AUDIO: Trabajadores del Mexicana de Aviación

Canal Once, fuera de la ley

Florence Toussaint

Cambio de nombre, de logotipo, anuncios en pantalla, cargos fuera del organigrama, convenios con el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA), programación comercial, uso partidista… son todas violaciones al estatuto legal de XEIPN Canal Once, definido de acuerdo con la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, aseguran los representantes del Colegiado de Organizaciones Politécnicas.

“Nos hemos agrupado para defender a XEIPN Canal Once de los intentos de desincorporarlo del IPN, de hacerlo la tercera cadena nacional y convertirlo en una emisora con fines electorales”, dicen en entrevista con Proceso Rolando Menchaca García, miembro de Politécnicos en defensa de XEIPN Canal Once, expresidente de la asociación de exalumnos de la ESIME, fundador de la Agencia Espacial Mexicana; César Enciso, ingeniero en comunicaciones electrónicas; Ramiro Aguirre, presidente de la Organización Nacional Politécnica Cardenista; Primo Alberto Calva Chavarría, miembro del Consejo Nacional de Egresados del IPN, presidente del Consejo de Investigadores Politécnicos y director del Centro Nacional de Cálculo; todos ellos profesores-investigadores del IPN en activo.

Aseveran que pese a las pláticas sostenidas con Yoloxóchitl Bustamante Díez, directora general, con diputados, senadores y con el director del canal; de haber publicado un desplegado de prensa firmado por 15 asociaciones y hecho múltiples declaraciones públicas, sus peticiones han sido desestimadas. Por tanto, el siguiente paso que darán será una demanda legal a quien resulte responsable para que Canal Once sea restituido en su carácter de “apoyo” a la educación, a los resultados de las investigaciones, a la cultura técnica del IPN tal como lo define su Ley Orgánica.

Piden asimismo terminar con el convenio con OPMA que fue firmado el 12 de julio del 2010 y ratificado irregularmente este año. Adjudicar las frecuencias que opera OPMA directamente al Politécnico, ya que este tiene derecho de prelación. Total transparencia en el presupuesto, que éste sea adjudicado y ejercido por el IPN. Respeto irrestricto a los ordenamientos legales: la ley Orgánica establece que Canal Once es un órgano de apoyo al IPN y esto no puede modificarse salvo cambio de la ley. Conformación de un Comité Asesor, pues así lo establecen los ordenamientos; el que se instaló en la época en que Alejandra Lajous era directora, no ha sido cancelado pero tampoco se ha reunido desde el 2000.

La inconformidad con el manejo de Canal Once viene de lejos. No obstante haber sido adscrito al IPN, sucesivos directores han querido modificar su status e incluso desincorporarlo de la institución de enseñanza superior que este año celebra su 75 aniversario.

Canal 11 obtuvo hace 50 años su permiso adscrito al Instituto Politécnico Nacional. Fue la primera emisora pública del país, pionera en el ámbito de la cultura y la educación. Así operó muchos años. En 1983, cuando se funda el Instituto Mexicano de Televisión (Imevisión), el director Pablo Marentes intenta agrupar bajo el mismo a Canal 11. Se genera descontento, lo que imposibilita el tránsito legal, y el 11 permanece independiente del organismo público recién creado y sigue perteneciendo al Politécnico.

El segundo intento se produce en el sexenio de Salinas, cuando Alejandra Lajous era directora. Se originan dos hechos paralelos: por un lado se despide, liquida, reduce al mínimo al personal de base adscrito al IPN que laboraba en Canal 11, y comienzan las contrataciones por honorarios. Por otro, se crea un fideicomiso, que aún opera de manera discrecional, para allegarse más recursos. Inicia así la comercialización de la pantalla en principio a partir de patrocinios, hoy existen anuncios en flagrante violación a la ley. Enseguida elaboraron un convenio mediante el cual el Canal Once sería separado del IPN. El entonces director general del Instituto, Oscar Joffre se negó a firmarlo. Durante la gestión de Ernesto Zedillo hubo un nuevo intento, el entonces director Diódoro Guerra se opuso y Lajous desistió aceptando constituir un Comité Asesor formado por la propia directora, por Efrén Parada Arias, Julio Téllez García y Primo Alberto Calva. Generaron modificaciones en la programación para incluir una barra exclusiva del IPN, se creó la barra infantil Bizbirije, montaron un departamento de arte cuyos diseños obtuvieron premios internacionales, crearon programas y series originales, y una campaña que hablaba del “orgullo de ser politécnico”. El Canal mejoró, aumentó su audiencia y delineó un perfil propio.

El gobierno de Calderón instala al frente de la estación a quien fuera su productor de campaña, Fernando Sariñana. El canal comienza a sufrir modificaciones en sus contenidos, en su imagen, en su orientación política. Le cambian el nombre a Once TV México y le agregan eslogans: “una tele más atrevida, entretenida, divertida, etc.” En 2009 su presupuesto se duplica con el fin de ampliar su cobertura, y en 2010 se crea un organismo descentralizado adscrito a la Secretaría de Gobernación, el denominado OPMA. Éste obtiene ocho frecuencias abiertas, cuatro analógicas y cuatro digitales en las ciudades de Xalapa, Guadalajara, Morelia y Coatzacoalcos. Canal Once firma un convenio mediante el cual se compromete a entregar su programación a OPMA para que la retransmita de manera íntegra y sin interrupciones.

El presupuesto de 2011 es de 586 millones de pesos, este aumento lo autorizó el Congreso, se hace efectivo pero llega al OPMA, no al canal, el IPN no ejerce ni regula la partida presupuestal, queda al margen de las decisiones, el Canal 11 ya no le pertenece más que de nombre. “El IPN no tiene presencia en pantalla”. Todo ello está causando enorme inconformidad en el canal y entre los politécnicos, que defienden su soberanía sobre el Once.

Las pensiones de los ex presidentes

Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox Quesada, ex presidentes con pensión vitaliciaFoto Marco Peláez.

Arnaldo Córdova

El servicio público desde un puesto de gobierno o de la administración pública o de la representación popular es un privilegio sólo en el sentido de que, en efecto, lo es servir a la sociedad. En un régimen democrático y republicano jamás debería constituir ese privilegio que significa adquirir canonjías indebidas o disponer de los dineros públicos o sacar provecho personal de una situación dada. Tampoco debería constituir un medio de prolongar los beneficios que el cargo proporciona mientras se le ejerce, como altos sueldos o los así llamados gastos de representación.

En un régimen político de verdad civilista y de derecho y siendo el servicio público ese privilegio que es servir a la nación, ninguno podría pretender ser convertido en héroe de la patria por muy alta que haya sido su investidura o su cargo. Desde la época de Echeverría, justo en 1976, a alguien se le ocurrió premiar los servicios de los presidentes de la República con pensiones vitalicias y aparatos de seguridad y de oficina que involucraban a decenas de personas. Ese sí ya de por sí un privilegio personalista fue adicionado por De la Madrid en 1987 al hacer que los servicios que se daban por parte del poder público a los ex presidentes constituyeran en sí un aparato burocrático de dimensiones públicas, siendo privados.

Nadie nace siendo un funcionario o un servidor público. Se supone que el que es electo presidente de la República fue antes un político y que tiene ciertas habilidades profesionales. Se supone porque ésa es la verdad. Cuando, después de desempeñar su cargo, se debería suponer también que vuelve a las actividades que como ciudadano desempeñó antes. El presidente no se debe ver como un monarca. Es un ciudadano que, después de su encomienda, vuelve a ser un ciudadano común y corriente. No hay nada que justifique que, después de ser presidente, se le siga tratando como si nunca dejara de serlo en su estatus personal.

En alguna ocasión, el tonto de Fox dijo que necesitaba su pensión para poder vivir de algo. En estricta lógica republicana, debería suponerse que, antes de ser presidente, el ciudadano que llega a serlo vivía de un oficio o de un negocio. Luego de desempeñar su puesto, otorgado por la ciudadanía, debería volver a vivir de lo que vivía antes y no pretender que la sociedad, tan esquilmada ya de por sí, lo siga manteniendo como si todavía lo hiciera, siendo que eso resulta costosísimo. Que esos gravosísimos privilegios se mantengan sólo demuestra que la nuestra no es una República de ciudadanos, sino una sociedad de privilegios que anula la ley y la misma Constitución.

