Sinopsis:MÉXICO, D.F., 24 de mayo (apro).- La histórica derrota electoral del gobernante PSOE y el ascenso del PP en los comicios municipales y autonómicos ya era una tendencia dominante en las encuestas españolas, antes del surgimiento de las movilizaciones convocadas por la plataforma Democracia Real Ya, los colectivos de Anonimous y decenas de organizaciones articuladas al margen de los partidos y de los medios masivos de comunicación, a través de redes sociales señaladamente de izquierda o en contra del bipartidismo.
Una extraña paradoja se construye entre el mundo de la “democracia formal” y la “democraica real” española. Las urnas reflejaron el rechazo al partido gobernante y un repunte de su adversario histórico, el Partido Popular, de Mariano Rajoy, mientras que las movilizaciones y las redes sociales, que han inspirado la Spanish Revolution, apuntan a una dirección claramente opuesta.
Por ahora, el ganador es Mariano Rajoy. Él y sus aliados mediáticos, especialmente comentaristas de la televisión privada, promueven ya la convocatoria a unas elecciones nacionales anticipadas, porque "no se puede perder un año más" y porque el gobierno de Rodríguez Zapatero “no está en condiciones” de continuar la administración federal.
No fue poco lo que perdió el Partido Socialista Obrero Español al disminuir en más de 10 puntos su votación, en relación con los comicios de 2007. El PP le arrebató a los socialistas los gobiernos de Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Islas Baleares y Cantabria, y refrendó su victoria en Madrid, la capital que se ha convertido en el epicentro de una movilización ciudadana que ha sorprendido a todo el mundo.
A pesar de su victoria, el PP no tiene una mayoría cómoda. Obtuvo 8 millones 400 mil votos, 37.57% del total, diez puntos arriba del PSOE. La lejana tercera fuerza Izquierda Unida tuvo un ascenso importante en aquellas autonomías donde se fracturó el bipartidismo, especialmente en Extremadura, pero está muy distante de disputarle a las dos organizaciones dominantes su control. Obtuvo 6.31% de los votos.
La tendencia dominante en otras autonomías fue el corrimiento hacia la derecha en las urnas. En general, según un análisis de Pere Rusiñol, las derechas pasaron de 43.1 a 47.7% de los votos, en general, mientras las izquierdas disminuyeron de 45.2 a 39.7%. El mayor vuelco fue en Canarias, donde las izquierdas retrocedieron 11.9 puntos; en Aragón, con 9.9% de caída, y en La Rioja, con 9.48% menos.
En Cataluña, las dos formaciones de centro-derecha (Convergencia y Unión) y el PP es probable que formen un gobierno. La izquierda de Ezquerra Republicana tuvo una brutal caída en Cataluña, que generó la renuncia de la cúpula dirigente.
El índice de participación electoral fue del orden de 66.2%. El voto nulo y la abstención llega a 1 millón de votos, que representa casi 5% del total, lo que implica un ligero incremento con relación a las elecciones del 2007.
Las primeras palabras del presidente José Luis Rodríguez Zapatero reflejan un crudo diagnóstico. En su mensaje nocturno achacó la responsabilidad a la crisis económica, que ha provocado el desempleo de 23% de la población económicamente activa y un durísimo plan de ajuste que ha disminuido los apoyos presupuestales en seguridad social, educación y salud.
"Entiendo que estos resultados tienen una clarísima relación con la crisis económica que vivimos desde hace tres años, con la desaparición de dos millones de puestos de trabajos", afirmó Rodríguez Zapatero.
"Es una crisis que tiene muchos efectos en el estado de ánimo de los trabajadores, que hoy han expresado su malestar. Por ello era de esperar que el PSOE recibiera un castigo en las urnas", justificó el presidente español, quien abandonará el poder en 2012, si es que la derecha partidista no consigue adelantar los comicios generales.
La otra crisis: "No somos mercancías de partidos y banqueros"
Sin embargo, el avance del PP y de otros partidos locales de centro derecha no responde aún a la principal crisis que se ha detonado a raíz de las multitudinarias movilizaciones y al plantón en Plaza del Sol.
El movimiento de los indignados no es sólo contra el gobernante PSOE, sino contra el bipartidismo dominante y la mercantilización electoral. Sin tener un signo partidista claro, el movimiento de los indignados es una clara proclama contra el sistema dominante.
Fabio Gándara, un joven abogado de 26 años que arrancó en Facebook y en otros blogs la plataforma Democracia Real Ya, junto con dos amigos desempleados, sintetizó así en declaraciones a El País la principal crítica que comparten cientos de organizaciones civiles:
"Son dos los principales culpables: los políticos, nuestros supuestos representantes, que actúan en connivencia con los grandes poderes económicos, y los poderes económicos, que mediatizan a los grandes partidos, imponen un marco de desregulación y especulan con los bonos de los países".
De este diagnóstico viene uno de los lemas más exitosos de la plataforma Democracia Real Ya: "No somos mercancías en manos de políticos y banqueros".
Nuevos medios: la gente es el mensaje
En paralelo con la crisis y teniendo como precedente las revueltas en los países árabes, en España se está consolidando una tendencia de la nueva era digital de las comunicaciones horizontales y de las audiencias convergentes.
A diferencia del axioma de Marshall McLuhan –"el medio es el mensaje"–, en España se está demostrando que no son los medios sino las audiencias las que están modificando los mensajes, a los medios mismos y a las movilizaciones.
El guionista de televisión Guillermo Zapata lo explicó así en su artículo "Siete palabras-claves desde la Puerta del Sol", publicado en La Jornada este domingo:
"La comunicación es la forma de organización política. La gente se convierte en medio de comunicación. Las redes sociales no son tanto el medio, como el territorio expresivo y organizativo. El sentido común se teje en forma de flujo y de mente. De la lógica de la confianza compartida de Facebook se pasa a la lógica de la vivencia directa de Twitter".
Esta es la auténtica novedad y la revolución española que se está gestando en Plaza del Sol y en decenas de ciudades españolas. Es la revolución de los indignados que abandonan la invisibilización a la que estaban condenados en los grandes medios y en la mercadotecnia electoral, que los reducen a datos estadísticos o a vacías promesas de empleo o, peor aún, que los simplifican como ninis, al igual que en México.
Al hacerse visibles y poderosamente efectivos para mantener durante más de una semana un plantón multitudinario, los indignados crean sus propias plataformas y medios: decenas de blogs y una web general que transmite en vivo y en directo las deliberaciones que continuarán una semana más, al menos en Plaza del Sol.
Cientos de miles en al menos 150 ciudades de España comenzaron una reflexión colectivapara repudiar el actual modelo económico, en una jornada en que el Tribunal Supremo reiteró la prohibición de movilizaciones previas a las elecciones del domingo.
