Durazo, Aristegui, Espino y Scherer Ibarra. Presentan Calderón de cuerpo entero. MÉXICO, D.F. (apro).- Con Calderón de cuerpo entero, el más reciente libro del periodista Julio Scherer García, se inicia el juicio al gobierno de Felipe Calderón, advirtieron hoy Carmen Aristegui y Alfonso Durazo, mientras que Manuel Espino reveló que no quería que fuera presidente de México.
Aristegui, Durazo y Espino presentaron el libro de Scherer García ante más de 300 personas que abarrotaron el Salón de Actos del Palacio de Minería, y los tres desmenuzaron la obra, de la que los dos segundos participan con sus testimonios sobre Calderón.
Aristegui, quien recordó que hace “un año y días” perdió y recuperó su programa en MVS por “un berrinche de notables proporciones” de Calderón, expuso que, tal como lo ha expuesto el historiador Lorenzo Meyer, ha comenzado el juicio al sexenio.
“Empieza el inicio de los juicios precisamente a Felipe Calderón, el juicio de la historia, para decirlo en términos en los que se suele hablar, evidentemente ya empezó y don Julio es de los primeros que escribe precisamente para este ejercicio”, puntualizó la periodista.
Y añadió: “Sin duda va a ser un sexenio a analizar de una y mil maneras, de todos los ángulos posibles, (como) desde el ángulo periodístico don Julio aporta Calderón de cuerpo entero.”
Espino, expulsado del Partido Acción Nacional (PAN) que presidía en 2006, dijo que compartió con Scherer información que tienen derecho a saber los mexicanos sobre Calderón, porque el periodista “quería escribir historia con la verdad”.
El político duranguense aclaró que en el libro “no hay chisme, no hay mitote, son páginas de historia”, y aludió a las reacciones que produjo en la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, el PAN y la casa de campaña de Josefina Vázquez Mota.
“Yo lamento, pero al mismo tiempo celebro, que los testaferros del calderonato hayan trabajado horas extras desde que se publicó el avance del libro en la revista Proceso, y de Bucareli, de Los Pinos, de una oficina de partido de la colonia Del Valle y de una oficina de campaña de la colonia Del valle comenzaron a diseñarse jugadas de comunicación para neutralizar, contrarrestar o desprestigiar a un libro que todavía no estaba en las librerías, pero que ya se sabía que pronto iba a aparecer.”
Añadió: “Y quienes lamentablemente como periodistas reaccionan en contra del libro, sin haberlo siquiera conocido, evidenciaron a quién estaban sirviendo, y periodistas a los yo tenía aprecio y respeto por su objetividad, y comenzaron a poner énfasis en un tema, en un enfoque de un tema, el tema del alcoholismo, y el enfoque de que era injusto hablar del alcoholismo del presidente.
“Yo nunca le dije alcohólico al presidente, porque no me espanta que una persona tome bebidas alcohólicas (…) Ese no es el problema, el problema es que se tome de manera irresponsable, el problema es que se tome cuando se trabaje y el problema es que se tome cuando se trabaja en una responsabilidad del tamaño de la Presidencia de la República. Y yo no sé si el Presidente toma o no, pero sé que tomaba cuando era diputado y lo hacía cuando trabajaba.”
En la presentación del libro de Scherer García, en el marco de la Feria Internacional de Libro de la UNAM, Espino reveló: “Yo conocía las inclinaciones de Felipe Calderón y por eso yo no quería que fuera el presidente o el candidato a presidente de mi partido. Eso es público y nunca lo he negado.”
Pero cuando ya fue candidato lo tuvo que apoyar, porque era su obligación. “Cuando era precandidato por supuesto que no quería, pero tampoco me atrevía a difundir, porque siendo presidente de un partido político nacional hubiera sido muy mal visto que, estando en el papel de árbitro, tratara de persuadir a los militantes de por qué no votar por una persona. Pero esa ya es experiencia y esa ya es historia que se plasma en los libros de don Julio Scherer.”
Por su parte, Durazo dijo que Scherer se anticipa a lo que vendrá después de que Calderón deje el cargo, porque es cuando todas las estructuras que los cercan para ignorar las realidad empiezan a ceder y es también cuando los intereses cómplices que protegían con el silencio empiezan a romper sus ataduras.
Durazo, exsecretario del priista Luis Donaldo Colosio, advirtió que la conducta de Calderón anticipa que se involucrará en la elección federal más que Vicente Fox, de quien él fue también secretario.
“Creo que las dimensiones que tomará con Calderón resultarán inéditas”, vaticinó Durazo, quien afirmó que el presidente “no estaba preparado emocionalmente para llegar a esa responsabilidad y que parece no tener una línea roja que respetar. Es decir, el ‘haiga sido como haiga sido’ en estado puro”.
Ernesto Zedillo, expresidente de México. WASHINGTON (Proceso).- Barack Obama se inscribe en la estrategia legal concebida para anular la demanda interpuesta en contra de Ernesto Zedillo por 10 presuntos sobrevivientes de la matanza de Acteal, toda vez que el mandatario estadunidense tendría el poder para decidir si se le otorga o no inmunidad al expresidente mexicano.