Esos privilegios son resultado de una determinación administrativa, de un acto de un presidente puramente autoritario. No está establecido en ninguna ley ni, mucho menos, en la Constitución. Si el Congreso hubiera actuado como un poder soberano y no como un lamebotas de los presidentes, incluidos los panistas, habría reclamado al Poder Judicial la anulación de semejante monstruosidad y su sanción puntual como violatoria de la legalidad republicana. No es posible, se dice el ciudadano común y corriente, que muchas veces no sabe nada de leyes ni de procedimientos administrativos, que este país tan pobre se sacrifique para dar a unos auténticos zánganos que, además, han hundido al país, semejantes prerrogativas.

A un par de piadosos diputados priístas se les ha ocurrido disminuir a la mitad esas abusivas prerrogativas de los ex presidentes. Esas cabezas de chorlito son los representantes del pueblo Jaime Sánchez Vélez y Jorge Arana (muy conocidos en su casa). Debió haberles parecido un acto de justicia; pero no presentaron su iniciativa por eso, sino porque les preocupaba que ese fenómeno no estuviera regulado en ningún instrumento jurídico. Ignorantes de la historia y pienso que sin saber los abusos de Echeverría y De la Madrid, para ellos el asunto es someter a regulación esos privilegios inmundos. Ya veremos lo que implica la reducción a la mitad de esos privilegios y el asombro que causa saber la entidad de esos mismos privilegios.

En la UNAM, el rector Pablo González Casanova determinó que a los ex rectores (y no recuerdo si también a los ex directores de facultad, escuela o instituto) se les debía seguir pagando su sueldo de por vida. Su explicación fue que habían realizado un gran servicio a nuestra casa de estudios. Yo me preguntaba por qué estaba tan seguro de que habían realizado un buen servicio. Yo recuerdo que el desempeño de casi todos ellos fue pésimo. Debe ser la misma razón que se aduce con los ex presidentes (Echeverría y González Casanova fueron contemporáneos en sus mandatos). Por muy meritorio que sea el servicio prestado a la generalidad nunca debemos olvidar que ese servicio es un deber y no fuente de privilegios indebidos y vergonzosos.

No hay presidente que no haya abusado de su poder y del erario. Téllez descobijó en una conversación privada a Salinas, diciendo que se había robado la mitad de la partida secreta de la Presidencia. Eso debió haber sido muchísimo dinero. Todos los presidentes nos han robado, aunque no se lo podamos probar. Todos se han llevado dinero público a sus bolsillos y todos lo sabemos. Los medios nos son desconocidos y siempre lo serán; pero lo han hecho. Basta ver el boato en que viven. Todo ello, por supuesto, no es más que una inocente suposición.

La iniciativa de marras que un par de borricos ha propuesto para regular los privilegios de los ex presidentes es un ejemplo preclaro de la estulticia y el mal humor. La mayor puntada que se alcanzaron fue la de convertir a los ex presidentes en cuadros académicos de alguna de nuestras universidades. No entiendo qué harían en una universidad, como no fuera la de desahogar sus chismes. Ninguno de ellos ha podido ser un científico por razones obvias. Que nos vengan a contar las tonterías que han hecho en sus gobiernos y los desastres que han provocado, muy probablemente ni ellos mismos serían capaces de explicarlos. Eso lo mostró Salinas en su primer libro hablando del error de diciembre.

Ahora va la buena: se pensionará a los presidentes con el 85 por ciento de su sueldo y luego de seis años se reducirá a la mitad. Parece mucho, pero eso equivale a unos doscientos mil pesos mensuales, ya sin trabajar. Para preservar la seguridad personal de los ex presidentes, la Secretaría de la Defensa les asignará un general, dos jefes, seis oficiales y 20 elementos de tropa. La Fuerza Aérea, un jefe, dos oficiales y seis elementos de tropa. La Armada, dos jefes, dos oficiales y 10 elementos de tropa. Se les asignarán tres vehículos oficiales para ellos y sus familias. Se les darán 26 personas como personal administrativo. Todo ello implica que se reducirá 70 por ciento el personal hoy asignado. Saquen ustedes las cuentas. Y, todo ello, ¿a título de qué?

Esa iniciativa es una bofetada al pueblo. Los ex presidentes no tienen por qué conservar privilegios de ninguna especie y deben volver a vivir de su trabajo, de lo que aprendieron en la vida para poder vivir. No tenemos por qué echar a la ciudadanía esa carga para que los ex mandatarios vivan como reyes. Eso es absolutamente ilegal e inmoral.

It's a Simple Fact: Obama Is Now Waging an Illegal War

The question is whether anyone in Congress will find the will to do something about it.

AlterNet /By Joshua Holland

Regardless of whether one loves or loathes the president, or how one views his intervention in Libya, it is simply a conclusive fact that Barack Obama is now pursuing an illegal conflict. And a timid congress, so inured to our nation's permanent state of war, isn't calling him on its illegality.

The War Powers Resolution of 1973 is not an ambiguously worded statute. Passed over a presidential veto in the latter stages of the Vietnam conflict, it was designed to be a check on the executive branch's authority to enter the United States into far-flung hostilities. Among other things, the resolution requires the president to “terminate any use of United States Armed Forces” after 60 days unless Congress specifically authorizes the action, grants an extension or “is physically unable to meet as a result of an armed attack upon the United States.”

The deadline for getting Congress to authorize military action in Libya came and went on May 20. According to the New York Times, Obama sent a letter to Congressional leaders in which “he did not directly ask for a resolution authorizing the action or concede that it was necessary.” Meanwhile, “Administration officials offered no theory for why continuing the air war in Libya in the absence of Congressional authorization and beyond the deadline would be lawful.”

It isn't. At least Bill Clinton offered a “theory” for continuing the air campaign in Kosovo for two weeks after that deadline passed; he said that Congress had appropriated funds for the campaign, which amounted to tacit authorization to continue the fight. The Obama administration is simply thumbing its nose at the law.

It's likely that if one polled Americans about their views of this development, they wouldn't much care. But they should. The separation of powers is one of those "first principles" that should supersede partisanship or ideology. We have now come to the end of a long slippery slope: the Constitution grants Congress the sole power to declare war (scholars have long debated whether that actually means waging war); the War Powers Resolution granted the executive branch the power to deploy troops in an emergency situation and then get Congress to sign off; and now we appear to have arrived at a point where there is effectively no check on the executive's ability to deploy U.S. troops anywhere in the world. The administration isn't even offering a “theory” of how it might be legal to blow the deadline in the Libyan context.

The administration shouldn't bear the blame for this development alone. A small number of lawmakers have sent letters to the White House asking the administration to comply, but it is ultimately up to Congress to assert its authority, and a divided and dysfunctional legislature has shown little will to challenge the White House on matters of war and peace.

Since its passage almost 40 years ago, presidents have asserted that the War Powers Resolution is unconstitutional. Congress based the statute on the Necessary and Proper clause, which gives the federal government – all three branches – the authority required to carry out its enumerated powers. But both the executive and legislative branches know that if the statute is litigated, one or the other will lose some modicum of power, so they have left the issue unresolved.

A president can't simply ignore a law that he deems unconstitutional – it's the law of the land unless or until it is struck down by the judiciary. So, we've been left in a legal limbo in which the founders' brilliant concept of checks and balances between separate branches of government has become moot when it comes to deploying U.S. forces overseas.

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Dip. Agustín Guerrero, Dip. Laura Itzel Castillo, Dip. Mario Di Costanzo

http://www.youtube.com/watch?v=zS1TArQ7iYc

Excelente análisis de la reforma laboral del PRIAN...

La iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo presentada el pasado 10 de marzo por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) integrado por 238 diputados, representa un grave retroceso en los derechos de los trabajadores. Es evidente la confabulación del PRI y de los dirigentes de las centrales sindicales como la CTM y la CROC con el sector empresarial para menoscabar legalmente derechos fundamentales como el de estabilidad en el empleo, salario remunerador, condiciones de trabajo dignas, seguridad social y el de libertad sindical a cambio de que no sean trastocados los intereses de dirigentes sindicales tradicionales para que sigan manteniendo el control de los trabajadores y continúen usufructuando a los sindicatos como negocio.

Se trata de una reforma que toma como referencia las propuestas fundamentales contenidas en la iniciativa de reforma laboral del Partido Acción Nacional del 18 de marzo de 2010. Es una copia mejorada en la afectación de los derechos individuales con la ventaja empresarial que mantiene un modelo sindical que impide la participación de los trabajadores en la definición de las relaciones laborales.

