sábado, mayo 29, 2010
La PGR como arma política de Calderón
Eso pareciera desprenderse de la reciente detención del candidato del PRD al gobierno de Quintana Roo, Gregorio Sánchez Martínez, quien pareciera --como ocurrió a Andrés Manuel López Obrador con el desafuero, para infortunio del gobierno federal panista, que sólo lo hizo crecer en popularidad-- se ha convertido en una víctima más del poder.
No se pretende aquí exonerar a quien hoy desde el gobierno federal ya se le sentenció como culpable antes de ser sometido a juicio; se trata más bien de cuestionar las acciones erróneas que de manera constante realiza el gobierno panista.
Si el candidato perredista es culpable o no, le corresponde a la autoridad judicial --y no a Felipe Calderón-- demostrarlo; sin embargo, existen formas que no se pueden desatender y antecedentes que no se pueden olvidar.
La manera en que actuó la Federación parece desaseada al grado de recurrir al mismo juez federal que antaño le otorgó las órdenes de aprehensión contra casi una treintena de servidores públicos de Michoacán --acusados por el mismo delito que hoy encara Greg: delincuencia organizada y lavado de dinero--, y quienes con el paso de los meses tuvieron que salir en libertad después que no se les pudo comprobar la acusación.
Al candidato perredista, quien por cierto iba arriba en las encuestas para ganar la gubernatura, se le detuvo bajo la acusación de delincuencia organizada y lavado de dinero, además de la temeraria suposición de que está involucrado en el asesinato del general Mauro Enrique Tello Quiñónez y por la cual tres excolaboradores de Greg Sánchez están siendo procesados.
Esos mismos excolaboradores son quienes hoy señalan al candidato perredista de estar involucrado con el narco.
Sin embargo, no hay que perder de vista lo ocurrido el pasado 7 de mayo cuando la PGR solicitó al Juez Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Roberto Hoyos Aponte, la orden de aprehensión contra Greg Sánchez y éste se la negó.
Según los argumentos del juez federal, la PGR no pudo acreditar la participación de Greg, y tampoco siquiera la existencia de los delitos contra la salud ni de lavado de dinero por los cuales hoy está en el penal de mediana seguridad de Nayarit.
Dos párrafos de la sentencia del juez son claves, aquí su reproducción:
“La representación social --es decir la PGR-- perdió de vista que en la indagatoria no existe prueba que ponga de manifiesto que Gregorio Sánchez hizo actos provenientes de actividades ilícitas… incumplió la carga probatoria que le corresponde”.
“Al no estar acreditados los elementos de delitos en referencia, ni la probable responsabilidad penal del indiciado… lo procedente es negar la orden de aprehensión solicitada”.
Esta decisión del juez federal, al que determinó acudir la propia PGR, llevó a Arturo Chávez Chávez, titular de la dependencia, no ha obtener los elementos que probaran sus acusaciones contra Greg, sino que se fue por el camino ya conocido y recorrido el año pasado, que fue el de ir con el mismo juez de Tepic que le otorgó las órdenes de aprehensión en contra de presidentes municipales y autoridades locales de Michoacán.
Como se recordará, hace un año a funcionarios y alcaldes de Michoacán se les acusó de estar vinculados con el crimen organizado, entonces la PGR, en un acto publicitado en extremo, los detuvo luego de haber obtenido de parte del juez Carlos Alberto Elorza, titular del Juzgado Segundo de Distrito de Proceso Penales Federales en Tepic, las respectivas órdenes de captura.
Meses después, como las pruebas presentadas por la PGR no fueron suficientes, durante los procesos que se les siguieron a las autoridades de aquel estado, se les ha tenido que ir dejando en libertad.
Hoy, a pesar de que el juez del Estado de México le informó a la PGR que no aportó los elementos suficientes para probar la presunta culpabilidad de Greg Sánchez, el gobierno decidió irse con el mismo juez Alberto Elorza y de él obtuvo la orden de aprehensión.
Como también se recordará, la detención de los presidentes municipales se dio previo a elecciones locales en Michoacán y el traslado de éstos al penal de Nayarit fue igualmente publicitado y se les puso chamarras de color amarillo, similar al tono que utiliza el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
En aquel momento se dijo que todo era un “golpe político bajo” de parte del gobierno federal, e incluso se le acusó de estar utilizando a la PGR como un arma para desacreditar a los adversarios políticos. En aquella ocasión las acusaciones fueron negadas por el gobierno panista de Calderón.
Hoy, por la forma en que se ha dado todo este proceso contra Greg Sánchez y con un proceso electoral en puerta, pareciera que el gobierno recurre a la misma formula. Y de la misma forma que ayer, se niega que esto pudiera tener objetivos políticos.
Sólo un necio repite la misma acción en espera de resultados diferentes. Parece ser que la necedad del gobierno federal, de mantenerse en el poder a través de acciones ilegítimas pero con acciones “reconocidas como legales”, persistirán.
Hace algunos años, en el 2006, Felipe Calderón llegó ilegítimamente a la silla presidencial, pero con el reconocimiento legal de las autoridades electorales; el año pasado pretendió, mediante acciones legales como una orden de un juez federal, buscar inculpar a funcionarios del gobierno perredista de vínculos con el narcotráfico y, a falta de pruebas, debió recular.
En esta ocasión, el gobierno pone todos los elementos de la duda que hacen difícil no pensar en que se trata de otra maniobra “electorera”, falta de ética y que sólo pone de manifiesto, nuevamente, la falta de sabiduría para conducir un país.
En este espacio no se defiende al candidato del PRD, pues no se cuenta con los elementos para ello, de lo que disiente es de la forma en que el gobierno federal actúa y esto preocupa, pues si la PGR, como ya se ha visto en otros casos, se sigue utilizando como arma política, uno se puede preguntar qué ocurrirá en el 2012, cuando el proceso electoral presidencial esté, de manera formal, en marcha.
Lo único claro al día de hoy es que gracias a las acciones del gobierno panista, de nueva cuenta, el ambiente político se vuelve más turbio y el malestar de un sector del país se hace más evidente.
Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx
ESTA ES LA PROCURACION DE JUSTICIA DEL QUE PRETENDE SUCEDER A CALDERON
Paulette fue asesinada: Bazbaz lo ocultó
Alberto Bazbaz renunció a la titularidad de la procuraduría mexiquense tras dar las conclusiones en el caso Paulette NotimexFoto Foto.
Jaime Avilés
Tres casos de nota roja –el brutal asesinato de Paulette Gebara Farah, el secuestro de Diego Fernández de Cevallos y el encarcelamiento de Gregorio Sánchez Martínez, Greg, candidato del PRD al gobierno de Quintana Roo– vuelven a exhibir los profundos vínculos de complicidad que hay entre los empresarios dueños de México, los políticos que los sirven desde el poder y el crimen organizado. Y explican, asimismo, la desaparición del estado de derecho, la guerra civil que avanza por distintas regiones del país y la certeza de que vivimos un proceso de transformación irreversible: nada volverá a ser como antes.
Chiapaneco avecindado hace muchos años en Quintana Roo, predicador evangélico que en sus mítines religiosos llamaba a sus huestes “el pueblo de Dios”, estafador acusado por un robo de 10 millones de dólares y por tratar de privatizar ilegalmente el malecón de Cancún, aparte de sospechoso de fomentar el tráfico de balseros cubanos, Greg se había revelado hace tiempo como una verdadera fichita.
Jaime Montejo, dirigente de Brigada Callejera, organización nacional protectora de los derechos humanos y civiles de distintas agrupaciones de sexoservidores, escribió en su blog dos días después de la captura: “La detención del ex alcalde perredista fue recibida con beneplácito por trabajadoras sexuales que fueron objeto de intimidación, hostigamiento, extorsión, agresiones físicas, robo y allanamiento de morada, cuando elementos de seguridad pública [de Cancún], comandados por Francisco Velasco Delgado, El Vikingo, arremetieron contra ellas para expulsarlas de la supermanzana [colonia] 63”, en 2009.
El Vikingo fue detenido por “haber participado en el asesinato del general Mauro Enrique Tello Quiñones, baleado el 3 de febrero de 2009”. Al recordar estos sucesos, agrega Montejo, “los medios de comunicación olvidan el asesinato de la trabajadora sexual Greici Lizbeth Vargas Rivera, de 19 años, decapitada el 28 de noviembre de 2009 después de declarar en el Ministerio Público del fuero común, donde aportó pruebas contundentes que implicaron a Joel Cantera Torres, uno de los hombres que ejecutó al comandante Miguel Ángel Puch de la Cruz”.