“La clave del caso es saber si el gobierno de Estados Unidos va a intervenir a favor o en contra de la solicitud o si simplemente no va a hacer nada”, dice a Proceso Roger Kobert, uno de los abogados que en nombre de los 10 sobrevivientes presentaron la demanda contra Zedillo ante la Corte Federal de New Haven, Connecticut, el pasado 16 de septiembre.
El gobierno de Estados Unidos rechazó hacer comentarios sobre la petición de inmunidad que hiciera el expresidente a la Corte Federal; su argumento fue que se trata del caso de un ciudadano privado. Lo único que el Departamento de Estado admite es haber recibido una “nota diplomática” del gobierno de México sobre el asunto, pero no reveló el contenido.
El viernes 6 de enero los abogados Jonathan M. Freiman y Tahlin Townsend, representantes legales de Zedillo en Estados Unidos, promovieron ante la Corte Federal de New Haven una moción: le solicitaron al juez federal Alvin W. Thompson anular el juicio y los cargos que le imputan a su cliente. Justificaron la solicitud con el argumento de que Zedillo goza de inmunidad (diplomática internacional), como les corresponde a los exjefes de Estado y de gobierno.
“Los abogados del señor Zedillo quieren que la Corte pida al Departamento de Estado que le aclare si el expresidente goza o no de inmunidad frente a la demanda”, anota Kobert, de la firma Rafferty, Kobert, Tenenholtz, Bounds & Hess, con sede en Miami, que representa a los 10 sobrevivientes de Acteal.
Funcionarios del gobierno de Obama consultados por este semanario dicen que el curso legal que se le da a la moción presentada por Zedillo ante la Corte Federal de Connecticut se desarrolla en tres etapas:
Primero la Corte Federal de Connecticut se pone en contacto con el Departamento de Estado para solicitar su “punto de vista” sobre la afirmación de los abogados de que Zedillo tiene derecho a la inmunidad como expresidente de un país extranjero. Después, según el sistema judicial estadunidense, el Poder Ejecutivo “podría dar su opinión a la Corte” sobre la solicitud de inmunidad. Por último la Corte Federal tiene la libertad de tomar en cuenta o desechar la opinión del Ejecutivo para emitir su fallo.
Kobert aclara que antes de que la Corte Federal consulte al Departamento de Estado tiene que notificarles oficialmente a ellos el pedido de Zedillo y esperar la opinión legal de la parte acusadora.
“La Corte Federal es la que tiene la última palabra”, enfatiza Kobert, quien hasta el cierre de esta edición aseguró que su equipo no había recibido ninguna notificación del juez Thompson, aunque previó que la comunicación se lleve a cabo la próxima semana. Proceso intentó en cinco ocasiones comunicarse telefónicamente con los abogados de Zedillo, pero no respondieron.
El precedente Filártiga
Funcionarios estadunidenses y abogados internacionalistas consultados por el corresponsal admitieron que desconocen el proceso jurídico de un caso en Estados Unidos de solicitud de inmunidad para un exjefe de Estado o de gobierno o exfuncionarios de países extranjeros.
El único precedente legal de esta naturaleza es el de la familia Filártiga contra Américo Norberto Peña Irala, exinspector general de la Policía de Asunción, Paraguay, juicio que tuvo lugar en 1980. La decisión final fue adversa al argumento de inmunidad.
Este caso se sustentó en un hecho ocurrido en la capital paraguaya el 29 de marzo de 1976 cuando Joel Filártiga, de 17 años, fue secuestrado, torturado y asesinado por Peña Irala. La demanda señala que ese mismo día oficiales de la policía llevaron a Dolly Filártiga (hermana de Joel) a reconocer el cuerpo del muchacho, que mostraba huellas de severas torturas.
La familia Filártiga sostuvo que Joel fue secuestrado, torturado y asesinado en represalia por las actividades políticas de su padre, el doctor Joel Filártiga. La familia acusó legalmente a Peña Irala en Paraguay, donde nunca fue juzgado. Al contrario, el abogado de la familia Filártiga fue detenido, encarcelado y amenazado de muerte por la policía y posteriormente se le anuló la licencia para litigar en Paraguay.
En 1978 Dolly Filártiga emigró a Estados Unidos y solicitó asilo político; ese año Peña Irala también viajó a la Unión Americana y se quedó a vivir ahí, pese al vencimiento de su visa de turista. Al enterarse de la presencia en Estados Unidos de Peña Irala –luego de haber sido detenido éste por las autoridades migratorias– Dolly lo demandó ante una Corte Federal.
A Peña Irala lo acusaron de haber torturado y asesinado al joven Filártiga en flagrante violación de las leyes internacionales en materia de derechos humanos y de los acuerdos suscritos por el gobierno estadunidense. La representación legal de la familia Filártiga estuvo a cargo del Centro para los Derechos Constitucionales. Los demandantes pidieron a Peña Irala una compensación de 10 millones de dólares.
Pese a que la Corte Federal que asumió el caso desechó los cargos y anuló el juicio (por el pedido de inmunidad que hizo el gobierno de Paraguay), la Corte Federal de Apelaciones del Segundo Distrito del estado de Nueva York dio un fallo favorable para la familia Filártiga. La Corte de Nueva York determinó que la denuncia y castigo contra la tortura están garantizados por la aplicación de las leyes internacionales.
