Mostrando las entradas con la etiqueta penalizacion. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta penalizacion. Mostrar todas las entradas

domingo, diciembre 12, 2010

Mujeres: Estado de excepción

Protesta en contra de la penalización del aborto.

Sara Lovera

MÉXICO, D.F., 9 de diciembre (apro).- Esta semana se cumplen 62 años desde que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decretó la Carta Universal de los Derechos Humanos para garantizar que ninguna persona sobre el planeta sea objeto de discriminación, que goce de los derechos fundamentales, en tanto que los Estados deben velar porque sea así.

Más de medio siglo después, Margarita Guillé Tamayo, en su intervención en el IX Seminario Internacional sobre Políticas Públicas y Programas en Casos de Violencia Familiar de Alto Riesgo, sostuvo que las mexicanas viven en un estado de excepción, porque no se les protege en sus derechos fundamentales, que los hogares son de alto riesgo.

Hasta hace muy poco, creíamos que lo que sucede en la intimidad de los hogares era un asunto privado, donde el Estado no debía intervenir. Hay quienes siguen creyendo eso.

La periodista Margarita Guillé, quien hace años dejó su programa de televisión para abrir un refugio para mujeres violentadas en Aguascalientes, dice que no. Que tiene que intervenir el Estado y garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, por supuesto también ahí, en la intimidad de sus casas.

Ella es una voz autorizada en el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento para la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Convención de Belén Do Pará), que en México es ley suprema, por lo que tendrían que hacerse muchas cosas desde que México la ratificó en 1981, es decir, hace 29 años.

Margarita Guillé, que participó en el IX Seminario Internacional organizado por la sociedad civil y el Gobierno del Distrito Federal (GDF), dijo que por su experiencia puede afirmar que todavía en miles de hogares mexicanos se sigue creyendo que las mujeres no tienen derechos y se las usa, abusa y desecha como si no fueran humanas.

Ahora se discute cómo intervenir o qué hacer; existen contradicciones: los refugios de mujeres, ¿son solamente medidas emergentes, o tienen un fin en sí mismos?; ¿cómo deben actuar, organizarse y desarrollarse? ¿Es una política pública o simplemente de contención limitada?

Mientras tanto, se sabe que más de mil mujeres son asesinadas en su casa, en su hogar, por quienes --dice la tradición--, debían protegerlas. Esto es, 16 mujeres diariamente.

Una casa de emergencia, detiene, pero no resuelve, es necesaria e importante, pero puede que se trate de algo estrictamente paliativo.

En el seminario, una de las actividades realizadas en la capital del país dentro de la jornada de los 16 días de activismo para frenar la violencia contra las mujeres, se puso en blanco y negro lo que ya sabemos, pero que es necesario repetir y señalar constantemente: que no se puede contar sólo a las violentadas, que debe haber un sistema de justicia que las proteja y que debe haber medidas trascendentes para cambiar la idea de hombres y mujeres en la sociedad, de que las mujeres valemos menos que los hombres y somos corregibles, castigables y que se nos puede maltratar sin consecuencias.

Organizado por la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social del Distrito Federal, en el seminario se hizo un recuento de las políticas, de los modelos de atención, de la mejor forma de sacar de la angustia y la depresión a las violentadas; también de protocolos comunes para acceder a mejores resultados.

Es verdad que hay políticas, como esta, que incluso hay quienes en el mundo son consideradas súper expertas, que analizan, hacen metodologías y modelos de atención para sacar del círculo de violencia familiar a las mujeres, sin embargo, hace falta el contexto, la visión abarcadora para terminar con este flagelo que parece interminable.

Para muestra pensemos en que las cifras rebasan toda imaginación; pensemos en quienes tienen conciencia de esta situación. Mil mujeres asesinadas en México por sus maridos, amantes, parejas, exparejas, nos habla de una situación sin adjetivos, alarmante, y significa que no hemos caminado en la posibilidad de resolver los conflictos de manera pacífica, esos que se anidan en el corazón de la vida cotidiana, en la familia, y que se recrean, reafirman y admiten en la vida pública.

Lo grave es que estas políticas son aisladas en la mayoría de los Estados y no existe una discusión nacional y de Estado que haga algo más completo y complejo para parar la violencia.

Se habla de las causas generadoras de este tipo de violencia; siempre se habla de situaciones individuales, alcoholismo, desviaciones, familias disfuncionales, pero no se habla del contexto violento generalizado.

¿Dónde se fomenta? Es fácil, en todas partes, desde la cúspide de los poderes, como sucede en México, como pasa en el mundo occidental, en la forma como está normada la familia autoritaria.