Pasó de paria a amigo de Occidente y acumulaba muestras públicas de amistad de los más variados mandatarios, desde Silvio Berlusconi hasta Tony Blair, pasando por José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y el rey Juan Carlos. Pero incluso durante esta luna de miel, Muamar Gadafi ponía los pelos de punta a los diplomáticos de EEUU en Trípoli, según revelan decenas de cables secretos de la embajada filtrados por Wikileaks, que muestran una auténtica obsesión por los pozos de petróleo y por las dificultades que bajo su régimen encontraban las empresas occidentales para operar en el país.
"En Libia, el negocio es la política y Gadafi controla ambos", sostenía un informe confidencial de febrero de 2009. Los cables de los diplomáticos de EEUU lamentan reiteradamente las interferencias de la familia Gadafi, que controlaba los sectores económicos más lucrativos. Pero el asunto estrella de los documentos filtrados, que generó ríos de tinta muy superiores a la preocupación por los derechos humanos, es el endurecimiento de las condiciones de la docena de compañías petroleras occidentales que operan en el país, lo que provoca un gran malestar en la embajada.
Libia es el primer país africano en reservas de petróleo, con 46.000 millones de barriles estimados, el doble que EEUU. En 2010, alcanzó los 1,8 millones por día, procedentes en un 80% de la zona de Sirte y cuya venta supuso el 95% de los ingresos del Estado. Los principales clientes son Italia (28%), Francia (15%), China (11%), Alemania (10%) y España (10%).
Crudo fácil de extraer
El petróleo libio no sólo es abundante, sino de gran calidad y fácil de extraer, lo que lo hace especialmente rentable: en algunas zonas, el coste de extracción es de apenas un dólar el barril. Cuando entre 2003 y 2004, Naciones Unidas y EEUU levantaron las sanciones, tras la renuncia del régimen a la producción de armas de destrucción masiva, las grandes petroleras occidentales volvieron masivamente al país.
Las compañías internacionales que dominan el mercado libio son Eni, Repsol YPF y el consorcio estadounidense Oasis, que integra en Libia a CoconoPhillips, Marathon Oil y Ameranda Hess. Pero está también sólidamente instalada PetroCanadá, TNK y Gaz-prom (Rusia), Total (Francia), Saga Petroleum (Noruega), Wintershall y RWE (Alemania), OMV (Austria), BP (Reino Unido), Occidental, Halliburton, Exxon (EEUU) Chevron se marchó en 2010 porque sus exploraciones no daban resultados, Woodside (Australia) y Japan Exploration Company, entre otros.
Indignación
La Embajada de EEUU siguió con lupa las condiciones del sector y reflejó su creciente indignación en los cables que enviaba a Washington. A partir de 2006, el régimen libio inició una ronda de contactos con las multinacionales para extender las licencias y endurecer sus condiciones exigía ampliar la cuota de beneficios que corresponde al Estado y el pago de un bonus millonario adicional, entre otras novedades, pese a que los contratos se habían firmado hacía apenas tres años y que faltaba mucho para que expiraran, lo que provocó gran malestar a la Embajada. Y cuando la mayoría de petroleras aceptaban y firmaban, los funcionarios estadounidenses no ocultaban su indignación.
La alarma se enciende para EEUU a finales de 2007, cuando Eni aceptó las nuevas condiciones y firmó: "Pese a que Eni lo vende como un éxito, el acuerdo conlleva aspectos negativos y puede facilitar el camino para que se impongan exigencias similares a otras concesionarias de petróleo y gas extranjeros", lamenta un cable del 26 de octubre. Y añade: "El resultado es que Libia se queda con una parte mayor del petróleo producido y en las cuentas de Eni constarán menos reservas".
En cables posteriores, los diplomáticos de EEUU ahondan su preocupación: "Ejecutivos de empresas occidentales han mostrado reservas muy serias. Un ejecutivo dice que el acuerdo asusta y hay una preocupación generalizada de que ahora buscarán acuerdos similares con el resto". Y más: "La creciente avaricia de la NOC [empresa pública petrolera de Libia] puede hacer disminuir el interés de los principales operadores en Libia."
Las petroleras van firmando las nuevas condiciones, pero ello no aplaca el malestar de la Embajada de EEUU, que en noviembre de 2007 redacta otro informe: "Libia es un lugar excepcionalmente difícil para las petroleras internacionales, que tienen que afrontar numerosos y bizantinos problemas y sus márgenes de beneficios son comparativamente menores. La situación empeorará en los próximos años porque el Gobierno busca concesiones adicionales para maximizar los beneficios".
Cuando en junio de 2008 PetroCanadá firma un nuevo contrato que según la embajada de EEUU supone un espaldarazo a "los esfuerzos libios para imponer términos más duros a las petroleras extranjeras", los diplomáticos de EEUU muestran ya resignación: "Ante los altos precios del petróleo y las limitadas posibilidades para nuevas exploraciones y producción, las petroleras tragan y firman".
La única alegría se la da Chevron, que en julio de ese año explica su intención de dejar el país porque no encuentra yacimientos en la zona asignada. El funcionario lo registra así: "Son pesimistas ante las perspectivas negativas de encontrar algo. Además, son contrarios a esta mentalidad de subasta [del Gobierno libio] y reticentes a acceder a los términos draconianos que exige la NOC".
En enero de 2009, la Embajada apunta directamente al jefe del NOC, Shukri Ghanem, y monta varias reuniones con ejecutivos del sector que lo critican. Según los informes de la Embajada, entre los ejecutivos occidentales hay un "extendido malestar" contra él por su "falta de experiencia técnica" y por su "reticencia a reunirse con los ejecutivos de las petroleras extranjeras".
"Su enfoque y estilo han alienado a las petroleras extranjeras y daña la cooperación potencial. Otros ejecutivos nos cuentan que en determinados aspectos es un regreso al estilo de la década de 1970, cuando se veía a las compañías extranjeras desde una lente nacionalista que las consideraba entidades depredadoras", añade el informe. Y concluye: "El 95% de la economía depende del petróleo. El hecho de que el NOC esté en manos de un individuo autócrata mal visto por sus subordinados y por los profesionales internacionales del petróleo no augura nada bueno en el objetivo libio de incrementar la producción de 1,7 barriles por día a los 3 millones".
Poco después, el Gobierno libio convocó a las petroleras para pedirles que contribuyeran a un fondo "voluntario" que le permitiría compensar las indemnizaciones por acciones terroristas del pasado. "Hay malestar. Se les dice que tendrán mejor trato si hacen contribuciones "voluntarias". Tras la reunión, los mánagers se muestran firmes en no pagar, pero hay el rumor de que Gazprom y pequeñas firmas ya han contribuido".
Ola de privatizaciones
Este malestar se extiende a todos los nichos de negocio que van apareciendo al son de la ola privatizadora emprendida por el régimen. Los cables de la Embajada tratan sistemáticamente de enfriar el interés de las empresas de EEUU que quieren invertir en Libia.
