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lunes, julio 01, 2013
martes, marzo 26, 2013
domingo, marzo 04, 2012
jueves, febrero 23, 2012
Libro de Scherer inaugura juicio histórico a Calderón: Aristegui
Durazo, Aristegui, Espino y Scherer Ibarra. Presentan Calderón de cuerpo entero. MÉXICO, D.F. (apro).- Con Calderón de cuerpo entero, el más reciente libro del periodista Julio Scherer García, se inicia el juicio al gobierno de Felipe Calderón, advirtieron hoy Carmen Aristegui y Alfonso Durazo, mientras que Manuel Espino reveló que no quería que fuera presidente de México.
Aristegui, Durazo y Espino presentaron el libro de Scherer García ante más de 300 personas que abarrotaron el Salón de Actos del Palacio de Minería, y los tres desmenuzaron la obra, de la que los dos segundos participan con sus testimonios sobre Calderón.
Aristegui, quien recordó que hace “un año y días” perdió y recuperó su programa en MVS por “un berrinche de notables proporciones” de Calderón, expuso que, tal como lo ha expuesto el historiador Lorenzo Meyer, ha comenzado el juicio al sexenio.
“Empieza el inicio de los juicios precisamente a Felipe Calderón, el juicio de la historia, para decirlo en términos en los que se suele hablar, evidentemente ya empezó y don Julio es de los primeros que escribe precisamente para este ejercicio”, puntualizó la periodista.
Y añadió: “Sin duda va a ser un sexenio a analizar de una y mil maneras, de todos los ángulos posibles, (como) desde el ángulo periodístico don Julio aporta Calderón de cuerpo entero.”
Espino, expulsado del Partido Acción Nacional (PAN) que presidía en 2006, dijo que compartió con Scherer información que tienen derecho a saber los mexicanos sobre Calderón, porque el periodista “quería escribir historia con la verdad”.
El político duranguense aclaró que en el libro “no hay chisme, no hay mitote, son páginas de historia”, y aludió a las reacciones que produjo en la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, el PAN y la casa de campaña de Josefina Vázquez Mota.
“Yo lamento, pero al mismo tiempo celebro, que los testaferros del calderonato hayan trabajado horas extras desde que se publicó el avance del libro en la revista Proceso, y de Bucareli, de Los Pinos, de una oficina de partido de la colonia Del Valle y de una oficina de campaña de la colonia Del valle comenzaron a diseñarse jugadas de comunicación para neutralizar, contrarrestar o desprestigiar a un libro que todavía no estaba en las librerías, pero que ya se sabía que pronto iba a aparecer.”
Añadió: “Y quienes lamentablemente como periodistas reaccionan en contra del libro, sin haberlo siquiera conocido, evidenciaron a quién estaban sirviendo, y periodistas a los yo tenía aprecio y respeto por su objetividad, y comenzaron a poner énfasis en un tema, en un enfoque de un tema, el tema del alcoholismo, y el enfoque de que era injusto hablar del alcoholismo del presidente.
“Yo nunca le dije alcohólico al presidente, porque no me espanta que una persona tome bebidas alcohólicas (…) Ese no es el problema, el problema es que se tome de manera irresponsable, el problema es que se tome cuando se trabaje y el problema es que se tome cuando se trabaja en una responsabilidad del tamaño de la Presidencia de la República. Y yo no sé si el Presidente toma o no, pero sé que tomaba cuando era diputado y lo hacía cuando trabajaba.”
En la presentación del libro de Scherer García, en el marco de la Feria Internacional de Libro de la UNAM, Espino reveló: “Yo conocía las inclinaciones de Felipe Calderón y por eso yo no quería que fuera el presidente o el candidato a presidente de mi partido. Eso es público y nunca lo he negado.”
Pero cuando ya fue candidato lo tuvo que apoyar, porque era su obligación. “Cuando era precandidato por supuesto que no quería, pero tampoco me atrevía a difundir, porque siendo presidente de un partido político nacional hubiera sido muy mal visto que, estando en el papel de árbitro, tratara de persuadir a los militantes de por qué no votar por una persona. Pero esa ya es experiencia y esa ya es historia que se plasma en los libros de don Julio Scherer.”
Por su parte, Durazo dijo que Scherer se anticipa a lo que vendrá después de que Calderón deje el cargo, porque es cuando todas las estructuras que los cercan para ignorar las realidad empiezan a ceder y es también cuando los intereses cómplices que protegían con el silencio empiezan a romper sus ataduras.
Durazo, exsecretario del priista Luis Donaldo Colosio, advirtió que la conducta de Calderón anticipa que se involucrará en la elección federal más que Vicente Fox, de quien él fue también secretario.
“Creo que las dimensiones que tomará con Calderón resultarán inéditas”, vaticinó Durazo, quien afirmó que el presidente “no estaba preparado emocionalmente para llegar a esa responsabilidad y que parece no tener una línea roja que respetar. Es decir, el ‘haiga sido como haiga sido’ en estado puro”.
martes, diciembre 20, 2011
El regalo de Peña Nieto al Papa
El naufragio nacional
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Clouthier, el veto del “cabrón irresponsable”
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Estado e Iglesia:¿quién da más?
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Caballada azul
A diferencia de lo que ha ocurrido en la pista política federal, donde el PAN es el más rezagado en la definición de su candidato a la Presidencia de la República, en Jalisco el blanquiazul lleva mano. Hasta ahora es el primer partido y también el único que ha definido anticipadamente a sus precandidatos a los principales cargos de elección popular. Así, mientras el....
El regalo de Peña Nieto al Papa
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¿Son mejores las mujeres?
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Sara Sefchovich, con su rasgo característico de poner el dedo en la llaga, acaba de publicar su nuevo libro: ¿Son mejores las mujeres? (Paidós/Debate Feminista). Construido a partir de extractos que ha seleccionado de sus novelas, ensayos académicos, artículos periodísticos e intervenciones públicas, el libro está dirigido a un público amplio, interesado en uno de los conflictos más acuciantes de hoy:....
Las trampas de la fe democrática (*)
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La tradición judía produjo una presencia poética tan maravillosa como extraña: el profeta, que tenía una rara misión. No predecir el futuro, como el imaginario popular le ha atribuido, sino restituir los significados originales que el pueblo extravió y, a partir de ellos, anunciar la llegada de un mesías o, para usar el término latino, de un redentor. Es quizás este....
lunes, diciembre 05, 2011
Intolerancia y autoritarismo
Felipe Calderón inicia su último año en el poder Ejecutivo amenazando a, al menos, 23 mil mexicanos. El periodo electoral –que culminará con la elección de un nuevo presidente de la República en julio de 2012– se le empieza a dificultar al inquilino de Los Pinos. La respuesta de la Presidencia a la solicitud presentada ante la Corte Penal Internacional para que el panista sea juzgado por crímenes de guerra y de lesa humanidad exhibe a un gobierno autoritario e intolerante, consideran abogados, académicos, políticos y defensores de derechos humanos. Los especialistas en derecho señalan, además, que no hay elementos jurídicos para que proceda la “amenaza” de la administración federal de actuar legalmente en contra de los denunciantes.
La expresión de que el gobierno federal explora la posibilidad de proceder legalmente en contra de quienes solicitaron a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue la situación de violencia que existe en México es calificada como desmesurada, intimidatoria y autoritaria por académicos, juristas, políticos y defensores de derechos humanos.
La petición, hecha por un grupo de abogados y respaldada por alrededor de 23 mil personas, documenta los crímenes y violaciones a derechos humanos que, en el contexto de la supuesta guerra contra el narcotráfico, han cometido tanto los grupos del crimen organizado como miembros de las Fuerzas Armadas.
La intención es que la Corte abra una investigación y, en caso de que acredite que se han perpetrado violaciones al derecho internacional humanitario, juzgue a los responsables. De acuerdo con la propuesta, que fue entregada el pasado 25 de noviembre a la CPI, éstos serían Felipe Calderón Hinojosa, sus secretarios de Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública, y los líderes de los cárteles del narcotráfico, entre ellos Joaquín Guzmán Loera, el Chapo.
A tan sólo dos días de que la solicitud fuera presentada, la Presidencia de la República respondió calificándola de “imputaciones falsas y calumniosas” que “afectan terriblemente el buen nombre de México”.
Pero no sólo eso: la réplica presidencial manifiesta que el gobierno federal “explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan [las imputaciones] en distintos foros e instancias nacionales e internacionales”.
