Subutilizan Petroquímica en beneficio de empresas privadas

Ana Lilia Pérez

Felipe Calderón impulsa Etileno XXI, el proyecto petroquímico más importante de su gobierno, a costa de subutilizar las plantas de Pemex Petroquímica y del millonario subejercicio presupuestal, revelan auditorías del Órgano Interno de Control. Por ello, la Comisión de Energía del Legislativo pedirá a la Auditoría Superior de la Federación audite el proyecto que será explotado por la iniciativa privada.
En tiempos de Vicente Fox se llamó Proyecto Fénix. Diseñado e impulsado por Rafael Beverido Lomelín, director general de Pemex Petroquímica (PPQ), como la obra que haría renacer la petroquímica nacional, antaño, una de las primeras del mundo. Felipe Calderón hizo suya la propuesta, denominándola Etileno XXI, en alusión al principal insumo que producirá esa industria.
“Es un proyecto que representa una oportunidad de la más alta trascendencia para elevar la productividad de la industria petroquímica… si logramos el objetivo, cubriríamos el 75 por ciento de las importaciones que hoy se realizan de polietileno de alta densidad y otras materias utilizadas en la industria petroquímica, como polietileno de baja densidad y polipropileno, etcétera, etcétera”, dijo el presidente Calderón el 31 de octubre de 2008 durante la ceremonia de Clausura del XL Foro Nacional de la Industria Química.
En ocasión de sus tres años de gobierno, el 29 de noviembre de 2009, subrayó: “El mes pasado se licitó, finalmente después de una década de cambios en el sector petroquímico, el Proyecto Etileno XXI, que implicará una inversión de más de 2 mil 500 millones de dólares para fortalecer este sector”. Incluyó el proyecto en su decálogo, difundido el pasado 2 de septiembre, donde afirma que el Etileno XXI, que explotarán comercialmente la mexicana Idesa y la brasileña Braskem, impulsará “la transformación de México”.
Ante el fracaso que resultó el Fénix de Fox, Calderón se asegura que no le ocurra lo mismo, pero fortalece su proyecto a costa de subutilizar las plantas de Pemex Petroquímica (PPQ), del millonario subejercicio presupuestal y de la cancelación de proyectos programados en esa subsidiaria, revelan auditorías de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y diversos documentos internos signados por Rafael Beverido Lomelín, cuya copia obra en poder de Contralínea.
Las anomalías
Entre las irregularidades detectadas por el Órgano Interno de Control contenidas en la auditoría 9/2009, destaca, “por su importancia”, la “subutilización en la capacidad instalada de las plantas de etileno, polietileno de baja densidad y reformadora BTX (benceno-tolueno-xileno)”. La auditoría, clasificada como “expediente reservado” y fechada el 30 de junio de 2009, fue efectuada en Coatzacoalcos, Veracruz, sede operativa de PPQ.
El organismo de la SFP detalla la subutilización de cada planta. En la de etileno, cuantifica que, “de acuerdo con su diseño, presenta un desaprovechamiento del 32 por ciento”. En la de polietileno, el desaprovechamiento ha oscilado entre el 22 y el 52 por ciento. La planta reformadora BTX, dice la auditoría, “refleja un aprovechamiento de 62 por ciento respecto del procesamiento de nafta y de un 80 por ciento de la producción de reformado BTX”.
Además de la subutilización, que de acuerdo con la auditoría 9/2009 tienen las plantas de etileno, Rafael Beverido cerró tres plantas que producían materia prima en los complejos petroquímicos Pajaritos, Escolín y Morelos, de acuerdo con información oficial de Petróleos Mexicanos (Pemex). Según se denunció ante la SFP, la planta de etileno de Pajaritos se “desincorporó” poco después de una inversión de 60 millones de pesos para su ampliación.
Durante los últimos ocho años, la capacidad instalada de producción de etileno en PPQ, que asciende a 1 millón 364 mil toneladas anuales, ha sido aprovechada sólo al 67 por ciento, de acuerdo con un diagnóstico elaborado por el Instituto de Investigaciones y Estudios Energéticos de los Trabajadores de América Latina y el Caribe (IEETALC).
