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lunes, enero 16, 2012
martes, abril 05, 2011
Negligencia en la PGR podría alcanzar a Felipe Calderón
Al ahora extitular de la Procuraduría General de la República, Arturo Chávez Chávez, se le podrían fincar responsabilidades penales por dejar de abrir investigaciones de cada uno de los miles de homicidios vinculados con la delincuencia organizada, aseguran legisladores. Incluso, el propio titular del Poder Ejecutivo, Felipe Calderón, podría enfrentar juicio político y ser denunciado ante la Corte Penal Internacional, explican especialistas. Las decenas de miles de asesinatos cometidos con armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y relacionadas con delitos contra la salud, deberían ser investigadas de oficio –como establecen las leyes– por el Ministerio Público federal, algo que se dejó de hacer por negligencia e incapacidad.
La “guerra” de Felipe Calderón Hinojosa contra el narcotráfico había provocado la muerte de 34 mil 612 personas hasta diciembre de 2010. A la cifra oficial habrán de sumarse los más de 3 mil casos ocurridos en lo que va del año.
De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Procedimientos Penales, ninguno de los asesinatos puede dejar de investigarse, y para ello debe existir cooperación entre las autoridades locales y la Procuraduría General de la República (PGR), como Ministerio Público Federal.
Sin embargo, el órgano de procuración de justicia no ha tenido la capacidad de administrativa de hacer frente a las decenas de miles de asesinatos cometidos durante los más de cuatro años de gobierno de Felipe Calderón. De acuerdo con el legislador panista Felipe González González, presidente de la Comisión de Seguridad del Senado de la República, la PGR ha levantado averiguaciones previas de apenas el 7 por ciento de los casos (alrededor de 2 mil 600). El senador justifica la cifra, pues, considera, los demás casos deben ser abordados por las autoridades locales.
Sin embargo, legisladores de oposición y abogados consideran que por estas “omisiones” se le podrían fincar responsabilidades penales a los titulares de la Procuraduría durante lo que va del calderonismo: Eduardo Medina Mora y Arturo Chávez Chávez.
En junio de 2010, el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional y la PGR dieron, de manera conjunta, las cifras de muertos del combate contra el crimen organizado ocurridas hasta esa fecha. Los datos oscilaron entre los 28 mil y 31 mil.
Entonces, la PGR buscó “justificarse”. Argumentó que la “presunción” de que los homicidios están relacionados con el crimen organizado ?boletín 740/10? no basta para que intervenga en la investigación; tampoco, si se relacionan jurídicamente con delitos federales. Los artículos 73 constitucional y 10 del Código Federal de Procedimientos Penales establecen la facultad de la PGR para atraer los casos en los que existe un homicidio de personal diplomático, servidores públicos federales, policías o elementos de las Fuerzas Armadas; pero no es aplicable para el resto de la población, interpretó. “Cuando se trata de civiles inocentes, la facultad de investigación corresponde a las autoridades locales”, justifica el boletín de junio de 2010.
Sin embargo, el abogado Sergio Méndez Silva, integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), indica que sí correspondería a la PGR las investigaciones de los cerca de 35 mil ejecutados. Agrega que, de no integrarse las averiguaciones, los servidores públicos sí tienen responsabilidad administrativa, política, civil y penal, “incluyendo al propio presidente de la República”.
El legislador panista Santiago Creel Miranda, integrante de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, reconoce que cada caso debe evaluarse porque, “en algunos, no se actúa como lo marca la Constitución”.
Desde enero de 2011, en la página de la Presidencia de la República se presenta la Base de datos de estados y municipios sobre homicidios presuntamente relacionados a la delincuencia organizada, en la cual se cuantifica la muerte de 34 mil 612 personas (546 agresiones, 3 mil 153 enfrentamientos y 30 mil 913 ejecuciones).
Los estados que concentran el mayor número de homicidios son Chihuahua, con 10 mil 135; Sinaloa, 4 mil 387; Guerrero, 2 mil 739; Baja California, 2 mil 19; Durango, 1 mil 892; Michoacán, 1 mil 751; Estado de México, 1 mil 538; Tamaulipas, 1 mil 457; Sonora, 1 mil 258; y Jalisco, 1 mil 73.
Las estadísticas nacionales que proporciona la PGR en su página electrónica muestran que se iniciaron 514 mil 591 averiguaciones previas, entre 2007 y 2010, de las cuales 248 mil 367 son por delitos contra la salud (producción, transporte, tráfico, comercio, suministro, posesión, consumo y otros). No se detalla el número de casos por homicidios.
El artículo 4 de la Ley Orgánica de la PRG señala que a la Procuraduría le corresponde investigar y perseguir los delitos de orden federal, en la averiguación previa y ante los órganos jurisdiccionales. En el artículo 11, se indica que debe contar con unidades administrativas que atiendan las diferentes manifestaciones de la delincuencia organizada.
“El homicidio es un delito del fuero común. La primera responsable de hacer la investigación es la Procuraduría estatal; pero como tiene sus propios tiempos, va a depender de las características sociales o políticas de ese momento para que se ocupe de los casos o para que la PGR pueda atraerlos. El problema de los homicidios que estamos viendo producto de toda la violencia del narcotráfico es responsabilidad de las autoridades estatales, y en segunda instancia, sí de la Procuraduría federal”, expone Martín Gabriel Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en tiempos de paz, el Ejército sólo puede realizar actividades que tengan exacta conexión con la disciplina militar. No obstante, la Suprema Corte ha interpretado que es posible que el Ejército esté en las calles en circunstancias como las actuales.
“No existe la imparcialidad en el derecho, pues quienes interpretan las normas pueden llegar a concluir en función de sus intereses específicos y políticos. Hay impunidad absoluta. El Estado hace lo que le viene en gana: investiga sólo si quiere; no existe ningún tipo de control legal y queda en la impunidad la muerte de los civiles”, puntualiza Méndez Silva.
Al tratarse de delitos graves, corresponde a las autoridades ministeriales integrar las investigaciones de manera oficiosa y se toma en cuenta el contexto. Para el senador por el Partido de la Revolución Democrática René Arce Islas, secretario de la Comisión de Seguridad Pública, “habrá que ver si en algún momento los casos han sido archivados sin ninguna averiguación al respecto. Hay que ver si lo están tomando como una especie de estadística. Eso sí sería muy delicado porque va en contra de la posibilidad de que aquí se persiga el delito, y eso habla de la impunidad que existe en el país”.
Felipe González González, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Senado, calcula que el 93 por ciento de los homicidios es del fuero común. El legislador integrante de la bancada del Partido Acción Nacional se apresura a señalar que “el Estado mexicano no ha fallado”. Pero, reconoce, “han fallado leyes que no se cumplen”.
Agrega que la “guerra” contra el narcotráfico ha beneficiado también a los gobiernos de los estados. “La única estrategia que le funciona a los gobernadores es pedir Ejército y Policía Federal cuando se les aprieta con los criminales. Ése fue el acuerdo con el presidente”.
El priista Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, secretario de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, dice que no cuestiona que se haya decidido enfrentar al crimen organizado con la fuerza del Estado; pero sí, la manera en que se ha hecho.
Santiago Creel, integrante de la Comisión de Justicia del Senado de la República, indica que es necesario que tras la salida de Arturo Chávez Chávez de la PGR, “llegue un tipo que eche para fuera toda la escoria y meta personal nuevo para que funcione. No es el procurador el que falla, pero sí tiene que llegar un individuo que se dé cuenta de que no está caminando la Procuraduría”.
Antes de que presentara su renuncia, Contralínea solicitó entrevista con el entonces procurador Chávez Chávez a través de la Dirección General de Comunicación Social. Elisa Torres y Rocío Cabrera dijeron que, por cuestiones de “agenda”, quien daría la entrevista sería Ricardo Celso Nájera Herrera, titular del área. Sin embargo, hasta el cierre de edición, no hubo respuesta.
Juicio político, una opción
Para la diputada por el Partido de la Revolución Democrática Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, secretaria de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el Ejecutivo y a las instancias encargadas de la seguridad pública y nacional podrían enfrentar un juicio político por los muertos en “esta guerra absurda”.
“Al gobierno federal le ha faltado hacer un planteamiento integral de combate a la delincuencia organizada. No hay una estrategia; es un ataque con tintes políticos que sirvió para legitimar la estadía de Calderón en la Presidencia de la República. Pero como no se ha podido consolidar como un auténtico presidente de los mexicanos, ha tenido que utilizar al Ejército y a las Fuerzas Armadas para poder tener trato con los civiles.”
El título cuarto de la Constitución y el título segundo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establecen el procedimiento ante el Congreso de la Unión para iniciar un juicio político y la declaración de procedencia. Este proceso sólo podrá iniciarse durante el periodo en el que el funcionario desempeñe su cargo y un año después de que concluya. El presidente goza de inmunidad y sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común, pues se estima peligroso para la seguridad nacional el darle trato igualitario a quien representa el Estado nacional.
“Tendríamos que llevar al presidente de la República a un juicio político. Consideramos que habría que realizar la petición para que se le procese, pero por la composición de los grupos parlamentarios en el Congreso (237 diputados del Partido Revolucionario Institucional, 142 de Acción Nacional y 69 de la Revolución Democrática) no sería tan factible”, reconoce la legisladora Dolores de los Ángeles Nazares.
La perredista Teresa del Carmen Incháustegui Romero explica que el presidente de la República y su Procuraduría “se han metido en un gran lío” que podría derivar en una denuncia ante la Corte Penal Internacional.
La Corte Penal Internacional, organismo multilateral, se creó luego de la Segunda Guerra Mundial. Su función es enjuiciar el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y de guerra. El Estatuto Roma de 2002 establece responsabilidad penal a jefes de Estado, en forma individual, cuando se den violaciones graves a los derechos humanos. El fiscal de la Corte puede iniciar una investigación, siempre y cuando cuente con información previa y el testimonio de la víctima, su familia o una organización no gubernamental.
En el actual contexto de la “guerra” en México, suceden delitos que la Corte Penal Internacional investiga: asesinato, exterminio, traslado forzoso de población, privación de la libertad física, tortura, desaparición forzada. En los crímenes de guerra, cometidos en conflictos armados internacionales e internos, se anexa el dirigir ataques contra la sociedad civil y causar daños a personas indefensas.
“En circunstancias como las nuestras, existe una guerra por la vía de los hechos porque hay grupos claramente diferenciados (bandas del crimen organizado, el Ejército Mexicano y la Policía Federal) que están en conflicto. Eso implica que no solamente Calderón tendría responsabilidad penal por crímenes de guerra, sino también los jefes de los cárteles del narcotráfico, porque nadie puede atentar en contra de civiles. En realidad, existe una guerra civil en este país y el crimen organizado es una insurgencia que controla políticamente amplias zonas del territorio nacional. Eso es gravísimo e implicaría que los grupos contendientes sean juzgados”, señala Sergio Méndez.
Para el abogado de la CMDPDH, existen candados porque México acepta la competencia de la Corte Penal Internacional sólo en casos específicos. Quienes tienen el poder mundialmente y respaldan a Calderón en esta guerra ilícita, agrega, no admitirán una intervención judicial de este tipo porque no les conviene a sus intereses. Así, lo que se ha denominado “daños colaterales” no ha sido sometido a investigación federal y tampoco se han fincado responsabilidades.
ASF reprueba a la PGR
En la auditoría de desempeño realizada a la PGR por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el organismo fiscalizador de la Cuenta Pública encontró que de las 178 mil 409 averiguaciones previas levantadas durante 2009, apenas en el 21 por ciento (38 mil 724) se consignó un supuesto responsable
En la auditoría 09-0-17100-07-1086, se establece que “la ASF estimó que, de cada 10 casos, dos llegan a consignarse y uno recibe sentencia”.
“El proceso de investigación del delito es complicado. Los propios ministerios públicos se quejan porque tienen 48 horas para integrar una averiguación previa y eso es tiempo insuficiente; por eso, las figuras del arraigo para poder investigar. No todas las denuncias que se presentan por delito necesariamente proceden. Quien determina si se procede o no es el juez, no el Ministerio Público”, detalla el investigador Martín Barrón.
Según la Auditoría Superior, la Procuraduría no determinó el número de consignados y sentenciados; no evaluó la calidad en la integración de las averiguaciones previas ni la profesionalización de su personal. Tampoco dispuso de estrategias y metas para atender las “debilidades detectadas” en las visitas de supervisión y evaluación de las averiguaciones previas.
jueves, enero 20, 2011
Servicios privados de salud, negligencia y fraude
Víctimas de negligencias médicas y fraude en hospitales privados de México se encuentran en la indefensión. Aunque la salud es un derecho tutelado, en la estructura del gobierno federal no existe un órgano que supervise y verifique que se cumplan los protocolos médicos a cabalidad. Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no atiende las quejas de los usuarios de hospitales privados y la Comisión Nacional de Arbitraje Médico es “ineficiente”, asegura experto
A paso lento y ayudado por un par de bastones canadienses, Gustavo Vargas recorre las calles de San Andrés Cholula, Puebla. El hombre, de 62 años, habla con facilidad y fluidez de artoplastías, prótesis, cateterismos, infecciones, bacterias y medicamentos. Su léxico es el de un doctor experimentado. “Le hablo como médico porque me meto al internet”, aclara.
Gustavo, exempleado del Banco de Desarrollo Rural, perdió la rodilla derecha hace cinco años, víctima de negligencia médica en los servicios privados de salud del Hospital Betania, de la Fundación Tamiz Oropeza. Hoy, se enfrenta al sistema judicial para exigir que le sea reparado el daño.
En el país, ninguna dependencia pública o privada lleva registro de la ocurrencia de negligencias médicas en el sector privado. La Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) únicamente incluye en sus estadísticas los casos de personas que deciden quejarse ante el órgano.
Para el abogado Pedro Morales Aché, especialista en temas de salud y derechos humanos, no hay manera de conocer el número de negligencias médicas que ocurren en hospitales y clínicas privadas, debido a que no todas las personas que son víctimas de negligencia médica se quejan o demandan. Explica que hay pacientes que no se percatan de que fueron víctimas, pues desconocen la existencia de la negligencia médica.
Los pacientes están en total indefensión, agrega, pues la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tampoco atiende sus quejas. Al respecto, Gustavo Tafolla, adscrito a la Dirección General de Comunicación Social y Proyectos de la Comisión, asegura que ésta no tiene facultades “por tratarse de asuntos entre particulares”.