Cuando el gigante Bechtel renuncia a construir un puerto comercial en Sirte que tenía apalabrado, la embajada lo eleva a categoría: "El fracaso de Bechtel muestra cómo se toman las decisiones ante las inversiones extranjeras importantes. Tras un año de esfuerzo y pese al desembolso de un millón de dólares, a numerosas visitas de alto nivel y a supuestos compromisos formales del Gobierno, ha sido imposible. El hecho de que un operador con los conocimientos y la potencia económica de Bechtel no lo logre debería servir como lección para la gran cantidad de empresas occidentales que quieren entrar en el floreciente mercado libio."
La Embajada también enfría el entusiasmo levantado por el ambicioso plan de privatizaciones puesto en marcha por Gadafi. En un cable de noviembre de 2009, advierte de que el Gobierno libio exige que los nuevos propietarios privados mantengan los puestos de trabajo: "Esto a menudo hace que sea poco atractivo para un inversor extranjero, en la medida en que la productividad de las empresas públicas libias es infame y tienen exceso de personal como consecuencia de las generosas leyes laborales libias".
Por los cables desfilan todo tipo de negocios, algunos patrocinados o bendecidos por gobiernos: manejos de Italia para que la empresa Sipsa gane un contrato para destruir químicos, el intento infructuoso de la empresa británica York Guns de colocar 130.000 rifles automáticos que los diplomáticos sospechan que acabarán en Chad o Sudán, operación vetada por el Gobierno británico que acabará asumiendo sin problema la rumana NFI, la mediación de un diplomático español en nombre de Espidesa (Técnicas Reunidas), que buscaba el visto bueno de EEUU para construir una fábrica de ácido nítrico, o las sugerencias de Tony Blair para que Libia invierta en Sierra Leona y Ruanda, países que el ex primer ministro británico dice que son prioritarios para su organización caritativa.
Los diplomáticos de EEUU describen también la tirantez entre las autoridades libias y francesas: subrayan la feroz oposición de Gadafi al proyecto de Unión Euromediteránea y los comentarios "sarcásticos" del mandatario libio sobre Sarkozy. Y, en sentido inverso, auguran un acercamiento a España tras la visita del rey a Trípoli, en 2009: "Entendiendo que en Libia el negocio es la política y que Gadafi controla ambos, España probablemente se beneficiará de la cálida relación entre Gadafi y el rey".
Aznar abrió el camino en 2003
José María Aznar fue uno de los dirigentes clave que facilitó la reinserción internacional del régimen de Muamar Gadafi y la expansión de empresas occidentales en Libia. En septiembre de 2003, el entonces presidente del Gobierno español fue el primer mandatario occidental en entrevistarse con Gadafi en Trípoli tras el levantamiento de las sanciones.
Pacto nuclear con Francia, Rusia y Estados Unidos
Gadafi buscó acuerdos simultáneos con Francia, EEUU y Rusia para iniciar un programa nuclear civil. Todos mostraron predisposición, pero ninguno pasó de las buenas palabras. El primer paso se dio durante la visita de Nicolas Sarkozy a Trípoli en julio de 2007, cuando ambos países suscribieron un memorando para cooperar en "las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear".
La Embajada de EEUU consideró el pacto como "vago programa de cooperación que no compromete a nada". En abril de 2008, durante una visita de Vladímir Putin y "ante la insistencia libia" -subraya un cable filtrado-, Trípoli firmó otro memorando de cooperación nuclear igualmente vago. Y, en mayo de 2008, la Embajada da cuenta de que un alto cargo sondeó a EEUU con el mismo fin y tampoco en esta vía hubo avances.
Fuente:Â http://www.publico.es/internacional/369371/el-gran-negocio-de-libia
Con millonarios contratos en el sector energético y créditos de la banca de desarrollo, el gobierno de Felipe Calderón capitaliza el grupo Abengoa. Los recursos del presupuesto federal se convirtieron en una de las principales vías de ingreso del consorcio español que opera como intermediario en Pemex. Docenas de empresarios mexicanos alegan supuestos fraudes y tráfico de influencias del consorcio, entre cuyos accionistas y directivos figuran políticos españoles, aristócratas, funcionarios y familiares de la corona española, como Carlos Borbón dos Sicilias, primo hermano del rey Juan Carlos I, su consejero y representante en el mundo empresarial. Abengoa sería una de las firmas en las que el rey de España tiene intereses económicos.
Ana Lilia Pérez / primera parte
Por enésima ocasión le negaron el acceso. El director general para México del consorcio español Abengoa, Luis Rancé Comes, ordenó al personal de seguridad impedir el paso de una obstinada empresaria de Campeche que, insistente, reclamaba el pago de los trabajos que su pequeña compañía hizo para Telvent, subsidiaria de Abengoa, en una obra encomendada por Petróleos Mexicanos (Pemex).
Envuelta en su impecable traje sastre, sofocada aún por el largo viaje, Susana Salinas se topó de frente con el musculoso brazo de un hombre que, flanqueado en la puerta, le impedía cruzar el umbral. De un empellón, Susana se abrió paso hasta la recepción. Segura de que Rancé y el director de proyectos Alejandro Guerrero de nuevo la evadirían, decidió improvisar un plantón.
De su portafolio, extrajo un folder en el que escribió: “¡Luis Rancé, exijo mi pago!”. Extendiéndolo de frente, entre sus manos, se sentó a esperar una audiencia fallida. De la dirección general, llegó la respuesta: “No le pagarán y no regrese”, machacó el guardia y la expulsó.
Un año antes, en septiembre de 2006, Telvent contrató a Industrias y Publicidad Noble, la compañía de Susana Salinas, para que realizara los patines para la inyección de nitrógeno en la planta de Pemex Exploración y Producción (PEP) en Jalpa de Méndez, Tabasco. “Nos pagaron la primera y la segunda estimación de obra; luego, nada. Nos dijeron que siguiéramos trabajando, que nuestro dinero estaba seguro. Nosotros seguimos. Teníamos 20 trabajadores en campo más los supervisores. Para cubrir gastos, tuvimos que pedir créditos y dejamos en fianza el patrimonio familiar. Al fin que estábamos con una empresa española que cobraría a Pemex muchos millones, pensábamos. Nuestro pago estaba asegurado, o al menos eso creíamos”.
A punto de terminar los trabajos, la compañía aún no les abonaba nada. Susana decidió apersonarse en las oficinas de Abengoa. Por más que intentó sensibilizar a los españoles al exponer su desesperación de que los créditos para costear el contrato generaban interés sobre interés, regresó a Campeche con la cuenta vacía, pero con la promesa de que, en cuanto concluyera la obra, le liquidarían y le darían nuevos trabajos.
