Empieza la rendición de cuentas

En un hecho inédito, un militar del más alto rango, el exsecretario de la Defensa Guillermo Galván Galván, deberá comparecer ante un tribunal civil. Tan insólita diligencia obedece a la petición de la defensa del teniente coronel José Julián Juárez Ramírez, preso desde 2009, quien desea deslindar responsabilidades sobre los excesos cometidos por el “pelotón de la muerte” en Ojinaga durante la guerra calderonista contra el narcotráfico.

Jorge Carrasco Araizaga

El titular de la Defensa Nacional en el sexenio de Felipe Calderón, general de división retirado Guillermo Galván Galván, ha sido llamado a declarar ante la justicia federal por la tortura, muerte y desaparición de presuntos narcotraficantes durante el Operativo Chihuahua, en el que participó el Ejército como parte de “la guerra contra el narcotráfico” emprendida por el mandatario panista.
El exfuncionario fue citado por el Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Chihuahua, donde el próximo 6 de agosto deberá rendir declaración como testigo dentro de la causa penal 53/2012 abierta por los delitos contra la salud, acopio de armas y robo, pero que forma parte de una investigación más amplia relacionada con la desaparición de personas a manos de militares durante 2008.
El citatorio está fechado el 17 de junio para que Galván declare desde la Ciudad de México por videoconferencia y enlazado con el Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, donde se ubica la prisión militar en la cual están varios de los procesados en las causas penales que se siguen por homicidio, tortura y desaparición de cadáveres.
Se trata de la primera acción de la justicia civil en la que es citado el extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a causa de la “guerra al narcotráfico” declarada por Calderón. El citatorio coincide con la liberación, decretada el viernes 5 por otro juzgado federal, de tres generales, un teniente coronel y un mayor del Ejército a quienes no se les pudo comprobar la acusación fincada por el anterior gobierno de que protegían al Cártel de los Beltrán Leyva.
El testimonio de Galván fue requerido por el teniente coronel José Julián Juárez Ramírez, interno en la prisión militar de Mazatlán desde agosto de 2009, acusado inicialmente por robo, posesión de arma y posesión de droga, pero después de casi cuatro años de prisión, apenas el 13 de junio pasado, fue encausado penalmente en una alegada desaparición forzada.
Juárez Ramírez, un oficial con 29 años de servicio en el Ejército al momento de su detención, pidió la declaración de Galván y de otros jefes y exjefes del Ejército para desacreditar las acusaciones en su contra y demostrar la actuación por consigna de la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM), asegura su abogado Víctor Alonso Tadeo Solano.
En la prueba testimonial requerida, Galván deberá responder sobre el Operativo Chihuahua y lo que le fue informado por los comandantes de la zona en respuesta a sus instrucciones de actuar con mano dura durante los operativos ordenados por Calderón.
En septiembre u octubre de 2008, refiere la defensa del teniente coronel, Galván se reunió con los generales a cargo del operativo iniciado por el Ejército en Chihuahua medio año antes. Galván llegó a la base aérea militar de Chihuahua, donde se encontró con los comandantes de la XI Región Militar, con sede en Torreón, Coahuila, aunque abarca también a Chihuahua. Juárez Ramírez era comandante de la Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE), ubicada a siete kilómetros del cuartel general de la guarnición militar de Ojinaga.
La instrucción de Galván fue innovar los métodos de trabajo y de operación para combatir a los narcotraficantes. El cumplimiento quedó a la interpretación de los jefes militares, comandantes de regiones, zonas, guarniciones y unidades no sólo en Chihuahua, sino en todo el país. Lo que siguió fue la fuerza desmedida y, en el caso del Operativo Chihuahua, prohijó al llamado “pelotón de la muerte” (Proceso 1889).
“Ese tipo de medidas son correctas para los superiores cuando se tienen resultados adecuados, pero cuando hay un error, los encargados de cumplir las órdenes quedan en una situación muy endeble, los dejan solos. Eso es lo que ha pasado con quienes ejecutaron esas órdenes, que van desde clases, oficiales y hasta comandantes de unidades operativas.
“Cuando algún jefe preguntaba qué iba a pasar si ocurriera algún error y quién respaldaría a los implicados, la respuesta era simple: ‘Platique con su comandante’”, refiere el litigante, quien sirvió al Ejército entre 2000 y 2009.

Los citatorios

Egresado de la Universidad del Valle de México y con estudios de posgrado en la Panamericana y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, Tadeo Solano pretende también la presentación ante la justicia civil del general de división Marco Antonio González Barreda, quien al momento de los hechos era comandante de la XI Región Militar.
El divisionario concluyó el sexenio de Calderón como inspector y contralor general del Ejército. Hoy es director general del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, designado por el general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Sedena.
El abogado busca además la declaración judicial del entonces jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional, general Demetrio Gaytán Ochoa, quien después de los sucesos en Chihuahua fue designado subsecretario de la Sedena. El año pasado encabezó una de las más fuertes disputas en la secretaría para suceder a Galván. Ahora es el director del Banco del Ejército (Banjército), también por decisión del general secretario.
El litigante también citó al general Felipe de Jesús Espitia Hernández, quien en 2008 era comandante de la Quinta Zona Militar, con sede en Chihuahua, Chihuahua, y responsable directo del Operativo Chihuahua. De acuerdo con la defensa, ambos estuvieron en la reunión con Galván, lo mismo que los comandantes de las zonas militares Sexta, con sede en Saltillo, Coahuila, y 42, con base en Parral, Chihuahua.
El actual comandante de la Quinta Zona Militar es el general Leopoldo Noé Gaytán Ochoa –hermano del director del Banjército– quien se niega a una inspección judicial de esas instalaciones solicitada por el abogado y autorizada por los juzgados Segundo y Décimo de Distrito Civil en Chihuahua. Según el comandante, el ingreso sólo puede ser autorizado por el titular de la Sedena.
Tadeo Solano, quien litiga el caso entre la Ciudad de México, Sinaloa y Chihuahua, asegura que la defensa ha recibido amenazas de muerte por parte de “personal de la Quinta Zona Militar”. Ello lo motivó a enviar una carta al presidente Enrique Peña Nieto en la que responsabiliza al general secretario y a la PGJM de cualquier acto en su contra.
En el documento se queja también de la procuraduría militar porque, expone, se ha negado a presentar durante el juicio a los elementos de la Policía Judicial Militar (PJM) que participaron en la captura de los militares y están acusados de tortura para involucrar a jefes que participaban en el Operativo Chihuahua. La PGJM asegura que no los puede presentar por seguridad personal.
En entrevista, el abogado asegura que sin ser parte en los juicios, el agente del Ministerio Público de la Quinta Zona Militar y personal del Juzgado de la III Región Militar, en Mazatlán, solicitan informes a los juzgados Segundo y Décimo de Distrito con sede en Chihuahua.
Ambos juzgados radicaron las causas penales luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó criterios respecto al fuero militar y estableció que el caso Ojinaga debía pasar a la jurisdicción civil. Y aun cuando desde septiembre y octubre de 2012 fijó los criterios para limitar el fuero militar, fue en enero pasado cuando se resolvió en definitiva el conflicto competencial a favor de los juzgados civiles, por lo que durante más de tres años la instrucción estuvo a cargo de la justicia castrense.