La iniciativa del PRI negociada con el PAN teniendo como actores principales en la confección de esta iniciativa a empresarios que militan en ambos partidos sería de consecuencias muy graves de aprobarse y de las que contabilizamos por lo menos 24 grandes afectaciones en contra de los trabajadores, que son las siguientes:

EN MATERIA INDIVIDUAL

—Estabilidad en el empleo

1. Rompe con el principio de bilateralidad y de estabilidad en el empleo al modificar el artículo 39 de la ley laboral suprimiendo el texto que refiere que la existencia de un contrato se dará mientras subsista la materia de trabajo. De aprobarse esta iniciativa, la existencia de un contrato de trabajo dependería exclusivamente de la voluntad del patrón y no de la subsistencia de la materia de trabajo.
2. Se anula por completo la estabilidad en el empleo y permite el libre despido sin costo para el patrón al permitirle crear contratos de:

A) Prueba, B) Capacitación inicial y de C) Labores discontinúas (en este caso que pueden ser de temporada o que no exijan la prestación de servicios toda la semana, el mes o el año) Este último es el más grave, porque puede darse el caso que una persona trabaje 5 días de los 6 a los que está obligado (como ocurre con muchos trabajadores) permitiendo despidos sin indemnización alguna.

1. Permite el despido libre, pues ya no será obligatorio para el patrón entregar personalmente al trabajador del aviso de rescisión ya que lo podrá hacer por correo certificado o por medio de la Junta de Conciliación y Arbitraje quién podrá comunicarlo “por cualquier medio que estime conveniente”
2. Se incrementan causales de despido como faltas contra los clientes del patrón.
3. Desaparece el derecho al aviso de despido para los trabajadores domésticos.
4. Legitima las renuncias “en blanco” al modificar el artículo 53 de la LFT que en la vigente requiere de un acuerdo entre las partes.
5. Se crean “Normas nuevas” dirigidas a los Jornaleros Agrícolas, que se refieren especialmente a un “Registro especial de trabajadores eventuales o de temporada” para justificar el despido libre y sin costo en contra de ellos.

OUTSOURCING

1. Legaliza el contratismo de terceristas que hoy es ilegal, permitiendo que los patrones no asuman sus obligaciones laborales y lo hagan por ellos los contratistas, materializándose “fraudes legales” contra los trabajadores al suprimirse la responsabilidad solidaria en el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo.

SALARIO

1. Permite su fijación de manera unilateral por parte del patrón sin intervención sindical.
2. Legaliza la polivalencia (el multiusos) con el mismo salario.
3. Con la certificación laboral permite la imposición de condiciones unilaterales de trabajo sin beneficio salarial acordado bilateralmente;
4. Permite la fijación del monto de bonos, incentivos y comisiones de manera unilateral los cuales no son obligatorios revisarlos.
5. Desaparece el salario mínimo y se crea el “salario infinitesimal”, porque el artículo 83 de la LFT se modifica para que el salario se pueda pagar de manera proporcional por el tiempo laborado con la base del salario mínimo; si se trabaja una hora diaria, se podrá pagar un octavo del salario mínimo, $7.47 pesos por hora. Una persona que labore 4 horas diarias se pagarían apenas $29.90 diarios, la mitad del salario mínimo.
6. Legaliza la subcontratación vía “outsorcing” reduciendo el costo de la fuerza de trabajo y permitiendo que en una misma empresa haya trabajadores con mismas funciones con diferente salario y prestaciones.

CONDICIONES DE TRABAJO

1. Se permite la ampliación de tareas, cambio de los días de descanso contenidos en los contratos y de las horas de la jornada de trabajo que pueden ajustarse diariamente en función de las necesidades de la producción

SEGURIDAD SOCIAL

1. La “TABLA DE ENFERMEDADES DE TRABAJO” y la “TABLA DE VALUACIÓN DE INCAPACIDADES PERMANENTES”, que hoy contemplan los artículos 513 y 514 de la Ley Federal del Trabajo dejan estar incorporadas a ella para convertirlas en una clasificación meramente administrativa, dejado de ser derechos laborales básicos.

EN MATERIA COLECTIVA

1. Deja intocado el control sindical corporativo
2. Al legalizar la subcontratación vía outsorcing, permite fragmentar aún más a las organizaciones de los trabajadores, pudiendo existir dos o más sindicatos por la misma actividad y centro de trabajo con diferentes condiciones de trabajo.
3. Cancela la existencia de los sindicatos gremiales.

EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

1. Con la iniciativa se alargan los juicios al dividir la primera audiencia en dos apartados, uno de Conciliación y Mediación y de Demanda y Excepciones y en otro de Ofrecimiento de las Pruebas que se celebrará en otra fecha, cuando ahora solo se puede celebrar en una única fecha.
2. Se reduce el pago de los salarios caídos a un año independientemente del tiempo que dure el juicio laboral, lo que al alargarse los juicios será en perjuicio del obrero y sin costo para el patrón.
3. La prueba del recuento de los trabajadores se hará tomando como base además de las cuotas del IMSS, nominas de pago, un listado de trabajadores sindicalizados que reconozca el patrón (art. 931 fracc. IV inciso 'c' de la LFT) hecho que permitiría indebidamente la injerencia de éstos en materia gremial.

DIRIGIDA CONTRA LOS JÓVENES Y MUJERES

1. El creciente desempleo permitirá mayor explotación en el trabajo con los jóvenes, más bajos salarios e incremento en los accidentes de trabajo al no tomarse medidas legales para evitarlos; no se otorgan facultades a inspectores para cerrar centros de trabajo en caso de incumplimiento de normas de seguridad y se mantienen las ridículas sanciones de hasta 315 salarios mínimos en caso de incumplimiento (las cuales casi nunca se aplican).
2. La iniciativa carece de perspectiva de género permitiendo se mantenga la inequidad, explotación y hostigamiento sexual contra las mujeres.

En conclusión: de aprobarse la propuesta del PRI para reformar la Ley Federal del Trabajo, generará más pobreza, problemas sociales y una grave afectación a los derechos humanos de los trabajadores. Por este motivo, hacemos un llamado a las organizaciones sindicales, a la clase trabajadora en su conjunto, a organismos de derechos humanos, a que no permitan se consume esta contra reforma laboral.

Iniciamos una “Jornada en defensa de los derechos laborales” el martes 15 de marzo próximo, con dos mesas de trabajo, una a las 12 hrs con el análisis de la afectación a la estabilidad del empleo, bilateralidad, salario y derechos humanos, y otra a las 17 horas con el análisis de la afectación de las condiciones de trabajo, administración de justicia y derechos colectivos con la participación de académicos, abogados, sindicalistas y expertos en la materia que se celebrará en la instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en el salón “Digna Ochoa”, ubicadas en Av. Universidad 1449 Col. Florida, Del Avaro Obregón. Se acordó implementar estas jornadas a nivel nacional.

El viernes 18 de marzo se anuncia una marcha a partir de las 16 horas que partirá del Ángel de la Independencia al zócalo de la ciudad de México“En defensa de los derechos laborales de las y los trabajadores”.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE ABOGADOS DEMOCRÁTICOS

Manuel Fuentes Muñiz

Presidente

Correo electrónico:anad1991mx@gmail.com

Blog ANAD:http://anad1991.wordpress.com

Teléfonos de contacto: 55785133, 55781556

Misterio Público
http://misteriospublicos.blogspot.com

Legislatura con mordaza

La mierda asquerosa que usurpo Los Pinos.

Jesusa Cervantes

MÉXICO, DF, 11 de febrero (apro).- Felipe Calderón Hinojosa arrancó su mandato en medio de una Legislatura, la LX, convulsionada, en donde diputados del PRD y del PAN se liaban a golpes y los primeros tomaban la tribuna; poco faltó para que Calderón no ingresara al recinto de San Lázaro y protestara como presidente de la República, y lo logró gracias al respaldo y acuerdo con los priistas.

El encono entre perredistas, que reclamaban el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, y los panistas, que se decían ganadores y respetuosos de la legalidad, se mantuvo a lo largo de los tres primeros años del gobierno calderonista. De 2006 a 2009, los enfrentamientos y reclamos se hicieron presentes en todo momento y no hubo nunca poder que lograra coartar las expresiones de uno y otro bando.

Hoy, a mitad de la segunda legislatura que enfrenta Calderón, los panistas hallaron eco en el PRI para cerrar el paso a las tomas de tribuna, así como a las críticas y reclamos vía exposición de mantas, cartulinas o altavoces.

En la actual legislatura el número de legisladores afines a López Obrador disminuyó y algunos, los más fieles, llegaron bajo las siglas del Partido del Trabajo (PT), ocho para ser exactos, suficientes para poner de cabeza al resto de panistas, priistas, a los de Nueva Alianza (Panal) o del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que no han podido ganarles un solo debate pero sí fulminarlos a la hora de las votaciones.