Este caso se interpretó como la extensión de la aplicación de las leyes internacionales por las cortes de Estados Unidos en los casos de delitos cometidos en el extranjero o en el territorio nacional.
Un despacho muy caro
Los 10 sobrevivientes de la matanza de Acteal piden que se procese judicialmente a Zedillo en Estados Unidos bajo el mismo criterio de extensión de la aplicación de las leyes internacionales que reconoce el gobierno de Obama y a las cuales está suscrito. La matanza fue perpetrada el 22 de diciembre de 1997 en el municipio de Chenalhó, Chiapas, e implicó la muerte de 45 hombres, mujeres y niños tzotziles.
Los demandantes exigen al expresidente una compensación de 50 millones de dólares. La demanda se presentó en la Corte Federal de New Haven por ser ése el distrito que tiene jurisdicción sobre el lugar de residencia de Zedillo, quien dirige el Centro de Estudios de la Globalización de la Universidad de Yale.
En México algunos medios, analistas políticos y columnistas han hecho numerosas conjeturas en torno a las razones de la demanda. Algunos ven con suspicacia el hecho de que los 10 sobrevivientes de la matanza hayan iniciado la querella judicial –según los comentaristas– usando los servicios de uno de los despachos legales más caros de Estados Unidos.
“Ojalá fuera así; sería rico”, comenta Kobert al respecto, y sostiene que él y sus colegas tomaron el caso porque consideran que en éste se halla de fondo una gran injusticia donde las víctimas son muy pobres. “Estas personas que representamos no tienen dinero ni siquiera para cubrir sus necesidades básicas, mucho menos para pagarles a unos abogados que cobran cientos de dólares por hora”, enfatiza.
–¿Entonces quién les paga? –se le pregunta.
–Lo que tenemos es un acuerdo bajo el cual si ganamos nos llevaremos una porción de los 50 millones de dólares que se buscan en compensación por los daños. Si perdemos no nos llevamos ni un centavo.
En casos de violación a los derechos humanos de personas humildes –dentro y fuera de Estados Unidos– es común que despachos legales u organizaciones no gubernamentales acepten trabajar con la esperanza de recibir un porcentaje del pago exigido como compensación por los daños sufridos por sus clientes.
El abogado aclara que la demanda contra Zedillo es su primer caso contra el exjefe de Estado de un país extranjero. Kobert aclara en la entrevista telefónica que él y sus colegas tienen la capacidad profesional y legal para salir adelante con la demanda: “Ya habíamos anticipado que en el proceso saldría a relucir el asunto de la inmunidad”.
El despacho con sede en Miami tiene un amplio historial de aplicación de leyes internacionales… pero en materia comercial. Kobert se asume como experto en temas de inmunidad, territorialidad y soberanía ante las cortes federales de su país. “Revisamos el caso, lo analizamos y decidimos tomarlo cuando llegamos a la conclusión de que es un asunto interesante y que se puede ganar”, añade.
–¿Fueron los 10 campesinos de Acteal quienes los buscaron para que los representaran? –se le pregunta.
–Fuimos contactados por un grupo de abogados mexicanos interesados en ayudar a las víctimas de esta masacre.
–¿Quiénes son esos abogados?
–No podemos dar a conocer su identidad. No los podemos poner en riesgo. Ellos nos solicitaron que los mantuviéramos en el anonimato.
–¿Dónde tienen su despacho estos abogados mexicanos, en la Ciudad de México, en Chiapas?
–Digamos que en algún lugar de los Estados Unidos Mexicanos.
Kobert sostiene que fue en la primavera o el verano de 2010 cuando fueron contactados por los abogados mexicanos y explica que tuvieron poco más de un año para investigar en detalle toda la situación antes de demandar a Zedillo: “Hicimos mucha investigación, reconstrucción de los hechos, entrevistas con testigos y víctimas, análisis de los procedimientos legales y jurídicos y traducción de documentos. Nuestra firma envió representantes muchas veces a la región (de Acteal)”.
Respecto de las razones por las que se mantiene en el anonimato la identidad de los demandantes, Kobert aclara que el propósito es no poner en riesgo la integridad de sus clientes y de los familiares de éstos.
“En el primer borrador de la demanda habíamos puesto los nombres y apellidos de todos. Al final determinamos que no era pertinente, porque los pondríamos en riesgo. Pero los documentos están firmados por los denunciantes –identificados como Jane Doe 1, 2, 3, etcétera–, quienes también pusieron sus huellas digitales”, aclara.
La Corte Federal en New Haven aceptó la demanda con el nombre de Jane Doe para cada uno de los quejosos, pero Kobert adelanta que en algún momento del juicio –que él afirma que sí habrá– la defensa pedirá confirmar la identidad de quienes acusan a Zedillo. “Pero también ya estamos preparados para enfrentar esa situación”, remata.
El abogado incluso abrió una página en internet donde se exhiben muchos de los documentos del proceso: http://acteal97.com.
Una vez que el juez Thompson solicite la opinión del Departamento de Estado sobre la solicitud de Zedillo, y luego de que el gobierno de Obama se la entregue, la Corte Federal de New Haven se lo notificará a los abogados de los demandantes, quienes tendrán 30 días para responder al fallo. En otras palabras: para presentar una apelación, de ser el caso, ante la Corte correspondiente.