Todos esos crímenes fueron atribuidos a uno de los cárteles con los que ahora la PGR asegura que está ligado Greg. Pese a las múltiples, reiteradas y bien documentadas advertencias que acerca de tan cautivador político leyeron en este diario entre enero y marzo del año actual, Manuel Camacho y Jesús Ortega se obcecaron en lanzarlo como candidato a gobernador de Quintana Roo y, al hacerlo, sellaron para siempre su destino. Hasta el martes pasado, Greg era de ellos; ahora, ellos son de Greg. Van juntos, nadie sabe hacia dónde.
Diego: estado de excepción
A quienes se llevaron a Fernández de Cevallos, el “gobierno” y Televisa –uno no investigando, otra no hablando del asunto–, resolvieron darles todas las comodidades para negociar un acuerdo que permita su devolución. Catorce días después del secuestro, lo poco que se sabe rasgó, para decirlo con estilacho, el velo del misterio. El iracundo remedo de conquistador español fue atrapado por alguien que tiene informantes de primera mano dentro de su bufete de abogados –al que pertenecen el secretario de Gobernación y el procurador general de la República– o dentro de su familia.
Quienes lo sorprendieron en su hacienda de Querétaro sabían que llevaba un chip de localización satelital subcutáneo y se lo quitaron. Dos días más tarde se enteraron de que el general Arturo Acosta Chaparro había sido contratado para buscarlo, y lo balacearon para alejarlo del asunto. Estos dos detalles bastan para ayudarnos a entender que se trata de un ajuste de cuentas en la cúpula de la mafia política, alrededor de una pieza clave del grupo del que también forman parte Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, cuya candidatura presidencial se desmorona a medida que salen a flote más y más evidencias de que su gobierno encubre a los asesinos de la niña Gebara Farah.
Manchas de sangre
La noche del 30 al 31 de marzo, 10 días después de la desaparición de Paulette, Jorge Rojas González, perito en ingeniería civil de la Procuraduría de Justicia del Estado de México (PGJEM), al inspeccionar la habitación de la menor comenzó a quitar el edredón y las sábanas de la cama. Todo fue grabado por una cámara de video, que registró el momento exacto en que descubre la primera mancha de sangre y dice en voz alta: “La madrearon, güey”. En seguida, ante manchas más gruesas, repite: “La madrearon”.
Pocos instantes más tarde, levanta la última sábana y destapa, entre la piesera y el colchón, el cuerpo de la pequeña. Alguien tose, agredido por la pestilencia que despide el cadáver, y el perito comenta: “Está bien putrefacta”. La escena está disponible en Youtube. El 31 de marzo, muy temprano, la PGJEM emitió un boletín para anunciar que “fue encontrado el cuerpo de Paulette, dentro de una bolsa negra, durante la reconstrucción de hechos en presencia de los padres”.
¿No es alucinante? El video y el boletín pueden consultarse en Google. Y a pesar de la contradicción entre uno y otro, las televisoras guardaron silencio, y acompañaron al procurador mexiquense Alberto Bazbaz en su cínica, y ahora muy sospechosa, fabricación de mentiras. A sabiendas de que la niña había sido privada de la vida con violencia –las manchas de sangre y la exclamación del perito lo demuestran–, Bazbaz permitió que se manipulara no sólo la verdad sino también el cadáver.
¿O acaso ya olvidamos la célebre foto en que la criatura aparece debajo de la cama, en el tapete de su cuarto? ¿Quién la puso allí, para que la retrataran? Y lo que todo el país repite, ¿cómo es que su mamá y su tía durmieron varias noches en esa cama, que las empleadas de la casa tendían cada mañana, y nadie la vio, ni sintió su olor? ¿Y qué hay del cuento de los perros que huelen a los vivos pero no a los muertos? Todo se resume en una palabra: encubrimiento oficial.
A punto de cumplirse un año del incendio que mató a 49 niños en la guardería ABC de Sonora, en las redes sociales de Internet crece la convicción de que Paulette fue víctima de un asesino, pero también de que éste sigue libre gracias a Bazbaz. A la destitución del ex procurador debe seguir una investigación a fondo, que esclarezca su responsabilidad en el caso y la del gobernador del estado. Antes de que aparecieran esas manchas de sangre bajo la colcha y las sábanas de Paulette, y el revelador y espontáneo comentario del perito –“la madrearon, güey”–, la horrorosa historia hablaba de la ineficacia de quien se siente ya sucesor de Calderón.
Hoy, gracias al incontrovertible testimonio de ese video, sabemos que Paulette fue asesinada con algo que le provocó una hemorragia externa; que Bazbaz dijo que la causa del deceso había sido la asfixia; que las plumas mercenarias del régimen lo defendieron hasta el día de su despido. Y que la televisión también se hizo cómplice al proteger a Peña Nieto en virtud de los millonarios contratos de publicidad que sostiene con él. ¿Se imaginan si hubiesen agarrado al procurador del Distrito Federal en una mentira como ésta? Habrían repetido el video hasta que nos lo aprendiéramos de memoria...
jamastu@gmail.com
Perito encuentra a Paulette: "La Madrearon Gûey" (Sin Censura)
http://www.youtube.com/watch?v=p6yMA5AC5cU
Paulette
Tristeza, indignación, pasmo, desconcierto, incredulidad, burla, impotencia, avasallamiento, todo a un tiempo, fueron los sentimientos que me sobrecogieron luego de escuchar al procurador general del estado de México explicar” que la muerte de Paulette había sido “un accidente”, que no se ejercería acción de la justicia contra nadie y que el caso quedaba cerrado, y que me decidieron a cambiar el giro de mis colaboraciones en La Jornada y dedicar esta al “caso Paulette”.
Cuántas agresiones en un “fallo” de la justicia, que es realmente una nueva “falla” de enorme magnitud y significado, de quienes están para procurarla. Nuevamente, la aparición de “evidencias” –¿dinero, compromisos políticos, connivencias, u órdenes superiores de espíritus inferiores, o todo a la vez?– que concurrieron a la conclusión, ésta con premeditación, alevosía y ventaja; con presumibles manipulaciones, ocultamiento de pruebas e ignorancia de las decenas de escenas que saturan las redes sociales de las telecomunicaciones mundiales, con que nos insultó la procuraduría del estado de México.
Un fallo que con tal de “justificar” su conclusión, acepta explícitamente, sin el más elemental pudor, la incapacidad de las autoridades “competentes” para abordar el problema y tácitamente la incompetencia de la multitud de gentes y agentes que inspeccionaron minuciosa y vanamente la recámara de la pequeña Paulette sin encontrar rastro alguno, pero que seguramente, en conmemoración del centenario de la Revolución, buscaron emular a aquel ilustre “científico porfirista” que sentenció: “la ignominia, antes que la renuncia”, hasta que la presión social obligó al procurador a aceptar presentar la suya.
Cito las agresiones: en primer término, la agresión a una niña, una pequeña guerrera inocente que luchó día tras día, minuto a minuto de su corta pero difícil existencia, para superar las discapacidades que le dejó el hecho fortuito de su nacimiento prematuro. Qué agresivo desprecio por su pequeña vida y por su lucha gigantesca interrumpidas fatalmente por “el accidente”. Qué pequeñez de espíritu de todos los que aceptan esta agresión póstuma en aras de un falso mejor vivir para los que aún viven.
La pequeña Paulette, sin embargo, es la única de todos los personajes de esta tragedia cuyo final –¿final?– nos han contado que “descansa en paz”.
Nadie más lo podrá hacer; ni la sociedad que sabe que no pasó lo que nos dicen que pasó, ni menos los que saben lo que pasó realmente.
Ni su familia cercana que se ha apresurado a aceptar “el fallo de la justicia”, ni su hermanita mayor, víctima inocente también de por vida de los acontecimientos, podrán vivir un solo momento de su existencia en paz. Se trata de un asunto de conciencia para los mayores y de inexorabilidad para la niña.
Ni las decenas o centenas de participantes en las pesquisas que saben que Paulette no murió en donde se dice que murió; ni la amiga de la madre ni los parientes del papá que durmieron sucesivamente en la cama de la niña ¿sin cambiar las sábanas? –¡qué falta de higiene!– y supuestamente con el cadáver a sus pies, y que saben la verdad y las falsedades.