Después de un año y medio de tomas de tribuna y exhibición de mantas, en donde se le he dicho de todo a Calderón, desde espurio hasta borracho, la dupla PAN-PRI encontró una nueva forma de parar en seco a los ocho “rijosos petistas”: confeccionando un nuevo “reglamento-mordaza”.

Efectivamente, las limitaciones a la libertad de expresión y el atropello del gobierno contra la periodista Carmen Aristegui fueron aplicadas en sintonía con el nuevo reglamento que ambos partidos aprobaron el pasado 15 de diciembre e hicieron entrar en vigor el 1 de enero.

El objetivo del nuevo reglamento, que limita drásticamente la “libertad” de cada legislador a expresarse como mejor le parezca y de acuerdo con su estrategia política, tiene como centro que las sesiones en el pleno se conduzcan sin sobresaltos, sin tomas de tribuna, sin suspensiones momentáneas, sin reclamos, sin crítica desde una manta, sin reclamos desde una cartulina; en síntesis, sin que se exponga al Poder Ejecutivo.

Eso fue lo que sucedió el 4 de febrero, cuando los petistas Gerardo Fernández Noroña, Mario Di Costanzo y Jaime Cárdenas desplegaron una enorme manta que condenaba un supuesto alcoholismo de Felipe Calderón.

A los legisladores se les aplicó el nuevo reglamento para acallarlos, aunque finalmente la sesión se suspendió, no por la entrada en vigor de las nuevas reglas, sino porque los panistas se dejaron llevar por el impulso, el enojo y olvidaron la serenidad que todo político debe aprender, yéndose a los insultos y jaloneos contra los petistas. Un acto que también descontroló a los priistas quienes, divididos, acudieron en ayuda de uno y otro bando.

Uno de los daños colaterales por la presencia de Calderón en el poder es este nuevo reglamento, a través del cual se quiere acallar las voces críticas e incluso se pretende meter en orden a los diputados, aun en contra de la propia Constitución, la cual establece que ningún legislador podrá ser reconvenido por sus dichos.

En su artículo 8º, fracción XVIII del reglamento de marras, se obliga a diputados y diputadas a “retirar cualquier expresión material que hayan utilizado para su intervención en el pleno, una vez que éste haya concluido”; es decir, nadie podrá dejar expuesta manta, muñeco, cartulina o los objetos en los que se apoye para manifestar sus cuestionamientos.

Pero todavía peor, si el presidente de la Mesa Directiva lo conmnina a hacerlo, o algún legislador que se sienta ofendido exige el retiro de la manta y esto no se hace, al diputado que se esté manifestando se le ¡¡cerrará el micrófono!! y, si continúa con su actitud, se le descontará entonces un día de dieta.

Y si persiste en su manifestación, el presidente de la Mesa Directiva, como si fuera un acto dictatorial, “ordenará” el retiro de “las expresiones”.

El mismo artículo establece en su fracción XVII que los legisladores están obligados a “permitir la libre discusión y decisión parlamentaria en las sesiones, así como en las reuniones”. Esto implica que si un diputado siente que con alguna acción o expresión que realice otro en su contra se le está impidiendo hablar, entonces se podrá callar a quien le reclama.

La violación a la libertad de expresión de los legisladores no es sólo el único acto de autoritarismo fijado en el nuevo reglamento, existe otro no menos grave: la permisividad de “reuniones secretas” y, por supuesto, la obligación de la “secrecía” de los legisladores.

Desde cuándo, se podrá preguntar cualquier ciudadano, los actos de los diputados federales, que llegaron ahí con el voto de los ciudadanos, pueden realizar “reuniones secretas” como si fueran una hermandad. Se les olvida a los legisladores de PRI y PAN, autores de este nuevo reglamento, que sus actos deben ser “públicos” y no a “escondidas”.

¿Dónde quedó la esencia del Parlamento, que tiene su origen en los debates públicos del Senado romano? Olvidan que los Congresos son justamente para eso, para parlar, acordar a vista de todos y no para hacer leyes en privado, acuerdos en corto.

Estas “sesiones secretas” reconocidas y aceptadas en el nuevo reglamento no son sino una manifestación cínica de los acuerdos y modificaciones que, en privado, se hacen a las leyes.

Es el reconocimiento legal a reuniones como las ocurridas al inicio del sexenio, cuando se acordó la ley del ISSSTE sin que nadie se hubiera enterado cómo, cuándo y dónde se confeccionó para luego llevarse al pleno y ser votada con el pacto previo entre panistas y priistas.

“Sesiones secretas” es la nueva sección que tiene el reglamento, las cuales --según el artículo 8-- así las deben mantener los legisladores que en ella participen. Es decir, no pueden ni deben hablar sobre lo que ahí se discute, se acuerde o se firme.

Nada más absurdo y bárbaro para un Parlamento.

Y ni qué decir de los documentos que de ahí salgan, serán considerados “confidenciales” o “reservados”; ¡la transparencia de un Congreso tirada al cesto de la basura!

El embate contra la periodista Carmen Aristegui no fue un asunto aislado, que tenga que ver únicamente con una presión del gobierno hacia un particular para negociar su concesión; no, va más allá, se trató de una política de Estado que permea a otros poderes como el Legislativo.

Operada por el PAN y aceptada por el PRI, la conducción de las próximas legislaturas, de mantenerse este nuevo reglamento, serán recordadas por la represión y opacidad que en ellas prive.

Cuando algún diputado se sienta ofendido o considere que el Presidente en turno, que el secretario en turno o cualquier funcionario está siendo ofendido, puede invocar el artículo 115 y exigir una moción de orden, con el argumento de que se está “faltando el respeto al orador”, o que se está generando “alteración del desarrollo de una sesión”; con ello logrará acallar cualquier señalamiento incómodo o que lo exhiba.

Aunque el nuevo reglamento es a todas luces violatorio de la libertad de expresión, será difícil que los ocho diputados del PT y algunos del PRD lo echen abajo, a pesar de que existen 89 “observaciones”.

El nuevo reglamento no sólo pretende que las sesiones del pleno se realicen sin sobresaltos, esto también incluye las reuniones de comisiones y comités. En una palabra, se está proponiendo un Parlamento sumiso, sin posibilidad de reclamo, y en donde a las minorías se les aniquile su libertad a disentir de las mayorías y expresarlo como mejor lo consideren.

¿Fascista, dictatorial, presidencialista, castrante? Sí, eso podría llegar a ser el nuevo reglamento si estos aspectos no se modifican.

Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx

La “cabañita” presidencial

El presidente Felipe Calderón y su esposa, Margarita Zavala, no pudieron seguir ocultando más tiempo información relacionada con sus propiedades, concretamente de sus terrenos y casas en la Ciudad de México y en Ayapango, Estado de México. A raíz de una investigación de Proceso sobre los bienes no declarados de la pareja presidencial, el mandatario se sintió obligado a divulgar por internet una parte de los faltantes. Además, un comentario público de Calderón ante empresarios permitió confirmar la existencia de su “cabañita” de Ayapango, como él la llama. El caso es que conforme pasan los años del sexenio sus propiedades y la de su esposa siguen creciendo y creciendo…

Daniel Lizárraga

AYAPANGO, MÉX.- El pasado 29 de septiembre, en una comida con empresarios, Felipe Calderón admitió que es dueño de una “cabañita”. El mandatario se refirió así a lo que en realidad es un lujoso chalet de 255 metros cuadrados construido en un terreno de poco más de cuatro hectáreas comprado por él y su esposa, Margarita Zavala, en este municipio, ubicado al pie de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

Desde hace aproximadamente 15 años los Zavala Gómez del Campo –suegros de Calderón– echaron raíces en este pueblo, donde han comprado varios predios. Pero pocos de los habitantes de esta comunidad mexiquense saben que, de manera discreta, esa familia y Felipe Calderón han ido aumentando el tamaño de sus parcelas hasta alcanzar una extensión de más de 41 mil metros cuadrados.

Ambas familias compran las tierras a precio de ganga: entre 2.76 y 10.41 pesos el metro cuadrado, pero datos del ayuntamiento de Ayapango indican que los predios rurales se cotizan en 65 pesos por metro cuadrado en promedio.

En cuatro declaraciones patrimoniales –las de 2007, 2008, 2009 y 2010– Calderón no reportó la compra de los terrenos ni la construcción de la “cabañita”; 70% de éstos se hallan a nombre de Margarita, y el resto al de su esposo.

