
La
página digital Prensa Internacional Alternativa subrayó que los nuevos
índices de pobreza en la norteña nación se elevaron de forma abrupta en
los últimos 5 años.
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los últimos 5 años.


Golpe de Estado en Libia con aprobación de la ONU, bombardeos de la OTAN y mercenarios bien armados
http://pedroecheverriav.wordpress.com
reconstrucciónde
estados fallidosy en el combate al
terrorismo. El último puesto de Wayne fue de funcionario de primera línea en la embajada de Washington en Kabul, Afganistán. La rápida ratificación, por consenso y sin debate alguno, de Wayne el pasado martes habla del acuerdo generalizado entre la clase política estadunidense en relación con México.
Aunque los estadunidenses se quejan de los pocos avances en la guerra contra el narcotráfico
, al final de cuentas están contentos con la sólida alianza estratégica que han emprendido con Calderón. Los 50 mil muertos son lo de menos. Lo importante es que los mercados, el petróleo y el sistema policiaco-militar de nuestro país continúen intervenidos y manipulados por ellos.
Aquel pacto secreto entre Calderón y el embajador Tony Garza instaurado desde antes de las elecciones presidenciales de 2006, revelado por los cables de Wikileaks en La Jornada, sigue más vigente que nunca. El gobierno mexicano sacrifica la defensa de los intereses nacionales a cambio del apoyo simbólico del gobierno estadunidense a la legitimidad de la presidencia de Calderón (véase mi columna sobre el tema: http://bit.ly/gK9Zz1).
Ello confirma que la salida de Pascual no fue motivada por diferencia alguna entre los gobiernos mexicano y estadunidense. Obama simplemente cedió al capricho de Calderón en contra de Pascual por los amoríos del diplomático con la hija de Francisco Rojas, así como por sus declaraciones reveladas por Wikileaks. A cambio, Calderón mantiene y profundiza su actitud servil y entreguista hacia los intereses estadunidenses.
Las revelaciones dadas a conocer ayer por The New York Times (http://nyti.ms/pcDBPy) demuestran los extremos a que ha llegado la colaboración
entre los gobiernos de EU y México. El aparato de inteligencia estadunidense ya no se conforma con enviar aviones espías sobre territorio mexicano, sino que ahora ha asentado directamente un centro de inteligencia dentro de una base militar mexicana
ubicada en el norte del país con la participación de agentes de la CIA y militares en retiro.
Este centro opera en la modalidad de los centros de fusión de inteligencia
instalados por EU en Irak y Afganistán e implica un salto cualitativo en la abdicación de la soberanía nacional, ya que mientras Washington antes se limitaba a compartir
información, hoy se involucra cada vez más en levantarla de forma directa
. De acuerdo con el reportaje, el siguiente paso será contratar empresas de seguridad privadas, integradas principalmente por ex militares estadunidenses, para llevar a cabo operaciones particularmente delicadas. Funcionarios de ambos países confirmaron al diario, bajo condición de anonimato, que estos nuevos esfuerzos están diseñados específicamente para dar la vuelta a las leyes mexicanas que prohíben a militares y policías extranjeros operar en su territorio
.
Es cierto que el pasado 11 de julio Obama finalmente autorizó, después de más de siete meses de dilatación injustificable, una nueva medida que obliga a los más de 8 mil vendedores de armas en los estados de California, Nuevo México, Arizona y Texas a informar cuando una misma persona compre múltiples armas de alto calibre en una misma tienda en el periodo de una semana. Este mínimo esfuerzo por rastrear posibles compras de armas por narcotraficantes mexicanos había sido detenida por la férrea oposición de la Asociación Nacional del Rifle y debido a una notable falta de voluntad política del mismo Obama. Pero la presión de la investigación del programa Rápido y furioso obligó al presidente estadunidense a demostrar que está dispuesto a actuar en contra del tráfico de armas no solamente por vías extralegales, haciéndose de la vista gorda ante las miles de ventas de armas a narcotraficantes, sino también por vías legales.
