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domingo, abril 08, 2012

Afganistán: “el horror… el horror”

Estados Unidos sólo simulará que saldrá de Afganistán. Después de la invasión y la imposición de una clase dirigente afín, no dejará la codiciada zona a merced de China y Rusia. La ocupación tampoco será menos violenta; por el contrario, lo que sigue es el terror para afianzar sin tropas formales un régimen incondicional que arrase cualquier tipo de disidencia.

Comenzó mucho antes de que un asesino solitario, el sargento Robert Bales, del Ejército de Estados Unidos, casado, con dos hijos, entrara en las aldeas de Panjwayi, al Suroeste de la ciudad de Kandahar, y supuestamente, solo iniciará una matanza indiscriminada, que causó la muerte de 16 civiles. Tampoco es la primera vez que algo así ocurre.
Fue el momento de la masacre de Haditha de Afganistán como en Irak, o como la matanza de My Lai en la Guerra de Vietnam.
Se había intensificado por medio de bombardeos en serie de drones con misiles Hellfire contra las bodas en las tribus; las series de “incursiones nocturnas” secretas de fuerzas especiales de Estados Unidos; los homicidios seriales “de equipos de asesinato” en 2010; las meadas rituales sobre los afganos muertos por parte de “los hombres de uniforme”; y por último, pero no menos importante, la quema de Coranes en la base aérea estadunidense de Bagram. Misión… ¿cumplida?
Los afganos reclaman justicia por la matanza
De acuerdo con el último sondeo del Post-ABC News –realizado antes de la masacre de Kandahar, el 11 de marzo de 2012– un 55 por ciento de los estadunidenses quiere que finalice la guerra afgana.
El presidente Barack Obama volvió a recalcar que tras 10 años desde el comienzo de una guerra que ha costado por lo menos 400 mil millones de dólares, el “rol de combate” de las tropas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) terminará en 2014.
Según Obama, Washington sólo quiere asegurar que “Al-Qaeda no opere allí, que exista suficiente estabilidad y que no termine en una refriega de todos contra todos”.
Al Qaeda “no opera allí” desde hace tiempo; sólo hay un puñado de instructores que no están “allí”, sino en los waziristanes, (en las áreas tribales paquistaníes).
Y olvidar la “estabilidad”. Las “fuerzas de seguridad afganas” que estarán, teóricamente, a cargo en 2014, o incluso antes, están condenadas. Su tasa de analfabetismo es de un asombroso 80 por ciento. Por lo menos el 25 por ciento deserta. La violación de niños es endémica. Más de un 50 por ciento está permanentemente drogado con hachís o esteroides.
El grado de desconfianza entre afganos y estadunidenses es cómico. Según un estudio de 2011, que fue clasificado por el Pentágono después de que se filtrara al periódico financiero Wall Street Journal, los militares estadunidenses ven esencialmente a los afganos como cobardes corruptos, mientras los afganos ven a los militares estadunidenses como matones cobardes.
Considerar un momento como en 1975, en Saigón, Vietnam (hoy Ciudad Ho Chi Minh), ahora, o en 2014, los hechos en el terreno serán los mismos: inestabilidad que sacude el Hindu Kush (macizo montañoso de Asia, situado entre Afganistán y el Noroeste de Pakistán).

A cara o cruz
Afganistán fue siempre una tragedia traspasada por la farsa. Pensar en las 83 restricciones de las reglas de enfrentamiento originales de la OTAN que llevaron, por ejemplo, a una racha de soldados franceses muertos, en 2008, porque Francia, presionada por Estados Unidos, dejó de pagar por protección a los talibanes; o pensar en Berlín que no la calificó de guerra, sino de “misión humanitaria”.
Las batallas internas –a diferencia de Vietnam– se hicieron leyenda, como la banda de la contrainsurgencia, apoyada por el entonces jefe del Pentágono, Robert Gates, investido en una “nueva misión” y un “nuevo liderazgo militar”, ganando contra la estrategia del contraterrorismo plus del vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, de menos soldados en el terreno realizando contraterrorismo.
El vencedor, como todos recuerdan, fue la estrella de rock, el general Stanley McChrystal, quien insistió en que el plan Biden llevaría a un “caosistán”, que fue el nombre de un análisis clasificado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés).
McChrystal –portavoz del Pentágono durante la invasión de Irak, en marzo de 2003– quería cambiar a toda costa la cultura de la OTAN y del Ejército de Estados Unidos, en Afganistán. También destruir la cultura de dispara-primero-y-reviéntalos y orientarse hacia “la protección de la población civil”. En sus propias palabras subrayó que las “municiones aire-tierra” y los “fuegos indirectos” contra casas afganas, “sólo estaban autorizados bajo condiciones muy limitadas y prescritas”.

Se impuso –protegido por su estatus de estrella de rock– sólo por un breve momento.
Mientras tanto, incluso si por una parte el Departamento de Estado, las oficinas de Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas y Federal de Investigación advertían de los repugnantes contrabandistas de drogas y criminales de todo tipo, por la otra la CIA y el Pentágono, elogiándolos por buena inteligencia, siempre vencían.
Y todo estaba plenamente justificado por una cantidad de halcones “liberales” renuentes en sitios como el Centro por una Nueva Seguridad Estadunidense, repleto de periodistas “respetables”.
Hamid Karzai (presidente de Afganistán) ganó las elecciones mediante un fraude rotundo. Su hermanastro Ahmed Wali Karzai –entonces jefe del Consejo en Kandahar– pudo seguir dirigiendo su masivo narcotráfico mientras desdeñaba las elecciones (“la gente en esta región no las entiende”).
¿A quién interesaba que el gobierno afgano de Kabul fuera o sea un sindicato del crimen? Comandantes locales “leales” –nuestros bastardos– conseguían cada vez más fondos e incluso los integrantes de las Fuerzas Especiales como consejeros personales para ellos y sus escuadrones de la muerte.
McChrystal, dicho sea a su favor, admitió que los soviéticos hicieron bien las cosas en la década de 1980 (por ejemplo, la construcción de carreteras, la promoción del gobierno central, la educación de niños y niñas por igual, la modernización del país).
Pero se equivocaron en muchas cosas: los “bombardeos de saturación” y la muerte de 1.5 millones de afganos. Ojalá los planificadores del Pentágono hubieran tenido la presencia de ánimo de leer Afgantsy: the russians in Afghanistan 1970-89 (Profile Books), del exembajador británico Rodric Braithwaite, basado en numerosas fuentes rusas desde el Comité para la Seguridad del Estado(conocida como la KGB) hasta la Fundación Gorbachov; del Internet a un espectacular libro del difunto general Alexander Antonovich Lyakhovsky.

“El derecho a estar mal informado”
El Pentágono nunca aceptará la fecha de retirada de 2014: choca frontalmente contra su propia doctrina de Full Spectrum Dominance (Dominación de Espectro Completo), que cuenta con numerosas bases en Afganistán para vigilar, controlar, acosar a los competidores estratégicos, Rusia y China.
La salida será una artimaña. El Pentágono transferirá sus operaciones especiales a la CIA; se convertirán en “espías”, no en “tropas en el terreno”.
Esto significará, esencialmente, una extensión ad-infinitum del Programa Phoenix en Vietnam, con el mal se realizó la matanza selectiva de más de 20 mil “presuntos” partidarios del Vietcong.
Y eso nos lleva al actual director de la CIA, conocedor de los medios, el general David Petraeus, y su bebé, el manual de campo FM 3-24 de COIN, la respuesta del Pentágono a Marriage of heaven and hell (Matrimonio del cielo y el infierno) del poeta inglés William Blake, como el matrimonio de la contrainsurgencia con la guerra contra el terror. Y esto, incluso después que el estudio de la corporación estadunidense Research and Development (encargada de ofrecer investigación y análisis a las Fuerzas Armadas y también trabaja en la organización comercial y gubernamental de Estados Unidos), de 2008, Cómo terminan los grupos terroristas, indica que la única forma de derrotarlo es mediante una buena operación de mantenimiento del orden.
A Petraeus no le importaba un comino. Después de todo sus “operaciones de información”, como en una manipulación generalizada de los medios, combinada con la masiva distribución de la proverbial valija llena de dólares, habían vencido en la oleada “suya” y de George W Bush, en Irak.
Los orgullosos pastunes son mucho más difíciles de derrotar que los jeques suníes en el desierto. Disminuyeron tanto su tecnología –al fabricar decenas de miles de artefactos explosivos improvisados con fertilizante, madera y munición vieja– que en los hechos pararon en seco la tecnología estadunidense, llevando a innumerables informes en la neolengua del Pentágono sobre el “vasto aumento en la actividad de artefactos explosivos improvisados”.
Desde la toma de posesión de Obama, el Pentágono ha jugado sucio para conseguir la guerra exacta que quería realizar en Afganistán.
La consiguieron. Petraeus se lanzó a un modo de continuo sesgo sobre el “progreso”. Poblaciones locales se “hacían más abiertas a las tropas estadunidenses”, incluso cuando una evaluación nacional de inteligencia (NIE, por su sigla en inglés) –el conocimiento acumulativo de 17 agencias de inteligencia de Estados Unidos– se mantenía sombrío.
Petraeus hizo lo que hace mejor: un remix del NIE. Nunca admitió que la guerra terminaría en 2014. Aumentó los ataques aéreos, dio rienda suelta a las agresiones de helicópteros Apache y Kiowa, triplicó la cantidad de incursiones nocturnas de Fuerzas Especiales, autorizó una mini conmoción-y-pavor, arrasando totalmente la ciudad de Tarok Kolache, en el Sur de Afganistán.
Hubo otra masacre estadunidense en febrero de 2011, en la provincia Kunar, con 64 civiles muertos, y Petraeus incluso tuvo el descaro de acusar a los afganos de quemar a sus propios hijos para que pareciera un daño colateral. ¡Qué le aproveche! Entonces, su relación con Obama incluso estaba mejorando.
El gobierno de Obama está, de hecho, convencido de que la oleada de éste, dirigida por Petraeus y que debía de terminar en septiembre de 2011, ha “estabilizado” a Afganistán, por lo menos en la región conocida como comando regional Este. Es lo que Petraeus llama “bastante buen afgano”.
La mayor parte del país es en efecto “bastante buen talibán”, ¿pero a quién le interesa? En cuanto a la quema de bebés, los cínicos podrían hablar de una característica del excepcionalismo estadunidense. Basta con recordar el refugio del barrio al-Amiriya, en Bagdad, el 13 de febrero de 1991, con no menos de 408 niños y sus madres quemados vivos por Estados Unidos.

