México cede a EU riqueza petrolera

El acuerdo para la explotación de pozos transfronterizos de hidrocarburos firmado entre México y Estados Unidos pone en juego el 50 por ciento de las reservas del país, según los propios cálculos de Pemex. El documento “marca la culminación de la desnacionalización de la industria petrolera mexicana”, considera experto. Con su próxima entrada en vigor, el país vecino tendrá permiso para explotar los yacimientos Delta Río Bravo, Franja de Sal Alócotona, Cinturón Plegado Perdido y Planicie Abisal. El potencial de la zona ya fue mapeado por la paraestatal, con un costo para el erario mexicano de 50 mil millones de pesos.

Nancy Flores/Mariela Paredes

En las aguas profundas del Golfo de México se localizaría el 50 por ciento del oro negro del país. Se trata de los recursos prospectivos que Petróleos Mexicanos (Pemex) ha calculado en la zona, de acuerdo con su boletín informativo 19/2012, y que ahora se podrían compartir con Estados Unidos a través de los llamados pozos transfronterizos.

Y es que tras cuatro años de intensas presiones políticas del Departamento de Estado estadunidense y al margen del Congreso de la Unión mexicano, los gobiernos de Barack Obama y de Felipe Calderón firmaron el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América Relativo a los Yacimientos Transfronterizos de Hidrocarburos en el Golfo de México.

Para Sergio Suárez, investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas (Iiec) de la Universidad Nacional Autónoma de México, “el denominado tratado Clinton-Espinosa marca la culminación de la desnacionalización de la industria petrolera mexicana. [Con éste] se pierde soberanía, seguridad e independencia petrolera, en función de restituir reservas, incrementar la producción de crudo y mantener la de gas, al abrir indebidamente paso a las trasnacionales en una actividad exclusiva de Pemex”.

Entre otras cosas, el Acuerdo establece en su artículo 7 que si se localiza un yacimiento transfronterizo sin que haya sido aprobado un acuerdo de unificación por las partes, cada país “deberá adoptar medidas para facilitar la explotación del yacimiento transfronterizo como una unidad transfronteriza…”.

En el llamado Golfo de México Profundo, la paraestatal reconoce que ya identificó recursos contingentes por 283 millones de barriles de petróleo crudo equivalente e incorporó “reservas a nivel 3P (probadas, con un nivel de 10 por ciento de certidumbre) por 822 millones de barriles”.

De 2000 a 2011, la subsidiaria Pemex Exploración y Producción destinó unos 50 mil millones de pesos a la exploración, perforación de pozos y adquisición de información sísmica en la zona petrolera denominada Golfo de México Profundo, refiere el boletín 19/2012. En esta se calcula recursos prospectivos por 29 mil 500 millones de barriles.

Con la entrada en vigor del Acuerdo, signado el 20 de febrero pasado, todos los mapas exploratorios serían entregados a su contraparte: los artículos 4 y 5 estipulan que si cualquiera de los dos países tiene conocimiento de la posible existencia de un yacimiento transfronterizo o de una manifestación de hidrocarburos cerca de la línea de delimitación, la parte deberá de notificarlo por escrito a su homóloga en un lapso de hasta dos meses después del hallazgo. A partir de esta notificación y en el mes siguiente deberán de proporcionar la totalidad de la información geológica relevante, así como entregar toda la información disponible que posean.

México cuenta con mapas elaborados durante los dos sexenios panistas respecto de las reservas prospectivas en las cuatro regiones que limitan con Estados Unidos: Delta Río Bravo, Franja de Sal Alócotona, Cinturón Plegado Perdido y Planicie Abisal. Entre otras cosas, las cláusulas de confidencialidad que se establecen en el Acuerdo podrían ocultar el uso que darán los funcionarios del gobierno federal a esta información.

Fabio Barbosa Cano, investigador en el Iiec, considera “inaceptable el elevado número de cuestiones y la facilidad que el tratado establece para declarar como información confidencial la información geológica. Se trata de asuntos que en un país como México, donde la industria es de la nación, no pueden ser secretos; situación distinta a Estados Unidos, donde los campos petroleros son propiedad de los inversionistas privados”.

El artículo 2 del Acuerdo establece que es “confidencial cualquier información o datos, incluyendo información geológica de cualquier tipo, clase o naturaleza, ya sea escrita u oral, revelada por una de las partes a la otra, que no está públicamente disponible y cuya información o datos han sido identificados por la parte transmisora como confidencial”.

Sergio Suárez –doctor en investigación económica por la Universidad Complutense de Madrid, España– señala que ya se identificaron y mapearon siete provincias petroleras.

De éstas destaca “Cinturón Plegado Perdido. Si bien no han comprobado la existencia de yacimientos, la ubican como el área de mayor prospectiva para Pemex, por estimar que es la continuación de descubrimientos de crudo ligero del lado estadunidense. Las demás provincias serán explotadas por empresas trasnacionales vía contratos incentivados, al contar con la seguridad jurídica y un acuerdo internacional respectivo para trabajar en zonas marítimas mexicanas del Golfo de México.

“En consecuencia, culmina así el objetivo central de la reforma petrolera de 2008: dar cierre al proceso de desnacionalización de la industria petrolera mexicana.”

“Pemex perderá”

Este año “la estrategia exploratoria en aguas profundas privilegiará las provincias geológicas propensas a contener aceite, como es el caso del Cinturón Plegado Perdido y la provincia Salina del Bravo en la parte Norte de la porción mexicana del Golfo de México”, refiere la paraestatal en su boletín 19/2012.

El maestro Fabio Barbosa Cano prevé que el Senado aprobará el Acuerdo casi sin discusión, pero aclara que éste no es la culminación de un proceso: “Apenas establece normas generales. La sociedad mexicana tiene que mantenerse vigilante cuando se descubra el primer yacimiento transfronterizo, para conocer cuál es la evaluación sobre reservas formulada por las partes, basada en la información geológica específica; cuál es la producción esperada y qué porcentajes de las reservas y de la producción corresponderán a cada país, qué mecanismos existen para que técnicos independientes puedan revisar la información”.

El experto en reservas petroleras considera que “la tendencia más probable es que si se descubren yacimientos no sólo al cruzar la línea fronteriza, sino incluso cerca de la frontera, como es el caso de las localizaciones Trión y Maximino, se utilizará la infraestructura de proceso ya existente a unos 40-50 kilómetros al Norte en las instalaciones que opera [la empresa de hidrocarburos Royal Dutch] Shell, para trasladar la nueva producción mexicana a las refinerías en Houston, Texas”.

El maestro en ciencias Antonio Gershenson opina que México llega a este Acuerdo bilateral sin ninguna ventaja. “Primero fueron desmantelando la planta calificada de Pemex, ingenieros y similares, con el pretexto de que ya no tenían [materia de trabajo]; le fueron encargando a particulares cada vez más [trabajos]. En las aguas profundas [operan] puras empresas extranjeras. Y ahora con el Acuerdo de la frontera marítima, mandan a Pemex a asociarse sin medios propios, y en una zona en la que el ciento por ciento de las perforaciones realizadas, su procesamiento y transporte está del lado estadunidense”.

Sin embargo, el panista Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, considera que el Acuerdo es benéfico para el país, porque “reduce los riesgos de pérdidas”.

En entrevista, asegura que la distribución del petróleo extraído de los yacimientos transfronterizos se hará en partes iguales para México y Estados Unidos. Respecto de las empresas contratadas tanto para los trabajos de exploración y explotación, indica que éstas son confiables. “Cualquier manejo deshonesto las haría perder mucho, pues son empresas internacionalmente conocidas que perderían más por un acto deshonesto que por las ganancias que de ello pudieran generar. Serían vetadas internacionalmente”.

“Revertir el destino fatal”

El maestro Fabio Barbosa indica que la ruta trazada por el Acuerdo bilateral no es “fatalmente el único destino de la producción mexicana en la Región Norte: un gobierno nacionalista, preocupado por la transformación industrial de las materias primas y el impulso al empleo en Tamaulipas y el Norte de Veracruz, puede diseñar otros esquemas de desarrollo de los eventuales campos; por ejemplo, el empleo de una unidad flotante de almacenamiento y proceso, como las que ya operan en la Sonda de Campeche y las innumerables que Brasil ha instalado en sus campos”.

Para la elaboración de este trabajo se solicitó la versión de Petróleos Mexicanos. Al cierre de edición, aún se gestionaba la respuesta del gerente de Comunicación Social, Wilhem Friedrich Hagelsieb Garza.

Congreso debe discutir a profundidad el Acuerdo

El abogado Humberto Hernández Haddad considera necesario que los legisladores discutan a profundidad el Acuerdo bilateral sobre yacimientos transfronterizos, que signaron la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, y la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Patricia Espinosa, el 20 de febrero de 2012.

