“Además de las agresiones, se nos privó de libertad y derechos en Juárez”: Victor Quintana

Trás las agresiones de los policias a manifestantes en la visita de Calderón a Juárez, tomamos contacto con Victor Quintana, Diputado Estatal del PRD en Juárez, quien también resultó lesionado en esta represión. Quintana comentó " Estos policias se siente como 'americanos' y a nosotros nos tienen como 'afganos', sin escuchar la legalidad de nuestros derechos y solo proceden de acuerdo a las órdenes que tienen. Además de actuar con violencia, se nos privó de libertad y posteriormente, no se nos permitió entrar al resinto, al cual teniamos todo el derecho a asitir." También comentó acerca de la supuesta ayuda que brindará Calderón a esta ciudad. Escucha la entrevista que realizó el informativo Boomerang, edición especial de Cd. Juárez, en este espacio.

Estallido estatal

Víctor M. Quintana S.

El juvenicidio, porque no puede llamarse de otra forma a la masacre de 17 jóvenes en el Centro de Rehabilitación Aliviane en Ciudad Juárez, revela, no el estallido social de todos tan temido, sino el estallido estatal: la dispersión, divergencia e incluso contradicción entre los órdenes de gobierno, como sucede en Chihuahua ante la inseguridad rampante.

No hay claridad en las estrategias del gobierno contra el crimen; ni siquiera en las tácticas. No hay claridad en la caracterización del enemigo, o de los enemigos, de sus alianzas y divergencias. No hay hoja de ruta para la retirada del ejército, que ya empieza a empacar maletas. No se ven los acuerdos mínimos entre los órdenes de gobierno. Sin embargo, la cuota de ejecuciones, de secuestros, de actos terroristas sigue aumentando. Como también aumentan las cuotas directas e indirectas que la población tiene que seguir pagando por la acción del crimen y por la ineficaz acción de las fuerzas del orden para combatirlo. Y las acciones tipo escuadrones de la muerte, como la del funcionamiento de los 17 jóvenes adictos, se presentan sin que nadie pueda pararlas.
Las estadísticas que vinieron a descobijar: primero fueron las del Centro de Investigación para el Desarrollo, que colocan a Chihuahua como primer lugar en ejecuciones y en delictividad general, tanto así que, si fuera país, el estado norteño estaría sólo por debajo de El Salvador, Sudáfrica y Venezuela, cuadruplicando la media nacional. Luego las del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, que señalan que Juárez en 2008 tuvo una tasa de 130 homicidios dolosos por cada 100 mil personas, contra 96 de Caracas, 95 de Nueva Orleáns y 73 de Tijuana. Pero como van las cosas, se calcula que cerrará con 2 mil 293 homicidios, para llegar a un terrible 159 por 100 mil. Como si no fuera suficiente, el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad AC dispara otra encuesta: cuatro de cada cinco habitantes de Ciudad Juárez o de Chihuahua se sienten inseguros por vivir en estas ciudades, superando casi por el doble a los ciudadanos que manifiestan la misma sensación en otras partes del país.