La violencia contra las mujeres, las esposas, todavía consideradas propiedad de sus maridos; de las mujeres, todas, consideradas propiedad de los hombres; y ello se reafirma a través de las instituciones de esta sociedad: el gobierno, la familia, la religión, la escuela y todos los medios de comunicación.

Claro, eso fue poco abordado en el Seminario Internacional, porque lo que se hace con los refugios, las casas de Emergencia, los programas o las campañas es querer tapar el sol con un dedo.

Es necesaria una crítica contumaz al sistema que propicia estas situaciones, donde el poder es la divisa y la violencia es la única forma de enfrentar cualquier tipo de conflicto.

Guillé dijo algo valioso: “Resultaría más exitoso atacar la violencia familiar que invertir en acciones para combatir el narcotráfico”, y es valioso porque lo dijo con el corazón, pero sería insuficiente si no intentamos rescatar a este país, si no se ponen en práctica medidas democráticas para toda la gama de relaciones sociales, grupales y de pareja.

Lo cierto es que la violencia contra las mujeres cuestiona la calidad democrática de México, por supuesto, y cuestiona todas las firmas que México estampa en uno y otro documento nacional e internacional. ¿Por qué?

Porque a muy poca gente le importa que mueran 16 mujeres todos los días.

Empieza a ser un dato en la estadística y nadie se altera, sobre todo si tenemos 30 mil ejecuciones y si como, en Chiapas, por poner un ejemplo, la Fiscalía de Delitos Contra las Mujeres recibe 60 mil quejas de violencia contra las mujeres, pero sólo hay un porcentaje mínimo de consignaciones a los responsables.

El hogar, sin duda, es un espacio de impunidad donde más delitos se cometen, como se dijo en el Seminario pero, paradójicamente, 94% de la población piensa que es el espacio más confiable, de afecto y crecimiento personal.

Los refugios son acción emergente, como lo eran en la Colonia los Recogimientos de Mujeres en los que se daba acogida a las solteras, huérfanas, viudas y repudiadas por sus maridos, pero 200 años después no hemos podido hacer justicia. Se las refugia, como a los y las migrantes; como ahora se hará una casa de refugio para periodistas perseguidos, pero no vemos voluntad para ir a la raíz del problema.

Mientras tanto, reuniones como la descrita permiten hacerse cargo y tomar conciencia del tamaño del problema, sin duda, y por lo pronto se analizó ahí cómo unificar criterios para atender a las mujeres violentadas, rescatarlas de su profunda depresión y, en muchos casos, de su desesperación y falta de apoyo.

Como muestra del problema, se reveló que tan sólo en 2009 en la Ciudad de México fueron atendidas 427 personas por violencia familiar de alto riesgo en el Sistema de Atención y Prevención de la Violencia Familiar y, entre las asesinadas en el Distrito Federal, dos terceras fueron masacradas por sus maridos, novios, hermanos, amigos, familiares y otro tipo de parientes.

Recuerdo que en los años setenta ese fue el descubrimiento de las feministas, aunque no había tantos estudios, pero todavía la derecha defiende a la familia tradicional, jerárquica, autoritaria, diciendo eso que se dice en las encuestas, que los hogares son los sitios maravillosos donde las mujeres son fundamentales, aunque sean víctimas cotidianas.

Es probable que se tenga que hacer una crítica profunda, desarrollar políticas públicas y otras acciones que permitan poner en la picota a ese tipo de familia, donde las mujeres somos agredidas reales, no ficticias. Y de paso se vea que todo el contexto justifica esta situación.