Una casa creciente

El marzo último, Proceso (número 1741) reveló las inconsistencias en las declaraciones patrimoniales de Calderón: durante los cuatro años referidos no reportó varios bienes inmuebles adquiridos en la Ciudad de México escriturados a nombre de Margarita Zavala. De esta manera, las inversiones de la pareja crecieron hasta 11 veces respecto a lo que tenía antes de mudarse a Los Pinos.

Vista desde el exterior, la vieja casa familiar del número 8 de Privada de Cóndor 231, en la colonia Las Águilas, es la misma desde que Calderón era precandidato. Pero puertas adentro se revelan nuevas propiedades: una alberca, una cabaña, un amplio jardín y otra casa –de 234 metros cuadrados– marcada con el número 9 de esa calle.

Pero eso no es todo. La familia tiene otra propiedad, de tres pisos, en el número 227 de la misma privada, con media cancha de baloncesto, una pequeña bodega y estacionamiento para tres o cuatro autos. Todos estos predios están interconectados.

Ante la información publicada por este semanario, el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Salvador Vega Casillas, asumió la responsabilidad de haber eliminado de las declaraciones los bienes a nombre de Margarita Zavala en la Ciudad de México para proteger sus datos personales (Proceso 1753). Poco o nada se sabía entonces de los terrenos en Ayapango.

La revista solicitó entonces la intervención del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). Pero antes de que esta instancia emitiera una resolución, el pasado 7 de junio Calderón y Zavala se adelantaron a un eventual fallo adverso y autorizaron que la lista completa de sus bienes fuera puesta, por primera vez, en internet.

A partir de ese momento reconocieron que son dueños de las casas y los terrenos comprados en la Ciudad de México, y por otra parte pudieron conocerse algunos datos sobre los predios adquiridos por Zavala en Ayapango.

El formato usado por la SFP para transparentar las declaraciones patrimoniales no permite trazar un mapa de las hectáreas de la familia Calderón Zavala. Los datos inscritos están desarticulados y corresponden al Registro Público de la Propiedad en Chalco, Estado de México.

Hace más de dos semanas Proceso solicitó al ayuntamiento de Ayapango acceso a la licencia de construcción, al permiso para fraccionar parcelas y a la autorización para modificar los límites del predio de Margarita. Las autoridades municipales no respondieron, y por lo tanto violaron el plazo de 15 días hábiles previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México.

Pero fue el propio mandatario quien ofreció las pistas para dar con su casa de descanso. Durante la citada comida con empresarios reveló que en “una cabañita” le había salido “carísimo” instalar celdas solares y aerogeneradores.

En esa ocasión, en el marco del Foro de Eficiencia Energética, el presidente dijo haber sentido en carne propia lo que significó instalar un sistema adecuado para no dañar al medio ambiente. “Tenemos que avanzar en incentivos fiscales. No podemos dejar de reconocer que el costo de la energía renovable, particularmente la individual, es tremendamente alto”, sentenció.

Sin embargo, no reveló cuánto tuvo que desembolsar para equipar su chalet. Proceso solicitó a la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia información sobre lo que ya el propio mandatario había adelantado. Pero hasta el cierre de esta edición la responsable del área, Alejandra Sota, no había respondido.

Especialistas de Greenpeace México consultados por el reportero estiman que Calderón pudo haber pagado alrededor 100 mil pesos por un aerogenerador y las celdas solares a fin de suministrar la energía necesaria para 255 metros cuadrados de construcción.

Terreno fragmentado

Los últimos días de agosto de 2007, poco antes de su primer informe de gobierno, Calderón entró en contacto con uno de los arquitectos más prestigiados de México, Lucio Muniain, a quien le encargó el proyecto para construir una cabaña en Ayapango. En su primera declaración patrimonial el mandatario no reportó compras de terrenos en ese municipio.

En diciembre de ese mismo año el presidente rechazó el diseño propuesto; quería algo menos ostentoso, según revela a Proceso el arquitecto Muniain, quien además dice desconocer cuál de sus colegas fue el encargado de construir la casa de descanso de la familia Calderón Zavala, que se ubica a hora y media en automóvil de la Ciudad de México.

El terreno de más de cuatro hectáreas fue comprado en cuatro partes, de acuerdo con documentos del Registro Público de la Propiedad de Chalco, cabecera distrital a la que pertenece Ayapango. El 16 de agosto de 2007 –cuando el presidente buscaba un arquitecto– Margarita Zavala se presentó en las oficinas de catastro para regularizar sus predios: por primera vez reconocía ante las autoridades ser propietaria de ellos.

De acuerdo con el expediente 8248/166/07 la esposa del presidente Calderón dio de alta en el sistema catastral mexiquense un terreno de 8 mil 631 metros cuadrados llamado Acozac, en el paraje San Miguel.

El contrato de compra-venta –del que Proceso tiene copia– no señala fecha ni otros datos que permitan establecer el día en que se firmó. En la lista patrimonial de Calderón subida a internet se indicó que el predio fue comprado el 23 de febrero de 2007. El vendedor fue Juan Martínez Martínez, un vecino de San Juan Coxtocan, municipio de Tenango del Valle, contiguo a Ayapango, quien recibió 30 mil pesos como pago. Es decir que cada metro cuadrado costó 3.47 pesos.

Actualmente el valor de los predios rurales en este municipio ronda los 65 pesos el metro cuadrado, según datos proporcionados por el ayuntamiento; pero en las cercanías de Acozac no hay autopistas, obras públicas, servicios o proyectos de inversión que justifiquen ese valor.

El mismo 16 de agosto de 2007 Margarita Zavala regularizó otro predio, de 10 mil 843 metros cuadrados, por el que desembolsó 30 mil pesos en efectivo a favor también de Juan Martínez Martínez. En esa segunda operación cada metro cuadrado costó 2.76 pesos, lo que significa una diferencia de 71 centavos entre ambas compras hechas en el mismo lugar, al mismo comprador y al mismo tiempo, según se desprende de los expedientes 295 y 296 del volumen 456 del Registro Público de la Propiedad de Chalco.

El chalet de la familia Calderón Zavala fue construido en alguna parte de estos dos predios, por los que la esposa del presidente pagó 60 mil pesos. En contraste, Felipe Calderón tasó estos terrenos en 1 millón 38 mil 57 pesos, indica la declaración patrimonial, modificada apenas el pasado 7 de junio, luego de la investigación de Proceso.

El chalet se encuentra a cinco minutos en automóvil de la hacienda San Andrés, que ha sido rentada para grabar telenovelas, como Eternamente tuya producida por Televisión Azteca, y que opera como hotel de cinco estrellas.

Uno de los propietarios de ese establecimiento, Vicente Silva Lombardo, vendió a Margarita Zavala 9 mil 805 metros cuadrados por 100 mil pesos, de acuerdo con los datos del expediente 554, volumen 169, libro 1 del Registro Público de la Propiedad de Chalco. Esto significa que cada metro cuadrado le costó 10.19 pesos a Margarita, quien no percibe salario alguno como presidenta nacional del DIF. No obstante en 2009 ganó 486 mil 44 pesos, de acuerdo con la versión más reciente de la declaración patrimonial de Calderón, sin que se den más detalles al respecto.

Los vecinos de este último predio son Mercedes Gómez del Campo y Mónica Zavala Gómez del Campo, madre y hermana, respectivamente, de la esposa del mandatario. Otros de los terrenos colindantes pertenecen al gobierno federal. Las autoridades del ayuntamiento de Ayapango dicen desconocer qué se pretende edificar ahí o qué utilidad se le podría dar en el futuro a esas tierras.

En julio de 2008 un vecino de la popular colonia Moctezuma en la Ciudad de México, Ramón Rodríguez Flores, vendió a Felipe Calderón un predio de 12 mil 477 metros cuadrados en el paraje San Miguel, en Ayapango, por 130 mil pesos.

Esta transacción se registró ante las autoridades municipales un mes después, cuando faltaban pocos días para el segundo informe de gobierno. El precio por metro cuadrado en esta ocasión fue de 10.41 pesos.

En la última modificación de su declaración patrimonial Calderón estimó el valor de estos terrenos –que suman 41 mil 756 metros cuadrados– en 1 millón 268 mil 257 pesos. Esto sin que se cuantifique la inversión hecha en energía limpia o renovable mediante la instalación de celdas solares y aerogeneradores. l

Administración de la desgracia

Legisladores. La mafia de la "legalidad"

Javier Sicilia

MÉXICO, D.F., 4 de noviembre (Proceso).- A pesar del caos en que está sumido México –altos índices de criminalidad y desempleo; salarios bajos; inflación; devastación ecológica, cultural y educativa en nombre de intereses económicos, e indefensión ciudadana–, los gobiernos y los partidos carecen de una política clara para ordenar el país. A falta de ella, su tarea se ha reducido a disputarse el poder, las plazas políticas, el erario. Su accionar no se diferencia del de las mafias del crimen organizado, a no ser por su “legalidad” y sus métodos.