El periodo corresponde a la gestión del exdirector general de Industrias Negromex al frente de PPQ. Detrás de la subutilización, “está la intensión de Beverido de desmantelar la producción de Petroquímica y que de ella se encarguen exclusivamente los privados”, asegura Rocío Nahle García, exasesora de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados e integrante del IEETALC.
El megaproyecto
En la industria petroquímica, el etileno representa el segmento más importante, pues se usa como materia prima de una múltiple variedad de productos intermedios y finales, como plásticos, resinas, fibras, elastómeros, solventes, recubrimientos, plastificantes, pinturas, lacas, anticongelantes, detergentes, entre muchos otros, de allí su gran demanda a nivel mundial. Se comercializa principalmente a través de sus derivados (polietileno, dicloroetano, cloruro de vinilo, estireno, etilenglicol) en lugar de monómero puro. En los últimos años, su precio en el mercado internacional se ha mantenido a niveles sostenidos, pero, según estimaciones de la Secretaría de Energía, hacia 2012 irá a la alza.
El Etileno XXI proyecta construir y operar un cracker (horno de pirolisis) con una capacidad de 1 millón de toneladas de etileno al año, así como la construcción y operación de unidades integradas de polimerización para la producción de polietilenos. En noviembre pasado, Pemex asignó la concesión a Idesa/Braskem, que la explotarán comercialmente durante 20 años (a partir de 2015, en que comenzará a operar), y con la posibilidad de ampliar su periodo. La inversión estimada es de 2 mil 500 millones de dólares, 70 por ciento de los cuales se obtendrán mediante un Project Finance, y el resto con capital de los accionistas.
Mediante un convenio se estipuló que la paraestatal, a través de Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB), le suministrará a Idesa/Braskem 66 mil barriles diarios de etano durante 20 años.
Aunque privado, el Etileno XXI implica una millonaria erogación económica de las arcas públicas: el programa de inversión de Pemex 2009-2012 indica que en lo que resta del sexenio, PGPB destinará 205 mil millones de dólares a construir dos ductos para suministrarle el etano a Idesa/Braskem; un ducto de 70 kilómetros de Ciudad Pemex a Nuevo Pemex y el otro ducto de 140 kilómetros de Nuevo Pemex-Cactus-Coatzacoalcos, municipio que albergará al complejo que se construirá en una extensión de 200 hectáreas donadas por el gobierno de Veracruz. El monto que PGPB gastará en sólo dos ductos representa más del 40 por ciento de su inversión destinada a “proyectos prioritarios” de este sexenio.
Eso no es todo. Para abonar a la supuesta necesidad de inversión privada en PPQ, Beverido Lomelín ha ordenado el considerable subejercicio presupuestal, la cancelación de importantes proyectos, así como la anticipada asignación de otros a la iniciativa privada. Lo anterior lo revela un informe fechado el 10 de noviembre de 2009, enviado por Rafael Beverido a la legisladora Laura Itzel Castillo Juárez, secretaria de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
En el informe, del que Contralínea tiene copia, el funcionario detalla cada proyecto cancelado durante 2009, a pesar de contar con los recursos presupuestales, también por impulsar el Etileno XXI.
El primero de ellos es la ampliación de la Planta de Etileno en el Complejo Petroquímico Morelos. La licitación se efectuó en dos ocasiones: diciembre de 2006 y marzo de 2008; en ambas, Beverido declaró desiertos los procesos. En junio de 2008 determinó suspender el proyecto y otros asociados a la cadena de etano y “vincularlos” a “la iniciativa del proyecto Etileno XXI”, especifica en el informe.
El segundo fue la ampliación de la Planta de Óxido de Etileno de 225 a 360 Millones de Toneladas Anuales (MTA), dividida en dos etapas. En 2007 se iniciaron los trabajos de la primera ampliación de 225 a 280 MTA. El 5 de junio de 2008, Beverido decidió suspender la segunda etapa, en la que se alcanzaría una producción de 360 MTA, para “vincularla” “a la iniciativa del proyecto Etileno XXI”, indica en el informe.