El 98 por ciento del trabajo estaba cumplido cuando Telvent le rescindió el contrato con el argumento de incumplimiento. “Me informaron que no me pagarían porque todo estaba mal. Era absurdo, porque tengo las bitácoras de obra que el director del proyecto, Alejandro Guerrero, y su jefe Ignacio Mérida firmaron de conformidad en cada avance”, dice y muestra los documentos, todos con el visto bueno de los directivos de Telvent. Con la documentación certificada por un notario público, decidió reclamar su pago en tribunales al grupo Abengoa. “Entonces –prosigue–, no sabía con quién me enfrentaba”.
Los beneficios de Calderón
El consorcio ingresó al mercado mexicano en 1993 como Sainco (Sociedad Anónima de Instalaciones de Control). Para Carlos de Borbón, el mercado no le era ajeno, dado su encargo como funcionario del Banco de México, según inscribe su biografía oficial. Tampoco a Emilio Cassinello, directivo de Abengoa que entre 1982 y 1985 fue embajador de España en México.
En 1997, registraron la subsidiaria Abengoa México e ingresaron como presidente del corporativo a Luis Rancé Comes, directivo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro, el hombre de las relaciones públicas y políticas desde el sexenio de Vicente Fox. Se trata de uno de los empresarios que aparece en las indagatorias que la Secretaría de la Función Pública integró en 2005 como parte de una red de empresarios y empresas supuestamente favorecidas con contratos irregulares de Pemex Refinación asignados durante la administración del hoy senador Juan Bueno Torio.
Pero ha sido el gobierno de Felipe Calderón el que ha entregado a Abengoa el mayor número de contrataciones en su historia de negocios en nuestro país, por montos que le aportan el 50 por ciento de los ingresos totales que el corporativo obtiene en América.
Ello sin duda es del agrado de Carlos de Borbón, esposo de la princesa Ana de Orleans, primero en el puesto de la línea de sucesión a la corona después de los descendientes directos del rey Juan Carlos. No en balde Felipe Calderón ha recibido una suerte de distinción, como la condecoración de la Orden Isabel la Católica, que en junio de 2008 recibieron él y su esposa Margarita Zavala de manos del rey Juan Carlos.
El consorcio tiene registrados como proveedores del gobierno federal a sus empresas Abengoa; Abener; Abener Energía, SA; Abener México, SA, de CV; Abener Energía El Sauz, SA de CV; Telvent Energía, y Medio Ambiente, SA (antes Sainco); Telvent México, SA de CV; Telvent Energía, SA; Telvent Git; Befesa México; Befesa Limpiezas Industriales, SA de CV; Sistemas de Desarrollo Sustentable, SA de CV; todas domiciliadas en el 174 de la calle Bahía de Santa Bárbara, colonia Verónica Anzures, Distrito Federal, a unas calles de la sede de Pemex. También a las firmas Telvent Tráfico y Transporte, SA, y Telvent Git (en Madrid, España) y Abener Energía (en Sevilla, España).
Entre 2008 y 2010, a nombre de Abengoa México facturaron 8 mil 176 millones de pesos a Pemex. Uno de estos contratos, asignado en 2009 por Pemex Gas y Petroquímica Básica para la transformación del agua desmineralizada a vapor, representó un monto de 7 mil 429 millones 410 mil pesos.
Telvent Energía, por ejemplo, facturó más de 600 millones de pesos a Pemex Refinación por implantar el sistema SCADA en siete poliductos. A Telvent México, III Servicios le pagó más de 100 millones de pesos por un diagnóstico de riesgos de estaciones de bombeo de ductos de Pemex Refinación (Pajaritos, Progreso, Juan Díaz Covarrubias, Loma Bonita, Tierra Blanca, Arroyo Moreno, Mendoza, Maltrata y San Martín Texmelucan), trabajos que, según su naturaleza, debía hacer la paraestatal.
El gobierno de Calderón les entregó también créditos de Nacional Financiera (Nafin) por montos que fueron clasificados como “confidenciales”, según la respuesta que Nafin dio a Contralínea mediante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.
Subcontratación, el método
Sin infraestructura ni planta laboral, Abengoa recibe contratos de obra, servicios y suministros por adjudicación directa, invitación restringida y licitación pública. Pemex, por ejemplo, le ha adjudicado unos 50 proyectos, algunos estratégicos y costosos, como la automatización de procesos en las terminales de almacenamiento y distribución de combustibles del país.
Entre ellos, la instalación del calentamiento de crudo ligero en la Sonda de Campeche, contrato 418815809, por 324 millones de pesos; la ingeniería, adquisición, instalación y pruebas para el Proyecto del Sistema Supervisorio Operativo de Procesos para las instalaciones del Activo Integral Ku-Maloob Zaap –420836814– por 110 millones 425 mil 854 pesos; la construcción de líneas del sistema de deshidratación de crudo para el traslado del aceite a la Terminal Marítima de Dos Bocas –420847804–, por 73 millones 847 mil 375 pesos.
También, el reacondicionamiento de la subestación eléctrica de potencia Samaria, del Activo de Producción Samaria Sitio Grade, contrato 415112993, por 6 millones 501 mil pesos; el acondicionamiento de instalaciones para inyección de aguas residuales en el Campo Hormiguero, contrato 4169088180 por 15 millones 625 mil pesos; el acondicionamiento de instalaciones para inyección de aguas residuales en el campo José Colomo, contrato 4169088190 por 12 millones 458 mil pesos; y la construcción y puesta en operación de separadores trifásicos de hidrocarburos en el Activo Integral Bellota Jujo, contrato 425029819 por 68 millones 780 mil pesos.
Pero las adjudicaciones no parecen del todo legales, revela Armando Barragán, exejecutivo del consorcio Abengoa, cuya relación con la empresa inició durante su periodo como directivo de Pemex Refinación, y justo cuando los españoles iniciaron su relación contractual en la paraestatal. Entonces, como director de proyectos, “recibí la instrucción de ayudar a la compañía y yo los ayudaba”, admite.
—¿A cambio de dádivas?
—Ellos lo manejan de una manera muy diferente, de una forma política y de allí manejan todo. Todo lo que tengan que otorgar, lo otorgan.
—¿Cómo qué?
—Lo que requieran; lo que les estén pidiendo.
—¿Le tocó conocer lo que dan a los funcionarios a cambio de los contratos?
—A mí, por ejemplo, una vez me dijeron mis jefes de Pemex que me iba de viaje a España, y bueno, a mí Pemex me pagaba todo. Ellos (Abengoa) me dijeron: “¿Y si te damos el boleto de avión para tu familia?”. “Mmm… pues me los llevo”, respondí. Y me proporcionaron los boletos.
Al cabo del tiempo, la relación se hizo tan estrecha y para el grupo Abengoa resultó tan rentable que, cuando a Armando le rescindieron su contrato en Pemex, “por no ayudar a una empresa priista”, dice, lo integraron como directivo del consorcio. La finalidad era que con sus contactos y amigos operara los contratos que Pemex les adjudicaría.