“La Cámara de Senadores tiene que ser muy prudente y muy cuidadosa en conocer a profundidad los contenidos y alcances de ese tratado, que pueden hacer de la cuenca económica del Golfo de México una gran cuenca de armonía y desarrollo de México y Estados Unidos si se hacen bien las cosas; o si no se hacen bien, la pueden convertir en un pozo muy profundo de inagotables controversias y litigios internacionales. Eso es lo que deben de tener en claro los que van a dictaminar y votar ese tratado, que permitiría la explotación de yacimientos petroleros submarinos transfronterizos por parte de empresas privadas, con el consentimiento de los gobiernos de México y Estados Unidos y la designación de una autoridad ejecutiva que administraría la extracción de hidrocarburos en esos yacimientos transfronterizos, conforme lo indica en sus 25 artículos dicho tratado”.

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Más allá del discurso público, la intención del gobierno mexicano al negociar con Estados Unidos un acuerdo sobre los yacimientos petroleros transfronterizos es abrir las puertas del sector petrolero nacional a las compañías internacionales. La afirmación fue hecha por Georgina Kessel –la primera secretaria de Energía del gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa– al ex embajador de Estados Unidos en México Carlos Pascual, según relató el propio diplomático en un despacho al Departamento de Estado.

El 20 de febrero pasado, el presidente Calderón aseguró que el acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos para la explotación de yacimientos de petróleo en la frontera marina común del Golfo de México, firmado ese día, se había negociado con respeto absoluto a nuestra soberanía.

Los reportes que desde México envió la embajada estadunidense a Washington en los meses previos a la firma del acuerdo de explotación de yacimientos transfronterizos ponen al descubierto que el gobierno del presidente Felipe Calderón mantuvo un discurso en público y una posición diferente en las reuniones privadas con su contraparte, de acuerdo con despachos diplomáticos obtenidos por Wikileaks y en poder de La Jornada.

Lo que en realidad buscaba el gobierno mexicano con la negociación, según aseguró Kessel a Pascual, era una ventana de oportunidad para la participación de compañías internacionales en el sector petrolero nacional, reservado por mandato de la Constitución a Petróleos Mexicanos.

Georgina Kessel fue secretaria de Energía de diciembre de 2006 a enero de 2011. Actualmente es la directora general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, un banco de desarrollo que provee financiamiento a gobiernos estatales y municipales.

Uno de los cables sobre Pascual, quien dejó el puesto de embajador en México el 19 de marzo del año pasado a raíz de las filtraciones de Wikileaks, revela:

El embajador preguntó qué es lo que México espera lograr con la negociación (del acuerdo de explotación de yacimientos transfronterizos). Kessel respondió que la reforma energética de 2008 creó una ventana de oportunidad. Públicamente, el gobierno de México hará énfasis en que la negociación permitirá a México defender sus recursos naturales. Kessel explicó la sensibilidad que existe sobre los temas energéticos en México y advirtió que muchos mexicanos consideran el petróleo como parte de su ADN.

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Lapidario juicio de la ASF: México, un desastre bajo la conducción panista

Desde que el PAN llegó a Los Pinos, la economía nacional ha ido en picada. Esta afirmación destaca en el Informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2010, recientemente difundido por la Auditoría Superior de la Federación. Pero la instancia que dirige Manuel Portal Martínez elabora un diagnóstico todavía más alarmante. El desastre –estima– es completo: crecimiento mediocre, recuperación precaria, empleos por debajo de la meta programada, déficit recurrentes…

Devastadora, la corrupción panista

Carlos Acosta Córdova

En su Informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2010, divulgado el miércoles 15, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hace trizas a los gobiernos panistas, al analizar 10 años de conducción de la economía: han sido un verdadero fracaso, sostiene.

El apartado sobre la revisión de las finanzas del sector público presupuestario de ese año –un legajo de 238 de las decenas de miles de páginas de las que consta todo el documento– es contundente:

De 2001 a 2010, la economía mexicana registró una tasa de crecimiento anual más que mediocre: 1.7% en promedio.

Es decir, 10 años con una economía aletargada, sin bríos. Incapaz de generar el millón de empleos que se requieren cada año, meta que se lograría con un crecimiento de 6% o más, según cualquier modelo macroeconómico. Y por lo mismo, inútil para procurarle a la población mejores condiciones de vida.

Más: el crecimiento económico promedio en el gobierno de Vicente Fox fue de 2.2%. En los primeros cuatro años de Felipe Calderón, peor: sólo ¡un 1%! pudo avanzar el producto interno bruto en promedio anual.

En su campaña por la Presidencia fue célebre la propuesta de Fox de que en su gobierno la economía iba a crecer 7%. Ni la tercera parte logró.

Reconoce la ASF en el documento que en 2010 el crecimiento fue de 5.4% –5.5%, según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística–, luego de haberse desplomado -6.1% real en 2009, el peor año de la crisis financiera internacional.

Ese crecimiento fue superior al que registraron las economías industrializadas: 3.1%, pero “inferior al 6.1% que promedió el PIB de las economías de América Latina y el Caribe”.

Además, esa recuperación económica –de -6.1% en 2009 a 5.4% en 2010– fue la más pobre de entre los países emergentes y en desarrollo, dice la ASF.

Las economías de estos últimos –acota– “confirmaron en 2010 su papel dinámico en el PIB mundial, al alcanzar un crecimiento de 7.3%, como consecuencia del comportamiento de su mercado interno, de mejores términos de intercambio comercial y de la entrada de capitales por la liquidez disponible en los mercados financieros”.

No fue el caso de México, puntualiza.

Y como si no fuera suficiente, presenta una tabla comparativa –con un sesgo negativo para el país y su gobierno panista– en la que se observa que en 2010 el crecimiento del PIB de México, de 5.4%, es apenas superior al 4.4% de los países de Oriente medio y del Norte de África; idéntico al 5.4% de países del África subsahariana… pero lejísimos del 10.3% de China ó el 10.1% de la India.

O, ya en nuestra región, nada que ver con el crecimiento de 15% de Paraguay, 9.2% de Argentina, 8.8% de Perú, 8.5% de Uruguay, 7.8% de República Dominicana y 7.5% de Brasil y Panamá.

En el tobogán

No hay reposo en la crítica a la conducción de la economía en los gobiernos panistas, sobre todo del actual.

Atiza el documento de la ASF: “El crecimiento real de 5.4% que se obtuvo en 2010, aunque importante, no fue suficiente para recuperar el valor del PIB en 2008, por lo que fue menor en 1.1% real, equivalente a 94 mil 992 millones 100 mil pesos en comparación con 2008.

Y en la tabla correspondiente, que muestra el valor del PIB, año por año, se ve en efecto que, a precios de 2003, el PIB de 2008 tuvo un valor de 8 billones 915 mil 30 millones de pesos, mientras que el de 2010, con todo y el crecimiento de 5.4%, fue menor: 8 billones 820 mil 38 millones de pesos.

Con ánimo lapidario, la ASF dice: “No fue sino hasta el primer semestre de 2011 cuando el PIB a precios constantes se ubicó en 8 billones 914 mil 736 millones de pesos. Es decir, se requirieron de 2.6 años para que se registrara un nivel por arriba del PIB obtenido en 2008”.

Además de una recuperación económica pobre en 2010, ese año se confirmó lo que desde 2006 es una tendencia: la economía mexicana cada vez pierde más peso en América Latina y el Caribe.

Textual: “La economía mexicana ha disminuido su participación en el producto (PIB) de América latina y el Caribe entre 2006 y 2010: el PIB de México retrocedió 2.7 puntos porcentuales como proporción del PIB regional, el mayor decremento de los cinco países más importantes de la zona, mientras que los otros cuatro –Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela– pasaron de representar 54.2% en 2006 a 56.4% en 2010”.

Y en la tabla demostrativa se ve, por ejemplo, que mientras Brasil generaba 32.7% del PIB de AL en 2006 y pasó a 34% en 2010, México caminó en sentido inverso: en 2006 su economía representaba 27.1% de total del PIB de AL, pero cuatro años después fue de 24.4%, es decir perdió 2.7 puntos porcentuales.

Una de las razones por las cuales la economía mexicana tiene un pobre desempeño, según la ASF, es su extrema dependencia de la de Estados Unidos, es decir, la pobre diversificación de su comercio exterior.

La institución que dirige Manuel Portal Martínez no concede mérito alguno a las autoridades económicas: la recuperación de 2010 –5.4%, desde el -6.1% de 2009–, dice, rebasó toda expectativa, pues el gobierno federal originalmente previó un crecimiento de 3% para el año… pero “la recuperación observada en 2010 se basó en la sólida expansión de la demanda externa asociada al crecimiento de EU, que se benefició de los estímulos fiscal y monetario aplicados (en ese país)”.

Ese tono es reiterativo en el informe de la ASF. Otro caso:

Reconoce que “las políticas fiscal y monetaria instrumentadas por el gobierno federal y el Banco de México han sido eficaces para preservar la estabilidad macroeconómica en indicadores clave como la inflación de un solo dígito, tasas de interés a la baja, tipo de cambio estable y déficit manejable en la cuenta corriente de la balanza de pagos”.

Pero: “Al considerar el periodo de 2007 a 2010 –el gobierno de Calderón, pues–, se advierte que la posición fiscal del país se ha deteriorado al presentar recurrentes déficits (sic) en los balances tanto público como presupuestario”.