“Nunca volveré a mirarte a los ojos… de nuevo”
Cómo no recordar al inimitable actor y director estadunidense Dennis Lee Hopper, como el fotoperiodista sicodélico de la película Apocalipse now, hablando del coronel Kurtz (Marlon Brando): “Es un poeta guerrero en el sentido clásico…”.
El “poeta guerrero” McChrystal estaba convencido de que Afganistán no era Vietnam; ahí, Estados Unidos combatía contra una “insurgencia popular”, a diferencia de Afganistán (erróneo: las numerosas tendencias aglomeradas bajo el mote de “talibanes” se han hecho más populares en proporción directa con el desastre de Karzai, para no hablar de que en Vietnam el discurso político oficial del Pentágono era que el Vietcong nunca fue popular).
Los generales, en todo caso, no salen en las matanzas indiscriminadas al estilo de Kurtz. Petraeus fue promovido para lanzar la Guerra en las Sombras & Cía en la CIA. Después de que fue despedido tras la aparición de su fotografía en la revista Rolling Stone–, ¿qué estrella de rock es eso?– McChrystal terminó por ser rehabilitado por la Casa Blanca.
Enseñó en la Universidad de Yale; pasó a la consultoría, y gana una fortuna en su circuito de conferencias –destilando sabiduría sobre el “liderazgo” y el Oriente Medio– y fue convertido en un asesor sin pago para familias militares por Obama.
McChrystal piensa que Afganistán está atrapado en “una especie de pesadilla post-apocalíptica”. “El horror… el horror…” de Conrad es perenne. La lección clave de Vietnam es cómo precintar el horror, cómo colocarlo en cajas y cómo abrazarlo, voluptuosamente.
Por lo tanto no es sorprendente que él no pueda llegar a ver que tuvo el papel principal en el remix del coronel Kurtz –mientras que Petraeus fue más metódico, pero no menos mortífero, capitán Willard. A diferencia de Vietnam, sin embargo, esta vez no habrá un Francis Ford Coppola que gane la guerra para Hollywood. Pero quedarán muchos hombres huecos en el Pentágono.
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jueves, marzo 22, 2012

La huida de Calderón

Felipe Calderón, titular del Ejecutivo.


MÉXICO, D.F. (apro).- Una vez que entregue la banda presidencial, en diciembre próximo, posiblemente el presidente Felipe Calderón dejará el país.

De ser cierta esa versión, que ha comenzado ya a difundirse en Estados Unidos, la decisión del panista sería tomada como una señal del fracaso en cuanto a su declaración de guerra contra el crimen organizado, pero también como una medida vergonzante, pues estaría huyendo de una situación que él mismo provocó.

De acuerdo con información proporcionada por Dolia Estevez, corresponsal de MVS Radio en Washington, en una de sus últimas visitas a Estados Unidos, Calderón expuso su temor de recibir atentados del crimen organizado una vez que deje la presidencia de México.

No obstante, la medida también estaría pensada para protegerse desde el extranjero de cualquier demanda que pudieran estar planeando las familias de las víctimas de la violencia –50 mil y 10 mil desaparecidos– afectadas por la guerra contra el crimen organizado, que declaró desde el arranque de su gobierno.

A la memoria (con lo que se puede caer en la imprecisión), desde Porfirio Díaz no se tiene registrado que un Presidente mexicano salga del territorio nacional por decisión propia. Al triunfar la Revolución, el dictador oaxaqueño huyó a Francia y dejó detrás de sí un país desecho por la violencia, generada a raíz del enfrentamiento con distintas fuerzas que querían un cambio en el país.

La razón de los presidentes que posteriormente salieron de México, luego de concluir su gestión fue porque el mandatario entrante lo decidía así, a fin de evitar problemas de ajustes políticos, como fue el caso de Plutarco Elías Calles, a quien el general Lázaro Cárdenas sacó del país.

No es así en el caso de Felipe Calderón. Su decisión estaría fundada por el miedo, el temor a represalias por parte de algún grupo criminal en su contra, por las decisiones que tomó como jefe de las fuerzas armadas para combatirlos. Aunque hay razones para entender esta voluntad, también habría que preguntarse si realmente afectó los intereses de alguno de estos grupos, si minó su fuerza real o perjudicó sus negocios millonarios.

A simple vista, esto no ocurrió. Hasta el momento no sólo siguen operando los grandes capos, también ha crecido su poder y su presencia en todo México y otros países, sin que su estructura de organización y sus ganancias hayan sido afectadas.

Despojado de su investidura, Calderón será a partir de diciembre próximo otro ciudadano más, sujeto a la violencia que él mismo exacerbó con decisiones temperamentales, como querer acabar la violencia con más violencia.
Sin la seguridad con la que hoy cuenta el panista habrá de enfrentar lo que miles de mexicanos sufren todos los días: el miedo a ser atacados por estas bandas delincuencias que le han perdido el temor a toda autoridad y, además, tienen un poder desmesurado.

Pero lo que dejará atrás, luego de seis años de gobierno, será un país en crisis, con más desempleo y menos educación, más corrupción y menos transparencia, más inseguridad y menor tranquilidad, más impunidad y menos justicia; es decir, un país con un tejido social roto, de víctimas que le reclamarán su responsabilidad donde quiera que esté.


http://youtu.be/4pVYq-x4cVk

miércoles, enero 18, 2012

La batalla por la impunidad

La semana pasada el gobierno mexicano pidió a Washington que se le otorgue inmunidad a Ernesto Zedillo, acusado en una corte de Estados Unidos de delitos de lesa humanidad por la matanza de Acteal. Los demandantes –de quienes se desconoce la identidad pero que supuestamente vivieron la tragedia de 1997– usan los servicios de uno de los más costosos despachos legales de la Unión Americana; este hecho causa extrañeza en Chiapas, donde los sobrevivientes de la masacre se deslindan de esa demanda y sospechan de la existencia de una perversa estrategia gubernamental para brindarle al exmandatario mexicano impunidad en vez de inmunidad.
Ernesto Zedillo, expresidente de México.

WASHINGTON (Proceso).- Barack Obama se inscribe en la estrategia legal concebida para anular la demanda interpuesta en contra de Ernesto Zedillo por 10 presuntos sobrevivientes de la matanza de Acteal, toda vez que el mandatario estadunidense tendría el poder para decidir si se le otorga o no inmunidad al expresidente mexicano.
“La clave del caso es saber si el gobierno de Estados Unidos va a intervenir a favor o en contra de la solicitud o si simplemente no va a hacer nada”, dice a Proceso Roger Kobert, uno de los abogados que en nombre de los 10 sobrevivientes presentaron la demanda contra Zedillo ante la Corte Federal de New Haven, Connecticut, el pasado 16 de septiembre.
El gobierno de Estados Unidos rechazó hacer comentarios sobre la petición de inmunidad que hiciera el expresidente a la Corte Federal; su argumento fue que se trata del caso de un ciudadano privado. Lo único que el Departamento de Estado admite es haber recibido una “nota diplomática” del gobierno de México sobre el asunto, pero no reveló el contenido.
El viernes 6 de enero los abogados Jonathan M. Freiman y Tahlin Townsend, representantes legales de Zedillo en Estados Unidos, promovieron ante la Corte Federal de New Haven una moción: le solicitaron al juez federal Alvin W. Thompson anular el juicio y los cargos que le imputan a su cliente. Justificaron la solicitud con el argumento de que Zedillo goza de inmunidad (diplomática internacional), como les corresponde a los exjefes de Estado y de gobierno.
“Los abogados del señor Zedillo quieren que la Corte pida al Departamento de Estado que le aclare si el expresidente goza o no de inmunidad frente a la demanda”, anota Kobert, de la firma Rafferty, Kobert, Tenenholtz, Bounds & Hess, con sede en Miami, que representa a los 10 sobrevivientes de Acteal.
Funcionarios del gobierno de Obama consultados por este semanario dicen que el curso legal que se le da a la moción presentada por Zedillo ante la Corte Federal de Connecticut se desarrolla en tres etapas:
Primero la Corte Federal de Connecticut se pone en contacto con el Departamento de Estado para solicitar su “punto de vista” sobre la afirmación de los abogados de que Zedillo tiene derecho a la inmunidad como expresidente de un país extranjero. Después, según el sistema judicial estadunidense, el Poder Ejecutivo “podría dar su opinión a la Corte” sobre la solicitud de inmunidad. Por último la Corte Federal tiene la libertad de tomar en cuenta o desechar la opinión del Ejecutivo para emitir su fallo.
Kobert aclara que antes de que la Corte Federal consulte al Departamento de Estado tiene que notificarles oficialmente a ellos el pedido de Zedillo y esperar la opinión legal de la parte acusadora.
“La Corte Federal es la que tiene la última palabra”, enfatiza Kobert, quien hasta el cierre de esta edición aseguró que su equipo no había recibido ninguna notificación del juez Thompson, aunque previó que la comunicación se lleve a cabo la próxima semana. Proceso intentó en cinco ocasiones comunicarse telefónicamente con los abogados de Zedillo, pero no respondieron.