La Conamed recibe anualmente alrededor de 14 mil quejas, el 15 por ciento corresponde a los servicios privados de salud. Las especialidades más señaladas son odontología, ginecología y obstetricia y, en tercer sitio, ortopedia. Éstas conforman el 80 por ciento de los reportes.
Se estima que a la Comisión acuden aproximadamente 2 mil 400 personas al año para denunciar actos de negligencia o mala práctica en consultorios, hospitales, clínicas y laboratorios privados, de los cuales se atiende únicamente a 400, el 80 por ciento es resuelto mediante procesos conciliatorios y el 20 por ciento, en la etapa de arbitraje, donde se emiten apenas 50 laudos favorables a los pacientes tanto de instituciones públicas como de privadas.
Respecto del número de quejas que recibe la Conamed y el número tan bajo de casos que son atendidos, Francisco Hernández Torres, director general de Calidad e Informática de la dependencia, asegura que se debe a que la negligencia es una “percepción subjetiva de la gente”.
Sin embargo, para Morales Aché, la Conamed es una instancia parcial que en la práctica se dedica a desproteger a los pacientes y a encubrir hospitales y médicos.
Organización criminal
El abogado atribuye las acciones negligentes y las malas prácticas, tanto de médicos como de las empresas prestadoras de servicios de salud, a la falta de supervisión y al funcionamiento y organización de los hospitales privados. “Son grandes negocios que pretenden ser hoteles y no pueden ser caracterizados así, puesto que están sujetos a regulación sanitaria y al cumplimiento de requisitos”, señala Aché.
Explica el litigante que estas empresas obligan a los pacientes a firmar documentos donde aceptan que el hospital únicamente renta instalaciones (presta servicios hospitalarios) y, por tanto, responsabiliza al paciente de los servicios médicos al argumentar que son ellos quienes designan al médico que los atiende. Situación que es falsa porque quien elige a los médicos que ahí laboran son los propios hospitales privados.
Como institución, continúa Aché, tienen la obligación de supervisar a su personal, así que los tribunales civiles sí encuentran como responsables a los hospitales privados de lo que pasa dentro de sus instalaciones y de las acciones de sus médicos.
Además de las negligencias médicas, los servicios privados de salud llevan a cabo prácticas fraudulentas e ilegales en perjuicio del paciente. La dicotomía es una de ellas. Esta práctica consiste en el pago de comisiones o premios a los médicos en función de los ingresos que le generan al hospital a través de internamientos, operaciones y estudios.
Otra práctica indebida, dice Morales Aché, es la realización de estudios, cirugías y demás procedimientos innecesarios. Cuando un médico ordena estudios que no están justificados, se considera que se está cometiendo un fraude. “Cada médico hace lo que quiere al interior de los hospitales privados. Si el paciente no requiere operación, basta con que su médico lo indique y nadie revisa si la decisión es correcta o no”.
Aduce también que en aras de ahorrar dinero, los hospitales privados contratan a personal de enfermería y paramédicos que no está debidamente capacitado y funciona de manera muy deficiente.
A decir de Morales Aché, todos los hospitales y clínicas cometen negligencias y malas prácticas; sin embargo, el abogado señala que se debe poner especial cuidado en los hospitales de lujo.
La Conamed negó a Contralínea los nombres de los consultorios, clínicas y hospitales privados con más quejas por negligencia o mala práctica médica. Esos datos “son confidenciales”, arguye Hernández Torres.
Gustavo Vargas no está de acuerdo. Él busca dar a conocer el nombre del médico que le causó daños físicos, sicológicos y patrimoniales irreversibles: “No podemos permitir que sigan ocurriendo negligencias; somos seres humanos”, asevera.
El Hospital Betania, de la Fundación Tamariz Oropeza, donde el ortopedista Alfonso Pedraza Aguilera le colocó una prótesis de titanio en la rodilla, es un hospital doblemente certificado por el Consejo de Salubridad General de la Secretaría de Salud, cuyo presidente es José Ángel Córdova Villalobos.
Los servicios médicos que recibió Gustavo Vargas fueron contratados por el Fideicomiso del Fondo de Pensiones del Sistema del Banco de Desarrollo Rural. La cirugía se llevó a cabo luego de que le diagnosticaran bloqueo de rodilla por una caída. El médico olvidó retirar un drenovac, motivo por el cual Vargas sufrió una infección posquirúrgica. Luego de 15 intervenciones, finalmente le retiraron la rótula y fijaron la tibia con el fémur, lo que ocasionó una reducción de alrededor de 4 centímetros a la pierna derecha y la pérdida de su función.
Gustavo Vargas vendió su casa para costear la denuncia penal que interpuso en contra de Alfonso Pedraza por responsabilidad médica y lesiones: “Dicen que los bienes sirven para resolver los males”, expresa con ironía.
Gobierno irresponsable
De acuerdo con el abogado Pedro Morales, el gobierno incumple su obligación de regular adecuadamente a los hospitales, pues las autoridades sanitarias no vigilan las prácticas hospitalarias.
Leer articulo completo AQUI.
miércoles, junio 09, 2010
BP And Halliburton Try To Buy Off Government Officials Investigating Spill
Facing possible jail time for their roles in the largest oil spill in American history, BP and Halliburton are building high-powered legal teams with “deep Department of Justice and White House ties.” But the companies are pursuing other means to defend themselves as well.
Halliburton’s campaign donations have spiked as it tries to curry favor with key members of Congress investigating the disaster. The company donated $17,000 in May, making it “the busiest donation month for Halliburton’s PAC since September 2008,” Politico reports. Thirteen of the 14 contributions from May went to Republicans, while seven went to members of Congress who are “on committees withoversight of the oil spill and its aftermath”:
About one week before executive Timothy Probert appeared before the House Energy and Commerce’s investigative subcommittee, Halliburton donated $1,500 to Ranking Republican Joe Barton’s reelection effort. It was Halliburton’s second-largest donation of the month — topped only by $2,500 to former Rep. Pat Toomey (R-Pa.), who is running for the Senate.
In the Senate, Idaho Republican Mike Crapo, who serves on the Environment and Public Works Committee, Georgia Republican Johnny Isakson, who serves on the Commerce Committee and North Carolina Republican Richard Burr (N.C.), who serves on the Energy and Natural Resources Committee, all got $1,000. Sen. Chuck Grassley (R-Iowa) also got $1,000.
Meanwhile, a Hill analysis found that primarily during the Bush administration, BP and other oil companies “paid for dozens of trips and meals for officials” from the Department of Interior, the Environmental Protection Agency (EPA), and the Department of Homeland Security — agencies deeply involved in the regulation of oil exploration and spill cleanup. BP had the “highest tab for gifts to government officials” of all oil and gas companies:
BP and its affiliates — BP America and BP Exploration — show up in the gift reports at least 16 different times, paying for meals as well as for oil and gas industry seminars and tours of oil facilities. The cost of the gifts totaled more than $7,200.
Only two industry-funded trips took place during the first nine months of President Obama’s administration. In 2004, BP paid for a group of Interior officials to visit an offshore rig in the Gulf of Mexico. The group included then-deputy secretary J. Steven Griles, wholater went to prison for his role in Jack Abramoff scandal. In 2005, BP paid for travel and meals for then-Interior Secretary Gale Norton and then-Minerals Management Service (MMS) Director Johnnie Burton to attended the dedication ceremony of another offshore rig in the Gulf. BP also paid for officials from the EPA and the Fish and Wildlife Service to visit Prudhoe Bay, Alaska over a period of several years. A recent Interior Inspector General report covering 2005 to 2007 found a “culture of lax oversight and cozy ties to industry.” Since January of 2008, BP lobbyists have spent $30 million to influence legislation, according to the Center for Responsive Politics.
Some coastal governors have benefited from BP as well. BP and other oil companies gave Mississippi Gov. Haley Barbour (R) $1.8 million dollars for his campaign, and since the spill, he’s been aggressively downplaying the disaster and encouraging people to visit his state’s oily beaches. Virginia Gov. Bob McDonnell (R) traveled to a BP-funded conference in Houston last month “to lobby aggressively to drill for oil and natural gas without delay.” Meanwhile, Texas Gov. Rick Perry (R) dismissed potential BP negligence by calling the spill an “act of God” at a trade association funded by BP in May.
jueves, mayo 27, 2010
Los desaparecidos no célebres
Las familias de quienes han desaparecido en Coahuila a manos del narco o de los militares no pueden darse el lujo de callar. A falta de simpatías en las televisoras y sin parientes senadores, con pancartas y a gritos denuncian esos delitos, así como la negligencia de las autoridades estatales y federales. Incluso se manifestaron frente al Palacio Nacional, pero en la cartografía panista éste queda muy lejos de Los Pinos.
MÉXICO, D.F., 27 de mayo (Proceso).- El jueves 13 de mayo, afuera del Palacio Nacional, se volvió a escuchar el grito desesperado: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”. Esta vez no fue lanzado por Las Doñas del Comité Eureka de desaparecidos políticos, que desde los años setenta buscan a sus hijos; esta exigencia la hicieron familias de 35 varones desaparecidos a partir de 2008 en el estado de Coahuila, para exigir al presidente Felipe Calderón que investigue su paradero.
El desaparecido más joven tiene nueve años: Brandon Esteban Acosta Herrera, quien acompañaba a su papá a dejar a sus dos tíos en el aeropuerto, porque ellos viven en Los Ángeles, y un comando armado les cerró el paso y se los llevó. Desde el 29 de agosto del año pasado se desconoce su paradero.
“Hace ocho meses no sabemos nada, no han aparecido, no han mandado un recado ni una nota, y por eso queremos que por piedad, si alguien sabe algo, que nos diga. En ninguno de los casos hay avances, siempre nos piden que nosotros investiguemos”, dijo Lourdes Herrera, la mamá de Brandon Esteban, quien cargaba una manta que mostraba la foto de los cuatro. A un lado iban sus cuñadas llegadas de la ciudad de Los Ángeles. “Te lo ruego, ayúdanos a encontrarlos”, se leía en sus mantas.
Las familias que marcharon a Palacio Nacional llegaron de los estados de México, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Tamaulipas; de Los Ángeles, California, y de los municipios coahuilenses de Parras de la Fuente, Saltillo, Torreón y Matamoros.
En la mayoría de los casos no se tienen pistas de quién los desapareció y, al menos en dos, hay indicios de que fueron integrantes del Ejército.
“Únete pueblo a mi dolor, hoy por mí mañana por ti. Calderón ya basta con el caso Cabañas o Paulette, ponte a trabajar con la gente que desapareció en Coahuila”, se leía en una manta fosforescente que llevaba un chofer de Ecatepec, cuyo hijo, Víctor Abraham Nava Calzonzin, desapareció en Piedras Negras el 21 de marzo, con otros 11 compañeros.
“Todos tenemos el mismo dolor. Hemos pedido apoyo a la PGR, a la SIEDO, a los gobiernos del Estado de México y de Coahuila, a TV Azteca y a Televisa, y nos traen a puras vueltas. No fuera alguien importante porque ya estuvieran buscándolo”, se quejó el hombre.
En la lista de desaparecidos mexiquenses están, además de Víctor Abraham, Vicente Rojo Martínez, Jaime Ramírez Leyva, José Juan Pacheco Suárez, Marco Antonio Ocampo Martínez, Erik Fernando Pardevell Pérez, Pedro Cortés Guzmán, Gersaín Cardona Martínez, Roberto Oropeza Villa, Víctor Ríos Tapia, Lorenzo Campos Rodríguez y Juan Garduño Martínez, quienes trabajaban en la empresa Atlanta Duramex. Salieron de Sabinas hacia Piedras Negras a bordo de dos camionetas y nunca se encontró rastro de ellos ni de los vehículos.
En otra cartulina se leía: “Soy Brayan tengo 12 años, Eric tengo 10 años, Joseph de 8 años, y estamos sufriendo por mi papá. Debuélvanoslo por lo que más quiera. Gracias Calderón”. La porta Nancy Lorena Morales Rojas, esposa de Vicente Rojo, quien dice que tras la desaparición de su esposo tiene que dejar a sus hijos solos cada vez que consigue trabajos temporales o cuando sale a buscar empleo. Sus hijos también han resentido la ausencia de su papá, están deprimidos, bajaron de calificaciones, se volvieron agresivos.
“Él era nuestro sustento, no tenemos quién nos apoye”, dijo la joven, que consiguió un trabajo temporal en una gasolinera.
Responsabilidad del Estado
Blanca Martínez, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios de la diócesis de Saltillo, señaló que la desaparición es una práctica “sistemática, recurrente, y que la cantidad de casos, el patrón de violencia, el modo de cómo operan, sí habla de una seria limitación de gobierno que por acción y omisión lo permite y, en el caso de que las autoridades de Coahuila sigan permitiendo las desapariciones, se convierten en violadores de derechos humanos”.
Explicó que en todos los casos se han presentado denuncias ante las autoridades encargadas de la procuración de justicia a nivel federal y estatal, se solicitó la intervención de las comisiones nacional y estatal de los derechos humanos, pero en todos lados les dicen lo mismo: “no es nuestra competencia”, “vuelvan a darnos toda la información”, “vuelvan a presentar sus declaraciones”, “busquen más información”.
“Dada la cantidad de desaparecidos y el poco tiempo en que se incrementó este delito, nosotros fincamos responsabilidades al Estado, porque es su responsabilidad hacer la procuración de justicia, la investigación, y no lo hace. Hay una clara responsabilidad por no garantizar la seguridad ni tomar en cuenta a las familias”, dijo en la plancha del Zócalo.
Otros desaparecidos son los veterinarios Isaías Uribe Hernández y Juan Pablo Alvarado Oliveros, en Torreón, que el 5 de junio de 2009 por la noche salieron a un Oxxo del fraccionamiento Ciudad Nazas y se toparon con un operativo militar. Sólo fue hallada su camioneta con orificios de bala y sangre (Proceso 1699).
“Ya pasó un año y todo está igual. El Ejército atrajo la investigación pero no han avanzado, me mandó citar el Ministerio Público Militar a Durango, a mí y a mi suegro. No han mandado llamar a ninguno de los testigos. La investigación también se lleva en la Dirección Estatal del Crimen y el Secuestro, pero ni siquiera me han llamado ni a comparecer y me dijeron lo mismo de siempre, que no hay nada. Y en la CNDH me dijeron que no ha habido nada”, dijo Claudia Soto, la esposa de Isaías, quien quedó como jefa de familia y a cargo de dos niños.
Desde 2009 la diócesis de Saltillo, encabezada por el obispo Raúl Vera, comenzó a recibir reportes de desapariciones y en diciembre convocó a las familias de víctimas. Desde entonces brinda apoyo al grupo que ya se organizó para exigir que se abran investigaciones a fin de conocer el paradero de sus familiares desaparecidos.