El encuentro de 2008

Entre los asistentes a la reunión con Galván en la base aérea de Chihuahua estuvo el general de brigada Manuel de Jesús Moreno Aviña, comandante de la Guarnición de Ojinaga, donde, según las acusaciones en la causa penal 49/2012 que se instruye en el Juzgado Décimo de Distrito de Chihuahua, ocurrieron las muertes de por lo menos un civil y adonde fueron llevados tres presuntos delincuentes antes de ser torturados, asesinados y calcinados en poblados aledaños a Ojinaga, entre junio y agosto de 2008. Los desaparecidos son José Heriberto Rojas Lemus, El Michoacano; Esaú Samaniego Rey, El Cholo o El Azteca, y Erick Campos Valenzuela, El Campitos.
Moreno Aviña es ahora uno de los 31 militares procesados en las diferentes causas penales que, de acuerdo con los acusados, fueron enderezadas por consigna por la justicia militar. Apenas el 27 de junio pasado durante una audiencia para recabar su testimonio, alegó que su primera declaración ministerial hecha el 19 de agosto de 2009 ante la PGJM en la Ciudad de México, donde se encontraba en la Dirección General de Personal, desapareció de su expediente. Esa irregularidad no fue tomada en cuenta por el juez militar Gonzalo Corona González, quien inicialmente conoció la causa antes de que declinara a favor de la justicia civil.
Moreno Aviña asegura además que fue declarado antes de que existiera una petición oficial del Ministerio Público militar adscrito a la comandancia de Ojinaga. La justicia militar falseó documentos, asegura, para ocultar esa arbitrariedad, también cuestiona los peritajes de la PGJM sobre los supuestos restos óseos de los desaparecidos y que la procuraduría militar no ha querido aportar como prueba.
El mismo día de la detención del general Moreno Aviña, el 19 de agosto de 2009, ocurrió la del teniente coronel José Julián Juárez Ramírez y la de otros oficiales y soldados. El operativo estuvo a cargo del entonces coronel y ahora general brigadier David Eduardo Velarde Sigüenza, director de la PJM.
También participó el mayor de Infantería Carlos Alberto Rivera Medeles, como investigador de la PJM. Todos los detenidos, excepto uno, alegan haber sido torturados para incriminarse.
En el caso del teniente coronel Juárez Ramírez, quien tiene diferentes cursos de instrucción en México, Chile y Estados Unidos, efectivos de la PJM llegaron al cuartel donde se alojaba en la CINE.
Según el parte oficial, en un cajón del buró de Juárez Ramírez le encontraron dosis de cocaína y mariguana que, alega el acusado, eran utilizadas para el adiestramiento del personal bajo su cargo por órdenes del general Moreno Aviña. Los policías militares lo acusaron de flagrancia en el delito de posesión de enervantes con fines de comercio.
Lo interrogaron hasta las 11 de la noche del siguiente día. Por la mañana lo llevaron en un avión del Ejército a la prisión militar de la III Región, en Mazatlán, donde está preso desde entonces.
Los militares detenidos fueron entregados al mayor Rivera Medeles, quien asentó en el acta ministerial haber interrogado al teniente coronel sobre una caja de madera escondida fuera de la CINE y cerca de la mina La Perla, rumbo a la ciudad de Camargo. Según el mayor, la caja contenía armas de fuego, dinero nacional y extranjero, cartuchos de diferentes calibres y joyas de oro, y dio con ella por las declaraciones del sargento conductor hojalatero Andrés Becerra Vargas, uno de los señalados de haber formado parte del “pelotón de la muerte”.
El ministerial dijo que el teniente coronel respondió que las armas eran de las que se aseguraban a los civiles y no se ponían a disposición de las autoridades porque las utilizaba para sembrarlas a otros civiles que se detenían y a los que no se les encontraba nada. En la versión asentada por el Ministerio Público militar Juárez Ramírez señaló que el general Moreno Aviña le daba dinero, también asegurado a civiles, para gastos de operaciones militares y que el comandante de la Guarnición era quien en complicidad con dos civiles ordenaba la ejecución de otros civiles.
En sus primeras declaraciones ministeriales el sargento Becerra Vargas y el mayor Alejandro Rodas Cobón, señalado como uno de los jefes del “pelotón de la muerte”, acusaron a Juárez Ramírez de quedarse con droga y dinero y de estar relacionado con el asesinato de varias personas, entre ellas un policía municipal y una empleada de la PGR.
No fueron los únicos que declararon contra el comandante de la Guarnición y el de la CINE. También lo hicieron los demás integrantes del “pelotón de la muerte” y otros efectivos de la Guarnición. Pero en sus declaraciones ante el juez casi todos, a excepción de Becerra Vargas, alegaron que fueron presionados y torturados por la Policía Militar para declarar contra el general Moreno Aviña y el teniente coronel Juárez Ramírez.
El juez castrense de las causas penales abiertas contra los elementos de la Tercera CINE, el general Corona, desechó las acusaciones de tortura y dio como válidas sus primeras declaraciones ante el Ministerio Público militar.
Uno de los principales inculpados, Rodas Cobón, asegura que fue torturado por la justicia militar para inculparse del homicidio de Rojas Lemus y Samaniego Rey, y responsabilizar al general Moreno Aviña y al teniente coronel Juárez Ramírez. El 16 de abril pasado, en un testimonio que dio a petición de Moreno Aviña, Rodas Cobón identificó a quienes, alega, lo torturaron.
Después de su traslado a la Ciudad de México desde Ensenada, Baja California, el 26 de agosto de 2009 fue llevado a Ojinaga, donde fue entregado al mayor Rivera Medeles en una cabaña dentro de las instalaciones militares: “Me ordenó… que me sentara. Al sentarme, el capitán Héctor Raúl Salgado Urióstegui me propinó bofetadas, y al quererme levantar fui sujetado por ambos brazos por el mayor Rivera Medeles y el capitán Román Rodríguez…
“Dime ya de muertos y ejecutados ordenados por el general Moreno Aviña, no te hagas pendejo… Nosotros como agentes de la Policía Federal Militar estamos protegidos y recibimos órdenes directas del general secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, y mientras él esté en el poder no nos van a hacer nada, así se quejen ante quien se quejen…
“Me dijeron que me dejarían descansar 20 minutos para que descansara e inculpara al general Moreno Aviña y al teniente coronel Juárez Ramírez”, tal y como aparece en su primera declaración ministerial firmada 18 días después de su detención en Baja California, periodo en el que, según su dicho, no lo dejaron bañarse ni cambiarse de ropa.
Aunque ahora nadie se quiere responsabilizar de la existencia del “pelotón de la muerte”, el Ejército sigue en el centro de la polémica por la “guerra” de Calderón. Apenas la madrugada del viernes 5 el juez tercero de Distrito en Materia Penal de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, decretó por falta de pruebas el sobreseimiento de la causa penal e inmediata liberación de los generales Roberto Dawe, Ricardo Escorcia y Rubén Pérez, así como del teniente coronel Silvio Hernández y del mayor Iván Reyna, quienes estaban en prisión desde el año pasado acusados por el gobierno de Calderón de fomento al narcotráfico.
En abril pasado la justicia federal liberó al general de división en retiro y exsubsecretario de la Defensa Nacional Tomás Ángeles Dauahare, luego de que la PGR se desistiera de las acusaciones fincadas en su contra por el gobierno de Calderón de proteger desde los más altos niveles del Ejército al Cártel de los Beltrán Leyva.

Cristina Fernández nacionaliza el petróleo argentino

¿Y que pinta México en el conflicto argentino-español? ¿Qué no tenemos problemas domésticos que resolver?

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Una manita-Magú

Rajoy en México-Rocha

Safari en Madrid-Hernández

El manejo que tenía la española Repsol causó la caída en la producción

La expropiación busca dar al país libertad sobre su política energética

*Envía el proyecto al Congreso; dan por hecha su rápida aprobación

"No responderé amenazas"

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, pide silencio tras anunciar la decisión de su gobierno de intervenir a la petrolera Repsol-YPF y expropiar 51 por ciento de la empresa. Ante las reacciones internacionales adversas, dijo: esta mandataria no va a contestar ninguna amenaza. No va a responder a ningún exabrupto, no va a ser eco de la falta de respeto ni de frases insolentes, porque represento a los argentinos. Soy una jefa de Estado, no una patonera (matona)

• La elección de julio no es una telenovela, está de por medio el destino del país: AMLO

Deben rectificar quienes quieren imponer al próximo presidente

Andrés Manuel López Obrador, Alfonso Romo y Miguel Torruco, en la Venustiano Carranza

Periódico La Jornada

Si la gente así lo decide el primero de julio, nada va a detener el cambio verdadero para el país, que significa tener un gobierno honesto, que actúe con justicia, auténtica legalidad, sin autoritarismos, con respeto al Estado laico y que acabe con la robadera que tanto daño ha hecho a México, aseguró ayer Andrés Manuel López Obrador desde la explanada de la delegación Venustiano Carranza.

Unas 7 mil personas atiborraron ayer este bastión del PRD, que en el inicio de esta campaña presidencial en el Distrito Federal se revistió con propaganda de candidatos de la izquierda a diputados federales y senadores, y donde el abanderado de la coalición Movimiento Progresista (PRD-PT-Movimiento Ciudadano) confió en que en los días restantes para la elección rectifiquen quienes piensan que con dinero, con medios de comunicación, publicidad, mercadotecnia, uso de los aparatos gubernamentales, van a poder imponer al próximo presidente de México.

Justicia, no venganzas

Están en un error, no van a poder si piensan que van a introducir un producto chatarra al mercado, como lo están haciendo. Esto no es una telenovela, es un asunto muy serio. Está de por medio el destino del país, dijo, mientras miles de personas gritaban ¡Obrador, Obrador! y otras tocaban trompetas en señal de aprobación.

Enseguida convocó a informar y prepararse para cuidar los votos el primero de julio e ir por el camino de la concordia. No queremos venganzas; queremos justicia, no rencores, no odios. Vamos todos juntos a salvar a nuestro país, pidió. No vamos a perseguir a nuestros opositores; habrá libertad plena, libertad de crítica, de expresión, y garantizaremos el ejercicio amplio, sin ninguna restricción, para todas las religiones del país, así como seremos respetuosos de los no creyentes.

En el templete escuchaba atento Alfonso Romo, uno de sus invitados a la asamblea y a quien reconoció como el personaje que le ha ayudado a buscar acuerdos con el sector empresarial del país, y quien más tarde, en entrevista, aseguró que, como él, muchos empresarios cada día van conociendo en López Obrador a un hombre congruente, austero, honrado, sincero y con un gabinete fuera de serie.

Dijo estar totalmente convencido de lo que el candidato plantea para llevar a cabo la verdadera reforma estructural de México. Somos amigos de la honestidad y de la honradez. Atrás, sostuvo, quedó la confrontación, y muchos grandes empresarios de distintas partes del país están cambiando, están estudiando, yo creo que ahorita estamos todos en el mismo barco.

Durante buena parte del mitin, Romo flanqueó junto con Miguel Torruco, propuesto para ocupar la Secretaría de Turismo, a la esposa de López Obrador, Beatriz Gutiérrez, cuando los tres fueron invitados por el candidato presidencial a dar unos pasos adelante del grupo que lo acompañó en el templete, en su mayoría aspirantes a cargos de elección popular federales, así como los dirigentes del PRD, Jesús Zambrano y Dolores Padierna.