Los juristas Diego Valadés, Perla Gómez Gallardo y Raúl Carrancá y Rivas coinciden en que se trata de una amenaza que carece de sustento, pues no se puede acusar a alguien por ejercer un derecho ciudadano.
El propósito del mensaje es más bien intimidatorio, a decir de Gómez Gallardo, y busca amedrentar a quienes ejercen su derecho a presentar una demanda ante una instancia judicial.
Para el jurista Diego Valadés, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se trata de un mensaje represor y que exhibe “una actitud intolerante y amenazante” de quien lo suscribe, es decir, del gobierno federal.
Apreciaciones similares son expresadas por defensores de derechos humanos, académicos y políticos, quienes concuerdan en que la respuesta del gobierno federal constituye una acción desmedida.
Asimismo, es común la opinión de que los ciudadanos mexicanos tienen derecho a buscar justicia ante tribunales internacionales cuando el país no la garantiza.
Intimidación, un “mal signo”
Para la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la respuesta del gobierno calderonista fue intolerante y autoritaria.Mediante un comunicado, el dirigente nacional del partido, Jesús Zambrano, señala que “es absoluta, total y plenamente criticable la reacción desmedida de Felipe Calderón; le salió de lo más profundo la vena intolerante que caracteriza a los gobiernos de derecha”.
La secretaria general del partido del sol azteca, Dolores Padierna Luna, coincide con el dirigente al considerar que la respuesta fue “de nivel dictatorial”, así como “una clara muestra de autoritarismo”.
En el mismo tenor se expresa el diputado Armando Ríos Píter, coordinador de la bancada perredista en la Cámara de Diputados.
Para Ríos Píter, el mensaje presidencial “deja clara la visión autoritaria de este gobierno y la cerrazón que ha tenido ante las críticas de una política de seguridad pública que ha sido considerada como ilegítima”.
La legisladora Enoé Margarita Uranga, quien funge como secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, expresa que tanto la Cámara como la Comisión de la que forma parte, deberían tener un señalamiento ante esta respuesta, considerando que son parte de los denunciados.
Uranga califica el mensaje presidencial como “declaraciones de un dictadorcillo, que desde el inicio se ha esmerado en debilitar la democracia”.
El politólogo Alberto Aziz Nassif, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, considera que la respuesta de la Presidencia es una “acción antidemocrática del gobierno” que pretende castigar un derecho de la ciudadanía.
El investigador arguye que el gobierno tenía que dar una respuesta a la acción emprendida ante la CPI, pero que ésta debía servirle para fijar su postura al respecto y no para penalizar dicha acción.
En lugar de ello, el mensaje que ha mandado al condenar a quienes hicieron la propuesta es que no está dispuesto a enfrentar o someterse al dictamen de un organismo jurídico, estima.
Para Raúl Trejo Delarbre, periodista y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el mensaje presidencial es una expresión “de torpeza, quizá de berrinche y de intolerancia que no son propios de un gobierno que quiera ser respetable ante el resto de la sociedad”.
El académico percibe en la respuesta de Calderón un abuso de poder, de su capacidad propagandística y de su potencial para actuar legalmente y usar la fuerza del Estado en contra de quienes tienen apreciaciones distintas.
Aunque califica de “desmesurada, inoportuna e ineficaz” la petición llevada ante la CPI, Trejo Delarbre considera que la respuesta del Ejecutivo federal fue igualmente desmedida e inadecuada y que constituye un precedente “preocupante”.
Ernesto Villanueva, investigador del IIJ y especialista en derecho a la información, sostiene que la reacción del gobierno da un mensaje contrario a la libertad de expresión y expresa no sólo la intolerancia de Calderón, sino “una falta de liderazgo, de visión de Estado y muestra cada vez más a una persona con talentos reducidos”.
Para Miguel Concha Malo, director general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el tono intimidatorio con que respondió el gobierno federal es un “mal signo”, pues podría llevar a un recrudecimiento del clima adverso que enfrentan quienes defienden los derechos humanos.
“Todos los defensores de derechos humanos, sus organizaciones y los periodistas nos sentimos amenazados”, expresa.
El derecho de los ciudadanos y el de Calderón
Gerardo Sauri, relator para la libertad de expresión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, coincide en que el mensaje del gobierno tiene una naturaleza intimidatoria y agresiva.
Sauri subraya que el gobierno hizo una descalificación anticipada sobre la petición llevada a la CPI, lo que podría mermar la confianza de los ciudadanos en el uso de tales recursos de defensa de los derechos humanos.
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jueves, octubre 13, 2011
VOTEN para enjuiciar a Felipe Calderón
PARA QUE TRIUNFE EL MAL SOBRE EL BIEN SOLO HACE FALTA QUE LOS BUENOS NO HAGAN NADA!!!
Se denunciará a Felipe Calderón y a narcotraficantes ante la Corte Penal Internacional en la Haya
BOLETIN DE PRENSA
- La errada estrategia militar contra el narcotráfico y la sociedad ha devastado al país entero.
- En México se cometen crímenes de guerra y de lesa humanidad.
- La crisis humanitaria que tiene a México al borde del colapso ha cobrado la vida de 50 mil personas, con 10 mil desparecidos y 230 mil desplazados.
- Se presentará ante la Corte Penal Internacional la denuncia cívica más grande de la historia.
- Es urgente utilizar todas las vías pacíficas y legales a nuestro alcance para detener el derramamiento de sangre.
La Corte Penal Internacional es un tribunal que juzga la responsabilidad de individuos en la comisión de los crímenes más graves en contra de la humanidad: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión. Este tribunal internacional comenzó a funcionar en el año 2002. México ratificó el Tratado Internacional que la creó en el año 2005 e incorporó su reconocimiento en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Nuestro país vive un conflicto armado permanente en cuyo contexto se han cometido tanto crímenes de guerra, como de lesa humanidad.
Los Crímenes de guerra en un conflicto armado -artículo 8, párrafo 2, inciso c, del Estatuto de Roma- consisten en actos cometidos contra personas que no participan directamente en las hostilidades como el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura; ataques contra la población civil; ataques contra edificios, material, unidades y vehículos sanitarios; ataques contra edificios en que se agrupa a enfermos y heridos; actos de violación y esclavitud sexual; reclutamiento o alistamiento de niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o su utilización para participar activamente en hostilidades; y en el sometimiento de las personas que estén en poder de otra parte en el conflicto a mutilaciones físicas, entre otros. En México se han cometido tales actos de forma masiva. Por ejemplo, la mutilación de enemigos –decapitaciones- es ya una práctica absolutamente cotidiana, que lamentablemente comienza a ser empleada incluso por las fuerzas armadas mexicanas (la ejecución de Arturo Beltrán Leyva y su mutilación con evidentes fines intimidatorios estuvo claramente documentada por la gran mayoría de los medios de comunicación destacadamente el periódico español “El País” 18-12-2009).
Como ha sido documentado por los diversos informes sobre derechos humanos elaborados por organismos internacionales como Amnistía Internacional, el Ejército Mexicano también ha llegado al extremo de asesinar y torturar a civiles completamente ajenos al conflicto, en retenes militares y durante sus operativos. Además de forma muy preocupante, se ha intentado encubrir estos hechos para garantizar impunidad a los responsables. Recordemos al respecto el caso de los estudiantes asesinados en el Tec de Monterrey el 19 de marzo de 2010, señalado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su recomendación 45/2010.
Existen numerosos casos ya documentados. Por ejemplo, de acuerdo con la recomendación 38/2007de la CNDH, los días 2 y 3 de mayo de 2007 en Nocupétaro, Michoacán, soldados violaron y abusaron de cuatro menores de edad; además, atacaron generalizadamente a la población civil –detenciones arbitrarias, tortura, allanamientos– mientras buscaban narcotraficantes (recomendación 38/2007 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos). La decisión de no sancionar a los responsables fue evidentemente parte de una política de Estado.
En general, las fuerzas armadas han dejado impune la violación sexual de mujeres indígenas cometida por soldados durante sus operativos, con lo que se ha fomentado el empleo de tan deleznable práctica (caso Fernández Ortega y otros vs. México, así como el caso Rosendo Cantú y otra vs. México –Corte Interamericana de Derechos Humanos).
Por su parte los cárteles de la droga también practican terribles crímenes contra la población civil. Reclutan niños menores de 15 años de edad para convertirlos en sicarios. Se estima que entre 30 y 43 mil menores de edad han sido reclutados por grupos criminales. Además, los ataques a los centros de rehabilitación de enfermos y adictos a las drogas se han generalizado. Los arteros ataques del 26 de junio en Durango, el 5 de diciembre y 10 de junio en Ciudad Juárez, Chihuahua –todos en 2010– son sólo tres ejemplos.
