad entre la población mundial.
“Lo que queremos hacer es mandar un mensaje de que no estamos de acuerdo con la represión y brutalidad con la que han sido tratados los mineros mexicanos. Nos solidarizamos con los trabajadores porque han sufrido un acoso continuo de parte del gobierno fascista de México. En la Embajada vamos a entregar un memorándum con nuestras peticiones”, añadió Komane.
Los líderes sindicales demandaron al gobierno mexicano que lleve a cabo de inmediato las siguientes acciones:
1) Reconocer a Napoleón Gómez Urrutia como el democráticamente electo secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana.
2) Que retire todos los cargos falsos de corrupción que ha levantado en contra de Napoleón Gómez Urrutia y otros líderes sindicales.
3) Que devuelva de inmediato todas las cuentas del sindicato que fueron congeladas, así como los bienes que fueron incautados en 2006 y 2008, respectivamente.
4) Que les restituyan a los trabajadores su derecho para emprender acciones de huelga.
5) La liberación incondicional de todos los líderes sindicales y activistas que languidecen en las cárceles.
6) Que el régimen fascista detenga los acosos y torturas continuas a los activistas de los sindicatos mexicanos.
De acuerdo con los líderes, estas movilizaciones no se llevarán a cabo sólo en Sudáfrica, sino a nivel internacional en países como Canadá y Estados Unidos.
“Todos estamos unidos para protestar por el gobierno fascista y contra revolucionario de México. Vamos a entregar en la Embajada nuestro pliego de demandas en espera de que sean cumplidas”, puntualizó Carl Cloete, secretario general del Sindicato Nacional de Mineros (NUM, por sus siglas en inglés).

El sindicato, la contratación colectiva y la huelga

Arnaldo Córdova

Aveces, las trilogías no son temáticas diversas, sino una sola. Por ejemplo, no se entendería lo que es el sindicato de trabajadores si no lo pensamos en relación con su objeto, que es el contrato colectivo de trabajo, ni, tampoco, sin su medio de defensa y de presión, que es la huelga. El maestro Mario de la Cueva decía que esta relación podría representarse gráficamente como un triángulo equilátero, cuyos ángulos, todos idénticos en graduación, serían el sindicato, la negociación y contratación colectivas y la huelga, de tal manera que ninguna de las tres figuras de la trilogía podría faltar, porque desaparecería el triángulo (Nuevo derecho del trabajo, Porrúa, 1986, t. II, pp. 216-217).

Los sindicatos, nos decía el mismo De la Cueva, “son sociedades humanas naturales (…) son cuerpos sociales reales (…) que persiguen fines determinados, que no son una simple suma de intereses individuales” (p. 256). Son personas jurídicas en sí mismas. Cuando se da el sindicato, los individuos dejan de ser entes sueltos para integrar entre todos una nueva persona jurídica. Esta persona jurídica tiene intereses que la identifican como tal, diferentes de los de sus integrantes, porque ahora son los intereses generales de todos. Por eso el maestro definía a la libertad sindical como un derecho político, pues el sindicato viene a ser un auténtico contrato social de los ciudadanos trabajadores asalariados.

Néstor de Buen, a su vez, escribió que “los sindicatos (…) tienen personalidad jurídica y (…) son, por tanto, sujetos de lo que se ha llamado el derecho colectivo” (Derecho del trabajo, Porrúa, 1991, t. I, p. 475). A ese derecho el filósofo alemán del derecho Gustav Radbruch le llamó derecho social. Es un derecho de individuos privados, los trabajadores, que se reconocen por su ser colectivo, justo, en el sindicato que ostenta derechos colectivos. Podrá verse, entonces el despropósito que nos receta la iniciativa panista de reforma a la Ley Federal del Trabajo en su artículo 356, que define al sindicato como una asociación de interés público. Los tontos que hicieron ese proyecto, como puede verse, equiparan al sindicato con el partido político, que es definido en la Constitución como entidad de interés público.

Fieles a su concepción individualista indeclinable, los panistas insisten en reducir las relaciones de trabajo a la forma individual de relación. No pueden concebir que el sindicato sea una persona única y que, en cuanto aparece, los trabajadores son parte del mismo. Ven en el proceso de contratación sólo a dirigentes sindicales y al conjunto de trabajadores como individuos aislados. Así se observa en varias disposiciones que proponen. En el artículo 364 hablan de una relación de trabajo suspendida. En derecho colectivo de trabajo es una burrada y por eso no aparece en el actual texto de la ley.