Sin embargo, estos gestos de buena voluntad
, o la rápida ratificación de un nuevo embajador de alto perfil
y el nuevo acuerdo con respecto al eventual ingreso de camiones mexicanos en las carreteras estadunidenses, no cambiarán la situación estructural de fondo. Los estadunidenses están muy contentos con sus relaciones con el gobierno mexicano, porque en lugar de hacerles la vida difícil con peticiones complicadas, como la modificación de las políticas migratoria o de seguridad hemisférica, Calderón se ha convertido en un simple alfil de Washington.
Solamente una enérgica defensa de la soberanía nacional permitirá reducir los efectos nocivos de compartir una frontera de 3 mil 169 kilómetros con un imperio en decadencia, que ha demostrado ser capaz de todo con tal de asegurar su predominio mundial. La llegada del nuevo embajador estadunidense sería una buena oportunidad para que las fuerzas políticas de oposición y la sociedad civil en general expresaran su rechazo a la condenable intervención policiaca y militar en nuestro país.
La ayuda
policiaca y militar estadunidense no es gratis. Ha llegado la hora de demandar el fin de la Iniciativa Mérida para generar el espacio político necesario que permita construir una nueva política de Estado en materia de seguridad pública que privilegie los intereses de los mexicanos por encima de las necesidades de Washington.
http://www.johnackerman.blogspot.com - Twitter: http://www.twitter.com/@JohnMAckerman
In the eyes of the corporation, inmate labor is a brilliant strategy in the eternal quest to maximize profit. There is one group of American workers so disenfranchised that corporations are able to get away with paying them wages that rival those of third-world sweatshops. These laborers have been legally stripped of their political, economic and social rights and ultimately relegated to second-class citizens. They are banned from unionizing, violently silenced from speaking out and forced to work for little to no wages. This marginalization renders them practically invisible, as they are kept hidden from society with no available recourse to improve their circumstances or change their plight.
They are the 2.3 million American prisoners locked behind bars where we cannot see or hear them. And they are modern-day slaves of the 21st century.
Incarceration Nation
It’s no secret that America imprisons more of its citizens than any other nation in history. With just 5 percent of the world’s population, the US currently holds 25 percent of the world's prisoners. In 2008, over 2.3 million Americans were in prison or jail, with one of every 48 working-age men behind bars. That doesn’t include the tens of thousands of detained undocumented immigrants facing deportation, prisoners awaiting sentencing, or juveniles caught up in the school-to-prison pipeline. Perhaps it’s reassuring to some that the US still holds the number one title in at least one arena, but needless to say the hyper-incarceration plaguing America has had a damaging effect on society at large.
According to a study by the Center for Economic and Policy Research (CEPR), US prison rates are not just excessive in comparison to the rest of the world, they are also substantially higher than our own longstanding history. The study finds that incarceration rates between 1880 and 1970 ranged from about 100 to 200 prisoners per 100,000 people. After 1980, the inmate population began to grow much more rapidly than the overall population and the rate climbed from about 220 in 1980 to 458 in 1990, 683 in 2000, and 753 in 2008.
The costs of this incarceration industry are far from evenly distributed, with the impact of excessive incarceration falling predominantly on African-American communities. Although black people make up just 13 percent of the overall population, they account for 40 percent of US prisoners. According to the Bureau of Justice Statistics (BJS), black males are incarcerated at a rate more than 6.5 times that of white males and 2.5 that of Hispanic males and black females are incarcerated at approximately three times the rate of white females and twice that of Hispanic females.
Michelle Alexander points out in her book The New Jim Crow that more black men are in jail, on probation, or on parole than were enslaved in 1850. Higher rates of black drug arrests do not reflect higher rates of black drug offenses. In fact, whites and blacks engage in drug offenses, possession and sales at roughly comparable rates.
Incentivizing Incarceration
Clearly, the US prison system is riddled with racism and classism, but it gets worse. As it turns out, private companies have a cheap, easy labor market, and it isn’t in China, Indonesia, Haiti, or Mexico. It’s right here in the land of the free, where large corporations increasingly employ prisoners as a source of cheap and sometimes free labor.