A investigación
Para la legisladora Castillo Juárez, el informe suscrito por Beverido Lomelín “es una prueba irrefutable de los malos manejos que está haciendo Pemex Petroquímica”, pues, dice, “en el caso concreto del Etileno XXI, es evidente que hay malos manejos. El mismo Beverido, en el informe que me envía, explica que su decisión de suspender la ampliación y modernización de la cadena de etileno en el complejo petroquímico Morelos es para vincularla al complejo Etileno XXI, lo cual es ilegal. Es muy grave lo que está haciendo ¡está desmantelando Pemex! Sorprende su respuesta ya que no oculta esa situación que es irregular, aunque pretende decirlo de manera eufemística”.

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Ramírez Soberón, contrataciones irregulares en ductos

La Secretaría de la Función Pública detectó que Pemex Gas y Petroquímica Básica violó las leyes de Obras Públicas y de Responsabilidades de los Servidores Públicos para favorecer a la trasnacional Tuboscope con contratos para el mantenimiento de ductos. Al consorcio de origen estadunidense se le contrató, aunque en tres ocasiones la SFP observó que no cumplía los requisitos para los trabajos del área considerada de seguridad nacional.

Autor: Ana Lilia Pérez

El pasado 4 de enero, el presidente Felipe Calderón destituyó al director general de Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB), Roberto Ramírez Soberón, para colocar en el cargo al subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía (Sener), Jordy Herrera Flores, uno de sus hombres de confianza desde sus días en Banobras y exsecretario particular en la Sener. Ramírez Soberón dejó en PGPB una administración de claroscuros, caracterizada por irregulares beneficios a corporativos nacionales y extranjeros, algunos de ellos documentados en la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Su estancia en PGPB estuvo marcada por la tendencia a tercerizar la operación de la subsidiaria –desde el procesamiento del gas natural y sus líquidos, su transporte, almacenamiento y hasta la comercialización–, lo que además de incrementar los costos, ha generado una estructura paralela en diversas áreas, con la duplicidad de funciones y gasto. Pero en su afán por asignarle a compañías privadas el manejo operativo de Pemex Gas, la administración de Roberto Ramírez Soberón entregó los trabajos relativos a los gasoductos, considerados áreas de seguridad nacional, a empresas que, según la SFP, no acreditaron su capacidad para los trabajos encomendados.
Uno de estos casos es el de la compañía Tuboscope México, SA de CV, filial del corporativo Tuboscope Vetco International Inc, a la que se le asignó un contrato por 116 millones 263 mil pesos para el mantenimiento predictivo y correctivo en tres importantes gasoductos: DN Reynosa-Chihuahua, DN Estación Los Ramones y Cactus-Misterio, aun cuando en el proceso de licitación se acreditó que no tenía capacidad técnica.
Después de que se le otorgó el contrato, en tres ocasiones, en un lapso de dos años, la SFP le ordenó a PGPB rescindirlo y reponer la licitación, las mismas que los funcionarios encabezados por Ramírez Soberón se obstinaron en que Tuboscope tuviera ese contrato, aunque, según reconocieron ante la SFP, “nunca cumplió los requisitos de la licitación”. La secretaría concluyó que PGPB violó la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma (LOPSRM) y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP).
Una asignación sospechosa
Encargado del despacho de la Dirección General de PGPB desde abril de 2005, una de las primeras licitaciones que emitió Roberto Ramírez Soberón (en agosto) fue la 18577002-009-05 PGPB-GRM-029-IT/2005, para el “mantenimiento predictivo y correctivo para la integridad de los gasoductos de 24 pulgadas DN Reynosa-Chihuahua, 36 pulgadas DN Estación 19, Los Ramones y Cactus-El Misterio”, ubicados en los estados de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chiapas y Tabasco; un tramo sustancial del Sistema Nacional de Gasoductos.