Semejantes a esas mafias, los gobiernos y partidos no sólo se pelean entre sí, sino que también lo hacen dentro de sus propias facciones. A diferencia de ellas, no mutilan a otros ni arrojan sus cabezas cercenadas para aterrar a la población y desalentar al contrario. Sus métodos –hay que decirlo en su descargo– son refinados:

Para cortar la cabeza a alguien bastan las relaciones con los grandes capitales, los medios de comunicación, el uso discrecional de las leyes, el rumor, la mentira, la fabricación de una reputación inmoral, la coacción y la construcción del miedo. El fin, sin embargo, es el mismo: destruir a los oponentes, enlodarlos, depurarlos del cuerpo político, desconcertar a la población y obtener el poder para administrar la desgracia. La política se ha ido convirtiendo lentamente en un negocio de altos costos. Esto se debe quizá a que el sentido político del gobierno perdió su objetivo fundamental.

Antiguamente, desprendida del concepto teológico de un Dios creador que gobernaba el mundo para conducirlo a un fin último, la política era la construcción de un gobierno ordenado por las leyes para el bien de los ciudadanos. Sin embargo, desde Hume y Adam Smith, el gobierno, bajo el modelo del libre mercado y su laisser faire –esa doctrina que defiende la completa libertad en la economía dentro de todos los ámbitos de la vida y la mínima intervención de los gobiernos–, rompió con las causas finales y las sustituyó por un orden producido por un juego azaroso en donde lo esencial no es tanto un proyecto político, sino la posibilidad de gestionar el desorden que el azar del libre mercado –ya sea legal o ilegal, como el de la droga– produce, y orientarlo para mantener el poder y sus ganancias.

Aunque el gobierno y los partidos continúan pretendiendo un fin que está en el sentido mismo de la palabra “política” (el servicio al bien común), sus acciones, bajo el juego del libre mercado, producen “efectos colaterales” –ese término militar que Felipe Calderón ha puesto de moda–, efectos imprevistos o previstos en los detalles, pero en todo caso presupuestos. Dichos efectos no sólo son consecuencias de la guerra, sino también políticas públicas que, pretendiendo orientar el caos, siempre afectan de manera violenta a muchos sectores de la ciudadanía para beneficio del gobierno y sus intereses.

De allí las luchas intestinas por el poder. De allí también que la voracidad y la saña con las que se expresa el crimen organizado en nuestro país funcionen como el espejo invertido de la voracidad y la saña con las que el gobierno se expresa y las luchas partidistas se desarrollan. Ambos mundos –el del crimen organizado y el de la política–, en su aparente antagonismo, lo único que hacen es gestionar el caos dentro del caos generado por el juego del mercado, y ganar a costa de la desgracia.

Lo odioso de todo ello es que nuestros políticos, a diferencia de los criminales, se golpean y nos golpean con optimismo; enarbolan la bandera del amor y del servicio a la ciudadanía para evitar servir a las personas de carne y hueso que componen la sociedad; invocan el progreso para justificar los “efectos colaterales” de sus luchas y políticas y esquivar las cuestiones de los salarios, del empleo, la inflación, la inseguridad y la incultura; se yerguen ante los medios de comunicación para denostar y destruir al rival y decir que ellos son los poseedores de la clave que sacará al país del atolladero, siempre y cuando les concedamos administrar nuestras desgracias.

Es así, en nombre de una política que perdió sus objetivos fundamentales, como nuestras clases gobernantes o que aspiran a gobernar han llegado a estar casi convencidas de que la política es eso: un puro negocio de la desgracia, una pura administración del caos nacido de “la mano invisible” que domina la libertad del mercado. Ella, que se sustenta en el sacrificio y el miedo que han infundido en las mayorías, nunca ha comprometido a ninguno de los que viven de ese negocio. Atrincherados en una ficción que confunde la libertad económica y su caos con el ejercicio político, son ellos los que en el fondo no sólo temen un cambio, sino a las verdades del sentido común que hace a los buenos gobiernos y que se basan en el límite al libre mercado y en esas cosas sencillas que están en la base de cualquier ética: la clarividencia, la humildad, la energía, el desinterés y el diálogo.

Este es el horror, esta es la perversión de la política que padecemos y que, de no reformarse, nos llevará a una sociedad en donde la administración de la violencia, es decir, de las formas más inusuales y atroces de la desgracia, serán la realidad de cada día.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a todos los presos de la APPO y hacerle juicio político a Ulises Ruiz. l

Suprema Corte verde olivo

El ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano en la SCJN.

Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO, D.F.; 3 de septiembre (apro).- Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le han dado vueltas y vueltas, pero pronto tendrán que definir si solapan a los militares violadores de derechos humanos o si sacan a México de la condición de casi paria internacional en la que se encuentra por negarse a acotar el fuero militar.

La disyuntiva es resultado del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que se condenó al Estado mexicano por la desaparición de Rosendo Radilla a manos de militares en Atoyac de Álvarez, Guerrero, en 1974, durante la guerra sucia contra la guerrilla en México.

Como parte del Estado mexicano, el Poder Judicial de la Federación, cuyo máximo representante es la Suprema Corte, está obligado a cumplir con la sentencia en lo que le corresponde, pues la jurisdicción de la Corte Interamericana fue reconocida por México en 1998.

A pesar de que el fallo es muy claro respecto a la obligación de la Suprema Corte para hacer una interpretación constitucional de la jurisdicción militar, algunos ministros, encabezados por Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Luis María Aguilar, se valieron de una chicana –como se refieren los litigantes a las ardides para dilatar un asunto– para posponer la definición de la Corte.

Anguiano, quien incluso calificó a la Corte Interamericana de “prestidigitadora” por haberse metido con el fuero militar, introdujo la idea de que la Suprema Corte necesita un acuerdo que fije lo que deben hacer los ministros para tratar con los fallos de la Corte Interamericana.

En su sesión del jueves 2 de septiembre, el pleno de ministros fue una caricatura de sí mismo, pues varios de los jueces del máximo tribunal no encontraban la manera de justificar sus rodeos respecto a un tema que es central en cualquier país que se diga democrático: el control de los militares por parte del poder civil.

Los ministros saben que parte de esa responsabilidad está en sus manos, pues el caso Radilla es apenas el primero de una serie de juicios en los que muy probablemente se condene de nueva cuenta al Estado mexicano no sólo por la violación a los derechos humanos por parte del Ejército, sino porque éstas son investigadas en la jurisdicción militar y no por los tribunales ordinarios.

En octubre próximo se espera que la Corte Interamericana emita un nuevo fallo condenatorio al Estado mexicano por la detención ilegal y tortura por parte de militares y encarcelamiento por decisión de un tribunal castrense de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, también de Guerrero, en 1999.

Pero el caso Radilla es más que emblemático, pues a partir de él, –si es que la Suprema Corte lo avala–, los tribuales civiles mexicanos estarían en la condición de investigar los más de 400 desparecidos durante la guerra sucia, oficialmente reconocidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Las repercusiones alcanzarían también a las violaciones a los derechos humanos cometidos por el Ejército y la Marina en la “guerra” al narcotráfico de Felipe Calderón y que ahora están en la jurisdicción castrense.

Si los ministros se imponen a sí mismos reglas para decir cómo deben cumplir los fallos de la Corte Interamericana es casi seguro que se amarren las manos, como lo hicieron cuando fijaron los lineamientos para investigar los casos de graves violaciones a los derechos humanos y que no van más allá del mero señalamiento de involucrados, pero no responsables, como ha ocurrido en los casos de Atenco, Lydia Cacho, Oaxaca –aunque ahí sí mencionaron al gobernador Ulises Ruiz– y la guardería ABC.

El año pasado, la Corte tuvo ya una primera oportunidad de sentar precedente y acotar el fuero militar, pero una mayoría de ministros se impuso para negar el amparo a Reynalda Morales Rodríguez, quien mediante ese recurso pretendía que los tribunales civiles investigaran el asesinato de su esposo y otros tres hombres en la sierra de Badariguato, Sinaloa, en marzo de 2008.

Los hombres fueron ejecutados por militares sin que mediara advertencia alguna, pero gracias a la decisión de la Corte el caso se mantiene dentro de la jurisdicción militar.