Ello se debió a que “los ingresos ordinarios han quedado rezagados respecto del incremento del gasto público, lo que ha requerido de un mayor endeudamiento para financiar dichos déficits (sic)”.

Explica que los ingresos ordinarios se incrementaron a una tasa media anual de 1.1% real entre 2007 y 2010, mientras que el gasto neto pagado lo hizo en 5.2% real en el mismo periodo”.

Sesgo acusatorio

El mensaje de la ASF es lapidario: estos gobiernos panistas gastan cuatro veces más de lo que son capaces de generar. Y necesariamente tienen que recurrir más a la deuda para financiar los déficit. Porque la economía, la actividad productiva –aletargada– no da para más.

Sin ambages la crítica: “En los últimos cinco años se aprecia un importante incremento de la deuda pública bruta –interna y externa– en sus distintos niveles de agregación. La deuda del sector público presupuestario fue la que mostró el mayor incremento, al pasar de 21.5% del PIB en 2006 a 33.1% en 2010, lo que significó un incremento de 11.6 puntos porcentuales”.

Y para darle sentido a esos números –con el recurrente tono acusatorio–, presenta la tabla correspondiente, de la que se desprende lo siguiente:

Vicente Fox, en 2006, dejó al sector público federal (que incluye gobierno federal, sector paraestatal y la banca de desarrollo) con una deuda bruta de 2 billones 337 mil 320 millones de pesos, equivalente a 22.5% del PIB.

Pero Calderón, al 2010, ya la había subido a 4 billones 445 mil459 millones de pesos, el 34% del PIB. Es decir, en cuatro años le metió a la deuda heredada de Fox otros 2.1 billoncitos de pesos más, un “aumentito” de 90.2%.

Y si se desglosa la deuda en sus componentes interno y externo, se descubren otras cosas.

La deuda interna que dejó Fox para el sector público federal fue de 1 billón 741 mil 408 millones de pesos. Calderón la fue subiendo año con año, para ubicarla en 2010 en casi 3.1 billones, un incremento de 77% o 1 billón 339 mil 477 millones de pesos más.

El caso de la deuda externa es más sintomático. Aunque como porcentaje del PIB es mucho más reducida que la interna, el brinco que ha dado es más notorio.

La deuda externa del sector público federal, al cierre del gobierno de Fox, fue de 54 mil 766 millones 300 mil dólares o 595 mil 912 millones 100 mil pesos, 5.7% del PIB. En 2010, cuarto año de Calderón, los débitos al exterior ascendían a 110 mil 428 millones de dólares o 1 billón 364 mil 569 millones 800 mil pesos, 10.4% del PIB.

Es decir, Calderón elevó la deuda externa, al 2010, en 4.7 puntos porcentuales del PIB. En pesos: le agregó casi 768 mil 658 millones más, que significa un aumento de 129% respecto de la deuda externa que le dejó Fox.

En dólares, a la deuda externa que Fox le heredó, Calderón le agregó, hasta 2010, otros 55 mil 662 millones, que significan un aumento de 101.6%.

Si a la deuda pública bruta se le restan una serie de activos financieros, queda la deuda pública neta. Sin embargo, las variaciones porcentuales y las diferencias absolutas son muy similares a las de la deuda bruta.

Las “recomendaciones”

Pero la ASF va más allá de la crítica al rápido endeudamiento del país en los gobiernos panistas.

Hace una serie de cálculos técnicos y dice que el nivel de superávit primario –que es de 0.2 cuando debía ser de 1 para que la deuda sea sostenible– “es insuficiente en un futuro para cubrir el costo efectivo de los intereses de la deuda, lo que significa que el nivel de endeudamiento del gobierno federal en los últimos años ha minado su capacidad de pago”.

Y si el país no quiere llegar a situaciones de impago, como sucedió en los años ochenta, la ASF recomienda al gobierno de Calderón “impulsar condiciones para un mayor crecimiento estable y sostenido de la economía, en un marco de competitividad y productividad, así como de mayor fortaleza en las finanzas públicas y la calidad del gasto”.

Pero una política económica carece de sentido si no tiene como fin el bienestar de la población. Y en esto han fallado de sobra los gobiernos panistas, según se desprende del informe de la ASF.

En materia de empleo, dice que aunque el PIB registró un crecimiento de 5.4% real en 2010, los empleos permanentes redujeron su participación en el mercado laboral: de representar en promedio el 88.7% en 2006, pasaron a 88% en 2009 y a 87% en 2010.

En cambio, los empleos eventuales son menos pero aumentaron más. En 2006 representaron 11.3% del todos los trabajos formales en el país, pero ya en 2010 significaron 13% del total de empleos registrados en el IMSS.

Otra vez, la sobadita y el coscorrón: “Durante 2010 se generaron 530 mil 321 plazas nuevas, de las cuales 323 mil 170 fueron permanentes (60.9%), lo que bien significó un avance relevante, el total de estas plazas se mantuvo por debajo del nivel observado en 2008”.

Más: “La crisis de 2009 alteró la composición del empleo, debido a que en 2007 y 2008 por cada 100 nuevos empleos permanentes se crearon 21 eventuales en promedio, y en 2010 esa relación subió a 64”.

Pero, en realidad, el gobierno de Calderón no cumplió ni siquiera en la mitad la meta propuesta de creación de empleos, dice la ASF: “El total generado de 2007 a 2010 fue de 950 mil 772 plazas de trabajo, lo que equivale a 41.7% de las 2 millones 282 mil 124 establecidas como meta en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012”.

En materia de salarios, los logros han sido igual de magros que en el empleo. Aunque en 2010 el salario mínimo real promedio aumentó un 0.9%: de 10.05 pesos en 2009 (53.19 pesos en su valor nominal) pasó a 10.14 pesos (55.77 nominales) en 2010.

Pero resulta, dice la ASF, que esos 10.14 pesos a los que llegó el salario mínimo real en 2010, sigue por debajo de los 10.20 pesos de 2008; no se diga de los 10.42 pesos de 2007 y los 10.48 pesos de 2006.

Lo más grave, a juicio de la ASF, es que “del total de la población ocupada en 2010 (44.1 millones de personas), el 44.4% (19.6 millones de personas) percibió un ingreso de hasta dos salarios mínimos generales, lo que equivale a un ingreso mensual nominal de 3 mil 346.2 pesos.

“Si se considera que este ingreso sea el único que recibe una familia (de cuatro personas promedio), esta cantidad se compara desfavorablemente con el valor de la línea de bienestar por persona, que al cierre de 2010 fue de 2 mil 179.4 pesos en áreas urbanas y de mil 376.2 pesos en zonas rurales, lo que significa que la familia debiera recibir un ingreso mensual de 8 mil 717.6 pesos y 5 mil 504.8 pesos mensuales, respectivamente.”

Otro hecho que muestra el deterioro del empleo y del ingreso de los hogares, dice la ASF, es el aumento de las personas que están en la economía informal, que es mayor al número de quienes cuentan con un empleo formal.

Más claro ni el agua: “En 2010, en promedio, la tasa de ocupación en el sector informal como porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA) superó en 3.1 puntos porcentuales a la ocupada en la economía formal. En ese año, 34 de cada 100 personas en edad y condición de trabajar se emplearon en actividades informales, sin acceso a seguridad social, a prestaciones laborales y a una remuneración estable”.

Los datos: en 2006 había 14 millones 697 mil 372 personas empleadas en la informalidad, el 33.5% de la PEA. En el sector formal, asegurados en el IMSS, había 13 millones 573, 677 personas, el 30.9% de la PEA.

En 2010, con Felipe Calderón, los informales eran 16 millones, el 34.2% de la PEA. Es decir, 1 millón 262 mil 395 mil personas se agregaron a la informalidad, un aumento de 8.6%.

En cambio, el número de quienes se ocuparon en el sector formal sólo aumentó en 950 mil 771 personas, un
7% más.

Y así, tema tras tema, indicador tras indicador, la Auditoría Superior de la Federación se muestra implacable con la gestión económica de los gobiernos panistas, no obstante que éstos puedan presumir que han contado con sólidos equipos hacendarios, encabezados por dos secretarios de Hacienda conspicuos, de bien ganada reputación internacional: Francisco Gil Díaz, con Fox y Agustín Carstens, con Calderón.

Asociaciones público-privadas: nueva oleada de privatizaciones

En México, al menos 29 proyectos operan bajo el esquema de “prestación de servicios”. Prisiones, escuelas, carreteras, hospitales, transportes, generadores de energía fueron adjudicados por el gobierno federal y los gobiernos estatales al capital privado para su construcción y explotación en contratos de hasta 30 años. Corporaciones españolas, entre las principales beneficiarias.

Elva Mendoza

Desde 2004, el gobierno federal y los gobiernos estatales formalizaron contratos de prestación de servicios de largo plazo con la iniciativa privada al menos en 29 proyectos. Oaxaca, Zacatecas, Hidalgo, Nuevo León, el Estado de México, Durango, Chiapas, San Luis Potosí, Guanajuato, Tamaulipas y el Distrito Federal son algunas de las entidades que recurrieron al esquema para financiar proyectos de infraestructura.

