Narcolavado, otra guerra perdida por Calderón

Los narcodecomisos de ida y vuelta

El poder del narcotráfico no se agota en las armas y el ejercicio de la violencia ni en su capacidad corruptora. Con ganancias anuales estimadas en 40 mil millones de dólares, según el propio gobierno federal, su fortaleza está en los vastos recursos de que dispone para sus actividades criminales y que, hasta ahora, apenas han sido tocados por las administraciones panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón. Y lo que es peor: los cárteles de la droga han recuperado legalmente buena parte de lo que se les incautó en la última década. Una investigación de Proceso revela la incapacidad gubernamental para llevar su guerra contra el narco fuera del ámbito militar y aplicar inteligencia financiera contra el lavado de dinero.

Patricia Dávila

El combate contra el lavado de dinero producto del tráfico de drogas es otro flanco perdido en la guerra contra el narcotráfico: en una década, el gobierno federal ha intervenido tan sólo 55 empresas, pero ha tenido que devolver 24 a sus propietarios, según registros del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Sin embargo, de acuerdo con datos de diversas fuentes oficiales, los capos han logrado recuperar por lo menos otras nueve empresas más. Es decir, el narco le ha ganado al gobierno en 60% de los casos. La organización delictiva más beneficiada ha sido el cártel de Sinaloa.

En estos 10 años, el gobierno vendió 69 mil 870 bienes muebles e inmuebles asegurados al narco, por los que obtuvo cerca de 900 millones de pesos. La cifra no llega ni a 7.2% de la fortuna de mil millones de dólares atribuida a Joaquín El Chapo Guzmán Loera por la revista Forbes en marzo de 2009, cuando lo incluyó como uno de los hombres más ricos del mundo. Si se compara con las ganancias anuales de todos los cárteles de la droga que operan en México, calculadas en 40 mil millones de dólares por el propio gobierno federal, equivale apenas a 0.18%.

La información del SAE contrasta con la obtenida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que desde 2002 incluye en sus bases de datos a 116 empresas mexicanas sospechosas de mantener vínculos con cárteles y de realizar actividades de lavado de dinero. De éstas, el gobierno mexicano sólo ha asegurado ocho, pero ha devuelto siete a sus propietarios, aun cuando forman parte de esas organizaciones delictivas.

Transparencia obligada

Con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el 30 de septiembre de 2009 Proceso solicitó al SAE una lista de los bienes muebles e inmuebles y empresas aseguradas o decomisadas al narcotráfico desde 2000.

Más específicamente, este semanario pidió que los datos se entregaran desglosados por año, con descripciones detalladas de cada uno de los bienes, el nombre de las personas a quienes se les incautaron, fecha y lugar de aseguramiento, cárteles implicados y valor real del bien.

En el caso de los que fueron vendidos, también se requirió al SAE el nombre del adquiriente, la fecha y el monto de la venta, así como la relación de los bienes que no han sido subastados y su estatus legal. Se pidió que se especificara cuáles fueron devueltos a sus propietarios, lugar y fecha de la restitución y el motivo de ésta. En el caso de las empresas, se solicitó además la razón social y el giro comercial.

Ese mismo día, la Unidad de Enlace del SAE asignó a la solicitud el número de folio 0681200020209. Casi dos meses después, el 27 de noviembre, esa entidad respondió de manera “negativa” a la petición. El argumento: la información requerida se consideraba “reservada” o “confidencial”.

El SAE se basó en los artículos 44 y 35 de la Ley de Transparencia para determinar que “proporcionar los datos relativos a montos pondría en desventaja al SAE, pues impediría maximizar el precio de venta y reducir gastos administrativos”. Además, argumentó que la difusión de esa información “puede obstruir las acciones de verificación del cumplimiento de leyes de prevención o persecución de delitos o de impartición de justicia”.

También advirtió acerca de los inconvenientes de identificar bienes asegurados que revelarían “datos de carácter personal”, es decir, “que se encuentren sujetos a un procedimiento jurisdiccional que incide en la esfera jurídica de una persona física”.

El SAE solamente aceptó entregar a Proceso tres listas con información “parcialmente reservada y confidencial” que incluía una relación de bienes muebles e inmuebles, así como de empresas, y su procedencia, la fecha de aseguramiento, la fecha en que fueron entregados a la administración del SAE y el estatus jurídico en que se encuentran. Sin embargo, ni siquiera toda esta información estaba completa en la mayoría los casos.