Las bases de la licitación estipulaban que para concursar, las compañías deberían “cumplir el requerimiento de experiencia o capacidad técnica demostrada mediante la documentación que compruebe su experiencia en trabajos similares en magnitud y naturaleza”, y que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes podría ser negociada.
Los actos de juntas de aclaraciones y respuestas, y la presentación y apertura de propuestas (técnicas y económicas) se efectuaron en una oficina ubicada en la planta baja del edificio B-1, en Marina Nacional, sede de PGPB.
La subsidiaria le asignó el contrato a Tuboscope, aunque su propuesta económica era la más cara: 8 por ciento más que el resto de las propuestas. Pasados unos meses, la SFP abrió el expediente 646/2005 para revisar el contrato ante el indicio de supuestas irregularidades en el proceso de licitación.
En marzo de 2006, Función Pública determinó que Tuboscope no cumplía con la capacidad técnica para el contrato, lo cual implicaba un riesgo para la subsidiaria dado que se trata de trabajos en sistemas de seguridad nacional. Comprobó también que su propuesta económica tampoco fue acorde a la licitación: SFP detectó que la compañía encareció el precio con el aval de PGPB, mediante la ficticia duplicación de personal y con la indebida cotización en dólares de los conceptos que pagaba en pesos, entre otras irregularidades. Por ello determinó que la asignación fue ilegal.
Tras detallar las supuestas violaciones a la ley por parte de los funcionarios de PGPB, les ordenó anular la licitación y el contrato correspondiente. El 16 de marzo, la subsidiaria levantó el acta de reposición de fallo del procedimiento de contratación. Aunque la SFP había ordenado al Órgano Interno de Control (OIC) especial atención en el procedimiento, dadas las irregularidades la contratación original, PGPB llevó adelante el nuevo proceso, prácticamente de forma exprés y sin la presencia de representante alguno de la contraloría.
El 7 de abril, sin que estuvieran presentes los representantes de la SFP ni del OIC, como marca la ley, Pemex Gas anunció el nuevo fallo otra vez a favor de Tuboscope. El contrato se firmaría el día 28, bajo el número PGPB-SD-GRM-0004/2006.
Cuando revisó el proceso de adjudicación, la SFP observó que en la propuesta de Tuboscope persistían las mismas irregularidades detectadas desde la primera licitación. Amén del incumplimiento técnico, en la parte económica cotizaba personal duplicado, por ejemplo, en el caso del gerente general del contrato cobraba el salario de dos gerentes que harían el mismo trabajo, y con honorarios tasados en dólares, aunque en realidad los pagaría en pesos. En general, advirtió SFP, Tuboscope cotizaba en dólares lo que pagaba en moneda nacional (a más bajo precio), desde los sueldos hasta los gastos menores de operación como la papelería, teléfono, correo, luz y gas.
En junio, mediante el oficio DGI/312/267/2006, la SFP determinó que por segunda ocasión, los funcionarios de PGPB actuaron en contravención a las leyes (LOPSRM y LFRSP), al otorgarle el contrato a la empresa que no cumplía los requisitos de la licitación, aunado a que PGPB tampoco acreditó la razón de su fallo. Por ello ordenó a la subsidiaria reponer otra vez el proceso y contratar a una empresa con la capacidad técnica y económica para dichos trabajos. Además instruyó al OIC fincar el procedimiento disciplinario a los funcionarios de PGPB.
Por tercera ocasión, PGPB supuestamente organizó un nuevo proceso de licitación, en el cual, otra vez se le adjudicó el contrato a Tuboscope. Tras analizar el nuevo proceso, la SFP comprobó que la sociedad mercantil incumplió de nuevo los requisitos de la licitación. El 12 de septiembre, le ordenó a PGPB “la reposición de los actos viciados”.