A nivel federal las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Salud y de Seguridad Pública también han firmado proyectos de largo plazo que permiten la incursión del capital privado en servicios públicos.

Al respecto, Irma Eréndira Sandoval, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala que a través de los proyectos de prestación de servicios el gobierno y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público han privatizado de forma ilegal y anticonstitucional, desde 2000, “amplios y cruciales” sectores que tendrían que estar bajo el control del Estado mexicano.

El esquema de prestación de servicios es una modalidad de las asociaciones público-privadas (APP), impulsadas durante la última década por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) –integrante del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo–, en los países de América Latina y el Caribe.

Como lo define el organismo internacional, las APP involucran contratos de prestación de servicios públicos de largo plazo entre una institución del sector público y una entidad del sector privado. El capital privado se encarga de financiar y ejecutar el diseño y la construcción de infraestructura pública o de su mejoramiento, operación y mantenimiento, y el sector público define la política y regula la infraestructura. Ambas partes asumen los riesgos del proyecto. El ente público paga una renta mensual o anual al privado y, al final del periodo del contrato, el sector público tiene el control de la obra.

Las APP se utilizan en áreas como transporte, agua, saneamiento y generación de energía, telecomunicaciones, hospitales, prisiones, escuelas, lo que se traduce, de acuerdo con Mario Di Costanzo Armenta, diputado federal del Partido del Trabajo, en la mercantilización de las obligaciones fundamentales del Estado mexicano.

“Es el gobierno quien está obligado a prestar bienes y servicios públicos, no la iniciativa privada. No tiene por qué ser un negocio”, resalta Víctor Javier Ampudia, economista y asesor parlamentario de la diputada Ifigenia Martínez Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El BID en México

En los últimos tres años, de acuerdo con Steven J Puig, vicepresidente del Sector Privado del BID, el Banco ha aprobado en México más de 380 millones de dólares para proyectos del sector privado y más de 700 millones de dólares en proyectos que están en proceso de evaluación.

Es decir que, sólo a partir de 2009, más de 50 proyectos han sido financiados por el Banco Interamericano en territorio nacional, y entre 30 y 40 proyectos público-privados se encuentran en proceso de aprobación. “Se está evaluando un proyecto de más de 300 millones de dólares relacionado con el sector de infraestructura del petróleo para la elaboración de productos derivados que hoy se importan a México”.

Entre los proyectos financiados por el BID, indica el funcionario en entrevista con Contralínea, están los eólicos.

El Banco, señala, está interesado especialmente en impulsar las asociaciones público-privadas en el sector social y de infraestructura. “Nos interesa mucho acompañar proyectos carreteros o portuarios, de transporte; también nos interesa el tema del cambio climático, el desarrollo de combustibles alternos o el de fuentes alternativas de generación de energía; hemos apoyado al menos dos proyectos eólicos aquí”.

En cuanto al sector social, apunta que muchos gobiernos han mostrado interés por involucrar al sector privado en la administración, construcción y mantenimiento de proyectos de impacto social, como es el caso de los hospitales.

Tras el trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo en cuanto a la promoción, impulso y financiamiento de las asociaciones público-privadas en la región y en México, legisladores e investigadores cuestionan el papel del órgano como promotor de esquemas privatizadores.

La diputada federal del Partido del Trabajo, Laura Itzel Castillo Juárez, indica a Contralínea que estos organismos multilaterales promueven la existencia de procesos de privatización en el mundo porque no están en función de las necesidades de la gente.

“Lo que vemos en nuestro país es un fiel reflejo de cómo se ha aplicado esta política que es contraria a los intereses de la gente”, considera.

Di Costanzo se refiere a las APP como parte de la corriente privatizadora que el BID, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han patrocinado desde tiempo atrás. “Es la tercera etapa de reformas para concluir los procesos de privatización y desmantelamiento del Estado en México y en el mundo. Es una manera de hipotecar a los países”.

“El BID impulsa a las APP porque es parte de las instituciones financieras de la globalización que tienden a que el Estado pierda facultades, a que las naciones pierdan soberanía y a que cada vez haya una mayor participación privada, generalmente monopólica y concentradora en contra del interés público. Ellos argumentan que esto va ayudar a crear más empresas y empleo, pero hay ámbitos para el sector público y para la iniciativa privada”, increpa Víctor Javier Ampudia.

Contrario al argumento desarrollista del Banco, la investigadora Irma Eréndira Sandoval señala que estos proyectos auspician y dan continuidad a esquemas de endeudamiento encubierto.

Los proyectos APP en la región

En América Latina y el Caribe, el BID ha realizado préstamos por más de 2 mil 600 millones de dólares para financiar proyectos del sector privado en infraestructura y recursos naturales. El Fomin ha canalizado 12 millones de dólares a las iniciativas para inversiones en proyectos de las APP, tal como lo señaló Puig en el marco de la tercera edición de PPP Américas 2011, efectuada en Guanajuato.

De acuerdo con Infrascope, estudio elaborado por The Economist Intelligence Unit con el apoyo del gobierno de España y el financiamiento del Fondo Multilateral de Inversiones, en la región, Chile, Brasil, Perú y México son los países con el mejor entorno para los proyectos de participación público-privada.

Evaluando el entorno para las asociaciones público privadas en América Latina y el Caribe. Infrascope 2010 analiza, en 19 países de Latinoamérica y el Caribe, el marco legal y normativo para los proyectos de concesión; el diseño y las responsabilidades de las instituciones que preparan, conceden y supervisan los proyectos; la capacidad de los gobiernos para respaldar las leyes y normativas relativas a las concesiones así como el número y la tasa de éxito de los proyectos pasados; el entorno político, empresarial y social para la inversión; y las facilidades financieras para sufragar infraestructuras.

En una escala de 0 a 100, donde 100 es el entorno ideal para los proyectos de las APP, Chile, con 79.3 puntos, encabeza el índice, debido a sus “buenas condiciones normativas, institucionales y de inversión, y a las reformas legales introducidas”.

En el segundo y tercer lugar están Brasil y Perú, respectivamente, pues presentaron, como indica The Economist Intelligence Unit, características similares a Chile, además de una fuerte voluntad política de iniciar proyectos, una firme capacidad institucional y prácticas sólidas de implementación.

Venezuela, Nicaragua y Ecuador, con puntuaciones por debajo de 20 se colocan en los últimos peldaños. Debido, indica el documento, a que “Venezuela y Ecuador tienen cada vez menos probabilidades de incorporar inversión privada en infraestructura, como consecuencia del deterioro de la voluntad política y el hecho de que han ido sistemáticamente desmantelando su capacidad institucional y operativa. Nicaragua cuenta con un historial de proyectos más modesto e infrecuente y una aplicación incoherente de los marcos de PPP existentes, lo que ha dado lugar a una atrofia institucional”.

Infraestructura con capital privado, prioridad mexicana

En el cuarto sitio de Infrascope, México mantiene como una de sus prioridades la construcción de infraestructura bajo el modelo de participación público-privada.

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Pemex: empresa pública, negocios privados

Marcos Chávez *

Si Petróleos Mexicanos (Pemex) fuera una sociedad anónima y si Juan José Suárez Coppel fuera su gerente, dueño o principal accionista y compartiera los títulos de propiedad con Carlos A Morales, Miguel Tame,Rafael Beverido y María del Rocío Cárdenas, junto con otros socios más que, por ejemplo, podrían ser Felipe Calderón y su gabinete y los legisladores priístas, panistas o ecologistas, es obvio que tendrían todo el derecho de manejarla como se les antojara. Podrían elegir libremente a sus accionistas, convertir a la firma en una trasnacional “exitosa” como las de Carlos Slim, venderla o hundirla, como sucedió con Mexicana de Aviación, gracias a las pillerías de Gastón Azcárraga. Su destino sería un asunto particular, apenas digno del anecdotario de la jungla capitalista.

Las únicas restricciones que enfrentarían el hipotético Pemex, SA de CV, y sus imaginarios propietarios estarían determinadas por las leyes que normarían las relaciones entre los asociados, competidores, deudores, acreedores y trabajadores, consumidores, autoridades y demás personas físicas y morales involucradas, supuestamente para salvaguardar los intereses de unos y otros y velar por la moral y la salud del sistema de la “libre empresa”. Desde luego, en ese escenario figurado, utilizo las palabras “moral” y “salud” en un sentido retórico, porque en el mundo real, el modus operandi de los capitalistas y las compañías es diáfanamente viscoso y denso como el petróleo pesado, como lo constató el sociólogo estadunidense Edwin H Sutherland, también considerado uno de los más influyentes criminólogos del siglo XX.