Debido a la negativa de información del SAE, el 11 de diciembre de 2009 Proceso interpuso un recurso de revisión ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), que fue admitido el 7 de enero último con el número de expediente 5908/09. Tras una solicitud de ampliación del plazo para resolver, el pasado 7 de abril el IFAI ordenó al SAE difundir el monto de los muebles e inmuebles, incluyendo empresas, decomisados al narcotráfico y que fueron enajenados entre 2000 y 2009.

La resolución elaborada por la comisionada del IFAI María Elena Pérez Jaén desecha los argumentos del SAE para reservar la información, porque hacer público el monto en que se vendieron esos bienes decomisados al crimen organizado ya no puede afectar el acto de presentación de ofertas por el cual se determinó el precio para lograr la recuperación económica.

Así, el 8 de abril, Proceso tuvo acceso a la totalidad de la información proporcionada por el SAE.

De los 69 mil 870 bienes asegurados que han sido subastados por el SAE entre 2000 y 2009, la mayor parte corresponden al sexenio de Vicente Fox: se liquidaron 59 mil 298 por la cantidad de 676 millones 120 mil 533 pesos. En cambio, durante los tres años y medio que lleva la “guerra” calderonista contra el narcotráfico se han enajenado 10 mil 572 bienes por un monto que apenas alcanza los 185 millones de pesos.

Los años que más decomisos registran son 2002, 2003 y 2004, con 26 mil 990, 11 mil 751 y 11 mil 881 bienes, respectivamente. De acuerdo con las cifras de venta reportadas, en 2002 se obtuvieron los mayores dividendos: 227 millones de pesos. En 2003 la suma fue de 102 millones, y de 145 millones de pesos en 2004.

En 2001 se reportaron 5 mil 552 decomisos con ingresos por 160 millones de pesos. Ese año se efectuó la transacción más alta realizada en la década: el 28 de diciembre fue vendido en 32 millones 200 mil pesos el buque atunero Macel, interceptado meses antes por la Secretaría de Marina en el puerto de Manzanillo, Colima, cuando transportaba 9.5 toneladas de cocaína con valor de 80 millones de dólares. Según la Procuraduría General de la República, el Macel formaba parte de la red de transporte empleada por Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico, para traer cargamentos de droga desde Colombia.

En el listado de bienes asegurados y vendidos de 2000 a 2009 aparece la venta de 5 mil 96 vehículos (automóviles, camionetas y tractocamiones), con precios que van de 170 mil a 650 mil pesos por unidad; 70 aeronaves y 238 embarcaciones; yeguas finas de la raza friesian vendidas entre 70 mil y 90 mil pesos; equipos y accesorios para celulares y radiocomunicación; enseres para el hogar (ornamentos, recámaras, electrodomésticos y aparatos electrónicos como televisores, videocaseteras y videojuegos), y hasta ropa interior y pistolas de juguete.

De acuerdo con la lista proporcionada por el SAE, los 69 mil 870 bienes muebles enajenados fueron adquiridos por 3 mil 471 compradores, de los cuales 359 son empresas. Del resto, 130 compras las hicieron varias presidencias municipales de los estados de Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Morelos, Zacatecas, Culiacán y Oaxaca. Otras seis transacciones corresponden a los gobiernos de Tamaulipas, Baja California Sur, Chiapas, Hidalgo, Sonora y Veracruz. Las demás fueron hechas por particulares.

En el apartado correspondiente a la venta de inmuebles, el SAE señala que de 2006 a 2009 se vendieron a valor de “mercado” tres departamentos localizados en el Distrito Federal, así como cuatro casas en Jalisco, Estado de México y San Luis Potosí, y un terreno urbano en Sinaloa. La suma de las ocho transacciones es de 34 millones 540 mil 742.81 pesos.

Usted disculpe

De acuerdo con el Anexo 1 entregado a Proceso, que contiene la relación de los 22 mil 285 bienes muebles asegurados y decomisados en administración, el gobierno federal ha reintegrado 4 mil 582 y tiene pendientes de devolver mil 599.

Dentro del mismo listado destacan 9 mil 17 aseguramientos de dinero en efectivo, tanto de moneda nacional como de dólares estadunidenses. El SAE no determina el monto total decomisado en cada intervención; sin embargo, de la información proporcionada se desprende que el gobierno federal ha perdido 3 mil 186 casos, en los que ha debido reintegrar el dinero.