Los Crímenes de lesa humanidad - descritos en el artículo 7 del Estatuto de Roma- implican un ataque generalizado o sistemático en contra de una población civil y con conocimiento de dicho ataque, en el que se somete a las personas a esclavitud, tortura, desaparición forzada de personas, asesinato, violación, esclavitud sexual y prostitución forzada entre otros. En México este tipo de crímenes se cometen cotidianamente, especialmente en contra de los migrantes centroamericanos que tratan de llegar hacia los Estados Unidos. Lo más preocupante es que la CNDH documentó desde 2009 que el Instituto Nacional de Migración participa de estas ominosas prácticas por ejemplo a través de la comercialización de personas indocumentadas.
La petición que hoy presentamos no implica enjuiciar a Calderón simplemente por su errada estrategia antinarcóticos, o a los narcotraficantes por el simple hecho de vender drogas. Ésos juicios pueden y deben realizarse todavía en nuestro país. Lo que solicitamos al fiscal de la
El Jefe del Ejecutivo Federal, sus mandos civiles y militares así como los capos de la droga son responsables de estos crímenes. Aunque todos ellos podrían alegar no haber cometido ningún asesinato directamente, ni ordenado los graves crímenes que aquí se les imputan, son responsables de encubrir y proteger a los sicarios, policías y soldados que directamente los cometen. Con ello la brutal violencia que azota a nuestro país se ha institucionalizado y se ha convertido en práctica cotidiana.
Desde el 25 de mayo de 2011 se solicitó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mexicana, ejerciera su facultad de investigación sobre violaciones graves a los derechos humanos, en relación con la guerra al narcotráfico iniciada por Felipe Calderón –antes de que esta facultad fuera transferida a la CNDH-. A la fecha, la SCJN no ha tomado ninguna determinación al respecto demostrando que no está dispuesta a deslindar responsabilidades en la crisis que vivimos.
Adicionalmente México no está en condiciones de llevar a cabo la investigación y el juicio en contra de Felipe Calderón, Joaquín Guzmán Loera, Genaro García Luna, Guillermo Galván Galván, Francisco Saynez Mendoza y demás autoridades, militares y narcotraficantes, debido a que en nuestra legislación penal no se han tipificado los crímenes de guerra ni de lesa humanidad. Esto implica que en nuestro país es imposible juzgar a cualquier persona por las conductas especialmente graves que hemos señalado, porque no existe el tipo penal para sancionarlos. Así mismo, la falta de autonomía de la Procuraduría General de la República y la inmunidad del Ejecutivo Federal generan una situación en la que es prácticamente imposible juzgar dentro de las instancias nacionales a los altos funcionarios civiles y castrenses por su responsabilidad en esta crisis humanitaria.
Ante la imposibilidad de encontrar justicia en las instancias nacionales, el 25 de noviembre de 2011 se presentará ante Luis Moreno Ocampo, Fiscal de la Corte Penal Internacional, la solicitud formal para que inicie una investigación sobre la situación en México, con fundamento en el artículo 15 del Estatuto de Roma.
La petición ha sido firmada por 20 mil mexicanos –tanto de forma autógrafa, como a través de Internet- con lo que será la denuncia civil más grande que haya recibido la Corte Penal Internacional en su historia.
Dicha petición sigue abierta para su firma por todos los interesados en el sitio: http://www.
El plazo para seguir firmando esta iniciativa cerrará el 20 de noviembre de este año.
Una vez presentada esta solicitud, convocaremos a las víctimas a que acudan directamente al fiscal de la
PERSONALIDADES QUE SE ADHIEREN A LA DENUNCIA:
Netzaí Sandoval Ballesteros (Abogado redactor de la denuncia ante la
John M. Ackerman (Instituto de Investigaciones Jurídicas,
Miguel Badillo (Director de la Revista "Contralinea")
Rafael Barajas ("El Fisgón", La Jornada)
Virgilio Caballero (Periodista)
Edgar Cortés (Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia)
Claudia Cruz Santiago (Directora General del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia)
Rocío Culebro (Directora, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia)
Manuel Fuentes Muñiz (Presidente, Asoc. Nac. de Abogados Democráticos (
Patricia Galeana (Facultad de Filosofía y Letras,
Antonio Helguera (Caricaturista, Proceso, El Chamuco, La Jornada)
Julio Hernández López (Astillero)
José Hernández (Caricaturista, Proceso, El Chamuco, La Jornada)
Epigmenio Ibarra (Presidente, Argos Comunicación)
David Manrique (Caricaturista, Contralínea)
Jesús Robles Maloof (Defensor de los Derechos Humanos)
José Rosario Marroquín (Director, Centro de Derechos Humanos "Pro Juárez")
Pedro Miguel (Periodista, La Jornada)
Loretta Ortiz Ahlf (Departamento de Derecho, Universidad Iberoamericana)
Victor Quintana (Defensor de derechos humanos, Chihuahua)
Octavio Rodríguez Araujo (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,
Irma Eréndira Sandoval (Instituto de Investigaciones Sociales,
Julio Scherer Ibarra (Jurista, periodista y autor)
Lauro Sol (Abogado, ex-presidente de la Asoc. Nac. de Abogados Democráticos (
Silvia González Quintero (FES-Acatlán,
William Weaver (Universidad de Texas, El Paso)
Más información a través de:
Blog
http://www.juicioacalderon.
Twitter
@JuicioaCalderon
@elnetza
Correo electrónico
domingo, julio 31, 2011
sábado, junio 25, 2011
El monólogo
TEATRO y CIRCO, al final ambos, comparsas del genocidio...
En el encuentro en el Castillo de Chapultepec, el poeta Javier Sicilia expresó al presidente ESPURIO Felipe Calderón: vea bien nuestros rostros, busque bien nuestros nombres, escuche nuestras palabras. Somos una representación de víctimas inocentes. ¿Le parecemos bajas colaterales, números estadísticos?La respuesta del USURPADOR fue que no pedirá perdón por haber perseguido a los delincuentes .
El fracaso del movimiento de Javier Sicilia para hacer valer la exigencia nacional de poner fin a la guerra criminal que Felipe Calderón ha impuesto a los mexicanos no significa que la maquinaria criminal del régimen no se pueda detener a corto plazo.
1. La lógica de violencia militar contra el pueblo de México, que no es contra el crimen organizado
, llamada mentirosamente “guerra contra el narco”, acordada en 2006 por el grupo de Felipe Calderón y el gobierno republicano de George W. Bush, entre otras cosas para tener en la silla presidencial de México a quien no había ganado las elecciones, tiene como objetivo someter a los mexicanos a fin de poder imponer a fondo el modelo neoliberal y los intereses de Washington y del capital trasnacional, y no combatir el narcotráfico, que es un negocio de Estado, de ahí que uno de sus objetivos colaterales sea precisamente la muerte de miles de inocentes, y esto al parecer no lo quisieron entender los integrantes del movimiento fundado por Sicilia.
2. El encuentro llevado a cabo ayer 23 de junio en el Castillo de Chapultepec entre el novelista y poeta Javier Sicilia e integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, por un lado, y Felipe Calderón y algunos de sus colaboradores en el gobierno ilegítimo, por el otro, podría ser visto por algunos dirigentes de dicho movimiento como un pírrico triunfo
porque lograron que se pudiera escuchar a través de un canal de la televisión por cable, durante poco más de tres horas, la voz de la inconformidad social o porque exhibieron a Calderón repitiendo hasta la saciedad sus tonterías, pero en realidad constituyó en los hechos un rotundo fracaso para Sicilia y sus compañeros, que aparecieron al terminar el mismo como plenamente subordinados al gobierno criminal que pretendían impugnar, relegados al papel de colaboradores de éste en comisiones de seguimiento
de sus demandas en el marco de la lógica militarista a la que decían oponerse, y sobre todo, como incapaces para hacer valer lo mínimo que se habían propuesto, que era exigir con fuerza y dignidad un alto a la guerra
.
3. La incapacidad hasta ahora de quienes desde ese movimiento anunciaron que se proponían terminar con la guerra de Calderón, a la que ahí mismo en Chapultepec varios de ellos calificaron como atroz y sin sentido
, irracional
e injusta
, está en la caracterización equivocada de lo que es el gobierno ultraderechista y entreguista de Calderón, pero también y sobre todo en la injerencia que han tenido al interior de dicho movimiento políticos de la derecha dirigentes de varias ONG católicas y vinculados al régimen panista.
