
Los afganos reclaman justicia por la matanza





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MÉXICO, D.F. (apro).- Una vez que entregue la banda presidencial, en diciembre próximo, posiblemente el presidente Felipe Calderón dejará el país.
De ser cierta esa versión, que ha comenzado ya a difundirse en Estados Unidos, la decisión del panista sería tomada como una señal del fracaso en cuanto a su declaración de guerra contra el crimen organizado, pero también como una medida vergonzante, pues estaría huyendo de una situación que él mismo provocó.
De acuerdo con información proporcionada por Dolia Estevez, corresponsal de MVS Radio en Washington, en una de sus últimas visitas a Estados Unidos, Calderón expuso su temor de recibir atentados del crimen organizado una vez que deje la presidencia de México.
No obstante, la medida también estaría pensada para protegerse desde el extranjero de cualquier demanda que pudieran estar planeando las familias de las víctimas de la violencia –50 mil y 10 mil desaparecidos– afectadas por la guerra contra el crimen organizado, que declaró desde el arranque de su gobierno.
A la memoria (con lo que se puede caer en la imprecisión), desde Porfirio Díaz no se tiene registrado que un Presidente mexicano salga del territorio nacional por decisión propia. Al triunfar la Revolución, el dictador oaxaqueño huyó a Francia y dejó detrás de sí un país desecho por la violencia, generada a raíz del enfrentamiento con distintas fuerzas que querían un cambio en el país.
La razón de los presidentes que posteriormente salieron de México, luego de concluir su gestión fue porque el mandatario entrante lo decidía así, a fin de evitar problemas de ajustes políticos, como fue el caso de Plutarco Elías Calles, a quien el general Lázaro Cárdenas sacó del país.
No es así en el caso de Felipe Calderón. Su decisión estaría fundada por el miedo, el temor a represalias por parte de algún grupo criminal en su contra, por las decisiones que tomó como jefe de las fuerzas armadas para combatirlos. Aunque hay razones para entender esta voluntad, también habría que preguntarse si realmente afectó los intereses de alguno de estos grupos, si minó su fuerza real o perjudicó sus negocios millonarios.
A simple vista, esto no ocurrió. Hasta el momento no sólo siguen operando los grandes capos, también ha crecido su poder y su presencia en todo México y otros países, sin que su estructura de organización y sus ganancias hayan sido afectadas.
Despojado de su investidura, Calderón será a partir de diciembre próximo otro ciudadano más, sujeto a la violencia que él mismo exacerbó con decisiones temperamentales, como querer acabar la violencia con más violencia.
Sin la seguridad con la que hoy cuenta el panista habrá de enfrentar lo que miles de mexicanos sufren todos los días: el miedo a ser atacados por estas bandas delincuencias que le han perdido el temor a toda autoridad y, además, tienen un poder desmesurado.
Pero lo que dejará atrás, luego de seis años de gobierno, será un país en crisis, con más desempleo y menos educación, más corrupción y menos transparencia, más inseguridad y menor tranquilidad, más impunidad y menos justicia; es decir, un país con un tejido social roto, de víctimas que le reclamarán su responsabilidad donde quiera que esté.
WASHINGTON (Proceso).- Barack Obama se inscribe en la estrategia legal concebida para anular la demanda interpuesta en contra de Ernesto Zedillo por 10 presuntos sobrevivientes de la matanza de Acteal, toda vez que el mandatario estadunidense tendría el poder para decidir si se le otorga o no inmunidad al expresidente mexicano.
“La clave del caso es saber si el gobierno de Estados Unidos va a intervenir a favor o en contra de la solicitud o si simplemente no va a hacer nada”, dice a Proceso Roger Kobert, uno de los abogados que en nombre de los 10 sobrevivientes presentaron la demanda contra Zedillo ante la Corte Federal de New Haven, Connecticut, el pasado 16 de septiembre.
El gobierno de Estados Unidos rechazó hacer comentarios sobre la petición de inmunidad que hiciera el expresidente a la Corte Federal; su argumento fue que se trata del caso de un ciudadano privado. Lo único que el Departamento de Estado admite es haber recibido una “nota diplomática” del gobierno de México sobre el asunto, pero no reveló el contenido.
El viernes 6 de enero los abogados Jonathan M. Freiman y Tahlin Townsend, representantes legales de Zedillo en Estados Unidos, promovieron ante la Corte Federal de New Haven una moción: le solicitaron al juez federal Alvin W. Thompson anular el juicio y los cargos que le imputan a su cliente. Justificaron la solicitud con el argumento de que Zedillo goza de inmunidad (diplomática internacional), como les corresponde a los exjefes de Estado y de gobierno.