Desconfianza en Chiapas
En Chiapas la demanda de los 10 sobrevivientes contra Ernesto Zedillo y la posterior solicitud de inmunidad presentada por el gobierno mexicano sólo han generado dudas y desconfianza.
La asociación civil Las Abejas de Acteal –formada por sobrevivientes reconocidos de la matanza, así como por amigos y familiares– y sus representantes legales del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) se deslindaron de la demanda; afirman que ninguno de ellos contrató despacho legal alguno ni ha viajado a Estados Unidos para testificar en el caso.
Consideran que es una cortina de humo para obstaculizar la vía que ellos eligieron para desahogar la responsabilidad del Estado mexicano y algunos responsables del gobierno encabezados por el entonces presidente Zedillo, a quien acusan de ordenar la estrategia de contrainsurgencia que culminó con la matanza del 22 de diciembre de 1997.
En 2010, 13 años después de la matanza, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la queja interpuesta por el Frayba y Las Abejas de Acteal, a quienes les notificó haber abierto el expediente número 146/10. La admisibilidad fue dictaminada en el 140 periodo ordinario de sesiones de la CIDH en Washington los primeros días de noviembre de ese año.
En aquella ocasión la CIDH dijo a los denunciantes que había encontrado elementos para admitir que el Estado mexicano violentó derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales, por lo que era hora de comenzar a pedirles cuentas.
A raíz de ello, dice el titular del Frayba, Víctor Hugo López, la CIDH empezó a solicitar información del caso al gobierno mexicano y en ese proceso conocieron, el 20 de septiembre de 2011, la demanda interpuesta cuatro días antes contra Zedillo en Estados Unidos.
Sin embargo Las Abejas y el Frayba consideran que la solicitud de inmunidad del gobierno mexicano es parte de una estrategia que camina hacia la impunidad. Dice Víctor Hugo López que el hecho de que el gobierno mexicano haya solicitado inmunidad lo único que hace es confirmar la responsabilidad de los servidores públicos.
“A nosotros nos sorprende que en lugar de que el gobierno mexicano dé información para deslindar responsabilidades, intente por la vía del fast track solicitar inmunidad para el expresidente Zedillo.
“Nos sorprende que pudiendo contar con un buen cuerpo de abogados que lo defienda y argumente su inocencia en los tribunales se vaya por esa vía. Se van un poco con la finta de lo que ya ocurrió con un expresidente de Colombia (Álvaro Uribe), a quien sí le dieron inmunidad durante el gobierno de George Bush”, agrega.
Afirma que el sexenio de Zedillo estuvo marcado por la estrategia contrainsurgente y que hay al menos tres hechos que lo confirman. Primero la embestida militar de febrero de 1995 contra el EZLN, cuando había un cese del fuego para abrir el diálogo y la negociación; al fallar esa estrategia ofensiva, como una segunda etapa se sentó a dialogar y negociar. Se firmaron los primeros acuerdos de San Andrés, los que terminó por desconocer. Tras los acuerdos el gobierno añadió un tercer elemento: la paramilitarización, la creación de grupos de choque que finalmente concluyó con la matanza de Acteal.
“Con esos tres elementos vemos claramente la estrategia ‘dura’, de la que es responsable Zedillo como comandante de las Fuerzas Armadas que era entonces”, señala.
Si se exime de responsabilidad a Zedillo, dice, querrán también encubrir a los otros responsables que dependieron de él, entre ellos el exsecretario de Gobernación Emilio Chuayffet, el de Defensa, Enrique Cervantes Aguirre, y el exgobernador de Chiapas Julio César Ruiz Ferro.
Añade que el gobierno de Calderón está haciendo la prueba con este intento de solicitar inmunidad “para cubrirse la espalda viéndose él como expresidente, luego de que ha sido señalado por los miles de muertos en México y la demanda que enfrenta en la Corte Penal Internacional”. (Con información de Isaín Mandujano.)
El activista Trinidad de la Cruz, el martes pasado, horas antes de ser levantado por un grupo armado.crímenes de guerray
delitos de lesa humanidad.
Los más de 27 mil firmantes de la denuncia sostienen que el gobierno
de México actúa en abierta complicidad con el crimen organizado. Una somera recostrucción de los hechos que precipitaron la muerte de Trinidad de la Cruz demuestra que tal percepción está sólidamente fundada.
Hace dos años, cientos de familias indígenas, pertenecientes a la comunidad de Ostula, ocuparon las tierras de Xayakalan, sobre la costa michoacana del Pacífico, muy cerca de la playa El Tamarindillo, que poseen Vicente Fox y Marta Sahagún. La siempre feliz y sonriente pareja ex presidencial no ha ocultado sus intenciones de construir un desarrollo turístico desde El Tamarindillo hasta Xayakalan, donde por otra parte hay ricos y abundantes yacimientos de hierro y de oro que ambicionan empresas mineras de India, Italia y Argentina.
La región costera, además, es disputada por diferentes bandas de narcotraficantes, por su ubicación estratégica que permite la entrada y salida de sustancias ilícitas. Tanto los hoteleros como los mineros han venido sirviéndose de los paramilitares al servicio de los cárteles, para reprimir a los comuneros de Xayakalan y desplazarlos de la costa a fin de quedarse con sus playas.