Perdida la guerra de las cifras, los medios oficiales y los oficialistas trataron de ganar la de las interpretaciones: la más socorrida es que “hay que descontar los muertos que resultan de las luchas entre narcos y sicarios”. Pero el Sol no se deja tapar por este tipo de dedos y Juárez cierra por segundo mes consecutivo rompiendo el récord histórico de homicidios dolosos en 30 días: 301 ejecutados en el mes de agosto.
Como para argumentar desde la calle a quienes minimizan las cifras de antes, la población se sigue quejando cotidianamente de la explosión de delitos comunes: robos a gasolineras, licorerías, despojo de vehículos a mano armada y secuestros, la democratización del terror, la agresión de la delincuencia a quien ni la debe ni la teme, a todo aquel que parezca tener dinero. La estadística de nuevo es implacable.
La impunidad, a pesar de todo, sigue cam-peando, aunque en una semana se dan a conocer dos aprehensiones espectaculares, la primera, de siete sicarios, responsables de más de una treintena de muertos. La segunda, de tres pistoleros, presuntos autores materiales –no hay pruebas aún– de la ejecución de 211 personas (también presuntamente), todas de bandas enfrentadas del crimen organizado. Sin embargo, los sicarios van también por las suyas. El 27 de julio asesinan al agente del Ministerio Público Federal encargado de las investigaciones del asesinato del periodista Jorge Arturo Rodríguez, y de Benjamín LeBaron y Luis Whitmar. Un mes después, matan al secretario del agente que suplió al ejecutado en julio. En tanto, siguen amenazados los dirigentes de la comunidad de LeBaron.
En medio de todo esto el gobernador del estado anuncia que el Ejército empezará a regresar a los cuarteles, porque entrarán en acción más de 3 mil nuevos elementos recién entrenados a la policía municipal de Ciudad Juárez, sin que esto signifique el fin del Operativo Conjunto Chihuahua. Operativo que revela también sus enormes grietas: su comandante titular, de la quinta Zona Militar, presenta denuncia contra el secretario de Seguridad Pública estatal por “violar la Ley Federal de Armas de Fuego, ejercicio abusivo de funciones, etcétera”. El Ejército que regresa a sus cuarteles, desgastado, desprestigiado por las violaciones a los derechos humanos…
Los ciudadanos chihuahuenses y juarenses han tenido que pagar extra por este operativo que ni es lo que dijeron que era ni ha servido para lo que dijeron que iba a servir. Tan sólo la manutención y el hospedaje de soldados y policías federales ha costado al ayuntamiento de Ciudad Juárez 90 millones de pesos adicionales, cantidad superior al presupuesto de 58 de los 67 municipios chihuahuenses. Un impuesto de ocupación que cobra el gobierno federal para venir a dejar mayores problemas ocasionados por su negligencia.
Un Estado deshilachado, estallado, como se muestra en Chihuahua, no puede ser más que un Estado fallido. Y mientras las autoridades locales no dan pie con bola, Calderón no da la cara, no rinde cuentas. Ni se para por acá ni se refiere a Chihuahua: la cereza del pastel de su fracaso ya tresañero. El cohetón que le estalla en sus manos limpias.