In the eyes of the corporation, inmate labor is a brilliant strategy in the eternal quest to maximize profit. By dipping into the prison labor pool, companies have their pick of workers who are not only cheap but easily controlled. Companies are free to avoid providing benefits like health insurance or sick days, while simultaneously paying little to no wages. They don’t need to worry about unions or demands for vacation time or raises. Inmate workers are full-time and never late or absent because of family problems.
To read the complete article HERE.
Moving between a local microcosm and the global oil crisis, H2Oil weaves together a collection of compelling stories of people who are at the front lines of the biggest industrial project in human history: Canada's tar sands. H2Oil is a feature-length documentary that traces the wavering balance between the urgent need to protect and preserve fresh water resources and the mad clamouring to fill the global demand for oil. It is a film that asks: what is more important, water or oil? Will the quest for profit overshadow efforts to protect public health and the environment in Canada's richest province?
So the fact that Dominique Strauss-Kahn, the former head of the International Monetary Fund (IMF), is facing trial for allegedly raping a maid in a New York hotel room is – rightly – big news. But imagine a prominent figure was charged not with raping a maid, but starving her to death, along with her children, her parents, and thousands of other people. That is what the IMF has done to innocent people in the recent past. That is what it will do again, unless we transform it beyond all recognition. But that is left in the silence.
To understand this story, you have to reel back to the birth of the IMF. In 1944, the countries that were poised to win the Second World War gathered in a hotel in rural New Hampshire to divvy up the spoils. With a few honorable exceptions, like the great British economist John Maynard Keynes, the negotiators were determined to do one thing. They wanted to build a global financial system that ensured the money and resources of the planet were forever hoovered towards them. They set up a series of institutions designed for that purpose – and so the IMF was delivered into the world.
The IMF’s official job sounds simple and attractive. It is supposedly there to ensure poor countries don’t fall into debt, and if they do, to lift them out with loans and economic expertise. It is presented as the poor world’s best friend and guardian. But beyond the rhetoric, the IMF was designed to be dominated by a handful of rich countries – and, more specifically, by their bankers and financial speculators. The IMF works in their interests, every step of the way.
Let’s look at how this plays out on the ground. In the 1990s, the small country of Malawi in Southeastern Africa was facing severe economic problems after enduring one of the worst HIV-AIDS epidemics in the world and surviving a horrific dictatorship. They had to ask the IMF for help. If the IMF has acted in its official role, it would have given loans and guided the country to develop in the same way that Britain and the US and every other successful country had developed – by protecting its infant industries, subsidising its farmers, and investing in the education and health of its people.
That’s what an institution that was concerned with ordinary people – and accountable to them – would look like. But the IMF did something very different. They said they would only give assistance if Malawi agreed to the ‘structural adjustments’ the IMF demanded. They ordered Malawi to sell off almost everything the state owned to private companies and speculators, and to slash spending on the population. They demanded they stop subsidising fertilizer, even though it was the only thing that made it possible for farmers – most of the population – to grow anything in the country’s feeble and depleted soil. They told them to prioritise giving money to international bankers over giving money to the Malawian people.
So when in 2001 the IMF found out the Malawian government had built up large stockpiles of grain in case there was a crop failure, they ordered them to sell it off to private companies at once. They told Malawi to get their priorities straight by using the proceeds to pay off a loan from a large bank the IMF had told them to take out in the first place, at a 56 per cent annual rate of interest. The Malawian president protested and said this was dangerous. But he had little choice. The grain was sold. The banks were paid.
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* Luis Wybo *
¿Desde cuándo el pueblo otorgó poder para actos de dominio?
En secundaria aprendemos que se pueden otorgar dos tipos de poder notarial, uno para actos de administración y otro, con más rigor, para actos de dominio. Así, podemos otorgar un poder general a favor de alguien de nuestra confianza para que nos administre un bien y, sólo en caso de necesidad, otro distinto para que lo enajene en nuestro nombre. También aprendimos que en países de régimen republicano, con estilo propio de democracia, el pueblo, al elegir a su gobierno, de hecho le está otorgando un poder general para actos de administración, es decir, para administrar los bienes y servicios públicos, sin que el haberlo elegido implique de manera alguna que le haya otorgado un poder para actos de dominio, es decir, para enajenar los bienes o los servicios de la nación.