Los seis estados en que se ha realizado la mayor parte de los decomisos son el Distrito Federal; Sinaloa, Sonora, Jalisco, Chiapas, Baja California, Veracruz y Chihuahua. En donde menos se decomisa es Tlaxcala, con 33 operaciones, y Morelos, con 28.

En el anexo 2, el SAE revela que ha recibido mil 201 bienes inmuebles para su administración, de los cuales, 10 se encuentran en posesión de terceros, 14 en uso del propio SAE, mientras que 31 se han dictaminado para devolución (tres ya se han regresado). El resto permanece bajo resguardo del SAE en tanto se define su estatus.

Aquí sobresalen casas habitación, terrenos, departamentos, edificios, ranchos y locales comerciales. La mayor parte de los mil 201 inmuebles ha sido asegurada en los estados de Sinaloa, Jalisco, Sonora, Baja California Sur, Distrito Federal y Colima, que suman 936 decomisos.

En un tercer anexo, el SAE proporciona una relación de 31 empresas que se encuentran “aseguradas, decomisadas en administración” entre 2000 y 2006. En lo que va de la administración de Felipe Calderón, esta entidad no ha recibido negocios decomisados al narcotráfico.

El SAE asegura que desconoce la procedencia de los bienes, “así como si se encuentran relacionados con algún cartel del narcotráfico”. Sin embargo, de acuerdo con información de Proceso, al menos 23 casos están relacionados con algún grupo delictivo, según lograron identificar Rogelio Flores, Juan Carlos Baltasar y Juan Carlos Cruz Vargas, del centro de documentación de este semanario.

Estas son: Servicios Aéreos de Colima; inmobiliaria Jov; Aires Acondicionados Jov; Operadora Turística Jov; Autotransportes Especializados Jov; Materiales para Construcción Jov; Operadora Minera Jov y Centro de Capacitación y Adiestramiento Aeronáutico Jov, todas ellas pertenecían a José Ocampo Verdugo, detenido por la PGR e1 29 de noviembre de 1999 y acusado de lavar dinero de los hermanos Amezcua Contreras, entonces operadores del cártel del Milenio. También aparece la Cooperativa de Producción Rural Emmanuel, establecida en Jalisco, en la que se criaba ganado propiedad de Ocampo Verdugo.

El restaurante D’Carlos Butcher Shop, ubicado en Tijuana, fue decomisado el 1 de febrero de 2000, por ser una de las inversiones de los hermanos Arellano Félix, según la sentencia emitida por el entonces juez de Distrito en materia penal, con sede en Toluca, Estado de México.

El Instituto Rector Hidalgo, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, fue asegurado el 26 de enero de 2005, cuando la Agencia Federal de Investigación (AFI) y el Ejército realizaron un operativo para incautar las propiedades del exlíder paramilitar de Los Zetas, Carlos Rosales Mendoza, que lo utilizaba como centro de inteligencia.

Transportadora Purépecha, en Uruapan, Michoacán, es propiedad de Nicandro Barrera Medrano, alias El Nico, quien en el pasado 25 de febrero fue identificado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como uno de los siete cabecillas del cártel La Familia.

El 27 de septiembre de 1997, Manuel de Jesús Bitar Tafich fue señalado por el entonces juez undécimo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, como responsable de delito de lavado de dinero, a través de Inmobiliaria Cobit, establecida en el estado de Chihuahua. Bitar Tafich, fue compadre de Amado Carrillo El Señor de los Cielos, el finado líder del cártel de Juárez.
Otras empresas relacionadas con ese grupo criminal –hoy al mando de Vicente Carrillo Fuentes– es Lualti, la cual manejaba la seguridad de los aeropuertos de Mérida y Cancún, así como Diversiones y Fiestas y Tequila Rock de Chetumal. La PGR las vinculó con el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva.

El 9 de marzo de 1997 fueron aseguradas Bioesport, Fletes y Transportes Gaxgar, Inmobiliaria Gaxiola, Molduras del Noroeste y Distribuidora de Hermosillo Gaxiola, todas propiedad de Rigoberto Gaxiola Medina, señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como “componente vital” de la organización criminal de Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

En la información oficial proporcionada a Proceso, el SAE incluye a las empresas de Gaxiola en la lista de bienes que están todavía bajo su administración. Sin embargo, el 13 de diciembre de 2001, el Juez José André Nalda emitió la resolución 56/2000 en la que ordenó a la PGR la devolución de las empresas, ya que Rigoberto Gaxiola García (hijo) demostró ser el legítimo propietario.