En su trabajo La delincuencia de las grandes empresas (1948), donde estudia a las 70 corporaciones estadunidenses más grandes y su relación con la legalidad (comercial, publicitaria, financiera, laboral, el uso de patentes, marcas y derechos de autor y del consumidor), concluye que “el hombre de negocios ideal y la gran corporación son en buena medida como el ladrón profesional”, debido a su desprecio por las leyes y las autoridades que se inmiscuyen en sus actividades, por su misteriosa y seductora proclividad por violarlas reiteradamente como una política definida, “sirviéndose de lo que se pueden llamar métodos del crimen organizado”, como lo hacen “los ladrones profesionales”. La diferencia entre ellos es que mientras éstos admiten que son delincuentes cuando hablan con honestidad, los hombres de negocios se consideran honestos, respetables. Sólo se aceptan como transgresores cuando consideran que las normas están mal hechas. Para ellos, los malhechores pertenecen a la clase socioeconómica más baja.

En su estudio Los delincuentes de cuello blanco (1949) destaca que las personas con un elevado estatus socioeconómico, a los que nombra “barones ladrones”, violentan las leyes destinadas a regular sus actividades profesionales (antimonopolios, de cambios, de valores, etcétera) y que su tasa de reincidencia es mucho más alta en comparación con otra clase de delincuentes (El delito de cuello blanco, La Piqueta, Madrid, 1999).

Pero el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, no son recursos naturales privados. Constitucionalmente se encuentran bajo el dominio directo de la nación. Son inalienables e imprescriptibles. Su explotación corresponde exclusivamente a la patria. No son susceptibles de concesiones ni de contratos (por lo que no deben subsistir los que se hayan otorgado). El petróleo, los hidrocarburos y la petroquímica básica son áreas estratégicas bajo la responsabilidad del Estado y de Pemex, entidad encargada de su aprovechamiento. Sus funcionarios son servidores públicos y sus tareas están sometidas a la Carta Magna y las leyes reglamentarias. Son los responsables del patrimonio y del funcionamiento de la paraestatal, de la industria petrolera y del uso racional de los recursos naturales, y deben rendir cuentas a los organismos comisionados de la supervisión.

El problema empieza cuando el Ejecutivo y el Legislativo ?responsables de velar por el imperio de las leyes? son los primeros en darle la vuelta a la Carta Magna con normas secundarias, con el objeto de someter el interés público a la acumulación del capital nacional y extranjero. La derecha neoliberal priísta-panista ha reinterpretado dolosamente la Constitución para reprivatizar la explotación de los recursos energéticos, despedazarla industria petrolera, transformar en negocio de particulares todas las actividades de Pemex, compartir la renta petrolera con las grandes empresas y convertir a la paraestatal en una simple administradora discrecional de los contratos incentivados de reputación anticonstitucional.

Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encargada de velar por el estado de derecho, se mantiene ciega, sorda y muda ante las tropelías y los derechos de la población (al claudicar ante los intereses del poder político y económico y sustituir la toga por los faldones clericales, que degradan a la institución a la que representa) asumió una postura ambigua ante dichos contratos, se escurrió por las ramas al negarles el derecho a varios legisladores para someter a una controversia respecto de su constitucionalidad y dejó de lado el fondo de la litis. Era el último obstáculo para anteponer los preceptos constitucionales al pillaje y a la depredación del bloque dominante. Pero decidió arrogarse el papel de tapadera infranqueable de la impunidad. Enjuto favor les hizo a las mujeres al negarles su derecho a decidir en relación con el aborto. Ahí antepuso sus preceptos religiosos y subjetivos sobre los constitucionales, y nos regresó al oscurantismo. Le hizo el juego a Calderón, Lorenzo Servitje, Norberto Rivera y demás personajes de la actual inquisición, equiparable con el de la derecha religiosa estadunidense que le grita a Barack Obama “¡Jesús es el señor; Obama es el anticristo!”.

Desaprovechó una oportunidad para limpiar un poco su imagen y emitir una resolución racional, justa y democrática a una nación necesitada de verdaderas instituciones que puedan enfrentar los retos actuales de una sociedad que está siendo llevada al retroceso). Cuando los neoporfiristas de Pemex interpretan a modo la indeterminación y el silencio cómplice de la Suprema Corte y, para abrir boca, empiezan el reparto de espléndidos y oscuros contratos, como los tres bloques “maduros” para su exploración y explotación y por estas fechas concederán otros más, pese al estercolero heredado por los Pidiregas consolidados como deuda pública en 2009 y que pagamos con nuestros impuestos (un saldo de casi 1 billón de pesos, más 367 mil millones y 143 mil millones de pesos por concepto de amortizaciones e intereses pagados). Cuando la Secretaría de la Función Pública evidencia una vez más su incompetencia y su papel de trastienda, la Auditoría Superior aparece como un león desdentado y la mayoría legislativa encubridora mira hacia otro lado.

La sórdida relación entre “los socios asociados en sociedad” ?en palabras del poeta cubano Nicolás Guillén? directivos de Pemex, Sacyr Vallehermoso y Repsol es un capítulo más de la política petrolera neoliberal que despide el tufo de la transgresión de las empresas y de los delincuentes de cuello blanco.

La mala reputación enloda a los asociados

La del economista Suárez Coppel es una delicia. Es un Chicago Boy forjado en las desacreditadas y vulgares escuelas del Instituto Tecnológico Autónomo de México y en Chicago mismo (corresponsables del colapso del neoliberalismo). Se dice que fue apadrinado por el oscuro Chicago Boy Francisco Gil Díaz, de siniestra memoria, como servidor público y que llegó a Pemex con la encomienda de consolidar la entrega de la industria a la voracidad de los hombres de presa, pese a su participación en el fracaso de la emisión de los bonos petroleros, la parodia del “capitalismo thatcheriano”, y que poco antes había sido despedido del Grupo Modelo al provocarle pérdidas patrimoniales y financieras con sus especulativas operaciones en los mercados bursátil y de futuros, como recordara Graco Ramírez.

La periodista Jesusa Cervantes señala en su obra Los hijos de Marta que era identificado como un capi “inamovible”, “el líder de la organización interna” de Pemex, ligado a Antonio Juan Marcos Issa, exasesor de los entonces directores de la paraestatal, Rogelio Montemayor, Raúl Muñoz Leos y Luis Ramírez Corzo, quienes entregaron millonarios contratos a las empresas favoritas del sexenio de Vicente Fox: Oceanografía y el consorcio Blue Marine, ligadas a los cachorros de Marta Sahagún.

Las periodistas Nancy Flores y Ana Lilia Pérez, de Contralínea, documentan sus “transparentes” relaciones incómodas con su primo José Alfredo Coppel Salcido, propietario de Global Drilling Fluids de México (http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/07/24/el-primo-incomodo-de-suarez-coppel/)y la vida regalada de barón que se da en la Quinta Avenida o en Londres, a costa de Pemex y de nuestros impuestos (http://www.voltairenet.org/Suarez-Coppel-dispendio-en-tiempo).

El acuerdo entre los socios Pemex-Sacyr Vallehermoso tiene su discreto encanto. Se realiza a través de la filial holandesa PMI Holdings, una de las 25 compañías creadas por Pemex, 11 de las cuales son manejadas por la división PMI Comercio Internacional, cuyas operaciones superan los 26 mil millones de pesos (Nancy Flores, “Pemex privatiza 26 mil MDP en operación de Repsol”; http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/09/18/pemex-privatiza-26-mil-mdp-en-operacion-de-repsol/). Son entidades creadas por una empresa estatal, con dinero público y que manejan éste. Pero funcionan como compañías privadas. No rinden cuentas a nadie. Nadie puede supervisarlas. Han sido abiertas en los llamados paraísos fiscales, lugares donde se instalan empresas fantasmas, públicas (el capitalismo público offshore) y privadas, anónimas, simples membretes. Con un pago mínimo, por esas zonas fluyen de manera triangulada miles de millones de dólares que no les gusta la supervisión. Prefieren la opaca discrecionalidad. Y como el Triángulo de las Bermudas, en los insondables abismos de dichos paraísos se pierden inquietantes historias. Se borran sus orígenes y reaparecen como capitales limpios, o blanqueados, si se prefiere.

Los economistas Thierry Godefroy y Pierre Lascoumes prefieren llamar a esos mercados como los parásitos fiscales y financieros del capitalismo, de contabilidad creativa, donde trabajan los piratas mercantiles que mueven capitales turbios, corruptos, sangrientos: dinero público y privado, del narco, de las iglesias (El capitalismo clandestino, Paidós, 2005).

Justificar la ampliación de la participación accionaria de Pemex en Repsol, que aumenta la deuda de la paraestatal (53 mil millones de dólares, antes de la operación), como parte de la estrategia de internacionalización de la empresa o la transferencia de tecnología, no son más que mentiras de lactante.

¿Qué pretenden ocultar Suárez Coppel, el gobierno mexicano y sus socios de mala reputación? ¿Qué favores le deben al “amigo” Luis del Rivero, presidente de Sacyr, qué compromisos quieren saldar, a cambio de qué pretenden evitar el derrumbe del español con el dinero público mexicano? Porque Sacyr Vallehermoso es una entidad quebrada debido a la crisis inmobiliaria española. La firma desconoce el negocio petrolero. Su inversión apalancada en Repsol es la típica operación de una empresa que compra lo que sea para diversificar su portafolio, elevar sus ganancias y luego vender especulativamente los papeles. Pudo invertir su dinero en una granja de cerdos o en una empresa limpiadora de cloacas. Da lo mismo. Pero necesita urgentemente capital para pagar las acciones que tiene de Repsol, compradas con créditos.