Comentarios: saralovera@yahoo.com.mx

viernes, mayo 22, 2009

Crimen de Estado contra las mujeres


MEXICO, D.F., 21 de mayo (apro).- De acuerdo con la Constitución del estado de Guanajuato, se ha conformado un crimen de Estado contra las mujeres.
En contravención al derecho humano de interrumpir legalmente un embarazo (ILE) como producto de una violación, médicos, autoridades y los servicios de salud de Guanajuato han enviado a la cárcel a 130 mujeres. El Congreso local pretende promulgar una modificación constitucional local, que propone penalizar al aborto en cualquier circunstancia, aunque falta la ratificación de 46 municipios.
Es decir, en Guanajuato, desde 2000, la extrema derecha, entronizada en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el gobernante Partido Acción Nacional, (PAN) han pretendido echar abajo el origen laico y liberal del Estado mexicano.
Es verdad que en la mayor parte del país el aborto es un delito, con excepciones documentadas, razonadas y vigentes desde 1929, inscritas en los códigos penales, también de todo el país. Esas excepciones se ampliaron en muchas entidades y se decretó el aborto legal hasta las primeras 12 semanas de la concepción en el Código Penal y la Ley de Salud del Distrito Federal.
En 2008, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la constitucionalidad de la medida en la capital del país, que protege los derechos de las mujeres y la libertad para definir el número y espaciamiento de sus hijos, según el artículo 4 constitucional.
Es verdad que la interrupción del embarazo la ejercen con su libertad de conciencia miles de mujeres desde tiempos inmemoriales en México y en el mundo. Se trata, en el caso de México, además de un problema de salud pública, porque el aborto clandestino cobra cada año al menos mil 500 vidas de mujeres productivas.
Sabemos, hace mucho tiempo, que el aborto clandestino es el recurso de las mujeres más pobres. Por eso es un problema de salud pública. Habemos quienes defendemos claramente el derecho humano de las mujeres a realizarse un aborto en condiciones higiénicas y seguras, por el sólo hecho de su voluntad. Ésta una responsabilidad del Estado.
Es en Guanajuato donde se ha extremado la criminalización de las mujeres, con cárcel y malos tratos. Como no imaginé en mi vida terrenal, lo que expresa es una de las más importantes disputas culturales del mundo occidental. La tentación de los poderes legales y fácticos para controlar el cuerpo de las mujeres o reconocer su libertad.
En Guanajuato, en estos días, junto con otras 11 entidades del país, ha saltado a la discusión pública esa tentación del poder que tiene militarizado al país, donde reina la impunidad y la injusticia; ese sello inhumano propio de caciques regionales y dictaduras; rasgos de la conciencia fascista y depredadora, que en las mujeres, botín de guerra o botín electoral, encuentran la manera de controlar a la población, siendo ellas, las madres y, cómo se ha querido asegurar, las que mantienen la supervivencia de la familia tradicional.
No es casual que en Guanajuato sucedan estas cosas. Fue ahí donde nació la derecha más extrema de nuestra historia; fue ahí donde se dio la lucha Cristera al final de los años veinte; el lugar donde nació y se desarrolló la Unión Nacional Sinarquista, y el sitio del nacimiento y desarrollo del Yunque, grupo neofascista que ha escalado poder en los últimos años.
Lo que extraña es la complacencia del partido gobernante, de cuño conservador que no reacciona ante este desatino, que ya está afectando a las mujeres, atropelladas y oprimidas por la violencia que se ejerce contra ellas, por la violación sexual que las aniquila y amenaza; que sufren la ferocidad con que se les niega su derecho legal y humano a interrumpir el embarazo producto de una violación.
La andanada contra el aborto legal en México, ese instaurado en nuestras leyes con excepciones al delito, perfectamente legales, contraviene, por otro lado, los discursos populistas a favor de los derechos de la mitad de la población. Mujeres a las que se llama a votar, campaña en la que se han instalado los poderes fácticos.
Ahí esta el concurso de Televisa y el Instituto Nacional de las Mujeres, con soportes de organizaciones no gubernamentales liberales, para premiar a Mujeres de Valor en momentos electorales. La demagogia con que el Congreso de Guanajuato aprueba una ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia, pretendiendo burlar la inteligencia de todas las personas y quita su derecho humano a interrumpir un embarazo producto de la violencia.
Yo tengo preguntas que formular. ¿Cuál es el trasfondo? Los escándalos políticos de estos días desnudaron plenamente a la clase política, la han puesto en la picota con todas sus arbitrariedades y prepotencias, con todo lo que ello significa para la población. Sin duda.
Se ha despejado la verdad. Más de un sector partidario e institucional forma parte del entramado del crimen organizado, que dice el impropio de Felipe Calderón, amenaza nuestra seguridad. ¿Y la de las mujeres? Me pregunto. ¿Quién protege la seguridad de las mujeres, las que abortan, pero también las que pagan con su sangre la militarización y los enfrentamientos en todo el territorio nacional?
Me temo lo peor.
El aborto clandestino deja mucho dinero. Se trata de una industria que está a la sombra de la salud pública. De acuerdo con cifras del Fondo de Población de las Naciones Unidas, esta industria genera alrededor de mil millones de pesos de ganancias anuales en nuestro país. ¿Quién tiene invertidos ahí sus ahorros? ¿Desde cuándo el temor a legalizar el aborto amenaza esas inversiones?
La cifra podría ser mucho más abultada si consideramos que en el país suceden abortos clandestinos, estimados hasta cien mil cada año. Y los costos en clínicas y hospitales, algunas propiedades de cadenas multimillonarias, podríamos estar hablando de muchos intereses entramado en algo horrendo.
La doble moral y el bolsillo de unos cuantos. ¿Qué hay detrás? ¿Sólo una visión conservadora y retrógrada? O se trata, como suele suceder, de intereses inconfesables. Me pregunto si esos que quieren mantener a las mujeres, bajo la bota, aplastadas, son los mismos que juegan en la bolsa.

Comentarios: saralovera@yahoo.com.mx