De acuerdo con un informe emitido en agosto de 2008 por el Departamento del Tesoro estadunidense, la red sigue operando a través de la esposa e hijos de Gaxiola: María del Rosario García Durán, así como Rigoberto, Carlos y María Elena Gaxiola García.

El Anexo 3 proporcionado por el SAE contiene también una lista con la razón social de las 24 empresas devueltas de 2000 a 2007. Al menos ocho de ellas tienen relación con el negocio de las drogas, según datos que pudo obtener Proceso en fuentes oficiales que solicitaron reservar su identidad:

Lavatronic, propiedad de Patricia Baeza Rodríguez, pareja sentimental de Mario Villanueva, y Complejo Turístico Oasis y Playa Mar, que desde finales de 1990 fueron catalogadas por la PGR como “lavadoras” de dinero de los Arellano Félix. Otra de las empresas es Candilejas de Saltillo, asegurada en octubre de 1994, propiedad de José Luis García Treviño, también conocido como Juan Chapa Garza o Juan García Ábrego, viejo líder del cártel del Golfo detenido en 1996 y actualmente preso en Estados Unidos.

Por cierto, García Ábrego pelea al gobierno mexicano la devolución de 25 millones de dólares.

Otra propiedad, regresada en octubre de 2007, es el rancho El Tesoro del Capulín, asegurado en noviembre de 2006 cuando militares y agentes federales encontraron armas largas, rifles AK-47 y AR-15 y 2 mil 500 cartuchos, granadas de fragmentación y prendas de vestir con camuflaje.

Laboratorios Ttokkyo, en Morelos, se dedicaba a la fabricación del psicotrópico conocido como ketamina, que distribuían en Estados Unidos, fue asegurado en septiembre de 2002 por la PGR.

La lista incluye varias empresas propiedad de Carlos Ahumada Kurtz, aseguradas el 18 de marzo de 2004 por la PGR como bienes de posible “procedencia ilícita”, pero que le fueron devueltas en octubre de ese mismo año: Promotora Deportiva de Futbol León, Nueva Perspectiva Editores y Deportiva de Futbol Comarca Lagunera.

El Establo Lechero Puerto Rico, propiedad de Ismael El Mayo Zambada, operador del cártel de Sinaloa, fue asegurada por la PGR el 23 de junio de 2000, pero la recuperó apenas seis meses después. Esta empresa, junto con Multiservicios Jeviz, Gasolinera Rosario, Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, Lechera Santa Mónica y Jamaro Constructores fueron boletinadas por autoridades de Estados Unidos en mayo de 2007.

De un total de 116 empresas que el gobierno estadunidense señala que lavan dinero del narco, 48 estarían relacionadas con los hermanos Arellano Félix, cabecillas del cártel de Tijuana; cinco con la familia Amezcua Contreras, del cartel Milenio; 16 a los hermanos Beltrán Leyva, y una a La Familia.

Otras 40 estarían vinculadas con el cártel de Sinaloa, de las cuales dos pertenecen a Agustín Reyes Garza, Don Pilo; cinco a Ismael El Mayo Zambada; 19 a Blanca Margarita Cazares Salazar y 14 a Rigoberto Gaxiola Medina.

De todas las empresas boletinadas por las autoridades estadunidenses, el gobierno mexicano sólo ha intervenido a ocho; sin embargo, de acuerdo con la información del SAE, siete ya fueron devueltas: una al Mayo Zambada y seis a Gaxiola Medina, ambos del cártel de Sinaloa.