Por si hiciera falta para demostrar la complicidad entre hoteleros, mineros y cárteles con las dependencias federales adscritas al gobierno
calderónico, las secretarías de Marina y Defensa han protegido por acción o por omisión a los paramilitares, que acumulan ya 27 asesinatos y cuatro desapariciones forzadas en Xayakalan, trágica lista que podría estar creciendo incluso en estos momentos.
El pasado 28 de noviembre, en Morelia, don Trino sostuvo una reunión con representantes de los gobiernos michoacano y federal, para ponerlos al tanto de los peligros que de nuevo se cernían sobre los pobladores de Xayakalan, con motivo de la consulta que éstos iban a sostener el martes 6 de diciembre, para determinar si aceptan el dinero que les ofrecen las autoridades a cambio de sus tierras o permanecen dentro de ellas.
El Desfiladero del sábado anterior se sumó a las voces que desde distintos frentes intentaron evitar que los paramilitares atacaran ese día. Como fruto de la reunión del 28 de noviembre, el martes 6 de diciembre, muy temprano por la mañana, don Trino y 12 integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), encabezados por Pietro Ameglio, salieron de Guadalajara escoltados por un convoy de la Policía Federal, bajaron a la costa, pasaron por Maruata, donde la Marina tiene una base naval, y llegaron a Xayakalan.
Pero de pronto, sorpresivamente, el hombre que iba al mando de los soldados azules de Genaro García Luna le dijo a Pietro Ameglio que se retiraba con sus tropas, ya que no podía garantizar su propia seguridad
. En seguida, apenas se alejaron los uniformados, irrumpieron los paramilitares, arma- dos con rifles AK-47, pistolas, machetes y puñales, a las órdenes de tres conocidos y bien identificados matones: Prisciliano Sánchez Corona, alias Chalano; Iturbide Alejo, alias El Turbinas, y Margarita Pérez, La Usurpadora, de acuerdo con el excelente reportaje que Gloria Muñoz Ramírez publicó en La Jornada anteayer.
Con base en los testimonios de los miembros de la caravana del MPJD, ahora se sabe que éstos fueron obligados a subir a sus vehículos, y a bordo de otro en que llevaban a don Trino, los asesinos los arrearon
por la carretera que va al puerto de Lázaro Cárdenas. Sin embargo, a la altura de la comunidad de Coayahuana, se detuvieron y acuchillaron al dirigente hasta matarlo.
Durante una rueda de prensa que ofreció el miércoles 7 de diciembre en la ciudad de México, Pietro Ameglio relató lo anterior vencido por la pena y por el llanto. Sin embargo, la tragedia, monstruosa por todo lo que implica –los indígenas mexicanos no valen nada ante los intereses de los hoteleros y los mineros, que usan a las fuerzas armadas y a los narcos para desplazarlos de sus tierras– no conmovió a nadie.
Peor aún, si Felipe Calderón sacó al Ejército a las calles, supuestamente para combatir la inseguridad, los comuneros de Xayakalan no se explican por qué no atendió las peticiones de don Trino –formuladas en la reunión del 28 de noviembre en Morelia–, pero menos entienden por qué, después del horroroso asesinato del dirigente, siguen esperando la llegada de los soldados, sabiendo que El Turbinas, La Usurpadora y Chalano se encuentran en la comunidad y pueden cometer otros asesinatos en cuanto les apetezca.
¿Así o más clara la complicidad entre el gobierno
federal y los cárteles, señores jueces de la Corte Penal Internacional de La Haya? Esta pregunta difícilmente tendrá relevancia en medio de la profunda crisis política que se abrió en la cúpula del poder, tras la disparatada respuesta que dio Enrique Peña Nieto en la Feria Internacional del Libro, hace ocho días en Guadalajara, donde el dueño del copete más famoso del rumbo comenzó a desinflarse ante los ojos alarmados de quienes han recibido de él millones y millones de pesos para incrustarlo en la Presidencia el año entrante.
Era carambola cantada: en cuanto Peña Nieto comenzara a hablar se harían visibles sus inmensas limitaciones y dejaría de ser el hombre que México esperaba
, según sus publicistas y Televisa. Lo que no estaba previsto era que su derrumbe ocurriera tan temprano, ya que éste le da tiempo al PRI de buscarle un sustituto. Un problema, no menor, que por otra parte no parece tener respuesta. ¿Quién podría alcanzar, en seis o siete meses, la fuerza mediática que tuvo Peña Nieto?
En otras palabras, con un modelo económico en ruinas, sin un verdadero proyecto de rescate o reconstrucción del país, y sin una sola figura política atractiva –¿o acaso Beltrones, Vázquez Mota, Creel o Cordero llenarán el vacío dejado por Peña Nieto?–, la oligarquía mexicana carece de argumentos y de recursos legales para conservar el poder después de las elecciones del año próximo. De allí que Felipe Calderón hable con más y más insistencia de la posibilidad de que no haya comicios en 2012 “por la penenetración de los cárteles”.