Esa misma distinción la corrió después a la parte de su eventual gabinete que se hizo presente en la asamblea. Excepto la escritora Elena Poniatowska, propuesta para la Secretaría de Cultura, porque todo el tiempo permaneció abajo del templete, mencionó además a Sergio Rodríguez Cuevas, Salud; Javier Jiménez Espriú, Comunicaciones y Transportes; Bernardo Bátiz, procurador general de la República; Jorge Eduardo Navarrete, Relaciones Exteriores, y Claudia Sheinbaum, Medio Ambiente. Aunque no acudieron, también citó a Juan Ramón de la Fuente, Educación Pública, y a Marcelo Ebrard, Gobernación.

Dijo que este grupo trabajará “en un ánimo de conciliación, de unidad, buscando sumar a todos a este propósito de rescatar a México. Y en mi gobierno –ofreció– no habrá atropellos, despidos de trabajadores, como los del Sindicato Mexicano de Electricistas, o para proteger a empresarios vinculados al poder, como sucedió con Mexicana de Aviación. Tampoco injusticias, como las ocurridas con mineros. Nadie estará al margen de la ley”.

Por la noche, López Obrador se reunió con artistas e intelectuales, quienes le pidieron que se manifestara por los pueblos que han sido afectados por la delincuencia organizada. El candidato les explicó que hay tres maneras de enfrentar la violencia: atender las causas, combatir la corrupción y que haya gente honesta a cargo de la seguridad pública y la procuración de justicia.

Estuvieron, entre otros, los escritores Laura Esquivel y Paco Ignacio Taibo II; los actores Daniel Giménez Cacho, Dolores Heredia, Roberto Sosa, Julieta Egurrola y Evangelina Sosa; el director teatral Luis de Tavira, así como Lilia Rosbach y José María Pérez Gay.

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• Critica el escaso tiempo de exposición en el próximo debate

Cuida el IFE a Peña: López Obrador

Periódico La Jornada

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Movimiento Progresista, aseguró que en el Instituto Federal Electoral (IFE) están cuidando a (Enrique) Peña Nieto al reducir el tiempo de intervención de los candidatos presidenciales a dos minutos por tema en el debate del 6 de mayo próximo.

No quieren que (el priísta) debata. Es toda una estrategia armada por los que no quieren el cambio en el país, subrayó en conferencia de prensa, tras presentar su decálogo de propuestas en materia educativa, donde destaca terminar con cacicazgos sindicales, como el de Elba Esther Gordillo en el sector magisterial; brindar educación en todos los niveles de escolaridad a la gente más humilde, y mejorar la calidad de la enseñanza.

El candidato cuestionó al IFE por limitar –a diferencia de hace seis años– las intervenciones de los candidatos presidenciales como si se tratara de un espot. Pidió tiempo suficiente para que cada uno dé a conocer sus propuestas, haya réplicas y contrarréplicas, también con tiempo, y no uno, sino varios debates.

Manifestó que el IFE, y todo lo que significa el aparato del régimen, se ponen de acuerdo, porque es evidente que se quiere imponer al próximo presidente con la propaganda, con la mercadotecnia. Ante esto llamó a los medios de comunicación involucrados a que se quiten la máscara y dejen de simular.

Al dar a conocer su propuesta educativa, López Obrador señaló que Gordillo forma parte de la red de componendas que existen en el país y ahora, como ya no le funciona el PAN, hace lo mismo con el PRI (negociar) para perpetuarse en el poder.

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Astillero

• El encomendero
• Guerra contra Cristina
• Futuro con cargo al erario
• Mentiras de EPN

Julio Hernández López

Apenas se había producido la petición trasatlántica de servicios de ayuda nativa cuando ya estaba el fiero Felipe soltando latigazos. Gustosamente peleonero, interventor continental por designación propia, fiscal internacional dispuesto a promover juicios sumarios, el obsequioso Calderón se asumió de inmediato como corregidor o encomendero. Con tres azotes continuos quiso dejar marca de su presunta condición de capataz a cargo de la hacienda latinoamericana: de muy poco responsable, muy poco racional y violatoria de acuerdos y tratados calificó la postura argentina expropiatoria de alguno de los grandes negocios hispanos en tierra de reconquista (YPF, filial de Repsol). Carencia de lenguaje y conducta diplomáticos, injerencia abierta en los asuntos soberanos de la nación sudamericana y lamentable subordinación a los intereses de la corona (con minúscula, pues no es marca de producto bebestible): otra guerrita de fin de sexenio, para sobrellevar la nostalgia y recuperar presencia mediática por encima de la veda electoral.

Previsible, desde luego, era la reacción interesada del ocupante de Los Pinos. A lo largo de su accidentado (literalmente) periodo de gobierno ha mantenido una ahorrativa predisposición positiva para todo lo que se refiera a negocios e inversiones provenientes de España. El desaparecido Juan Camilo Mouriño se había constituido en el operador estrella de la estrategia grupal de apertura de dorados caminos hacia la península ibérica, y a pesar de su muerte se sostuvieron y agrandaron los asuntos en cartera compartida entre el calderonismo y empresarios de aquella nación.

Pareciera, incluso, que más allá del tufo a enriquecimientos sexenales hubiera una abierta estrategia del grupo en el poder para utilizar fondos públicos mexicanos en transacciones internacionales que luego le podrían proporcionar refugio, regalías y agradecimientos de alto nivel. Por ejemplo, aumentar en 145.8 por ciento la cuota que es entregada anualmente al Fondo Monetario Internacional, lo que significará una aportación de unos 14 mil 307 millones de dólares, o la compra de acciones de Repsol por Pemex hasta alcanzar en agosto de 2011 un 10 por ciento de los títulos de la empresa hispana (los españoles se indignan y movilizan en contra del despilfarro del rey mantenido con dinero público que usa para cazar elefantes, mientras en México nadie se ofende por el descaro de quienes, cazadores de impunidad y lujos, se compran futuro con cargo al erario).

Si Ernesto Zedillo privatizó los ferrocarriles nacionales y luego apareció como consejero de empresas trasnacionales beneficiadas por esas compras, Vicente Fox sigue consiguiendo ayuda de firmas estadunidenses para sostener su centro de estudios con botas, y Carlos Salinas ha seguido beneficiándose de la relación que trabó con los grupos empresariales agrupados bajo la sombrilla del bushismo, entonces el candidato michoacano a peregrino internacional ha hecho lo correcto para su interés personal, familiar y grupal al beneficiar abiertamente a firmas hispanas a las que ahora defiende de manera argentina (es decir, no para beneficio de la nación que así se denomina, sino en función del sonar del río de la plata).

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México SA

• Argentina recobra lo propio
• El Estado retoma las riendas
• PSOE, alineado con Rajoy

Carlos Fernández-Vega

Argentina recupera su soberanía energética y retoma las riendas de YPF, una empresa del Estado privatizada por Carlos Menem a finales de los 90. De tajo, la mandataria Cristina Fernández de Kirchner ordenó acabar con las maniobras, presiones y extorsiones ejercidas por Repsol, en el entendido de que resulta necesario modificar la lógica especulativa y cortoplacista que caracteriza a la principal firma petrolera de nuestro país bajo la conducción de esa trasnacional española, a fin de ponerla al servicio de las necesidades del país y del modelo productivo con inclusión social”.

Se acabó: YPF para los argentinos, y Repsol que le llore a sus gerentes Juan Carlos y Mariano Rajoy, pues de continuar esta política de vaciamiento y no inversión, Argentina se hubiese convertido en un país inviable por políticas empresariales y no por falta de recursos, subrayó la mandataria. Así, oficializó el envío al Congreso de un proyecto de ley (Recuperación de la soberanía hidrocarburífera) que plantea la expropiación por parte del Estado de 51 por ciento de las acciones de YPF, sin que esas acciones puedan ser vendidas sin autorización mayoritaria del Legislativo, al tiempo que designó a dos interventores estatales en dicha empresa petrolera. Tal porcentaje se repartirá entre el Estado nacional y las provincias que integran la Organización Federal de Provincias Productoras de Hidrocarburos, de tal modo que les corresponderá 26.01 y 24.99 por ciento, respectivamente.

Argentina retoma lo que en México cinco inquilinos de Los Pinos al hilo, y ahora, tres candidatos al hueso mayor, han pretendido, pretenden, ceder al gran capital, sin lograrlo a plenitud, todavía. Al hacer pública la decisión de su gobierno de recuperar lo que a los argentinos corresponde, Fernández de Kirchner destacó su intención de que YPF se convierta en política de Estado, que no pertenezca a un solo gobierno. Esto que tanto nos costó, un duro aprendizaje en números, disgustos, broncas, presiones y extorsiones. Cuántas maniobras vimos, colas impulsadas por los medios de comunicación. No tiene que ver con partidos ni facciones políticas sino con un país sustentable que tenga desarrollo y crecimiento.