El precedente Filártiga

Funcionarios estadunidenses y abogados internacionalistas consultados por el corresponsal admitieron que desconocen el proceso jurídico de un caso en Estados Unidos de solicitud de inmunidad para un exjefe de Estado o de gobierno o exfuncionarios de países extranjeros.
El único precedente legal de esta naturaleza es el de la familia Filártiga contra Américo Norberto Peña Irala, exinspector general de la Policía de Asunción, Paraguay, juicio que tuvo lugar en 1980. La decisión final fue adversa al argumento de inmunidad.
Este caso se sustentó en un hecho ocurrido en la capital paraguaya el 29 de marzo de 1976 cuando Joel Filártiga, de 17 años, fue secuestrado, torturado y asesinado por Peña Irala. La demanda señala que ese mismo día oficiales de la policía llevaron a Dolly Filártiga (hermana de Joel) a reconocer el cuerpo del muchacho, que mostraba huellas de severas torturas.
La familia Filártiga sostuvo que Joel fue secuestrado, torturado y asesinado en represalia por las actividades políticas de su padre, el doctor Joel Filártiga. La familia acusó legalmente a Peña Irala en Paraguay, donde nunca fue juzgado. Al contrario, el abogado de la familia Filártiga fue detenido, encarcelado y amenazado de muerte por la policía y posteriormente se le anuló la licencia para litigar en Paraguay.
En 1978 Dolly Filártiga emigró a Estados Unidos y solicitó asilo político; ese año Peña Irala también viajó a la Unión Americana y se quedó a vivir ahí, pese al vencimiento de su visa de turista. Al enterarse de la presencia en Estados Unidos de Peña Irala –luego de haber sido detenido éste por las autoridades migratorias– Dolly lo demandó ante una Corte Federal.
A Peña Irala lo acusaron de haber torturado y asesinado al joven Filártiga en flagrante violación de las leyes internacionales en materia de derechos humanos y de los acuerdos suscritos por el gobierno estadunidense. La representación legal de la familia Filártiga estuvo a cargo del Centro para los Derechos Constitucionales. Los demandantes pidieron a Peña Irala una compensación de 10 millones de dólares.
Pese a que la Corte Federal que asumió el caso desechó los cargos y anuló el juicio (por el pedido de inmunidad que hizo el gobierno de Paraguay), la Corte Federal de Apelaciones del Segundo Distrito del estado de Nueva York dio un fallo favorable para la familia Filártiga. La Corte de Nueva York determinó que la denuncia y castigo contra la tortura están garantizados por la aplicación de las leyes internacionales.
Este caso se interpretó como la extensión de la aplicación de las leyes internacionales por las cortes de Estados Unidos en los casos de delitos cometidos en el extranjero o en el territorio nacional.

Un despacho muy caro

Los 10 sobrevivientes de la matanza de Acteal piden que se procese judicialmente a Zedillo en Estados Unidos bajo el mismo criterio de extensión de la aplicación de las leyes internacionales que reconoce el gobierno de Obama y a las cuales está suscrito. La matanza fue perpetrada el 22 de diciembre de 1997 en el municipio de Chenalhó, Chiapas, e implicó la muerte de 45 hombres, mujeres y niños tzotziles.
Los demandantes exigen al expresidente una compensación de 50 millones de dólares. La demanda se presentó en la Corte Federal de New Haven por ser ése el distrito que tiene jurisdicción sobre el lugar de residencia de Zedillo, quien dirige el Centro de Estudios de la Globalización de la Universidad de Yale.
En México algunos medios, analistas políticos y columnistas han hecho numerosas conjeturas en torno a las razones de la demanda. Algunos ven con suspicacia el hecho de que los 10 sobrevivientes de la matanza hayan iniciado la querella judicial –según los comentaristas– usando los servicios de uno de los despachos legales más caros de Estados Unidos.
“Ojalá fuera así; sería rico”, comenta Kobert al respecto, y sostiene que él y sus colegas tomaron el caso porque consideran que en éste se halla de fondo una gran injusticia donde las víctimas son muy pobres. “Estas personas que representamos no tienen dinero ni siquiera para cubrir sus necesidades básicas, mucho menos para pagarles a unos abogados que cobran cientos de dólares por hora”, enfatiza.
–¿Entonces quién les paga? –se le pregunta.
–Lo que tenemos es un acuerdo bajo el cual si ganamos nos llevaremos una porción de los 50 millones de dólares que se buscan en compensación por los daños. Si perdemos no nos llevamos ni un centavo.
En casos de violación a los derechos humanos de personas humildes –dentro y fuera de Estados Unidos– es común que despachos legales u organizaciones no gubernamentales acepten trabajar con la esperanza de recibir un porcentaje del pago exigido como compensación por los daños sufridos por sus clientes.
El abogado aclara que la demanda contra Zedillo es su primer caso contra el exjefe de Estado de un país extranjero. Kobert aclara en la entrevista telefónica que él y sus colegas tienen la capacidad profesional y legal para salir adelante con la demanda: “Ya habíamos anticipado que en el proceso saldría a relucir el asunto de la inmunidad”.
El despacho con sede en Miami tiene un amplio historial de aplicación de leyes internacionales… pero en materia comercial. Kobert se asume como experto en temas de inmunidad, territorialidad y soberanía ante las cortes federales de su país. “Revisamos el caso, lo analizamos y decidimos tomarlo cuando llegamos a la conclusión de que es un asunto interesante y que se puede ganar”, añade.
–¿Fueron los 10 campesinos de Acteal quienes los buscaron para que los representaran? –se le pregunta.
–Fuimos contactados por un grupo de abogados mexicanos interesados en ayudar a las víctimas de esta masacre.
–¿Quiénes son esos abogados?
–No podemos dar a conocer su identidad. No los podemos poner en riesgo. Ellos nos solicitaron que los mantuviéramos en el anonimato.
–¿Dónde tienen su despacho estos abogados mexicanos, en la Ciudad de México, en Chiapas?
–Digamos que en algún lugar de los Estados Unidos Mexicanos.
Kobert sostiene que fue en la primavera o el verano de 2010 cuando fueron contactados por los abogados mexicanos y explica que tuvieron poco más de un año para investigar en detalle toda la situación antes de demandar a Zedillo: “Hicimos mucha investigación, reconstrucción de los hechos, entrevistas con testigos y víctimas, análisis de los procedimientos legales y jurídicos y traducción de documentos. Nuestra firma envió representantes muchas veces a la región (de Acteal)”.
Respecto de las razones por las que se mantiene en el anonimato la identidad de los demandantes, Kobert aclara que el propósito es no poner en riesgo la integridad de sus clientes y de los familiares de éstos.
“En el primer borrador de la demanda habíamos puesto los nombres y apellidos de todos. Al final determinamos que no era pertinente, porque los pondríamos en riesgo. Pero los documentos están firmados por los denunciantes –identificados como Jane Doe 1, 2, 3, etcétera–, quienes también pusieron sus huellas digitales”, aclara.
La Corte Federal en New Haven aceptó la demanda con el nombre de Jane Doe para cada uno de los quejosos, pero Kobert adelanta que en algún momento del juicio –que él afirma que sí habrá– la defensa pedirá confirmar la identidad de quienes acusan a Zedillo. “Pero también ya estamos preparados para enfrentar esa situación”, remata.
El abogado incluso abrió una página en internet donde se exhiben muchos de los documentos del proceso: http://acteal97.com.
Una vez que el juez Thompson solicite la opinión del Departamento de Estado sobre la solicitud de Zedillo, y luego de que el gobierno de Obama se la entregue, la Corte Federal de New Haven se lo notificará a los abogados de los demandantes, quienes tendrán 30 días para responder al fallo. En otras palabras: para presentar una apelación, de ser el caso, ante la Corte correspondiente.

Desconfianza en Chiapas

En Chiapas la demanda de los 10 sobrevivientes contra Ernesto Zedillo y la posterior solicitud de inmunidad presentada por el gobierno mexicano sólo han generado dudas y desconfianza.
La asociación civil Las Abejas de Acteal –formada por sobrevivientes reconocidos de la matanza, así como por amigos y familiares– y sus representantes legales del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) se deslindaron de la demanda; afirman que ninguno de ellos contrató despacho legal alguno ni ha viajado a Estados Unidos para testificar en el caso.
Consideran que es una cortina de humo para obstaculizar la vía que ellos eligieron para desahogar la responsabilidad del Estado mexicano y algunos responsables del gobierno encabezados por el entonces presidente Zedillo, a quien acusan de ordenar la estrategia de contrainsurgencia que culminó con la matanza del 22 de diciembre de 1997.
En 2010, 13 años después de la matanza, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la queja interpuesta por el Frayba y Las Abejas de Acteal, a quienes les notificó haber abierto el expediente número 146/10. La admisibilidad fue dictaminada en el 140 periodo ordinario de sesiones de la CIDH en Washington los primeros días de noviembre de ese año.
En aquella ocasión la CIDH dijo a los denunciantes que había encontrado elementos para admitir que el Estado mexicano violentó derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales, por lo que era hora de comenzar a pedirles cuentas.
A raíz de ello, dice el titular del Frayba, Víctor Hugo López, la CIDH empezó a solicitar información del caso al gobierno mexicano y en ese proceso conocieron, el 20 de septiembre de 2011, la demanda interpuesta cuatro días antes contra Zedillo en Estados Unidos.
Sin embargo Las Abejas y el Frayba consideran que la solicitud de inmunidad del gobierno mexicano es parte de una estrategia que camina hacia la impunidad. Dice Víctor Hugo López que el hecho de que el gobierno mexicano haya solicitado inmunidad lo único que hace es confirmar la responsabilidad de los servidores públicos.
“A nosotros nos sorprende que en lugar de que el gobierno mexicano dé información para deslindar responsabilidades, intente por la vía del fast track solicitar inmunidad para el expresidente Zedillo.
“Nos sorprende que pudiendo contar con un buen cuerpo de abogados que lo defienda y argumente su inocencia en los tribunales se vaya por esa vía. Se van un poco con la finta de lo que ya ocurrió con un expresidente de Colombia (Álvaro Uribe), a quien sí le dieron inmunidad durante el gobierno de George Bush”, agrega.
Afirma que el sexenio de Zedillo estuvo marcado por la estrategia contrainsurgente y que hay al menos tres hechos que lo confirman. Primero la embestida militar de febrero de 1995 contra el EZLN, cuando había un cese del fuego para abrir el diálogo y la negociación; al fallar esa estrategia ofensiva, como una segunda etapa se sentó a dialogar y negociar. Se firmaron los primeros acuerdos de San Andrés, los que terminó por desconocer. Tras los acuerdos el gobierno añadió un tercer elemento: la paramilitarización, la creación de grupos de choque que finalmente concluyó con la matanza de Acteal.
“Con esos tres elementos vemos claramente la estrategia ‘dura’, de la que es responsable Zedillo como comandante de las Fuerzas Armadas que era entonces”, señala.
Si se exime de responsabilidad a Zedillo, dice, querrán también encubrir a los otros responsables que dependieron de él, entre ellos el exsecretario de Gobernación Emilio Chuayffet, el de Defensa, Enrique Cervantes Aguirre, y el exgobernador de Chiapas Julio César Ruiz Ferro.
Añade que el gobierno de Calderón está haciendo la prueba con este intento de solicitar inmunidad “para cubrirse la espalda viéndose él como expresidente, luego de que ha sido señalado por los miles de muertos en México y la demanda que enfrenta en la Corte Penal Internacional”. (Con información de Isaín Mandujano.)