El gobierno se constituye así en el poder público o administración pública del Estado y, como en el caso del buen gobierno, éste asume el poder, como autoridad y, a la vez, como responsable de administrar el bien público; con todos los recursos a su disposición y, a la vez, con toda probidad. De esta manera, los elementos constitutivos del Estado se relacionan armónica y eficazmente: la población, su administración pública, su sistema jurídico, sus bienes, recursos y territorio. Estos últimos constituyen el patrimonio de la nación, que el gobierno administra como apoderado del pueblo. Este equilibrio viene a ser la consistencia misma del Estado.
No se dan casos en que el pueblo voluntariamente otorgue al gobierno poder para enajenar el patrimonio y recursos que pertenecen a la nación. Luego entonces, en numerosos países en que el gobierno ha enajenado bienes patrimoniales, nos preguntamos, ¿desde cuándo el pueblo otorgó un poder para actos de dominio?, ¿cuándo nos distrajimos al grado de permitir la enajenación de bienes, recursos y servicios, vitales para la población, sobre todo en el caso en un país de desarrollo?
Ahora se le llama “privatización” o “apertura de sector” al proceso de enajenación de bienes o concesión de servicios cuya administración de nación encomendó al gobierno. Esta privatización pone en unas cuantas manos el patrimonio del pueblo, y peor aún, lo hace susceptible de desnacionalización. ¿Qué está ocurriendo? ¿Acaso el gobierno carece de la capacidad y los recursos para cumplir con la encomienda de administrar los bienes y servicios del pueblo?
Patrimonio de la nación, son los recursos naturales inalienables: fauna y flora, aguas, minerales estratégicos, hidrocarburos, servicios estratégicos: energía nuclear, siderurgia, telecomunicaciones, electricidad, aerotransporte troncal: ferrocarriles, carreteras, puertos aéreos, marítimos y fronterizos; y los servicios sociales básicos: seguridad social, pensiones, educación superior, registros de población de vivienda y vehicular y tecnología para el campo, entre varios otros. Particularmente en países en desarrollo, estos recursos y servicios son base fundamental para la soberanía del Estado.
El neoliberalismo pretende que la venta de recursos, privatizando bienes y servicios patrimoniales, represente un ingreso considerable de recursos, financieros para el gobierno. El argumento es irrelevante. Por una parte, la empresa privada no asume responsabilidad social alguna sobre el destino del patrimonio y servicios básicos del pueblo. Por otra, los recursos financieros obtenidos por la venta, si bien hubieren de aplicarse a obra pública, nunca podrán compensar las consecuencias de la pérdida para la nación, sea ésta patrimonial o del control de servicios vitales, y el correlativo debilitamiento del Estado. El mayor agravante de la privatización es la desnacionalización. Una vez concesionados los servicios estratégicos, el gobierno no puede impedir que la empresa privada se asocie con intereses extranjeros para la administración del bien patrimonial, o que incluso lo enajene a intereses extranacionales. ¿Y el congreso? En nuestros países, el pueblo no ha autorizado estas privatizaciones, y los diputados y senadores, representantes de ese pueblo, apenas empiezan a percatarse que al endosar las acciones gubernamentales para enajenar o concesionar bienes y servicios públicos están actuando en contra del propio interés que representan. Ya es hora de que nuestros congresos sean los foros en los que se defienda el interés estratégico nacional ante el cinismo neoliberal.
Respondiendo a las demandas ingentes de un país en desarrollo y protegiendo su patrimonio, el buen gobierno tiene los recursos y probidad necesarios para administrar eficazmente los servicios estratégicos y asegurar a la población necesitada su acceso gratuito a los beneficios del campo tecnificado, la seguridad social y la educación superior. La mayor conciencia que como pueblo hemos adquirido en los últimos tiempos nos dice que las privatizaciones tienen que parar y revertirse. Si el buen gobierno, como administrador de lo público, cree tener sanas razones para ir más allá del poder que le ha sido otorgado, puede recurrir, de la mano con el pueblo, al plebiscito, como recurso que debe ofrecérsele a todos.