“Los abogados del señor Zedillo quieren que la Corte pida al Departamento de Estado que le aclare si el expresidente goza o no de inmunidad frente a la demanda”, anota Kobert, de la firma Rafferty, Kobert, Tenenholtz, Bounds & Hess, con sede en Miami, que representa a los 10 sobrevivientes de Acteal.
Funcionarios del gobierno de Obama consultados por este semanario dicen que el curso legal que se le da a la moción presentada por Zedillo ante la Corte Federal de Connecticut se desarrolla en tres etapas:
Primero la Corte Federal de Connecticut se pone en contacto con el Departamento de Estado para solicitar su “punto de vista” sobre la afirmación de los abogados de que Zedillo tiene derecho a la inmunidad como expresidente de un país extranjero. Después, según el sistema judicial estadunidense, el Poder Ejecutivo “podría dar su opinión a la Corte” sobre la solicitud de inmunidad. Por último la Corte Federal tiene la libertad de tomar en cuenta o desechar la opinión del Ejecutivo para emitir su fallo.
Kobert aclara que antes de que la Corte Federal consulte al Departamento de Estado tiene que notificarles oficialmente a ellos el pedido de Zedillo y esperar la opinión legal de la parte acusadora.
“La Corte Federal es la que tiene la última palabra”, enfatiza Kobert, quien hasta el cierre de esta edición aseguró que su equipo no había recibido ninguna notificación del juez Thompson, aunque previó que la comunicación se lleve a cabo la próxima semana. Proceso intentó en cinco ocasiones comunicarse telefónicamente con los abogados de Zedillo, pero no respondieron.
El precedente Filártiga
Funcionarios estadunidenses y abogados internacionalistas consultados por el corresponsal admitieron que desconocen el proceso jurídico de un caso en Estados Unidos de solicitud de inmunidad para un exjefe de Estado o de gobierno o exfuncionarios de países extranjeros.
El único precedente legal de esta naturaleza es el de la familia Filártiga contra Américo Norberto Peña Irala, exinspector general de la Policía de Asunción, Paraguay, juicio que tuvo lugar en 1980. La decisión final fue adversa al argumento de inmunidad.
Este caso se sustentó en un hecho ocurrido en la capital paraguaya el 29 de marzo de 1976 cuando Joel Filártiga, de 17 años, fue secuestrado, torturado y asesinado por Peña Irala. La demanda señala que ese mismo día oficiales de la policía llevaron a Dolly Filártiga (hermana de Joel) a reconocer el cuerpo del muchacho, que mostraba huellas de severas torturas.
La familia Filártiga sostuvo que Joel fue secuestrado, torturado y asesinado en represalia por las actividades políticas de su padre, el doctor Joel Filártiga. La familia acusó legalmente a Peña Irala en Paraguay, donde nunca fue juzgado. Al contrario, el abogado de la familia Filártiga fue detenido, encarcelado y amenazado de muerte por la policía y posteriormente se le anuló la licencia para litigar en Paraguay.
En 1978 Dolly Filártiga emigró a Estados Unidos y solicitó asilo político; ese año Peña Irala también viajó a la Unión Americana y se quedó a vivir ahí, pese al vencimiento de su visa de turista. Al enterarse de la presencia en Estados Unidos de Peña Irala –luego de haber sido detenido éste por las autoridades migratorias– Dolly lo demandó ante una Corte Federal.
A Peña Irala lo acusaron de haber torturado y asesinado al joven Filártiga en flagrante violación de las leyes internacionales en materia de derechos humanos y de los acuerdos suscritos por el gobierno estadunidense. La representación legal de la familia Filártiga estuvo a cargo del Centro para los Derechos Constitucionales. Los demandantes pidieron a Peña Irala una compensación de 10 millones de dólares.
Pese a que la Corte Federal que asumió el caso desechó los cargos y anuló el juicio (por el pedido de inmunidad que hizo el gobierno de Paraguay), la Corte Federal de Apelaciones del Segundo Distrito del estado de Nueva York dio un fallo favorable para la familia Filártiga. La Corte de Nueva York determinó que la denuncia y castigo contra la tortura están garantizados por la aplicación de las leyes internacionales.
Este caso se interpretó como la extensión de la aplicación de las leyes internacionales por las cortes de Estados Unidos en los casos de delitos cometidos en el extranjero o en el territorio nacional.
Un despacho muy caro
Los 10 sobrevivientes de la matanza de Acteal piden que se procese judicialmente a Zedillo en Estados Unidos bajo el mismo criterio de extensión de la aplicación de las leyes internacionales que reconoce el gobierno de Obama y a las cuales está suscrito. La matanza fue perpetrada el 22 de diciembre de 1997 en el municipio de Chenalhó, Chiapas, e implicó la muerte de 45 hombres, mujeres y niños tzotziles.
Los demandantes exigen al expresidente una compensación de 50 millones de dólares. La demanda se presentó en la Corte Federal de New Haven por ser ése el distrito que tiene jurisdicción sobre el lugar de residencia de Zedillo, quien dirige el Centro de Estudios de la Globalización de la Universidad de Yale.