CFE, patrón sustituto de Luz y Fuerza

El proceso que se sigue en el juzgado primero de distrito del centro auxiliar de la primera región, que ya ha dado en ocasiones anteriores la razón al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), ahora permite que conozcamos datos muy valiosos para este proceso.
En efecto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tuvo que informar e incluir documentos que antes se habían ocultado. Nos referimos, en este caso, a la copia cotejada por el notario 103, de un convenio entre esta comisión y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), encargado de la liquidación del “organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro (LFC), en liquidación” (textual en el encabezado del convenio). El convenio se firmó la madrugada del domingo 11 de octubre, 25 minutos después de la medianoche.
Queremos hacer notar que en las versiones iniciales de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en efecto, se calificaba a este organismo y sus antecesores como que estaba en liquidación, en el artículo cuarto transitorio. Pero el Congreso de la Unión modificó este artículo para hablar de un organismo descentralizado, suprimiendo el término “liquidación”. O sea que el Poder Ejecutivo le “dio reversa” a un acuerdo del Congreso, volviendo a dejar a LFC en liquidación, lo cual, legalmente, sólo lo puede hacer este mismo Congreso.
En el convenio se cita, como antecedente número IV, que el 11 de octubre de 2009 (el día del “decreto” liquidador), la subsecretaría de Electricidad de la Secretaría de Energía solicitó al SAE “poner a disposición de CFE los bienes del organismo extinto de Luz y Fuerza del Centro… así como los derechos accesorios y asociados a dichos bienes”.
En la cláusula primera del mismo convenio se dice que “el SAE… pone a disposición de CFE los bienes…, así como sus derechos accesorios y asociados, los cuales están y deberán seguir afectos a la prestación del servicio público de energía eléctrica, en el área geográfica en la que hasta antes de la expedición del decreto venía prestando Luz y Fuerza del Centro”.
En la cláusula segunda se señala que en cuanto a estos bienes, “CFE se hará cargo de su operación, mantenimiento y seguridad”. Y se agregan otras funciones, como el cobro de las facturas acumuladas y futuras de consumo de electricidad.
Veremos lo que dice la ley para definir cuándo un patrón o empresa es sustituto de otro. La que se ocupa de esto es la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su artículo 290:
“… Se considera que hay sustitución de patrón cuando:
“I. Exista entre el patrón sustituido y el patrón sustituto transmisión, por cualquier título, de los bienes esenciales afectos a la explotación, con ánimo de continuarla. El propósito de continuar la explotación se presumirá en todos los casos, y
“II. En los casos en que los socios o accionistas del patrón sustituido sean, mayoritariamente, los mismos del patrón sustituto y se trate del mismo giro mercantil.”
El segundo punto se cumple de todos modos, incluso sin considerar el convenio: tanto CFE como LFC eran ya organismos públicos y, por tanto, el “dueño” es el mismo, la nación, representada por el Estado.
El primer punto también se cumple con el convenio, en el que se menciona reiteradamente el asunto y se dice que “el SAE (que dispone de los bienes de LFC) pone a disposición de CFE los bienes, así como sus derechos accesorios y asociados, los cuales están y deberán seguir afectos a la prestación del servicio público de energía eléctrica, en el área geográfica en la que hasta antes de la expedición del decreto venía prestando Luz y Fuerza del Centro”.
El sustituto hereda las obligaciones del sustituido. La CFE debe, entre otras cosas, reinstalar a los despedidos, reconocer la validez del contrato colectivo de trabajo SME–LFC, y tratar con este sindicato las cuestiones laborales, tanto generales como las de cada centro de trabajo de los que usó LFC. Esto, sin perjuicio de que, como vimos, la liquidación de LFC es ilegal al no haberla aprobado primero el Congreso de la Unión, mediante cambios en la ley.
Hay que tener presente que este convenio y otros documentos relacionados (algunos se reservaban por 12 años) se mantuvieron en secreto hasta que la juez de la instancia mencionada requirió la documentación necesaria para continuar con el proceso. Y los hechos posteriores son muy claros: se mantuvieron esos documentos ocultos para evitar el cumplimiento de las leyes relacionadas, y de las obligaciones que éstas establecen.
gershen@servidor.unam.mx