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Dinero

• Argentina: su derecho a reivindicar el petróleo
• Calderón toma partido por Repsol
• Más sobre niños totalmente Palacio

Enrique Galván Ochoa

Cuaquier análisis sobre los sucesos de Argentina debe partir de dos principios: 1) el derecho soberano e inalienable de la nación a reivindicar su petróleo, y 2) el derecho de la empresa YPF, y su matriz Repsol, a recibir la indemnización justa que marque la ley argentina. La presidenta Cristina Fernández no esperó a que terminara la cumbre de jefes de Estado en Cartagena, Colombia, apresuró su regreso a Buenos Aires y decretó la nacionalización, no de toda la empresa, sólo de 51 por ciento de sus acciones. YPF no pasa, pues, a ser una compañía estatal, sino mixta, que de algún modo ya lo era porque el gobierno argentino poseía una pequeña porción de la propiedad. El cambio consiste en que ahora será el socio mayoritario, pero conservará a dos socios privados, Repsol y a Eskenazi, así como a un numeroso grupo de pequeños inversionistas. Indirectamente, Pemex resulta afectada, porque es dueña de 10 por ciento de las acciones de Repsol. Hasta el año pasado sólo tenía 5 por ciento, pero Juan José Suárez Coppel hizo una jugada –que le ha ido saliendo de mal en peor– supuestamente para aumentar la influencia de la petrolera mexicana en la española. Hoy vemos que su inexperiencia lo llevó a meter la pata: enredó a México en un delicado conflicto. Incluso pidió mas de mil millones de dólares prestados para realizar la operación, y posiblemente para esta fecha ya ha perdido una parte de ese capital, pues los aconecimientos empujaron a la baja el valor de las acciones.

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Gobierno de cárteles

Pedro Miguel

El 12 de agosto de 2009 Felipe Calderón Hinojosa fue informado de la red de corrupción que operaba en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de la que el ex director de Operaciones de la paraestatal, Néstor Moreno, hoy imputado de enriquecimiento ilícito, es hasta ahora la única parte visible. De acuerdo con la nota de Patricia Muñoz Ríos publicada ayer en la página 5 de La Jornada, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados recabó información que prueba la existencia en la CFE de un verdadero “cártel de la electricidad”, formado por varios funcionarios, que se encarga de ejecutar, simular y encubrir toda una cadena delictiva... desde la preparación de las bases de licitación (donde) se busca dirigirlas hacia un grupo empresarial determinado, en el que participa en la elaboración de dichas bases... hasta quien califica o descalifica las propuestas.

Algunas de las más dudosas adjudicaciones otorgadas bajo este esquema han privilegiado a Iberdrola y a Repsol. Esta última ha sido beneficiaria sistemática del calderonato a costa del patrimonio nacional, del bienestar y la seguridad de la gente y de la soberanía misma del país. Para proteger a esa transnacional se ha ordenado la inversión ruinosa de dineros de Pemex, se han inflado las facturas de la CFE para absorber los altos precios de la electricidad comprada a Repsol, se ha paralizado la operación de hidroeléctricas... Hace unos días, el propio Calderón, instigado por Mariano Rajoy, ensayó en Argentina una pataleta contra las expropiaciones, con el telón de fondo de la inminente nacionalización parcial de Repsol por la presidenta argentina, Cristina Fernández.

Otro aspecto significativo de la información comentada es que el gobernante mantuvo a Néstor Moreno como responsable de administrar los bienes de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC), de los cuales nunca se hizo un inventario ni se dio cuenta del destino de vehículos, material, equipo, dinero y hasta pertenencias de trabajadores. En tanto la administración actual no exhiba en forma transparente y puntual qué hizo con las propiedades de LFC, hay motivos justificados para suponer que los miembros del equipo gobernante, coordinados en ese “cártel de la electricidad”, se robaron y se distribuyeron entre ellos los activos de toda una paraestatal. ¿Investigados, imputados, sancionados por ese saqueo monumental? Ni uno, hasta la fecha.

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Falsificadores de la historia; Hidalgo, padre de la patria

Pedro Salmerón Sanginés

Los flamantes falsificadores de nuestra historia odian que Miguel Hidalgo haya abierto la puerta para que el pueblo tomara en sus manos su propio destino. Tienen pesadillas con la plebe y la canalla, a la que quisieran ver permanentemente contenida. Hoy dejaré pasar su idea de la turba saqueadora para mostrar que, al afirmar que Hidalgo nunca habló de independencia, sencilla y llanamente mienten. Es cierto que no podemos saber a ciencia cierta las palabras textuales con las que Hidalgo arengó a sus feligreses la madrugada del 16 de septiembre, pero un testigo presencial escribiría después que gritó:

“No existe ya para nosotros ni el rey ni los tributos [...]

Llegó el momento de nuestra emancipación; ha sonado la hora de nuestra libertad.

Otro de los primeros compañeros de Hidalgo escribió que, en vísperas del 15 de septiembre, el cura lo invitó al movimiento con las siguientes palabras:

Pues bien, se trata de quitarnos este yugo haciéndonos independientes; quitamos al virrey, le negamos la obediencia al rey de España, y seremos libres; pero para esto es necesario que nos unamos todos y nos prestemos con toda voluntad, hemos de tomar las armas para correr a los gachupines y no consentir en nuestro reino a ningún extranjero. ¿Qué dices, tomas las armas y me acompañas para verificar esta empresa? ¿Das la vida si fuere necesario por libertar a tu patria?

Además de estos testimonios indirectos, hay numerosos textos firmados por Hidalgo, en los que se habla de independencia y de libertad: en una proclama redactada probablemente en Celaya, en septiembre de 1810, dice Hidalgo:

El día 16 de septiembre de 1810, verificamos los criollos en el pueblo de Dolores y villa de San Miguel el Grande, la memorable y gloriosa acción de dar principio a nuestra santa libertad.

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Seguirán los cortes y no se condonarán adeudos: CFE

*Afirma que se han dado facilidades a usuarios del DF para regularizarse

*Niega que existan 30 mil denuncias contra la paraestatal en tres meses

Dudamel contagia su sueño a millones en el mundo
*El joven director de orquesta venezolano quita el aliento con su ambicioso Proyecto Mahler

Clemency Burton-Hill

The Independent

Caracas. Es una noche fresca en el centro de la capital venezolana y, detrás del escenario del teatro Teresa Carreño –construcción de concreto que es la segunda sala de conciertos de Sudamérica por su tamaño–, el director Gustavo Dudamel lanza una mirada de último minuto al programa. “¿Cuál toca

El Proyecto Mahler es loco, pero asombroso, dice Gustavo Dudamel, director de la Filarmónica de Los Ángeles y de la Sinfónica Simón Bolívar. Cines británicos muestran una película del final triunfante de esa experiencia, en el centro de la cual está una ejecución de la Octava Sinfonía o Sinfonía de los Mil.

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Guadalajara: la ira del cártel de Jalisco Nueva Generación

La captura –el pasado viernes 9– de los dos líderes principales del Cártel de Jalisco Nueva Generación por efectivos del Ejército desató una reacción inusitada en la capital tapatía: con actos sincronizados casi cronométricamente, integrantes de ese grupo criminal, liderado por los hermanos Valencia, bloquearon en 16 puntos las principales vialidades de Guadalajara y algunas carreteras en otros municipios de Jalisco, donde quemaron 25 autos, autobuses y tráileres. Al final de la jornada el saldo fue de cuatro muertos y 16 presuntos delincuentes detenidos.

Reportan balacera y narcobloqueos en Guadalajara.

La Redacción

GUADALAJARA, JAL.- La captura de Erick Valencia Salazar, El 85, máximo jefe del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de su lugarteniente Otoniel Mendoza, Tony Montana, desató el pasado viernes 9 la mayor y más violenta reacción de la delincuencia registrada hasta ahora en esta ciudad, con al menos 16 bloqueos de vialidades y el incendio de 25 automotores en calles, avenidas y carreteras, con saldo final de cuatro muertos.

Durante toda la tarde del viernes muchas escuelas suspendieron actividades, el transporte urbano disminuyó y la circulación vehicular fue un caos en la zona metropolitana y sus alrededores; en buena medida la situación se extendió hacia las carreteras que conectan las zonas sur, costa, centro y altos, y afectó directa o indirectamente a más de una veintena de municipios.
También el aeropuerto de Guadalajara resultó afectado: se cancelaron algunos vuelos y se demoró la llegada de otros. En tanto, el consulado de Estados Unidos pidió a todos los ciudadanos de ese país asentados en la región tomar toda clase de precauciones.
Aunque antes del anochecer del viernes la ciudad pareció volver a la calma, por la noche, pese a ser fin de semana, restaurantes, bares y centros nocturnos vieron disminuida su actividad y las vías públicas, parques y jardines estuvieron desolados.

La captura

Poco antes del mediodía comandos del Ejército llegaron a una residencia entre las calles Piscis y Lomas del Rocío, colonia Lomas Altas, Zapopan, donde los militares fueron recibidos a tiros; éstos respondieron con una lluvia de balas, como quedó marcado en la fachada del inmueble y como confirmaron testigos que dijeron haber escuchado denotaciones de granadas.
El comunicado oficial emitido en dos partes la noche del mismo viernes confirmó la captura de Valencia Salazar y de su lugarteniente, pero no daba el nombre de éste, aunque en medios policiacos se confirmó posteriormente que se trataba de Tony Mendoza, hasta ahora un personaje poco conocido. Inicialmente se habló de que el otro detenido había sido Nemesio Oceguera El Mencho.
El boletín de la Sedena decía: “La Secretaría de la Defensa Nacional (…) hace del conocimiento de la opinión pública que derivado de la operación de precisión realizada por el Ejército Mexicano, en esta fecha se logró detener a Erick Valencia Salazar (a) El 85, considerado el líder de la estructura del grupo criminal Cártel de Jalisco Nueva Generación y a su lugarteniente, segundo en importancia en dicho cártel. (…) Los detenidos serán trasladados a la Ciudad de México y posteriormente se proporcionará mayor información.”