Agresión también contra la inteligencia de un pueblo consternado por la tragedia y expectante de la procuración de la justicia. ¡Muera la inteligencia! ¡Viva la muerte! Otra vez Millán Astray rencarnado en el procurador del estado de México.
Agresión también contra las leyes de la física, de la química, de la biología y, si no bastara, contra la lógica y, desde luego y en primer lugar, contra la ética y contra la moral.
Agresión contra la justicia, que no sólo para “el cierre del caso”, sino incluso en la rueda de prensa que se organizó para anunciarlo, no acepta preguntas. Obviamente, porque no existe respuesta ni para la más elemental que se planteara.
Finalmente, agresión a la sociedad, de la que se pretende sólo sometimiento: ¡así fue y te aguantas! ¡Así pasó y te callas! ¡Así juzgamos y lo acatas! ¡Así decidimos y lo asumes!
¿Cerramos todos el “caso”, como dijo el procurador? ¿Nos damos por bien servidos con su temporal inmolación política? Si este fuera el caso, estaríamos aceptando cerrar todos los “casos” en la forma en que se les ocurra a los dueños del poder y del dinero.
¿Es éste el “futuro de México” que nos obsequiarán los aspirantes a ser los salvaguardas del “estado de derecho”?
Basta de agresiones desde el poder; no debemos agachar la cabeza y aceptar, como dogmas de fe, la infalibilidad y la omnipotencia de las autoridades, ni resignarnos a la esclavitud de la injusticia y al dominio implacable de los poderosos.
Decía Quevedo en su Epístola satírica: No he de callar, por más que con el dedo, /ya tocando la boca, o ya la frente, /silencio avises o amenaces miedo…//En otros siglos pudo ser pecado /severo estudio y la verdad desnuda…
México no puede cerrar su porvenir “cerrando el caso”.
A la memoria de una víctima inocente
jimenezespriu@prodigy.net.mx
viernes, mayo 28, 2010
DIA DE ACCION MUNDIAL
Solicita López Obrador a Barack Obama ejercer su derecho de vetar a la Ley Arizona
Hermosillo, Sonora, Viernes 28 de mayo de 2010
* Expresa su repudio a la Ley y condena el hecho de que cualquier ciudadano indocumentado en Arizona sea considerado un criminal en potencia
* Considera urgente llevar a cabo una reforma migratoria integral, que corresponda a la realidad económica de EU y México
El presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, solicitó al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ejercer su derecho de vetar la Ley Arizona, por tratarse de una legislación xenofóbica y clasista.
Al expresar su repudio a la Ley 1070, López Obrador condenó el hecho de que cualquier ciudadano indocumentado en Arizona sea considerado un criminal en potencia, en virtud de su aspecto o su acento.
Ante la crisis que ha provocado la promulgación del mencionado ordenamiento que criminaliza la estadía de ciudadanos latinos indocumentados, en particular de origen mexicano, consideró urgente llevar a cabo una reforma migratoria integral, que corresponda a la realidad económica de Estados Unidos y México.
También hizo énfasis en la necesidad de concretar una reforma que observe escrupulosamente el respeto de los derechos humanos de los trabajadores migrantes, que por necesidad han tenido que abandonar sus pueblos en busca de mejores de condiciones de vida del otro lado de la frontera norte.
El presidente legítimo de los mexicanos manifestó su apoyo a las gestiones emprendidas por el presidente Obama y otras autoridades federales norteamericanas para revisar la constitucionalidad de la ley 1070 y, en su caso, vetarla.
La propia carrera del presidente de los Estados Unidos, subrayó, muestra que es indispensable combatir las tendencias xenofóbicas y clasistas en la construcción de una sociedad libre y democrática.
Recordó que la buena vecindad entre México y los Estados Unidos se construye a partir de la colaboración y cooperación mutua.
Este viernes, el presidente legítimo de México se reunión con los integrantes de los comités territoriales de Hermosillo, Cajeme y Navojoa, Sonora.
Durante los eventos, Andrés Manuel López Obrador llamó a la gente a trabajar en la transformación del país y cumplir con tres tareas básicas: conformar más comités territoriales, inscribir a más representantes del Gobierno Legítimo de México y entregar, casa por casa, el periódico “Regeneración”.
Para mañana, López Obrador asistirá a encuentros con los comités territoriales de Macuspana y Villahermosa, Tabasco.
¡¡¡ FECAL HIJO DE PUTA, AMARRA A TUS PERROS !!!
Alrededor de 600 policías federales desalojaron con gases lacrimógenos y toletazos a un centenar de sindicalizados que intentaron impedir que fueran sacados varios vehículos de la subestación de Luz y Fuerza del Centro en Teopanzolco; al menos 10 trabajadores resultaron heridos. Las autoridades también desmantelaron con violencia un campamento del SME en la planta de Ocotepec Foto Rubicela Morelos.http://www.youtube.com/watch?v=-CSXfMtx1R0
CONDENA MUNDIAL A LA BRITISH PETROLEUM
http://www.youtube.com/watch?v=yxoIZIG7IZY
BP Deepwater Disaster and Gulf Oil Spill
United States — The Deepwater Horizon accident and oil spill in the Gulf of Mexico is a disaster unfolding before our eyes. Eleven lives were lost in the initial explosion, and that incalculable loss is compounded daily as oil continues to flow.
Greenpeace welcomed President Obama's sensible and encouraging first step in ensuring that the BP oil spill disaster can never happen again - but the "never" will only last for the next six months while his commission reaches a conclusion.
PREVENTING THE NEXT DISASTER
The President's six month suspensions of new drilling are a welcome reprieve for the communities and animals that rely on those pristine waters, but we need a permanent ban on all new offshore drilling, not just in the Arctic but in all US waters. A ban on all new oil drilling is the only way to avoid another spill disaster.
El silencio
La desaparición forzada de Diego Fernández de Cevallos el 14 de mayo, reconocida por la PGR como secuestro una semana después por el intento del gobierno de facto de Felipe Calderón de minimizar el asunto para reducir su impacto político y social, lejos de ello ha estremecido a amplios sectores al tiempo que ha conducido a poner en evidencia una serie de responsabilidades oficiales en el tenebroso asunto, enfrentando de nuevo a México con el problema de la escandalosa ineptitud y corrupción del gobierno panista.
1. El caso de Diego Fernández de Cevallos ha estado caracterizado desde un principio por una serie de sospechosas acciones ilegales del gobierno federal, que en un principio se negó a investigar como era su obligación un secuestro llevado a cabo por un comando, relegando la responsabilidad a autoridades del estado de Querétaro, y que muy poco después de dar marcha atrás en su absurda decisión atrayendo el asunto, anunció el 22 de mayo que dejaba de nuevo de investigar para facilitar la intervención de la familia, lo que fue calificado como “ilegal” por múltiples juristas entrevistados dos días después por La Jornada y como “absurdo” por abogados de la Suprema Corte, todo lo cual arrojó nuevas sospechas sobre la responsabilidad de Los Pinos en el escabroso caso.
2. Desde esa perspectiva la desaparición del prominente miembro del PAN mostró que en México no hay un estado de derecho y que el propio gobierno panista no actúa conforme a un marco de legalidad ni siquiera para investigar un caso que le afecta de manera toral.
3. La decisión gubernamental de no informar tampoco sobre lo acontecido en un caso que desde un principio apareció esencialmente como político, las contradictorias declaraciones del propio Calderón y de algunos de los funcionarios del gabinete (que negaron fuese “un secuestro” o un crimen vinculado al narco) y la orden oficial a los medios más sumisos de no tocar el caso en sus informativos, cumplida a cabalidad por Televisa, coartando así el derecho de los mexicanos a la información, condujo no nada más a que se entendieran las investigaciones de algunos medios y a que otros especularan sobre la probable responsabilidad de las fuerzas más oscuras del blanquiazul en el caso.
4. Los torpes intentos de Calderón por presentarse ante los medios, primero en Europa y en Estados Unidos y luego ante el Consejo Nacional del PAN el sábado 22, como un “amigo de Diego”, cuando todo mundo conoce la realidad de sus enfrentamientos y la hostilidad profunda existente entre ambos, y sus múltiples y gravísimos enfrentamientos, no llevó más que a evidenciar la sordidez de las luchas internas de la extrema derecha mexicana por el poder y el enfrentamiento de las estrategias que tienen esos grupos que tanto daño le han hecho a México por mantenerse a cualquier precio en el poder en 2012, lanzando así una amenaza a todas las fuerzas políticas del país sobre las intenciones que tienen y que en múltiples evidencias anuncian que no se arredraran para utilizar incluso medios criminales para alcanzar sus objetivos.