En el siguiente proceso, el contrato fue para la misma firma. En el expediente 18/577/OIC/AR/UR/ER/003/2007, la SFP resolvió que de nuevo PGPB “determinó adjudicar el contrato en materia de la licitación impugnada sin acreditar en apego a derecho que la propuesta del licitante ganador haya satisfecho plenamente la totalidad de los requisitos exigidos en las bases del concurso”. Instruyó de nueva cuenta al OIC “para que en términos de ley aplique las sanciones que correspondan a los servidores públicos responsables de esas actuaciones contrarias a derecho”.
Finalmente, en octubre de 2007, la subsidiaria reconoció que la compañía no cumplía los requisitos. Determinó declarar desierta la licitación, “en virtud de que Tuboscope no cumple los requerimientos”.
La SFP concluyó que los funcionarios de PGPB incurrieron en “la falta de diligencia y observancia al mandato de autoridad, perdiéndose la debida transparencia y legalidad que deben revestir los actos de todo servidor público, y que violaron el artículo 8 de la LFRSP, que obliga a todo servidor público a “cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión”.
En el expediente 18/577/OIC/AR/UR/ER/0003/2007, el 25 de octubre, la SFP puso de manifiesto “la falta de responsabilidad y la deficiencia” con la que se condujeron los funcionarios de PGPB al acreditarse las violaciones a las disposiciones normativas relacionadas con ese servicio, “de donde deviene la necesaria conclusión que resulta conveniente suprimir de este tipo de prácticas que infringen las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos”, pues –subraya la SFP– los funcionarios de la subsidiaria reconocieron que en realidad Tuboscope “jamás cumplió con los requisitos de las bases”.
En su dictamen del expediente, cuya copia posee Contralínea, Función Pública destaca otros agravios en contra de Petróleos Mexicanos (Pemex) por parte de los funcionarios de PGPB. Se transgredió, dice, el principio de la lealtad, dado que la asignación a Tuboscope “refleja ausencia del más elemental sentido de cuidado para revisar ofertas de acuerdo con la normatividad dispuesta para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las menores condiciones para el Estado”.
Pero la opacidad en torno a esta contratación no cesó. Pese a que la SFP ordenó anular la contratación, en el portal de transparencia, PGPB asienta que por la contratación de Tuboscope para el “mantenimiento predictivo y correctivo” en los citados gasoductos, se pagaron 38 millones 122 mil 531 pesos a Tuboscope, mediante los contratos 5500000511, por 23 millones 993 mil 524.80 pesos, y 5500000512, por 14 millones 129 mil 007.
Contralínea buscó una entrevista con Roberto Ramírez Soberón para que explicara por qué en tres ocasiones, en contravención a la ley –según determinó la SFP–, se entregó contrato de ductos a Tuboscope, pero hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.
Feria de adjudicaciones
Ser protagonista del polémico proceso de contratación no le impidió a la compañía –cuya sede se ubica en la ciudad de Houston– recibir diversos contratos tanto en PGPB como en Pemex Refinación, aunque uno de los motivos por los que la SFP descalificó a Tuboscope fue porque, de acuerdo con sus indagatorias, la compañía no demostró contar “con capacidad para realizar los trabajos de forma segura” y “sin interferir en la operación” del ducto.
En julio de 2008, Ramírez Soberón la contrató para que inspeccionara el interior del gasoducto Cadereyta-Estación 8 Chávez, por 12 millones 276 mil pesos (contrato número 5500000679). Y luego le pagó 23 millones de pesos para que realizara la certificación del mismo, mediante el contrato 5500000680. En diciembre, cuando supuestamente tendría que finalizar el trabajo, se negoció, mediante un convenio, el diferimiento del 31 de diciembre de 2008 al 9 de enero de 2009.
En Pemex Refinación se le asignaron los siguientes contratos:
El número 4500208637, por 340 mil 967 dólares, para que inspeccionara el interior del poliducto DN Salamanca-León; el 4500180173, por 26 millones de pesos, para que rehabilitara el oleoducto Poza Rica-Estación Tepetitlán, mediante la inspección interior con equipo instrumentado.