La reputación de esa trasnacional en Argentina, Bolivia y Perú es simpáticamente negra: la máxima extracción de hidrocarburos, la sobreexplotación de los yacimientos, sin realizar las inversiones necesarias para reponer o elevar las reservas; la destrucción ambiental; el fraude contable y bursátil para evadir el pago de impuestos y engañar a los compradores de títulos; la violación de los derechos laborales; la corrupción; y el desacato jurídico.

En 2005, la agencia federal Securities andExchange Commission de Estados Unidos desnudó su “creatividad contable”. Y Respsol abastece con gas peruano a la Comisión Federal de Electricidad, por medio de contratos que apestan a corrupción.

Mientras tanto, las reservas mexicanas de crudo, la producción, las exportaciones de éste y sus derivados declinan, y las importaciones de estos últimos se elevan sustancialmente, al igual que la depredación y el saqueo de los capitales privados. ¿También se inflan las cuentas bancarias de los calderonistas? Y la Refinería de Tula se reduce a una barda. Y los mexicanos pagamos más impuestos y precios más altos para sostener este esquema. Es la magia de la política petrolera priísta-panista.

*Economista

Fuente: Revista Contralínea 254 / 9 de octubre de 2011

¿Todo listo?

¿Todo listo?-Hernández

Mil 400 niños asesinados en la guerra al narco; desinterés oficial frente a la tragedia

• Descartado, aplicar protocolos de atención; Unicef no reconoce el conflicto
• El Estado, incapaz de garantizar el derecho a la vida, señala el Redim

Alfredo tiene pesadillas porque vio morir a su hermana de 17 años en una balacera; Jorge (7 años), hijo de un desaparecido, dibuja un militar y un encapuchado apuntando al coche de la familia; César (10) perdió a sus padres en una balacera; se niega a ir a la escuela y no quiere salir a la calle; Jaime (12) observó cómo asesinaban a cuatro miembros de su familia y está herido en el hospital... Son los daños colaterales más pequeños de la guerra contra el narco que ha cobrado la vida de mil 400 menores de edad y ha generado múltiples trastornos sicológicos a miles de niños abandonados por el Estado.

No son considerados los impactos de la violencia armada en los niños. Son mil 400 homicidios y ninguna condena, dice Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), que ha contabilizado 345 muertes de menores desde enero de 2010 y alerta sobre los estados con mayor número de homicidios infantiles, entre los que se encuentran Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Durango, Tamaulipas y Nuevo León.

Un total de 37 millones de niños viven en México, casi 37 por ciento de la población; de ellos, 20 millones padecen situación de pobreza y, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 83 por ciento tienen algún tipo de carencia: En esta lógica se puede ver lo poco que hace el Estado mexicano con la infancia. Sólo destina menos de uno por ciento del PIB para proteger a los menores y permitir que cambie su situación. El Estado no ha sido capaz de garantizar el derecho de los niños a la vida, dice Pérez García.

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• Se justifican las faltas a los legisladores para que no les descuenten dietas

Crece el ausentismo en el Senado ante el inicio del proceso electoral para 2012

• Propone el petista Ricardo Monreal dejar de pagarles los días que no asistan

El arranque del proceso electoral federal para 2012 ha provocado que se incremente el ausentismo en la Cámara de Senadores, donde más de un tercio no asiste a las sesiones plenarias ni a las reuniones de comisiones.

Es el último año de la legislatura y pese a que hay una abultada agenda por desahogar, los compromisos electorales se imponen. En lo que va de este periodo, que comenzó el pasado primero de septiembre, ha habido 10 sesiones, en las que han faltado en promedio 55 senadores.

De acuerdo con los registros del Senado, en los cinco primeros años de la Legislatura –de 2006 a 2010– los más faltistas son el perredista Héctor Miguel Bautista, el priísta Alejandro Moreno Cárdenas, el senador petista Alberto Anaya, y el ahora senador de Nueva Alianza, Francisco Xavier Berganza. Aunque no asisten, siempre se les acreditan faltas justificadas, por lo que no se les descuentan las dietas, cercanas a los 150 mil pesos, como establece el nuevo reglamento de esa cámara del Congreso.

A la primera sesión de este periodo, la del 6 de septiembre, sólo asistieron 67 de los 128 senadores, a las dos siguientes 69; en la del día 29 apenas pudo completarse el quórum, porque sólo se presentaron 65 y fue en la del pasado 4 de octubre en la que se dio el número más alto, con 84 legisladores.

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Suspenden en EU la línea de Sempra que distribuiría energía producida en México

Luego del reciente apagón que afectó a ambas naciones, las autoridades investigan a la trasnacional.

La Comisión Reguladora de Energía de California (CPUC, por su siglas en inglés) suspendió la construcción de la línea de trasmisión eléctrica Powerlink Sunrise, que la trasnacional Sempra Energy tiende a lo largo de la línea fronteriza entre San Diego y Calexico en aquella nación para distribuir la energía producida en México, porque la empresa no reportó a la autoridad estadunidense ocho accidentes graves de los helicópteros que levantan las torres del enorme tendido.

A raíz del apagón del 8 de septiembre de 2011, que afectó a millones de estadunidenses y mexicanos en la región de Tijuana, Ensenada, Tecate, Mexicali y San Luis Río Colorado, las autoridades locales y federales investigan con profusión el papel desempeñado por Sempra en la generación y distribución de energía eléctrica en México y Estados Unidos.

A las dudas que genera la explicación de San Diego Gas and Electric (SDG&E), perteneciente a Sempra Energy, respecto a que el accidente –que produjo pérdidas multimillonarias en la economía de la región– se debió a un error humano en una pequeña subestación de energía en Yuma, ahora se suma el intento de la trasnacional de incrementar sus tarifas.

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• Vulnera garantías fundamentales y contraviene la Constitución, afirman universitarios

Alertan expertos sobre riesgos del código penal propuesto por Calderón

Especialistas en derecho penal criticaron el proyecto de reforma al Código Federal de Procedimientos Penales enviado por Felipe Calderón a la Cámara de Diputados, pues algunos puntos vulneran garantías fundamentales. Señalaron que de avalar la iniciativa afectaría a los ciudadanos y contravendría tratados internacionales y la Constitución.

Sergio García Ramírez, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, indicó que con la situación actual que enfrenta México, no puede darse el lujo de seguir experimentando en esta materia.

Lo que sucede hoy en el país es trágico, tenemos un drama de inseguridad terrible, de impunidad superlativa, fenómenos de corrupción constantes. Y lo que se da como respuesta es un proyecto muy discutible de Código de Federal de Procedimientos Penales. Esa no es la respuesta.

Si bien, dijo el también presidente de la Academia de Ciencias Penales y ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la iniciativa del Ejecutivo federal presenta puntos relevantes y positivos, en otros hay riesgos para las garantías de los derechos básicos.

De una primera mirada a esta versión, creo que es un documento interesante, esforzado, pedagógico, se puede utilizar en la cátedra, ayuda a revisar qué son los principios, las figuras procesales y las etapas del procedimiento, lo hace minucioso. Sin embargo hay disminución de garantías para el individuo"

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• Califica de cínico y sinvergüenza al presidente Barack Obama

Aleida Guevara: decisiones unilaterales de Washington ponen en riesgo al mundo

Al continuar el sexto Encuentro continental de solidaridad con Cuba, Aleida Guevara March advirtió ayer que el mundo vive un momento peligroso, pues Estados Unidos toma decisiones unilaterales, rompe sus fronteras con políticas extraterritoriales y “nosotros lo estamos aceptando.

Ese es el pecado mayor. Que nosotros aceptemos estas cosas, dijo la hija del guerrillero Ernesto Che Guevara, quien se refirió a las intervenciones estadunidenses en Irak y Libia, entre otros países.

Miles de veces, en Europa, te pueden decir: Irak era una dictadura, Libia otra. No voy a poner a discusión si eran dictaduras o no. Pero europeos y estadunidenses no tienen ningún derecho a intervenir en los problemas internos de nuestros pueblos, destacó ante centenas de simpatizantes con la causa cubana, quienes aplaudieron su intervención.

En el Centro de Educación Continua Unidad Allende, del Instituto Politécnico Nacional, Guevara March también criticó que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, haya aplaudido el asesinato de un dirigente de Al Qaeda.

¿Qué es eso? ¿Cómo es posible que el mandatario de un país sea tan cínico y tenga tan poca vergüenza de reconocer que asesina a un ser humano a kilómetros de distancia de su país y aplaudir eso? ¿Hasta cuándo vamos a permitir estas cosas?, preguntó. Y luego apremió a los asistentes a cambiar las cosas.