5. Los esfuerzos oficiales por silenciar el asunto se revirtieron muy pronto, como era de suponerse, contra el gobierno, que a pesar de todo no parece haberse dado cuenta de ello. El tema de la personalidad oscura de Diego Fernández de Cevallos, un individuo entregado al tráfico de influencias, y que como muchos otros miembros de Acción Nacional ha alcanzado una fortuna descomunal gracias a la corrupción prevaleciente en los gobiernos panistas de Fox y de Calderón –la que ha sido igual o superior a la existente en los sexenios priístas de Salinas y de Zedillo–, presentado en su caso como una retribución por sus servicios para alcanzar la alianza PRI-PAN, sustituyó al de la investigación ministerial sobre el caso. En una nota aparecida en Proceso 1751 (pp. 21-23) se da cuenta de que Diego es propietario, como moderno señor feudal, amén de sus propiedades en el Distrito Federal y otros sitios, y de La Cabaña donde fue raptado, de más de 20 haciendas, ranchos y fincas en los estados de Querétaro y Guanajuato, que no le alcanza el tiempo para visitar.
6. Dichas propiedades –adquiridas todas ellas durante estos años en los que con el señuelo de que México ha estado en un proceso de alternancia y de “tránsito a la democracia”, los panistas se aprovecharon para acumular fortunas escandalosas en base a los servicios que asumen están prestando al gran capital trasnacional para desmantelar a la nación mexicana y entregarle nuestras riquezas estratégicas– constituyen un símbolo de lo que son hoy día el PAN y la derecha mexicana.
7. El rapto del barbón ha contribuido, a pesar del gobierno calderonista, a desnudar aún más la actual mecánica del poder y a evidenciar que en México no existe un proceso de democratización sino una vulgar lucha subterránea por el poder entre las diversas facciones de la derecha, en la que se ha relegado a los mexicanos al papel de meros espectadores.
8. El efecto del intento de silenciamiento del “caso Diego” no tuvo por otra parte impacto en el exterior, pues si bien los medios allegados a la extrema derecha trasnacional y a las poderosas corporaciones a las que se hallan asociados Calderón y sus amigos les echaron como siempre la mano en los diarios que controlan, en la mayor parte de los sitios a los que ha acudido el espurio panista lo han perseguido acusaciones por la represión en San Juan Copala (Oaxaca), por sus políticas de tráfico de influencias y de complicidad con consorcios en materia de energía, por sus acciones violatorias de los derechos fundamentales de los trabajadores, por el hecho vergonzoso de que haya presos políticos en México –como Ignacio del Valle, dirigente campesino de San Salvador Atenco, y varios de sus compañeros, encarcelados injustamente desde hace cuatro años–, o por sus políticas criminales de supuesta guerra “contra el narco”, que no son otra cosa que un intento más por amedrentar y doblegar a los mexicanos en un marco de criminalización de los movimientos sociales.
9. En Europa y en Estados Unidos, a pesar de silenciar el “caso Diego”, Felipe Calderón no supo enfrentar en este mayo negro el señalamiento de organizaciones civiles y sindicales de múltiples países que lo acusaron de encabezar un gobierno fanático de extrema derecha empeñado en violar de manera particular los derechos de la clase trabajadora de México, trasgrediendo no nada más la Constitución y las leyes de nuestro país sino los convenios, acuerdos y pactos suscritos por México con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los electricistas del SME, de los cuales más de 70 siguen en huelga de hambre desde el 25 de abril, protestan por la ilegal desaparición de la empresa estatal Luz y Fuerza del Centro y por la violación flagrante de las leyes laborales de México para despedir impunemente y al margen de la ley a 44 mil trabajadores, hasta ahora con la complicidad de la Suprema Corte, en una agresión sin precedentes en América Latina.
10. El “caso Diego” no ha hecho, de tal suerte, más que poner en evidencia, aún más, la corrupción descarada y galopante que existe en el gobierno panista de Felipe Calderón, y su entreguismo al gran capital trasnacional y al gobierno estadunidense.
Trasnacionales petroleras devastan el Golfo
Antecedentes. Una de las mayores devastaciones ambientales del Golfo de México –que mide alrededor de las tres cuartas partes del territorio mexicano y el equivalente a Irán–, en las cercanías de la costa de Louisiana y Florida, ya superó la catástrofe del Ixtoc en Cantarell, Campeche, acontecida en 1979 durante el sexenio de José López Portillo.
Coincidentemente, la plataforma alquilada por Petróleos Mexicanos (Pemex) en 1979 pertenecía a Sedco (Southeast Drilling Company), que, luego de sus hazañas devastadoras contra el medio ambiente en el Golfo de México, se fusionó con Transocean, la cual es puesta de nuevo en la picota 31 años después por la explosión de la plataforma perforadora –alquilada por la británica BP– que otra vez amenaza la vida marina y los nichos ecológicos en las costas de Louisiana y Florida.
Sedco, bendita con diferentes lavados bautismales financieros (luego fusionada con Transocean), formó parte de la muy controvertida empresa pirata texana Schlumberger, de la que uno de sus múltiples directores es nada menos que Adrián Lajous Vargas, director de Pemex con Zedillo, quien lo despidió debido a las presiones de la Contraloría por sus malos manejos. La pista de Lajous Vargas es fundamental para entender muchas cosas sobre las perforaciones que han pasado en las aguas profundas del Golfo de México. All Business (22 de diciembre de 1999) señala que Lajous fue "ampliamente culpado por sus errores estratégicos en la expansión del complejo de perforación en Cantarell (Sonda de Campeche)", y concluye que "Lajous fue puesto en la picota por haber premiado al grupo estadunidense Bechtel con un contrato sin licitación por la expansión de Cantarell". Con razón Lajous es tan cotizado y tan premiado por las trasnacionales anglosajonas que, hay que reconocer, no son mal agradecidas.
Este recordatorio macabro no es ocioso: exhibe la genealogía criminal de depredación ambiental de las piratas perforadoras texanas en "aguas profundas", específicamente de parte de Sedco/Schlumberger/Transocean a lo largo y ancho del Golfo de México, en los pasados 31 años desde la catástrofe del Ixtoc (Campeche) hasta la más reciente de la plataforma Deepwater Horizon, que ha causado conmoción internacional.
Hechos
La criminalidad ambiental de la texana Halliburton –de la que fue director nada menos que el multiasesino exvicepresidente bushiano Dick Cheney– es ampliamente reconocida y no constituye novedad alguna cuando sus hazañas bélicas en la guerra de Irak han sido plenamente detalladas.
No es la primera vez que la pirata texana Halliburton es colocada en la picota por sus fallas en la "cimentación" de las plataformas en aguas profundas, cuando ha sido señalada de realizar un muy pobre trabajo de "cimentación" en el caso de una magna explosión en las aguas del Mar de Timor, cerca de Australia.
Todavía no se cerraba la investigación del caso en el Mar de Timor cuando la pirata texana depredadora Halliburton fue alcanzada por el destino de la explosión y devastación del Golfo de México.
De nuevo volvió a fallar la "cimentación" de Halliburton con la plataforma Deepwater Horizon, alquilada por alrededor de 500 mil dólares al día a la depredadora británica BP, a quien también le proveyó parte de su averiado equipo de perforación.
La propietaria de la plataforma Deepwater Horizon (construida por la surcoreana Hyundai Heavy Industries) es Transocean/Schlumberger y tenía un valor de 560 millones de dólares, que seguramente está asegurada. Lo que carece de seguros es la devastación ambiental de la que son culpables las piratas perforadoras texanas Halliburton y Transocean/Schlumberger, así como la británica BP.
Llama la atención que BP le haya echado la culpa del daño ambiental en el Golfo de México a la texana Transocean/Schlumberger.
Se encuentran también en tela de juicio por el Congreso estadunidense "lo adecuado", así como el "monitoreo e inspección de la cimentación" de Halliburton.
Sobre Halliburton se puede escribir una enciclopedia del terror estatal y ambiental; así como de la también criminal depredadora británica BP, que reincide contumazmente en afectar la biosfera. BP es la cuarta mayor trasnacional privada de petróleo del mundo y la primera empresa británica en términos de capitalización de mercado.