Este grupo es el primero que llega al Distrito Federal a denunciar el problema nacional de las desapariciones. En ciudades como Tijuana, las familias de los desaparecidos recientes marchan cada viernes exigiendo justicia.
Entre los desaparecidos en Coahuila el año pasado se encuentran los parientes Antonio Verástegui González y Antonio de Jesús Verástegui Escobedo, que fueron vistos por última vez el 24 de enero en Parras de la Fuente.
El 22 de abril, en Nava, fueron Agustín Alberto Núñez Magaña, Sergio Cárdenas Córdova y José Flores Rodríguez, quienes son originarios de La Barca, Jalisco, y trabajaban vendiendo joyas en la región Monclova-Piedras Negras. Sólo se sabe que salieron del hotel Don Alberto, donde durmieron el día anterior, y que en el camino se toparon con un retén militar donde dieron cuenta de la valiosa mercancía que llevaban.
El campesino Joel Cárdenas Bracamontes, papá de Sergio, cargaba una manta con la foto de su hijo. Explicó: “Los muchachos fueron a trabajar y desaparecieron. Nadie vio nada, nadie sabe nada. Su ruta era de Saltillo a Piedras Negras y yo pienso que los tiene la policía o un cliente, porque llevaban todavía tres kilos de oro y como 1 millón de pesos de lo que ya habían vendido. El Ejército los revisó al pasar de Nava y los dejó libres porque traían documentos que respaldaban la mercancía. Ya después no supimos”.
El 4 de julio tocó el turno al comerciante Daniel Durán Espinoza, quien esa mañana se dirigía al mercado La Pulga de San Joaquín, en Piedras Negras, con dos cajas de 20 kilos de ropa que su papá le había enviado de Reynosa, quien desapareció con todo y su Neón rojo 2004.
El 29 de agosto fue el pequeño Brandon Esteban Acosta Herrera, su papá y sus tíos.
De 2008, la diócesis tiene registrado a Javier Burciaga Vázquez y José Francisco Juárez Adriano, en Matamoros, y en la ciudad de Torreón a Armando Salas Ramírez, Pedro Ramírez Ortiz, Gerardo Villasana Hernández, Luis Burciaga Ramos y Dan Jeremeel Fernández Morán. Este último, ejecutivo de una afore y desaparecido por militares.
La mamá de Dan Jeremeel, la contadora Yolanda Morán Isais, explicó en el Zócalo que su hijo fue secuestrado hace casi año y medio por un militar del área de inteligencia adscrito a la XI Zona Militar de Coahuila, quien confesó su delito y dio los nombres de sus cómplices –dos militares y un desertor del Ejército–, pero ni así pudo recuperar a su hijo.
“Cuando lo pasaron a él y a otros tres detenidos del arraigo al Cereso de Torreón, en ese momento entró un comando de encapuchados que los mataron y liberaron a nueve narcos. Incluso vine a hablar con el general José Luis Chávez García, el procurador de Justicia Militar, y me dijo que estaba enterado y me prometió que lo iban a encontrar, porque si alguien puede encontrar a un militar son los militares, pero cuando lo volví a llamar no contestó nunca mis llamadas”, dijo.
La contadora llevaba unas mantas largas con la foto de Dan Jereemel, seguida de la frase: “¿Dónde está mi hijo? Por favor, ayúdenme a encontrarlo, se lo suplico”, dijo que sabe que 100 personas han desaparecido en la Comarca Lagunera porque seguido recibe llamadas de familiares desesperados que le preguntan dónde pueden poner su denuncia.
“Allá son muchísimos desaparecidos, son muchos, pero la gente tiene miedo de denunciar porque están amenazados por los mismos narcos. De La Laguna nadie dice nada, nadie publica nada, sabemos que la Policía Municipal está coludida con los mafiosos y que renunciaron a cerca de 400 policías. Pero allá no hay un solo policía federal porque a todos los traen en Juárez y a nosotros nos dejaron solos”, lamentó.
En Palacio Nacional, al grupo lo recibió un funcionario que les tomó su recado y los envió a la Secretaría de Gobernación. Al día siguiente los recibió Alberto Brunori, el representante en México de las Oficinas del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y emprendieron una peregrinación a la Basílica de Guadalupe para pedir que aparezcan los suyos.
MÉXICO, D.F., 27 de mayo (Proceso).- El jueves 13 de mayo, afuera del Palacio Nacional, se volvió a escuchar el grito desesperado: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”. Esta vez no fue lanzado por Las Doñas del Comité Eureka de desaparecidos políticos, que desde los años setenta buscan a sus hijos; esta exigencia la hicieron familias de 35 varones desaparecidos a partir de 2008 en el estado de Coahuila, para exigir al presidente Felipe Calderón que investigue su paradero.
El desaparecido más joven tiene nueve años: Brandon Esteban Acosta Herrera, quien acompañaba a su papá a dejar a sus dos tíos en el aeropuerto, porque ellos viven en Los Ángeles, y un comando armado les cerró el paso y se los llevó. Desde el 29 de agosto del año pasado se desconoce su paradero.
“Hace ocho meses no sabemos nada, no han aparecido, no han mandado un recado ni una nota, y por eso queremos que por piedad, si alguien sabe algo, que nos diga. En ninguno de los casos hay avances, siempre nos piden que nosotros investiguemos”, dijo Lourdes Herrera, la mamá de Brandon Esteban, quien cargaba una manta que mostraba la foto de los cuatro. A un lado iban sus cuñadas llegadas de la ciudad de Los Ángeles. “Te lo ruego, ayúdanos a encontrarlos”, se leía en sus mantas.
Las familias que marcharon a Palacio Nacional llegaron de los estados de México, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Tamaulipas; de Los Ángeles, California, y de los municipios coahuilenses de Parras de la Fuente, Saltillo, Torreón y Matamoros.
En la mayoría de los casos no se tienen pistas de quién los desapareció y, al menos en dos, hay indicios de que fueron integrantes del Ejército.
“Únete pueblo a mi dolor, hoy por mí mañana por ti. Calderón ya basta con el caso Cabañas o Paulette, ponte a trabajar con la gente que desapareció en Coahuila”, se leía en una manta fosforescente que llevaba un chofer de Ecatepec, cuyo hijo, Víctor Abraham Nava Calzonzin, desapareció en Piedras Negras el 21 de marzo, con otros 11 compañeros.
“Todos tenemos el mismo dolor. Hemos pedido apoyo a la PGR, a la SIEDO, a los gobiernos del Estado de México y de Coahuila, a TV Azteca y a Televisa, y nos traen a puras vueltas. No fuera alguien importante porque ya estuvieran buscándolo”, se quejó el hombre.
En la lista de desaparecidos mexiquenses están, además de Víctor Abraham, Vicente Rojo Martínez, Jaime Ramírez Leyva, José Juan Pacheco Suárez, Marco Antonio Ocampo Martínez, Erik Fernando Pardevell Pérez, Pedro Cortés Guzmán, Gersaín Cardona Martínez, Roberto Oropeza Villa, Víctor Ríos Tapia, Lorenzo Campos Rodríguez y Juan Garduño Martínez, quienes trabajaban en la empresa Atlanta Duramex. Salieron de Sabinas hacia Piedras Negras a bordo de dos camionetas y nunca se encontró rastro de ellos ni de los vehículos.
En otra cartulina se leía: “Soy Brayan tengo 12 años, Eric tengo 10 años, Joseph de 8 años, y estamos sufriendo por mi papá. Debuélvanoslo por lo que más quiera. Gracias Calderón”. La porta Nancy Lorena Morales Rojas, esposa de Vicente Rojo, quien dice que tras la desaparición de su esposo tiene que dejar a sus hijos solos cada vez que consigue trabajos temporales o cuando sale a buscar empleo. Sus hijos también han resentido la ausencia de su papá, están deprimidos, bajaron de calificaciones, se volvieron agresivos.
“Él era nuestro sustento, no tenemos quién nos apoye”, dijo la joven, que consiguió un trabajo temporal en una gasolinera.
Responsabilidad del Estado
Blanca Martínez, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios de la diócesis de Saltillo, señaló que la desaparición es una práctica “sistemática, recurrente, y que la cantidad de casos, el patrón de violencia, el modo de cómo operan, sí habla de una seria limitación de gobierno que por acción y omisión lo permite y, en el caso de que las autoridades de Coahuila sigan permitiendo las desapariciones, se convierten en violadores de derechos humanos”.
Explicó que en todos los casos se han presentado denuncias ante las autoridades encargadas de la procuración de justicia a nivel federal y estatal, se solicitó la intervención de las comisiones nacional y estatal de los derechos humanos, pero en todos lados les dicen lo mismo: “no es nuestra competencia”, “vuelvan a darnos toda la información”, “vuelvan a presentar sus declaraciones”, “busquen más información”.
“Dada la cantidad de desaparecidos y el poco tiempo en que se incrementó este delito, nosotros fincamos responsabilidades al Estado, porque es su responsabilidad hacer la procuración de justicia, la investigación, y no lo hace. Hay una clara responsabilidad por no garantizar la seguridad ni tomar en cuenta a las familias”, dijo en la plancha del Zócalo.
Otros desaparecidos son los veterinarios Isaías Uribe Hernández y Juan Pablo Alvarado Oliveros, en Torreón, que el 5 de junio de 2009 por la noche salieron a un Oxxo del fraccionamiento Ciudad Nazas y se toparon con un operativo militar. Sólo fue hallada su camioneta con orificios de bala y sangre (Proceso 1699).
“Ya pasó un año y todo está igual. El Ejército atrajo la investigación pero no han avanzado, me mandó citar el Ministerio Público Militar a Durango, a mí y a mi suegro. No han mandado llamar a ninguno de los testigos. La investigación también se lleva en la Dirección Estatal del Crimen y el Secuestro, pero ni siquiera me han llamado ni a comparecer y me dijeron lo mismo de siempre, que no hay nada. Y en la CNDH me dijeron que no ha habido nada”, dijo Claudia Soto, la esposa de Isaías, quien quedó como jefa de familia y a cargo de dos niños.
Desde 2009 la diócesis de Saltillo, encabezada por el obispo Raúl Vera, comenzó a recibir reportes de desapariciones y en diciembre convocó a las familias de víctimas. Desde entonces brinda apoyo al grupo que ya se organizó para exigir que se abran investigaciones a fin de conocer el paradero de sus familiares desaparecidos.
Este grupo es el primero que llega al Distrito Federal a denunciar el problema nacional de las desapariciones. En ciudades como Tijuana, las familias de los desaparecidos recientes marchan cada viernes exigiendo justicia.
Entre los desaparecidos en Coahuila el año pasado se encuentran los parientes Antonio Verástegui González y Antonio de Jesús Verástegui Escobedo, que fueron vistos por última vez el 24 de enero en Parras de la Fuente.
El 22 de abril, en Nava, fueron Agustín Alberto Núñez Magaña, Sergio Cárdenas Córdova y José Flores Rodríguez, quienes son originarios de La Barca, Jalisco, y trabajaban vendiendo joyas en la región Monclova-Piedras Negras. Sólo se sabe que salieron del hotel Don Alberto, donde durmieron el día anterior, y que en el camino se toparon con un retén militar donde dieron cuenta de la valiosa mercancía que llevaban.
El campesino Joel Cárdenas Bracamontes, papá de Sergio, cargaba una manta con la foto de su hijo. Explicó: “Los muchachos fueron a trabajar y desaparecieron. Nadie vio nada, nadie sabe nada. Su ruta era de Saltillo a Piedras Negras y yo pienso que los tiene la policía o un cliente, porque llevaban todavía tres kilos de oro y como 1 millón de pesos de lo que ya habían vendido. El Ejército los revisó al pasar de Nava y los dejó libres porque traían documentos que respaldaban la mercancía. Ya después no supimos”.
El 4 de julio tocó el turno al comerciante Daniel Durán Espinoza, quien esa mañana se dirigía al mercado La Pulga de San Joaquín, en Piedras Negras, con dos cajas de 20 kilos de ropa que su papá le había enviado de Reynosa, quien desapareció con todo y su Neón rojo 2004.
El 29 de agosto fue el pequeño Brandon Esteban Acosta Herrera, su papá y sus tíos.
De 2008, la diócesis tiene registrado a Javier Burciaga Vázquez y José Francisco Juárez Adriano, en Matamoros, y en la ciudad de Torreón a Armando Salas Ramírez, Pedro Ramírez Ortiz, Gerardo Villasana Hernández, Luis Burciaga Ramos y Dan Jeremeel Fernández Morán. Este último, ejecutivo de una afore y desaparecido por militares.
La mamá de Dan Jeremeel, la contadora Yolanda Morán Isais, explicó en el Zócalo que su hijo fue secuestrado hace casi año y medio por un militar del área de inteligencia adscrito a la XI Zona Militar de Coahuila, quien confesó su delito y dio los nombres de sus cómplices –dos militares y un desertor del Ejército–, pero ni así pudo recuperar a su hijo.
“Cuando lo pasaron a él y a otros tres detenidos del arraigo al Cereso de Torreón, en ese momento entró un comando de encapuchados que los mataron y liberaron a nueve narcos. Incluso vine a hablar con el general José Luis Chávez García, el procurador de Justicia Militar, y me dijo que estaba enterado y me prometió que lo iban a encontrar, porque si alguien puede encontrar a un militar son los militares, pero cuando lo volví a llamar no contestó nunca mis llamadas”, dijo.
La contadora llevaba unas mantas largas con la foto de Dan Jereemel, seguida de la frase: “¿Dónde está mi hijo? Por favor, ayúdenme a encontrarlo, se lo suplico”, dijo que sabe que 100 personas han desaparecido en la Comarca Lagunera porque seguido recibe llamadas de familiares desesperados que le preguntan dónde pueden poner su denuncia.
“Allá son muchísimos desaparecidos, son muchos, pero la gente tiene miedo de denunciar porque están amenazados por los mismos narcos. De La Laguna nadie dice nada, nadie publica nada, sabemos que la Policía Municipal está coludida con los mafiosos y que renunciaron a cerca de 400 policías. Pero allá no hay un solo policía federal porque a todos los traen en Juárez y a nosotros nos dejaron solos”, lamentó.