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• La injerencia estadunidense, entre los temas del cónclave

Prepara grupo encuentro contra la militarización de la seguridad pública

La Coordinadora Metropolitana contra la Militarización (Comecom) celebrará los días 11, 12 y 13 de noviembre en el Distrito Federal el primer Encuentro Nacional por la Desmilitarización Inmediata, donde participarán organizaciones sociales de diversas entidades, con la consigna de crear un frente nacional contra la intervención de las fuerzas armadas en la seguridad pública.

Activistas del Distrito Federal, Ciudad Juárez, Tijuana, Oaxaca, Mexicali, Puebla, Chihuahua y Monterrey discutirán en siete mesas acerca de la Ley de Seguridad Nacional; la injerencia estadunidense en México mediante la Iniciativa Mérida; la legalización de las drogas, y las experiencias populares de resistencia.

Analizarán las diversas formas de la militarización; el desmantelamiento de la seguridad social y otros logros de los trabajadores, y la política oficial de exterminio de grupos sociales vulnerables, como jóvenes, mujeres o migrantes indocumentados.

El objetivo del encuentro, explicó en entrevista Sergio Moissens, integrante de la Comecom, es constituir un plan de acción y lucha nacional contra la militarización de la vida pública, que sirva de referente para todas las organizaciones civiles interesadas.

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ONG dudan de operativo en Guerrero; temen más abusos

La llegada de fuerzas federales a Guerrero y Veracruz, en el marco de los operativos conjuntos de seguridad en ambas entidades, no puede ser recibida como buena noticia, ya que se ha comprobado que estas acciones no frenan la violencia, y sí en cambio generan gran cantidad de abusos a las garantías individuales.

Así lo advirtieron activistas de derechos humanos, quienes afirmaron que muchas veces los agentes son cómplices de los grupos del crimen organizado, lo que ocasiona un aumento notable de las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas.

Santiago Aguirre, del equipo jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, señaló que dichos operativos han dado pie a 415 quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de 2006 a la fecha, aunque hay organismos cuyos cálculos hablan de más de 800 denuncias sólo en Guerrero.

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Confía la CDI se apruebe la ley de consulta a indígenas

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) confía en que la ley de consulta a las comunidades originarias pueda ser aprobada en el periodo de sesiones del Congreso que concluye en diciembre, señaló Xavier Abreu Sierra, director general del organismo.

Entrevistado durante la sesión extraordinaria del consejo consultivo de la CDI, el funcionario sostuvo que esa ley beneficiará a comunidades y pueblos indígenas, pues obligará a que se consulte a las comunidades antes de cualquier intervención gubernamental o de particulares en sus territorios o de aplicar políticas.

La ley propiciaría que antes de emprender alguna acción, hacer algo, los pueblos estén informados y decidan si sí o si no, pero no todos los casos son vinculatorios porque por ejemplo en temas de salud y seguridad no pueden ser vinculatorios, pero para una presa (su construcción) o explotación de minas sí lo sería

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Cumplirá dos años la lucha del SME por recontratación

Este martes se cumplen dos años del cierre de Luz y Fuerza del Centro por un decreto presidencial que dejó sin empleo a 44 mil trabajadores.

Tras 24 meses de la entrega de la operación del suministro de energía eléctrica de la zona central del país a la Comisión Federal de Electricidad, el gobierno federal y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) discuten acerca del costo de una eventual reinserción laboral para cerca de 16 mil trabajadores que no han aceptado su liquidación.

Los funcionarios argumentan que se requieren poco más de 4 mil millones de pesos para llevar a la práctica el planteamiento del SME, mientras que los electricistas aseguran que el costo es de 2 mil 575 millones de pesos.

Para la dirigencia del SME, encabezada por Martín Esparza, esta discusión es en sí misma una buena señal acerca de la construcción de una propuesta de convenio para solucionar el conflicto.

La próxima semana representantes de ambas partes volverán a reunirse en la Secretaría de Gobernación (SG).

Hace casi un mes, el 13 de septiembre, gobierno y sindicato alcanzaron un acuerdo para definir una solución a más tardar el 30 de noviembre próximo. En ese momento, el SME se comprometió a levantar el plantón que mantuvo por más de seis meses en el Zócalo. También se firmó el compromiso de resolver, en el marco de la ley, la situación de 12 electricistas presos.

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Manifiesta el movimiento de Sicilia apoyo a bases zapatistas

Indígenas instalan plantón en demanda de liberación de presos

San Cristóbal de las Casas, Chis. 8 de octubre. Javier Sicilia manifestó el respaldo moral y político a todas las bases de apoyo zapatistas por parte del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD).

En un mensaje leído esta mañana por la Comisión Acciones de Resistencia del MPJD, en conferencia de prensa, Sicilia expuso: Durante el tiempo que estuvimos en el estado de Chiapas, al paso de la Caravana del Sur (en septiembre pasado), fuimos informados de las amenazas y agresiones que padecen las bases de apoyo zapatistas y en particular de la comunidad de San Patricio, municipio autónomo La Dignidad, correspondiente al municipio oficial de Sabanilla.

De igual manera, el movimiento civil exigió a los gobiernos federal y estatal que se garantice de forma inmediata la vida y la integridad de todas las bases de apoyo del EZLN en la comunidad autónoma de San Patricio. Esto, continuó Sicilia, amén de que se garantice el libre acceso y el respeto a las tierras de esa comunidad, ya que consideramos que tal agresión es un atentado, no sólo contra las bases de apoyo zapatistas, sino a una nueva esperanza de reconstrucción de la nación: las autonomías

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El despertar

La gente en la plaza

José Agustin Ortiz Pinchetti

La constitución de Morena, el domingo pasado en el Auditorio Nacional, ha significado un enorme impacto en la opinión pública. Los comunicadores y analistas que de buena o mala fe descalificaban a AMLO han tenido que ajustar su criterio. La asamblea demostró una puntualidad, alegría y disciplina que sólo pueden darse en un movimiento bien organizado sin precedentes.

La coherencia del discurso llama la atención, pero mucho más el hecho de que todos los asistentes –más de 15 mil– tomamos en cuenta a aquellos que se quedaron afuera del auditorio observando el acto en las pantallas, lo que demuestra que la convocatoria ha sido eficaz y, además, más allá del suceso, está una estructura. En efecto, la asamblea es la punta del iceberg. Debajo de ella hay una tupida red de grupos aún en proceso de maduración, pero que ya se extiende a todo el país y cuenta con miles de seguidores y centenares de líderes. En 2006 AMLO pudo ganar la Presidencia porque era puntero, pero no tuvo una organización que defendiera su voto, y por eso Fox, el PAN y la oligarquía pudieron arrebatarle el triunfo. Ahora las cosas serán distintas y la diferencia es la nueva organización, un hecho insólito por sí mismo para el que no estaban preparados los observadores.

Para entender lo que pasó el domingo en el auditorio sería necesario entender también lo que sucede en las plazas de todo el país cuando AMLO hace sus recorridos. Para darles un ejemplo: vibra en mí todavía la presencia de las multitudes coloridas y entusiastas en la sierra de Puebla. AMLO recorrió en dos días cuatro capitales serranas: Teziutlán, Zacapoaxtla, Zacatlán y Huauchinango Los mítines fueron mayores que en la campaña de 2006. El más conmovedor fue el de Huauchinango la tarde del sábado 24 de septiembre. La muchedumbre de serranos, criollos, mestizos, en su mayoría indígenas, llegaron a la plaza desde los pueblos y aldeas dispersos en la montaña. Muchos tuvieron que hacer un recorrido hasta de tres horas a pie para tener acceso a camiones que los llevaran a Huauchinango. Recuerdo sus rostros levantados y su mirada fija siguiendo palabra por palabra lo dicho por Andrés Manuel: un mensaje a la vez diagnóstico de una sociedad de decadencia y descripción de la vía para su recuperación. Es la llama misma de la esperanza cuyo brillo hace despertar a la gente. Estas concentraciones hacen contraste brutal con aquellas que usan el acarreo.

Veremos muchas en los próximos meses: políticos profesionales que desprecian a sus seguidores, los inducen a asistir y les pagan por ello. Los he visto: tienen la mirada perdida y un deseo ferviente de que aquello acabe y puedan regresar a sus casas. Son almas muertas. En los mítines de AMLO son almas vivas, corazones entusiastas, inteligencias despiertas. No toda la población ha despertado, pero ya son muchos, cientos de miles, millones los que están alertas.

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Sempra y los riesgos de la dependencia energética

La Comisión Reguladora de Energía de California (CPUC, por sus siglas en inglés) ordenó a la trasnacional Sempra Energy suspender la construcción de una línea de transmisión eléctrica entre San Diego y Caléxico por la omisión de la empresa de reportar a las autoridades ocho accidentes graves sufridos por los helicópteros que erigen las torres de conducción. El propósito de esa obra –calificada por la supervisora de San Diego Dianne Jacob de monstruosidad por las imprudencias y su flagrante desprecio por las reglas de seguridad vigentes– es distribuir fluido eléctrico generado en nuestro país.