Además de otros crímenes ambientales muy bien documentados en su larga trayectoria depredadora, la reincidente BP ha sido acusada por los aborígenes cree de Canadá de ser "cómplice del mayor crimen ambiental del planeta" –esto antes de la explosión de la plataforma Deepwater Horizon en el Golfo de México–, debido a la extracción de petróleo bituminoso (tar sand) que produce cuatro veces más bióxido de carbono que las perforaciones convencionales.
Hasta aquí podemos sintetizar que ninguna de las tres depredadoras ambientales indiciadas –las piratas texanas Halliburton y Transocean/Schlumberger, así como la británica BP– es novicia en su adicción por la criminalidad ambiental. Lo más grave para los mexicanos radica en que dos de ellas, las dos piratas texanas trasnacionales, realizan obras para Pemex.
La opinión pública conoce extensamente las devastaciones de la texana Halliburton, pero ignora los alcances de los incalculables daños históricos de Transocean/Schlumberger, la mayor perforadora del mundo durante 31 años en el Golfo de México –desde el Ixtoc hasta Deepwater Horizon–, quizá debido a su mimetismo financiero constante (¿para evadir al fisco?) que le ha permitido transmutarse con varios nombres y apellidos: Sedco, Sonat Inc, Schlumberger, Global Santa Fe Corporation, etcétera.
Cabe señalar que Transocean/Schlumberger cuenta con una flota de 136 embarcaciones y más de 25 mil empleados –¡un verdadero ejército trasnacional!– y su principal oficina, de las 20 que ostenta en el mundo, se encuentra en Houston, Texas.
Lo interesante radica en que –insistimos, quizá para efectos de evasión fiscal– en fechas recientes haya movido su "centro corporativo" de las Islas Caimán (un paraíso fiscal británico) a Zug, Suiza.
Destaca que, el año pasado, Pemex haya premiado a Schlumberger, Ltd, con un contrato por 687 millones de dólares para perforar 500 pozos en Chicontepec. Halliburton posee también controvertidos contratos para perforar en el mismo lugar.
Por cierto, los resultados en Chicontepec han sido criticados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, engendro disfuncional burocrático y parasitario surgido de la reforma energética calderonista, en colusión con la tripleta priista Beltrones-Labastida-Gamboa y los Chuchos filiopanistas.
Pareciera que el muy polémico proyecto multimillonario de Chicontepec está destinado por Pemex a gratificar en forma parasitaria –sin mediar licitaciones públicas– a las piratas perforadoras texanas Halliburton y Schlumberger, Ltd.
Ahora se entiende la razón por la cual obtiene excelentes resultados financieros Schlumberger, quien al primer trimestre del año descolgó 5 mil 600 millones de dólares en ganancias.
¿Subsidia Pemex a Schlumberger? ¿Qué tratativas bajo la mesa existirán entre ambas entidades? ¿Se adelantan ambas a los repartos del "tesoro" en las aguas profundas del Golfo de México?
Esas preguntas no son ociosas cuando ha emergido el inolvidable nombre de Adrián Lajous Vagas, director de Pemex con Zedillo y alto funcionario de la paraestatal con Miguel de la Madrid Hurtado y Carlos Salinas de Gortari.
Cabe recordar que su padre homónimo fue director del Instituto Mexicano de Comercio Exterior durante el sexenio de López Portillo y cuyo edificio pasó a la historia como "la torre de la devaluación".
Lo interesante no radica en que la familia Lajous, padre e hijo –sin espíritu santo–, haya vivido del presupuesto federal durante un cuarto de siglo, ni siquiera en la aciaga gestión del controvertido exdirector de Pemex, sino en las funciones que desempeñó Lajous Vargas, con posterioridad a su precipitado despido, en varias trasnacionales anglosajonas de energía señaladas como dañinas al interés patrimonial y a la seguridad nacional de nuestro país.
Un reporte del 7 de abril del presente año de Security and Exchange Commission (la reguladora bursátil de Nueva York) señala el estratosférico monto de acciones que detenta Adrián Lajous Vargas, uno de los directores de Schlumberger.
Suena relevante que Adrián Lajous Vargas se defienda pies y boca arriba de ser "director" y accionista de Schlumberger, cuando su biografía actualizada hasta el 6 de mayo del presente año, elaborada por la agencia de noticias de negocios y finanzas Bloomberg Businessweek, sitúa al controvertido exdirector de Pemex como el multiusos privilegiado de las trasnacionales energéticas texanas y británicas, además de las financieras anglosajonas.
¿Qué tiene que hacer en forma tan descaradamente promiscua un exdirector de Pemex con tantos puestos muy bien remunerados en las trasnacionales anglosajonas y texanas? ¿Qué tantos secretos de Pemex habrá proveído Lajous Vargas a las trasnacionales anglosajonas y texanas?
Vale la pena sintetizar brevemente la biografía energética y financiera de Lajous Vargas realizada por Bloomberg Businessweek para ubicar los alcances de su presunta labor socavadora y demoledora de Pemex, del que fue director y alto funcionario, en beneficio de las trasnacionales anglosajonas y texanas.
Sólo en referencia a su función en Schlumberger, además de ser uno de sus principales accionistas, Lajous Vargas es su "director desde 2002, miembro del Comité de Auditoría, miembro del Comité de Compensación y Miembro del Comité de Gobernación y Nominaciones". !Oh, la, la, la!
Aún hay más, como diría aquel popular locutor dominical vespertino: "Presidente de Oxford Institute for Energy Studies, director de la texana Trinity Industries Inc, director de Ternium, SA, director de Grupo Petroquímico Beta, consejero prominente de energía de la texana McKinsey & Company, y consejero prominente de energía del banco neoyorquino Morgan Stanley".
Bloomberg Businessweek comenta las "conexiones" multifuncionales y multisectoriales de Adrián Lajous: "Vinculado a 29 miembros de consejos de administración en tres diferentes organizaciones a través de cuatro industrias diferentes". !Uf!
Llama asombrosamente la atención que Adrián Lajous Vargas mantenga, como pulpo, tanta función simultánea desde México.
¿Es Adrián Lajous Vargas uno de los presuntos y múltiples caballos de Troya colocados por la trasnacionales texanas-anglosajonas y radicados en las entrañas de México para privatizar Pemex?
No es nada improbable que Adrián Lajous Vargas represente uno de los principales puentes y/o bisagras y/o intersecciones de la entrega de Pemex para privatizar los hidrocarburos de México a las trasnacionales texanas y/o anglosajonas: las supremas depredadoras ambientales del Golfo de México, del lado mexicano y estadunidense, desde hace 31 años.
¿No será, acaso, que la contaminación financiera antecede la criminal devastación ambiental?
Las hazañas de Schlumberger, anterior integrante de la depredadora ambiental Transocean, parecen así indicarlo.
Fuente: Contralínea 182 / 16 de mayo de 2010
Fernández de Cevallos: El señor feudal
Verónica Espinosa PEDRO ESCOBEDO, QRO.- Estos son los terrenos de Diego Fernández de Cevallos: ranchos, fincas, caminos, algunos de ellos construidos por sus trabajadores, habitantes todos ellos de las comunidades aledañas a las propiedades del exsenador panista.
Fernández de Cevallos convirtió en su feudo la geografía territorial y política entre la capital del estado y San Juan del Río.
De la carretera federal 57, a la altura del corredor industrial Querétaro-San Juan del Río, hay que adentrarse unos 10 kilómetros para llegar hasta el rancho La Cabaña, en este municipio localizado a 30 kilómetros de la capital y a otros 12 de San Juan del Río, casi en medio de ambas ciudades.
“¿Quién le iba a querer hacer daño al patrón?”, se preguntan los habitantes de San Clemente. Lo mismo hacen sus vecinos de Guadalupe Septién, Ignacio Pérez (antes El Muerto), Santa Cruz, Epigmenio González (El Ahorcado), La Palma, Cerritos, La Fuente, El Blanco…
“De aquí –enfatizan–, nadie”.
En estas tranquilas comunidades donde los patrullajes de policías o soldados son poco frecuentes, los lugareños nada sabían sobre la forma en que “desapareció” Fernández de Cevallos. Se enteraron el sábado 15 por la noche, cuando vieron los noticiarios en la televisión.
Esa noche, muchos de los pobladores andaban del otro lado de la carretera, en la feria del grano y la cantera en Pedro Escobedo.
El jueves 20, entrevistado por la reportera, uno de los habitantes sostiene: “Es hora que todavía no ven soldados por aquí, ni federales”. Dice que nadie ha ido a preguntar sobre lo ocurrido. “Nada más usted”, comenta.