4. El encuentro estaba destinado al fracaso de antemano, ya que la dirigencia del movimiento pretendía absurdamente, por la vía del diálogo
, convencer al gobierno panista de facto de terminar con la guerra
que lleva a cabo, cuando ésta responde a los intereses económicos y políticos del grupo en el poder, y la única posibilidad de supervivencia política de Calderón y de poder imponer a su sucesor en el 2012 es precisamente el extremar la violencia y el clima de terror en el país, como lo está haciendo en Michoacán con el sueño de imponer a su hermana en la gubernatura, olvidándose además los inconformes que esta guerra
impuesta al gobierno panista desde el exterior, la dirigen ya las agencias de Washington, y que Calderón y su grupo no tienen capacidad de decisión sobre su futuro. No obstante lo cual, haciendo prevalecer un supuesto espíritu cristiano, persistieron en este escenario del diálogo que les resultó fatal.
5. La exigencia más fuerte de Javier Sicilia, que fue la de demandarle a Felipe Calderón le pidiera perdón a la nación por su guerra, fue así retomada por éste, que no dejó en ningún momento el tono de chacota que le caracteriza, ni ante el dolor expresado por varios integrantes del movimiento, señalando que en todo caso podría pedir perdón por no haber sido suficientemente eficaz en su guerra.
6. Calderón logró capotear a lo largo de esas más de tres horas a las voces del movimiento fundado por Sicilia y transformarlo al final en su discurso demagógico en un grupo que está de acuerdo con él en lo fundamental, sin que nadie le contradijera, y que en lo sucesivo va a trabajar con él; es decir, que los criminales son los otros, que los responsables de todo son los gobiernos del PRI en el pasado y los gobiernos locales y municipales, y desde luego los jueces, pero nunca su gobierno, por más que se haya hablado de las vinculaciones del régimen panista con el narco. Del diálogo
se pasó al monólogo
, no en balde Sicilia y sus amigos están apoyando la contrarreforma electoral calderonista, incluyendo la relección inmediata de diputados y senadores, que con el pretexto de crear instituciones democráticas
lo que busca es hacerlas inexistentes, y en relación con la guerra le piden a Calderón que cree un organismo ciudadano
para vigilarlo: una vez más, la confusión de lo público y lo privado.
7. De lo acontecido en Chapultepec, muchas cosas se recordarán: las voces dolientes de Araceli Rodríguez Nava, Norma Ledesma y María Elena Herrera hablando de la irresponsabilidad del gobierno y de su complicidad con la injusticia, o la del indígena Salvador reclamando el fin de la represión y el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés. Pero sobre todo la de Julián LeBaron, de Chihuahua, reclamándole a Calderón sus mentiras en torno a la justicia que dice se ha hecho sobre los crímenes de sus familiares, pues ahí aparece un punto crucial de todo: buena parte de los crímenes contra el pueblo han sido cometidos por lo que Calderón llama bandas criminales
, que no son otra cosa que los grupos paramilitares organizados por su gobierno: de ahí la impunidad.
8. Diversas plumas han sostenido que tras la caravana del consuelo de Cuernavaca a Ciudad Juárez (4-10 de junio) se escuchó la voz de los dolientes, pero lo cierto es que en los medios la única voz que se escucha sigue siendo la del poder, y tras lo acontecido en Chapultepec aparece la responsabilidad de Sicilia y de sus compañeros. ¿Cómo puede un movimiento que entre otras cosas pretende democratizar al país
oponerse a la democracia al interior del mismo, como lo hicieron sus dirigentes, tras las mesas de Ciudad Juárez, que iban a servir para definir sus objetivos, y ellos se negaron a acatar los acuerdos que ahí democráticamente se tomaron para poner fin a la guerra?
9. Los acuerdos de exigir un juicio político a Calderón, de demandar el fin inmediato de la Iniciativa Mérida y de cancelar toda injerencia de las agencias de seguridad de Washington en los asuntos de México fueron suprimidos de un plumazo por la cúpula del movimiento, y uno de sus dirigentes, Emilio Álvarez Icaza, se dedicó en una campaña en los medios a descalificar a quienes los sostuvieron como extremistas
y ultras
.
Pedro Miguel responsabilidad de Calderón en esta guerra es ineludible
http://youtu.be/VK5BHoyYASc
sábado, marzo 19, 2011
EU Seguira Con Sus Operaciones Encubiertas Con Aval Del Gobierno Mexicano
MIAUUUUU! La gata ESPURIA del Imperio Yanquihttp://www.youtube.com/watch?v=HN0azkyT9IM
http://www.youtube.com/watch?v=ARGHq4CcTK0
http://www.youtube.com/watch?v=1TwrYBRYQvg
jueves, marzo 03, 2011
¿Quién manda en México?
• ¿Quién manda en México?
• Avanza crimen organizado
• Avanza crimen organizado
• Militarizan frontera de EU
¿Quién manda en este país?: El crimen organizado, el gobierno de Estados Unidos, el PRI o Felipe Calderón y su disminuido gabinete.Según funcionarios, policías y militares de Estados Unidos, el gobierno mexicano ha perdido el control en algunos territorios –18 estados de la República son recomendados por Washington para no viajar allí– y ha dejado expuesta a la población ante la violencia desatada por la delincuencia organizada.
En amplias zonas del territorio nacional las bandas delincuenciales, o “narcoinsurgentes” como les llama el vecino país, hacen lo que quieren y tienen amedrentada y bajo control a la población, sobre todo en los estados fronterizos.
Esa expansión de los cárteles de la droga en todos los estados del país y los 35 mil muertos atribuidos a la “guerra” desatada por el crimen organizado en los cuatro años de gobierno calderonista, permiten a la administración de Oabama afirmar que Calderón ha perdido el control del país y que ello pone en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos.
Esto ha propiciado que el gobierno en Washington considere como una opción inmediata enviar tropas militares a territorio mexicano y que se incremente el número de agentes policiales de la CIA, DEA, FBI y Aduanas en territorio nacional, además de permitirles portar armas de alto poder y realizar operativos sin la intervención de policías mexicanos.
Por si faltara algo más, Obama ha llamado a cuentas al presidente mexicano para que esta semana le rinda un informe completo sobre la situación del país y la amenaza que representa para Estados Unidos la violencia que avanza todos los días en México.
En ese desconocimiento de la autoridad mexicana por el país vecino, el principal partido opositor en México, el PRI, ha montado una fuerte presión sobre Calderón y cada día que pasa gana más terreno político e impone sus decisiones al presidente.
Por ejemplo, cuando Calderón decidió desaparecer tres secretarías de Estado: Turismo, Reforma Agraria y Función Pública, los políticos y legisladores del PRI dijeron no y echaron para atrás la decisión presidencial, por lo que a Calderón no le quedó más remedio que recular y mantener a esas tres dependencias gubernamentales.
También fue el PRI el que ordenó desde la Cámara de Senadores, por conducto de su presidente Manlio Fabio Beltrones, desaparecer a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda, para que de inmediato Calderón obedeciera y diera la orden de transferir las funciones de ese órgano de inteligencia responsable de investigar los delitos de cuellos blanco o “lavado” de dinero del crimen organizado, hacia la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR.
En los últimos días nuevamente los priistas volvieron a contradecir decisiones presidenciales y han rechazado que Calderón cese al procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, a quien el presidente le perdió la confianza por su pasividad ante la lucha contra el narcotráfico.
Pero a los priistas no les importa el buen o mal desempeño de los miembros del gabinete, lo que les interesa es hacer quedar mal a Felipe Calderón, quien está bajo una gran presión, tanto interna como externamente, y eso puede tener graves consecuencias para el país y para los mexicanos. Ha llegado el momento de preguntarse si sería mejor que Calderón renuncie a la Presidencia de la República para permitir que un nuevo gobierno pueda salvar lo que aún queda de país.
La amenaza de la Guardia Nacional
A la par de las constantes descalificaciones de funcionarios de seguridad nacional de Estados Unidos sobre la actuación del gobierno mexicano para combatir al crimen organizado, desde hace casi un año el gobierno de Obama reforzó el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera con México.
Al igual que la Reserva del Ejército, la Guardia Nacional estadounidense está conformada por ciudadanos-soldados que entrenan a tiempo parcial, cerca de sus hogares, hasta que se les necesite.