lunes, enero 16, 2012

Tampoco mintiendo puede salvarse Zedillo


Aunque sea una pena que no se haya elegido a la Corte Internacional de La Haya para conocer del caso en primera instancia, seguramente lo conocerá en otras. Puede ser que la denuncia contra Zedillo por la masacre preparada con la creación de los grupos paramilitares y consentida con la desatención a los llamados de alerta sobre lo que se preparaba, se convierta en la ventana que propicie el inicio de un cambio en la actuación del ejercicio de la política en México.
Para la clase política aquí todo se vale, porque se saben impunes, entre otras cosas porque todos tienen largas colas que pueden pisarse. Pero cuando se vaya perdiendo, como de hecho ya está sucediendo, aunque sea a nivel internacional, la certeza de la impunidad para políticos, militares, policías y anexas que funcionan a la mexicana. El cambio se irá dando en función de que se sabrán carne de presidio.
La sola presentación de la denuncia contra Zedillo es un acierto porque torna en vulnerable a toda la clase política. Vulnerable, como somos los gobernados frente a la actuación de los funcionarios que se sienten amos de vidas y haciendas, porque en el México actual, con las instituciones y los poderes desarmados del todo en su estructura ética, se saben, y son, impunes.
Sabedores de que no tienen la razón los defensores de Zedillo, además de buscar ayuda por parte del usurpador Calderón quien se apresta desde ya a garantizarse también impunidad con base en una inmunidad que al dejar el cargo se pierde. Están usando también comunicadores a modo para filtrar, mintiendo, que el regreso de los paramilitares se dio con Carlos Salinas siendo secretario de la Defensa el general Riviello. Lo que me consta que es del todo falso. El general Riviello, al entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari, le pidió que lo dejará acabar con la rebelión zapatista en dos semanas, recién declarada la guerra al Ejército Nacional, por cierto, por parte del EZLN. Salinas le dijo que no. Y me consta que el general Riviello acató la orden de manera puntual e impecable.
Salinas nombró a Camacho, otro gafe como Calderón, que todo lo que toca lo convierte también en mierda, “negociador” en Chiapas y Salinas en lugar de atajar, corriendo, “el berrinche” de quien hoy desasea la elección perredista en el D. F, le cumplió también el capricho de ser nombrado el mismo día en que Colosio iniciaba la campaña como candidato a la Presidencia de la República. Es obvio que porque antes le había hecho creer que él era el bueno.
Y Salinas volvió a equivocarse nombrando como sustituto de Colosio a Ernesto Zedillo, quien probablemente buscando borrar la forma de su llegada, también “haiga sido como haiga sido” como relevo de Colosio, puede ser que Zedillo haya querido legitimar la forma de su llegada, detener al subcomandante Marcos, infructuosamente, como saltaba a la vista que iba a ser, incluso por el apoyo internacional que tenía en ese momento el EZLN, que como logro indiscutible ha tenido el de hacer visible el deplorable pisoteo a la dignidad de los indígenas y la situación de injusticia que en contra de las naciones indígenas en México se da.
Y Zedillo, quien también tiene mucho de gafe, a partir de ese momento propició la creación de grupos paramilitares en México. Grupos paramilitares al estilo de los que en la Brigada Blanca habían tenido su expresión más deplorablemente inaceptable hasta ese momento.
Calderón, quien ha propiciado la multiplicación de los escuadrones de la muerte a lo bestia, aspira a que los crímenes de Zedillo queden impunes, en aras de garantizar que con su genocidio ocurra lo mismo.
No entiende Zedillo, ni tampoco lo entiende Calderón, ni los que ofrecen un perdón que amén de asesinar a la Justicia tampoco tiene la capacidad de encubrir la verdad que siempre acaba por salir del confinamiento al que la condena la clase política y la historia de cada uno, más temprano que tarde queda, a veces con letras de sangre, correctamente escrita.
Aprovecho para felicitar al director de nuestro diario y desearle muchos más años de vida y de labor imprescindible. De verdad quería estar. Pero... tres bolas de pelos (dos gatitas y una perrita) que hacen muy grata mi vida y que no me decido a dejar bajo el cuidado de nadie todavía, me mantienen atada a mi lugar de residencia.

Aristegui - Caso Acteal. Calderon Apoya Imunidad A Zedillo (Demanda, ¿Venganza De Salinas?)

http://youtu.be/cdLT23hg3uE


http://youtu.be/Nxv0D-uHJGE

Caso Acteal - Gobierno De Felipe Calderon Solicita Inmunidad Para Zedillo

http://youtu.be/bP2XqTgxwWc

jueves, diciembre 22, 2011

$806 Billion Spent for Hundreds of Thousands to Be Killed and Wounded: The Staggering, True Costs of the Iraq War

The war was intended to show the extent of America’s power. It succeeded only in showing its limits.

sábado, diciembre 17, 2011

El irresponsable


La multiplicación de las acusaciones y señalamientos al gobierno panista por los crímenes de Estado cometidos en los pasados cinco años ha cogido desprevenido a Felipe Calderón al iniciar su último año de gobierno, y no parece acertar a otra cosa más que a asumir una actitud defensiva para invocar su irresponsabilidad por lo acontecido, arrojar a otros las culpas, manifestar su desconocimiento sobre muchos de los aspectos de su “guerra contra el narco” y clamar una y otra vez que él es el representante de las fuerzas del bien que luchan contra el mal.

1. El inicio del último año del sexenio de un gobernante mexicano ha estado marcado siempre por su pérdida de poder político y por la emergencia del descontento popular acumulado durante cinco años, y el de Calderón no está siendo la excepción, pues a pesar del clima de amedrentamiento en el que sustentó su gestión, los actos represivos que caracterizaron su administración –que no tienen precedente en la historia moderna de México–, a pesar de haber sido presentados mentirosamente a la opinión nacional, empiezan a ser hoy objeto de investigaciones independientes y de una condena sin concesiones.

2. Los bárbaros actos de exterminio que horrorizaron durante cinco años a los mexicanos, y que el gobierno panista con cínico desparpajo atribuyó siempre al crimen organizado, es decir a los cárteles del narcotráfico, está siendo hoy reconocido que son también imputables al gobierno federal.

3. La pretensión de desconocer muchos aspectos de lo que está aconteciendo durante la llamada “guerra contra el narco” no exonera desde luego de sus responsabilidades políticas y penales a Calderón, sino que por el contrario brinda nuevas evidencias sobre su papel al aceptar que la conducción de las operaciones policiaco-militares que se llevan a cabo en territorio mexicano estuviera a cargo de agencias estadunidenses que evidentemente no le informarían de sus acciones, por lo que el escenario para hacer a México el objetivo de una intervención sigue avanzando. Un pánel de la Cámara de Representantes aprobó ayer un plan de contrainsurgencia para México a fin de combatir a los cárteles de las drogas como organizaciones terroristas: lo que han estado fraguando desde hace meses los halcones de Washington con la complicidad de Calderón y los panistas. La cesión de facultades constitucionales a un poder extranjero no es nada más por lo mismo un acto de irresponsabilidad, sino también de traición a la patria.

4. Las preguntas que se pueden hacer sobre las consecuencias de esta guerra evidencian que no se puede eximir de responsabilidad por lo anterior al titular de facto del Ejecutivo ni a los funcionarios federales. ¿Quiénes han sido los autores de los homicidios, secuestros e innumerables matanzas de los últimos años? ¿Las fuerzas del mal, como pretende demagógicamente Calderón, y lo repiten los medios, o cuerpos de la Marina Nacional o del Ejército? ¿O los paramilitares oficiales creados por el gobierno calderonista conforme al modelo colombiano, en el marco de la Iniciativa Mérida y siguiendo las directrices estadunidenses?

5. Entre el dilema de aceptar la complicidad por actos criminales de Estado o invocar una ignorancia sobre lo que está aconteciendo en el escenario de violencia generado por su gobierno, Calderón está ahora optando por esto último, lo que no lo exime desde luego de nada. La declaración hecha en Washington por Alejandra Sota (vocera de Los Pinos) el domingo 11, en el sentido de que el gobierno calderonista desconocía que la DEA lavaba dinero en México, como lo informó The New York Times días atrás, no hace más que evidenciar más a un gobierno al margen de las decisiones fundamentales que alguien está tomando en la “guerra contra el narco”.

6. La minimización de la gravedad de los hechos por parte de Calderón no parece ser tampoco una salida airosa ante la acusación que se le formuló a él y a su gabinete de seguridad en la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya (Países Bajos) por los delitos de lesa humanidad que presuntamente han cometido durante su guerra contra el crimen organizado, denuncia que lo puso tan desasosegado que está cambiando su versión sobre lo que pasa. Los medios quedaron sorprendidos de que en sus intervenciones cotidianas, los días 8 y 9 de diciembre, como anunciando que en ese argumento basaría su defensa de ser procesado por algún tribunal internacional, reconoció fallas en su estrategia y culpó al Ejército de violaciones a los derechos humanos, aunque pretendiendo minimizarlas (como si esto fuera posible) y reducirlas a casos esporádicos: pues son la excepción, dijo, y no la regla (La Jornada, 9 de diciembre).