El primer rancho de Fernández de Cevallos en la zona es La Asturiana, cuya barda de piedra marca el camino de entrada a los sembradíos de maíz, alfalfa y, en ocasiones, sorgo. Pero también La Alondra, El Estanco, La Escondida, La Palma y La Bolsa, rebautizada como La Cabaña.
Son ranchos forrajeros y ganaderos que comenzó a comprar desde mediados de los noventa (Proceso 1332 y 1373). Hoy, la región agrícola de Pedro Escobedo es la más tecnificada del estado y sus índices de marginalidad van de “bajos a muy bajos”.
Desde la reja de La Asturiana, el encargado comenta a la reportera que no hay vigilancia ni cuerpos de seguridad del estado en las inmediaciones porque, asegura, “no es necesaria”: “Aquí no tiene casa el patrón; nada más en El Estanco y en La Bolsa”.
El poblado más cercano a esta última propiedad de Fernández de Cevallos es San Clemente, que tomó el nombre de una vieja hacienda que fue epicentro de todas las estancias que ahora rodean la región.
En el taller de carpintería, Aquilino –Quino, le dicen los vecinos– asegura haber trabajado para Fernández de Cevallos en varias oportunidades. Lo ha hecho, dice, como operador de maquinaria para la construcción, la otra vertiente empresarial del próspero abogado.
Él participó, por ejemplo, en la construcción del aeropuerto de Querétaro: “Ya ve que enfrente del aeropuerto todo es de él”, refiere a la reportera, y recuerda que en 2001 el excandidato presidencial adquirió los predios de la zona. Lo hizo, insiste, cuando estaban en marcha la elaboración de los proyectos y los expedientes técnicos de esa obra (Proceso 1342).
Quino también relata que hace unos tres meses se encontró a Fernández de Cevallos y aprovechó para pedirle trabajo. “Me dijo que iba a tener algo para mí en Jalisco, que me esperara unos días. Es buen pagador. Nunca nos ha quedado mal”.
No oculta su simpatía por el político panista, a quien llama “el patrón” y al que algunas veces le ha dedicado canciones acompañado de un acordeón. Hace tiempo incluso le empezó a componer un corrido que aún no termina.
“Afuera dicen muchas cosas de él. ¡Quién sabe cómo será! Aquí sí estamos preocupados por él”, agrega.
Las tierras del patrón
El camino a San Clemente fue pavimentado por Fernández de Cevallos, quien también se encargó de convertir las rutas agrestes de esta semidesértica región en carreteras asfaltadas, algunas por iniciativa propia, otras por gestión ante las autoridades.
Gracias a ello ahora los vehículos transitan sin problemas a lo largo de las propiedades del panista desaparecido y en las comunidades donde viven sus trabajadores. Muchos de ellos comentan que “el patrón” llega cada ocho días a dormir a su finca. Los domingos acude a la misa de la parroquia de Santa María, en la cabecera municipal, dicen a la reportera.
La primaria y la secundaria de San Clemente forman comités escolares que piden ayuda al litigante y político para organizar sus festivales, como el del Día del Niño. El recién nombrado delegado de la SCT, José Luis Ramos Sánchez, incluso estaba pensando en ir a verlo para que le ayudara a gestionar los arreglos del camino que hoy luce un poco deteriorado.
Y aun cuando el excandidato presidencial no entra a San Clemente, hace cinco o seis años estuvo interesado en comprar el casco abandonado de la antigua hacienda de la localidad, pero desistió. Por esas fechas comenzó a construir la finca de dos plantas con techos y pórticos de teja en su rancho forrajero de La Cabaña, que compró a una persona de apellido Barroso, recuerdan los habitantes.
El inmueble se ubica al fondo de una línea de árboles que delimita el predio y que conduce a la entrada principal, ahora custodiada por dos patrullas de las policías federal y estatal. En la parte frontal está el estacionamiento, donde Fernández de Cevallos suele dejar su camioneta Escalade.
En su feudo, Fernández de Cevallos ha tenido una frenética actividad inmobiliaria, lo mismo que en otros rubros estratégicos: extendió sus dominios a Tolimán, zona donde se localiza el aeropuerto cuya construcción apoyó de manera “desinteresada”, según explicó el entonces gobernador, Ignacio Loyola Vera.
En los últimos cuatro años compró al menos otras dos enormes propiedades en Corregidora y en Jerécuaro, en el estado vecino de Guanajuato. Según la escritura 15,357 del 13 de abril de 2007, adquirió la fracción tercera del predio rústico Arroyo Hondo, con una extensión de 26 hectáreas. Se trata del próspero rancho El Álamo, en el municipio de Corregidora.
El Álamo es una propiedad rústica que colinda con la carretera Querétaro-Huimilpan, así como con el rancho de Obrajuelito, la exhacienda de Apapátaro y el ejido Vegil. La compraventa incluyó el pozo profundo, del cual se pueden extraer hasta 160 mil 300 metros cúbicos por año.
El nuevo dueño pagó a Ángel Joaquín Fernández Campos 9 millones de pesos por su propiedad ad corpus (concepto bajo el cual se vende el inmueble tal y como está, sin un contrato que especifique las medidas o extensión), según la escritura, que está registrada bajo el folio electrónico 235772 en el Registro Público de la Propiedad del estado de Guanajuato.
El notario público que dio fe de esa transacción fue Roberto Loyola Vera, secretario del priista Enrique Burgos durante su administración en Querétaro y hermano de Ignacio Loyola, quien en la época de la transacción era el gobernador de esta entidad.
En Jerécuaro, a unos 25 kilómetros de la cabecera municipal y muy cerca de la carretera a Apaseo, en los límites con Querétaro, compró a Fernando de la Mora la hacienda La Barranca hace cinco años.
El predio abarca 480 hectáreas y en sus tierras se cultivan granos para alimentar al ganado. La construcción data del siglo XVI y en un principio fue un convento jesuita, hasta que a finales del siglo XIX, durante el Porfiriato, se transformó en Hacienda. En La Colonia, la imponente edificación de dos plantas y 50 habitaciones fue utilizada incluso por la Inquisición.
Y aun cuando la operación fue discreta, a finales de 2009 causó polémica debido a que los habitantes de la localidad supieron que el queretano pretendía transplantar varios nogales de una zona ecológica protegida a los jardines de La Barranca. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tuvo que intervenir para frenar lo que los ejidatarios consideraban un ecocidio.
El delegado de la Semarnat, Francisco Javier Camarena –Fernández de Cevallos lo había ayudado a conseguir su cargo en Guanajuato, y antes en Chiapas–, trató de ayudar a su amigo el panista queretano, pero fracasó.
Lo que ya no pudo revertirse fueron los trabajos de desviación del camino de acceso a la comunidad para habilitar una entrada directa a la propiedad del político panista. Para esa obra el gobierno federal presupuestó 5 millones de pesos, dinero que gestionó de manera directa el exsenador, según declaró a los medios el regidor priista Eduardo García a finales de 2009.
Feudo político
Hace 52 años de que Francisco José Fernández de Cevallos Martínez, padre de Diego, se convirtió en el primer consejero nacional del PAN por el estado de Querétaro.
El 24 de abril de 2008, en la presentación del libro Memorias de la fundación, crecimiento y consolidación del PAN en Querétaro, que consigna la trayectoria de su padre como “uno de los pilares más sobresalientes del PAN”, Fernández de Cevallos intervino:
La política, dijo, “se ha convertido en una pelea interminable de ambiciones, de apetitos, de pasiones, de mentiras, de traiciones, de agresiones, de descalificaciones y de injurias, porque la gran mayoría de los que trabajamos en la política, a la hora de la verdad no venimos a dar. Hay que repetirlo aunque nos canse y aunque nos duela”.
Años antes de que llegara a ser, en 1994, candidato a la Presidencia –declinó en la contienda, lo que permitió al priista Ernesto Zedillo ganar la elección–, su influyentismo ya se dejaba sentir en las esferas políticas locales.
Se le menciona, por ejemplo, como orquestador del triunfo de su primo Manuel Cevallos como alcalde de la capital de Querétaro en 1988. Tres años después participó en la primera concertacesión, por medio de la cual el PAN entró a gobernar el municipio queretano de San Juan del Río.
Sin embargo, su carrera política la inició en la Ciudad de México, donde fue diputado suplente en varias ocasiones a partir de 1967. En 1991 encabezó la bancada panista durante el trienio de la LV Legislatura. Sus pares de San Lázaro le pusieron el mote de El Jefe.