La Guardia Nacional se moviliza para proteger los intereses nacionales “en tiempos de conflicto o en desastres naturales”, y pueden ser desplegadas al exterior junto con las tropas a tiempo completo cuando la situación lo amerite.
La violencia que se vive en la frontera entre México y Estados Unidos encuadra a la perfección en el tipo de situaciones que utilizan para realizar el despliegue de militares estadounidenses en reserva. Al menos es un buen pretexto para desplegar esas fuerzas en la frontera y perseguir de paso a migrantes latinoamericanos que viajan a ese país en busca de mejores opciones de vida. Esta fuerza especial, de hecho, realiza ya labores de inteligencia que se reportan al Departamento de Seguridad Interna y a la Patrulla Fronteriza.
La tropa de la Guardia Nacional estadounidense está compuesta por 325 mil soldados de todos los estados y territorios de Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Interna de ese país y la Patrulla Fronteriza reportan a mil efectivos de este órgano militar en la frontera con México. Sin embargo, históricamente se ha reconocido la presencia de 6 mil efectivos de este órgano especial.
En su momento, Luis Ernesto Derbez, desde su posición como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, manifestó su preocupación de que la presencia de la Guardia Nacional en la frontera representara la militarización de las actividades para detectar migrantes que sólo buscaban trabajo. La Secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, también ha solicitado a Estados Unidos que no aplique leyes migratorias.
Si bien desde el gobierno de George Bush, la administración estadounidense mantiene bajo alerta la vigilancia de la frontera con México, ha sido desde hace un año que se ha fortalecido la cooperación entre las diferentes agencias castrenses y de inteligencia en ese país.
En documentos del gobierno estadounidense se agradece a la gestión de Barack Obama la autorización temporal para desplegar mil 200 miembros de la Guardia Nacional en el sur de la frontera, dirigidos a incrementar la vigilancia para investigar y combatir el tráfico de personas, drogas, bombas, dinero y la violencia asociada a estas actividades.
Así, las tropas de la Guardia Nacional están proveyendo información a analistas de diferentes agencias para combatir la violencia en la zona. En un reciente informe sobre la situación de la migración, elaborado por la Oficina General de Auditoría del Congreso estadounidense (GAO), se reconoció que la patrulla fronteriza en Estados Unidos no tiene la capacidad de descubrir a los ilegales que ingresan a través de aviones ultra ligeros o túneles.
La patrulla fronteriza reporta que tiene diferentes niveles de controles operativos, pero que se ejercen apenas sobre el 44 por ciento de los 2 mil kilómetros de la frontera.
Así, sólo el 15 por ciento de los 873 posibles cruces fronterizos fueron clasificados como “bajo control”. El resto fue clasificado como manejable. La vigilancia se ejerce, principalmente, en San Diego, el Centro, Yuma, Tucson, El Paso, María, Del Río, Laredo y el Valle del Río Grande.
El reporte de la GAO reconoce, además, que se han construido 649 millas de vallas en casi 652 millas en la frontera en donde comandantes de campo de la Patrulla Fronteriza determinaron que era necesario el operativo. También se han instalado cámaras de videovigilancia a distancia en sectores de Detroit y Búfalo.
Con recursos, militares y la decisión de pertrechar la frontera no sólo de la violencia sino de los migrantes mexicanos que buscan trabajo en su territorio, el gobierno de Obama acelera los esfuerzos conjuntos de sus agencias, lo que desdibuja ya las acciones migratorias de las militares y pone en riesgo los derechos humanos de los migrantes mexicanos.
En meses recientes – informó Michael J. Fisher, responsable de la Patrulla Fronteriza – se han tomando pasos adicionales dirigidos a incrementar la coordinación entre las agencias estadounidenses, cuyo mandato es garantizar la seguridad de su frontera y de su territorio nacional.
En Arizona, por ejemplo, se creó uno de los primeros esfuerzos conjuntos de la Patrulla Fronteriza para ofrecerle apoyo marítimo y aéreo bajo la estructura de un comando unificado. De esta forma, participan con la Patrulla Fronteriza la DEA, el Departamento de la Defensa. En el Paso, Texas, por ejemplo, se creó la Sección de Inteligencia para la Frontera dentro del Centro de Inteligencia de El Paso, en donde se desarrollan estrategias para coordinar los esfuerzos nacionales y regionales para combatir la violencia, el narcotráfico y la migración ilegal.
La especialidad de este centro, sin embargo, es detectar el tráfico de armas y las actividades relacionadas con el terrorismo. Así se aceleran las actividades militares y de inteligencia en la frontera con México, mientras que la GAO denunció que al menos 600 kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México carece de la vigilancia necesaria para evitar actividades ilegales como tráfico de drogas y personas.
Según el informe, de los cinco niveles de seguridad que tienen establecidos, la Patrulla mantiene el “control operativo”, es decir la capacidad suficiente para detectar y detener el tráfico ilegal en mil 400 kilómetros de la frontera (el 44 por ciento). Esto supone una mejora de mil kilómetros respecto al año fiscal 2005, que atribuyen a mejor tecnología, infraestructura y aumento de personal en este periodo. En el año fiscal 2010, CBP invirtió 3 mil millones de dólares en la Patrulla Fronteriza, que logró impedir 445 mil cruces ilegales e incautó 1.2 millones de kilogramos de marihuana. Ese es el reporte oficial que omite, sin embargo, el número de muertes de mexicanos inocentes que no estaban relacionados con el narcotráfico.
oficiodepapel@yahoo.com.mx
Solución viable: “unificación pactada”
Un reporte confidencial que el secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, leyó ante diputados y cuya copia tiene Proceso, revela que el narcotráfico ha infestado a todo México y que sólo es poco notorio en los estados donde cuenta con apoyo de las autoridades; anuncia una mayor narcoviolencia contra funcionarios, policías y militares, y advierte que ésta puede disminuir si varios cárteles se unen para eliminar a Los Zetas, o bien si el gobierno mexicano obliga a los grupos criminales a una “unificación pactada”… Por vía de mientras, la disminución de las acciones criminales de los cárteles no se ve cercana.
De acuerdo con el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, “es previsible” que la “presión permanente” del Estado mexicano contra los cárteles de la droga no solamente podría ocasionar más violencia contra funcionarios, cuerpos de seguridad y Fuerzas Armadas, sino que los grupos criminales también podrían incrementar sus acciones de “cooptación” de las autoridades.
“Tras un repunte en la violencia –manifestó–, es factible que ésta disminuya considerablemente si la unión de los cárteles del Pacífico, del Golfo y La Familia Michoacana se consolida para eliminar al grupo de Los Zetas.”
Es igualmente viable, señaló Galván Galván, que la intensidad de la acción gubernamental obligue a la “unificación pactada” de los grupos criminales y que realicen sus actividades como antes, “sin violencia, en forma soterrada”.
Sin embargo, advirtió a los legisladores:
“Con base en la información que procesamos, resultaría temerario establecer una fecha en la que sea perceptible el punto de inflexión de las acciones criminales.”
De acuerdo con esta expresión, estaría lejano el momento en que las actividades criminales empiecen a disminuir.
Tales son algunos de los aspectos del análisis de la Secretaría de la Defensa Nacional que, bajo el título de Reporte confidencial (una copia del cual tiene Proceso), expuso el general Galván ante diputados federales en la segunda semana de septiembre del año pasado, luego de haber realizado con ellos otros dos encuentros para analizar la situación del crimen organizado.
A diputados de todos los partidos políticos (PRI, PAN, PRD, PVEM, PT, Convergencia y Panal) les pidió aprobar la Ley de Seguridad Nacional y les explicó cuáles son los grupos del crimen organizado en México, describió su perfil y expuso las alianzas y pugnas que existen entre ellos.
Perfiles
Los encuentros del secretario de la Defensa Nacional con los diputados se han realizado desde 2009: el primero fue con integrantes de la legislatura pasada, el segundo se efectuó el 7 de abril de 2010 en las instalaciones de la Sedena, y el tercero tuvo lugar en septiembre pasado en el Heroico Colegio Militar.
Las dos últimas reuniones del general Galván con los miembros de la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados se realizaron cuando ésta era presidida por Ardelio Vargas Fosado, actual secretario de Seguridad Pública de Puebla. (A partir del jueves 24 el presidente de dicha comisión es el también priista Rogelio Cerda.)
Fue justamente en el tercer encuentro con los legisladores cuando el general Galván les explicó que en la actualidad operan en México siete grandes organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico: los Arellano Félix, los Beltrán Leyva, los Carrillo Fuentes, Los Zetas, La Familia Michoacana y los cárteles del Golfo y del Pacífico.