En Palacio Nacional, al grupo lo recibió un funcionario que les tomó su recado y los envió a la Secretaría de Gobernación. Al día siguiente los recibió Alberto Brunori, el representante en México de las Oficinas del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y emprendieron una peregrinación a la Basílica de Guadalupe para pedir que aparezcan los suyos.
lunes, mayo 10, 2010
lunes, enero 18, 2010
Ramírez Soberón, contrataciones irregulares en ductos
La Secretaría de la Función Pública detectó que Pemex Gas y Petroquímica Básica violó las leyes de Obras Públicas y de Responsabilidades de los Servidores Públicos para favorecer a la trasnacional Tuboscope con contratos para el mantenimiento de ductos. Al consorcio de origen estadunidense se le contrató, aunque en tres ocasiones la SFP observó que no cumplía los requisitos para los trabajos del área considerada de seguridad nacional.
El pasado 4 de enero, el presidente Felipe Calderón destituyó al director general de Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB), Roberto Ramírez Soberón, para colocar en el cargo al subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía (Sener), Jordy Herrera Flores, uno de sus hombres de confianza desde sus días en Banobras y exsecretario particular en la Sener. Ramírez Soberón dejó en PGPB una administración de claroscuros, caracterizada por irregulares beneficios a corporativos nacionales y extranjeros, algunos de ellos documentados en la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Su estancia en PGPB estuvo marcada por la tendencia a tercerizar la operación de la subsidiaria –desde el procesamiento del gas natural y sus líquidos, su transporte, almacenamiento y hasta la comercialización–, lo que además de incrementar los costos, ha generado una estructura paralela en diversas áreas, con la duplicidad de funciones y gasto. Pero en su afán por asignarle a compañías privadas el manejo operativo de Pemex Gas, la administración de Roberto Ramírez Soberón entregó los trabajos relativos a los gasoductos, considerados áreas de seguridad nacional, a empresas que, según la SFP, no acreditaron su capacidad para los trabajos encomendados.
Uno de estos casos es el de la compañía Tuboscope México, SA de CV, filial del corporativo Tuboscope Vetco International Inc, a la que se le asignó un contrato por 116 millones 263 mil pesos para el mantenimiento predictivo y correctivo en tres importantes gasoductos: DN Reynosa-Chihuahua, DN Estación Los Ramones y Cactus-Misterio, aun cuando en el proceso de licitación se acreditó que no tenía capacidad técnica.
Después de que se le otorgó el contrato, en tres ocasiones, en un lapso de dos años, la SFP le ordenó a PGPB rescindirlo y reponer la licitación, las mismas que los funcionarios encabezados por Ramírez Soberón se obstinaron en que Tuboscope tuviera ese contrato, aunque, según reconocieron ante la SFP, “nunca cumplió los requisitos de la licitación”. La secretaría concluyó que PGPB violó la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma (LOPSRM) y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP).
Una asignación sospechosa
Encargado del despacho de la Dirección General de PGPB desde abril de 2005, una de las primeras licitaciones que emitió Roberto Ramírez Soberón (en agosto) fue la 18577002-009-05 PGPB-GRM-029-IT/2005, para el “mantenimiento predictivo y correctivo para la integridad de los gasoductos de 24 pulgadas DN Reynosa-Chihuahua, 36 pulgadas DN Estación 19, Los Ramones y Cactus-El Misterio”, ubicados en los estados de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chiapas y Tabasco; un tramo sustancial del Sistema Nacional de Gasoductos.
Las bases de la licitación estipulaban que para concursar, las compañías deberían “cumplir el requerimiento de experiencia o capacidad técnica demostrada mediante la documentación que compruebe su experiencia en trabajos similares en magnitud y naturaleza”, y que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes podría ser negociada.
Los actos de juntas de aclaraciones y respuestas, y la presentación y apertura de propuestas (técnicas y económicas) se efectuaron en una oficina ubicada en la planta baja del edificio B-1, en Marina Nacional, sede de PGPB.
La subsidiaria le asignó el contrato a Tuboscope, aunque su propuesta económica era la más cara: 8 por ciento más que el resto de las propuestas. Pasados unos meses, la SFP abrió el expediente 646/2005 para revisar el contrato ante el indicio de supuestas irregularidades en el proceso de licitación.
En marzo de 2006, Función Pública determinó que Tuboscope no cumplía con la capacidad técnica para el contrato, lo cual implicaba un riesgo para la subsidiaria dado que se trata de trabajos en sistemas de seguridad nacional. Comprobó también que su propuesta económica tampoco fue acorde a la licitación: SFP detectó que la compañía encareció el precio con el aval de PGPB, mediante la ficticia duplicación de personal y con la indebida cotización en dólares de los conceptos que pagaba en pesos, entre otras irregularidades. Por ello determinó que la asignación fue ilegal.
Tras detallar las supuestas violaciones a la ley por parte de los funcionarios de PGPB, les ordenó anular la licitación y el contrato correspondiente. El 16 de marzo, la subsidiaria levantó el acta de reposición de fallo del procedimiento de contratación. Aunque la SFP había ordenado al Órgano Interno de Control (OIC) especial atención en el procedimiento, dadas las irregularidades la contratación original, PGPB llevó adelante el nuevo proceso, prácticamente de forma exprés y sin la presencia de representante alguno de la contraloría.
El 7 de abril, sin que estuvieran presentes los representantes de la SFP ni del OIC, como marca la ley, Pemex Gas anunció el nuevo fallo otra vez a favor de Tuboscope. El contrato se firmaría el día 28, bajo el número PGPB-SD-GRM-0004/2006.
Cuando revisó el proceso de adjudicación, la SFP observó que en la propuesta de Tuboscope persistían las mismas irregularidades detectadas desde la primera licitación. Amén del incumplimiento técnico, en la parte económica cotizaba personal duplicado, por ejemplo, en el caso del gerente general del contrato cobraba el salario de dos gerentes que harían el mismo trabajo, y con honorarios tasados en dólares, aunque en realidad los pagaría en pesos. En general, advirtió SFP, Tuboscope cotizaba en dólares lo que pagaba en moneda nacional (a más bajo precio), desde los sueldos hasta los gastos menores de operación como la papelería, teléfono, correo, luz y gas.
En junio, mediante el oficio DGI/312/267/2006, la SFP determinó que por segunda ocasión, los funcionarios de PGPB actuaron en contravención a las leyes (LOPSRM y LFRSP), al otorgarle el contrato a la empresa que no cumplía los requisitos de la licitación, aunado a que PGPB tampoco acreditó la razón de su fallo. Por ello ordenó a la subsidiaria reponer otra vez el proceso y contratar a una empresa con la capacidad técnica y económica para dichos trabajos. Además instruyó al OIC fincar el procedimiento disciplinario a los funcionarios de PGPB.
Por tercera ocasión, PGPB supuestamente organizó un nuevo proceso de licitación, en el cual, otra vez se le adjudicó el contrato a Tuboscope. Tras analizar el nuevo proceso, la SFP comprobó que la sociedad mercantil incumplió de nuevo los requisitos de la licitación. El 12 de septiembre, le ordenó a PGPB “la reposición de los actos viciados”.
En el siguiente proceso, el contrato fue para la misma firma. En el expediente 18/577/OIC/AR/UR/ER/003/2007, la SFP resolvió que de nuevo PGPB “determinó adjudicar el contrato en materia de la licitación impugnada sin acreditar en apego a derecho que la propuesta del licitante ganador haya satisfecho plenamente la totalidad de los requisitos exigidos en las bases del concurso”. Instruyó de nueva cuenta al OIC “para que en términos de ley aplique las sanciones que correspondan a los servidores públicos responsables de esas actuaciones contrarias a derecho”.
Finalmente, en octubre de 2007, la subsidiaria reconoció que la compañía no cumplía los requisitos. Determinó declarar desierta la licitación, “en virtud de que Tuboscope no cumple los requerimientos”.
La SFP concluyó que los funcionarios de PGPB incurrieron en “la falta de diligencia y observancia al mandato de autoridad, perdiéndose la debida transparencia y legalidad que deben revestir los actos de todo servidor público, y que violaron el artículo 8 de la LFRSP, que obliga a todo servidor público a “cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión”.
En el expediente 18/577/OIC/AR/UR/ER/0003/2007, el 25 de octubre, la SFP puso de manifiesto “la falta de responsabilidad y la deficiencia” con la que se condujeron los funcionarios de PGPB al acreditarse las violaciones a las disposiciones normativas relacionadas con ese servicio, “de donde deviene la necesaria conclusión que resulta conveniente suprimir de este tipo de prácticas que infringen las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos”, pues –subraya la SFP– los funcionarios de la subsidiaria reconocieron que en realidad Tuboscope “jamás cumplió con los requisitos de las bases”.
En su dictamen del expediente, cuya copia posee Contralínea, Función Pública destaca otros agravios en contra de Petróleos Mexicanos (Pemex) por parte de los funcionarios de PGPB. Se transgredió, dice, el principio de la lealtad, dado que la asignación a Tuboscope “refleja ausencia del más elemental sentido de cuidado para revisar ofertas de acuerdo con la normatividad dispuesta para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las menores condiciones para el Estado”.
Pero la opacidad en torno a esta contratación no cesó. Pese a que la SFP ordenó anular la contratación, en el portal de transparencia, PGPB asienta que por la contratación de Tuboscope para el “mantenimiento predictivo y correctivo” en los citados gasoductos, se pagaron 38 millones 122 mil 531 pesos a Tuboscope, mediante los contratos 5500000511, por 23 millones 993 mil 524.80 pesos, y 5500000512, por 14 millones 129 mil 007.
Contralínea buscó una entrevista con Roberto Ramírez Soberón para que explicara por qué en tres ocasiones, en contravención a la ley –según determinó la SFP–, se entregó contrato de ductos a Tuboscope, pero hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.
Feria de adjudicaciones
Ser protagonista del polémico proceso de contratación no le impidió a la compañía –cuya sede se ubica en la ciudad de Houston– recibir diversos contratos tanto en PGPB como en Pemex Refinación, aunque uno de los motivos por los que la SFP descalificó a Tuboscope fue porque, de acuerdo con sus indagatorias, la compañía no demostró contar “con capacidad para realizar los trabajos de forma segura” y “sin interferir en la operación” del ducto.
En julio de 2008, Ramírez Soberón la contrató para que inspeccionara el interior del gasoducto Cadereyta-Estación 8 Chávez, por 12 millones 276 mil pesos (contrato número 5500000679). Y luego le pagó 23 millones de pesos para que realizara la certificación del mismo, mediante el contrato 5500000680. En diciembre, cuando supuestamente tendría que finalizar el trabajo, se negoció, mediante un convenio, el diferimiento del 31 de diciembre de 2008 al 9 de enero de 2009.
En Pemex Refinación se le asignaron los siguientes contratos:
El número 4500208637, por 340 mil 967 dólares, para que inspeccionara el interior del poliducto DN Salamanca-León; el 4500180173, por 26 millones de pesos, para que rehabilitara el oleoducto Poza Rica-Estación Tepetitlán, mediante la inspección interior con equipo instrumentado.
También se le contrató, por 106 millones 196 mil 615 pesos, para que evaluara la integridad del corredor de ductos playeros de la refinería Antonio Dovalí Jaime a las boyas 1,2 y 3 en Salina Cruz, Oaxaca, mediante el contrato GTD-UPLC-006/08; para que inspeccionara las líneas 16 DN (diésel), 16-14 DN (gasolina) y 16-12-14 DN (turbosina), del muelle a la Terminal de Almacenamiento y Distribución de Progreso, Yucatán, se le pagaron 39 millones de pesos mediante el contrato GTD-UPLC-007/08.
Luego se le contrató (GTD-UPLC-009/08) para que inspeccionara y certificara el interior del combustoleoducto DN Refinación Madero-CFE Altamira, por 22 millones de pesos. Y después, mediante el contrato GTD-UPLC-018/08, se le encargó que “evaluara” la certificación de la rehabilitación del oleoducto Nuevo Teapa-Venta de Carpio; se la pagaron 186 millones 271 mil 867 pesos.
Derroche y negligencia
Un alto directivo del área de ductos de PGPB, que pide el anonimato, explica a Contralínea que la paraestatal aún tiene contratado al personal capacitado para proporcionar el mantenimiento de ductos “como lo ha hecho en los últimos 70 años”, pero, por la contratación de privados para estas áreas, dicho personal está prácticamente congelado. La política tercerizadora, explica, encarece considerablemente la operación de los ductos.
?¿Cuánto se incrementa el costo de que sean empresas privadas las que le den mantenimiento a los ductos a que sea directamente Pemex el que haga esos trabajos?
?Al contratar el mantenimiento de ductos con empresas particulares tiene una costo mayor al doble, ya que por un lado asume los costos de la plantilla de su propio personal y, por otro, tiene que solventar los costos que le paga a la contratista; más costos por la administración y supervisión de los contratos.
En PGPB, la contratación de privados para el mantenimiento y operación de gasoductos no sólo ha duplicado las funciones y el gasto, sino que “multiplica exponencialmente las condiciones de riesgo, pues se está contratando a empresas que ni en los procesos de licitación pueden comprobar su capacidad”, concluyen los integrantes del Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE), consultados por Contralínea.
La falta de vigilancia y control del contratismo en las áreas de ductos, explican, se ven reflejados en “hechos fatales que impactan no sólo a los propios trabajadores de Pemex, sino a las comunidades donde se ubican los ductos, particularmente de Tabasco y Veracruz, para lo cual basta recordar la fuga y explosión ocurrida en el gasoducto Dos Bocas-La Trinidad, en Cunduacán, Tabasco”.
Alfonso Hickman Sandoval, del Grupo de Ingenieros Constitución del 17 e integrante del CNEE, subraya la responsabilidad de los directivos de Pemex al contratar a empresas sin capacidad técnica, como ocurrió en el caso de Tuboscope: “Es procedente la responsabilidad administrativa en términos de lo dispuesto en el artículo 108, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Asimismo, de conformidad con lo estipulado en el artículo 109, fracción III de la Constitución, el Congreso de la Unión ha expedido leyes de responsabilidades de los servidores públicos a efecto de sancionar a quienes, incurran en responsabilidad y, específicamente, se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones”.
Como se puede discernir con toda claridad, dice el analista, “de llegarse a acreditar objetivamente que servidores públicos de Pemex hayan realizado la contratación simulada de compañías que aseguraron contar con experiencia técnica sin ser así, se podría considerar que esto eventualmente representaría un ataque directo a las instituciones democráticas, como lo es el Poder Legislativo, violación del marco constitucional y legal, violaciones graves a los programas y presupuestos de la Administración Pública Federal y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales”.