Los bloqueos

“¡Que abras las puertas te estoy diciendo o te va a llevar la verga!…” Con esa frase cuatro sujetos que viajaban en una camioneta de lujo y que portaban armas largas sometieron al conductor de un autobús de la ruta 27 en el cruce de Enrique Díaz de León y avenida de Los Maestros. El hecho ocurrió a unas calles del primer cuadro de Guadalajara. Ahí empezaba la reacción criminal a la captura de sus jefes, con la quema de una de las primeras unidades de transporte colectivo.
Después de amenazar al chofer, indicó un policía estatal a Proceso, los delincuentes dieron tiempo para que los pasajeros bajaran de la unidad y se retiraran; luego la rociaron de gasolina y le prendieron fuego.
Algunos de los agentes de seguridad indicaron que el operativo (al que calificaron como “una acción como de guerrilla”) de los narcobloqueos fue una acción bien estudiada y que tenía la intención de colapsar totalmente la ciudad, aunque no lo lograron del todo.
Organizados en comandos de seis a ocho sujetos distribuidos en dos o tres camionetas y apoyados por al menos dos halcones, los criminales se dedicaron a detener autos particulares, camiones de carga y minibuses para bajar al pasaje o a los conductores e incendiar las unidades.
Algunos policías consideran que en todos los ataques participaron cerca de 140 sujetos.

Acción y reacción

Lo que hubo en Guadalajara el pasado viernes fueron dos operativos de alto impacto. Primero los militares detuvieron al número uno y al número dos del CJNG y dos horas después (aparentemente cuando se produjo el traslado de los capturados a la Ciudad de México) vino la respuesta del grupo criminal, que provocó la máxima alerta de la historia reciente de Jalisco y mostró una impecable capacidad logística y de movimiento de los delincuentes.
Desde antes de las 11 de la mañana, padres de familia y maestros empezaron a sacar a los alumnos del Colegio Los Altos, en la calle de Piscis; hacia las 11:30 comenzó el movimiento de militares, narran algunos vecinos a este semanario.
Al mediodía el operativo estaba en plena ejecución. La célula del CJNG que protegía a Valencia Salazar y Tony Montana reaccionó disparando ráfagas de fusiles de alto poder contra los militares, pero para ese momento ya estaban rodeados.
Algunos vecinos indican que el tiroteo se escuchó intermitentemente durante varios minutos y que se detonaron varias granadas de fragmentación, al parecer lanzadas por los militares.
Cerca de las 14 horas aterrizó un helicóptero militar en el Colegio Los Altos para llevarse a uno o dos detenidos, informaron residentes de la zona.
Tras la captura de los dos capos comenzaron los bloqueos y las quemas de vehículos en distintos puntos de la zona metropolitana, fenómeno que se repitió sincronizadamente en distintas carreteras y municipios. Todo a partir de las 14:00 horas.
Los dos primeros bloqueos en conocerse fueron el de la calle Miguel Blanco, entre Camarena y Rayón. Ahí fue incendiado un minibús de la ruta 625 y el de Enrique Díaz de León y Maestros, por donde circulaba una unidad de la Ruta 27. Luego se supo de otro bloqueo en Cruz del Sur y Lázaro Cárdenas. Ahí otro camión de transporte fue incendiado.
En la carretera a Chapala, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, hubo dos bloqueos al ser incendiados dos vehículos, entre ellos un camión de carga. En Villa California de Tlajomulco también se le prendió fuego a otra unidad. En Zapopan hubo camiones quemados en la Avenida Las Torres y Guaymas, donde un hombre murió calcinado luego en su vehículo.
Más bloqueos se habrían registrado en la autopista Guadalajara-Ciudad Guzmán, en el entronque de la carretera a Atoyac. También se habló, sin confirmar, de uno más en Sayula y en la carretera a San Gabriel, y otro más en Capilla de Guadalupe, entre algunos otros que no fue posible confirmar.
A partir de las 15:00 horas la reacción de los delincuentes a la captura de sus jefes causó la suspensión de clases en diversos plantes de la Universidad de Guadalajara y de instituciones privadas, mientras que las rutas del transporte urbano dejaron de operar o dejaron sin servicio a miles de pasajeros.
Hacia las cinco de la tarde un enfrentamiento entre policías y tripulantes de una Cherokee dejó un sicario muerto y otro herido cerca de San Juan de Ocotán.
Poco después de las seis de la tarde diferentes medios confirmaron el hallazgo de dos cuerpos colgados de un puente sobre la autopista que une a Ocotlán con La Barca.
A las 19:00 horas el gobernador Emilio González Márquez reportaba 25 vehículos, entre camiones de carga y de transporte público, incendiados o afectados en 16 puntos de todo el estado, principalmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara, además de varias personas detenidas.
A las 22:00 horas la Procuraduría General de Justicia presentó a 16 detenidos por estos hechos. Entre los presuntos delincuentes, todos jóvenes y la mayoría habitantes de Guadalajara, había algunos que usaban vestimenta tipo militar.
El vocero de la Procuraduría estatal, Lino González Corona, dijo que no se tenía la referencia exacta de a qué grupo del crimen organizado pertenecían los detenidos, pero reconoció que había elementos para considerar que eran parte de la misma banda recién descabezada por los militares.

Valencia

Ubicado como uno de los grupos de narcotraficantes de más reciente creación y de mayor crecimiento en estados del occidente de México, el Cártel de Jalisco Nueva Generación es visto como una organización creada con el apoyo de familiares y amigos de Ignacio Nacho Coronel Villarreal, abatido en julio de 2010.
Según versiones periodísticas el CJNG se constituyó entre 2007 y 2008 y sus integrantes son sujetos que se separaron del Cártel de Sinaloa, la banda de narcotraficantes encabezada por Joaquín El Chapo Guzmán, y del Cártel del Golfo. Sin embargo su consolidación se observa después de la muerte de Coronel, conocido como El Rey del Crystal por el importante papel que jugaba en la producción y distribución de esa droga sintética.
En información publicada el 2 de febrero de 2011 en internet, un día después de los primeros narcobloqueos registrados en Jalisco encabezados por La Resistencia, según las autoridades estatales, el CJNG declaró como sus principales enemigos a los miembros de la alianza La Familia Michoacana-Cártel del Golfo-Cártel del Milenio.
En una nota publicada por el diario Reforma el 29 de mayo de 2005 se asegura que la ruptura de Nacho Coronel y el Cártel de Sinaloa se dio luego de que algunos integrantes de ese grupo consideraron que el primero había sido traicionado por Ismael El Mayo Zambada, El Chapo Guzmán y Juan José Esparragoza, El Azul.
La influencia del CJNG se extiende a todos los municipios de la zona urbana de Guadalajara y alcanza otras entidades del centro, occidente y sur del país; sus principales enemigos son La Resistencia y El Cártel del Milenio (aliado con Los Zetas). A los miembros del CJNG sus enemigos los llaman Los Torcidos.
Erick Valencia Salazar era reconocido como el capo del Cártel del Milenio o de Los Valencia, anteriormente vinculado al de Sinaloa. Tras la muerte de Nacho Coronel, Valencia Salazar y otros miembros de su agrupación, entre ellos, Nemesio Oceguera Ramos, El Mencho, formaron el Cártel Jalisco Nueva Generación.
El Mencho habría estado al mando de los sicarios de la organización.
Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, las líneas de investigación han permitido conocer que además de Valencia y El Mencho, otro líder de la organización era Martín Arzola Ortega, El 53, detenido en 2011, pero no se mencionaba al ahora capturado Tony Montana.
Lo poco que se sabe de éste es que a fines de agosto en Zamora, Michoacán, aparecieron narcomantas en las que se ofrecía una recompensa de 100 mil dólares “por estas lacras” a quienes acusaban de ser “violadores, extorsionadores, traficantes de órganos”.
El CJNG, autodenominado Los Matazetas, se atribuyó el año pasado –mediante la difusión de videos en internet– la ejecución de 35 zetas cuyos cuerpos fueron abandonados en Boca del Río, Veracruz.
Nueva Generación y La Resistencia están en pugna desde hace tres años y su conflicto se agravó desde la caída de Nacho Coronel.
Los integrantes del CJNG han puesto en internet al menos seis videos, dos de ellos que hacían las veces de comunicados. En el primero, del 5 de agosto de 2010, aparecen seis hombres atados de manos y pies –uno de ellos mutilado– que confiesan que hay comandantes policiacos ligados a La Resistencia.
Uno de los comunicados está dirigido a Felipe Calderón y al secretario de Marina; el otro a Los Zetas.
Un día después del deceso de Nacho Coronel Villarreal, elementos del Ejército Mexicano mataron a uno de sus sobrinos, Mario Carrasco Coronel, El Gallo, a quien la Sedena consideraba como el posible sucesor del capo duranguense.
A Martín Arzola Ortega, El 53, lideraba el CJNG y le correspondía supervisar el narcomenudeo en toda la Zona Metropolitana de Guadalajara.
La Secretaría de Seguridad Pública federal informó que el miércoles 13 de julio de 2010, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, elementos de la Policía Federal aprehendieron a ese sujeto.
Según reportes de la dependencia, Arzola Ortega controlaba los grupos operativos del CJNG en los municipios jaliscienses de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga. Añaden que este individuo servía a las órdenes directas de Nemesio Oseguera, El Mencho, que en aquellas fechas tenía presencia en los estados de Jalisco, Colima y Guanajuato.
Arzola Ortega, de 34 años, es originario de Guadalajara, Jalisco, y desde hace 11 meses utilizaba el nombre de Ramón Franco Zavala para evitar ser ubicado por integrantes de grupos rivales, principalmente de La Resistencia.
Pese a las alianzas que La Familia Michoacana estableció con otras organizaciones delictivas, las pugnas y traiciones a su interior, así como la muerte de su líder Nazario Moreno El Chayo, ocurrida en diciembre de 2010, y la captura de José de Jesús El Chango Méndez el pasado 21 de junio, ocasionaron la disolución de ese cártel.
A raíz de este hecho varios grupos –La Resistencia, Los Caballeros Templarios, Los Zetas, Los Tarascos y La Nueva Generación– se disputan los estados de Michoacán, Jalisco y parte del Estado de México, que durante años estuvieron controlados por La Familia y que el gobierno considera claves para el trasiego de droga hacia Estados Unidos.