“Cuando salgo (de Pemex), y como conozco mucho, pues me contratan para que les ayude. Me dicen: ‘Ayúdanos. Tú conoces a todo mundo y puedes ayudarnos’. Me fui con ellos. Pudimos hacer el trabajo más rápido.”
Operaciones oscuras
La carta fuerte del grupo Abengoa en sus propuestas contractuales es un supuesto know how y tecnología. Su ejecutivo, Armando Barragán, dice que no hay tal, que “no tienen tecnología; la que venden a Pemex es canadiense y el software es lo mismo que los mexicanos. En realidad, no ofrecen nada”. Aunque lo que les ha resultado más lucrativo, explica, “son los contratos leoninos que firman con subcontratistas en los que al final son ellos los que terminan costeando los trabajos que Abengoa cobra”.
Lo que le ocurrió a Susana Salinas y su empresa Industrias y Publicidad Noble no es un caso aislado.
Una vez que la firma obtiene un contrato, recluta compañías locales a las que presentan en Pemex y CFE como si fuesen parte de su plantilla, narran otros tres empresarios. Si bien podría suponerse que representan una opción de empleo para docenas de compañías mexicanas, el resultado es completamente opuesto, pues en la ejecución de los contratos les abonan sólo las primeras estimaciones de obra, condicionándoles el pago al término total de los trabajos; pero cuando su conclusión se acerca, les rescinden el contrato y hacen válidas las fianzas de los subcontratistas. Por ello, las relaciones contractuales entre el grupo Abengoa y muchos de sus subcontratistas terminan dirimiéndose en los juzgados.
El contrato que Pemex Refinación le asignó a Telvent para automatizar las TAD es representativo: el 95 por ciento de las subcontratistas demandó a la compañía por supuesto fraude. Armando Barragán, responsable del grupo Abengoa en este contrato, explica las razones:
“Los contratos eran leoninos; estaban pactados a precio alzado, por lo que no podían hacerse modificaciones de obra ni de monto, pero en ellos se estipulaba mucho menos obra que la que era en realidad, para que sus precios fueran menores. Ya cuando empezaban a trabajar y se daban cuenta que era mucho más obra, pedían que se modificara el contrato. Como eran compañías que trabajaban de buena fe, se les decía ‘te voy a hacer los ajustes’, se confiaban y decían ‘ok, yo trabajo’. Luego se argumentaba que incumplieron y se les aplicaban penalidades del 20 por ciento por 10 días de atraso y 2 por ciento diario. Al final, las contratistas le debían a la compañía.”
—¿Esto es deliberado?
—Sí, es deliberado. Saben que no te vas a dar cuenta.
—¿Cuántas empresas calcula durante el tiempo en que usted trabajó y que terminaron en pleito?
—Como el 95 por ciento. Yo estuve trabajando con ellos cerca de ocho años. Los contratos grandes que yo manejaba de aproximadamente 30 compañías, 25 salieron con problemas. Pero el problema no termina allí, sino que ellos se cobran de mala fe. Dicen “a esta compañía la vamos a penalizar”. Llega un momento en que entregan los equipos, terminan los trabajos y no les pagan. Porque a muchas compañías, aunque entreguen a tiempo, les descuentan muchísimo.
Armando Barragán devela detalles que explican las ganancias del grupo Abengoa:
“Como corporativo, trabajan un sistema denominado pago por banco a 180 días. Cuando el proveedor lleva la factura, ellos la revisan. En la revisión se pueden tardar de 15 días a dos meses. Cuando la aceptan, te dan la instrucción: ‘si quieres cobrar la llevas al banco’, y de sus líneas de crédito te pagarán 180 días después, pero si quieres cobrar antes deberás pagar comisión por factoraje. Cuando quieren perjudicar a una compañía, se van con el factoraje más alto, más intereses, de entre 8 y 10 por ciento.
“Ellos se quedan con la mitad de los intereses o los puntos TIE que se manejen; la otra mitad es para los bancos. Es dinero fresco que entra a la compañía nuevamente. Ya seas contratista o proveedor, te aplican un descuento obligado que lo aceptas o lo aceptas porque normalmente el consorcio se queda con los contratos grandes (del gobierno). Entonces no te queda más que irte con él a venderle.”
Los supuestos defraudados
Adrián Fernández Delfín, un empresario tabasqueño que hasta antes de Abengoa daba ambos servicios a Pemex de manera directa, fue subcontratado a través de Telvent. Los españoles, dice, lo localizaron a través de los mismos funcionarios de Pemex que les asignaron el contrato.
“En la zona de Veracruz, realicé todos los servicios de los sistemas satelitales y de comunicación de voz y datos. Luego los de voceo y alarmas audibles para los pozos desde Ciudad del Carmen hasta Reynosa. Ellos ganaron la licitación, pero no sé cómo si no tenían personal para estos trabajos; me buscaron ya cuando los tenían asignados. Uno se pregunta ‘¿cómo le hacen?’. Son muy raras las facilidades que tienen para ganar un concurso sin que acrediten ninguna infraestructura, pues a nosotros Pemex nos pide acreditarlo.
“Empecé a trabajar con ellos en 2007. Desde el inicio, no querían pagarme los trabajos, que ellos llaman ‘órdenes de compra y pedidos’. Me dijeron que cuando terminara, me pagarían; y trabajé con ellos hasta 2009. Cuando reclamaba mi pago, me salieron con que yo les debía. Luego, de plano, me dijeron que no me iban a pagar. Presenté una demanda en Tabasco, pero la diligencia fue en México. Fui a hablar con Alejandro Guerrero (directivo de Abengoa) y me mandaron la guardia de seguridad para sacarme”, detalla en entrevista.
Por los servicios de sistemas de intercomunicación, Telvent facturó a PEP casi 18 millones de pesos. Por los servicios de intercomunicación para prevención y respuesta a emergencias, 23 millones de pesos.
Jorge Cámara Domínguez, de Ingeniería Cadeli, es un caso excepcional entre los subcontratistas de Abengoa. En 2009, logró ganar el juicio ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal contra el consorcio, integrado en el expediente 651/2007.
Cadeli es una empresa mexicana especializada en sistemas contra incendio, proveedora del gobierno federal y del sector privado desde hace 25 años. En los contratos que Refinación adjudicó a Telvent para automatizar las terminales de abastecimiento y distribución, se requería de equipos que sólo Cadeli maneja. Pero en lugar de que Pemex se los adjudicara de manera directa, fue un funcionario de la paraestatal, dice Cámara, el que le recomendó a los directivos de Telvent subcontratarlo.