Ahora, contra la extradición

JORGE CARRASCO A. Y J. JESúS ESQUIVEL

Aunque son varias las victorias judiciales que el empresario Zhenli Ye Gon ha obtenido en Estados Unidos, aún le falta librar su eventual extradición a México, donde se le acusa de delincuencia organi-zada, delitos contra la salud, lavado de dinero y portación de arma de uso exclusivo del Ejército. En los tribunales estadunidenses fue determinante la falta de consistencia de las pruebas en su contra aportadas por las autoridades mexicanas, como lo señaló Proceso en su momento. Por ello es probable que obtenga su libertad y pueda, incluso, reclamar la devolución de la millonaria suma en dólares que le fue incautada en la Ciudad de México.
El de Zhenli Ye Gon se convirtió en un caso incómodo para el gobierno de Estados Unidos, pues en menos de un mes el empresario chino naturalizado mexicano ha ganado tres importantes resoluciones judiciales porque el gobierno de Felipe Calderón no le entregó al de Estados Unidos pruebas contundentes en su contra.La justicia federal estadunidense dejó en claro la semana pasada “el desaire” del gobierno mexicano al Departamento de Justicia al no entregarle esas evidencias, y decidió no sólo descongelar los bienes de Ye Gon, sino darle tiempo para que sus abogados preparen los alegatos en contra de su extradición.La Corte federal del distrito de Columbia aceptó los argumentos de la defensa que destacan la corrupción prevaleciente en la Procuraduría General de la República (PGR), así como el hecho de que los funcionarios encargados de acusar a su cliente en Estados Unidos ahora están en la cárcel o fueron despedidos como consecuencia de la Operación Limpieza.A ese operativo anticorrupción, aplicado en la PGR y del que Calderón se ufanó en su tercer informe de gobierno, se debe que Ye Gon haya ganado un caso penal y tres civiles en los tribunales de Estados Unidos.Aún le resta por enfrentar un juicio de extradición promovido por el Departamento de Estado a solicitud del gobierno mexicano, que lo acusa de delincuencia organizada, delitos contra la salud, lavado de dinero y portación de arma de uso exclusivo del Ejército. Pero en caso de que lo perdiera, todavía le queda el recurso de solicitar asilo políticoEl 28 de agosto pasado, el juez Emmet G. Sullivan desechó de manera definitiva la causa penal abierta en Estados Unidos contra Ye Gon, acusado por la agencia antidrogas de Estados Unidos (la DEA) de supuesta conspiración para introducir metanfetaminas a ese país.Una semana antes, el propio Departamento de Justicia solicitó el desistimiento debido a la debilidad de las pruebas, luego de que tres testigos, tanto en Estados Unidos como en México, negaran sus imputaciones iniciales contra Ye Gon.El juez determinó que su resolución se aplicara “con prejuicio”, una figura jurídica mediante la cual el gobierno estadunidense ya no podrá acusar por el mismo delito al empresario naturalizado mexicano.En México, el vocero de la PGR, Ricardo Nájera, hizo ver la resolución de Sullivan como resultado de “un acuerdo” entre ambos países. En entrevista telefónica desde Washington, Eduardo Balarezo, uno de los abogados de Ye Gon, dijo que esa versión era absurda.Añadió que en Estados Unidos un juez de distrito es independiente del Poder Ejecutivo, y que el caso se vino abajo por falta de pruebas. Esto lo sabía el Departamento de Estado desde 2007, pero nunca se lo dijo al juez, “lo cual representó una violación al proceso judicial”, precisó.A ese triunfo legal, Ye Gon sumó otros dos la semana pasada. El miércoles 16, Sullivan ordenó descongelar todas las cuentas bancarias y bienes por un monto superior a los 3 millones de dólares que le habían sido asegurados en ese país a él y a su amante, Michelle Wong.