Bloqueos en Michoacán

La Dirección de Seguridad Pública del municipio de Marcos Castellanos, en Michoacán, informó que tras las capturas del viernes 9 un grupo armado incendió tres vehículos. El titular de la corporación, Armando Lomelí, explicó que la quema de unidades ocurrió cerca de las 14:10 horas, en la carretera que comunica a Marcos Castellanos (San José de Gracia) con Jiquilpan, a la altura del kilómetro 31.
Llamadas telefónicas anónimas reportaron que sobre esa vía hombres armados detuvieron a los propietarios de dos camionetas para uso agrícola y una más familiar, a las cuales posteriormente les prendieron fuego, sin que ninguna persona resultara lesionada.
Información extraoficial reveló que la quema de vehículos en este municipio michoacano se debió al operativo realizado por el Ejército en Zapopan, en el que fueron detenidos Erick Valencia Salazar y/o Saúl Ulloa Cuevas, así como Nemesio

Tijuana todavía plaza de los Arellano

Pese a los golpes recibidos en México y Estados Unidos y aun con quienes fueron sus principales capos muertos o en prisión, el cártel de Tijuana está más fuerte que nunca, ahora bajo el liderazgo de una generación de relevo encabezada por Luis Fernando Sánchez Arellano y su madre, Enedina Arellano Félix. Lejos de estar desmantelada –como se ufanó el jueves 5 la procuradora estadunidense para la región fronteriza de California, Laura Duffy–, la organización se alió con el cártel de Sinaloa, su antiguo rival, lo que parece indicar que aún habrá Arellano Félix para rato.

Patricia Dávila

Desde la detención de Benjamín Arellano Félix, líder del cártel de Tijuana, en 2002, el gobierno mexicano ha mermado severamente a esa organización, pero no ha logrado desintegrarla. Fue demasiado optimista la procuradora federal para la región sur de California, Laura Duffy, cuando aseguró, el jueves 5, que “está desmantelada” y que “no representa ningún peligro para el gobierno de Estados Unidos”.

La realidad es que Enedina Arellano y su hijo Luis Fernando Sánchez Arellano, El Alineador, controlan el cártel desde 2009 y aún están libres y aparentemente boyantes.

Los hechos contradicen a Duffy. En su informe anual del año pasado Las guerras mexicanas de las drogas: el año más sangriento a la fecha, la firma consultora Stratfor Global Intelligence sostiene que en 2010 el cártel de Sinaloa “amplió su control lucrativo en Tijuana y logró un acuerdo temporal con lo que resta de los Arellano Félix”, lo que redunda “en ventaja para Joaquín Guzmán Loera para” ese 2011.

El cártel de Tijuana sigue funcionando y la plaza sigue siendo suya pues la familia Arellano Félix preparó a una nueva generación de líderes, entre ellos Luis Fernando Sánchez Arellano, El Alineador, hijo de Enedina.

De acuerdo con la PGR, Sánchez Arellano y Enedina administran casas de cambio y empresas de bienes raíces. El Alineador comenzó a prepararse para el relevo tras la muerte de su tío Ramón Arellano y el encarcelamiento de Benjamín. Su poder se afianzó cuando fueron detenidos sus tíos menores: Eduardo y Francisco Javier.

La ficha criminal de la PGR indica que El Alineador tiene 35 años y cobró fuerza como jefe del cártel de Tijuana tras asociarse con Teodoro García Simental, El Teo o El Tres Letras, con quien sembró terror en esta ciudad fronteriza y en buena parte del territorio. Con esa alianza comenzó el auge de la nueva generación del cártel de Tijuana, incluso en territorio estadunidense (Proceso 1726).

A pesar de su juventud, Sánchez Arellano es un personaje temido. Cuenta con una estructura criminal sólida y comparte el poder con su medio hermano Samuel Zamora Arellano, a quien llaman El Ingeniero.

Dado que El Teo creó su propia base de sicarios, Sánchez Arellano se vio obligado a acercarse al cártel de Sinaloa y a La Familia Michoacana, y a permitir el paso de sus cargamentos, previo pago de una cuota. Stratfor sostiene incluso que el año pasado hubo un acuerdo entre ambas organizaciones para consolidarse en Tijuana.

Para mayo de 2011, de acuerdo con una ficha de la DEA publicada el 1 de mayo último en Proceso, Enedina Arellano es la única mujer en el mundo que lidera un cártel, el de Tijuana, “uno de los más poderosos y violentos del país y cuyas conexiones se extienden a Centro y Sudamérica”.

Familia de contrabandistas

En sus orígenes, allá en los ochenta, los hermanos Arellano Félix, hijos de Benjamín Arellano Sánchez y Alicia Félix, incursionaron en el mundo del contrabando. Al principio vendían vino, cigarros y camisas estadunidenses que llevaban de Nogales, Arizona, a Culiacán, su ciudad natal. Con el tiempo controlaron el pasillo más importante para la entrada de droga a Estados Unidos: la frontera con San Diego, California.

De acuerdo con fichas elaboradas por la PGR y difundidas en 2002, Benjamín, conocido como El Min, era entonces la cabeza del cártel de Tijuana. Y aun cuando se sometió a una cirugía plástica para cambiar de rostro y evadir a la justicia, fue atrapado en Puebla el 9 de marzo de ese año. Su hermano Ramón, El Comandante Mon, el más violento de todos, con frecuencia acompañaba a Benjamín a sus viajes por Europa.

Sobre Eduardo, médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, los documentos de la procuraduría indican que influía mucho en su hermano Benjamín, a quien aconsejaba ser más agresivo para dominar el mayor territorio posible y tener un control total de las rutas y mercados de la droga. Francisco Javier, El Tigrillo, hasta su detención en territorio estadunidense el 14 de agosto de 2006 controlaba las plazas de la organización.

Por lo que respecta a las mujeres, están Enedina y Alicia. La primera es licenciada en contaduría pública y, según la PGR, ha fungido como prestanombres en varias operaciones de lavado de dinero y fue representante legal de la compañía Grupo Constructor del Noroeste; la segunda también lava dinero e invierte en obras de construcción en Mazatlán. Ambas están casadas con lavadores del cártel.

Los otros hermanos son: Norma Isabel; Carlos Alberto, modelo profesional; Francisco Rafael, quien estuvo preso en el penal de alta seguridad de Almoloya, en el Estado de México y luego fue extraditado a Estados Unidos donde purgó una condena y recuperó su libertad el 4 de marzo de 2008; y Luis Fernando, de quien las autoridades no ofrecen información.

Los hermanos Ramón, Francisco Rafael, Benjamín y Francisco Javier Arellano Félix se asociaron al principio con los capos Miguel Ángel Félix Gallardo, primo hermano de su madre, con Rafael Caro Quintero e Ismael El Mayo Zambada; también con Manuel Salcido Uzeta, El Cochiloco, quien fue asesinado en octubre de 1991 en Guadalajara.

En los noventa movían toneladas de cocaína de Sudamérica y no sólo tenían protección de escoltas, sino que contrataban a policías y a juniors y pandilleros de San Diego para enfrentar a Guzmán Loera.

La organización de los Arellano Félix se consolidó a finales de los ochenta, tras la captura, el 8 de abril de 1989, de Miguel Ángel Félix Gallardo, el líder del cártel de Guadalajara, organización que se escindió y dio paso a los cárteles de Sinaloa, liderado por El Chapo Guzmán, y de Tijuana, con los Arellano Félix al frente.

La cuarteta

En los noventa el gobierno de Estados Unidos calificaba a los hermanos Arellano Félix de “criminales apuestos, multimillonarios y despiadados”. En California decían que Ramón, Francisco Rafael, Benjamín y Francisco Javier vestían y hablaban bien, andaban con esmoquin y sólo por su presentación se les abrían muchas puertas.

Francisco Rafael solía publicar desplegados en el periódico El Noroeste, de Culiacán, en los que se decía “creyente en Dios sin ser un tragasantos”; también escribía que el puerto de Mazatlán sería otro si tuviera 10 empresarios tan emprendedores como él. Era propietario de Frankie Oh, una de las discotecas “más grandes y costosas del mundo”.

En enero de 1993 el periódico Excélsior publicó un desplegado dirigido al presidente Carlos Salinas de Gortari, al procurador Jorge Carpizo, a “derechos humanos” y a Humberto Benítez Treviño, subprocurador general de la República en el que se señalaba que El Chapo Guzmán y Héctor El Güero Palma –enemigos de los Arellano– eran responsables de decenas de asesinatos.

El desplegado tenía, entre otras, las rúbricas de Norma Corona Sapién (defensora de los derechos humanos), de los narcotraficantes Javier Caro Payán y Miguel Ángel Félix Gallardo y de los exgobernadores Antonio Toledo Corro y Leopoldo Sánchez Celis (Proceso 867).