La guerra que Obama ignora

Víctor M. Quintana S.

Obama está todavía en un periodo de gracia. Mucha gente mantiene aún una cautelosa esperanza en el primer presidente afroestadunidense de Estados Unidos. En días recientes se le han hecho llegar dos cartas referentes al tema agroalimentario. Una la firman 108 organizaciones rurales y de investigación estadunidenses y de 28 países más; otra, las organizaciones de México que participan en la campaña Sin maíz no hay país.
El hecho es que hay una guerra peor que la de Afganistán o la de Irak, que Obama ignora, a diferencia de estas últimas: es la guerra de baja intensidad contra las agriculturas campesinas, indígenas y familiares que han emprendido un puñado de trasnacionales del agronegocio, la mayoría con base en Estados Unidos y sus aliados.
No, no es una guerra en sentido figurado. Es una guerra real con armas, con su cuota de destrucción, con bajas y terribles impactos sociales.
La guerra tiene como propósito aumentar el lucro de estas corporaciones y controlar los territorios que consideran valiosos. Nada diferente a los propósitos de otras guerras convencionales. En lo que sí difiere es en el tipo de armas de destrucción masiva que se utilizan: no son bombas ni cañonazos. Son de tres tipos preferentemente: especulación con los alimentos en las bolsas de valores; invasión de los mercados nacionales con alimentos producidos y comercializados por las trasnacionales; inundación de semillas genéticamente modificadas.
Créase o no, la destrucción producida por estas armas es enorme: las exportaciones a precio dumping destruyen los sistemas productivos nacionales, sobre todo los más tradicionales. La especulación con los alimentos los pone fuera del alcance de las familias más pobres. La invasión de semillas transgénicas arrasa con la dotación de simientes naturales y con ecosistemas antiguos. La necesidad de competir con las altas productividades de las trasnacionales hace que se sacrifiquen suelos, bosques, mantos acuíferos para poder ganar la loca carrera productivista y librecambista.
Como todas las guerras, la que se libra contra las agriculturas campesinas produce hambrunas y migraciones. Y, claro, también produce muertes. Señala la primera carta que el último arranque especulativo, el de 2008, hizo que 200 millones más de personas de todo el planeta cayeran en pobreza alimentaria.
Esto debe saberlo Barack Obama. Las trasnacionales, como Monsanto, Cargill, Continental Grain, etcétera, han utilizado y quieren seguir utilizando a la Casa Blanca para proseguir esta guerra que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ni siquiera ha detectado, mucho menos tratado de impedir. Por eso es necesario que se informe, que escuche a los agricultores familiares de su patria, a los campesinos de todo el mundo.
En sus manos está modificar los tratados de libre comercio, que son verdaderos tratados de guerra; poner un alto a la especulación con alimentos. Detener en seco la inundación de semillas transgénicas.
Debe saber también que al lado de esta guerra ignorada, sus antecesores han promovido y apoyado una guerra hipócrita: la guerra contra las drogas.
El Plan Colombia, señalan los propios colombianos, ha gastado más de 7 mil 814 millones de dólares de 1999 a la fecha, pero la cifra resulta casi ridícula comparada con los 8 millones de toneladas de alimentos que el mismo plan les ha impuesto a importar a los colombianos, mismos que se preguntan: “¿No es imperialista una estrategia antinarcóticos que por un lado obliga a importar la comida que pueden producir nuestros campesinos e indígenas, y por el otro ordena fumigarlos como cucarachas cuando esos compatriotas, desesperados por la pobreza, siembran coca?” (senador Jorge Enrique Robledo).
En el caso de México las cifras son todavía más desproporcionadas: tan sólo el año pasado importamos, sobre todo de Estados Unidos, bienes agroalimentarios por más de 22 mil millones de dólares… ¿No les produjeron a los estadunidenses estas importaciones ganancias como para pagar varias veces los 300 millones de dólares que gastará este año la Iniciativa Mérida? ¿A cuántos miles de campesinos dejó sin opción de vida digna la competencia desleal de los alimentos importados? ¿Cuántos jóvenes del campo se vieron por ello más empujados a las garras del crimen organizado?
Obama debe dejar de ignorar la guerra contra la agricultura campesina. Debe replantear la guerra contra las drogas asumiendo el papel que su gobierno debe cubrir en relación con sus adictos, a quienes nos exportan armas, a quienes lavan dinero. De no hacerlo, el tiempo de las cartas puede tornarse en el tiempo de los zapatazos.

¿Corrupcion Panista?Alcalde Panista de Chihauhua con un Auto Corvette

“Es vergonzoso lo que pasa con Borruel”, afirma Víctor Quintana

César Luís Ibarra

Ante los señalamientos que han estado surgiendo contra del alcalde y de cómo él y sus familiares cercanos han adquirido vehículos de lujo y bienes inmuebles de lujo, el diputado local del PRD Víctor Quintana, señaló que esa situación es vergonzosa.
“Un funcionario no nada más debe de ser honesto, debe de parecerlo”, señaló el diputado del Partido del Sol Azteca al momento de comentar las ultimas adquisiciones del alcalde de Chihuahua. Quintana se refirió de forma directa al Corvet que adquirió y maneja el hijo del alcalde de Chihuahua y sobre ese tema dijo, “que el hijo del alcalde traiga un Corvet, es ofensivo, a mi me parece que es ofensivo, aún y cuando se lo hubiera comprado con su propio dinero, eso ya es ofensivo”, insistió.

Juárez: ¿solución o vietnamización?

Víctor M. Quintana S.