México es casi una excepción en América Latina. Durante décadas, la mayoría de los países de la región estuvieron gobernados por dictaduras militares.

Bajo los nuevos gobiernos civiles, han sido los Congresos mediante reformas constitucionales o las propias Cortes a través de interpretaciones constitucionales los que han acotado el fuero militar.

El común denominador de esas reformas e interpretaciones ha sido que las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares deben ser investigadas por la justicia civil, pues los instrumentos internacionales de derechos humanos prohíben que los militares se investiguen a sí mismos.

No sólo en el ámbito latinoamericano México está aislado en ese tema. En las agencias y grupos de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas han sido constantes las sugerencias de países de todo el mundo –incluso de Asia y África– para que México abandone esa práctica que es ya una vergüenza internacional.

jcarrasco@proceso.com.mx

Peor que la Ley Televisa...

En un proceso tachado de ilegal y con numerosos factores en contra, el gobierno calderonista decidió entregarle a Televisa y a Nextel la parte más jugosa del espectro radioeléctrico, el de los 30 megahertz de cobertura nacional, a un precio 28 veces inferior al valor real de esa banda. Una de las lecturas que se hacen acerca de esta concesión de escándalo es que Los Pinos ya pactó con la empresa de Emilio Azcárraga Jean con miras al proceso electoral de 2012.

Jenaro Villamil

Con sólo dos votos a favor de los cinco que pueden ser emitidos en el seno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), pasando por alto un punto de acuerdo de las fuerzas políticas del Congreso (que instaba a declarar desierta la licitación) y violando dos resoluciones judiciales que ordenaron la suspensión cautelar de la licitación de la banda 1.7 Ghz, el gobierno de Felipe Calderón decidió entregarle a Televisa y Nextel el espectro más valioso (los 30 Mhz de cobertura nacional) de la telefonía móvil a precio de ganga: 180.3 millones de pesos.

El título de concesión establece que Televisa y Nextel pagarán por ese espectro radioeléctrico 28 veces menos que su valor de mercado, según cálculos de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi). También dejará ocioso un recurso, propiedad de la nación y que no se licitó: el otro bloque de 30 megahertz (Mhz), pues los dos únicos postores que cumplían los requisitos de las bases y de la Comisión Federal de Competencia (Televisa y Nextel) decidieron aliarse en lugar de competir, “con el objeto de bloquear la entrada a otros posibles competidores”, según el especialista Ramiro Tovar Landa.

El fallo de la Cofetel fue calificado de “inconstitucional, ilegal e inmoral” por el diputado panista Javier Corral, quien argumentó que la decisión tomada el lunes 16 “no se apegó a la ley, toda vez que una minoría de dos comisionados pretende adjudicarse una decisión que por lo menos deben tomar tres de los cinco comisionados que integran el pleno”.

Corral anunció que, con otros legisladores e integrantes de la Amedi, pondrá en marcha una estrategia para impugnar la decisión que viola los artículos 28 y 134 constitucionales, ya que la licitación favorece la concentración del espectro en favor de Televisa y la adjudicación “no asegura las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”.

En medio de presiones y cabildeos hacia la Cofetel y la Comisión Federal de Competencia y entre organismos de telecomunicaciones, como la Canieti y la Canitec, encabezados por los vicepresidentes ejecutivo, Alfonso de Angoitia, y de Finanzas, Salvi Folch Viadero, de Televisa, cuatro de los cinco integrantes de la Cofetel sesionaron, pero sólo dos votaron a favor: el nuevo presidente de la comisión, Mony de Swaan, y Gonzalo Martínez Pous, exresponsable jurídico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

De los otros dos comisionados, Rafael del Villar presentó un documento de 170 cuartillas para argumentar que hubo desinformación en el proceso de licitación y que después de tres meses de haberse iniciado el procedimiento, él se dio cuenta de que era necesario cambiar las bases, que favorecieron ampliamente a Televisa y Nextel.

El comisionado Ernesto Gil Elorduy, exsenador del PRI, se abstuvo en la votación pues aseveró que hay medidas cautelares ordenadas por un juez de Guerrero y otro de Tamaulipas contra la licitación. El comisionado José Luis Peralta, el único que no acudió a las sesiones del 13 y del 16 de agosto, recordó en un oficio que, desde diciembre de 2009, recomendó modificar las bases de licitación.

Un pacto Televisa-Calderón

El exsubsecretario de Comunicaciones Jorge Álvarez Hoth afirma a Proceso que esta licitación es “el resultado de un acuerdo del gobierno de Felipe Calderón con Televisa con miras a las elecciones de 2012”.

Héctor Osuna –presidente de la Cofetel removido a finales del pasado junio– “no le garantizaba al gobierno de Calderón el pago del favor frente a Televisa. Mony de Swaan sí representa los designios de Calderón con Televisa”, afirma el especialista, presidente del Grupo Alcance.

Álvarez Hoth subraya que las bases de la licitación número 21, correspondiente a la banda 1.7 gigahertz (Ghz), “fueron mal diseñadas y no fueron modificadas antes de que se iniciara la puja, a pesar de que el numeral 27.10 preveía que los propios comisionados podían modificar las condiciones”.

La solución para evitar la diferencia de casi 5 mil millones de pesos entre lo que va a pagar la sociedad Televisa-Nextel y los otros competidores (Telcel y Telefónica) hubiera sido incorporar una cláusula conocida como dragalon (anglicismo que significa establecer un precio mínimo “de arrastre”).

Este tipo de mecanismos se utilizan para establecer por ejemplo “que quien pagó sin competencia en el bloque de 30 Mhz no puede pagar menos de 80 por ciento de lo que pagaron los otros competidores.

“Las bases de licitación fueron mal diseñadas porque era previsible que no hubiera nuevos entrantes, sino los de siempre. El mayor bloque del espectro, el de 30 Mhz, era claro que sólo podía ser para Televisa o Nextel. Los comisionados pudieron haber declarado desierta la licitación. Esa es una de sus facultades”, reflexiona Álvarez Hoth.

–¿Existe alguna similitud entre esta licitación y la entrega de la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad al grupo Televisa-Megacable-Telefónica? –se le pregunta.

–En ambos casos Televisa está comprando barato. Lo mismo sucedió en el caso de la fibra óptica.

Por su parte, Ramiro Tovar Landa señala que tras esta licitación “la Cofetel queda destrozada, a pedazos, vulnerada en su autonomía”. Y coincide con Álvarez Hoth: “En los dos procesos de licitación más importantes, el de la fibra óptica y el de la banda 1.7 Mhz, hay un factor común, que es Televisa.

“La actual política de telecomunicaciones del gobierno de Calderón está caracterizada porque el Ejecutivo se dejó capturar por el único agente dominante con una plataforma en medios de comunicación. Ahora Televisa va a tener presencia e infraestructura importantes. Es para fortalecer su posición como agente dominante exclusivo en el mercado del triple play que ahora será cuádruple play”, afirma Tovar Landa, académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

“Todo esto empezó con la renuncia de Héctor Osuna y la llegada de Mony de Swaan. Esto no es un ‘accidente’ de la licitación. Esto fue concebido desde el gobierno federal para volver a centralizar las decisiones de la Cofetel y hacerlas depender del presidente”, indica en entrevista telefónica con Proceso.

Tovar Landa fue el primero que advirtió –en un estudio difundido hace dos meses– que Televisa acabaría pagando 180.3 millones de pesos por el mismo espectro por el que los demás pagarían más de mil 93 millones de pesos. Su informe generó una airada reacción de Javier Tejado Dondé, director Jurídico de Televisa, quien negó en un artículo en el periódico Reforma que su empresa fuera beneficiada en la licitación de la banda 1.7 Ghz.

Tovar reitera que tuvo razón desde el principio y tilda de “mentiroso” el comunicado de prensa que emitió la Cofetel el lunes 16 por dos razones: es mentira que se hayan licitado 90 Mhz, ya que quedó desierto un bloque de 30 Mhz; y es incorrecto que haya un incremento de 75% del espectro actualmente disponible (120 Mhz) “con lo cual México se coloca a niveles similares de los países como Canadá, Indonesia o Argentina”, tal como afirmó el penúltimo párrafo del boletín de la Cofetel.

“Sólo se licitaron 60 y no 90 Mhz. Si la aritmética no me falla, 120 más 60 da 180 Mhz. No estamos a nivel de Canadá o Argentina, donde están por arriba de los 200 Mhz. No sé por qué creen los de Cofetel que por repetir las cosas se convertirán en verdad”, sentencia el académico.