Encarrilado en la política nacional, no descuidó su feudo queretano, en el cual llegó a jactarse de su amistad con oponentes políticos como Enrique Burgos García, el último gobernador priista.
El año pasado fue Diego quien evitó el cisma del PAN en las elecciones locales al frenar a su correligionario Armando Rivera, quien pretendía pasarse a las filas del PRI para competir por la alcaldía de la capital de Querétaro.
El exsenador llevó a Rivera a la Secretaría de Gobernación y ante Fernando Gómez Mont lo doblegó. Con ello evitó que el PRI arrebatara la capital a los panistas. Superadas las diferencias, en octubre Diego acudió a la toma de posesión del alcalde panista de la capital, Francisco Domínguez.
Burgos García ha estado cerca del exsenador panista, sobre todo desde el año pasado, a raíz de la muerte de Rodrigo Fernández de Cevallos, hermano de Diego. Y cuando fallecieron otros dos hermanos de su amigo –Hernán y Álvaro– el 25 de enero y el 12 de febrero de 2010, respectivamente, el priista estuvo al lado de la familia Fernández de Cevallos.
Otro amigo entrañable de Diego es su correligionario Ignacio Loyola Vera, quien lo provee de la maquinaria agrícola que necesita para las faenas en sus ranchos.
Millonarios litigios con el poder del poder
Carlos Salinas de Gortari y Diego Fernández de Cevallos
Carlos Acosta Córdova
Aun cuando el secuestro con fines de obtener un jugoso rescate era, hasta el cierre de esta edición, sólo una sospecha en el caso de la desaparición de Diego Fernández de Cevallos, nadie duda de que el polémico abogado y exlegislador panista es un apetecible bocado para la delincuencia organizada, toda vez que ha acumulado una cuantiosa riqueza a partir de sus resonantes triunfos como litigante a favor de grandes intereses económicos, aun en detrimento del erario.
Además de su cercanía con el poder político y los favores hechos a los gobiernos priistas –particularmente al de Carlos Salinas, por quien operó entre el panismo para que se aprobaran la reprivatización bancaria, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y las reformas constitucionales en materia eclesiástica, entre otras; mientras que a Ernesto Zedillo le ayudó para que el PAN avalara el rescate bancario–, es sabido que el llamado Jefe Diego usó y abusó del poder y las influencias que le daban su condición de diputado y senador para salir airoso en procesos judiciales en los que defendió a grandes consorcios y a familias acaudaladas.
Uno de los casos más sonados y escandalosos por su monto fue el de la empresa Jugos del Valle, que desde 1996 –en el gobierno de Zedillo– había solicitado una jugosa devolución de impuestos. Ninguno de los varios bufetes de abogados contratados por la empresa pudo hacer nada durante ese sexenio.
Pero apenas se le encomendó el caso al despacho de Diego –del que han sido prominentes miembros Fernando Gómez Mont, hoy secretario de Gobernación; Arturo Chávez Chávez, actual titular de la PGR, y Antonio Lozano Gracia, quien todavía es parte del despacho y fue procurador general de la República en el gobierno de Zedillo–, sólo pasaron dos meses del inicio de la administración de Vicente Fox para que el panista queretano se alzara con un sonado triunfo.
Ya desde 1999 la Suprema Corte de Justicia había resuelto que el artículo 2-A de la Ley del IVA era inconstitucional, toda vez que hacía distinciones y discriminaciones entre alimentos semejantes, es decir, otras bebidas no pagaban este impuesto. El hecho es que, a pocos meses de que el despacho de Diego Fernández de Cevallos tomó el asunto, Jugos del Valle recuperó cerca de mil 800 millones de pesos. Por devolución de IVA, supuestamente mal retenido por Hacienda, fueron mil 540 millones, más otros 260 millones por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Por ese litigio, Diego pudo llevarse entre 30% y 50% –según abogados consultados– de lo que la Secretaría de Hacienda reintegró a Jugos del Valle, en varias entregas pero a precios actualizados y con intereses sobre lo reclamado desde 1996.
Año y medio después, el hoy desaparecido político panista se anotó otro triunfo. Tomó el caso de los herederos de Gabriel Ramos Millán, quienes exigían a la Secretaría de la Reforma Agraria una indemnización por un predio de 33 hectáreas, en Santa Úrsula Coapa, que les fue expropiado en 1984.
Ya en 1997 los Ramos Millán se habían beneficiado de otra resolución judicial por un caso similar en una zona cercana. El entonces Departamento del Distrito Federal les pagó como indemnización de un predio expropiado de 25 hectáreas poco más de 11.1 millones de pesos.
Pero por el de Santa Úrsula, asumido por el despacho de Diego –en ese entonces presidente de la Mesa Directiva del Senado–, los Ramos Millán recibieron alrededor de cien veces más de dinero. El juicio ganado a la SRA implicó que los Ramos Millán obtuvieran, un año después, mil 214 millones de pesos –y Diego, su jugoso porcentaje de comisión–, cantidad que era muy superior, inclusive, al propio presupuesto de la SRA.
La defensa legal que Diego hizo de la familia Ramos Millán –con el exorbitante pago que éstos recibieron– implicó que se enfrentara a su propio partido, particularmente con los senadores panistas. Y el resto de los partidos representados en el Congreso también se le fueron encima.
En julio de 2002 –cuando ya Diego y los Ramos Millán habían ganado el juicio a la SRA, pero todavía no se les pagaba–, el entonces diputado Felipe Calderón dijo que “el Estado no tiene dinero, y si lo tuviera, primero debe destinarse a resolver los problemas de miseria que hay en el país”.
También: “No tenemos dinero para todas las obligaciones del Estado, y el poco que hay tendrá que ser jerarquizado de acuerdo no sólo con criterios jurídicos o políticos, sino éticos”.
El perredista Alejandro Sánchez Camacho, entonces diputado local, acusó: “Legisladores como Diego Fernández de Cevallos, Fauzi Hamdan, y exfuncionarios de Acción Nacional, como Antonio Lozano Gracia, sólo utilizan su posición y la información privilegiada que ésta les permite para ganar importantes litigios contra dependencias gubernamentales, que representan pérdidas millonarias al erario”.
Fue tal el encono que suscitó Diego con ese triunfo legal contra el propio gobierno –primero de extracción panista– que senadores de su partido, encabezados por Luisa María Calderón Hinojosa, hermana del hoy presidente de la República, presentaron en agosto de 2003 una iniciativa de reforma al artículo 62 constitucional para prohibir a diputados y senadores fungir simultáneamente como legisladores y abogados litigantes activos, y para, en general, “acotar la tentación de abusar de su posición de poder para sacar ganancias personales”, según se leía en la argumentación de dicha iniciativa.
La exposición de motivos de ésta señalaba que ni diputados ni senadores podrán desempeñarse “como abogados, apoderados, representantes o asesores de particulares en negocios o asuntos judiciales, por sí o por interpósita persona”.
Y si algún legislador –decía el texto– está interesado en litigar, podrá hacerlo, pero tendrá que pedir licencia al Congreso, ya que deberá dejar sus funciones legislativas mientras dure su nueva ocupación.
El asunto no pasó a mayores. El Jefe Diego se impuso. La iniciativa no logró el consenso y se envió a la congeladora. Los priistas fueron quienes más pugnaron por que no prosperara. El argumento: A nadie se le puede prohibir el derecho constitucional de desempeñar sus actividades profesionales.
Otros clientes
Otros grandes empresarios se han beneficiado de los exitosos servicios legales de Diego Fernández de Cevallos. Es el caso de las familias Autrey Maza y Ancira Elizondo, propietarios de Altos Hornos de México. Aun cuando ésta se encuentra en suspensión de pagos desde hace 10 años –no cubre a sus acreedores una deuda cercana a los 2 mil millones de dólares–, logró, gracias a los oficios del despacho de Diego, que una de sus subsidiarias –la fórmula que emplea para seguir operando a pesar de encontrarse en suspensión de pagos– pudiera vender carbón a la Comisión Federal de Electricidad, bajo un contrato de 2 mil 400 millones de dólares.