También se le contrató, por 106 millones 196 mil 615 pesos, para que evaluara la integridad del corredor de ductos playeros de la refinería Antonio Dovalí Jaime a las boyas 1,2 y 3 en Salina Cruz, Oaxaca, mediante el contrato GTD-UPLC-006/08; para que inspeccionara las líneas 16 DN (diésel), 16-14 DN (gasolina) y 16-12-14 DN (turbosina), del muelle a la Terminal de Almacenamiento y Distribución de Progreso, Yucatán, se le pagaron 39 millones de pesos mediante el contrato GTD-UPLC-007/08.
Luego se le contrató (GTD-UPLC-009/08) para que inspeccionara y certificara el interior del combustoleoducto DN Refinación Madero-CFE Altamira, por 22 millones de pesos. Y después, mediante el contrato GTD-UPLC-018/08, se le encargó que “evaluara” la certificación de la rehabilitación del oleoducto Nuevo Teapa-Venta de Carpio; se la pagaron 186 millones 271 mil 867 pesos.
Derroche y negligencia
Un alto directivo del área de ductos de PGPB, que pide el anonimato, explica a Contralínea que la paraestatal aún tiene contratado al personal capacitado para proporcionar el mantenimiento de ductos “como lo ha hecho en los últimos 70 años”, pero, por la contratación de privados para estas áreas, dicho personal está prácticamente congelado. La política tercerizadora, explica, encarece considerablemente la operación de los ductos.
?¿Cuánto se incrementa el costo de que sean empresas privadas las que le den mantenimiento a los ductos a que sea directamente Pemex el que haga esos trabajos?
?Al contratar el mantenimiento de ductos con empresas particulares tiene una costo mayor al doble, ya que por un lado asume los costos de la plantilla de su propio personal y, por otro, tiene que solventar los costos que le paga a la contratista; más costos por la administración y supervisión de los contratos.
En PGPB, la contratación de privados para el mantenimiento y operación de gasoductos no sólo ha duplicado las funciones y el gasto, sino que “multiplica exponencialmente las condiciones de riesgo, pues se está contratando a empresas que ni en los procesos de licitación pueden comprobar su capacidad”, concluyen los integrantes del Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE), consultados por Contralínea.
La falta de vigilancia y control del contratismo en las áreas de ductos, explican, se ven reflejados en “hechos fatales que impactan no sólo a los propios trabajadores de Pemex, sino a las comunidades donde se ubican los ductos, particularmente de Tabasco y Veracruz, para lo cual basta recordar la fuga y explosión ocurrida en el gasoducto Dos Bocas-La Trinidad, en Cunduacán, Tabasco”.
Alfonso Hickman Sandoval, del Grupo de Ingenieros Constitución del 17 e integrante del CNEE, subraya la responsabilidad de los directivos de Pemex al contratar a empresas sin capacidad técnica, como ocurrió en el caso de Tuboscope: “Es procedente la responsabilidad administrativa en términos de lo dispuesto en el artículo 108, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Asimismo, de conformidad con lo estipulado en el artículo 109, fracción III de la Constitución, el Congreso de la Unión ha expedido leyes de responsabilidades de los servidores públicos a efecto de sancionar a quienes, incurran en responsabilidad y, específicamente, se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones”.
Como se puede discernir con toda claridad, dice el analista, “de llegarse a acreditar objetivamente que servidores públicos de Pemex hayan realizado la contratación simulada de compañías que aseguraron contar con experiencia técnica sin ser así, se podría considerar que esto eventualmente representaría un ataque directo a las instituciones democráticas, como lo es el Poder Legislativo, violación del marco constitucional y legal, violaciones graves a los programas y presupuestos de la Administración Pública Federal y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales”.

Investiga la PRG al director de Pemex Petroquímica

Ana Lilia Pérez

La PGR investiga al director general de Pemex Petroquímica, Rafael Beverido Lomelín, por la supuesta venta ilegal de una planta de amoniaco propiedad de la petrolera, documentada por Contralínea en julio de 2008.

La compañía International Process Plants (IPP), especializada en la venta de plantas industriales a nivel global, con sede en Marlen Drive Hamilton, New Yersey, Estados Unidos, incluyó en su catálogo la planta Amoniaco III, adscrita al complejo de Petroquímica Cosoleacaque, como “plants for sale”.