Devolución de bienes
Un día después, el juez federal encargado del caso de extradición, John M. Facciola, resolvió concederle a la defensa de Ye Gon un plazo de 20 días hábiles con el fin de que presente una moción para la libertad de su cliente, pero sobre todo para que obtenga más información sobre las pruebas en que el gobierno mexicano basa su solicitud de extradición.Al resolver los casos civiles abiertos contra el empresario originario de Shangai, China, Sullivan le ordenó al gobierno estadunidense que le devolviera 600 mil dólares en efectivo y 318 mil más depositados en dos cuentas en el Bank of America, además de un automóvil Rolls Royce Phantom, valuado en unos 350 mil dólares.El juez también determinó liberar las propiedades confiscadas a Michelle Wong, la amante de Zhenli Ye Gon, y a uno de los testigos que inicialmente había declarado en su contra.Por mandato de Sullivan también se le reintegrarán 485 mil dólares de una cuenta en Citibank; 191 mil de una más con Wells Fargo; 6 mil 100 que le fueron confiscados en efectivo, y 2 mil 500 más depositados en otra cuenta de Citibank. También se le deberán regresar dos automóviles Mercedes Benz modelo 2007 y un Lamborghini 2004.Además, dispuso que se dejara sin efecto la restricción de venta de una casa valuada en 1 millón 200 mil dólares, ubicada en Las Vegas, Nevada, y que está a nombre de un hijo de Ye Gon y Wong.Para minimizar su derrota, los fiscales del Departamento de Justicia intentaron que el juez dejara abierta la puerta para que México pudiera solicitar que de nueva cuenta se confiscaran los bienes.La respuesta del juez fue contundente. “México desairó a Estados Unidos”, dijo molesto en alusión a que el gobierno de Calderón no le entregó al Departamento de Justicia la información para sustentar la acusación de narcotráfico en ese país.Con el propósito de asegurar la permanencia de Ye Gon en la cárcel, durante más de dos años el Departamento de Justicia aseguró al juez que estaba trabajando “mano a mano” con el gobierno mexicano para documentar la acusación penal.Sin embargo, desde que el empresario fue detenido en Washington en julio de 2007, el gobierno de México no pudo probar que las importaciones de efedrina y seudoefedrina realizadas por Ye Gon tuvieran como propósito elaborar metanfetaminas destinadas al mercado estadunidense, como lo informó Proceso en sus ediciones 1658 y 1659.“¿Por qué deberíamos ser tan amables para facilitar las cosas a otro gobierno?”, declaró Sullivan, de acuerdo con el reporte del corresponsal de este semanario en Washington, J. Jesús Esquivel.La devolución de los bienes contrasta con la apresurada decisión del gobierno mexicano de distribuir entre entidades públicas los 207 millones de dólares asegurados a Ye Gon en su residencia de las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.Sin resolución judicial de por medio, ese monto se repartió entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Secretaría de Salud y la propia PGR. Incluso, a principios de este mes, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) remató en una subasta pública dos autos Mercedes Benz y un autobús de la misma marca asegurados al empresario.El abogado de Ye Gon en México, Rogelio de la Garza, interpondrá un amparo con el fin de impedir que el gobierno federal se siga deshaciendo de los bienes asegurados al empresario farmacéutico, que forjó su poder económico al cobijo del gobierno de Vicente Fox.En entrevista, considera que la decisión del juez Sullivan sienta un precedente para que en México le devuelvan a su cliente los 207 millones de dólares, aunque adelantó que será un proceso largo. “No sé de dónde los van a sacar, porque dicen que ya los repartieron. Pero ante la falta de pruebas en su contra le tendrán que devolver el dinero”, asegura.Por lo pronto, Ye Gon tiene hasta la segunda semana de octubre para desacreditar las pruebas con las que el gobierno calderonista pretende justificar su extradición a México.Aunque la entrega de Ye Gon es una decisión administrativa que compete al Departamento de Estado, la medida tiene que ser sancionada por la justicia estadunidense.

Impugnación
Desde que el gobierno de Calderón hizo la solicitud de extradición, el 15 de septiembre de 2008, la fiscal del Departamento de Justicia, Valinda Jones, ha sostenido que hay “pruebas suficientes” para cumplir con el Tratado de Extradición firmado por México y Estados Unidos.Vigente desde 1980, ese tratado establece que la extradición de una persona que aún no ha sido sentenciada debe basarse en pruebas que, conforme a las leyes de la parte requerida, justifiquen la aprehensión y enjuiciamiento del reclamado, en caso de que el delito se haya cometido en su territorio.Como ya se indicó, el juez Facciola optó por ir más allá del trámite y dio un plazo que vence hasta octubre para que los abogados de Ye Gon, Eduardo Balarazo y Manuel Retureta, preparen sus argumentos para impedir que su cliente sea enviado a México.La defensa del empresario no sólo aprovechó la debilidad de las acusaciones sobre la supuesta conspiración de Ye Gon para introducir metanfetaminas a Estados Unidos, sino que ha comenzado a explotar la corrupción en los mandos de la PGR.“El paquete de la información relacionada con los cargos que le imputan en México al señor Ye Gon fue preparado y recolectado por Noé Ramírez Mandujano, un sujeto arrestado por sus nexos con el narcotráfico. Por ello, pedimos más tiempo para revisar la información que ha entregado el gobierno de México al Departamento de Estado”, alegó Retureta en la audiencia del jueves 17.Como titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Ramírez Mandujano se encargó de preparar las acusaciones contra Ye Gon; sin embargo, en noviembre pasado fue detenido porque presuntamente recibía pagos mensuales de 500 mil dólares a cambio de filtrar información al cártel del Pacífico.En un escrito entregado previamente al juez Facciola, los litigantes destacaron ese antecedente y precisaron que la solicitud de extradición fue firmada por Jorge Joaquín Díaz López, entonces titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud.Este funcionario, quien recibió diversos cursos de capacitación antidrogas por parte de la DEA tanto en México como en Estados Unidos, dependía directamente de Ramírez Mandujano, y en enero de este año fue dado de baja de la PGR después de la Operación Limpieza. Además, en su escrito fechado el lunes 14, los abogados destacaron un dato más: “Justamente, la semana pasada, el procurador general (Eduardo) Medina Mora abruptamente renunció bajo presión y en circunstancias sospechosas”.A partir de esos hechos, los abogados le dijeron al juez Facciola: “La Corte no puede negar que hay circunstancias serias que van al corazón de la declaración jurada en la que se apoya la extradición requerida por México… (Esa) declaración es ahora altamente sospechosa y requiere una investigación más extensa que debe alcanzar a los más altos niveles del gobierno de México”.Y abundaron: El solo hecho de que la acusación penal contra Ye Gon se haya basado esencialmente en los mismos puntos del caso que se sigue en México, y de que haya habido un desistimiento “con prejuicio” como resultado de la falta de pruebas, provoca una “preocupación real y seria sobre la credibilidad de la declaración jurada de Díaz López”.No es el único cuestionamiento contra este funcionario. En los documentos que se ventilaron en la Corte federal de Columbia por el fallido caso penal, su nombre aparece como uno de los funcionarios del gobierno mexicano que supuestamente autorizaron algunas de las importaciones de sustancias químicas hechas por Ye Gon.De acuerdo con una larga relación de esas compras realizadas por el chino-mexicano entre enero de 2002 y 2006, el 25 de octubre de 2006 el nombre del exfiscal de la PGR aparece en una supuesta carta para que el empresario farmacéutico importara sulfato de gentamicina, sustancia que sirve para la elaboración de antibióticos.La lista da cuenta de importaciones por casi 8 mil toneladas de sustancias químicas –incluida seudoefedrina– durante el gobierno de Fox, quien en febrero de 2003 le entregó personalmente a Ye Gon su carta de ciudadanía mexicana. El 90% de esas importaciones las hizo en 2005.