Cuando se trata del registro de los sindicatos, el artículo 365 propone que su documentación debe presentarse bajo protesta de decir verdad, requisito innecesario y abusivo que, junto con el que sugiere el siguiente artículo, que exige que esa documentación debe llevar índices actualizados de los sindicatos, ya no es un sistema de información sino de control que puede extremarse hasta llegar a excesos policiacos, pues no hay modo de oponérseles. El 368 de la iniciativa establece que el registro sindical produce efectos ante las autoridades laborales, pero también ante terceros. No se a qué idiota se le habrá ocurrido eso, pero sólo se puede imaginar que esos terceros son sólo sindicatos blancos o similares.

El proyecto panista se esmera puntillosamente en intervenir en las relaciones internas de los sindicatos, sea para su constitución y funcionamiento, sea para el proceso de contratación colectiva. La fracción IX del artículo 371 propone que la elección de directiva sindical sea por voto secreto o votación pública. La actual ley no se mete con esas cosas. En la doctrina del derecho del trabajo el titular del contrato colectivo es el sindicato. El último párrafo del 388 impondría que el titular sea la mayoría de todos los trabajadores. Tal vez así, piensan, se pueden pasar por el arco del triunfo al sindicato. El 395 propuesto elimina el último párrafo del vigente que dice que el patrón separará del trabajo a los miembros que renuncien o sean expulsados del sindicato contratante. Así los esquiroles estarán a salvo.

Con la huelga estamos peor. Aparte la impudicia del pretendido nuevo 48 que limita el pago de salarios caídos a seis meses, por ejemplo, la actual fracción IV del 469, que dice que la huelga terminará por laudo de la junta a petición de los trabajadores, se quiere cambiar por ésta: Por laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje, sin que medie petición de los trabajadores. El gorila que padecemos en la Secretaría del Trabajo ya lo había expuesto antes.

En el 920 que se propone, el procedimiento se vuelve extremadamente farragoso. No sólo hay que enunciar pormenorizadamente el propósito de la huelga y las violaciones al contrato que se aleguen, antes de que se substancie el juicio, sino que la papelería que debe acompañar al proceso se vuelve una montaña gigantesca que sólo busca imponer un mayor control de los actores, señalándoles los pasos que deben seguir y sólo está destinada a interrumpir una posible negociación en medio del conflicto. El 924 que se sugiere y alegando derechos de terceros propietarios, establece que la junta tome las medidas necesarias para restituir la posesión de bienes afectados. Una junta, que ni siquiera es un auténtico tribunal, no puede tener semejante facultad.

Los abogados derechistas siempre apuntan a un blanco que creen es fácil presa de la chicanería de abogados o de las decisiones corruptas de jueces sin escrúpulos: el demostrar (siempre para la parte más débil) el interés legítimo que se alega y si se tiene personalidad jurídica para alegarlo. Eso es lo que hace el nuevo 927 propuesto. Y en esa vía, lo que se intenta es diluir hasta el infinito la personalidad jurídica del sindicato, para ver más bien a sus afiliados aislados. Esa es la finalidad que se adivina en el 931 de la iniciativa que se extiende en una serie de requisitos a cumplir que tienen siempre que ver con la constatación de la membresía del sindicato y su autenticidad como representante legal.

Es verdad que se establecen algunos controles que, en otras circunstancias, servirían para que los sindicatos actuaran con mayor transparencia. Pero todo va siempre en la misma dirección: aherrojarlos en una telaraña de papeleo, requisitos de trámite, condiciones previas de la acción sindical que fácilmente inhiben el ejercicio de la libertad sindical y de contratación, hasta la anulación de la libre expresión de la voluntad de las partes, por determinaciones autoritarias de las juntas de Conciliación y Arbitraje, que no aparecen en el texto vigente y que incluye el proyecto panista.

Fuente: La jornada

Plan México 2030: desmantelar la seguridad social

Para 2030, la totalidad de los servicios de salud estarán subrogados a la iniciativa privada; habrán desaparecido el IMSS, el ISSSTE y la red hospitalaria de Pemex; además, el sector privado controlará la educación, y la cultura se someterá a un “tratado de libre comercio artístico”. Los artículos 3 y 4 constitucionales habrán sido radicalmente modificados; y los sindicatos de los sectores energético, educativo, sanitario y cultural se habrán extinto. Todo, según el plan transexenal que Felipe Calderón implanta en México.

Nancy Flores/Cuarta parte

El desmantelamiento de la seguridad social en México está en marcha. El sistema de salud pública, la educación, la cultura, el fomento al arte y al deporte serán completamente entregados a la iniciativa privada, indican los planes transexenales de la derecha, que encabeza el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.

Como parte del mismo proceso privatizador, en los próximos 20 años habrán desaparecido los sindicatos del sector público, en especial de los ámbitos energético, educativo, sanitario y cultural, revela el tercer capítulo del expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión, denominado “Eje 3. Igualdad de oportunidades”.