En México algunos medios, analistas políticos y columnistas han hecho numerosas conjeturas en torno a las razones de la demanda. Algunos ven con suspicacia el hecho de que los 10 sobrevivientes de la matanza hayan iniciado la querella judicial –según los comentaristas– usando los servicios de uno de los despachos legales más caros de Estados Unidos.
“Ojalá fuera así; sería rico”, comenta Kobert al respecto, y sostiene que él y sus colegas tomaron el caso porque consideran que en éste se halla de fondo una gran injusticia donde las víctimas son muy pobres. “Estas personas que representamos no tienen dinero ni siquiera para cubrir sus necesidades básicas, mucho menos para pagarles a unos abogados que cobran cientos de dólares por hora”, enfatiza.
–¿Entonces quién les paga? –se le pregunta.
–Lo que tenemos es un acuerdo bajo el cual si ganamos nos llevaremos una porción de los 50 millones de dólares que se buscan en compensación por los daños. Si perdemos no nos llevamos ni un centavo.
En casos de violación a los derechos humanos de personas humildes –dentro y fuera de Estados Unidos– es común que despachos legales u organizaciones no gubernamentales acepten trabajar con la esperanza de recibir un porcentaje del pago exigido como compensación por los daños sufridos por sus clientes.
El abogado aclara que la demanda contra Zedillo es su primer caso contra el exjefe de Estado de un país extranjero. Kobert aclara en la entrevista telefónica que él y sus colegas tienen la capacidad profesional y legal para salir adelante con la demanda: “Ya habíamos anticipado que en el proceso saldría a relucir el asunto de la inmunidad”.
El despacho con sede en Miami tiene un amplio historial de aplicación de leyes internacionales… pero en materia comercial. Kobert se asume como experto en temas de inmunidad, territorialidad y soberanía ante las cortes federales de su país. “Revisamos el caso, lo analizamos y decidimos tomarlo cuando llegamos a la conclusión de que es un asunto interesante y que se puede ganar”, añade.
–¿Fueron los 10 campesinos de Acteal quienes los buscaron para que los representaran? –se le pregunta.
–Fuimos contactados por un grupo de abogados mexicanos interesados en ayudar a las víctimas de esta masacre.
–¿Quiénes son esos abogados?
–No podemos dar a conocer su identidad. No los podemos poner en riesgo. Ellos nos solicitaron que los mantuviéramos en el anonimato.
–¿Dónde tienen su despacho estos abogados mexicanos, en la Ciudad de México, en Chiapas?
–Digamos que en algún lugar de los Estados Unidos Mexicanos.
Kobert sostiene que fue en la primavera o el verano de 2010 cuando fueron contactados por los abogados mexicanos y explica que tuvieron poco más de un año para investigar en detalle toda la situación antes de demandar a Zedillo: “Hicimos mucha investigación, reconstrucción de los hechos, entrevistas con testigos y víctimas, análisis de los procedimientos legales y jurídicos y traducción de documentos. Nuestra firma envió representantes muchas veces a la región (de Acteal)”.
Respecto de las razones por las que se mantiene en el anonimato la identidad de los demandantes, Kobert aclara que el propósito es no poner en riesgo la integridad de sus clientes y de los familiares de éstos.
“En el primer borrador de la demanda habíamos puesto los nombres y apellidos de todos. Al final determinamos que no era pertinente, porque los pondríamos en riesgo. Pero los documentos están firmados por los denunciantes –identificados como Jane Doe 1, 2, 3, etcétera–, quienes también pusieron sus huellas digitales”, aclara.
La Corte Federal en New Haven aceptó la demanda con el nombre de Jane Doe para cada uno de los quejosos, pero Kobert adelanta que en algún momento del juicio –que él afirma que sí habrá– la defensa pedirá confirmar la identidad de quienes acusan a Zedillo. “Pero también ya estamos preparados para enfrentar esa situación”, remata.
El abogado incluso abrió una página en internet donde se exhiben muchos de los documentos del proceso: http://acteal97.com.
Una vez que el juez Thompson solicite la opinión del Departamento de Estado sobre la solicitud de Zedillo, y luego de que el gobierno de Obama se la entregue, la Corte Federal de New Haven se lo notificará a los abogados de los demandantes, quienes tendrán 30 días para responder al fallo. En otras palabras: para presentar una apelación, de ser el caso, ante la Corte correspondiente.
Desconfianza en Chiapas
En Chiapas la demanda de los 10 sobrevivientes contra Ernesto Zedillo y la posterior solicitud de inmunidad presentada por el gobierno mexicano sólo han generado dudas y desconfianza.