El pasado 4 de enero, el presidente Felipe Calderón destituyó al director general de Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB), Roberto Ramírez Soberón, para colocar en el cargo al subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía (Sener), Jordy Herrera Flores, uno de sus hombres de confianza desde sus días en Banobras y exsecretario particular en la Sener. Ramírez Soberón dejó en PGPB una administración de claroscuros, caracterizada por irregulares beneficios a corporativos nacionales y extranjeros, algunos de ellos documentados en la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Su estancia en PGPB estuvo marcada por la tendencia a tercerizar la operación de la subsidiaria –desde el procesamiento del gas natural y sus líquidos, su transporte, almacenamiento y hasta la comercialización–, lo que además de incrementar los costos, ha generado una estructura paralela en diversas áreas, con la duplicidad de funciones y gasto. Pero en su afán por asignarle a compañías privadas el manejo operativo de Pemex Gas, la administración de Roberto Ramírez Soberón entregó los trabajos relativos a los gasoductos, considerados áreas de seguridad nacional, a empresas que, según la SFP, no acreditaron su capacidad para los trabajos encomendados.
Uno de estos casos es el de la compañía Tuboscope México, SA de CV, filial del corporativo Tuboscope Vetco International Inc, a la que se le asignó un contrato por 116 millones 263 mil pesos para el mantenimiento predictivo y correctivo en tres importantes gasoductos: DN Reynosa-Chihuahua, DN Estación Los Ramones y Cactus-Misterio, aun cuando en el proceso de licitación se acreditó que no tenía capacidad técnica.
Después de que se le otorgó el contrato, en tres ocasiones, en un lapso de dos años, la SFP le ordenó a PGPB rescindirlo y reponer la licitación, las mismas que los funcionarios encabezados por Ramírez Soberón se obstinaron en que Tuboscope tuviera ese contrato, aunque, según reconocieron ante la SFP, “nunca cumplió los requisitos de la licitación”. La secretaría concluyó que PGPB violó la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma (LOPSRM) y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP).
Una asignación sospechosa
Encargado del despacho de la Dirección General de PGPB desde abril de 2005, una de las primeras licitaciones que emitió Roberto Ramírez Soberón (en agosto) fue la 18577002-009-05 PGPB-GRM-029-IT/2005, para el “mantenimiento predictivo y correctivo para la integridad de los gasoductos de 24 pulgadas DN Reynosa-Chihuahua, 36 pulgadas DN Estación 19, Los Ramones y Cactus-El Misterio”, ubicados en los estados de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chiapas y Tabasco; un tramo sustancial del Sistema Nacional de Gasoductos.
Las bases de la licitación estipulaban que para concursar, las compañías deberían “cumplir el requerimiento de experiencia o capacidad técnica demostrada mediante la documentación que compruebe su experiencia en trabajos similares en magnitud y naturaleza”, y que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes podría ser negociada.
Los actos de juntas de aclaraciones y respuestas, y la presentación y apertura de propuestas (técnicas y económicas) se efectuaron en una oficina ubicada en la planta baja del edificio B-1, en Marina Nacional, sede de PGPB.
La subsidiaria le asignó el contrato a Tuboscope, aunque su propuesta económica era la más cara: 8 por ciento más que el resto de las propuestas. Pasados unos meses, la SFP abrió el expediente 646/2005 para revisar el contrato ante el indicio de supuestas irregularidades en el proceso de licitación.
En marzo de 2006, Función Pública determinó que Tuboscope no cumplía con la capacidad técnica para el contrato, lo cual implicaba un riesgo para la subsidiaria dado que se trata de trabajos en sistemas de seguridad nacional. Comprobó también que su propuesta económica tampoco fue acorde a la licitación: SFP detectó que la compañía encareció el precio con el aval de PGPB, mediante la ficticia duplicación de personal y con la indebida cotización en dólares de los conceptos que pagaba en pesos, entre otras irregularidades. Por ello determinó que la asignación fue ilegal.
Tras detallar las supuestas violaciones a la ley por parte de los funcionarios de PGPB, les ordenó anular la licitación y el contrato correspondiente. El 16 de marzo, la subsidiaria levantó el acta de reposición de fallo del procedimiento de contratación. Aunque la SFP había ordenado al Órgano Interno de Control (OIC) especial atención en el procedimiento, dadas las irregularidades la contratación original, PGPB llevó adelante el nuevo proceso, prácticamente de forma exprés y sin la presencia de representante alguno de la contraloría.
El 7 de abril, sin que estuvieran presentes los representantes de la SFP ni del OIC, como marca la ley, Pemex Gas anunció el nuevo fallo otra vez a favor de Tuboscope. El contrato se firmaría el día 28, bajo el número PGPB-SD-GRM-0004/2006.
Cuando revisó el proceso de adjudicación, la SFP observó que en la propuesta de Tuboscope persistían las mismas irregularidades detectadas desde la primera licitación. Amén del incumplimiento técnico, en la parte económica cotizaba personal duplicado, por ejemplo, en el caso del gerente general del contrato cobraba el salario de dos gerentes que harían el mismo trabajo, y con honorarios tasados en dólares, aunque en realidad los pagaría en pesos. En general, advirtió SFP, Tuboscope cotizaba en dólares lo que pagaba en moneda nacional (a más bajo precio), desde los sueldos hasta los gastos menores de operación como la papelería, teléfono, correo, luz y gas.
En junio, mediante el oficio DGI/312/267/2006, la SFP determinó que por segunda ocasión, los funcionarios de PGPB actuaron en contravención a las leyes (LOPSRM y LFRSP), al otorgarle el contrato a la empresa que no cumplía los requisitos de la licitación, aunado a que PGPB tampoco acreditó la razón de su fallo. Por ello ordenó a la subsidiaria reponer otra vez el proceso y contratar a una empresa con la capacidad técnica y económica para dichos trabajos. Además instruyó al OIC fincar el procedimiento disciplinario a los funcionarios de PGPB.
Por tercera ocasión, PGPB supuestamente organizó un nuevo proceso de licitación, en el cual, otra vez se le adjudicó el contrato a Tuboscope. Tras analizar el nuevo proceso, la SFP comprobó que la sociedad mercantil incumplió de nuevo los requisitos de la licitación. El 12 de septiembre, le ordenó a PGPB “la reposición de los actos viciados”.
En el siguiente proceso, el contrato fue para la misma firma. En el expediente 18/577/OIC/AR/UR/ER/003/2007, la SFP resolvió que de nuevo PGPB “determinó adjudicar el contrato en materia de la licitación impugnada sin acreditar en apego a derecho que la propuesta del licitante ganador haya satisfecho plenamente la totalidad de los requisitos exigidos en las bases del concurso”. Instruyó de nueva cuenta al OIC “para que en términos de ley aplique las sanciones que correspondan a los servidores públicos responsables de esas actuaciones contrarias a derecho”.
Finalmente, en octubre de 2007, la subsidiaria reconoció que la compañía no cumplía los requisitos. Determinó declarar desierta la licitación, “en virtud de que Tuboscope no cumple los requerimientos”.
La SFP concluyó que los funcionarios de PGPB incurrieron en “la falta de diligencia y observancia al mandato de autoridad, perdiéndose la debida transparencia y legalidad que deben revestir los actos de todo servidor público, y que violaron el artículo 8 de la LFRSP, que obliga a todo servidor público a “cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión”.
En el expediente 18/577/OIC/AR/UR/ER/0003/2007, el 25 de octubre, la SFP puso de manifiesto “la falta de responsabilidad y la deficiencia” con la que se condujeron los funcionarios de PGPB al acreditarse las violaciones a las disposiciones normativas relacionadas con ese servicio, “de donde deviene la necesaria conclusión que resulta conveniente suprimir de este tipo de prácticas que infringen las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos”, pues –subraya la SFP– los funcionarios de la subsidiaria reconocieron que en realidad Tuboscope “jamás cumplió con los requisitos de las bases”.
En su dictamen del expediente, cuya copia posee Contralínea, Función Pública destaca otros agravios en contra de Petróleos Mexicanos (Pemex) por parte de los funcionarios de PGPB. Se transgredió, dice, el principio de la lealtad, dado que la asignación a Tuboscope “refleja ausencia del más elemental sentido de cuidado para revisar ofertas de acuerdo con la normatividad dispuesta para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las menores condiciones para el Estado”.
Pero la opacidad en torno a esta contratación no cesó. Pese a que la SFP ordenó anular la contratación, en el portal de transparencia, PGPB asienta que por la contratación de Tuboscope para el “mantenimiento predictivo y correctivo” en los citados gasoductos, se pagaron 38 millones 122 mil 531 pesos a Tuboscope, mediante los contratos 5500000511, por 23 millones 993 mil 524.80 pesos, y 5500000512, por 14 millones 129 mil 007.
Contralínea buscó una entrevista con Roberto Ramírez Soberón para que explicara por qué en tres ocasiones, en contravención a la ley –según determinó la SFP–, se entregó contrato de ductos a Tuboscope, pero hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.
Feria de adjudicaciones
Ser protagonista del polémico proceso de contratación no le impidió a la compañía –cuya sede se ubica en la ciudad de Houston– recibir diversos contratos tanto en PGPB como en Pemex Refinación, aunque uno de los motivos por los que la SFP descalificó a Tuboscope fue porque, de acuerdo con sus indagatorias, la compañía no demostró contar “con capacidad para realizar los trabajos de forma segura” y “sin interferir en la operación” del ducto.
En julio de 2008, Ramírez Soberón la contrató para que inspeccionara el interior del gasoducto Cadereyta-Estación 8 Chávez, por 12 millones 276 mil pesos (contrato número 5500000679). Y luego le pagó 23 millones de pesos para que realizara la certificación del mismo, mediante el contrato 5500000680. En diciembre, cuando supuestamente tendría que finalizar el trabajo, se negoció, mediante un convenio, el diferimiento del 31 de diciembre de 2008 al 9 de enero de 2009.
En Pemex Refinación se le asignaron los siguientes contratos:
El número 4500208637, por 340 mil 967 dólares, para que inspeccionara el interior del poliducto DN Salamanca-León; el 4500180173, por 26 millones de pesos, para que rehabilitara el oleoducto Poza Rica-Estación Tepetitlán, mediante la inspección interior con equipo instrumentado.
También se le contrató, por 106 millones 196 mil 615 pesos, para que evaluara la integridad del corredor de ductos playeros de la refinería Antonio Dovalí Jaime a las boyas 1,2 y 3 en Salina Cruz, Oaxaca, mediante el contrato GTD-UPLC-006/08; para que inspeccionara las líneas 16 DN (diésel), 16-14 DN (gasolina) y 16-12-14 DN (turbosina), del muelle a la Terminal de Almacenamiento y Distribución de Progreso, Yucatán, se le pagaron 39 millones de pesos mediante el contrato GTD-UPLC-007/08.
Luego se le contrató (GTD-UPLC-009/08) para que inspeccionara y certificara el interior del combustoleoducto DN Refinación Madero-CFE Altamira, por 22 millones de pesos. Y después, mediante el contrato GTD-UPLC-018/08, se le encargó que “evaluara” la certificación de la rehabilitación del oleoducto Nuevo Teapa-Venta de Carpio; se la pagaron 186 millones 271 mil 867 pesos.
Derroche y negligencia
Un alto directivo del área de ductos de PGPB, que pide el anonimato, explica a Contralínea que la paraestatal aún tiene contratado al personal capacitado para proporcionar el mantenimiento de ductos “como lo ha hecho en los últimos 70 años”, pero, por la contratación de privados para estas áreas, dicho personal está prácticamente congelado. La política tercerizadora, explica, encarece considerablemente la operación de los ductos.
?¿Cuánto se incrementa el costo de que sean empresas privadas las que le den mantenimiento a los ductos a que sea directamente Pemex el que haga esos trabajos?
?Al contratar el mantenimiento de ductos con empresas particulares tiene una costo mayor al doble, ya que por un lado asume los costos de la plantilla de su propio personal y, por otro, tiene que solventar los costos que le paga a la contratista; más costos por la administración y supervisión de los contratos.
En PGPB, la contratación de privados para el mantenimiento y operación de gasoductos no sólo ha duplicado las funciones y el gasto, sino que “multiplica exponencialmente las condiciones de riesgo, pues se está contratando a empresas que ni en los procesos de licitación pueden comprobar su capacidad”, concluyen los integrantes del Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE), consultados por Contralínea.
La falta de vigilancia y control del contratismo en las áreas de ductos, explican, se ven reflejados en “hechos fatales que impactan no sólo a los propios trabajadores de Pemex, sino a las comunidades donde se ubican los ductos, particularmente de Tabasco y Veracruz, para lo cual basta recordar la fuga y explosión ocurrida en el gasoducto Dos Bocas-La Trinidad, en Cunduacán, Tabasco”.
Alfonso Hickman Sandoval, del Grupo de Ingenieros Constitución del 17 e integrante del CNEE, subraya la responsabilidad de los directivos de Pemex al contratar a empresas sin capacidad técnica, como ocurrió en el caso de Tuboscope: “Es procedente la responsabilidad administrativa en términos de lo dispuesto en el artículo 108, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Asimismo, de conformidad con lo estipulado en el artículo 109, fracción III de la Constitución, el Congreso de la Unión ha expedido leyes de responsabilidades de los servidores públicos a efecto de sancionar a quienes, incurran en responsabilidad y, específicamente, se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones”.
Como se puede discernir con toda claridad, dice el analista, “de llegarse a acreditar objetivamente que servidores públicos de Pemex hayan realizado la contratación simulada de compañías que aseguraron contar con experiencia técnica sin ser así, se podría considerar que esto eventualmente representaría un ataque directo a las instituciones democráticas, como lo es el Poder Legislativo, violación del marco constitucional y legal, violaciones graves a los programas y presupuestos de la Administración Pública Federal y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales”.
miércoles, diciembre 02, 2009
Son 20 millones de mexicanos sin alimentos
• Emergencia nacional por la pobreza extrema • Son 20 millones de mexicanos sin alimentos
• Corrupción y negligencia de gobierno federal
El escenario fue monumental; impresionantes pantallas gigantes como en el mejor espectáculo; derroche de recursos económicos con dinero público; el único problema es que el gobierno federal panista presentaba así imágenes desgarradoras de la miseria extrema que hoy como nunca lacera al país. Todo el show preparado para Ernesto Cordero, amigo de Felipe Calderón y secretario de Desarrollo Social, principal responsable de combatir la pobreza y quien desde enero de 2008 nada ha hecho para disminuirla.