Además han surgido otros grupos de “carácter local” producto de las escisiones, reacomodos y alianzas de miembros de diferentes cárteles: Milenio, Pacífico Sur, Díaz Parada, Unidos de Jalisco o Los Torcidos, La Resistencia y La Sierra de Guerrero.
El secretario de la Defensa no sólo detalló las zonas del país donde opera cada grupo, sino que también destacó que mientras el cártel del Pacífico (conocido más como el cártel de Sinaloa), que dirige Joaquín El Chapo Guzmán, cuenta con una estructura bien definida y se dedica únicamente al negocio de la droga, Los Zetas van mucho más allá y emprenden cualquier negocio ilícito, como el secuestro y el cobro de piso, además de que son los más violentos y tienen presencia en todo el territorio nacional.
Antes de definir cada perfil de las organizaciones, el general Galván hizo una breve introducción para que los diputados entendieran cómo evolucionaron las bandas del narcotráfico en los últimos años y cómo se conectaron con las FARC, guerrilla colombiana, hasta extenderse por cuatro países centroamericanos y de Sudamérica.
“A finales de los noventa, tras el debilitamiento de las grandes organizaciones de narcotraficantes colombianas, las FARC asumieron el papel de ‘gran cártel colombiano’, continuando hasta la fecha con la coordinación para el tráfico de cocaína entre organizaciones mexicanas”, les dijo.
Y continuó: “Desde el año 2003, los cárteles mexicanos redimensionaron su rol en el contexto regional, fortaleciendo su participación e influencia en países de Centro y Sudamérica, revirtiendo los papeles de ‘subordinación’ al de ‘dirección’”.
Por lo menos así lo confirma “su presencia en áreas de producción de cocaína en Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Centroamérica para coordinar y controlar el transporte del estupefaciente”, precisó.
Lo que diferencia a cada uno de los siete cárteles “nacionales” –por llamarlos de alguna manera– y a los seis locales está en función de los “objetivos y la ambición de sus líderes por expandir sus áreas de influencia, inclusive aceptando alianzas de conveniencia”, planteó el general Galván.
Durante el encuentro, el secretario de la Defensa se apoyó en gráficas y mapas que mostraban las zonas de influencia de cada grupo, y expresó a los legisladores:
“La heterogeneidad de intereses y la superposición de espacios en que operan propicia desacuerdos entre sus principales integrantes, originando índices de violencia que han rebasado el ámbito de la seguridad pública, generando afectaciones serias a la seguridad interior.”
En este punto, el secretario de la Defensa emprendió ante los legisladores la lectura de una parte del Reporte confidencial que se refiere a los liderazgos y a las características de los grandes cárteles. Lo hizo en los siguientes términos:
“Cártel del Pacífico
“Líderes: Ismael Zambada García (a) El Mayo, Juan José Esparragoza Moreno (a) El Azul y Joaquín Guzmán Loera (a) El Chapo Guzmán.
“Única organización que cuenta con un liderazgo lineal, regionalizado y estructura de mando abiertamente identificada de corte tradicional.
“No realiza actividades de extorsión y secuestro.
“Por sistema evita la confrontación con las Fuerzas Armadas.
“Se inserta en la sociedad como benefactor, generando la llamada narco cultura.
“Los Zetas
“Líderes: Heriberto Lazcano Lazcano (a) El Lazca y Miguel Ángel Treviño Morales (a) El 40.
“Esta organización delictiva se ha convertido en el mayor riesgo a la seguridad interior por la radicalidad y alcance de las acciones que ha implementado contra las instituciones del Estado que no le son afines y por la falta de respeto a la vida de las personas.
“Es el cártel con mayor presencia en el territorio nacional y el responsable del mayor número de hechos violentos y de gran impacto social.
“De 805 agresiones registradas contra personal militar, 264 han sido por parte de sicarios de este grupo delictivo, lo cual representa el 33%.
“El despliegue de sus principales integrantes como jefes de plaza le permite mantener presencia en gran parte del país, teniendo como objetivo la expansión en todo el territorio nacional, donde controlan toda actividad ilícita que les reditúe recursos económicos.
“Cuenta con una organización tipo militar que hace respetar la disciplina a su interior por la violencia. Constantemente somete a sus integrantes a periodos de adiestramiento básico, los dota de armamento de gran poder y volumen de fuego.
“Beltrán Leyva
“Líderes: Héctor Beltrán Leyva (a) El H y Édgar Valdez Villarreal (a) La Barbie (detenido el 30 de agosto de 2010).
“Organización carente de una estructura sólida de liderazgo.
“Sus lugartenientes recurren a la violencia extrema para conservar su disciplina interna.
“Como medio alterno de financiamiento realizan actividades de secuestro, extorsión y robo.
“Carrillo Fuentes
“Líder: Vicente Carrillo Fuentes (a) El Viceroy, de personalidad extremadamente violenta e intransigente y escasa capacidad de negociación.
“Utiliza como sicarios en Ciudad Juárez, además de miembros de su organización, pandillas locales a las que proporciona armamento, numerario y vehículos.
“La personalidad de su líder se caracteriza por su extremada violencia, tanto para imponer disciplina al interior de la organización como para amedrentar a sus enemigos.
“Cártel del Golfo
“Líderes: Jorge Eduardo Costilla Sánchez (a) El Cos y Ezequiel Cárdenas Guillén (a) Tony Tormenta (muerto por las Fuerzas Armadas, el 5 de noviembre de 2010).
“Organización de corte tradicional que mantiene el control del estado de Tamaulipas.
“Para identificarse entre ellos emplean distintivos de carácter militar en su persona y medios de transporte.
“Evitan enfrentarse en lo general con las Fuerzas Armadas.
“Familia Michoacana
“Líderes: Nazario Moreno González (a) El Chayo (muerto el 9 de diciembre de 2010 por las Fuerzas Armadas) y Jesús Méndez Vargas (a) El Chango.
“Organización de corte radical, fundamentalista; emplea el factor religioso para reclutar y adoctrinar a sus miembros.
“En varios municipios ha logrado desplazar a la autoridad legalmente constituida, estableciendo cuotas por los supuestos servicios que brinda a la colectividad.
“Se ha convertido en la principal empresa productora de drogas sintéticas.
“Arellano Félix
“Líder: Fernando Sánchez Arellano (a) El Ingeniero.
“Estructura empresarial familiar; parte de su fuente de financiamiento es producto de recursos provenientes por cobro de derecho de piso.
“De las siete organizaciones criminales se considera la más débil.”
Mientras el general Galván iba detallando las características de los grupos, se apoyaba en mapas que establecían su área de penetración y luego puntualizó las rivalidades entre ellos:
–El cártel del Pacífico se enfrenta con los Carrillo Fuentes y los Beltrán Leyva (en la escisión que encabeza Héctor Beltrán Leyva.)
–La Familia Michoacana mantiene una lucha contra el cártel Beltrán Leyva (escisión que tenía a la cabeza a Édgar Valdez Villarreal).
–Los Zetas están confrontados con el cártel del Golfo y el del Pacífico.
–El cártel de Beltrán Leyva (escisión La Barbie) tenía pleito con la escisión que representaba Héctor Beltrán Leyva.
Finalmente, el general Galván dijo que los Arellano Félix no están permanentemente confrontados con ningún grupo.
Las alianzas
Respecto de las alianzas, el secretario de la Defensa manifestó a los legisladores que el cártel del Pacífico y los Arellano Félix tienen un acuerdo con el cártel del Golfo, en tanto que el grupo de Carrillo Fuentes está aliado con los Beltrán Leyva y Los Zetas.
Y para “ilustrar” la afirmación de que las acciones violentas afectan ya la seguridad interior del país, el general Galván dijo que, por lo que se refiere a la autoridad civil, estos grupos criminales han cometido ataques contra tres funcionarios federales, 18 estatales, 18 alcaldes y otros 26 ediles, además de realizar dos agresiones contra instalaciones diplomáticas (Monterrey y Nuevo Laredo) y otras dos contra personal consular de Estados Unidos. (Esto, antes de que se registrara el ataque a dos oficiales de Aduanas de Estados Unidos en San Luis Potosí, en donde Jaime Zapata murió y Víctor Ávila resultó herido.)
El general Galván precisó también que hasta septiembre de 2010 se habían producido mil 343 ataques contra personal de seguridad pública, con un saldo de mil 481 muertos y mil 46 heridos.