La asociación civil Las Abejas de Acteal –formada por sobrevivientes reconocidos de la matanza, así como por amigos y familiares– y sus representantes legales del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) se deslindaron de la demanda; afirman que ninguno de ellos contrató despacho legal alguno ni ha viajado a Estados Unidos para testificar en el caso.
Consideran que es una cortina de humo para obstaculizar la vía que ellos eligieron para desahogar la responsabilidad del Estado mexicano y algunos responsables del gobierno encabezados por el entonces presidente Zedillo, a quien acusan de ordenar la estrategia de contrainsurgencia que culminó con la matanza del 22 de diciembre de 1997.
En 2010, 13 años después de la matanza, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la queja interpuesta por el Frayba y Las Abejas de Acteal, a quienes les notificó haber abierto el expediente número 146/10. La admisibilidad fue dictaminada en el 140 periodo ordinario de sesiones de la CIDH en Washington los primeros días de noviembre de ese año.
En aquella ocasión la CIDH dijo a los denunciantes que había encontrado elementos para admitir que el Estado mexicano violentó derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales, por lo que era hora de comenzar a pedirles cuentas.
A raíz de ello, dice el titular del Frayba, Víctor Hugo López, la CIDH empezó a solicitar información del caso al gobierno mexicano y en ese proceso conocieron, el 20 de septiembre de 2011, la demanda interpuesta cuatro días antes contra Zedillo en Estados Unidos.
Sin embargo Las Abejas y el Frayba consideran que la solicitud de inmunidad del gobierno mexicano es parte de una estrategia que camina hacia la impunidad. Dice Víctor Hugo López que el hecho de que el gobierno mexicano haya solicitado inmunidad lo único que hace es confirmar la responsabilidad de los servidores públicos.
“A nosotros nos sorprende que en lugar de que el gobierno mexicano dé información para deslindar responsabilidades, intente por la vía del fast track solicitar inmunidad para el expresidente Zedillo.
“Nos sorprende que pudiendo contar con un buen cuerpo de abogados que lo defienda y argumente su inocencia en los tribunales se vaya por esa vía. Se van un poco con la finta de lo que ya ocurrió con un expresidente de Colombia (Álvaro Uribe), a quien sí le dieron inmunidad durante el gobierno de George Bush”, agrega.
Afirma que el sexenio de Zedillo estuvo marcado por la estrategia contrainsurgente y que hay al menos tres hechos que lo confirman. Primero la embestida militar de febrero de 1995 contra el EZLN, cuando había un cese del fuego para abrir el diálogo y la negociación; al fallar esa estrategia ofensiva, como una segunda etapa se sentó a dialogar y negociar. Se firmaron los primeros acuerdos de San Andrés, los que terminó por desconocer. Tras los acuerdos el gobierno añadió un tercer elemento: la paramilitarización, la creación de grupos de choque que finalmente concluyó con la matanza de Acteal.
“Con esos tres elementos vemos claramente la estrategia ‘dura’, de la que es responsable Zedillo como comandante de las Fuerzas Armadas que era entonces”, señala.
Si se exime de responsabilidad a Zedillo, dice, querrán también encubrir a los otros responsables que dependieron de él, entre ellos el exsecretario de Gobernación Emilio Chuayffet, el de Defensa, Enrique Cervantes Aguirre, y el exgobernador de Chiapas Julio César Ruiz Ferro.
Añade que el gobierno de Calderón está haciendo la prueba con este intento de solicitar inmunidad “para cubrirse la espalda viéndose él como expresidente, luego de que ha sido señalado por los miles de muertos en México y la demanda que enfrenta en la Corte Penal Internacional”. (Con información de Isaín Mandujano.)
The United States is withdrawing the last of its troops from Iraq this month, which makes now an appropriate time to begin weighing the costs and benefits to U.S. national security from our intervention there.
On May 1, 2003, President George W. Bush stood aboard the deck of the aircraft carrier USS Abraham Lincoln and declared to the country and to the world that “Major combat operations in Iraq have ended. In the battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed.”
As Americans would quickly find out, President Bush’s declaration of victory was severely premature. Iraq would soon be in the throes of a violent insurgency and, eventually, a full-blown sectarian civil war.
More than eight years after that speech, as President Barack Obama prepares to keep his promise to end the war, Iraq has made progress but still struggles with insecurity and deep political discord. Though the level of violence has remained down from its 2006–2007 peak—when dozens of bodies could be found on Baghdad’s streets every morning—Iraq still endures a level of violence that in any other country would be considered a crisis. Still, the end of former Iraq President Saddam Hussein’s brutal regime represents a considerable global good, and a nascent democratic Iraqi republic partnered with the United States could potentially yield benefits in the future.
But when weighing those possible benefits against the costs of the Iraq intervention, there is simply no conceivable calculus by which Operation Iraqi Freedom can be judged to have been a successful or worthwhile policy. The war was intended to show the extent of America’s power. It succeeded only in showing its limits.