El titular de la Sedesol hizo su aparición en medio de las cifras que confirman que México cada día es más pobre y sus habitantes miserables. La reacción del gobierno vino después de que varios organismos multinacionales, como la Cepal y la OCDE, advirtieron sobre las estrategias fallidas en este sector, y el representante del gobierno panista tuvo que reconocer y aceptar que suman 20 millones de mexicanos en pobreza extrema, es decir que no tienen qué comer, dónde vivir, qué vestir, dónde estudiar y mucho menos centros de salud y medicinas para curarse de las muchas enfermedades que los invaden.
Cuando Cordero dijo que los mexicanos en pobreza extrema habían aumentado de 14 millones a 20 millones de mexicanos, es decir uno de cada cinco mexicanos, se esperaba que el dramático anuncio fuera acompañado de un plan urgente de emergencia nacional, en donde se involucrara algo así como el Plan DNIII que el gobierno instrumenta cuando hay un desastre nacional, o tal vez anunciar una campaña en donde participaran gobierno, empresarios, sindicatos, organizaciones sociales y la sociedad en su conjunto, para contrarrestar este grave problema que le cuesta la vida a millones de personas. Pero no, sólo cifras, pronunciamientos y promesas gubernamentales. Esas 20 millones de personas muriéndose de hambre tendrán que esperar para que lleguen por primera vez los miles de millones de pesos que el Congreso de la Unión destina al combate a la pobreza y sus apartadas comunidades.
Sin embargo, para la administración calderonista el contexto no tuvo la menor importancia y así, teatralmente, se montó una representación que habla de lo pobres, del supuesto apoyo del gobierno federal y de lo felices que son con esas políticas asistencialistas.
El escenario no podìa ser mejor: la imagen en el Centro Banamex, en donde la Sedesol intentó recrear un cónclave contra la pobreza con personajes como Carlos Slim y Claudio X. González entre la audiencia, y trajo a la memoria los caminos inaugurados por el PRI para catapultar a sus candidatos para la Presidencia de la República. Fue de hecho desde la Sedesol que el mal logrado Luis Donaldo Colosio logró llegar a la candidatura del PRI para la Presidencia.
En medio del espectáculo, Cordero reconoció, sin embargo, que México ha regresado a los niveles de pauperización de 2005, y acertó a reflexionar que con más empleos se reduciría la pobreza. Gran ecuación resolvió el casi doctor Cordero.
En el encuentro “Por un México sin pobreza”, el secretario usaban un micrófono como el que usa la cantante Madonna en sus espectáculos, y allí aseguró que la crisis hizo que la lucha contra la pobreza se perdieran dos años, los mismos que ék ha estado al frente de la Sedesol. No habló de las razones ni de los culpables, por supuesto, tampoco de los miles de millones de pesos que nunca llegan a los más pobres porque se quedan en la estructura burocrática administrativa o simplemente son desviados de su origen sin que alguien investigue o denuncie el delito de peculado. Eso es de lo que no hablan los mediocres funcionarios panistas encabezados por su líder Felipe Calderón.
Sorprendió también que el propio representante de la Oficina de Investigación de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas (PNUD), Rodolfo de la Torre, se uniera al reparto panista y afirmara que de manera contraria a lo que sucedía en otras épocas, ahora la pobreza se ha recrudecido, con más de la tercera parte de los pobres en estados como Veracruz, Chiapas, Estado de México y, por supuesto, el Distrito Federal, en donde la marginación aumentó 14.2 por ciento, mientras que en el resto del país el porcentaje es de 3.4 por ciento. Casualmente se trata de estdos gobernados por la oposión, PRI y PRD, como una forma de justificar que la pobreza también se da en regiones que no son gobernadas por el PAN.
Pésima maniobra calderonista para tratarse de quitarse un peso de encima, y para ello De la Torre se dejó utilizar, pues lo que parece desconocer Calderón es que la pobreza extrema se ha extendido a toda la República, no hay un solo estado que no tenga este problema, así que no se trata de quien gobierna qué o dónde, pues es responsabilidad de panistas, priistas y perredistas, y de todos los gobernantes, combatir la pobreza extrema y aquí nadie se salva.
Y en línea con lo que parecía un gran espectáculo, De la Torre cayó en la trampa y aseguró que México ha tenido grandes logros en esta materia, superiores, incluso, a los de China, cuando se redujo el número de mexicanos que sobreviven con menos de 1.25 dólares por día.
¿Será cierto? o ¿Acaso será que los encuestadores del INEGI y de la Sedesol simplemente no llegan a las montañas, a las cañadas, a los pantanos y a la sierra en donde millones de mexicanos esperan por una respuesta? Puedo asegurarles que no y que más de un funcionario de la Sedesol, como lo confirmamos, ignora su existencia y por esa misma razón son estos mexicanos los que están fuera de los programas de apoyo del gobierno federal.
El problema en México, definitivamente, es que la política contra la pobreza se ejerce desde los escritorios y el trabajo de campo es escaso.Ahora, la crisis financiera y económica que azota al mundo desde 2007 se ha convertido en la excusa perfecta para justificar el gran fracaso del gobierno panista en este rubro.
¿Cómo es posible que México registre estos niveles de pobreza cuando precisamente entre 2005 y 2007 el país recibió, si acaso no miente también la Secretaría de Hacienda, más de 100 mil millones de dólares por concepto de los excedentes del petróleo? ¿A dónde fue a parar ese dinero? Sabrá algo Vicente Fox, su mujercita y sus hijitos los Bribiesca quienes tengan algo que ver. No lo sabemos, pero lo que sí podemos confirmar es que no se destinó a mejorar la calidad de vida de millones de mexicanos.
Y la respuesta, como lo dijo el propio secretario Cordero, está en la creación de empleos. ¿Entonces para qué sirven las políticas asistencialistas? Hace apenas unas semanas el exdirector general del IMSS y ahora funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Santiago Levy, ofrecía una respuesta: las políticas asistencialistas como el Seguro Popular simplemente han servido para alentar la informalidad. Nosotros agregaríamos: también para acrecentar el capital político de los gobiernos que lo han impulsado y, por supuesto, padar dar contratos a amigos y cómplices, además de desviar recursos públicos. Si alguien lo duda basta sólo un dato, el responsable de ese programa en el gobierno de Vicente Fox fue inhabilitado 10 años por corrupción, irregularidades administrativas, abuso de poder y desvío de recursos.
Y así lo refrendó Cordero, miembro del club calderonista, al convertirse en el show man de una tarde con los pobres vistos en pantalla gigante. El político panista, que desde la Sedesol aspira a ser el candidato a la Presidencia de la República, encabezó un espectáculo en el que tuvo un escenario monumental, en donde no hubo presidio y en el cual el funcionario habló por más de media hora a través de un micrófono de manos libres y deambulando frente a un par de pantallas que mostraron sin rubor cómo los mexicanos pobres desayunan una tortilla embarrada con frijoles y acaso un té.
Entonces fue cuando dijo casi histriónicamente: “No, no se vale echarse para atrás ni hacerse a un lado en las tareas de combate a la pobreza”. El gobierno, por supuesto, no puede renunciar a esta responsabilidad porque simplemente estaríamos hablando de un Estado fallido. Sin embargo, al parecer existe una visión muy diferente de la gravedad de la crisis. Acaso no fue Ernesto Cordero quien recomendó apenas hace unos días al ganador del Premio Nobel 2001, Joseph Stiglitz, creador del capitalismo de cuates y que en México encontró su mejor ejemplo, leer un poco más sobre México porque, evidentemente, no conocía las estrategias contracíclicas del gobierno calderonista. Todas fallidas, agregaríamos, como el subejercicio en infraestructura y los problemas para licitar grandes obras como el mega complejo logístico Punta Colonet.
Más del 65 por ciento de la población pasa simplemente la vida al día. Así que regañar o recriminar a un Premio Nobel simplemente habla de la angustia del gobierno en turno que a tres años de haber tomado el mando del Poder Ejecutivo no atina a encontrar las fórmulas ni los golpes de timón para hacerle frente a las múltiples crisis que enfrenta el país.
Pero Calderón asegura que la solución se encuentra en la unión de los diferentes sectores de la sociedad, en que los partidos políticos y los empresarios unifiquen esfuerzos. “Juntos podemos superarla”, fue el subtítulo del primer encuentro que ocupó recursos del sector social y que tuvo como estrellas a un grupo de mujeres indígenas que compartieron con los asistentes citadinos su experiencia con los programas de ayuda que administra el gobierno federal. Calderón prometió allí que, a pesar de las restricciones presupuestales, su administración dedicará los próximos tres años a combatir la lacerante pobreza que afecta el país. Para ello, sin embargo, solicitó a la sociedad civil que vigile a los gobiernos y municipios para asegurarse que lleguen los recursos a comunidades afectadas por la crisis.
Como parte de la sociedad civil enviaremos a Felipe Calderón, gratuitamente en espera de que lo lea, un ejemplar del libro Morir en la miseria que un grupo de reporteros de la evista Contralínea investigó en las 1os 15 municipios más pobres del país, en donde se confirma que la ayuda de sus programas estrella como Oportunidades, Procapo y Seguro Popular nunca aterrizan por esos apartados lugares y de cómo funcionarios responsables cobran cuotas a los miserables indígenas para cambiarles en efectivo los cheques oficiales cuando por casulidad llegan.
Otro dato de la corrupción galopante en su gobierno es de cómo el secretario de Agricultura y su familia cobran cheques de Procampo, programa creados para los más pobres del país, así como dos empresas propiedad del mismo secretario Francisco Mayorga son beneficiadas con subsidios de la Sagarpa que él preside, de la Secretaría de Economía y de otros organismos gubernamentaes descentralizados. Ahí está la denuncia y Calderón nada hace.
Telefónica, tierra de Gil Díaz
En España seguramente estarían interesados en confirmar que el exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, ha repetido algunos de los esquemas que le gustaba recrear en la dependencia que tenía a su cargo durante el gobierno de Vicente Fox. Sólo un dato para después abordar más ampliamente el tema: resulta que ahora la revista interna de Telefónica-Movistar la elabora un familiar del exfuncionario y, según nos cuentan, también se dio la orden de cambiar de proveedores para los servicios de monitoreo a fin de favorecer a una empresa de seguimiento de información en la que también participa el exsecretario de Hacienda.
oficiodepapel@contralinea.com.mx
lunes, junio 15, 2009
Niños quemados, los pacientes más caros del mundo: Sendel
Según los hospitales Shriners, el costo es de un millón de dólaresLos niños menores de tres años de edad que logren sobrevivir luego del incendio en la guardería ABC, en Hermosillo, tendrán que someterse a por lo menos dos cirugías anuales hasta los 18 años, y sufrir, además del shock del dolor físico, el emocional, que quedará para toda la vida.
El costo estimado de la atención de esos pacientes hasta que dejen de crecer –que puede ser entre los 18 y los 21 años– es de un millón de dólares, informó en entrevista con Notimex la presidenta de la Fundación Michu y Mau, Virgina Sendel.
“El paciente quemado es el más caro que existe. No solamente es quien más sufre. Los hospitales Shriners, que nos ofrecen su atención gratuita en Estados Unidos, tienen considerado un costo de un millón de dólares por niño”, dijo.
Sendel explicó que dicho costo es por un paciente que registra 90 por ciento o más de la superficie corporal quemada, y refirió que por fortuna los más de mil niños mexicanos que se han tratado ahí –por medio de la fundación que encabeza– han sido salvados hasta con 95 por ciento de su cuerpo afectado.
La cifra de un millón de dólares implica desde el momento que llega el niño a Shriners Burns Institute hasta que cumple los 18 o 21 años. “Si a los 18 todavía no han acabado de crecer y necesitan más tratamiento, se los dan gratuitamente.”
Sendel expuso que para una persona que ha sufrido quemaduras en 50 o 70 por ciento de su cuerpo la situación es muy limitante, “mucho más en una criatura de tres años de edad o menor. Si logran sobrevivir van a tener que usar trajes de comprensión durante un año o más en todas las áreas quemadas. Es un traje de un material elástico, con especificaciones muy precisas, que se coloca sobre la superficie quemada”.
Detalló que lo que hace ese traje es ejercer presión para que las cicatrices no se hagan bordes o alcaloides y queden planas, pues lo real es que no desaparecen. “Ése es el primer paso. Implica para los niños una picazón tremenda, se les tienen que dar calmantes, porque durante un año o más las cicatrices dan mucha comezón e irritación.” Lo siguiente es que, dependiendo de qué músculos o tendones se hayan afectado, necesitan terapia de rehabilitación y se requiere extender los músculos con varias cirugías, según vaya creciendo el paciente.
“Las cirugías para un quemado severo van a ser de dos a tres por año, hasta que cumpla 18 o deje de crecer. También depende de las áreas afectadas; lo mismo sucede con la cara, porque se necesita cirugía correctiva”, expuso Sendel.
En el caso de los niños de Hermosillo, como son tan pequeños siguen su desarrollo normal, pero los injertos no crecen de acuerdo con la piel normal, entonces se tienen que cambiar cada determinado tiempo hasta que dejan de crecer y les quede un injerto para el resto de su vida.
Finalmente, sobre el apoyo sicológico, se tiene que aceptar que un niño quemado grave difícilmente puede recuperar su vida, porque se tiene que tomar en cuenta que recibe el shock más fuerte en cuanto a dolores físicos y emocionales.
Criminal derroche
El 70% del gas de Cantarell fue desperdiciado por PEMEX
BOCA DEL RÍO, Veracruz, 14 de junio (UNIVERSAL).- El presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Juan Carlos Zepeda Molina, acusó a Petróleos Mexicanos (Pemex) de haber desperdiciado 70% del gas que produjo Cantarell, el segundo campo productor del gas más importante de México, durante 2008.
En su primera entrevista como presidente de la recién creada CNH, el funcionario sostuvo que la falta de evaluación, planeación y conceptualización de los proyectos en Pemex, como Cantarell, provocan que se pierda en la atmósfera un volumen de gas equivalente a todo lo que consume la industria mexicana.
El año pasado Pemex extrajo de este yacimiento mil 629 millones de pies cúbicos diarios, pero liberó a la atmósfera mil 140 millones de pies cúbicos a diario.
Con ese volumen de gas desperdiciado, Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro pueden mantener operando las centrales generadoras de electricidad que usan este combustible todo un año.
El año pasado, explicó, se desperdicio esa cantidad de gas en Cantarell, “lo cual está fuera de las mejores prácticas internacionales para el aprovechamiento de los hidrocarburos”.
Pemex, añadió, quema el gas natural en las instalaciones petroleras que carecen de infraestructura y equipos para procesar y transportar el hidrocarburo.