La medida ocurre en el contexto de la investigación que lleva a cabo la propia CPUC tras el apagón registrado el pasado 8 de septiembre en la red operada por Sempra que afectó una extensa región de la frontera noroeste y que dejó sin energía eléctrica a millones de mexicanos en Tijuana, Ensenada, Tecate, Mexicali y San Luis Río Colorado. La autoridad analiza, asimismo, la pretensión del corporativo de incrementar sus tarifas en ambos lados de la frontera.

Cabe recordar que Sempra genera la electricidad en México, la exporta a Estados Unidos y de allí la renvía a nuestro país, tal como lo autorizó en su momento la Comisión Reguladora de Energía.

Al margen de que esa decisión resulte de constitucionalidad dudosa, por decir lo menos, es claro que la presencia de Sempra en México constituye una grave vulneración de la soberanía energética del país, en la medida en que sus determinaciones en materia de inversión, operación y comercialización quedan al margen del control del Estado.

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Servicio eléctrico: cómo mejorar servicio y tarifas

Antonio Gershenson

Hace unos años, Luz y Fuerza del Centro (LFC) veía serios problemas para el servicio de lo que se llama región central, la zona metropolitana de la ciudad de México y sus alrededores. Se estima que la energía generada en zonas cercanas (200 kilómetros a la redonda) es sólo una tercera parte de la demanda total. Los otros dos tercios vienen de áreas más lejanas, incluso de las hidroeléctricas del sureste, a más de 700 kilómetros.

Cabe recordar que LFC no instala centrales generadoras desde 1974, con la puesta en servicio de las plantas turbogás de Nonoalco, Lechería y Valle de México. Las plantas turbogás son, por decirlo así, de emergencia, no generan permanentemente la electricidad. Además, al estar a más de 2 mil metros de altura, hay muchas pérdidas por el gas, del orden de 30 por ciento. Y más pérdidas por el nitrógeno con que Pemex lo contamina: este gas no es combustible y no contribuye a la generación de energía.

LFC señalaba un riesgo permanente de colapso de voltaje en la zona. Y agregaba que la falta de generación cercana y el constante incremento de la demanda de energía eléctrica ha originado que el área de control central se encuentre operando de manera continua en estado de alerta. Esto señala problemas de orden general, además de los que hay en cada línea, en cada colonia, en cada área, etcétera.

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Contratos integrales de Pemex: crónica de un fraude a la Constitución

Alfonso Hickman Sandoval

Mal empezó el asunto, pues las fracciones de PAN, PRI y chuchistas del PRD convergieron en el cuarto oscuro para aprobar la reforma energética de 2008. Grave fue la vileza ocurrida en el Senado al desaparecer del texto final del dictamen las fracciones VII y VIII del artículo 61 de la Ley de Petróleos Mexicanos en las que se disponía: No se suscribirán contratos de exploración o producción que contemplen el otorgamiento de bloques o áreas exclusivas para un contratista y “No se suscribirán contratos donde se reúnan para un mismo contratista las actividades de exploración y producción en un campo determinado. Adicionalmente eliminaron del texto los párrafos Los contratos a que se refiere este artículo (61) podrán ser revisados por la Auditoría Superior de la Federación o por la Secretaría de la Función Pública, en los términos y conforme a los procedimientos previstos en las leyes aplicables y Los contratos a que se refiere este artículo podrán ser revisados por la Auditoría Superior de la Federación ante o por la Secretaría de la Función Pública, en los términos y conforme a los procedimientos previstos en las leyes aplicables.

El Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos fue objetado por la Cámara de Diputados mediante controversia constitucional 97/2009 porque en el artículo 62 se establece “el propósito de permitir que los contratistas tengan acceso y se beneficien de la renta petrolera que sólo le corresponde a la Nación, a través del establecimiento de criterios de remuneración económica asociados a los parámetros de la reserva incorporada o la recuperación de reservas de hidrocarburos, o a otros indicadores explícitos y cuantificables imperantes en la industria internacional del petróleo, como podría ser el valor de las ventas...”

En tanto la SCJN resolvía la citada controversia, el consejo de administración de Pemex acordó el primer modelo de contrato de servicios integrales para los campos maduros de Magallanes, Santuario y Carrizo, dejando reservada la información de los anexos. Graves rasgos de inconstitucionalidad e inconveniencia económica fueron señalados en memorándum al director de Pemex y en su voto razonado en contra por el consejero profesional Rogelio Gazca. Los otros consejeros profesionales y los del Sindicato votaron a favor, sin importarles que se viole la Constitución, se privatice la exploración y explotación, se transfiera parte de la renta petrolera y se propicie el despido de los trabajadores de Pemex.

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Gobierno por discurso

Calderón durante la inauguración de la Semana de la Transparencia.

Ernesto Villanueva

MÉXICO, D.F. (Proceso).- En días pasados, el 7 de septiembre, a propósito de la Semana de Transparencia que organizó el IFAI, el presidente Felipe Calderón faltó a su investidura presidencial al dejar de ajustar su conducta a lo previsto por la Constitución y las leyes, poniendo de plano de relieve su desprecio por el estado de derecho, la transparencia y la rendición de cuentas. Veamos por qué.

Primero. Con motivo de su intervención al inaugurar la Semana de Transparencia, Calderón no sólo dijo lo que quiso escuchar su auditorio, como hace la mayoría de los políticos, sino que afirmó: “He visto que hay, todavía, en fin, muchas decisiones que se toman y que se aplican, o se invocan casos de reserva; otras, incluso, que se litigan con el Instituto. Yo les quiero pedir una cosa: que no establezcan ni casos de reserva y menos litigios, a menos que verdaderamente haya un caso que lo justifique. En cuyo caso le voy a pedir al secretario de la Función Pública que sea la dependencia que autorice, finalmente, si una dependencia hace reservas o litigios. Así que, en otras palabras, les instruyo a todos los servidores públicos encargados de la transparencia que no apliquen reservas mecánicamente en los asuntos que dictaminen. Y que si van a litigar tienen que pedir una autorización expresa de las áreas de Función Pública o de Consejería –ya veremos– para no detener este proceso de información y transparencia”.

Todas estas palabras tienen la fuerza de un buen deseo. Pero carecen de toda validez jurídica por la sencilla razón de que no fueron vertidas conforme a lo dispuesto por el orden normativo vigente. Por fortuna para los mexicanos, el gobierno por discurso sólo es exigible en el cerebro de Calderón, aunque resulta muy lamentable que se aproveche de la ignorancia del pueblo para hacer creer lo contrario a lo que su desarrollo personal acredita.

Segundo. El presidente de la República sólo puede hacer lo que expresamente le confiere la Constitución, y en particular el artículo 89 y las leyes reglamentarias correspondientes. Conforme al 89 constitucional, el presidente tiene dos facultades reconocidas por la doctrina como reglamentarias: a) la expedición de reglamentos heterónomos; es decir, aquellos que desarrollan en detalle una ley expedida por el Congreso de la Unión, sin alterar ni modificar su sentido, y b) la expedición de reglamentos autónomos, que son aquellos conjuntos de normas jurídicas que desarrollan conductas sin que medie la aprobación de una ley en sentido formal.

Si en verdad no hubiese sido una tomadura de pelo lo que hizo Calderón, el presidente debió realizar al menos dos tareas: a) enviar ese día un proyecto de iniciativa de ley con reformas a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y al Código Penal Federal, que dotara de nuevas atribuciones al IFAI, limitara la actuación de los servidores públicos y restringiera los casos de clasificación informativa; y b) ordenar por escrito, con las formalidades que la ley exige, publicar en el Diario Oficial de la Federación un decreto que estableciera de manera detallada en qué casos sí y en qué casos no las dependencias y entidades de la administración pública federal pueden recurrir las resoluciones del IFAI, y en qué casos sólo se pueden aplicar las causales de reserva de manera limitativa; estableciendo, por supuesto, las sanciones para quienes observen una conducta contraria a la norma. No hizo ni lo primero ni lo segundo. Eso se llama simulación, demagogia para engañar a la gente con discursos que dicen exactamente lo contrario de lo que se hace.

Tercero. En el proceso de aprobación de la Ley Federal de Transparencia, Calderón era coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Fue, me consta, uno de los más reacios y fuertes opositores a que una ley de esta naturaleza se aprobara. Para bien del país, no tomaba las decisiones del país, y se vio obligado a obedecer los acuerdos con Santiago Creel y Eduardo Romero, quienes eran los más entusiastas en verdad con este tema dentro del gobierno foxista. Un video preparado hace tiempo por el Canal del Congreso de la Unión sobre la historia de la ley recupera una imagen de un Calderón enojado frente a un Jorge Islas feliz, junto con los diputados del PRI y del PRD, al anunciar los acuerdos para aprobar la ley citada.

Pero ahora, con esta gracejada presidencial del 7 de septiembre, ¿se imagina usted a un particular a quien se le ha reservado información, armado de una copia del discurso de Calderón para presentarlo ante la autoridad jurisdiccional competente con el fin de hacer valer su causa? Evidentemente que esto será inadmisible, pues dicho recurso no tiene ningún valor dentro de un proceso jurisdiccional.

evillanueva99@yahoo.com
Twitter: @evillanuevamx
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