El amago de cuartelazo que se dibuja detrás de estas palabras pone de relieve la dimensión de la crisis política en que ha quedado atrapada la derecha, al descubrir que carece de un candidato presidencial. Situación que en menor escala vive el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, al que se le abren los más anchos caminos para ganar la Presidencia, pero no cuenta con nadie que le asegure la victoria en el Distrito Federal. Cuando a lo largo de esta semana se oyó que el candidato de Morena al GDF podría ser Manuel Camacho, hubo quienes empezaron a preguntar la dirección de la embajada más cercana a su domicilio, para pedir asilo político al grito de sálvese el que pueda
.
Twitter: @emiajseliva
*Banxico y Hacienda venderán dólares para contener la devaluación
*Ex presidente detenido por la Corte Penal de La Haya
*El lavadero del dinero sucio
A partir del 30 de noviembre, y hasta nuevo aviso, el Banco de México ofrecerá diariamente 400 millones de dólares mediante subastas a un tipo de cambio que, como mínimo, sea dos por ciento mayor al tipo de cambio determinado el día hábil inmediato anterior, conforme a la circular que emita el Banco de México al respecto. De esta manera, la subasta deberá resultar en asignaciones únicamente cuando el tipo de cambio presente una depreciación, entre sesiones, superior al dos por ciento. Este instrumento, que en ocasiones anteriores ya se utilizó con éxito, se aplica de forma preventiva para proveer de liquidez al mercado de cambios en caso de que ello fuese necesario.
No aclara quiénes podrán participar en las subastas, pero si nos atenemos al modelo que siguieron en 2008-2009, serán exclusivamente los bancos comerciales. Agrega la información que se suspenderán temporalmente las subastas mensuales de opciones que dan el derecho a vender dólares al Banco de México. En consecuencia, se cancela la subasta que estaba programada para hoy, así como las subsecuentes, hasta nuevo aviso
. El Banco de México tiene recursos importantes para hacer frente a la especulación. Primero, están sus propias reservas internacionales, que alcanzan la suma de 139 mil 612 millones de dólares. Y luego una línea de crédito del Fondo Monetario Internacional por 72 mil millones de dólares.
Ex presidente ante la Corte de La Haya
Dicho crudamente no hay comparación entre el número de muertos en el remoto país de Costa de Marfil y México. Allá son 3 mil, aquí ya se perdió la cuenta, pero datos recientes los calculan en 50 mil. La Corte Penal Internacional de La Haya encontró elementos suficientes para abrir una investigación y detener al ex presidente marfileño Laurent Gbagbo. Ayer martes, cuando asistía a una diligencia en un tribunal local, se hizo efectiva la orden de aprehensión de la Corte y tanto el ex presidente como su esposa fueron conducidos a La Haya, donde él será sometido a proceso. Organizaciones civiles marfileñas e internacionales, así como el nuevo gobierno, habían denunciado a Gbagbo de ser responsable de la muerte de 3 mil personas en la crisis poselectoral que se desencadenó hace ocho meses. También se le acusa de crímenes contra la economía (corrupción). La orden de captura de la Corte es ilegal
y exacerbará los antagonismos entre las partes
, declaró Lucie Bourthoumieux, que representa a Gbagbo en París. El tribunal por ahora no ha hecho ningún comentario. Mientras no haya decisión pública de los jueces, no podemos comentar las declaraciones del abogado
, indicó a la Agencia France Press, Fadi el-Abdallah, su portavoz. Los cargos contra el ex presidente consisten en crímenes contra la humanidad y de guerra. Volvamos a México. Ernesto Cordero es el único de los tres aspirantes presidenciales panistas que ha saltado en defensa del presidente Calderón, a quien un grupo importante de ciudadanos ha denunciado ante la misma Corte. Hasta ayer a mediodía Josefina Vázquez Mota y Santiago Creel habían guardado silencio, así como también la dirigencia de su partido. Cordero dijo que los promotores de la denuncia son unos calumniadores
. El ex secretario de Hacienda agregó que Calderón es el primer presidente que enfrenta con determinación a la delincuencia, buscando que los habitantes del país vivan en un entorno democrático y de libertad
. Consideró correcta la reacción del jefe del Ejecutivo de proceder legalmente contra quienes lo denunciaron. Se le preguntó si los activistas representados por el abogado Netzaí Sandoval deberían ser castigados. Primero se debe hacer una investigación, repuso, y si en verdad calumniaron, bueno, que asuman las consecuencias
.
@Vox Populi
Asunto: HSBC, caso resuelto
Me es muy grato comunicarle que gracias a su intervención y la buena disposición de HSBC he llegado a un acuerdo para terminar mi adeudo. Como verá en el cuerpo del correo, la opción más viable para su servidora fue el pago de seis mensualidades. Al término del periodo convenido estaré libre de adeudo. Agradezco muchísimo a La Jornada y a usted por tener un espacio donde podamos expresarnos y donde se nos toma en cuenta.
Érika Vázquez/ Morelia
R: El director general de HSBC, Luis Peña Kegel, ha creado una de las áreas más eficientes de atención a clientes del sector bancario.