La IPP es un consorcio chatarrero industrial a nivel mundial. Sus oficinas se ubican en Estados Unidos, India, Alemania y República Checa. Según información de la empresa, la transacción de la planta de Pemex Petroquímica está a cargo de Michael Joachim y Sanjeev Rege, presidente y vicepresidente global de venta de plantas. El proceso se llevó a cabo sin haber pasado por la Unidad de Racionalización de Activos de Pemex, y sin ser sometido a una licitación pública, como marca la ley.
En mayo de 2008, ante la Secretaría de la Función Pública, el extrabajador de Pemex Petroquímica, José Daniel de la Cruz Chung –quien durante 26 años se encargó de la instalación y mantenimiento de varias plantas en los complejos Cosoleacaque y Pajaritos, en Veracruz, incluida la de Amoniaco III– presentó una queja para informar del silencioso desmantelamiento de las plantas, según el oficio, DGAC/DGAAC/DCSQD/SCC/3583/2008 (Contralínea 105).
Previo a la publicación del caso, este semanario solicitó a los directivos de Pemex que informaran quién autorizó la venta de la planta, pero se negaron a dar su versión. En octubre, la prensa de Veracruz retomó la información; la gerencia de Comunicación Social en la entidad respondió que en noviembre de 2006 el Consejo de Administración de Pemex autorizó la desincorporación y venta del activo. Luego dijo que Cicloaceros había adquirido los “equipos y componentes que integran la planta de Amoniaco III”, por lo que la IPP quedaba como vendedora final de esos bienes.
Con oficinas en Córdoba, Veracruz, Cicloaceros se dedica a la venta de chatarra industrial, y es uno de los principales compradores de Pemex de aluminio, tubería, cobre y desechos ferrosos.
En diciembre de 2008, el periódico Reforma informó que Cicloaceros obtuvo la planta por 13 millones de pesos, contra 300 millones de dólares que cuesta un complejo nuevo de este tipo. Michael Joachim, director del Departamento de Plantas de la empresa International Process Plant, comentó para ese diario que “después de comprar la planta, desmantelarla, empaquetarla, transportarla en barcos, mejorar los procesos y volverla a instalar, su costo podría alcanzar 50 por ciento de lo que cuesta una nueva”. Es decir que, según sus cálculos, la planta se podrá vender hasta en 150 millones de dólares.
Luego de que Contralínea documentara que en su catálogo por internet la compañía IPP ofertaba la planta Amoniaco III, adscrita a las instalaciones del complejo petroquímico Cosoleacaque, la Presidencia de la República pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar el caso. Mediante el oficio RSC/IC/0710006470/08, en diciembre de 2008 la oficina de la Presidencia se declaró incompetente y envió al secretario técnico del procurador, Tomás Casilla Meza, la denuncia ciudadana hecha por el ingeniero Daniel de la Cruz Chung.
En otro oficio, fechado en septiembre de 2008, la Presidencia también remitió el asunto a la Secretaría de la Función Pública.
Dentro del acta circunstanciada AC/PGR/VER/CTZ/1045/2009, que integra la delegación de la PGR en Veracruz, en la mesa 1 investigadora, a cargo de Elena Pulido, el pasado 18 de mayo se llamó a ratificar a De la Cruz Chung.
El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indabin), adscrito a la Secretaría de la Función Pública, aportó un elemento de prueba: informó que nunca tuvo conocimiento de la venta y que ni siquiera se sometió a su consideración, que además desconoce quién la compró.
Las indagatorias de la PGR versan sobre un posible daño patrimonial no sólo por la venta de la planta, sino por la pérdida de producción. Esa infraestructura operaba sin anomalías, su mantenimiento era frecuente y su producción alcanzaba las 1 mil toneladas cortas de amoniaco por día. Ante la PGR, el ingeniero petroquímico José de la Cruz acreditó que la salida de operación de planta tiene un impacto de 3 millones 700 mil pesos por día, ya que el precio promedio de la tonelada de amoniaco oscila en los 3 mil 700 pesos.