The democracy uprising in the Arab world has been a spectacular display of courage, dedication, and commitment by popular forces -- coinciding, fortuitously, with a remarkable uprising of tens of thousands in support of working people and democracy in Madison, Wisconsin, and other U.S. cities. If the trajectories of revolt in Cairo and Madison intersected, however, they were headed in opposite directions: in Cairo toward gaining elementary rights denied by the dictatorship, in Madison towards defending rights that had been won in long and hard struggles and are now under severe attack.
Each is a microcosm of tendencies in global society, following varied courses. There are sure to be far-reaching consequences of what is taking place both in the decaying industrial heartland of the richest and most powerful country in human history, and in what President Dwight Eisenhower called "the most strategically important area in the world" -- "a stupendous source of strategic power" and "probably the richest economic prize in the world in the field of foreign investment," in the words of the State Department in the 1940s, a prize that the U.S. intended to keep for itself and its allies in the unfolding New World Order of that day.
Despite all the changes since, there is every reason to suppose that today's policy-makers basically adhere to the judgment of President Franklin Delano Roosevelt’s influential advisor A.A. Berle that control of the incomparable energy reserves of the Middle East would yield "substantial control of the world." And correspondingly, that loss of control would threaten the project of global dominance that was clearly articulated during World War II, and that has been sustained in the face of major changes in world order since that day.
From the outset of the war in 1939, Washington anticipated that it would end with the U.S. in a position of overwhelming power. High-level State Department officials and foreign policy specialists met through the wartime years to lay out plans for the postwar world. They delineated a "Grand Area" that the U.S. was to dominate, including the Western hemisphere, the Far East, and the former British empire, with its Middle East energy resources. As Russia began to grind down Nazi armies after Stalingrad, Grand Area goals extended to as much of Eurasia as possible, at least its economic core in Western Europe. Within the Grand Area, the U.S. would maintain "unquestioned power," with "military and economic supremacy," while ensuring the "limitation of any exercise of sovereignty" by states that might interfere with its global designs. The careful wartime plans were soon implemented.
It was always recognized that Europe might choose to follow an independent course. NATO was partially intended to counter this threat. As soon as the official pretext for NATO dissolved in 1989, NATO was expanded to the East in violation of verbal pledges to Soviet leader Mikhail Gorbachev. It has since become a U.S.-run intervention force, with far-ranging scope, spelled out by NATO Secretary-General Jaap de Hoop Scheffer, who informed a NATO conference that "NATO troops have to guard pipelines that transport oil and gas that is directed for the West," and more generally to protect sea routes used by tankers and other "crucial infrastructure" of the energy system.
Grand Area doctrines clearly license military intervention at will. That conclusion was articulated clearly by the Clinton administration, which declared that the U.S. has the right to use military force to ensure "uninhibited access to key markets, energy supplies, and strategic resources," and must maintain huge military forces "forward deployed" in Europe and Asia "in order to shape people's opinions about us" and "to shape events that will affect our livelihood and our security."
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El crimen, cuya tarea es maximizar recursos –en este caso, ilícitos– para producir dinero, forma parte del mismo sistema que el Estado legitima y protege: el capitalismo.
Lo que solemos entender por economía –la producción de mercancías para obtener riquezas o, en términos de Adam Smith, la búsqueda de la admiración envidiosa de los demás por la acumulación de riquezas y la posesión de mercancías de toda índole– es en realidad una forma degenerada de ella, una forma que sólo se da en el universo capitalista y que Aristóteles, en oposición al verdadero sentido de economía –el cuidado de la casa—, llamó con desprecio crematística, y los medievales, usura.
En todas las sociedades que no son capitalistas –el comunismo, para evitar confusiones, es sólo un capitalismo de Estado, y el socialismo, una versión socializada del mismo modelo–, las producciones, dice Jean Robert, “no están hechas para venderse en los mercados, aunque pueden existir mercados; tampoco están determinadas por el afán de acumular dinero, aunque puede existir alguna forma de dinero”. Su universo es la producción de valores de uso que permiten a los seres humanos una vida frugal en donde la penuria no existe.