En cuanto al personal militar, el general mencionó 805 agresiones, principalmente en los estados de Tamaulipas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Sonora. El resultado: 81 militares muertos y 370 heridos, contra 870 muertos y 190 heridos de los cárteles, además de 25 mil 279 detenidos y 66 mil 72 armas aseguradas.
En su exposición, el titular de la Sedena externó algo que fue considerado “terrible” por los legisladores: “Actualmente no existe una entidad de la República Mexicana exenta de manifestaciones delictivas derivadas del narcotráfico”.
Les explicó que el control del territorio se convirtió en el primer gran objetivo de los cárteles para mantener la hegemonía en áreas de producción, almacenamiento, distribución y rutas de trasiego hacia centros de consumo de México y otros países.
La disputa por el territorio y la negativa a pagar derecho de piso o a subordinarse entre ellos “fue el detonador de la actual violencia”, principalmente en Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Durango, Guerrero, Morelos y Michoacán, les dijo el general.
“Existen estados como Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo, que no son escenarios de un escalamiento de actos violentos”, lo que se debe a que en tales estados “tiene pleno dominio una sola organización delictiva, reflejando una falsa imagen de estabilidad, toda vez que es donde la sociedad soporta en silencio las exigencias y la presencia de los narcos con la complicidad de la autoridad.”
El secretario sostuvo que, ante las acciones del Estado, los cárteles “recurrieron a la penetración de las estructuras política, económica, de seguridad y a un manejo activo o pasivo de los medios de comunicación, mediante sobornos o amenazas”.
En la sección analítica de su diagnóstico , bajo el título de “Prospectiva”, el documento del secretario de la Defensa expone:
“Ante la aplicación de la presión permanente que ejerce el Estado sobre las estructuras operativa y logística de la delincuencia organizada, es previsible que ésta incremente gradualmente acciones de:
“Cooptación a miembros de instituciones de seguridad pública.
“Violencia contra funcionarios gubernamentales de seguridad locales, federales y fuerzas armadas.
“Posicionamiento de áreas donde existe una reducida presencia de autoridades federales en búsqueda de libertad para continuar sus actividades ilícitas.
“Tras un repunte de la violencia, es factible que ésta disminuya considerablemente si la unión de los cárteles del Pacifico, el Golfo y La Familia Michoacana se consolida para eliminar al grupo de Los Zetas.
“De igual manera podría resultar viable que la intensidad de la acción gubernamental obligue a su unificación pactada y que realicen sus actividades sin violencia, en forma soterrada.
“Con base en la información que procesamos resultaría temerario establecer una fecha en la que sea perceptible el punto de inflexión de las acciones criminales.”
El documento señala que tal circunstancia podría producirse en el mediano plazo sólo si se establece una serie de medidas y proyectos, como las reformas a la ley de seguridad nacional, la ley contra el terrorismo y el lavado de dinero, la iniciativa de policía única, entre otros.
Esto, además de concretar y poner en práctica el Acuerdo Nacional por la Seguridad, Justicia y Legalidad que se firmó el 21 de agosto de 2008. l
De acuerdo con el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, “es previsible” que la “presión permanente” del Estado mexicano contra los cárteles de la droga no solamente podría ocasionar más violencia contra funcionarios, cuerpos de seguridad y Fuerzas Armadas, sino que los grupos criminales también podrían incrementar sus acciones de “cooptación” de las autoridades.
“Tras un repunte en la violencia –manifestó–, es factible que ésta disminuya considerablemente si la unión de los cárteles del Pacífico, del Golfo y La Familia Michoacana se consolida para eliminar al grupo de Los Zetas.”
Es igualmente viable, señaló Galván Galván, que la intensidad de la acción gubernamental obligue a la “unificación pactada” de los grupos criminales y que realicen sus actividades como antes, “sin violencia, en forma soterrada”.
Sin embargo, advirtió a los legisladores:
“Con base en la información que procesamos, resultaría temerario establecer una fecha en la que sea perceptible el punto de inflexión de las acciones criminales.”
De acuerdo con esta expresión, estaría lejano el momento en que las actividades criminales empiecen a disminuir.
Tales son algunos de los aspectos del análisis de la Secretaría de la Defensa Nacional que, bajo el título de Reporte confidencial (una copia del cual tiene Proceso), expuso el general Galván ante diputados federales en la segunda semana de septiembre del año pasado, luego de haber realizado con ellos otros dos encuentros para analizar la situación del crimen organizado.
A diputados de todos los partidos políticos (PRI, PAN, PRD, PVEM, PT, Convergencia y Panal) les pidió aprobar la Ley de Seguridad Nacional y les explicó cuáles son los grupos del crimen organizado en México, describió su perfil y expuso las alianzas y pugnas que existen entre ellos.
Perfiles
Los encuentros del secretario de la Defensa Nacional con los diputados se han realizado desde 2009: el primero fue con integrantes de la legislatura pasada, el segundo se efectuó el 7 de abril de 2010 en las instalaciones de la Sedena, y el tercero tuvo lugar en septiembre pasado en el Heroico Colegio Militar.
Las dos últimas reuniones del general Galván con los miembros de la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados se realizaron cuando ésta era presidida por Ardelio Vargas Fosado, actual secretario de Seguridad Pública de Puebla. (A partir del jueves 24 el presidente de dicha comisión es el también priista Rogelio Cerda.)
Fue justamente en el tercer encuentro con los legisladores cuando el general Galván les explicó que en la actualidad operan en México siete grandes organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico: los Arellano Félix, los Beltrán Leyva, los Carrillo Fuentes, Los Zetas, La Familia Michoacana y los cárteles del Golfo y del Pacífico.
Además han surgido otros grupos de “carácter local” producto de las escisiones, reacomodos y alianzas de miembros de diferentes cárteles: Milenio, Pacífico Sur, Díaz Parada, Unidos de Jalisco o Los Torcidos, La Resistencia y La Sierra de Guerrero.
El secretario de la Defensa no sólo detalló las zonas del país donde opera cada grupo, sino que también destacó que mientras el cártel del Pacífico (conocido más como el cártel de Sinaloa), que dirige Joaquín El Chapo Guzmán, cuenta con una estructura bien definida y se dedica únicamente al negocio de la droga, Los Zetas van mucho más allá y emprenden cualquier negocio ilícito, como el secuestro y el cobro de piso, además de que son los más violentos y tienen presencia en todo el territorio nacional.
Antes de definir cada perfil de las organizaciones, el general Galván hizo una breve introducción para que los diputados entendieran cómo evolucionaron las bandas del narcotráfico en los últimos años y cómo se conectaron con las FARC, guerrilla colombiana, hasta extenderse por cuatro países centroamericanos y de Sudamérica.
“A finales de los noventa, tras el debilitamiento de las grandes organizaciones de narcotraficantes colombianas, las FARC asumieron el papel de ‘gran cártel colombiano’, continuando hasta la fecha con la coordinación para el tráfico de cocaína entre organizaciones mexicanas”, les dijo.
Y continuó: “Desde el año 2003, los cárteles mexicanos redimensionaron su rol en el contexto regional, fortaleciendo su participación e influencia en países de Centro y Sudamérica, revirtiendo los papeles de ‘subordinación’ al de ‘dirección’”.
Por lo menos así lo confirma “su presencia en áreas de producción de cocaína en Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Centroamérica para coordinar y controlar el transporte del estupefaciente”, precisó.
Lo que diferencia a cada uno de los siete cárteles “nacionales” –por llamarlos de alguna manera– y a los seis locales está en función de los “objetivos y la ambición de sus líderes por expandir sus áreas de influencia, inclusive aceptando alianzas de conveniencia”, planteó el general Galván.
Durante el encuentro, el secretario de la Defensa se apoyó en gráficas y mapas que mostraban las zonas de influencia de cada grupo, y expresó a los legisladores:
“La heterogeneidad de intereses y la superposición de espacios en que operan propicia desacuerdos entre sus principales integrantes, originando índices de violencia que han rebasado el ámbito de la seguridad pública, generando afectaciones serias a la seguridad interior.”
En este punto, el secretario de la Defensa emprendió ante los legisladores la lectura de una parte del Reporte confidencial que se refiere a los liderazgos y a las características de los grandes cárteles. Lo hizo en los siguientes términos:
“Cártel del Pacífico
“Líderes: Ismael Zambada García (a) El Mayo, Juan José Esparragoza Moreno (a) El Azul y Joaquín Guzmán Loera (a) El Chapo Guzmán.