También le pagaron sólo las primeras estimaciones; la misma historia descrita: rescisión del contrato antes de cubrir los pagos, penalizaciones, hasta que el asunto llegó a tribunales. Pero Cámara aporta un dato que explica por qué Abengoa logra hacer válidas las fianzas, incluso sin informar a los subcontratistas:
“El truco lo hacen con las fianzas para hacerlas válidas y de esa forma recuperar los primeros pagos que le dan a la subcontratista. Hacen negocios con las afianzadoras para poder cobrar con la simple reclamación, y que después la afianzadora se pelee con el contratista para recuperar su dinero. El negocio se hace con los grandes brokers de las fianzas. El acuerdo es ‘yo reclamo la fianza, tú me pagas’ y después la afianzadora recupera su dinero.”
Enrique Santoscoy, de Integral Safety Systems México y de
Comercialización Técnica del Norte, se vio de pronto con las afianzadoras reclamándoles el pago que supuestamente hicieron al grupo Abengoa por sus “incumplimientos”. Es uno de los subcontratistas que la española reclutó para automatizar las terminales de Pemex Refinación. Le encomendaron las de Acapulco y Tepic.
“Cuando deciden cancelarte el contrato, te ejecutan las fianzas inmediatamente y la afianzadora te las cobra. Estás en dos pleitos legales: uno contra Telvent y otro contra la afianzadora. Ellos le apuestan a que tú no tengas capacidad financiera para defenderte. En un contrato de 4 millones de pesos, te demandan por 20 millones. Le apuestan a que no te defiendas y no le metas dinero bueno al malo. Por lo tanto, ya no les cobras. Pero su estrategia no es no cobrarte, sino hacer válidas las fianzas. Si sacamos el monto o la cantidad de empresas que trabajamos en ese proyecto, que fueron alrededor de 10 y a todas las demandaron por 20 millones de pesos, son 200 millones de pesos los que van a deducir de impuestos.”
—¿Acudieron con los directivos de Pemex para exponerles la situación?
—Así es, pero la respuesta fue que éste era un pleito entre particulares. La verdad es que el consorcio tiene muy buenas influencias; definitivamente sus relaciones son mucho más fuertes que las de nosotros.
Protección oficial
En julio de 2009, Javier Peña Gamboa publicó en su blog la denuncia que su compañía presentó en contra de Telvent por supuesto fraude. De todos puntos, del país le llegaron comentarios de subcontratistas de Abengoa en situaciones similares. Pensando en que en bloque obligarían a los españoles a cumplir sus obligaciones contractuales, Javier pensó organizar a los subcontratistas. La respuesta, dice, “fueron amenazas de directivos de la empresa”.
“Hago responsable públicamente a todos los directivos de Telvent si algo le ocurre a mi persona. Sí tenemos miedo mi familia y un servidor de lo que nos puedan hacer, pero estamos sacando fuerzas para luchar por nuestra dignidad, nuestro patrimonio y, sobre todo, para que más de 20 padres de familia no pierdan el sustento que les representa trabajar en esta pequeña empresa”, inscribió en su blog en octubre de ese año.
Javier Peña Gamboa es un hombre serio. En Campeche se le conoce como uno de los primeros empresarios de la zona en afiliarse al Partido Acción Nacional, y de ser quien, en la década de 1990, presentó a los Mouriño –Manuel Carlos y su hijo Juan Camilo– con el presidente de su partido, Felipe Calderón Hinojosa, en la ciudad de México.
“Nosotros nos preguntamos: ‘¿De veras tienen un padrino tan poderoso que los protege e influye para que hagan tantos negocios?’”, rememora Javier Peña, quien, junto con otros subcontratistas, documentó sus casos ante la Presidencia de la República y la Dirección General de Pemex. Incluso tuvo ocasión de comentarlo personalmente al titular de la paraestatal. Confiaba que el presidente Calderón atendiera el caso. La respuesta fue el mutis oficial y la asignación de nuevas y más redituables contrataciones para el grupo Abengoa, y en la vida pública, numerosos encuentros de Felipe Calderón y de su gobierno con el rey Juan Carlos y la realeza española.
Bajo los cuestionados esquemas de trabajo descritos por sus subcontratistas, el grupo ha recibido contratos para construir terminales, líneas de transmisión y subestaciones de la CFE; infraestructura, tratamiento de aguas, remediación de pozos, alarmas, automatizaciones, sistemas de control de emisiones y servicios tecnológicos para Pemex, entre otros.
Accionistas y gestores de alto nivel
Abengoa es una empresa de origen sevillano, fundada en 1941 por Javier Benjumea Puigcerver, fallecido en 2002. En las primeras décadas, junto con sus hijos Javier y Felipe Benjumea y sus sobrinos Joaquín Abaurre y José Luis Aya, manejó la firma como una pequeña empresa familiar, hasta que la fue capitalizando con contratos de los ayuntamientos y las relaciones públicas y políticas que iba tejiendo.
Diversas notas periodísticas de la prensa española documentan que bajo investigación de la Fiscalía Anticorrupción por una simulación en la compra de sus acciones –de Xfera por Telvet–, la familia Benjumea decidió abrir su negocio a influyentes personajes de la políticas y en la función pública de España, lo que además le garantizaba contrataciones gubernamentales. Actualmente, el directivo de mayor envergadura pública es Carlos de Borbón Dos Sicilias.
Nacieron el mismo año, se criaron bajo el mismo techo, se educaron en las mismas escuelas. Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón Dos Sicilias, sucesor de Francisco Franco, nació en Roma el 5 de enero de 1938. Su primo Carlos María Alfonso Marcelo de Borbón Dos Sicilias vino al mundo 11 días después. Cursaron juntos el bachillerato en Las Jarillas y luego en el Instituto de San Isidro, en Madrid.
A sus 26 años de edad, al morir su padre, el infante Alfonso de Borbón, Carlos se convirtió en jefe de la Casa Real de las Dos Sicilias, luego en duque de Calabria y también en conde de Caserta. Catorce años después, su primo Juan Carlos subía al trono de España, heredero de la Dinastía de Borbón.
En 1994, Juan Carlos le dio a su primo el título de infante de España, distinción que sólo se otorga a los hijos del rey y al príncipe de Asturias. Con dicho título, Carlos de Borbón recibe trato de alteza real. Así, Juan Carlos dejó clara la cercanía y confianza con su primo, según consideraciones de la prensa.
Carlos de Borbón es el hombre de los negocios del rey Juan Carlos. “Compagina su labor profesional, vinculada al mundo de las empresas y las finanzas, con la defensa de la naturaleza, y representa al rey en todas las actividades que el monarca le encarga”, cita su biografía en la página oficial de la Casa Real de Borbón (www.constantinianorder.org).
Amén de su parentesco, en los círculos empresariales a Carlos de Borbón se le identifica como el operador de los negocios privados del rey. De allí que se aluda a los beneficios que en aquel país se le han dado a Abengoa, como ahora se hace también en México, particularmente con la feria de contrataciones entregadas por el gobierno federal.