El problema se agrava por el hecho de que 35% del gas que se envían al medio ambiente es el mismo nitrógeno que se les inyecta a los campos productores para aumentar su presión.
Según la Gerencia Operativa de Pemex, en el periodo enero-marzo de 2009 se liberaron mil 108 millones de pies cúbicos por día, 771 millones fue gas natural y 397 millones nitrógeno.
Por eso, Zepeda Molina advirtió que la CNH se va a convertir en palanca de cambiar a que la paraestatal planee y ejecute mejor los proyectos petroleros.
Indicó que la recién creada comisión tiene la obligación, por ley, de emitir normatividad para que Pemex siga parámetros máximos de venteo de gas conforme a las mejores prácticas internacionales, las cuales indican que se debe aprovechar entre el 95% y 98% de hidrocarburos.
De acuerdo con información de Pemex, en el primer trimestre se envió a la atmósfera 15.8% de la producción nacional, inferior a la que reportó el mismo lapso del año asado, que fue de 17.4%. Esto supone un avance, pero sigue siendo un problema no sólo para el ambiente sino también para las finanzas de la empresa, toda vez que representan pérdidas por 3 mil 500 millones de dólares al día, según el precio actual de tres dólares por millón de BTUs (unidad calorífica).
En esos primeros tres meses del 2009, la producción total de gas natural aumentó 6.6% si se le compara con el mismo periodo de 2008, al pasar de 6 mil 586 millones de pies cúbicos por día a 7 mil 18 millones de pies cúbicos, pero con la captura del gas natural que se liberó se habrían podido sustituir las importaciones que en el trimestre promediaron 395 millones de pies cúbicos día e incluso exportar 713 millones de pies cúbicos al día. La empresa dice que la meta es reducir el envío de gas natural a la atmósfera a 3% al final de 2009.
BOCA DEL RÍO, Veracruz, 14 de junio (UNIVERSAL).- El presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Juan Carlos Zepeda Molina, acusó a Petróleos Mexicanos (Pemex) de haber desperdiciado 70% del gas que produjo Cantarell, el segundo campo productor del gas más importante de México, durante 2008.
En su primera entrevista como presidente de la recién creada CNH, el funcionario sostuvo que la falta de evaluación, planeación y conceptualización de los proyectos en Pemex, como Cantarell, provocan que se pierda en la atmósfera un volumen de gas equivalente a todo lo que consume la industria mexicana.
El año pasado Pemex extrajo de este yacimiento mil 629 millones de pies cúbicos diarios, pero liberó a la atmósfera mil 140 millones de pies cúbicos a diario.
Con ese volumen de gas desperdiciado, Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro pueden mantener operando las centrales generadoras de electricidad que usan este combustible todo un año.
El año pasado, explicó, se desperdicio esa cantidad de gas en Cantarell, “lo cual está fuera de las mejores prácticas internacionales para el aprovechamiento de los hidrocarburos”.
Pemex, añadió, quema el gas natural en las instalaciones petroleras que carecen de infraestructura y equipos para procesar y transportar el hidrocarburo.
El problema se agrava por el hecho de que 35% del gas que se envían al medio ambiente es el mismo nitrógeno que se les inyecta a los campos productores para aumentar su presión.
Según la Gerencia Operativa de Pemex, en el periodo enero-marzo de 2009 se liberaron mil 108 millones de pies cúbicos por día, 771 millones fue gas natural y 397 millones nitrógeno.
Por eso, Zepeda Molina advirtió que la CNH se va a convertir en palanca de cambiar a que la paraestatal planee y ejecute mejor los proyectos petroleros.
Indicó que la recién creada comisión tiene la obligación, por ley, de emitir normatividad para que Pemex siga parámetros máximos de venteo de gas conforme a las mejores prácticas internacionales, las cuales indican que se debe aprovechar entre el 95% y 98% de hidrocarburos.
De acuerdo con información de Pemex, en el primer trimestre se envió a la atmósfera 15.8% de la producción nacional, inferior a la que reportó el mismo lapso del año asado, que fue de 17.4%. Esto supone un avance, pero sigue siendo un problema no sólo para el ambiente sino también para las finanzas de la empresa, toda vez que representan pérdidas por 3 mil 500 millones de dólares al día, según el precio actual de tres dólares por millón de BTUs (unidad calorífica).
En esos primeros tres meses del 2009, la producción total de gas natural aumentó 6.6% si se le compara con el mismo periodo de 2008, al pasar de 6 mil 586 millones de pies cúbicos por día a 7 mil 18 millones de pies cúbicos, pero con la captura del gas natural que se liberó se habrían podido sustituir las importaciones que en el trimestre promediaron 395 millones de pies cúbicos día e incluso exportar 713 millones de pies cúbicos al día. La empresa dice que la meta es reducir el envío de gas natural a la atmósfera a 3% al final de 2009.
domingo, junio 14, 2009
Negligencia del IMSS en la atención de los niños quemados, dice experto
Los médicos del instituto están haciendo cochinadas, expresa representante de Shriners
Por indolencia no se envía a lesionados para su tratamiento especializado en EU, asegura
Ulises Gutiérrez Ruelas
Hermosillo, Son., 13 de junio. Alberto Barreda Robinson, representante en México de los hospitales Shriners, de Estados Unidos, acusó de negligencia médica a las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guadalajara, Jalisco, donde han muerto ya dos sobrevivientes del incendio de la guardería ABC. Está en riesgo la vida de al menos otros siete niños al negarles su traslado a nosocomios especializados del país del norte, advirtió.
En las últimas horas se les murieron dos por negligencia médica; ya habían pasado el periodo crítico y se les murieron porque les dieron un baño en agua, cuando se sabe que eso no se puede hacer con un paciente así. He visto que los médicos del IMSS están haciendo cochinadas, no saben ni lo que hacen, bañaron a los niños y les colapsaron los pulmones, dijo en relación con los dos menores que fallecieron en las últimas horas en Guadalajara.
Especialista en atención a niños víctimas de incendios, Barreda ofreció una conferencia de prensa para calificar de falso lo dicho este sábado por autoridades del IMSS, a las cuales no identificó, de que no hay suficiente visibilidad en los aeropuertos estadunidenses para trasladar a los niños internados en el Hospital de Especialidades de Occidente, en Guadalajara.
Estamos listos para recibir a todos los niños en nuestros hospitales en Sacramento, en Cincinnatti y en Boston, ya hemos evaluado a muchos niños que deberían haber sido trasladados, pero por negligencia criminal de las autoridades del IMSS, los pequeños siguen en Guadalajara, en un hospital que si bien cuenta con un buen equipo, tiene a médicos totalmente inexpertos en quemaduras, sostuvo.
Desde que los niños salieron de Hermosillo a Guadalajara, explicó, se detectaron irregularidades en los traslados, que fueron hechos con engaños a los padres de familia, a quienes de última hora les avisaban que sus hijos no serían llevados a los hospitales Shriners, sino al del IMSS en Jalisco.
Barreda Robinson dijo: “el IMSS actúa de forma indolente, irresponsable y criminal; así lo digo, criminal, porque es criminal la actitud de no trasladarlos con mentiras; nos dicen, por ejemplo, que el avión para los traslados se quedó en Cincinnatti luego de hacer un viaje y que ya no pudo volver a Guadalajara por más niños, por las condiciones del clima.
Hubo un niño que se iba a trasladar a Sacramento en un avión de la Marina mexicana, pero antes de despegar nos dimos cuenta que el plan de vuelo que traía era a Guadalajara, por lo que de inmediato nos opusimos a que la nave saliera y fue entonces que gracias al apoyo del cónsul en Hermosillo (John Brendistine) y la Cruz Roja, se habló con Hillary Clinton (secretaria de Estado estadunidense), quien dio órdenes para que se abriera una vía aérea militar y el avión pudiera volar directo a Sacramento sin restricciones, pasando sobre espacios aéreos reservados, manifestó.
De qué se trata, ¿quieren matar a los niños o qué? Que diga el señor Daniel Karam ya qué es lo que pretende, si acaso tiene instrucciones de acabar así con el problema, porque para mí esto ya se pasó de la raya, sostuvo.
Según uno de sus portales en Internet, a principios de 1900 masones neoyorquinos fundaron la Fraternidad Shriners, cuyo primer hospital abrió en 1922 en Shreveport, Luisiana, y hasta hoy se le añaden 21 en ciudades de Estados Unidos y el Distrito Federal en México de los cuales 18 son ortopédicos, tres para quemaduras y uno para lesiones de médula espinal. Sus tratamientos son gratuitos y sólo en 2007 tuvieron un presupuesto de 721 millones de dólares procedentes de regalías, legados, donaciones, eventos recaudatorios y membresías anuales de sus casi 550 mil socios.
Lo anterior da cuenta de lo que hemos dicho siempre: la falta de educación, de valores morales, de disciplina, de responsabilidad y de amor a los semejantes producto de una educación neoliberal y una cultura light cultivada por los medios de comunicación y las instancias educativas interlazadas con la corrupción y la red de funcionarios que se han colocado a través del tráfico de influencias y no de la capacidad científica y moral de quienes obtienen los puestos da como resultado que nada funcione.
Después de la cagada que han dado las autoridades en el caso de la tragedia de la Guardería ABC se esperaría que ahora hicieran todo lo posible por actuar con responsabilidad expedita aunque sólo fuera para taparle el ojo al macho. Pero ni siquiera eso pueden porque nomás no tienen con qué. Su ineptitud e inmoralidad no se los permite. No hay ni siquiera conciencia de ello. Pero lo peor de todo es que la mayoría de los habitantes en este país víctimas de lo mismo tampoco les permite identificar dónde está el problema. Esta negligencia no sólo es producto de la falta de capacitación que se presume en un profesional de la categoría concreta de que se trate sino también de una falta de responsabilidad y de moral para atender situaciones de vida o muerte de niños y niñas inocentes que han sido víctimas de lo mismo.
Y como todo está relacionado no sorprende entonces que muchos ciudadanos hagan una campaña por el voto nulo. Tampoco en este caso se identifica dónde está el problema. Se argumenta que anulando el voto las autoridades se darán cuenta de nuestro repudio y suponen que con ello se va a resolver algo. Esta idea infantiloide viene también de la falta de responsabilidad ciudadana y de una cultura light que no puede comprometerse con una lucha participativa porque no se tiene una capacitación ni una moral con la cual responder a la injusticia de la cual se es víctima. Diríamos entonces que es una especie de negligencia ciudadana. Parece que en esto la autoridades que hemos tenidos en los últimos veinticinco años y la labor televisiva sí han hecho bien su trabajo: convertir a los ciudadanos en entes pasivos incapacitados mental y moralmente para revertir la situación. Si la mayoría no tiene conciencia de ello resulta una tarea titánica para la minoría que sí la tiene. Pero lo que resulta todavía más trágico es que en la próxima elección habrá votos para el PRI y para el PAN lo cual resulta verdaderamente increíble y eso no es culpa de estos partidos, son los ciudadanos quienes están votando por la venta del país, por más muerte y por más guarderías incendiadas y niños quemados, entre otras cosas. En fin, hay que dar la batalla porque cuando se tienen principios y moral no se puede soslayar la responsabilidad que tenemos.
Por indolencia no se envía a lesionados para su tratamiento especializado en EU, asegura
Ulises Gutiérrez Ruelas
Hermosillo, Son., 13 de junio. Alberto Barreda Robinson, representante en México de los hospitales Shriners, de Estados Unidos, acusó de negligencia médica a las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guadalajara, Jalisco, donde han muerto ya dos sobrevivientes del incendio de la guardería ABC. Está en riesgo la vida de al menos otros siete niños al negarles su traslado a nosocomios especializados del país del norte, advirtió.
En las últimas horas se les murieron dos por negligencia médica; ya habían pasado el periodo crítico y se les murieron porque les dieron un baño en agua, cuando se sabe que eso no se puede hacer con un paciente así. He visto que los médicos del IMSS están haciendo cochinadas, no saben ni lo que hacen, bañaron a los niños y les colapsaron los pulmones, dijo en relación con los dos menores que fallecieron en las últimas horas en Guadalajara.
Especialista en atención a niños víctimas de incendios, Barreda ofreció una conferencia de prensa para calificar de falso lo dicho este sábado por autoridades del IMSS, a las cuales no identificó, de que no hay suficiente visibilidad en los aeropuertos estadunidenses para trasladar a los niños internados en el Hospital de Especialidades de Occidente, en Guadalajara.
Estamos listos para recibir a todos los niños en nuestros hospitales en Sacramento, en Cincinnatti y en Boston, ya hemos evaluado a muchos niños que deberían haber sido trasladados, pero por negligencia criminal de las autoridades del IMSS, los pequeños siguen en Guadalajara, en un hospital que si bien cuenta con un buen equipo, tiene a médicos totalmente inexpertos en quemaduras, sostuvo.
Desde que los niños salieron de Hermosillo a Guadalajara, explicó, se detectaron irregularidades en los traslados, que fueron hechos con engaños a los padres de familia, a quienes de última hora les avisaban que sus hijos no serían llevados a los hospitales Shriners, sino al del IMSS en Jalisco.
Barreda Robinson dijo: “el IMSS actúa de forma indolente, irresponsable y criminal; así lo digo, criminal, porque es criminal la actitud de no trasladarlos con mentiras; nos dicen, por ejemplo, que el avión para los traslados se quedó en Cincinnatti luego de hacer un viaje y que ya no pudo volver a Guadalajara por más niños, por las condiciones del clima.
Hubo un niño que se iba a trasladar a Sacramento en un avión de la Marina mexicana, pero antes de despegar nos dimos cuenta que el plan de vuelo que traía era a Guadalajara, por lo que de inmediato nos opusimos a que la nave saliera y fue entonces que gracias al apoyo del cónsul en Hermosillo (John Brendistine) y la Cruz Roja, se habló con Hillary Clinton (secretaria de Estado estadunidense), quien dio órdenes para que se abriera una vía aérea militar y el avión pudiera volar directo a Sacramento sin restricciones, pasando sobre espacios aéreos reservados, manifestó.
De qué se trata, ¿quieren matar a los niños o qué? Que diga el señor Daniel Karam ya qué es lo que pretende, si acaso tiene instrucciones de acabar así con el problema, porque para mí esto ya se pasó de la raya, sostuvo.