The tables and charts below tell the tale. We have grouped these costs into three categories:
Before turning to those tables and charts, however, we would like to make two additional points.
First, it is critical to remember the shifting justifications for the U.S. intervention in Iraq. The Iraq invasion was sold to the American public on the basis of Saddam Hussein’s supposed possession of weapons of mass destruction and his alleged relationship with Al Qaeda. When both claims turned out to be false, the Bush administration justified the intervention on the idea that a democratic Iraq would be an ally in the “war on terror” and an inspiration for democratic reform in the Middle East. These arguments remain, at best, highly questionable.
Second, the authors would like to make clear that this analysis of the costs of the Iraq war in no way diminishes the sacrifice, courage, and honor displayed by the U.S. military in Iraq. Americans troops have served and died in Iraq at the behest of the American people and two of their commanders-in-chief. This is why it is important to draw the correct lessons from our nation’s invasion of Iraq. In order to do that, its costs must be examined honestly and rigorously.
1. El inicio del último año del sexenio de un gobernante mexicano ha estado marcado siempre por su pérdida de poder político y por la emergencia del descontento popular acumulado durante cinco años, y el de Calderón no está siendo la excepción, pues a pesar del clima de amedrentamiento en el que sustentó su gestión, los actos represivos que caracterizaron su administración –que no tienen precedente en la historia moderna de México–, a pesar de haber sido presentados mentirosamente a la opinión nacional, empiezan a ser hoy objeto de investigaciones independientes y de una condena sin concesiones.
2. Los bárbaros actos de exterminio que horrorizaron durante cinco años a los mexicanos, y que el gobierno panista con cínico desparpajo atribuyó siempre al crimen organizado
, es decir a los cárteles del narcotráfico, está siendo hoy reconocido que son también imputables al gobierno federal.
3. La pretensión de desconocer muchos aspectos de lo que está aconteciendo durante la llamada “guerra contra el narco” no exonera desde luego de sus responsabilidades políticas y penales a Calderón, sino que por el contrario brinda nuevas evidencias sobre su papel al aceptar que la conducción de las operaciones policiaco-militares que se llevan a cabo en territorio mexicano estuviera a cargo de agencias estadunidenses que evidentemente no le informarían de sus acciones, por lo que el escenario para hacer a México el objetivo de una intervención sigue avanzando. Un pánel de la Cámara de Representantes aprobó ayer un plan de contrainsurgencia
para México a fin de combatir a los cárteles de las drogas como organizaciones terroristas
: lo que han estado fraguando desde hace meses los halcones de Washington con la complicidad de Calderón y los panistas. La cesión de facultades constitucionales a un poder extranjero no es nada más por lo mismo un acto de irresponsabilidad, sino también de traición a la patria.
4. Las preguntas que se pueden hacer sobre las consecuencias de esta guerra evidencian que no se puede eximir de responsabilidad por lo anterior al titular de facto del Ejecutivo ni a los funcionarios federales. ¿Quiénes han sido los autores de los homicidios, secuestros e innumerables matanzas de los últimos años? ¿Las fuerzas del mal
, como pretende demagógicamente Calderón, y lo repiten los medios, o cuerpos de la Marina Nacional o del Ejército? ¿O los paramilitares oficiales creados por el gobierno calderonista conforme al modelo colombiano, en el marco de la Iniciativa Mérida y siguiendo las directrices estadunidenses?
5. Entre el dilema de aceptar la complicidad por actos criminales de Estado o invocar una ignorancia sobre lo que está aconteciendo en el escenario de violencia generado por su gobierno, Calderón está ahora optando por esto último, lo que no lo exime desde luego de nada. La declaración hecha en Washington por Alejandra Sota (vocera de Los Pinos) el domingo 11, en el sentido de que el gobierno calderonista desconocía que la DEA lavaba dinero en México, como lo informó The New York Times días atrás, no hace más que evidenciar más a un gobierno al margen de las decisiones fundamentales que alguien está tomando en la “guerra contra el narco”.
6. La minimización de la gravedad de los hechos por parte de Calderón no parece ser tampoco una salida airosa ante la acusación que se le formuló a él y a su gabinete de seguridad en la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya (Países Bajos) por los delitos de lesa humanidad que presuntamente han cometido durante su guerra contra el crimen organizado
, denuncia que lo puso tan desasosegado que está cambiando su versión sobre lo que pasa. Los medios quedaron sorprendidos de que en sus intervenciones cotidianas, los días 8 y 9 de diciembre, como anunciando que en ese argumento basaría su defensa de ser procesado por algún tribunal internacional, reconoció fallas en su estrategia y culpó al Ejército de violaciones a los derechos humanos, aunque pretendiendo minimizarlas (como si esto fuera posible) y reducirlas a casos esporádicos: pues son la excepción, dijo, y no la regla
(La Jornada, 9 de diciembre).