Meses después, el 24 de mayo, Guzmán Loera y los Arellano fueron señalados de nuevo, esta vez por su presunta participación en el asesinato del cardenal Jesús Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara. Ese mismo día Francisco Rafael Arellano Félix fue detenido por agentes federales en una colonia residencial de Tijuana. Después de varias horas quedó en libertad.

Cuatro días después de la ejecución del purpurado se publicó en Excélsior otro desplegado en el que los Arellano Félix insistían en que Guzmán Loera y Palma eran responsables de la balacera en la que murió por accidente el cardenal Posadas Ocampo.

El 2 de junio siguiente apareció otra inserción pagada en la que se mencionaba al nuncio apostólico Jerónimo Prigione entre los destinatarios. De manera velada se trataba de exculpar a los Arellano Félix, pues según el texto no podía afirmarse que los “asesinos tengan que ser tijuanenses”.

Una semana después fue capturado El Chapo Guzmán en la frontera de México con Guatemala. A partir de entonces el cártel de Tijuana dejó de hacer ruido en la prensa.

A finales de 1993 Excélsior publicó declaraciones de Benjamín Arellano en las que éste aseguró que luego de sostener correspondencia con Prigione, él y su hermano Ramón viajaron a la Ciudad de México para entrevistarse personalmente con el nuncio apostólico en varias ocasiones:

“El 1 de diciembre (de 1993) fue mi hermano Ramón y se quedó esperando en la casa del nuncio mientras éste iba con el presidente (Carlos Salinas de Gortari) y se juntaban Patrocinio González Garrido (secretario de Gobernación) y el procurador Jorge Carpizo. Hablaron, no sé qué entre ellos de nosotros, pero parece que dijeron ‘que se entreguen’ y nosotros dijimos: ‘Sí lo hacemos, pero que baje la presión; hacemos un arreglo y nos entregamos, pero sin tanto acoso’.”

Benjamín agregó que durante la entrevista Prigione le dijo que lo ocurrido en el aeropuerto tapatío “eran cosas que no se iban a saber nunca…” (Proceso 926).

Víctor Clark Alfaro, director del Centro Binacional de Derechos Humanos de Baja California durante el mandato de Ernesto Ruffo, afirmaba que los Arellano compraban credenciales de policía en 8 mil y 10 mil dólares. Su enlace era Sergio Sandoval Ruvalcaba, jefe de escoltas del procurador del estado Francisco Franco Ríos.

Los intocables

La década siguiente, de acuerdo con la PGR, los hermanos lograron establecer “una importante red de narcotraficantes dedicados a la transportación de grandes cargamentos de heroína, cocaína y mariguana hacia Estados Unidos. Su área de influencia eran las ciudades de Hermosillo y Agua Prieta, Sonora; Torreón, Coahuila; Tijuana, Baja California, así como grandes extensiones de Sinaloa, donde cultivaban enervantes”.

Eran intocables. En 1997 los Arellano Félix intentaron asesinar a Jesús Blancornelas, director del semanario Zeta, el periodista que documentó sus andanzas durante años.

Cinco años después, el 12 de marzo de 2002, Ramón Arellano fue asesinado; dos meses más tarde Benjamín fue capturado en Puebla, pero el cártel seguía vivo, como lo admitieron la Secretaría de la Defensa y la PGR.

La estructura financiera de la organización seguía intacta: “Es un triunfo moral y un golpe publicitario del presidente Vicente Fox, pero no quiere decir que la organización esté acabada”, afirmó Raúl Ramírez Baena, procurador de derechos Humanos en Baja California en esa época.

El cártel se recuperó con Francisco Javier El Tigrillo como nuevo líder. Lo apoyaron sus hermanos Eduardo, Alicia María, Isabel y Enedina. Para entonces sus ganancias anuales bordeaban los 5 millones de dólares.

La Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California revelaba que Tijuana ocupaba ya el primer lugar nacional en consumo de estupefacientes. Tan sólo en esa ciudad las autoridades tenían registrados 4 mil 500 expendios de droga, conocidos como “tienditas”, y entre 500 y 700 picaderos para el consumo de enervantes.

Además en las principales plazas y rutas del narcotráfico, como La Rumorosa, Tecate, Mexicali, Algodones y toda la zona rural del estado siguen operando grupos al servicio de la familia Arellano Félix.

Según datos de la PGR, Tijuana estaba bajo el dominio de Efraín Pérez, El Efra o El 85, que tenía a Carlos Francisco Cázares Beltrán, El Quemado, como su lugarteniente; mientras que la plaza de Mexicali la controlaba Manuel Aguirre, El Caballo. En San Luis Río Colorado, Sonora, estaba Gilberto Higuera Guerrero, El Gilillo, quien en febrero de 2001 escapó de las tropas del Ejército que detuvieron a su hermano, Ismael Higuera, El Mayel.

Benjamín Arellano y su familia vivían en San Antonio, Texas, y tenían una lujosa residencia en La Jolla, California. “Nadie los molestaba”, contó Blancornelas (Proceso 1324).

El 14 de agosto de 2006, agentes de Estados Unidos arrestaron a El Tigrillo. Su detención puso en evidencia la desconfianza de la DEA en las autoridades de México.

Auxiliado por sus hermanas, Eduardo Arellano tomó el liderazgo. El cártel seguía en ascenso. Por esas fechas operaba en Colombia, Perú, Venezuela y Bolivia, donde se le consideraba el grupo criminal más poderoso del continente.

Después de dos años de consolidación, el 26 de octubre de 2008 el Ejército detuvo en la colonia Chapultepec, en La Mesa, Baja California, a Eduardo.

“El Azul”, otro capo protegido

“El Azul”, otro capo bajo cobijo

Un legajo que permanece “enterrado” en la Procuraduría General de la República contiene información clave sobre uno de los principales capos del narco en México: Juan José Esparragoza Moreno, El Azul. Agentes de esta dependencia realizaron indagaciones desde 2002 y lograron ubicar domicilios y personas que pudieron darle refugio a ese mando del cártel de Sinaloa; pero de pronto algún alto funcionario federal ordenó suspender la investigación…

Juan José Esparragoza Moreno, El Azul.

Ricardo Ravelo

En 2002, 15 meses después de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del penal federal de Puente Grande, Jalisco, la Procuraduría General de la República (PGR) emprendió la búsqueda de varios exintegrantes del cártel de Juárez que se habían aglutinado bajo el liderazgo del capo sinaloense.
Por aquellos años la PGR había confirmado que El Chapo pretendía conformar una gran organización criminal con el objetivo de monopolizar el negocio del tráfico de drogas en el país. Más tarde se confirmó que dicha agrupación se llamaría La Federación de Narcotraficantes y que estaría formada por varios cárteles.
Se supo también que el artífice de esa estrategia era nada menos que Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, un capo de bajo perfil y con amplia capacidad para negociar conflictos entre organizaciones rivales, quien fue una pieza clave para proteger al recién fugado Guzmán Loera en aquellos azarosos días.
Al confirmarse que El Azul era el estratega del plan, en la PGR se conformó un grupo especial con policías de la Agencia Federal de Investigación (AFI), quienes comenzaron a seguir los pasos de Esparragoza Moreno en varios estados a fin de ubicarlo, desarticular sus redes y detenerlo.
Sin embargo, cuando la investigación estaba casi concluida, una orden superior frenó la indagación y el expediente fue celosamente archivado en la PGR. Nadie más siguió las indagaciones y el documento se mantiene bajo resguardo hasta la fecha.

Tras los pasos de “El Azul”