Más soldados, más impuestos, menos controles constitucionales, nulas acciones sobre los factores sociales de riesgo. Esta fórmula premaquiavélica es la que ha elegido el gobierno de Calderón para que el Estado no falle también en Ciudad Juárez: el Estado de la edad de hierro.
La quincena que vivimos el peligro. Martes 10 de febrero: 14 sicarios; seis secuestrados –¿por quién?– muertos por el ejército en un enfrentamiento de un solo lado. Viernes 20: renuncia el secretario de Seguridad Pública del municipio de Juárez para evitar que los sicarios sigan cumpliendo su amenaza de ejecutar a uno de sus policías cada 48 horas si no dimite. Domingo 22: el jefe de escoltas del gobernador del estado es asesinado en un ataque al convoy en el que viaja Reyes Baeza. Remate: 20 muertos en el Cereso estatal el miércoles 4 de marzo.
Con tan tremendo fardo el gabinete de seguridad pública no tiene más que celebrar reunión extraordinaria el miércoles 25 en la sufrida Juárez. Se podría llamar la reunión del ahora sí. Si antes no hubo en verdad un operativo conjunto Chihuahua, ahora sí lo habrá. Si no mandó la Procuraduría General de la República suficientes elementos y agentes del Ministerio Público, ahora sí los enviará. Si faltó labor de inteligencia, ahora sí la habrá. Si no hubo suficientes soldados en las calles, ahora sí habrá miles de ellos.
Y, sin más, se decide hipermilitarizar Chihuahua. En lo cuantitativo, pues se envían 5 mil 332 soldados adicionales a los 2 mil 26 que ya se habían destacado, ahora equipados con varias aeronaves y sofisticados equipos. En lo cualitativo, pues ahora el Ejército tendrá bajo su mando a la Policía Municipal de Ciudad Juárez y pondrá y controlará a quien dirija el Centro de Readaptación Social de esta frontera.
Tan asustados se ven los sicarios con el anuncio, que no transcurren 24 horas del mismo cuando secuestran en Juárez a la magistrada del Supremo Tribunal de Justicia: Mireya Aguilar Casas. Tres días después termina febrero con la cuota de ejecuciones más alta de la historia reciente en esa frontera: 230, para un total de 384 en todo el estado: más muertos que en todo el año de 2005. Según la Secretaría de la Defensa Nacional, en los últimos 14 meses la cifra de asesinatos en Chihuahua se eleva a 2 mil 750.
La apuesta por escalar la militarización en Juárez sólo tiene una agarradera: reducir la percepción de inseguridad de una ciudadanía aterrada, con una presencia avasalladora en las calles, así no disminuyan las acciones de exterminio de o entre sicarios. Sólo eso. Porque los fundamentos constitucionales para mantener a la tropa posesionada de las ciudades por un tiempo indefinido y sin exponer con transparencia los procesos que se emprenderán para que pueda volver a los cuarteles son muy endebles.
Porque no se establecen ningunos controles para impedir que los militares sigan violando los derechos humanos, como ha ocurrido cientos de veces desde hace casi un año. Porque ni siquiera se atienen al marco de las recientemente aprobadas leyes federal y estatal del sistema de seguridad pública. Pero además de coja en lo jurídico, la presencia militar resulta aislada de una estrategia más integral.
Se actúa como si el Estado sólo se hiciera presente con la fuerza de las armas. No hay ningún plan del gobierno federal para emprender acciones e invertir recursos en atacar los factores sociales que disparan la inseguridad: no hay un proyecto para brindar educación media y media superior a casi la mitad de los jóvenes juarenses entre 12 y 18 años, que ni estudian ni trabajan. Ni para brindarles espacios de cultura y deporte. Tampoco un proyecto sólido para atender y prevenir adicciones.
Mucho menos se piensa o se invierte en acciones que detengan el grave deterioro urbano de viejas y nuevas unidades habitacionales donde se prohíjan el desorden social y la delincuencia.
Peor aún: el propio gobierno federal, en su afán recaudatorio, conspira contra la seguridad que dice impulsar: eleva entre 200 y 3 mil por ciento los costos de la nacionalización de vehículos, favoreciendo que proliferen los automóviles sin ninguna identificación. Y carga sobre las espaldas de los contribuyentes juarenses los costos de la alimentación y el hospedaje de los elementos federales que van a tratar de suplir lo que el Estado, que recoge de Juárez una de las mayores cargas impositivas de la República, no ha podido ofrecer. A Juárez se le sangra en todos los aspectos.
Sólo militares y policías, más soldados, más armas, con mayor control sobre los civiles… Esto nos recuerda aquella terrible decisión de Lyndon B. Johnson: aumentar el número de efectivos estadunidenses en Vietnam e involucrarlos ya no sólo como consejeros militares, sino como combatientes directos. La que pensaba sería la solución se convirtió en la intensificación de la masacre y el principio de la derrota.