7. La decisión de arrojar a otros la responsabilidad por los actos del gobierno federal no es tampoco nueva y no extrañan por eso los dimes y diretes que se han producido luego del homicidio el 12 de diciembre de dos jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa (Guerrero) en la Autopista del Sol al pretender desalojarlos, pues de acuerdo con la versión de ellos mismos estuvieron sometidos al fuego cruzado de la Policía Federal y de los cuerpos policiacos estatales. El gobierno calderonista busca sin embargo sacar raja del crimen, y pretende a la vez autoexonerarse y apoderarse del gobierno guerrerense si logra defenestrar al gobernador Ángel Aguirre, cuando lo cierto es que son tan culpables éste como los funcionarios federales, que tenían una doble responsabilidad del operativo: por producirse en una carretera federal y por el hecho de que en el convenio de Guerrero Seguro
, suscrito en octubre, el control de la seguridad estatal quedó a cargo del gobierno federal.
8. El crimen de la Autopista del Sol ha suscitado una indignación nacional inesperada no nada más por haberse asesinado a sangre fría a dos jóvenes estudiantes, sino porque los videos con los que ambas partes buscan culpar a la otra no hacen más que evidenciar que el gobierno federal y el estatal se comportaron de la misma manera, y que el poder que gobierna a México tiene una naturaleza criminal. La muerte de los estudiantes guerrerenses pone en la reflexión nacional a los cientos de miles de muertos en este sexenio que son imputables a las fuerzas del Estado, porque el crimen organizado se halla también en el poder público.
9. El ministro en retiro de la Suprema Corte Juventino Castro y Castro, con gran valor civil señaló en días pasados durante una entrevista en La Jornada (11 de diciembre) lo que todo mundo empieza a conocer pero que pocos se atreven a decir: que el negocio del narco pasa por los intereses del gobierno. Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, quien está protegido por Washington (y por Calderón) es parte de un equipo, dijo Castro y Castro, ligado a los cárteles.
10. El gobierno de facto, de acuerdo con múltiples evidencias, está involucrado a todas luces con el negocio del narcotráfico y es un actor fundamental en las represiones y crímenes de estos años, por eso no es suficiente el ¡Ya basta!
, sino que urgen acciones ciudadanas más decididas.
crímenes de guerray
delitos de lesa humanidad.
Los más de 27 mil firmantes de la denuncia sostienen que el gobierno
de México actúa en abierta complicidad con el crimen organizado. Una somera recostrucción de los hechos que precipitaron la muerte de Trinidad de la Cruz demuestra que tal percepción está sólidamente fundada.
Hace dos años, cientos de familias indígenas, pertenecientes a la comunidad de Ostula, ocuparon las tierras de Xayakalan, sobre la costa michoacana del Pacífico, muy cerca de la playa El Tamarindillo, que poseen Vicente Fox y Marta Sahagún. La siempre feliz y sonriente pareja ex presidencial no ha ocultado sus intenciones de construir un desarrollo turístico desde El Tamarindillo hasta Xayakalan, donde por otra parte hay ricos y abundantes yacimientos de hierro y de oro que ambicionan empresas mineras de India, Italia y Argentina.
La región costera, además, es disputada por diferentes bandas de narcotraficantes, por su ubicación estratégica que permite la entrada y salida de sustancias ilícitas. Tanto los hoteleros como los mineros han venido sirviéndose de los paramilitares al servicio de los cárteles, para reprimir a los comuneros de Xayakalan y desplazarlos de la costa a fin de quedarse con sus playas.
Por si hiciera falta para demostrar la complicidad entre hoteleros, mineros y cárteles con las dependencias federales adscritas al gobierno
calderónico, las secretarías de Marina y Defensa han protegido por acción o por omisión a los paramilitares, que acumulan ya 27 asesinatos y cuatro desapariciones forzadas en Xayakalan, trágica lista que podría estar creciendo incluso en estos momentos.
El pasado 28 de noviembre, en Morelia, don Trino sostuvo una reunión con representantes de los gobiernos michoacano y federal, para ponerlos al tanto de los peligros que de nuevo se cernían sobre los pobladores de Xayakalan, con motivo de la consulta que éstos iban a sostener el martes 6 de diciembre, para determinar si aceptan el dinero que les ofrecen las autoridades a cambio de sus tierras o permanecen dentro de ellas.
El Desfiladero del sábado anterior se sumó a las voces que desde distintos frentes intentaron evitar que los paramilitares atacaran ese día. Como fruto de la reunión del 28 de noviembre, el martes 6 de diciembre, muy temprano por la mañana, don Trino y 12 integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), encabezados por Pietro Ameglio, salieron de Guadalajara escoltados por un convoy de la Policía Federal, bajaron a la costa, pasaron por Maruata, donde la Marina tiene una base naval, y llegaron a Xayakalan.