Asunto: despedidos sin indemnización
El 3 de noviembre fuimos despedidos del Instituto del Deporte del Distrito Federal. El contrato finalizaba el 15 de diciembre de 2011. Sin más explicación nos informaron que el 31 el octubre el instituto había dado por concluido nuestro contrato, argumentando que, como trabajadores de honorarios, nos podían rescindir el contrato cuando decidieran. Cumpliríamos dos años. Esto nos parece demasiado injusto y violatorio de nuestros derechos como trabajadores, ya que no hubo liquidación ni nada por el estilo.
Trabajadores del Instituto del Deporte
Durante los últimos dos gobiernos, el crimen organizado lavó en el país más de 46 mil 500 millones de dólares.
Twitter: @galvanochoa
FaceBook: galvanochoa
galvanochoa@yahoo.com • Foro: http://elforomexico.com/encuestas/
Por primera vez un mandatario mexicano podría ser juzgado ante un tribunal penal internacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad. La inédita petición, promovida por un grupo de abogados y respaldada por más de 20 mil ciudadanos, señala al presidente Felipe Calderón, a sus secretarios de Defensa, de Marina y de Seguridad Pública y a los líderes de los cárteles del narcotráfico como responsables de los asesinatos, desapariciones, torturas, desplazamientos forzados y demás violaciones a los derechos humanos, cometidos en el contexto de un supuesto combate al crimen organizado. Especialistas en derecho internacional y penal consideran que el juicio es viable.
En lo referente al número de torturas y abusos cometidos por elementos de las Fuerzas Armadas tampoco hay datos oficiales que reflejen la magnitud del problema. Pero un atisbo de ello pueden darlo las 80 recomendaciones que la CNDH ha hecho a la Secretaría de la Defensa Nacional en lo que va del sexenio, así como las siete dirigidas a la Secretaría de Marina, relacionadas con crímenes y abusos cometidos en el contexto de la supuesta guerra contra el narcotráfico.
BOLETIN DE PRENSA
La Corte Penal Internacional es un tribunal que juzga la responsabilidad de individuos en la comisión de los crímenes más graves en contra de la humanidad: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión. Este tribunal internacional comenzó a funcionar en el año 2002. México ratificó el Tratado Internacional que la creó en el año 2005 e incorporó su reconocimiento en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Nuestro país vive un conflicto armado permanente en cuyo contexto se han cometido tanto crímenes de guerra, como de lesa humanidad.
Los Crímenes de guerra en un conflicto armado -artículo 8, párrafo 2, inciso c, del Estatuto de Roma- consisten en actos cometidos contra personas que no participan directamente en las hostilidades como el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura; ataques contra la población civil; ataques contra edificios, material, unidades y vehículos sanitarios; ataques contra edificios en que se agrupa a enfermos y heridos; actos de violación y esclavitud sexual; reclutamiento o alistamiento de niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o su utilización para participar activamente en hostilidades; y en el sometimiento de las personas que estén en poder de otra parte en el conflicto a mutilaciones físicas, entre otros. En México se han cometido tales actos de forma masiva. Por ejemplo, la mutilación de enemigos –decapitaciones- es ya una práctica absolutamente cotidiana, que lamentablemente comienza a ser empleada incluso por las fuerzas armadas mexicanas (la ejecución de Arturo Beltrán Leyva y su mutilación con evidentes fines intimidatorios estuvo claramente documentada por la gran mayoría de los medios de comunicación destacadamente el periódico español “El País” 18-12-2009).
Como ha sido documentado por los diversos informes sobre derechos humanos elaborados por organismos internacionales como Amnistía Internacional, el Ejército Mexicano también ha llegado al extremo de asesinar y torturar a civiles completamente ajenos al conflicto, en retenes militares y durante sus operativos. Además de forma muy preocupante, se ha intentado encubrir estos hechos para garantizar impunidad a los responsables. Recordemos al respecto el caso de los estudiantes asesinados en el Tec de Monterrey el 19 de marzo de 2010, señalado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su recomendación 45/2010.
Existen numerosos casos ya documentados. Por ejemplo, de acuerdo con la recomendación 38/2007de la CNDH, los días 2 y 3 de mayo de 2007 en Nocupétaro, Michoacán, soldados violaron y abusaron de cuatro menores de edad; además, atacaron generalizadamente a la población civil –detenciones arbitrarias, tortura, allanamientos– mientras buscaban narcotraficantes (recomendación 38/2007 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos). La decisión de no sancionar a los responsables fue evidentemente parte de una política de Estado.
En general, las fuerzas armadas han dejado impune la violación sexual de mujeres indígenas cometida por soldados durante sus operativos, con lo que se ha fomentado el empleo de tan deleznable práctica (caso Fernández Ortega y otros vs. México, así como el caso Rosendo Cantú y otra vs. México –Corte Interamericana de Derechos Humanos).
Por su parte los cárteles de la droga también practican terribles crímenes contra la población civil. Reclutan niños menores de 15 años de edad para convertirlos en sicarios. Se estima que entre 30 y 43 mil menores de edad han sido reclutados por grupos criminales. Además, los ataques a los centros de rehabilitación de enfermos y adictos a las drogas se han generalizado. Los arteros ataques del 26 de junio en Durango, el 5 de diciembre y 10 de junio en Ciudad Juárez, Chihuahua –todos en 2010– son sólo tres ejemplos.