Sin evidencias
En la audiencia, en la que estuvo presente Ye Gon con su overol a rayas rosa y blanco de la prisión federal, el juez Facciola señaló: “Si el gobierno de Estados Unidos quiere realizar la extradición debe presentar más evidencias de las que le hubiese proporcionado el gobierno mexicano”.La fiscal Valinda Jones replicó: “En una audiencia de extradición como ésta, la Corte no está para establecer la credibilidad de las evidencias que presenta un país soberano a otro. No se trata de imponer estándares jurídicos de Estados Unidos al sistema judicial de México”, sino de hacer valer el Tratado de Extradición.Previamente, la fiscalía estadunidense –también en un escrito– le había dicho al juez que si bien son ciertos los cargos contra los exfuncionarios de la SIEDO, “no hay ninguna conexión entre la acusación y la solicitud de extradición”, por lo que los señalamientos sobre las “sospechosas” renuncias de Medina Mora y de Díaz López, “no tienen ninguna relevancia” para la eventual extradición.Además, señaló, esos alegatos deben verse como retos para el sistema judicial mexicano, “pero en todo caso deberían ser planteados por el Departamento de Estado, no por esta Corte”.Al final de la audiencia, una funcionaria de la embajada de México que trabaja en la Oficina de Asuntos Legales se acercó a la fiscal Jones para decirle: “Valinda, eres nuestra heroína”.Debido a que la Corte sólo debe certificar la decisión del Departamento de Estado, es muy probable que el juez avale la extradición, aunque la defensa ya ha adelantado que buscará un amparo contra la medida. Pero en el curso de los 20 días hábiles otorgados como plazo por el juez Facciola, los abogados presentarán la moción de libertad con base en la anulación de los cargos en Estados Unidos. Si le fuera concedida, Ye Gon podría ser detenido de inmediato y enviado a un centro de detención temporal migratoria. Si eso pasara, los abogados solicitarían el asilo político para su defendido.En esas condiciones, la defensa también podría pedir la libertad condicional, apoyados en que la visa de Ye Gon se vence en 2013. Para conceder ese beneficio, el juez deberá valorar la posibilidad de que el empresario se fugara, así como su grado de peligrosidad. En cualquiera de esos escenarios, el proceso contra Ye Gon en Estados Unidos podría demorar por lo menos un par de años más; es decir, cuando Calderón –a quien Ye Gon involucró en la acumulación de los 207 millones de dólares– esté a punto de concluir su mandato.