De conseguir esos objetivos, en dos décadas los mexicanos tendrán que sufragar elevadas colegiaturas para que sus hijos accedan a la educación básica, media y superior; también, deberán adquirir los libros que éstos empleen desde la primaria.

Ataque a la educación pública

En el plan transexenal que impulsa Calderón Hinojosa, el “desarrollo” entraña la desarticulación de la seguridad social. Al abordar los cambios a los sistemas públicos de educación y salud, el proyecto revela que en éste y en los próximos dos sexenios se reformarán los artículos 3 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con ello, se eliminarán dos garantías fundamentales: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación” (artículo 3) y “toda persona tiene derecho a la protección de la salud” (artículo 4).

En el primer caso, el maestro en filosofía Edgar González Ruiz advierte que se trata de una vieja demanda del clero y del Partido Acción Nacional (PAN), que en la historia de México ya ha provocado luchas armadas.

“El PAN y la jerarquía católica han buscado reformar el artículo tercero para establecer la educación religiosa en las escuelas públicas, a lo cual se suma ahora el interés empresarial por destruir el carácter gratuito de la educación pública, privatizándola completamente”.

Estos cambios, dice, implicarán una “verdadera contrarreforma educativa y nacional”, pues ese artículo ha garantizado tradicionalmente el carácter laico y gratuito de la educación pública.

El especialista en estudios acerca de la derecha política en México observa que en el Proyecto de Gran Visión aparece otro planteamiento tendiente a privatizar la educación, que es el de “establecer el bono educativo (beca a los alumnos para realizar sus estudios en escuelas privadas)”.

Salud, sólo para ricos

En el segundo caso, se venderá el sistema sanitario y la Secretaría de Salud sólo funcionará como gestora de contratos. Para lograrlo, el plan busca modificar el artículo 4 constitucional, las leyes del Trabajo, General de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto para la Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Según el proyecto 2030, las reformas buscan la “reestructuración corporativa” del sistema sanitario para “mejorar la eficiencia administrativa”. No obstante, esa reestructuración implica el desmantelamiento de las redes hospitalarias y la subrogación de todos los servicios a favor del empresariado nacional y extranjero.

El objetivo es crear “un sistema de salud público único y de atención médica universal”, coordinado por la Secretaría de Salud. Dicho esquema reducirá el papel de la dependencia que encabeza José Ángel Córdova Villalobos a firmar contratos y subrogar servicios, se desprende del expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión. Por tanto, implicará la desaparición del IMSS, ISSSTE y de los hospitales de Pemex.

Para 2030, los derechohabientes no sólo realizarán las aportaciones a la “seguridad social” que de por sí hacen, sino que además pagarán un porcentaje por los servicios que reciban. Y es que, de acuerdo con el plan calderonista, en breve se establecerán “copagos en algunos de los servicios de salud”.

Sindicatos, golpe inminente

La reforma a la Ley Federal del Trabajo –que se plantea en el contexto de las modificaciones a los artículos 3 y 4 constitucionales y a las leyes del IMSS, ISSSTE y Pemex– también conlleva la desaparición paulatina de los sindicatos.

Y es que, de acuerdo con los planes, se transformarán las “condiciones contractuales y sindicales”. El objetivo es eliminar “los cacicazgos y (las) arraigadas prácticas de organización sindical”, mismas que se identifican en los documentos oficiales del Proyecto de Gran Visión como “intereses creados y corporativismo excesivo”, que tiende a la “corrupción”.

Carlos Antonio Aguirre Rojas, doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y posdoctor por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, Francia, advierte que la llamada flexibilización laboral es, en realidad, la precarización de las condiciones laborales de los nuevos trabajadores.

Señala que la reforma que buscan los panistas ataca las conquistas sindicales de los últimos 50 años; pues, en la práctica, posibilitará restricciones más severas en las condiciones contractuales.

“Flexibilización también significa darle todas las ventajas al capital para que pueda emplear cuando quiera, en las condiciones que quiera, sin adquirir responsabilidades con el trabajador, sin tener que dar seguro social ni garantía de planta con un año de antigüedad”, indica el también investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

“TLC artístico”

En el ámbito cultural, el capítulo “Igualdad de oportunidades” reserva al sector privado los proyectos culturales, como una forma de “participación ciudadana”. Según el Proyecto de Gran Visión, hace falta una “política de Estado” respecto de la “industria cultural”, para que ésta sea “productiva” y genere “derrama rentable”.

Esa política deberá incluir como tema “urgente” la firma de un “tratado de libre comercio artístico”. Además, reconocer la “necesidad de convertir la cultura en un proyecto económicamente rentable”, con “apoyo económico mixto, tanto del gobierno como de la iniciativa privada”.

Para los autores, la cultura no debe considerarse “como un monopolio privativo de la iniciativa privada”; por ello, proponen subsidios para el público general a través de bonos.

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