El Acuerdo de Convergencia

Simultáneamente al fallo de la Cofetel en la licitación 21, el presidente de la Comisión Federal de Competencia, Eduardo Pérez Motta, afirmó que es necesario cambiar el título de concesión de Telmex para que esa corporación pueda entrar al mercado del triple play, ofreciendo contenidos en televisión restringida.

“Se debe resolver de una vez por todas el problema de la interconexión competitiva (entre las redes de Telmex y los otros operadores), que se defina qué es lo que tiene que cumplir la empresa y que lo haga”, afirmó Pérez Motta en entrevista con El Universal.

Mony de Swaan respondió que el cambio de título de concesión no debe ser exclusivo de Telmex, sino que “se debe hacer una revisión general de las concesiones para eliminar su carácter restrictivo y permitir a los jugadores crecer los servicios de acuerdo con los cambios tecnológicos”.

Voceros de Megacable, de Axtel y de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec) afirmaron que no es el momento de cambiar el título de concesión de Telmex y que la licitación de la banda 1.7 Ghz no tiene relación con este proceso.

Pese a lo anterior, la oficina de Comunicación Social de Telmex informó a Proceso que no existe ninguna notificación de la Cofetel o de la SCT para garantizar el cambio de título de concesión y poder competir con Televisa en el triple play.

El pasado 21 de julio el director de Telmex, Héctor Slim, afirmó en conferencia telefónica con inversionistas que “el incumplimiento del Acuerdo de Convergencia firmado hace cuatro años con la SCT impide que en el país haya una competencia de servicios convergentes”.

Esto provocó que el segundo trimestre del año los ingresos de Telmex disminuyeran 4.6% respecto del mismo periodo de 2009, según Slim.

Artífice del Acuerdo de Convergencia que ordenaba el cambio de título de concesión de Telmex a condición de cumplir con los acuerdos de interconexión, interoperabilidad y portabilidad, firmado en 2006, Álvarez Hoth advierte que este acuerdo “ya causó estado y hay que cumplirlo. Lo que hay que exigir es cuentas a las actuales autoridades y empresas de por qué no se ha cumplido”.

Para Tovar, en materia de convergencia, el gobierno de Calderón “está otorgando una exclusividad de facto, sin límites, sin caducidad, sin fecha, a favor de Televisa.

“Nos quedamos sin árbitro ante los grandes intereses de Televisa y de Telmex. O por lo menos el árbitro ya decidió que el nuevo eje será Televisa. Es una política industrial activa a favor de Televisa. Se trata de operar lo necesario para entregar un sector de las telecomunicaciones a un jugador privilegiado”, abundó.

–¿Es peor que la Ley Televisa?

–Es peor porque aquí se está dando de facto, sin legislación alguna.

Canal 11: la aberración legal

Lujambio y Calderón. En medio, Yoloxóchitl Bustamante, directora del IPN.

Ernesto Villanueva

MÉXICO, D.F., 30 de julio.- El fortalecimiento del Canal 11 de Televisión anunciado el lunes 12 por el gobierno de Felipe Calderón no es una apuesta por un medio público o una iniciativa de orden democrático, ni nada parecido. Es más de lo mismo, pero agravado. Veamos por qué.

Primero. Este canal tiene una naturaleza jurídica ambigua porque es un organismo descentralizado del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que es desconcentrado. Es como decir que se trata de un joven adulto que depende de un bebé de brazos que, como sabemos, no tiene independencia y para vivir requiere de sus padres o tutores. Este aberrante modelo legal fue creado para que la influencia de la comunidad politécnica fuera sólo testimonial en su toma de decisiones; es decir, para dar la apariencia de que se trata de un medio con un toque educativo y cultural, pero sólo eso. El director del Canal 11 no es nombrado ni removido por el titular del IPN, sino por el secretario de Educación Pública y, de facto, por el presidente de la República. El Canal 22 es un organismo descentralizado que tiene sólidos lazos con la comunidad cultural y los comités internos de participación ciudadana. Su utilización por parte del gobierno federal como medio propagandístico le resultaría muy costosa en términos de credibilidad. El Instituto Mexicano de la Radio (Imer), a su vez, vive un proceso de transición con un organismo colegiado que opina acerca de su programación. Nada de esto existe en el Canal 11. En su momento, Julio Di Bella y Fidela Navarro crearon el sistema de autorregulación más completo del que se tenga memoria en México, pero nunca se cumplió y todo se vino abajo a su salida del canal. Por ello, el hecho de ser una televisora que carece de contrapesos internos genera el primer polo de atracción para un propósito de orden político. Peor todavía, el Canal 11 incumple sus obligaciones legales de transparencia al tener en su sitio web los datos del IPN y no los propios.

Segundo. Durante este año, el Canal 22 integró prácticamente a todo su personal al régimen constitucional en materia laboral. El Imer mantiene un sistema de plazas federales con personal complementario que cobra por honorarios. Por el contrario, Canal 11 ha implantado un esquema de contrataciones al margen de la ley: ninguno de sus trabajadores cuenta con los mínimos de seguridad social; los empleados no crean antigüedad ni tienen seguros médicos y de cesantía o vejez. Para todos los efectos hay mayor seguridad laboral en una maquiladora de Ciudad Juárez que en el Canal 11. ¿Por qué no han actuado la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de la Función Pública, el PRI o el PRD, por medio de sus legisladores, para fincar responsabilidades al director del Canal 11, quien tiene como primera obligación cumplir la ley? ¿Cómo justificar que la comunidad que trabaja en el 11 esté excluida de los derechos laborales que gozan todas las personas y que jamás tendrá jubilación alguna? ¿Cómo puede exigir la Secretaría del Trabajo a las empresas privadas que cumplan la ley si el gobierno federal no empieza por cumplirla y hacerla cumplir? Lo cierto es que esta incertidumbre laboral se convierte en una fortaleza para desarrollar un proyecto político, porque propicia la falta de un espíritu de cuerpo interno que defienda una identidad inexistente.

Tercero. El Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA), de la Secretaría de Gobernación, está creado como el cajón de sastre del gobierno de Calderón para la promoción política de su persona y de su gobierno. Lo mismo crea contenidos programáticos que administra frecuencias de radio y televisión rápidamente obtenidas para ser aprovechadas por el medio que se antoje más dúctil a la estrategia de propaganda que se despliega en el Canal 11, que no es titular de nuevas frecuencias. El oscuro proceso de creación de la OPMA y su naturaleza legal no son compatibles con ningún proceso mínimamente democrático; antes bien, reproducen las mejores artes de la simulación pues mezclan una amplia dosis de mentiras con un toque de verdad. Es ésta la visión que el calderonismo tiene de un medio público o de Estado, donde sólo la palabra presidencial basta como argumento de autoridad, sin estar sujeto a los requisitos de comprobación y sustentación de sus dichos.

Cuarto. El único medio que en los hechos tiene las características de un medio público es Radio Educación, y ello es así en virtud de que, de entrada, sus trabajadores y directivos gozan de las prestaciones constitucionales y legales en el ámbito laboral; posee un comité técnico como órgano colegiado de definición y evaluación programática, que hace las veces de custodio de su identidad pública; tiene instrumentos de autorregulación y cuenta con personal de larga carrera cuyo común denominador es su compromiso por la pluralidad y la diversidad, con una lógica de crítica propositiva. Estos factores han creado un espíritu de cuerpo y una sinergia con su audiencia que no es común observar, sobre todo porque se ha dado a pesar de su marco legal. Esta iniciativa debería ser reproducida y traducida en la ley; sin embargo, por el contrario, es objeto de un lento pero efectivo proceso de aislamiento. El director de Radio Educación es un esforzado funcionario, pero lo rebasa la estrategia de contención del gobierno federal. La señal de AM en el 1060 tiene problemas de recepción, el portal web es lamentable y no tiene información básica y la solicitud de una frecuencia de FM sigue un tortuoso camino que no sufrió la OPMA para el Canal 11. Todo es legal y técnicamente solucionable, pero el propósito claro no es resolver, sino explicar por qué no se puede hacer lo que se debe. Para los fines de ventaja política, todo el presupuesto y la voluntad; y para aquellos que sólo sirven al interés público, solamente palabras. l

evillanueva99@yahoo.com

Circulo Estudios Coapa Diputado Ramón Jimenez

El Dip. Ramón Jiménez hablando del recurso contra el Decreto ilegal de LYFC y SME, del decreto ilegal del usurpador Felipe Calderón. Germán Larrea no quizo reunirse con la Comisión por el Caso Cananea .

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