Sin embargo, desde el momento en que el capitalismo, es decir, la crematística, fundó y concibió todo como búsqueda de riqueza, de producción y de consumo, no sólo destruyó las formas originales de la economía, sino que al instaurar la primera nos obligó a entrar en su lógica. Al transformar el vicio de la envidia en virtud y hacernos creer que a través de ella –puesto que nos obliga a la competencia– podríamos producir riquezas para todos, nos introdujo en una larga y prolongada rivalidad que, en las sucesivas crisis económicas que el mundo vive, ha mostrado su verdadero rostro: La riqueza, en un mundo limitado –un mundo que el verdadero sentido de la palabra economía resume (el cuidado de la casa, su conservación)–, es fruto del despojo y del robo, de la expropiación de lo que antes se producía en común para convertirlo en mercancías, y del sometimiento del hombre y la mujer que laboran en recursos humanos para la producción de “riqueza”. O en palabras de los Harvard Business School: hazte rico, ya sea produciendo o especulando.
En este sentido, lo que el crimen realiza no es otra cosa que la dinamización de esa divisa, la expresión exacerbada e ilegal de lo que la economía capitalista exige, la expresión extremosa de la maximización de los recursos para producir dinero. O ¿qué hace el narcotraficante cuando contrata al campesino y sus tierras para producir estupefacientes, sino lo mismo que hacen las agroindustrias o Casas Geo sobre un territorio que antiguamente servía para la subsistencia?; ¿qué hace el secuestrador, sino maximizar la ganancia que un recurso humano produce en una fábrica y deshacerse de él cuando su productividad no reditúa lo que se esperaba?; ¿qué hacen las mafias criminales cuando ofertan trabajo al ejército de desempleados que el despojo capitalista ha generado, sino lo mismo que hacen las industrias y las instituciones capitalistas: obtener mano de obra barata para trabajos que enajenan la vida?
La lógica del crimen, lo mismo que la guerra que se simula para combatirlo, son inseparables del capitalismo. Gracias a ellos, la industria armamentista aumenta su capacidad productiva; la de la violencia, su oferta de empleo, y la producción de recursos materiales, humanos y mercantiles, su condición de riqueza. La pérdida de lo humano es el desvalor que permite transformar el misterio sagrado de la vida y del mundo en un valor que alimenta el crecimiento crematístico.
Mientras el Estado continúe promoviendo esa forma de lo económico, el crimen jamás será erradicado: será, como ya lo es, un negocio más –de altos costos– en la vorágine del enriquecimiento y el consumo.
Junto a esa crematística que se ha desbordado en los horrores que ocultaba, emerge, sin embargo, el modelo económico de los campesinos y de las comunidades indígenas no contaminados todavía por el capitalismo de las agroindustrias o del narcotráfico. Ese tipo de campesino, que pertenece a las formas de la economía que elogiaba Aristóteles, no genera excedentes mercantiles. No es, como piensan los marxistas, un proletario desposeído, sino miembro de comunidades o pueblos en equilibrio con la naturaleza que sólo producen lo que necesitan y que tiene su rostro urbano en muchas de las economías informales. Esas economías, que Jean Robert llama “expolares” porque están fuera de los modelos convencionales de la crematística del mercado o del Estado, son economías donde deberíamos centrar nuestra atención para pensarlas como alternativas al crimen que está en la lógica profunda del capitalismo.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a todos los presos de la APPO y hacerle juicio político a Ulises Ruiz.
En el 2009 fue electo Secretario General de la Unión Africana. Allí proclamó su determinación a seguir luchando por el establecimiento de la integración de los países africanos y la conformación de los Estados Unidos de África. Su discurso en este foro dejaba en evidencia que sus concepciones radicales y socialista se mantenían intactas. Los analistas internacionales de las principales empresas de comunicación concluyeron sin embargo que se trataba solo de "retórica populista".
En la lucha por el control del mar de petróleo liviano bajo el suelo libio, durante la segunda guerra mundial el país se convirtió en el campo de batalla entre las fuerzas nazis bajo el mando de Rommel y las fuerzas británicas bajo el mando de Montgomery. Con la derrota de Italia en la segunda guerra mundial, Libia fue repartida cual trofeo de guerra entre Inglaterra y Francia.
El despertar del pueblo árabe