Pero de pronto, sorpresivamente, el hombre que iba al mando de los soldados azules de Genaro García Luna le dijo a Pietro Ameglio que se retiraba con sus tropas, ya que no podía garantizar su propia seguridad
. En seguida, apenas se alejaron los uniformados, irrumpieron los paramilitares, arma- dos con rifles AK-47, pistolas, machetes y puñales, a las órdenes de tres conocidos y bien identificados matones: Prisciliano Sánchez Corona, alias Chalano; Iturbide Alejo, alias El Turbinas, y Margarita Pérez, La Usurpadora, de acuerdo con el excelente reportaje que Gloria Muñoz Ramírez publicó en La Jornada anteayer.
Con base en los testimonios de los miembros de la caravana del MPJD, ahora se sabe que éstos fueron obligados a subir a sus vehículos, y a bordo de otro en que llevaban a don Trino, los asesinos los arrearon
por la carretera que va al puerto de Lázaro Cárdenas. Sin embargo, a la altura de la comunidad de Coayahuana, se detuvieron y acuchillaron al dirigente hasta matarlo.
Durante una rueda de prensa que ofreció el miércoles 7 de diciembre en la ciudad de México, Pietro Ameglio relató lo anterior vencido por la pena y por el llanto. Sin embargo, la tragedia, monstruosa por todo lo que implica –los indígenas mexicanos no valen nada ante los intereses de los hoteleros y los mineros, que usan a las fuerzas armadas y a los narcos para desplazarlos de sus tierras– no conmovió a nadie.
Peor aún, si Felipe Calderón sacó al Ejército a las calles, supuestamente para combatir la inseguridad, los comuneros de Xayakalan no se explican por qué no atendió las peticiones de don Trino –formuladas en la reunión del 28 de noviembre en Morelia–, pero menos entienden por qué, después del horroroso asesinato del dirigente, siguen esperando la llegada de los soldados, sabiendo que El Turbinas, La Usurpadora y Chalano se encuentran en la comunidad y pueden cometer otros asesinatos en cuanto les apetezca.
¿Así o más clara la complicidad entre el gobierno
federal y los cárteles, señores jueces de la Corte Penal Internacional de La Haya? Esta pregunta difícilmente tendrá relevancia en medio de la profunda crisis política que se abrió en la cúpula del poder, tras la disparatada respuesta que dio Enrique Peña Nieto en la Feria Internacional del Libro, hace ocho días en Guadalajara, donde el dueño del copete más famoso del rumbo comenzó a desinflarse ante los ojos alarmados de quienes han recibido de él millones y millones de pesos para incrustarlo en la Presidencia el año entrante.
Era carambola cantada: en cuanto Peña Nieto comenzara a hablar se harían visibles sus inmensas limitaciones y dejaría de ser el hombre que México esperaba
, según sus publicistas y Televisa. Lo que no estaba previsto era que su derrumbe ocurriera tan temprano, ya que éste le da tiempo al PRI de buscarle un sustituto. Un problema, no menor, que por otra parte no parece tener respuesta. ¿Quién podría alcanzar, en seis o siete meses, la fuerza mediática que tuvo Peña Nieto?
En otras palabras, con un modelo económico en ruinas, sin un verdadero proyecto de rescate o reconstrucción del país, y sin una sola figura política atractiva –¿o acaso Beltrones, Vázquez Mota, Creel o Cordero llenarán el vacío dejado por Peña Nieto?–, la oligarquía mexicana carece de argumentos y de recursos legales para conservar el poder después de las elecciones del año próximo. De allí que Felipe Calderón hable con más y más insistencia de la posibilidad de que no haya comicios en 2012 “por la penenetración de los cárteles”.
El amago de cuartelazo que se dibuja detrás de estas palabras pone de relieve la dimensión de la crisis política en que ha quedado atrapada la derecha, al descubrir que carece de un candidato presidencial. Situación que en menor escala vive el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, al que se le abren los más anchos caminos para ganar la Presidencia, pero no cuenta con nadie que le asegure la victoria en el Distrito Federal. Cuando a lo largo de esta semana se oyó que el candidato de Morena al GDF podría ser Manuel Camacho, hubo quienes empezaron a preguntar la dirección de la embajada más cercana a su domicilio, para pedir asilo político al grito de sálvese el que pueda
.