Además de su alteza real Carlos de Borbón Dos Sicilias, como reza el directorio de Abengoa, entre sus directivos y accionistas aparecen diplomáticos de carrera como Emilio Cassinello Auban; políticos y exministros de gobierno, como el de Presupuesto de Felipe Aznar, Ricardo Martínez Rico o Cándido Velasquez, del círculo estrecho de Felipe González o Paula Chaves Iborra, involucrada en un escándalo de tráfico de influencias para favorecer al consorcio con un contrato que le adjudicó su papá, Manuel Chaves, presidente del Partido Socialista Obrero Español, en su calidad de presidente de la Junta de Gobierno, para construir la Ciudad Digital de Almería, proyecto de 27 millones de euros del presupuesto público de esa localidad.
Contralínea solicitó entrevista con Luis Rancé para saber su postura respecto de la información planteada por los subcontratistas y su excolaborador en Abengoa. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.
Fuente: Contralínea 221 / 20 de febrero de 2011
MÉXICO, D.F., 4 de febrero (apro).- Si ya España era un referente mundial en materia de acuerdos sociales y políticos –nadie duda de lo emblemático que fue el Pacto de la Moncloa, firmado en octubre de 1977, y que estableció la legalidad democrática después de la dictadura de Francisco Franco--, ahora nos da una nueva lección.
El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, firmó un acuerdo fundamental con los principales organismos sindicales y las agrupaciones patronales más representativas del país, para darle una salida a la propuesta oficial de reforma laboral, que tenía enfrentadas a las partes y crispados los ánimos de la población.
Además de establecer la vía del diálogo con empresarios y, sobre todo, con los representantes sindicales, cómo único mecanismo para resolver cualquier diferendo en el ámbito laboral, Zapatero logró, luego de un estira y afloja que le hacían caer dramáticamente en la aceptación de la gente, que los sindicatos aceptaran alargar dos años más a la edad de jubilación, un año menos de lo que pretendía el gobierno, quien además quería llevar a 41 años el tiempo de cotización en la seguridad social para tener derecho a una pensión al 100%.
Es un hecho que desde el Pacto de la Moncloa no había habido un acuerdo social de esa envergadura. Inclusive el presidente de gobierno español mereció felicitaciones de los mandatarios de Francia y Alemania, Nicolás Sarkozy y Angela Merkel, respectivamente.
El acuerdo firmado por Zapatero con la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC OO), las agrupaciones patronales (Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE, y la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas, CEPYME, expresa la voluntad de esos actores para firmar una reforma laboral.
Este acuerdo, en efecto, como lo señaló el propio Zapatero, establece el diálogo social con sindicatos y empresarios como "uno de los grandes activos" que distinguen a España en los procesos de reformas estructurales que protagonizan los países europeos frente a la recesión económica. Y situó la "refundación del diálogo social" como objetivo estratégico para iniciar la recuperación económica.
En Francia, hace apenas dos meses, luego de jornadas memorables de lucha social con grandes manifestaciones en todo el territorio, que a cada nueva convocatoria ampliaban su respaldo, el gobierno se impuso. Donde, además, se habían unido a la resistencia estudiantes de distintos grados, dándole frescura y radicalidad, finalmente un parlamento ajeno a esos reclamos aprobó una reforma a las pensiones.
No era, ni de lejos, lo que aprobaron sindicatos, patrones y gobierno en España. Eso Sarkozy ni siquiera se atreve a plantearlo, pero logró postergar los tiempos de jubilación y añadirle cotizaciones.
En España lo novedoso es que ha habido un acuerdo no en el parlamento, sino con sindicatos y patrones. Y eso no es que sea nuevo, es que realmente es fundamental. Dicho acuerdo establece que para modificar cualquier cuestión en materia laboral se tiene que discutir con los dos grandes actores involucrados: trabajadores y patrones.
Y ello implica una noción de democracia que no se restringe a la votación de los representantes electos en procesos en los que participan los partidos políticos. Democracia, en un sentido más amplio, es incorporar a la discusión a otros “electos”: los dirigentes sindicales. Pero también a los patrones, aunque con ellos el acuerdo con ellos el arreglo es trivial ya que se trata de reducir prestaciones.
Por eso el “acuerdo español” tiene una enorme relevancia. Responde a requerimientos que indudablemente existen. Responde, también, a presiones de distinto signo: la de “los mercados”, que abiertamente se han propuesto eliminar el Estado de bienestar y la de los desempleados, los parados, que alcanzan cifras dramáticas.
Los “mercados” quieren eliminar el Estado benefactor por razones de corto y de largo plazo. Las de corto son presupuestales: se trata de darle espacio a los mayores intereses que cobran para aceptar financiar la deuda soberana española. Las de largo plazo son conocidas: eliminar la asistencia, la seguridad social y las pensiones solidarias, abre espacios al mercado, es decir a esos capitales, para que los trabajadores “paguen” sus derechos sociales a empresas privadas.
Los parados, por su parte, lo que requieren es trabajo. Las cifras son impresionantes: 4.7 millones de personas sin trabajo, el 20.3% de la fuerza laboral española. Se trata del país con el mayor índice de desempleo en el mundo. Con un porcentaje de parados menor al 10% los estadunidenses han implementado medidas monetarias extraordinarias.
Si se desagrega la información sobre el desempleo en España, resulta que el paro entre los jóvenes menores de 25 años llega a un dramático 42.8%, es decir, casi la mitad de los españoles jóvenes no tiene trabajo. Más grave aún, no lo ha tenido desde hace tiempo. Incluso en los tiempos buenos los empleos para jóvenes eran precarios, mal pagados, temporales y sin prestaciones.
También es impresionante que en un millón 320 mil hogares todos los miembros estén sin trabajo.
Este gravísimo problema tiene varias explicaciones. La primera, por supuesto, es que si no hay demanda, no hay producción y, en consecuencia, se eliminan puestos de trabajo. Para crearlos hace falta que la economía crezca, pero no a cualquier ritmo. Los crecimientos vegetativos no crean empleo. Así que hay que crecer a tasas que amplíen la demanda de trabajo. Otra explicación complementaria es la competitividad. Si las empresas españolas no son internacionalmente competitivas trabajando en la propia España, sus plantas se localizarán en otros lugares del mundo. Las firmas españolas con fuerza mundial en el mercado de prendas de vestir, Zara, Massimo Dutti, Oysho, etc. no fabrican en España sino en Asia, América Latina o África.
Otro elemento explicativo es que las prestaciones y remuneraciones vigentes en el mercado español, en consecuencia, pueden resultar un desestímulo para que las empresas internaciones se localicen en ese país, así como para las propias empresas españolas que pretendan competir a escala global e incluso en el mismo suelo español. La presión por abaratar el costo de la fuerza de trabajo existe entre los trabajadores, dadas las difíciles condiciones que genera el desempleo. Por eso el trabajo se ha precarizado y por eso es difícil impedirlo. Apelar a la negociación colectiva para controlar esa precarización es importante. No se evita, pero se le limita.