Proceso tuvo acceso a los pormenores del expediente, que contiene tarjetas informativas, rutas de trasiego y zonas de seguridad donde suele refugiarse Esparragoza Moreno; domicilios relacionados con amigos y familiares del capo, así como datos del Registro Público de la Propiedad sobre residencias a nombre de amigos y socios de El Azul, muchos de los cuales son señalados como parte de la red protectora y de lavado de dinero al servicio de Esparragoza y del cártel de Sinaloa.
El documento que contiene el minucioso seguimiento que la PGR le hizo a El Azul y a sus socios abre con el reporte de uno de los agentes responsables de la investigación. Dice textualmente:
“No omitimos informar que por mención de un informante, el domicilio ubicado en calle L. Van Beethoven No. 5689 esquina con Tchaikovski, colonia La Estancia, Zapopan, Jalisco, es frecuentado por la persona denominada El Azul.
“Al dirigirnos a las oficinas del catastro del estado de Jalisco nos informaron que, al mostrarnos el mapa de la zona de la casa con número 5689 y 5691 por el lado de la calle L. Van Beethoven, así como casa marcada con el número 375 y 373 sobre la calle Tchaikovski corresponden al mismo predio.
“Cabe hacer mención que el personal de catastro señaló que esta persona pudo haber realizado algunas irregularidades respecto al predio para que éste solo apareciera registrado por la calle de Félix Mendelson sin número, refiriendo que la calle en mención se encuentra en la parte posterior del predio, ya que nuestra señalización del predio en el mapa que el personal nos mostró no corresponde a la calle de Félix Mendelson…”
La investigación, que requirió varios meses, continuó por parte de los agentes de la PGR. El 17 de junio de 2002 se incluyó en el expediente una tarjeta informativa que refiere:
“Continuando con la línea de investigación, se informa lo siguiente: en relación al domicilio ubicado en calle Sierra de Cuale 2015 colonia Las Águilas, en Zapopan, Jalisco, conocimos por dicho de un informante que la residencia es habitada por una persona de confianza de Juan José Esparragoza Moreno, El Azul.
“El informante nos dijo que algunas veces dicho domicilio es frecuentado por El Azul. Al realizar una vigilancia móvil nos percatamos que en el interior de este se encontraba una persona del sexo femenino de aproximadamente 35 años de edad, y un vehículo marca Rambler tipo América color café con placas de circulación HZL9113 del estado de Jalisco.”
El 3 de junio, los agentes investigadores reportaron las tareas que realizarían para ubicar los domicilios donde suele refugiarse Esparragoza Moreno:
“…en relación a la investigación relacionada con El Azul me permito informar que se acudió a las oficinas del Registro Público de la Propiedad, así como a las de catastro, para poder verificar si el domicilio ubicado en calle Beethoven esquina Tchaikovski es propiedad de Rosario Esparragoza Moreno, hermana de la persona denominada El Azul, así como también el domicilio ubicado en la calle Sierra de Cuale.”
En otra tarjeta los agentes federales dicen que en uno de los domicilios que vigilaban en el estado de Morelos pudieron observar a Cristian (Esparragoza Gastélum), hijo de El Azul y a quien también le seguían los pasos, cuando abordaba una camioneta Grand Cherokee negra y de modelo reciente.
No pudieron detenerlo, afirman en el documento, pero confirmaron que el hijo de El Azul se reuniría con unos amigos en una discoteca. Y continúan:
“No fue posible distinguir las placas de circulación por la cantidad de personas que había en ese lugar. El agente no tuvo posibilidad de dar aviso a los compañeros que se encontraban en espera de la salida de Cristian, esto debido a que junto a él se encontraban otros amigos de Cristian y podían percatarse o descubrir la identidad del agente. Cabe hacer mención que Cristian no entregó su vehículo al personal del estacionamiento porque lo estaban esperando a bordo de la camioneta.”
Provistos de fotografías, domicilios e informes sobre los sitios frecuentados por Juan José Esparragoza Moreno, viajaron a la ciudad de Guadalajara, aparentemente con el fin de aprehenderlo. No obstante, reportaron a la PGR:
“…dos casetas antes de llegar a la ciudad de Guadalajara fuimos interceptados por una patrulla de la Policía Federal de Caminos. Al preguntarles a los oficiales por qué motivos nos habían parado nos respondieron que en ese tramo carretero existe un índice elevado de robo a autotransportes, motivo por cual teníamos que ser revisados los tripulantes y el vehículo,­ para lo que fue necesario identificarnos como elementos de la PGR.
“De inmediato nos solicitaron que les mostráramos nuestro oficio de comisión. Después de leerlo nos indicaron que no nos podíamos retirar”. Los agentes solicitaron a la PGR que les giraran oficios de comisión para investigar a Esparragoza Moreno en todo el estado de Jalisco, así como en Quintana Roo, “ya que nuestra investigación así lo requiere”.
En otra tarjeta informativa, los federales reportaron a sus jefes que continuaban las investigaciones sobre el paradero de Esparragoza Moreno e informaron que ya habían localizado el domicilio de Rosario Esparragoza, hermano del presunto narcotraficante:
“Continuando con la línea de investigación nos permitimos informar a usted que el día 15 de mayo del año en curso (2002) nos trasladamos a la ciudad de Guadalajara con la finalidad de ubicar el domicilio que se encuentra localizado en calle L. Van Beethoven 5689 esquina con Tchaikovski,­ colonia La Estancia, ya que por dicho del informante está habitado por una persona de nombre Rosario Esparragoza Moreno y a ese lugar llega con frecuencia Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, ya que en el lugar establecido un agente encubierto se entrevistó con una persona del sexo femenino de aproximadamente 25 años de edad, al parecer del servicio doméstico.”
De acuerdo con la ficha informativa, dicha persona se encontraba barriendo la calle y limpiando el jardín. Al verla trabajando, el agente encubierto se le acercó y le preguntó si ahí vivía la señora Rosario y si estaba. La persona –prosiguen los agentes– se mostró nerviosa y contestó que sí era la casa de la señora Rosario, pero que en esos momentos no se encontraba.
El reporte dice que los agentes se enteraron por su informante de que el domicilio ubicado en la calle Jorge Bravo sin número está habitado por una persona de confianza de Esparragoza Moreno, “sin poder obtener por el momento información alguna, ya que al parecer no se encontraba nadie en el domicilio”.
Y añaden: “…la persona que nos está proporcionando información nos pidió que omitiéramos su identidad, ya que nos dijo que no quería salir perjudicada”.

Vínculos mafiosos

La investigación de los agentes de la PGR arrojó datos relevadores sobre los vínculos que tejió Juan José Esparragoza Moreno en el estado de Morelos. Según la información, El Azul es compadre de Jorge Luis Rodríguez Mier, conocido como El Capi o Capitán y que, de acuerdo con la base de datos del Registro Público de la Propiedad, consultada por los investigadores de la PGR, es propietario de la empresa Aerolíneas Internacionales.
En el informe se añade que Rodríguez Mier es propietario del predio denominado Cuatapaxco, localizado en el poblado de Santa María Ahuacatitlán, así como sus datos generales: nació el 8 de agosto de 1960, es piloto aviador de profesión y vive en Morelos.
El expediente incluye datos sobre otras propiedades relacionadas con Esparragoza Moreno, un mapa de las presuntas rutas de trasiego de droga que utiliza y un itinerario de vuelos que supuestamente realizó mediante Aerolíneas Internacionales a diversos destinos, entre los que destacan Monterrey, Tijuana, León, Cuernavaca, el Distrito Federal, Reynosa, Guadalajara, Veracruz, Hermosillo, Cancún, Aguascalientes y Culiacán.
El capo, nacido en la localidad de Huixiopa, municipio de Badiraguato, Sinaloa, en 1949, no ha vuelto a pisar la cárcel después de su aprehensión a finales de los ochenta y su liberación en 1993, cuando fue beneficiado por una preliberación autorizada por la Secretaría de Gobernación.
Un testigo de aquel momento, quien pidió no revelar su identidad, dijo a este semanario: “Cuando le otorgaron la libertad, El Azul salió caminando de la prisión. Tomó sus cosas y caminó unos dos kilómetros hasta la carretera, donde tomó un taxi”.
A pesar de la turbulencia generalizada que ha generado el narcotráfico en México, Esparragoza Moreno se ha mantenido a salvo. Los nombres de Joaquín Guzmán Loera, Ismael Zambada, Eduardo Costilla y otros narcotraficantes se mencionan a cada momento en los medios de comunicación, pero no el de Juan José Esparragoza Moreno, lo que confirma el sigilo con el que se mueve.
En febrero del año que termina, autoridades federales catearon una propiedad en la colonia Jardines del Pedregal, en la delegación Álvaro Obregón del Distrito Federal. El operativo, se dijo entonces, era para buscar a Esparragoza Moreno, pero los agentes de la PGR se fueron con las manos vacías.
El operativo, efectuado bajo la orden 622011, se inició a las 17:45 y concluyó tres horas después, pero los policías se equivocaron y entraron en el domicilio de la actriz Marga López, quien se indignó por el equívoco.
Esparragoza Moreno tiene 62 años y en 2005 la PGR ofreció 5 millones de pesos a quien proporcionara información para capturarlo, mientras que la Drug Enforcement Administration (DEA), la agencia antidrogas de Estados Unidos, ofrece 5 millones de dólares.
Para la PGR, El Azul es uno de los capos más buscados del narcotráfico mexicano. De acuerdo con su ficha criminal, se le ubica en Morelos, Querétaro, Cancún y la Ciudad de México, pero nadie ha podido dar con su paradero.
El año pasado, la PGR hizo pública una lista de delincuentes peligrosos por quienes ofrece recompensas de hasta 30 millones de pesos. La lista incluye a Esparragoza Moreno, cuyo nombre aparece en el apartado “B”, al lado de Joaquín Guzmán Loera, Ignacio Coronel (finado) y Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, actualmente preso en Estados Unidos.
Esparragoza Moreno es, junto con Zambada García, uno de los capos de la vieja guardia del narco. Se formó en el desaparecido cártel de Guadalajara, que en los años ochenta encabezaban Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo.
Luego fue aprehendido y a finales de los ochenta compartió celda con Félix Gallardo y Amado Carrillo Fuentes en el Reclusorio Sur, de la Ciudad de México, donde tejieron una alianza. Esparragoza fue una de las piezas importantes de Félix Gallardo para efectuar la cumbre de capos de 1993, en Cuernavaca, donde se repartieron los territorios más codiciados como rutas de trasiego.
Actualmente la PGR lo considera un estratega de las alianzas entre cárteles. De las 10 organizaciones criminales que operan en México, al menos unas cinco forman parte del cártel de Sinaloa, lo que convirtió a este cártel en el más poderoso de América Latina.
Con todo, la investigación realizada por la PGR para localizar y detener a Esparragoza fue archivada, según se pudo indagar, por una orden superior. No se sabe si provino de un alto funcionario de la PGR o de la Presidencia de la República.
Lo cierto es que el expediente que incluye información sobre las propiedades y refugios de El Azul sigue guardado.
–¿Qué creen ustedes que pasó con la investigación? –se le pregunta a uno de los participantes en ella.
–No lo sabemos, suponemos que negociaron con El Azul igual que negociaron con El Mayo Zambada, a quien presuntamente detuvieron en 2009 y lo dejaron ir sin mayores explicaciones.
–¿Lo dejaron ir también por una orden superior?
–Sin duda.