7. La decisión de arrojar a otros la responsabilidad por los actos del gobierno federal no es tampoco nueva y no extrañan por eso los dimes y diretes que se han producido luego del homicidio el 12 de diciembre de dos jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa (Guerrero) en la Autopista del Sol al pretender desalojarlos, pues de acuerdo con la versión de ellos mismos estuvieron sometidos al fuego cruzado de la Policía Federal y de los cuerpos policiacos estatales. El gobierno calderonista busca sin embargo sacar raja del crimen, y pretende a la vez autoexonerarse y apoderarse del gobierno guerrerense si logra defenestrar al gobernador Ángel Aguirre, cuando lo cierto es que son tan culpables éste como los funcionarios federales, que tenían una doble responsabilidad del operativo: por producirse en una carretera federal y por el hecho de que en el convenio de Guerrero Seguro, suscrito en octubre, el control de la seguridad estatal quedó a cargo del gobierno federal.

8. El crimen de la Autopista del Sol ha suscitado una indignación nacional inesperada no nada más por haberse asesinado a sangre fría a dos jóvenes estudiantes, sino porque los videos con los que ambas partes buscan culpar a la otra no hacen más que evidenciar que el gobierno federal y el estatal se comportaron de la misma manera, y que el poder que gobierna a México tiene una naturaleza criminal. La muerte de los estudiantes guerrerenses pone en la reflexión nacional a los cientos de miles de muertos en este sexenio que son imputables a las fuerzas del Estado, porque el crimen organizado se halla también en el poder público.

9. El ministro en retiro de la Suprema Corte Juventino Castro y Castro, con gran valor civil señaló en días pasados durante una entrevista en La Jornada (11 de diciembre) lo que todo mundo empieza a conocer pero que pocos se atreven a decir: que el negocio del narco pasa por los intereses del gobierno. Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, quien está protegido por Washington (y por Calderón) es parte de un equipo, dijo Castro y Castro, ligado a los cárteles.

10. El gobierno de facto, de acuerdo con múltiples evidencias, está involucrado a todas luces con el negocio del narcotráfico y es un actor fundamental en las represiones y crímenes de estos años, por eso no es suficiente el ¡Ya basta!, sino que urgen acciones ciudadanas más decididas.

lunes, diciembre 12, 2011

¿Por qué La Haya debe aceptar la denuncia contra Calderón?

Desfiladero
El activista Trinidad de la Cruz, el martes pasado, horas antes de ser levantado por un grupo armado.

El asesinato de Trinidad de la Cruz, dirigente indígena de la comunidad de Santa María de Ostula, que fue acuchillado el pasado martes 6 de diciembre por paramilitares que actuaron protegidos por la Policía Federal, debe ser agregado al expediente que estudia la Corte Penal Internacional de La Haya, para decidir si procede en contra de Felipe Calderón por la comisión de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.

Los más de 27 mil firmantes de la denuncia sostienen que el gobierno de México actúa en abierta complicidad con el crimen organizado. Una somera recostrucción de los hechos que precipitaron la muerte de Trinidad de la Cruz demuestra que tal percepción está sólidamente fundada.

Hace dos años, cientos de familias indígenas, pertenecientes a la comunidad de Ostula, ocuparon las tierras de Xayakalan, sobre la costa michoacana del Pacífico, muy cerca de la playa El Tamarindillo, que poseen Vicente Fox y Marta Sahagún. La siempre feliz y sonriente pareja ex presidencial no ha ocultado sus intenciones de construir un desarrollo turístico desde El Tamarindillo hasta Xayakalan, donde por otra parte hay ricos y abundantes yacimientos de hierro y de oro que ambicionan empresas mineras de India, Italia y Argentina.

La región costera, además, es disputada por diferentes bandas de narcotraficantes, por su ubicación estratégica que permite la entrada y salida de sustancias ilícitas. Tanto los hoteleros como los mineros han venido sirviéndose de los paramilitares al servicio de los cárteles, para reprimir a los comuneros de Xayakalan y desplazarlos de la costa a fin de quedarse con sus playas.

Por si hiciera falta para demostrar la complicidad entre hoteleros, mineros y cárteles con las dependencias federales adscritas al gobierno calderónico, las secretarías de Marina y Defensa han protegido por acción o por omisión a los paramilitares, que acumulan ya 27 asesinatos y cuatro desapariciones forzadas en Xayakalan, trágica lista que podría estar creciendo incluso en estos momentos.

El pasado 28 de noviembre, en Morelia, don Trino sostuvo una reunión con representantes de los gobiernos michoacano y federal, para ponerlos al tanto de los peligros que de nuevo se cernían sobre los pobladores de Xayakalan, con motivo de la consulta que éstos iban a sostener el martes 6 de diciembre, para determinar si aceptan el dinero que les ofrecen las autoridades a cambio de sus tierras o permanecen dentro de ellas.

El Desfiladero del sábado anterior se sumó a las voces que desde distintos frentes intentaron evitar que los paramilitares atacaran ese día. Como fruto de la reunión del 28 de noviembre, el martes 6 de diciembre, muy temprano por la mañana, don Trino y 12 integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), encabezados por Pietro Ameglio, salieron de Guadalajara escoltados por un convoy de la Policía Federal, bajaron a la costa, pasaron por Maruata, donde la Marina tiene una base naval, y llegaron a Xayakalan.

Pero de pronto, sorpresivamente, el hombre que iba al mando de los soldados azules de Genaro García Luna le dijo a Pietro Ameglio que se retiraba con sus tropas, ya que no podía garantizar su propia seguridad. En seguida, apenas se alejaron los uniformados, irrumpieron los paramilitares, arma- dos con rifles AK-47, pistolas, machetes y puñales, a las órdenes de tres conocidos y bien identificados matones: Prisciliano Sánchez Corona, alias Chalano; Iturbide Alejo, alias El Turbinas, y Margarita Pérez, La Usurpadora, de acuerdo con el excelente reportaje que Gloria Muñoz Ramírez publicó en La Jornada anteayer.

Con base en los testimonios de los miembros de la caravana del MPJD, ahora se sabe que éstos fueron obligados a subir a sus vehículos, y a bordo de otro en que llevaban a don Trino, los asesinos los arrearon por la carretera que va al puerto de Lázaro Cárdenas. Sin embargo, a la altura de la comunidad de Coayahuana, se detuvieron y acuchillaron al dirigente hasta matarlo.

Durante una rueda de prensa que ofreció el miércoles 7 de diciembre en la ciudad de México, Pietro Ameglio relató lo anterior vencido por la pena y por el llanto. Sin embargo, la tragedia, monstruosa por todo lo que implica –los indígenas mexicanos no valen nada ante los intereses de los hoteleros y los mineros, que usan a las fuerzas armadas y a los narcos para desplazarlos de sus tierras– no conmovió a nadie.

Peor aún, si Felipe Calderón sacó al Ejército a las calles, supuestamente para combatir la inseguridad, los comuneros de Xayakalan no se explican por qué no atendió las peticiones de don Trino –formuladas en la reunión del 28 de noviembre en Morelia–, pero menos entienden por qué, después del horroroso asesinato del dirigente, siguen esperando la llegada de los soldados, sabiendo que El Turbinas, La Usurpadora y Chalano se encuentran en la comunidad y pueden cometer otros asesinatos en cuanto les apetezca.

¿Así o más clara la complicidad entre el gobierno federal y los cárteles, señores jueces de la Corte Penal Internacional de La Haya? Esta pregunta difícilmente tendrá relevancia en medio de la profunda crisis política que se abrió en la cúpula del poder, tras la disparatada respuesta que dio Enrique Peña Nieto en la Feria Internacional del Libro, hace ocho días en Guadalajara, donde el dueño del copete más famoso del rumbo comenzó a desinflarse ante los ojos alarmados de quienes han recibido de él millones y millones de pesos para incrustarlo en la Presidencia el año entrante.

Era carambola cantada: en cuanto Peña Nieto comenzara a hablar se harían visibles sus inmensas limitaciones y dejaría de ser el hombre que México esperaba, según sus publicistas y Televisa. Lo que no estaba previsto era que su derrumbe ocurriera tan temprano, ya que éste le da tiempo al PRI de buscarle un sustituto. Un problema, no menor, que por otra parte no parece tener respuesta. ¿Quién podría alcanzar, en seis o siete meses, la fuerza mediática que tuvo Peña Nieto?

En otras palabras, con un modelo económico en ruinas, sin un verdadero proyecto de rescate o reconstrucción del país, y sin una sola figura política atractiva –¿o acaso Beltrones, Vázquez Mota, Creel o Cordero llenarán el vacío dejado por Peña Nieto?–, la oligarquía mexicana carece de argumentos y de recursos legales para conservar el poder después de las elecciones del año próximo. De allí que Felipe Calderón hable con más y más insistencia de la posibilidad de que no haya comicios en 2012 “por la penenetración de los cárteles”.