Twitter: @emiajseliva
Pienso que en su momento usted habría debido iniciar un procedimiento legal verosímil para esclarecer las maniobras oscuras realizadas con dinero público por Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún; que debió iniciar una averiguación previa contra Francisco Ramírez Acuña por su presunta responsabilidad en casos de tortura (Guadalajara, mayo de 2004); que usted habría debido iniciar querellas contra Eduardo Medina Mora, Wilfrido Robledo Madrid, Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Yunes, entre otros, por las violaciones cometidas por policías federales y estatales contra activistas y/o simples ciudadanos de San Salvador Atenco; y que debió actuar contra Juan Camilo Mouriño, quien, como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y luego como coordinador de asesores en la Secretaría de Energía, intervino en la firma de contratos entre el gobierno federal y empresas de su propia familia; y que habría debido imputar por presunto encubrimiento a su ex secretario de Comunicaciones y Transportes Luis Téllez Kuenzler, pues éste dijo saber que Salinas de Gortari se robó, en el tiempo en el que ejerció la jefatura del Poder Ejecutivo, la mitad de la partida secreta, y que usted tenía la obligación de hacer algo legal contra Genaro García Luna, quien contravino de manera pública y flagrante una prohibición contenida en el artículo 37 constitucional.
Creo también que el conjunto de las fuerzas policiales y militares comandadas por usted habría debido capturar y presentar ante los tribunales correspondientes a Joaquín Guzmán Loera El Chapo y a otros presuntos cabecillas de organizaciones dedicadas al narcotráfico y a otros delitos; que usted ya se tardó en pedir la extradición de los funcionarios estadunidenses que urdieron, autorizaron y ejecutaron el operativo de contrabando de armas destinado a grupos de narcotraficantes mexicanos denominado Rápido y furioso; asimismo, que usted estaba obligado a presentar cargos por evasión fiscal contra los empresarios que, según reveló usted mismo, no pagan los impuestos que les corresponden.
Pero no. En vez de procurar justicia en los casos arriba referidos y en muchas otras muestras de flagrante impunidad, usted, señor Calderón, amenaza con proceder legalmente contra quienes firmamos una petición para que usted, varios de sus colaboradores y diversos presuntos narcotraficantes sean sometidos a juicio en la Corte Penal Internacional. Somos 23 mil los signatarios, y muchos más –cientos de miles, posiblemente millones de ciudadanos– lo que hemos expresado que la estrategia ideada y aplicada por usted para, supuestamente, combatir la criminalidad y restablecer el estado de derecho ha tenido por consecuencia un auge mayor de la criminalidad, un quebranto generalizado del estado de derecho y, por añadidura, un entorno de violencia sin precedente y una gravísima epidemia de violaciones a los derechos humanos.
Si va usted a proceder contra nosotros, sea congruente y hágalo contra todos los que, en palabras oficiales de Los Pinos, afectan terriblemente (sic) el buen nombre de México
. Presente imputaciones legales, por ejemplo, contra Strategic Forecasting Inc (Stratfor), firma de análisis de inteligencia que sostiene (Mexican drug war 2011, abril de 2011) que el actual gobierno federal permite que el cártel de Sinaloa someta a las bandas más débiles y que hay una coincidencia de propósitos entre ese grupo delictivo y la administración en curso. Finque usted cargos contra el ex embajador de Estados Unidos Carlos Pascual, quien envió a Washington informes según los cuales Arturo Chávez Chávez, el hombre a quien usted hizo procurador, había ofrecido, años antes, “una mano de ayuda a ciertas figuras de un cártel”. Demande usted a Human Rights Watch (HRW), que en un informe reciente sostiene: “En vez de reducir la violencia, la guerra contra el narco (anunciada e impuesta por usted, aunque lo niegue) ha provocado un incremento dramático en la cantidad de asesinatos, torturas y otros terribles abusos de las fuerzas de seguridad, que sólo contribuyen a agravar el clima de descontrol y temor que predomina en muchas partes del país”. Y a Amnistía Internacional (AI), la cual informa que el año pasado las fuerzas policiales y militares desplegadas para combatir a las bandas fueron responsables de violaciones graves de derechos humanos
, que en los casos de violaciones de derechos humanos, la impunidad fue la norma
y que sólo en 18 meses ocurrió un centenar de homicidios cometidos por las fuerzas armadas
.
En suma, señor Calderón, pienso que quienes afectan terriblemente el buen nombre de México
son usted, sus principales colaboradores y los jefes de la delincuencia formal, y no quienes enumeramos las barbaries en curso –la oficial y la otra– y apelamos a una instancia internacional, en forma pública, transparente y legítima, en un intento por ponerle freno.
Por último, creo percibir, en el ominoso mensaje emitido por su oficina el pasado 27 de noviembre, mucho miedo en usted y en sus colaboradores. Proceda legalmente en contra nuestra, si eso lo reconforta, pero no nos tema a nosotros, los 23 mil denunciantes de su régimen, pues actuamos –estamos dando prueba incontestable de ello– por los cauces pacíficos, legales e institucionales. Témale más bien a la furia latente de un país defraudado, empobrecido, saqueado, ensangrentado, escarnecido y humillado por ustedes, los demandados el 25 de noviembre ante la Corte Penal Internacional.
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