Construida en 1974, con tecnología Kellogg, la planta Amoniaco III es una de las cinco con las cuales el complejo petroquímico Cosoleacaque fue, hasta 1998, el principal productor de amoniaco del mundo, con una producción que alcanzó 1 millón 819 mil toneladas diarias de la materia prima que se usa como fertilizante o como insumo de otros fertilizantes o de productos de limpiez y explosivos.
El declive de esta industria llegó en el sexenio de Vicente Fox. A mediados de su sexenio, la producción de amoniaco alcanzaba apenas 240 mil toneladas. Incluso, en junio de 2003, Rafael Beverido Lomelín, director general de Industrias Negromex, declaró su intensión de trasladar la infraestructura de Cosoleacaque a Barbados.
Mientras, públicamente cacareaba el fallido espejismo de que con El Fénix renacería la industria petroquímica mexicana (con los 17 mil millones de dólares anuales que supuestamente generarían este proyecto). Sin análisis de costo beneficio, paró la operación de las plantas con el argumento de que no eran rentables, desincorporó algunos activos y subrepticiamente los puso a la venta.
Desde sus primeros años en la subsidiaria, numerosas quejas presentadas ante los órganos internos de control dieron cuenta de inversiones fallidas en procesos de remodelación de las plantas petroquímicas. Entre los expedientes ante la PGR que involucran a Beverido Lomelín en supuestas irregularidades se encuentran: DE027/AC/1X/2003, DE/019/2003, DE016/2003, QD-006/2001, DE008/2003 y RES-003/2003, radicados en la Secretaría de la Función Pública.
Rocío Nahle García, ingeniera que trabajó en Petroquímica durante más de dos décadas y que desde 1995 se convirtió en investigadora de esa industria, asegura que ha sido la conducción de Beverido en ocho años la que tiene a la industria fuera de competitividad. Recuerda que antaño la producción total de petroquímicos colocó a Pemex en el quinto lugar a nivel mundial.
“A Beverido se le asigna el cargo de director de Pemex Petroquímica con el propósito de mejorar los resultados, tantas atribuciones se le dieron, que él fue el que diseñó el proyecto estelar de Vicente Fox, el Fénix. El resultado de su gestión: los peores años para la petroquímica; se cancelaron proyectos, se cerraron las plantas, se dejaron abandonados los proyectos, se eliminó al personal calificado y dejó a la burocracia”.
De 2001 a la fecha, Pemex Petroquímica paralizó 18 plantas, 14 de ellas están declaradas en proceso de desincorporación, y cuatro más fuera de operación. Entre éstas, cinco de amoniaco, dos de clorados, dos de acetaldehído, una de óxido de etileno, una de cumeno, una de paraxhileno, una de óxido de etileno, una de acrilonitrilo y una de dodecilbenceno. “Muchas de ellas se pararon aun en condiciones de seguir produciendo”, dice el ingeniero Felipe Ocampo, petrolero que se ha desempeñado como perito en petroquímica.
“A ocho años de su nombramiento, lejos de que la petroquímica se reactivara, se fue a pique, está acabada, lo cual implica responsabilidad de ese funcionario, según la Ley Federal de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos, y más en casos particulares como esta venta ilegal de la planta de Amoniaco III”, concluye Rocío Nahle.
Derivado de la reciente ratificación que José Daniel de la Cruz hizo a su denuncia y de los datos del Indabin, donde se deslindan de la autorización para la desincorproación y venta de la planta, la PGR podría llamar a declarar en unos días a Rafael Beverido, con quien se buscó una entrevista, sin que accediera a ella.
“Cada vez hay más elementos de prueba contra el director de Petroquímica. Espero que la PGR aplique la ley, y que los actos ilegales de este funcionario, que acabaron con nuestra industria petroquímica, no queden impunes”, dice en entrevista De la Cruz, petrolero que hoy tiene a Beverido en jaque.