El amago de cuartelazo que se dibuja detrás de estas palabras pone de relieve la dimensión de la crisis política en que ha quedado atrapada la derecha, al descubrir que carece de un candidato presidencial. Situación que en menor escala vive el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, al que se le abren los más anchos caminos para ganar la Presidencia, pero no cuenta con nadie que le asegure la victoria en el Distrito Federal. Cuando a lo largo de esta semana se oyó que el candidato de Morena al GDF podría ser Manuel Camacho, hubo quienes empezaron a preguntar la dirección de la embajada más cercana a su domicilio, para pedir asilo político al grito de sálvese el que pueda.

jamastu@gmail.com

Twitter: @emiajseliva

lunes, diciembre 05, 2011

Intolerancia y autoritarismo

Felipe Calderón inicia su último año en el poder Ejecutivo amenazando a, al menos, 23 mil mexicanos. El periodo electoral –que culminará con la elección de un nuevo presidente de la República en julio de 2012– se le empieza a dificultar al inquilino de Los Pinos. La respuesta de la Presidencia a la solicitud presentada ante la Corte Penal Internacional para que el panista sea juzgado por crímenes de guerra y de lesa humanidad exhibe a un gobierno autoritario e intolerante, consideran abogados, académicos, políticos y defensores de derechos humanos. Los especialistas en derecho señalan, además, que no hay elementos jurídicos para que proceda la “amenaza” de la administración federal de actuar legalmente en contra de los denunciantes.

La expresión de que el gobierno federal explora la posibilidad de proceder legalmente en contra de quienes solicitaron a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue la situación de violencia que existe en México es calificada como desmesurada, intimidatoria y autoritaria por académicos, juristas, políticos y defensores de derechos humanos.
La petición, hecha por un grupo de abogados y respaldada por alrededor de 23 mil personas, documenta los crímenes y violaciones a derechos humanos que, en el contexto de la supuesta guerra contra el narcotráfico, han cometido tanto los grupos del crimen organizado como miembros de las Fuerzas Armadas.
La intención es que la Corte abra una investigación y, en caso de que acredite que se han perpetrado violaciones al derecho internacional humanitario, juzgue a los responsables. De acuerdo con la propuesta, que fue entregada el pasado 25 de noviembre a la CPI, éstos serían Felipe Calderón Hinojosa, sus secretarios de Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública, y los líderes de los cárteles del narcotráfico, entre ellos Joaquín Guzmán Loera, el Chapo.
A tan sólo dos días de que la solicitud fuera presentada, la Presidencia de la República respondió calificándola de “imputaciones falsas y calumniosas” que “afectan terriblemente el buen nombre de México”.
Pero no sólo eso: la réplica presidencial manifiesta que el gobierno federal “explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan [las imputaciones] en distintos foros e instancias nacionales e internacionales”.
Los juristas Diego Valadés, Perla Gómez Gallardo y Raúl Carrancá y Rivas coinciden en que se trata de una amenaza que carece de sustento, pues no se puede acusar a alguien por ejercer un derecho ciudadano.
El propósito del mensaje es más bien intimidatorio, a decir de Gómez Gallardo, y busca amedrentar a quienes ejercen su derecho a presentar una demanda ante una instancia judicial.
Para el jurista Diego Valadés, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se trata de un mensaje represor y que exhibe “una actitud intolerante y amenazante” de quien lo suscribe, es decir, del gobierno federal.
Apreciaciones similares son expresadas por defensores de derechos humanos, académicos y políticos, quienes concuerdan en que la respuesta del gobierno federal constituye una acción desmedida.
Asimismo, es común la opinión de que los ciudadanos mexicanos tienen derecho a buscar justicia ante tribunales internacionales cuando el país no la garantiza.


Intimidación, un “mal signo”
Para la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la respuesta del gobierno calderonista fue intolerante y autoritaria.
Mediante un comunicado, el dirigente nacional del partido, Jesús Zambrano, señala que “es absoluta, total y plenamente criticable la reacción desmedida de Felipe Calderón; le salió de lo más profundo la vena intolerante que caracteriza a los gobiernos de derecha”.
La secretaria general del partido del sol azteca, Dolores Padierna Luna, coincide con el dirigente al considerar que la respuesta fue “de nivel dictatorial”, así como “una clara muestra de autoritarismo”.
En el mismo tenor se expresa el diputado Armando Ríos Píter, coordinador de la bancada perredista en la Cámara de Diputados.
Para Ríos Píter, el mensaje presidencial “deja clara la visión autoritaria de este gobierno y la cerrazón que ha tenido ante las críticas de una política de seguridad pública que ha sido considerada como ilegítima”.
La legisladora Enoé Margarita Uranga, quien funge como secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, expresa que tanto la Cámara como la Comisión de la que forma parte, deberían tener un señalamiento ante esta respuesta, considerando que son parte de los denunciados.
Uranga califica el mensaje presidencial como “declaraciones de un dictadorcillo, que desde el inicio se ha esmerado en debilitar la democracia”.
El politólogo Alberto Aziz Nassif, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, considera que la respuesta de la Presidencia es una “acción antidemocrática del gobierno” que pretende castigar un derecho de la ciudadanía.
El investigador arguye que el gobierno tenía que dar una respuesta a la acción emprendida ante la CPI, pero que ésta debía servirle para fijar su postura al respecto y no para penalizar dicha acción.
En lugar de ello, el mensaje que ha mandado al condenar a quienes hicieron la propuesta es que no está dispuesto a enfrentar o someterse al dictamen de un organismo jurídico, estima.
Para Raúl Trejo Delarbre, periodista y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el mensaje presidencial es una expresión “de torpeza, quizá de berrinche y de intolerancia que no son propios de un gobierno que quiera ser respetable ante el resto de la sociedad”.
El académico percibe en la respuesta de Calderón un abuso de poder, de su capacidad propagandística y de su potencial para actuar legalmente y usar la fuerza del Estado en contra de quienes tienen apreciaciones distintas.
Aunque califica de “desmesurada, inoportuna e ineficaz” la petición llevada ante la CPI, Trejo Delarbre considera que la respuesta del Ejecutivo federal fue igualmente desmedida e inadecuada y que constituye un precedente “preocupante”.
Ernesto Villanueva, investigador del IIJ y especialista en derecho a la información, sostiene que la reacción del gobierno da un mensaje contrario a la libertad de expresión y expresa no sólo la intolerancia de Calderón, sino “una falta de liderazgo, de visión de Estado y muestra cada vez más a una persona con talentos reducidos”.
Para Miguel Concha Malo, director general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el tono intimidatorio con que respondió el gobierno federal es un “mal signo”, pues podría llevar a un recrudecimiento del clima adverso que enfrentan quienes defienden los derechos humanos.
“Todos los defensores de derechos humanos, sus organizaciones y los periodistas nos sentimos amenazados”, expresa.

El derecho de los ciudadanos y el de Calderón

Gerardo Sauri, relator para la libertad de expresión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, coincide en que el mensaje del gobierno tiene una naturaleza intimidatoria y agresiva.
Sauri subraya que el gobierno hizo una descalificación anticipada sobre la petición llevada a la CPI, lo que podría mermar la confianza de los ciudadanos en el uso de tales recursos de defensa de los derechos humanos.

Leer articulo completo AQUI.

miércoles, noviembre 30, 2011

Carta abierta


Señor Felipe de Jesús Calderón Hinojosa:

Pienso que en su momento usted habría debido iniciar un procedimiento legal verosímil para esclarecer las maniobras oscuras realizadas con dinero público por Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún; que debió iniciar una averiguación previa contra Francisco Ramírez Acuña por su presunta responsabilidad en casos de tortura (Guadalajara, mayo de 2004); que usted habría debido iniciar querellas contra Eduardo Medina Mora, Wilfrido Robledo Madrid, Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Yunes, entre otros, por las violaciones cometidas por policías federales y estatales contra activistas y/o simples ciudadanos de San Salvador Atenco; y que debió actuar contra Juan Camilo Mouriño, quien, como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y luego como coordinador de asesores en la Secretaría de Energía, intervino en la firma de contratos entre el gobierno federal y empresas de su propia familia; y que habría debido imputar por presunto encubrimiento a su ex secretario de Comunicaciones y Transportes Luis Téllez Kuenzler, pues éste dijo saber que Salinas de Gortari se robó, en el tiempo en el que ejerció la jefatura del Poder Ejecutivo, la mitad de la partida secreta, y que usted tenía la obligación de hacer algo legal contra Genaro García Luna, quien contravino de manera pública y flagrante una prohibición contenida en el artículo 37 constitucional.

Creo también que el conjunto de las fuerzas policiales y militares comandadas por usted habría debido capturar y presentar ante los tribunales correspondientes a Joaquín Guzmán Loera El Chapo y a otros presuntos cabecillas de organizaciones dedicadas al narcotráfico y a otros delitos; que usted ya se tardó en pedir la extradición de los funcionarios estadunidenses que urdieron, autorizaron y ejecutaron el operativo de contrabando de armas destinado a grupos de narcotraficantes mexicanos denominado Rápido y furioso; asimismo, que usted estaba obligado a presentar cargos por evasión fiscal contra los empresarios que, según reveló usted mismo, no pagan los impuestos que les corresponden.

Pero no. En vez de procurar justicia en los casos arriba referidos y en muchas otras muestras de flagrante impunidad, usted, señor Calderón, amenaza con proceder legalmente contra quienes firmamos una petición para que usted, varios de sus colaboradores y diversos presuntos narcotraficantes sean sometidos a juicio en la Corte Penal Internacional. Somos 23 mil los signatarios, y muchos más –cientos de miles, posiblemente millones de ciudadanos– lo que hemos expresado que la estrategia ideada y aplicada por usted para, supuestamente, combatir la criminalidad y restablecer el estado de derecho ha tenido por consecuencia un auge mayor de la criminalidad, un quebranto generalizado del estado de derecho y, por añadidura, un entorno de violencia sin precedente y una gravísima epidemia de violaciones a los derechos humanos.