“Única organización que cuenta con un liderazgo lineal, regionalizado y estructura de mando abiertamente identificada de corte tradicional.
“No realiza actividades de extorsión y secuestro.
“Por sistema evita la confrontación con las Fuerzas Armadas.
“Se inserta en la sociedad como benefactor, generando la llamada narco cultura.
“Los Zetas
“Líderes: Heriberto Lazcano Lazcano (a) El Lazca y Miguel Ángel Treviño Morales (a) El 40.
“Esta organización delictiva se ha convertido en el mayor riesgo a la seguridad interior por la radicalidad y alcance de las acciones que ha implementado contra las instituciones del Estado que no le son afines y por la falta de respeto a la vida de las personas.
“Es el cártel con mayor presencia en el territorio nacional y el responsable del mayor número de hechos violentos y de gran impacto social.
“De 805 agresiones registradas contra personal militar, 264 han sido por parte de sicarios de este grupo delictivo, lo cual representa el 33%.
“El despliegue de sus principales integrantes como jefes de plaza le permite mantener presencia en gran parte del país, teniendo como objetivo la expansión en todo el territorio nacional, donde controlan toda actividad ilícita que les reditúe recursos económicos.
“Cuenta con una organización tipo militar que hace respetar la disciplina a su interior por la violencia. Constantemente somete a sus integrantes a periodos de adiestramiento básico, los dota de armamento de gran poder y volumen de fuego.
“Beltrán Leyva
“Líderes: Héctor Beltrán Leyva (a) El H y Édgar Valdez Villarreal (a) La Barbie (detenido el 30 de agosto de 2010).
“Organización carente de una estructura sólida de liderazgo.
“Sus lugartenientes recurren a la violencia extrema para conservar su disciplina interna.
“Como medio alterno de financiamiento realizan actividades de secuestro, extorsión y robo.
“Carrillo Fuentes
“Líder: Vicente Carrillo Fuentes (a) El Viceroy, de personalidad extremadamente violenta e intransigente y escasa capacidad de negociación.
“Utiliza como sicarios en Ciudad Juárez, además de miembros de su organización, pandillas locales a las que proporciona armamento, numerario y vehículos.
“La personalidad de su líder se caracteriza por su extremada violencia, tanto para imponer disciplina al interior de la organización como para amedrentar a sus enemigos.
“Cártel del Golfo
“Líderes: Jorge Eduardo Costilla Sánchez (a) El Cos y Ezequiel Cárdenas Guillén (a) Tony Tormenta (muerto por las Fuerzas Armadas, el 5 de noviembre de 2010).
“Organización de corte tradicional que mantiene el control del estado de Tamaulipas.
“Para identificarse entre ellos emplean distintivos de carácter militar en su persona y medios de transporte.
“Evitan enfrentarse en lo general con las Fuerzas Armadas.
“Familia Michoacana
“Líderes: Nazario Moreno González (a) El Chayo (muerto el 9 de diciembre de 2010 por las Fuerzas Armadas) y Jesús Méndez Vargas (a) El Chango.
“Organización de corte radical, fundamentalista; emplea el factor religioso para reclutar y adoctrinar a sus miembros.
“En varios municipios ha logrado desplazar a la autoridad legalmente constituida, estableciendo cuotas por los supuestos servicios que brinda a la colectividad.
“Se ha convertido en la principal empresa productora de drogas sintéticas.
“Arellano Félix
“Líder: Fernando Sánchez Arellano (a) El Ingeniero.
“Estructura empresarial familiar; parte de su fuente de financiamiento es producto de recursos provenientes por cobro de derecho de piso.
“De las siete organizaciones criminales se considera la más débil.”
Mientras el general Galván iba detallando las características de los grupos, se apoyaba en mapas que establecían su área de penetración y luego puntualizó las rivalidades entre ellos:
–El cártel del Pacífico se enfrenta con los Carrillo Fuentes y los Beltrán Leyva (en la escisión que encabeza Héctor Beltrán Leyva.)
–La Familia Michoacana mantiene una lucha contra el cártel Beltrán Leyva (escisión que tenía a la cabeza a Édgar Valdez Villarreal).
–Los Zetas están confrontados con el cártel del Golfo y el del Pacífico.
–El cártel de Beltrán Leyva (escisión La Barbie) tenía pleito con la escisión que representaba Héctor Beltrán Leyva.
Finalmente, el general Galván dijo que los Arellano Félix no están permanentemente confrontados con ningún grupo.
Las alianzas
Respecto de las alianzas, el secretario de la Defensa manifestó a los legisladores que el cártel del Pacífico y los Arellano Félix tienen un acuerdo con el cártel del Golfo, en tanto que el grupo de Carrillo Fuentes está aliado con los Beltrán Leyva y Los Zetas.
Y para “ilustrar” la afirmación de que las acciones violentas afectan ya la seguridad interior del país, el general Galván dijo que, por lo que se refiere a la autoridad civil, estos grupos criminales han cometido ataques contra tres funcionarios federales, 18 estatales, 18 alcaldes y otros 26 ediles, además de realizar dos agresiones contra instalaciones diplomáticas (Monterrey y Nuevo Laredo) y otras dos contra personal consular de Estados Unidos. (Esto, antes de que se registrara el ataque a dos oficiales de Aduanas de Estados Unidos en San Luis Potosí, en donde Jaime Zapata murió y Víctor Ávila resultó herido.)
El general Galván precisó también que hasta septiembre de 2010 se habían producido mil 343 ataques contra personal de seguridad pública, con un saldo de mil 481 muertos y mil 46 heridos.
En cuanto al personal militar, el general mencionó 805 agresiones, principalmente en los estados de Tamaulipas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Sonora. El resultado: 81 militares muertos y 370 heridos, contra 870 muertos y 190 heridos de los cárteles, además de 25 mil 279 detenidos y 66 mil 72 armas aseguradas.
En su exposición, el titular de la Sedena externó algo que fue considerado “terrible” por los legisladores: “Actualmente no existe una entidad de la República Mexicana exenta de manifestaciones delictivas derivadas del narcotráfico”.
Les explicó que el control del territorio se convirtió en el primer gran objetivo de los cárteles para mantener la hegemonía en áreas de producción, almacenamiento, distribución y rutas de trasiego hacia centros de consumo de México y otros países.
La disputa por el territorio y la negativa a pagar derecho de piso o a subordinarse entre ellos “fue el detonador de la actual violencia”, principalmente en Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Durango, Guerrero, Morelos y Michoacán, les dijo el general.
“Existen estados como Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo, que no son escenarios de un escalamiento de actos violentos”, lo que se debe a que en tales estados “tiene pleno dominio una sola organización delictiva, reflejando una falsa imagen de estabilidad, toda vez que es donde la sociedad soporta en silencio las exigencias y la presencia de los narcos con la complicidad de la autoridad.”
El secretario sostuvo que, ante las acciones del Estado, los cárteles “recurrieron a la penetración de las estructuras política, económica, de seguridad y a un manejo activo o pasivo de los medios de comunicación, mediante sobornos o amenazas”.
En la sección analítica de su diagnóstico , bajo el título de “Prospectiva”, el documento del secretario de la Defensa expone:
“Ante la aplicación de la presión permanente que ejerce el Estado sobre las estructuras operativa y logística de la delincuencia organizada, es previsible que ésta incremente gradualmente acciones de:
“Cooptación a miembros de instituciones de seguridad pública.
“Violencia contra funcionarios gubernamentales de seguridad locales, federales y fuerzas armadas.
“Posicionamiento de áreas donde existe una reducida presencia de autoridades federales en búsqueda de libertad para continuar sus actividades ilícitas.
“Tras un repunte de la violencia, es factible que ésta disminuya considerablemente si la unión de los cárteles del Pacifico, el Golfo y La Familia Michoacana se consolida para eliminar al grupo de Los Zetas.
“De igual manera podría resultar viable que la intensidad de la acción gubernamental obligue a su unificación pactada y que realicen sus actividades sin violencia, en forma soterrada.
“Con base en la información que procesamos resultaría temerario establecer una fecha en la que sea perceptible el punto de inflexión de las acciones criminales.”
El documento señala que tal circunstancia podría producirse en el mediano plazo sólo si se establece una serie de medidas y proyectos, como las reformas a la ley de seguridad nacional, la ley contra el terrorismo y el lavado de dinero, la iniciativa de policía única, entre otros.
Esto, además de concretar y poner en práctica el Acuerdo Nacional por la Seguridad, Justicia y Legalidad que se firmó el 21 de agosto de 2008. l
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