España ha abierto un camino que pudiera ser relevante para toda la Europa solidaria y equitativa. Si acaso las reformas son inevitables, habrá que hacerlas con los afectados. Ellos son los que tienen que aceptarlas. Para esto son insuficientes los acuerdos parlamentarios. Esa representación debiera entenderse para enfrentar responsabilidades de otro tipo. La democracia electoral tiene que ser completada con una democracia en la que los afectados no sólo tienen que ser escuchados, tienen que ser considerados. Y en esto, hay que reconocer que España ha puesto un blasón muy alto.
Comentarios: o_selley2001@yahoo.com
MÉXICO, DF, 28 de enero (apro).- El gobierno español “de izquierdas” se entrampa en sus propias declaraciones. Un día anuncia que obligará a que en septiembre próximo bancos y cajas de ahorro tengan un capital básico equivalente a 8% de sus activos y, quienes no lo logren, recibirán una inyección de dinero público a cambio de participación en su capital, lo que significa que serán estatizadas, aunque sea parcialmente.
Al otro día el anuncio es que aunque no haya acuerdo con las grandes centrales sindicales –Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT)--, se reformarán las pensiones llevándolas hasta los 67 años de edad y de 39 a 41 años de cotización.
El apuro para culminar la reforma de las cajas de ahorro y del sistema pensionario se explica porque son parte de los pendientes que este gobierno ha comprometido con los grandes inversionistas que controlan los mercados de dinero, eso que eufemísticamente llaman “los mercados”. Las cajas, pese a que aprobaron las pruebas de esfuerzo del año pasado, enfrentan dificultades crecientes para financiarse en el mercado secundario, en el que se compran y venden grandes cantidades de dinero.
La reforma del sistema de pensiones apunta a reducir las obligaciones futuras de pago del Estado español con los trabajadores. Al retrasar la edad legal de jubilación de 65 a 67 años y aumentar los años de cotización, el gobierno de “izquierdas” pretende que el gasto público se reduzca, ya que se obligaría a los trabajadores a aportar durante más tiempo para lograr pensionarse al ciento por ciento, ya que esos dos o tres años más para jubilarse significan que cuando la reforma se aplicase no habría jubilados. Su cálculo es que en 2050 el gasto público en pensiones se reduciría de 15 a 12% del PIB.
Las cajas de ahorro fueron consideradas ejemplo de que era posible hacer banca a bajos costos, cerca de la clientela y rentablemente. Las cajas, como los bancos, participaron del auge inmobiliario que se desarrolló durante los gobiernos del Partido Popular (PP). Dieron créditos para construir y comprar los inmuebles. Los depósitos de sus clientes eran insuficientes para financiar los créditos hipotecarios. Acudieron al mercado de mayoreo a pedir prestado a los tiburones del mundo financiero: bancos ingleses, alemanes y estadunidenses.
Tomaron dinero a corto plazo para prestarlo a largo. El atractivo estaba en el diferencial de tasas y en que eran préstamos seguros. Las agencias calificadoras, que como se sabe han sido pagadas por sus calificados, dieron una alta nota a esos créditos, les pusieron triple A y, en consecuencia, podían venderse para dar créditos adicionales. Durante 2008, en plena crisis, las cajas de ahorro y los bancos españoles aparecían con fortalezas importantes, en razón de que ellos no entraron a las ‘titulizaciones’, a los instrumentos financieros derivados.
Los asalariados españoles, por su parte, aprovecharon las condiciones ofrecidas por la incorporación de España a la Unión Europea. Trabajaron y consiguieron los salarios que negociaron colectivamente con los patrones. Del mismo modo lograron un sistema de pensiones adecuado a las prácticas laborales que estaban vigentes en el momento en el que se instaló la democracia. Tomaron créditos para incrementar su consumo y mejorar sus condiciones de vida. La democracia les permitió construir rápidamente un estado de bienestar que hizo que los niveles de vida españoles mejoraran.
La crisis agravó la incapacidad de la economía española para incorporar al trabajo a jóvenes preparados. Desde antes de la recesión, el desempleo se concentraba dramáticamente entre las personas de 20 a 30 años, lo que motivó que se pensara que suavizando las condiciones de contratación se lograría su ingreso al trabajo. Aparecieron contratos temporales sin prestaciones, lo que en el mundo laboral se conoce como “precarización del trabajo”.
El gobierno de izquierdas apreció mal las complicaciones que empezaron en agosto de 2007. Pronto se dio cuenta de que su diagnóstico era equivocado y que había perdido un tiempo importante. Para remontar, dio marcha atrás en planteos básicos en una administración socialdemócrata. La política social, estandarte de su propuesta política, fue corregida, primero con discreción y después con descaro. El gobierno del PSOE puso por delante, igual que el de Sarkozy en Francia, Merkel en Alemania o Cameron en Reino Unido, lo que los “mercados” demandaban. Su responsabilidad se corrió hacia la derecha.
En 2009, las dificultades económicas mundiales se concentraron en Europa. De pronto resultó que lo que habían hecho los gobiernos para contener la recesión era incorrecto. Usar el gasto público para evitar que la crisis golpeara a los menos favorecidos, muchas veces como resultado de la existencia de estabilizadores automáticos como el seguro de desempleo, se convirtió en irresponsable. Los “mercados” castigaron esa actuación elevando los rendimientos exigidos para seguir financiando no sólo al gobierno, sino también a los bancos.
El gobierno español paga más por su deuda este año y ha hecho que ese sobrecosto se pague eliminando prestaciones sociales de las que se enorgullecía. Están desmontando el Estado de bienestar que se construyó en tres décadas. Pretendían seguir haciéndolo reformando las pensiones. En un mercado en el que los jóvenes trabajan intermitentemente y en empleos sin contribuciones sociales, el gobierno demandaba 40 años de contribución, lo que significa que esos jóvenes con empleos precarios, o de plano en el desempleo, completarán los 40 años cuando cumplan 69 o 70 años.
Al mismo tiempo, anuncian que destinarán 20 mil millones de euros para recapitalizar a las cajas de ahorro que no puedan cumplir con los niveles de capital exigidos. Más recursos públicos a instituciones financieras y menos a los trabajadores. Por fortuna, el gobierno ha entrado en razón aceptando que la jubilación sea a los 65 años para personas que coticen 39 años y a los 67 años para el resto. Las centrales sindicales UGT y CCOO aceptarían 38 años de cotizar para lograr la jubilación completa a los 65 años. En acuerdo es posible. De conseguirse, enviaría un mensaje fundamental: el pacto social primero, los mercados después.
Comentarios: o_selley2001@yahoo.com
Pedro Echeverría V.
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