Si va usted a proceder contra nosotros, sea congruente y hágalo contra todos los que, en palabras oficiales de Los Pinos, afectan terriblemente (sic) el buen nombre de México. Presente imputaciones legales, por ejemplo, contra Strategic Forecasting Inc (Stratfor), firma de análisis de inteligencia que sostiene (Mexican drug war 2011, abril de 2011) que el actual gobierno federal permite que el cártel de Sinaloa someta a las bandas más débiles y que hay una coincidencia de propósitos entre ese grupo delictivo y la administración en curso. Finque usted cargos contra el ex embajador de Estados Unidos Carlos Pascual, quien envió a Washington informes según los cuales Arturo Chávez Chávez, el hombre a quien usted hizo procurador, había ofrecido, años antes, “una mano de ayuda a ciertas figuras de un cártel”. Demande usted a Human Rights Watch (HRW), que en un informe reciente sostiene: “En vez de reducir la violencia, la guerra contra el narco (anunciada e impuesta por usted, aunque lo niegue) ha provocado un incremento dramático en la cantidad de asesinatos, torturas y otros terribles abusos de las fuerzas de seguridad, que sólo contribuyen a agravar el clima de descontrol y temor que predomina en muchas partes del país”. Y a Amnistía Internacional (AI), la cual informa que el año pasado las fuerzas policiales y militares desplegadas para combatir a las bandas fueron responsables de violaciones graves de derechos humanos, que en los casos de violaciones de derechos humanos, la impunidad fue la norma y que sólo en 18 meses ocurrió un centenar de homicidios cometidos por las fuerzas armadas.

En suma, señor Calderón, pienso que quienes afectan terriblemente el buen nombre de México son usted, sus principales colaboradores y los jefes de la delincuencia formal, y no quienes enumeramos las barbaries en curso –la oficial y la otra– y apelamos a una instancia internacional, en forma pública, transparente y legítima, en un intento por ponerle freno.

Por último, creo percibir, en el ominoso mensaje emitido por su oficina el pasado 27 de noviembre, mucho miedo en usted y en sus colaboradores. Proceda legalmente en contra nuestra, si eso lo reconforta, pero no nos tema a nosotros, los 23 mil denunciantes de su régimen, pues actuamos –estamos dando prueba incontestable de ello– por los cauces pacíficos, legales e institucionales. Témale más bien a la furia latente de un país defraudado, empobrecido, saqueado, ensangrentado, escarnecido y humillado por ustedes, los demandados el 25 de noviembre ante la Corte Penal Internacional.

domingo, noviembre 20, 2011

Promueven juicio internacional contra Calderón

Por primera vez un mandatario mexicano podría ser juzgado ante un tribunal penal internacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad. La inédita petición, promovida por un grupo de abogados y respaldada por más de 20 mil ciudadanos, señala al presidente Felipe Calderón, a sus secretarios de Defensa, de Marina y de Seguridad Pública y a los líderes de los cárteles del narcotráfico como responsables de los asesinatos, desapariciones, torturas, desplazamientos forzados y demás violaciones a los derechos humanos, cometidos en el contexto de un supuesto combate al crimen organizado. Especialistas en derecho internacional y penal consideran que el juicio es viable.
De diciembre de 2006 a la fecha, en México se contabilizan más de 50 mil personas asesinadas; decenas de miles de heridas, torturadas o desaparecidas, alrededor de 230 mil desplazados forzosamente de sus lugares de origen; entre 30 mil y 43 mil menores de edad cooptados por el crimen organizado, además de los abusos y ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares, marinos y policías encubiertos. Todo, a consecuencia de la “guerra” que el gobierno mexicano emprendió contra grupos del narcotráfico desde que Felipe Calderón asumió la Presidencia de la República.
Conforme al derecho internacional humanitario, estos actos constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad, por lo que corresponde a la Corte Penal Internacional (CPI) juzgarlos y castigar a los responsables, sostiene el abogado Netzaí Sandoval Ballesteros.
Por ello, el próximo 25 de noviembre se presentará una petición al fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, para que inicie una investigación sobre la situación de violencia que prevalece en México.
No se trata de una propuesta aislada, pues Sandoval Ballesteros es sólo la cara visible de un grupo de abogados que han preparado dicha solicitud, misma que es respaldada por más de 20 mil personas.
El argumento de la petición es que en México se vive un conflicto armado prolongado entre el Estado y grupos armados organizados, así como de éstos entre sí por el control territorial para el tráfico de drogas. Tal enfrentamiento ha generado sistemáticas violaciones a los derechos humanos de la población civil, de parte de ambos bandos.
Por un lado, integrantes del Ejército han torturado y asesinado a civiles ajenos al conflicto, tratando de encubrir los crímenes para no castigar a los responsables. También han abusado sexualmente de mujeres durante los operativos y se han hecho comunes las ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas Armadas.
Mientras que los cárteles de la droga han hecho de la tortura y la mutilación prácticas cotidianas; en muchos casos, las víctimas han sido civiles sin vínculos con el crimen organizado.
Asimismo, han generalizado los ataques a centros de rehabilitación para adictos a las drogas y han enrolado en sus filas a millares de niños menores de 15 años (entre 30 mil y 35 mil, refiere la Red por los Derechos de la Infancia en México).
Además, la violencia originada por el conflicto ha obligado a cuando menos 230 mil personas a desplazarse de sus lugares de origen, de acuerdo con datos del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos, con sede en Noruega.
Por ello es que la propuesta plantea que se enjuicie tanto a Felipe Calderón y sus secretarios de Defensa (Guillermo Galván Galván), Marina (Francisco Saynez Mendoza) y Seguridad Pública (Genaro García Luna), como a los líderes de los cárteles del narcotráfico, específicamente al líder visible del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera.
Desde 1998, la Corte Penal Internacional conoce y juzga los agravios considerados “más graves” y que son de trascendencia internacional: crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión.
Hasta la fecha, ningún caso de México ha llegado al tribunal internacional de justicia, ubicado en La Haya, Países Bajos. De hecho, actualmente éste sólo conoce de dos situaciones de países de América Latina (Colombia y Guatemala), pero en ninguno de ellos ha iniciado una investigación.
De acuerdo con el Estatuto de Roma, fundamento jurídico de la CPI, el escudriñamiento de actos constitutivos de delitos puede iniciarse a petición de un Estado parte, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o del fiscal de la Corte.
Una vez que el fiscal conoce de la situación de un Estado, puede archivar el caso o presentar una acusación ante la Sala de Cuestiones Preliminares si considera que existe fundamento para abrir una investigación. Ésta a su vez revisa la información y, si considera que procede, autoriza el inicio de la investigación.
De aceptarse la solicitud de investigación planteada por Sandoval Ballesteros, sería la primera vez que México estaría bajo el escrutinio de una instancia internacional de carácter penal.
Aun más: si la Corte acreditara que se han cometido violaciones al derecho internacional humanitario en el país, por primera vez un mandatario mexicano sería llevado ante la justicia internacional y podría ser encarcelado de ser encontrado responsable.
Se trata, además, de la petición con mayor respaldo en la historia de la CPI. “Lo que queremos demostrar es que ésta no es una idea que surge de algunas organizaciones solamente, sino que en realidad hay una necesidad de nuestra sociedad para que se investigue el conflicto que se está viviendo en México”, puntualiza Sandoval Ballesteros, quien estima que más de 20 mil personas se han sumado a la propuesta.
Tan sólo en el portal de internet donde albergan la solicitud, http://www.petitiononline.com/CPI/petition.html, 17 mil 844 personas la habían suscrito hasta el cierre de esta edición.