Según uno de sus portales en Internet, a principios de 1900 masones neoyorquinos fundaron la Fraternidad Shriners, cuyo primer hospital abrió en 1922 en Shreveport, Luisiana, y hasta hoy se le añaden 21 en ciudades de Estados Unidos y el Distrito Federal en México de los cuales 18 son ortopédicos, tres para quemaduras y uno para lesiones de médula espinal. Sus tratamientos son gratuitos y sólo en 2007 tuvieron un presupuesto de 721 millones de dólares procedentes de regalías, legados, donaciones, eventos recaudatorios y membresías anuales de sus casi 550 mil socios.
Lo anterior da cuenta de lo que hemos dicho siempre: la falta de educación, de valores morales, de disciplina, de responsabilidad y de amor a los semejantes producto de una educación neoliberal y una cultura light cultivada por los medios de comunicación y las instancias educativas interlazadas con la corrupción y la red de funcionarios que se han colocado a través del tráfico de influencias y no de la capacidad científica y moral de quienes obtienen los puestos da como resultado que nada funcione.
Después de la cagada que han dado las autoridades en el caso de la tragedia de la Guardería ABC se esperaría que ahora hicieran todo lo posible por actuar con responsabilidad expedita aunque sólo fuera para taparle el ojo al macho. Pero ni siquiera eso pueden porque nomás no tienen con qué. Su ineptitud e inmoralidad no se los permite. No hay ni siquiera conciencia de ello. Pero lo peor de todo es que la mayoría de los habitantes en este país víctimas de lo mismo tampoco les permite identificar dónde está el problema. Esta negligencia no sólo es producto de la falta de capacitación que se presume en un profesional de la categoría concreta de que se trate sino también de una falta de responsabilidad y de moral para atender situaciones de vida o muerte de niños y niñas inocentes que han sido víctimas de lo mismo.
Y como todo está relacionado no sorprende entonces que muchos ciudadanos hagan una campaña por el voto nulo. Tampoco en este caso se identifica dónde está el problema. Se argumenta que anulando el voto las autoridades se darán cuenta de nuestro repudio y suponen que con ello se va a resolver algo. Esta idea infantiloide viene también de la falta de responsabilidad ciudadana y de una cultura light que no puede comprometerse con una lucha participativa porque no se tiene una capacitación ni una moral con la cual responder a la injusticia de la cual se es víctima. Diríamos entonces que es una especie de negligencia ciudadana. Parece que en esto la autoridades que hemos tenidos en los últimos veinticinco años y la labor televisiva sí han hecho bien su trabajo: convertir a los ciudadanos en entes pasivos incapacitados mental y moralmente para revertir la situación. Si la mayoría no tiene conciencia de ello resulta una tarea titánica para la minoría que sí la tiene. Pero lo que resulta todavía más trágico es que en la próxima elección habrá votos para el PRI y para el PAN lo cual resulta verdaderamente increíble y eso no es culpa de estos partidos, son los ciudadanos quienes están votando por la venta del país, por más muerte y por más guarderías incendiadas y niños quemados, entre otras cosas. En fin, hay que dar la batalla porque cuando se tienen principios y moral no se puede soslayar la responsabilidad que tenemos.
martes, junio 09, 2009
Vive México en Acapulco
• La negligencia de Hermosillo• El ife (Parte XIII)
A Puerta Cerrada
Marcela Gómez Zalce
Bajo la máscara del arrojo, mi estimado, se ocultan grandes temores. Comienza la semana con dos hechos atroces, graves y que están colmados de indefensión e impunidad.
Lo ocurrido en Hermosillo, Sonora, y que dio la vuelta al mundo desatando consternación y profundo dolor al conocerse que la muerte por negligencia tiene permiso apagando la luz de más de 41 pequeños, sencillamente hace gritar al cielo que todos los responsables, autoridades y dueños del infame lugar… no tienen madre.
La tragedia que primero derrumbó el espoteo federal sobre las tan cacareadas guarderías para después demostrar las lamentables condiciones de seguridad en que operan exhiben, más allá de las célebres investigaciones, que la mentada revisión oficial de seguridad llevada a cabo el 27 de mayo en ese lugar tuvo serias anomalías ya que, según versiones de vecinos y de ésos héroes anónimos que emergen en este tipo de acontecimientos, choca con las originales explicaciones hasta hoy generadas… y que están inmersas en ese sugestivo mundo de corrupción en el interior del IMSS.
Este (des)gobierno no debe darle largas a un asunto que ha sumido en el dolor, agravio y desolación a las familias que perdieron a sus hijos y a las que aún tienen a los suyos en estados graves de salud. Los responsables tienen una cita ineludible con la justicia, sobre todo por los apellidos que se difundieron como los dueños del lugar, yes?...
El otro hecho, ocurrido en Acapulco y a algunos metros donde se encontraba el estupefacto respetable (so let´s avoid de BS), da cuenta de que la mal llamada guerra contra el narcotráfico es una simulación y un peligroso fracaso. Primero porque la población civil sufre el fuego cruzado entre delincuentes, las fuerzas armadas y federales sin ninguna protección…
Aunque para protección, mi estimado, nada como atestiguar las grotescas y confusas versiones cuando lo que sucedió fue un narcorreventón en una casa de seguridad —que medio Acapulco sabe de quién y para qué es— donde se hallaba Edgar Valdés Villareal (AKA La Barbie), el mismo día en que la selección mexicana (hacía el oso # 34,867) jugaba contra El Salvador. La balacera, no, no… la descomunal refriega de plomazos, bazucasos, granadazos y ráfagas de AK-47 y R-15, amable lector, duró ¡¡47 minutos!!, antes de que llegaran refuerzos del Ejército y de la policía federal (ocasionando, of course, tiempo suficiente para la huida del capo) para “instalar retenes” y repeler la agresión.
Caletilla y Caleta se sumergieron en un caos de pánico —reconfortante certificar el lanzamiento de Vive México (pero entre plomo)—, donde la lluvia de balas se escuchaba por doquier y que ante la llegada de la autoridad (¿?) orilló a que los revoltosos salieran armados hasta los dientes, unos a refugiarse en azoteas y otros desaparecer soltando balazos hasta altas horas de la madrugada. La cifras de muertos y heridos, en donde hubo civiles inocentes para no variar, son vagas.
Lo único cierto es que todos saben quién es quién… y quién trabaja y protege a quién… aunque Guerrero parece no ser un blanco (azul) importante en el tablero electoral del PAN para uno de esos espectaculares operativos previos al 5 de julio.
Ese narcorreventón tenía permiso y algo salió mal... y la atemorizada ciudadanía se sabe indefensa ante los inéditos atropellos de delincuentes y autoridad y hoy expuestos esperan las volátiles consecuencias. Porque habrá venganza, my friend, y un efecto boomerang de pronóstico reservado.
Ambos hechos develan que, aunque no lo parezca y con todo y la espotiza, efectivamente este (des)gobierno va que vuela a ser... un estado fallido.
Por la Mirilla
Anote las cifras de la transmisión (90.59%) y omisión (9.41%) de anuncios del 27 de mayo al 2 de junio en 21 ciudades.
Zacatecas 93.21% vs 6.79%; Veracruz 92.21% vs 7.79%; Tuxtla Gutiérrez 87.19% vs 12.81%; Torreón 92.48% vs 7.52%; Toluca 93.16% vs 6.84%; Tijuana 88.54% vs 11.46%; Saltillo 87.82% vs 12.18%; Puebla 90.42% vs 9.58%; Pachuca 98.40% vs 1.60%; Morelia 94.76% vs 5.24%; Monterrey 93.79% vs 6.21%; León 92.00% vs 8.00%; Hermosillo 93.22% vs 6.78%; Guadalajara 88.62% vs 11.38%; Durango 85.18% vs 14.82%; Cuernavaca 92.07% vs 7.93%; Ciudad Obregón 93.07% vs 6.93%; Cd. Juárez 89.30% vs 10.70%; Cd. de México 92.69% vs 7.31%; Chihuahua 94.41% vs 5.59%, Acapulco 92.55% vs 7.45%...gomezalce@aol.com
UN GOBIERNO ASESINO DE BEBÉS
UN GOBIERNO ASESINO DE BEBÉSPor Federico Arreola
Ha dicho Jorge Ferández Menéndez en su columna de este lunes en Excélsior: "La muerte de 41 niños, bebés casi todos ellos, con 23 más hospitalizados, algunos con graves quemaduras, por el incendio que se produjo frente a una guardería en Hermosillo, debe resultar sencillamente inaceptable y exhibe las corrupciones, las debilidades, de buena parte de nuestro sistema institucional".
Jorge no se atreve a culpar abiertamente al gobierno federal por la tragedia de Hermosillo (de hecho, aunque no venía completamente al caso, recuerda en su texto un acto de corrupción del gobierno capitalino relacionado con el albergue Casitas). Pero más allá de las lealtades políticas de Fernández Menéndez, que respeto, lo cierto es que tiene razón: el drama de la guardería incendiada en la capital de Sonora "exhibe las corrupciones, las debilidades, de buena parte de nuestro sistema institucional". Un sistema, para mal, encabezado por Felipe Calderón, el panista que recurrió al fraude electoral para quedarse, en 2006, con la Presidencia de la República.
El que lo dude que pregunte cómo murieron ya 43 bebés en Hermosillo, Sonora. La respuesta será: Fallecieron en el incendio de una guardería subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social que no cumplía con las mínimas condiciones de seguridad que se exigen a esta clase de establecimientos.
Y el IMSS, está claro, depende de Calderón, que primero puso al frente de ese instituto a un grillo profesional (Juan Molinar Horcasitas) y después a un irresponsable (Daniel Karam, quien no se ha cansado de decir que en la estancia infantil que se incendió pasó todas las revisones y que, por lo tanto, era segura).
Hay también responsabilidad del gobierno local, dirigido por Eduardo Bours. Pero, desde luego, antes de ir a los peces menores hay que buscar a los más grandes.
Jorge no se atreve a culpar abiertamente al gobierno federal por la tragedia de Hermosillo (de hecho, aunque no venía completamente al caso, recuerda en su texto un acto de corrupción del gobierno capitalino relacionado con el albergue Casitas). Pero más allá de las lealtades políticas de Fernández Menéndez, que respeto, lo cierto es que tiene razón: el drama de la guardería incendiada en la capital de Sonora "exhibe las corrupciones, las debilidades, de buena parte de nuestro sistema institucional". Un sistema, para mal, encabezado por Felipe Calderón, el panista que recurrió al fraude electoral para quedarse, en 2006, con la Presidencia de la República.
El que lo dude que pregunte cómo murieron ya 43 bebés en Hermosillo, Sonora. La respuesta será: Fallecieron en el incendio de una guardería subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social que no cumplía con las mínimas condiciones de seguridad que se exigen a esta clase de establecimientos.
Y el IMSS, está claro, depende de Calderón, que primero puso al frente de ese instituto a un grillo profesional (Juan Molinar Horcasitas) y después a un irresponsable (Daniel Karam, quien no se ha cansado de decir que en la estancia infantil que se incendió pasó todas las revisones y que, por lo tanto, era segura).
Hay también responsabilidad del gobierno local, dirigido por Eduardo Bours. Pero, desde luego, antes de ir a los peces menores hay que buscar a los más grandes.
LOS DUEÑOS DE GUARDERÍA INCENDIADA Y LOS PARIENTES DE FELIPE CALDERÓN
Por Víctor Hernández
SDPnoticias.com dio a conocer el sábado pasado que el nombre de una de las dueñas de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde fallecieron 41 infantes cuando la guardería se inciendió el viernes pasado, coincide con el nombre de una pariente política de Felipe Calderón y del gobernador de Sonora, Eduardo Bours.El nombre de la dueña en cuestión es Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella. El nombre coincide con el de la hija del empresario sonorense Roberto Gómez del Campo Laborín, quien es tío de la esposa de Eduardo Bours y de acuerdo con diversos reportes consultados por SDP, incluyendo una nota del diario Milenio, pariente directo de la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala Gómez del Campo.Hay una fotografía de Marcia Gómez del Campo Tonella. Aparece en la sección de sociales del diario El Imparcial del 18 de abril de 2009, aunque con el nombre de casada "Marcia Gómez del Campo de Salido".
Por Víctor Hernández
SDPnoticias.com dio a conocer el sábado pasado que el nombre de una de las dueñas de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde fallecieron 41 infantes cuando la guardería se inciendió el viernes pasado, coincide con el nombre de una pariente política de Felipe Calderón y del gobernador de Sonora, Eduardo Bours.El nombre de la dueña en cuestión es Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella. El nombre coincide con el de la hija del empresario sonorense Roberto Gómez del Campo Laborín, quien es tío de la esposa de Eduardo Bours y de acuerdo con diversos reportes consultados por SDP, incluyendo una nota del diario Milenio, pariente directo de la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala Gómez del Campo.Hay una fotografía de Marcia Gómez del Campo Tonella. Aparece en la sección de sociales del diario El Imparcial del 18 de abril de 2009, aunque con el nombre de casada "Marcia Gómez del Campo de Salido".
La foto aparece como parte de una nota de sociales en la que se relata que ella y su esposo acababan de tener un bebé. Qué irónico si resultara que se trata de la misma persona que aparce como dueña de la guardería ABC.Hasta el momento de redactar esta columna ninguno de los dueños de la guardería incendiada ha aparecido publicamente ante los medios para dar la cara por lo ocurrido. A lo más que han llegado es a emitir un boletín de prensa en el que lamentan lo ocurrido, dan pésames a las familias de los infantes fallecidos y dicen pedir a las autoridades que den con los responsables de la tragedia. Sin embargo, como se dijo, todo esto es en papel. Nada en persona.
¿Por qué?
Dada la seriedad de la tragedia de la guardería ABC, me parece que Felipe Calderón, Eduardo Bours, y Roberto Gómez del Campo, quien es uno de los empresarios más prominentes de Sonora, deberían salir ante el público a aclarar si la persona que aparece como dueña de la guardería es o no es su pariente. No tanto por obligación, sino por respeto a las familias de los 41 infantes que murieron a causa de la negligencia de la guardería, la cual, de acuerdo con el diario Reforma, tenía alarmas contra incendios que no se activaron por estar mal ubicadas y salida de emergencia que no sirvió ya que se tuvieron que hacer hoyos en la pared para que la gente atrapada pudiera salir del incendio.Ante algo tan grave, tan delicado, y tan indignante como lo que ocurrió en Hermosillo, no es posible que los dueños de la guardería no den la cara ante el público. Y no es posible que Felipe Calderón y Eduardo Bours guarden silencio.De no aclarar Felipe Calderón y Eduardo Bours la identidad de los dueños, el silencio de ambos no hará más que hacerle suponer a mucha gente que el PAN y el PRI son capaces inclusive de hacerse de la vista gorda ante la muerte de 41 niños.
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