Los Crímenes de lesa humanidad - descritos en el artículo 7 del Estatuto de Roma- implican un ataque generalizado o sistemático en contra de una población civil y con conocimiento de dicho ataque, en el que se somete a las personas a esclavitud, tortura, desaparición forzada de personas, asesinato, violación, esclavitud sexual y prostitución forzada entre otros. En México este tipo de crímenes se cometen cotidianamente, especialmente en contra de los migrantes centroamericanos que tratan de llegar hacia los Estados Unidos. Lo más preocupante es que la CNDH documentó desde 2009 que el Instituto Nacional de Migración participa de estas ominosas prácticas por ejemplo a través de la comercialización de personas indocumentadas.
La petición que hoy presentamos no implica enjuiciar a Calderón simplemente por su errada estrategia antinarcóticos, o a los narcotraficantes por el simple hecho de vender drogas. Ésos juicios pueden y deben realizarse todavía en nuestro país. Lo que solicitamos al fiscal de la
El Jefe del Ejecutivo Federal, sus mandos civiles y militares así como los capos de la droga son responsables de estos crímenes. Aunque todos ellos podrían alegar no haber cometido ningún asesinato directamente, ni ordenado los graves crímenes que aquí se les imputan, son responsables de encubrir y proteger a los sicarios, policías y soldados que directamente los cometen. Con ello la brutal violencia que azota a nuestro país se ha institucionalizado y se ha convertido en práctica cotidiana.
Desde el 25 de mayo de 2011 se solicitó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mexicana, ejerciera su facultad de investigación sobre violaciones graves a los derechos humanos, en relación con la guerra al narcotráfico iniciada por Felipe Calderón –antes de que esta facultad fuera transferida a la CNDH-. A la fecha, la SCJN no ha tomado ninguna determinación al respecto demostrando que no está dispuesta a deslindar responsabilidades en la crisis que vivimos.
Adicionalmente México no está en condiciones de llevar a cabo la investigación y el juicio en contra de Felipe Calderón, Joaquín Guzmán Loera, Genaro García Luna, Guillermo Galván Galván, Francisco Saynez Mendoza y demás autoridades, militares y narcotraficantes, debido a que en nuestra legislación penal no se han tipificado los crímenes de guerra ni de lesa humanidad. Esto implica que en nuestro país es imposible juzgar a cualquier persona por las conductas especialmente graves que hemos señalado, porque no existe el tipo penal para sancionarlos. Así mismo, la falta de autonomía de la Procuraduría General de la República y la inmunidad del Ejecutivo Federal generan una situación en la que es prácticamente imposible juzgar dentro de las instancias nacionales a los altos funcionarios civiles y castrenses por su responsabilidad en esta crisis humanitaria.
Ante la imposibilidad de encontrar justicia en las instancias nacionales, el 25 de noviembre de 2011 se presentará ante Luis Moreno Ocampo, Fiscal de la Corte Penal Internacional, la solicitud formal para que inicie una investigación sobre la situación en México, con fundamento en el artículo 15 del Estatuto de Roma.
La petición ha sido firmada por 20 mil mexicanos –tanto de forma autógrafa, como a través de Internet- con lo que será la denuncia civil más grande que haya recibido la Corte Penal Internacional en su historia.
Dicha petición sigue abierta para su firma por todos los interesados en el sitio: http://www.
El plazo para seguir firmando esta iniciativa cerrará el 20 de noviembre de este año.
Una vez presentada esta solicitud, convocaremos a las víctimas a que acudan directamente al fiscal de la
PERSONALIDADES QUE SE ADHIEREN A LA DENUNCIA:
Netzaí Sandoval Ballesteros (Abogado redactor de la denuncia ante la
John M. Ackerman (Instituto de Investigaciones Jurídicas,
Miguel Badillo (Director de la Revista "Contralinea")
Rafael Barajas ("El Fisgón", La Jornada)
Virgilio Caballero (Periodista)
Edgar Cortés (Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia)
Claudia Cruz Santiago (Directora General del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia)
Rocío Culebro (Directora, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia)
Manuel Fuentes Muñiz (Presidente, Asoc. Nac. de Abogados Democráticos (
Patricia Galeana (Facultad de Filosofía y Letras,
Antonio Helguera (Caricaturista, Proceso, El Chamuco, La Jornada)
Julio Hernández López (Astillero)
José Hernández (Caricaturista, Proceso, El Chamuco, La Jornada)
Epigmenio Ibarra (Presidente, Argos Comunicación)
David Manrique (Caricaturista, Contralínea)
Jesús Robles Maloof (Defensor de los Derechos Humanos)
José Rosario Marroquín (Director, Centro de Derechos Humanos "Pro Juárez")
Pedro Miguel (Periodista, La Jornada)
Loretta Ortiz Ahlf (Departamento de Derecho, Universidad Iberoamericana)
Victor Quintana (Defensor de derechos humanos, Chihuahua)
Octavio Rodríguez Araujo (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,
Irma Eréndira Sandoval (Instituto de Investigaciones Sociales,
Julio Scherer Ibarra (Jurista, periodista y autor)
Lauro Sol (Abogado, ex-presidente de la Asoc. Nac. de Abogados Democráticos (
Silvia González Quintero (FES-Acatlán,
William Weaver (Universidad de Texas, El Paso)
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