Calderón, responsable de crímenes
El Estatuto de Roma, suscrito por el Estado mexicano, considera crímenes de lesa humanidad el asesinato, la tortura, la violación, la desaparición forzada de personas, la encarcelación o privación “grave” de la libertad, entre otros actos, cuando se trata de ataques cometidos generalizada y sistemáticamente contra una población civil y con conocimiento de causa.
Entre los agravios considerados como crímenes de guerra, el Estatuto enlista el homicidio intencional, la tortura, los tratos crueles e inhumanos, las mutilaciones, las ejecuciones extrajudiciales y los ataques intencionalmente dirigidos contra la población civil o contra civiles que no participan directamente en las hostilidades.
Causar deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud, privar a una persona de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente, ordenar el desplazamiento de población civil por causas relacionadas con el conflicto y reclutar niños menores de 15 años en las Fuerzas Armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades, también constituyen crímenes de guerra.
Para la abogada Gabriela Rodríguez, docente del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México, los miles de asesinatos, desapariciones y violaciones a los derechos humanos sí podrían acreditarse como delitos en el derecho internacional humanitario.
Sin embargo, la maestra en derecho internacional público por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y con estudios en derecho internacional humanitario duda que se pueda comprobar que esos crímenes se cometen en forma deliberada y que son responsabilidad de personas específicas, como demanda la normativa de la CPI.
Al respecto, el doctor en derecho Daniel Márquez Gómez afirma que la “operación de control de la información” que existe en torno al tema de la violencia en México induce a pensar que, en efecto, hay un conocimiento de las autoridades de lo que está ocurriendo.
En su opinión, el “cierre informativo” que las dependencias gubernamentales han hecho en torno a un sólo discurso (que la “guerra” contra el narcotráfico era necesaria), así como el pacto entre los medios de comunicación de no cubrir los hechos relacionados con el narcotráfico muestran que hay una comprensión de las autoridades de lo que pasa en el país pero que se intenta ocultar.
Pero en términos de responsabilidad, apunta el especialista en derecho penal del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, estas conductas deliberadas por contener la información son suficientes para probar que hay conocimiento de parte de Calderón y de los integrantes de su gabinete sobre la situación de violencia.
El ocultamiento intencional de información al que alude Márquez Gómez se reflejaría en la falta de averiguaciones previas de los asesinatos relacionados con la delincuencia organizada, lo que impide saber si en efecto cada una de esas víctimas tenía vínculos con ésta, como asegura el gobierno federal.
El 31 de julio pasado, Contralínea dio a conocer que en los primeros cuatro años y medio de la administración calderonista, cuando los muertos supuestamente a causa de la “guerra” llegaban a alrededor de 40 mil, la Procuraduría General de la República (PGR) había abierto apenas 4.4 por ciento de averiguaciones previas. Actualmente, se estima que el número de asesinados rebasa ya los 50 mil.
Respecto al número de desapariciones forzadas en el contexto de la “guerra” tampoco hay datos precisos. De acuerdo con el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas, entre 2007 y marzo pasado se habrían cometido unos 3 mil crímenes de este tipo, el triple de los ocurridos durante la Guerra Sucia (Contralínea, 7 de agosto de 2011).
Pero la cifra podría ser mayor, como este semanario documentó, en el mismo periodo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) refirió que las quejas por extravío superaban los 5 mil casos. Para los defensores de derechos humanos, las posibilidades de que se tratara de desapariciones forzadas eran altas.
En lo referente al número de torturas y abusos cometidos por elementos de las Fuerzas Armadas tampoco hay datos oficiales que reflejen la magnitud del problema. Pero un atisbo de ello pueden darlo las 80 recomendaciones que la CNDH ha hecho a la Secretaría de la Defensa Nacional en lo que va del sexenio, así como las siete dirigidas a la Secretaría de Marina, relacionadas con crímenes y abusos cometidos en el contexto de la supuesta guerra contra el narcotráfico.
Entre éstas se encuentra la recomendación 40/2007. De acuerdo con el expediente, el 1 de junio de 2007, en el municipio de Sinaloa de Leyva, Sinaloa, elementos del Ejército, dos de ellos alcoholizados y posiblemente bajo los efectos de alguna droga, abrieron fuego contra una camioneta que circulaba por el camino.
A bordo viajaban dos mujeres y un hombre de entre 20 y 29 años, además de cinco menores de edad. Griselda Galaviz Barraza, de 27 años, y Grisel Adanay Esparza Galaviz, de tres años, murieron al instante.
Cuatro testigos del crimen intentaron trasladar a los heridos a Culiacán, pero en el camino fallecieron Gloria Alicia Esparza Parra, de 20 años, y los hermanos Juana Diosnirely y Eduin Yoniel Esparza Galaviz, de uno y seis años, respectivamente.
Por si fuera poco, las personas que llevaban a los heridos fueron interceptadas y detenidas por militares en la comunidad de Badiraguato. El argumento: que transportaban cadáveres.
El pasado 3 de noviembre, la Defensa Nacional informó que a finales de octubre había condenado a prisión a dos oficiales y una docena de elementos de tropa por esos homicidios. Los oficiales además fueron destituidos de sus cargos e inhabilitados por 10 años.
De acuerdo con el artículo 28 del Estatuto de Roma, los jefes militares son penalmente responsables por los crímenes cometidos por sus subordinados, ya sea porque no los sancionan incluso si sabían del cometido de esos agravios o porque no actúan para evitar que se realicen ni someten a los criminales a una investigación y juicio.
José Antonio Guevara Bermúdez, doctor en derechos fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid y excoordinador para América Latina y el Caribe de la Coalición por la Corte Penal Internacional, considera que este fundamento demuestra la responsabilidad de Calderón.
A decir de Guevara Bermúdez, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, es decir, Felipe Calderón, está obligado a responder por los crímenes que soldados y marinos han cometido desde que él mismo autorizó su intervención para supuestamente combatir a los cárteles del narcotráfico. “Es responsable porque no ha mandado señales claras ni ha ordenado que se investigue, procese y castigue a los responsables de haber cometido los abusos”, señala el actual secretario de Vinculación con la Sociedad Civil e Incidencia en Políticas Públicas de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Y añade que la única forma en que se podría argumentarse que no es necesaria la intervención de la Corte Penal Internacional sería demostrarlo con sentencias. La opinión del abogado toma sentido ante la reciente condena de los 14 militares: tanto el fallo como su difusión se han dado a menos de un mes de que la solicitud de investigación del caso mexicano sea llevada ante la CPI.

¿Crímenes o política de Estado?

El abogado Sandoval Ballesteros explica que los crímenes de guerra pueden acreditarse inclusive cuando no exista una declaración formal de la ofensiva, siempre que haya un enfrentamiento armado permanente entre dos bandos.
En el caso de México, se trataría de un conflicto armado de carácter no internacional, previsto en el derecho internacional como aquél que se da de forma permanente y con gran intensidad entre las Fuerzas Armadas del Estado y las de grupos disidentes o armados organizados.
Pero para el profesor W?adys?aw Czapli?ski, candidato a juez de la Corte Penal Internacional, en este caso el conflicto tiene una naturaleza distinta, pues el Estado tiene que mantener la seguridad interna.
Entrevistado tras dictar una conferencia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el académico polaco considera que “es obligación del gobierno cuidar la calma y la normalidad de la vida de los ciudadanos de este país. El narcotráfico está destruyendo esta situación y creo que cualquier Estado con actividades de este tipo intervendría con todo el poder”.
Pero acorde con esta idea, Czapli?ski reconoce que el Estado sí tendría una responsabilidad por los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas.
El líder de los panistas en la Cámara de Diputados, Francisco Ramírez Acuña, justifica la actuación de Calderón al afirmar que ha sido “conforme a la ley; ha actuado en defensa de todos los mexicanos”.
El senador del Partido Verde Ecologista de México, Arturo Escobar y Vega, considera que la petición propuesta por Sandoval Ballesteros es “improcedente”, pues, como jefe de Estado, Calderón tiene la obligación de “procurar la tranquilidad, la seguridad pública y nacional del país”.
Por el contrario, para el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, la propuesta contiene elementos “muy serios y sólidos”. En su opinión, es una “decisión correcta” el acudir ante una instancia internacional ante el nulo interés del gobierno federal por dar una respuesta a esta situación de violencia generalizada.
Sin dar su valoración sobre la propuesta de acusar a Calderón ante la CPI por crímenes de guerra y de lesa humanidad, el coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, Armando Ríos Píter, se refirió a la estrategia de seguridad del gobierno federal como “equivocada y carente de una visión integral de seguridad”.
Contralínea buscó conocer la postura del gobierno federal a través de las oficinas de comunicación social de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
La dirección general de medios nacionales de la Presidencia, a cargo de Alejandro Caso Niebla, arguyó que Relaciones Exteriores era la instancia encargada de contestar y que la dependencia ya había dado una respuesta pública.
En efecto, el 11 de octubre pasado, la dependencia a cargo de Patricia Espinosa Cantellano emitió un comunicado en el que, a nombre del gobierno federal, “rechaza categóricamente que la política de seguridad pueda constituir un crimen internacional”.
Además de señalar que las acciones del gobierno son desplegadas “con pleno apego al estado de derecho”, la respuesta de la SRE enfatiza que el compromiso del gobierno para proteger los derechos humanos “es indeclinable”.
Mas el comunicado no habla nunca de un rechazo inexcusable del Ejecutivo federal a las violaciones cometidas por el Ejército, observa Guevara Bermúdez.
Por el contrario, la dependencia asegura que “la sociedad no es víctima de un gobierno autoritario o de abusos sistemáticos por parte de las Fuerzas Armadas”.
Y en otro de sus puntos agrega que “de no haber actuado con la contundencia mostrada desde el inicio de la administración, muchas familias en diversas comunidades del país estarían a merced de los criminales”.
Al respecto, el exacadémico de la Universidad Iberoamericana puntualiza que lo que la petición pone en duda no es la obligación del Estado de combatir el crimen organizado, sino “que los medios que se eligieron están generando abusos y éstos no se están investigando”.

Estado mexicano “no quiere ni puede”

Uno de los argumentos esgrimidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores para manifestar su rechazo a la petición de investigación de la CPI es su jurisdicción. De acuerdo con este principio, se justifica la injerencia de la Corte cuando un Estado no puede o no quiere ejercer acción penal para castigar ciertos crímenes establecidos en el Estatuto de Roma.
“Ninguno de estos dos supuestos aplica al caso”, asegura la dependencia federal. Mas Sandoval Ballesteros advierte que en el marco jurídico mexicano no hay un tipo penal que prevea los crímenes de guerra y de lesa humanidad, por lo que la posibilidad de juzgar tales delitos es en un tribunal internacional.
A la imposibilidad jurídica, el doctor Guevara Bermúdez agrega la falta de voluntad para investigar los crímenes cometidos por autoridades e integrantes de las Fuerzas Armadas. En lo que respecta a los agravios del crimen organizado, considera que el Estado no tiene la capacidad para investigarlos y juzgarlos.
El 23 de mayo de 2010, Contralínea documentó que entre diciembre de 2006 y febrero del año pasado sólo se habían dictado 735 sentencias de última instancia por el delito de delincuencia organizada. La cifra contrasta con las más de 120 mil personas que para abril de 2010 el gobierno federal reportaba como detenidas por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Para entonces, cuando las víctimas mortales de la “guerra” rebasaban las 22 mil, la PGR reconoció (a través de diversas solicitudes de información pública) que sólo 1 mil 359 de los detenidos hasta entonces tenían vínculos comprobables con algún cártel de la droga.
Así, la falta de resultados en el ámbito judicial no cambia con la sola sentencia de los 14 militares, hecha pública el mismo día en que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, se encontraba en el país para dictar una conferencia magistral ante jueces mexicanos.
Ante los cuestionamientos de la prensa sobre la propuesta de llevar a juicio a Calderón Hinojosa, el fiscal sólo dijo que “cualquiera tiene derecho a acusar”. Sin embargo, resaltó que para que la Corte atraiga el caso debe demostrarse que una autoridad “ordenó directamente el ataque masivo o sistemático contra la población civil, y que para ello se haya conformado un grupo de mercenarios”.
Sin hacer una referencia específica a México, Moreno Ocampo resaltó que su deber es no intervenir en países donde las instituciones de gobierno y los sistemas de justicia actúan para perseguir y sancionar a los criminales. Al tiempo, recalcó que la Corte es muy cuidadosa al aceptar una investigación de crímenes de guerra o de lesa humanidad, para evitar que el tribunal penal sea usado con fines políticos.
El abogado Sandoval Ballesteros destaca la responsabilidad de Calderón respecto de los crímenes que se han cometido, pues si bien no los ordenó, tampoco ha ordenado sanciones para los responsables.
“No estamos buscando venganza ni linchamientos. Estamos buscando que un organismo internacional, imparcial e independiente, defina y ubique cuáles son las responsabilidades penales que todas estas muertes y violaciones a derechos humanos ameritan.”