Los bancos están igualmente dentro de la gran clientela del también excandidato presidencial panista –compitió con el priista Ernesto Zedillo y el perredista Cuauhtémoc Cárdenas en la elección de 1994–. En 2001 Diego logró que el entonces banco Bital, que se había fusionado al Banco del Atlántico, no pagara a Celia Reyes, michoacana de 83 años, los más de 45 mil millones de dólares que reclamaba por un depósito que había hecho en 1988, en el Atlántico, de 59 millones de viejos pesos. Dinero que nunca tocó, que se fue renovando automáticamente en plazos de 30 días y tasas de interés que a veces superaban el 100%. Ni un quinto de lo reclamado recibió la demandante.
Más recientemente, en agosto del año pasado, el despacho de Diego Fernández de Cevallos –cuando aún se encontraba en él Arturo Chávez Chávez, ahora procurador general de la República– obtuvo un amparo en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), lo que implicaría la paralización de labores del puerto de Altamira, Tamaulipas, o el desembolso de más de mil 500 millones de pesos del erario.
Resulta que dos grupos de ejidatarios de la localidad iniciaron en junio de 2007 la impugnación del decreto presidencial que expropió –a principios de los años ochenta– los terrenos donde se ubica la terminal marítima. Diego y su equipo consiguieron un amparo porque en el texto del decreto no se justificó la utilidad pública del puerto para la expropiación, y no porque los ejidatarios no hayan recibido el pago por sus tierras o no se les haya dotado de nuevos predios.
Diego y sus socios ganaron en esa instancia el juicio –el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Civil de Tamaulipas otorgó el amparo–, pero falta la sentencia definitiva.
En su momento, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas –militante del mismo partido que Diego– aseguró que el gobierno federal no está dispuesto a que se pague dos veces por los terrenos expropiados donde se construyó el puerto industrial de Altamira, el tercero en importancia del país.
Aseguró que la dependencia tomará todas las acciones de tipo jurídico para evitar que bajo el abuso de deficiencias técnicas en este y otros casos que hay en tribunales “se pretenda obtener ganancias incorrectas”.
“No estamos dispuestos a pagar mil 500 millones de pesos ni otra cantidad por un predio que ya se pagó a los ejidatarios”, dijo Molinar.
Y esos son, apenas, algunos de los numerosos y polémicos casos ganados por Diego Fernández de Cevallos, quien hoy, desaparecido, se halla en una encrucijada. l
La educación autoritaria
Felipe Calderón, titular del Ejecutivo.MÉXICO, D.F., 28 de mayo.- Sin parar, el gobierno federal entiende de la aplicación de una sola política de Estado por encima de cualquier acontecimiento o asunto, por grave o relevante que éste pueda llegar a ser. Es la clara “percepción” de la existencia de un gobierno monotemático.
Esta unidimensional política se concentra en la justificación del uso de la violencia para enfrentar a la violencia. Y de allí no salen, a pesar de que desde distintas visiones, y aun desde insistentes propuestas, se ha convocado a redefinir esta política ciega para enfrentar mejor los grandes y agudos problemas de educación, salud, trabajo, crisis económica y pobreza que, de atacarse en serio, podrían generar mejores condiciones para hacer frente al crimen organizado. Lo mismo hicieron el gobierno de Uribe en Colombia, el de George W. Bush en Afganistán, y el de su padre George H. W. Bush en Irak, para meter a sus países en guerras sin salida con altos costos para la población civil.
Este discurso único se expresa, por supuesto, en las acciones de las estructuras del gobierno y de las secretarías que se encargan de aplicar programas y recursos. Por ejemplo, también en la educación todo se organiza para ser monotemático y estándar. Los aprendizajes, los nuevos conocimientos, la ciencia y la tecnología deben estar por atrás del crecimiento presupuestal a favor del aparato policiaco y militar. Asimismo, el tema de la violencia ya es la prioridad de la política educativa, con todo y que esto se exprese de manera enredada con un discurso que da cuenta de los nuevos términos para atender el problema educativo, como el de “daños colaterales” o “bajas civiles”, con los que se han buscado tapar los excesos militares y policiacos en los casos de los jóvenes muertos del Tecnológico de Monterrey, de los de Ciudad Juárez, del estudiante de la UNAM, de los niños de la guardería ABC, o en el contexto cada vez más deprimente que se cierne sobre las escuelas y universidades.
La violencia hacia y dentro de las escuelas también se expresa en las formas impositivas y autoritarias que pesan sobre la educación y la labor docente, y quizás éstas lleguen a tener mayores consecuencias en el mediano plazo. Durante los años que lleva este gobierno, lo que se ha promovido es la más aberrante confabulación de intereses particulares por encima del bien social de la educación, a través de la cual se impulsan políticas de carácter conservador y pruebas estándares que obligan a estudiantes y maestros a memorizar respuestas sólo para pasar exámenes y no para saber o para mejorar sus conocimientos.
La imposición de tendencias homogeneizantes en la educación evita la diversidad; también entorpece las prácticas democráticas y la posibilidad de impulsar una reforma educativa que evite profundizar la segregación de poblaciones enteras, como está ocurriendo ahora. En lugar de que la escuela pueda ser considerada como un espacio abierto al conocimiento, el autoritarismo está conduciendo a la estandarización cultural y a la extensión de la ignorancia. Se ha llegado al límite de la educación más tradicional, en la que alumnos y los maestros se organizan para pasar exámenes y no para aprender, en gastar recursos para dotar de tecnologías a las escuelas, cuando no se ha alcanzado la justicia distributiva y el acceso universal en todos los niveles educativos, en uniformizar al alumno para que adquiera determinadas competencias que se pretenden adecuadas a un mercado laboral marginal, y para que los alumnos aprendan a repetir una enseñanza obsoleta.
La calamidad es que con eso sólo se desvía la solución de los grandes problemas de la educación y del país, bajo la lógica de un pensamiento único tropicalizado que busca enraizarse y legitimarse.
La noche de gala de Slim y Maciel
En esos años, y pese a las crecientes denuncias de actos de pederastia cometidos por Maciel, Slim, entre otros multimillonarios, se dejó empapar de las adulaciones religiosas con fines altruistas.
En el Gran Salón del Hotel Plaza de la Quinta Avenida se colocaron 50 mesas para un grupo de 500 millonarios y empresarios, quienes, junto con el líder de los Legionarios, se unieron para rendir tributo a las buenas obras de Slim en favor de la fundación Mano Amiga, encabezada y creada por Maciel, de acuerdo con documentos a los que este semanario tuvo acceso y que permiten recrear parte de lo que ocurrió esa noche en Nueva York.
Convocados por el Fondo Mundial de Educación y Desarrollo (World Education and Development Fund, WEDF), los multimillonarios y empresarios de México y Estados Unidos se dieron cita para “honrar a Carlos Slim Helú, presidente de Teléfonos de México, S.A. de C.V.”.
De acuerdo con el recuento que proporcionó a este semanario uno de los asistentes, la presencia de Maciel resultó algo inesperado para muchos.
“La sorpresa era que el padre Maciel fue quien le dio el reconocimiento a Carlos Slim”, relata el asistente a esa cena, quien habla a condición de que no se revele su identidad.
Luanne Zurlo, directora ejecutiva del WEDF y organizadora de la cena, sostiene que el acto tenía como único fin recolectar dinero para financiar la educación de niños pobres en América Latina.
“El evento no tenía nada que ver con el padre Maciel”, aclara Zurlo en entrevista telefónica con Proceso. “Nosotros (el WEDF) queríamos que Carlos Slim estuviera en la cena porque es una figura muy conocida y podría atraer a personas que donaran fondos para nuestros propósitos. Pero yo no lo conocía a él, lo invitamos por medio del padre Luis Garza Medina”.
–¿Cómo fue que apareció Maciel en la cena, quién lo invitó?
–Fue a través de la invitación que le hizo el padre Garza Medina a Carlos Slim, porque, al parecer, Maciel conocía muy bien a Slim y fue así que llegó como invitado –responde.
–Pero si no fue invitado por ustedes, ¿cómo el padre Maciel le dio el reconocimiento a Slim? –se le insiste.
–Sí. Él le dio el reconocimiento y fue el encargado de presentar a Slim en la cena; ya le expliqué por medio de quién fue invitado Maciel.
El dinero recolectado esa noche –de acuerdo con la directora ejecutiva del WEDF fueron aproximadamente 800 mil dólares– muestra el poder e influencia que tiene sobre empresarios y millonarios el dueño de Telmex; pero también, que las denuncias de pederastia, que en esos años ya pesaban sobre Maciel y algunos sacerdotes de los Legionarios de Cristo, no hacían mella en los corazones altruistas y piadosos, como el de Slim.
Zurlo explica que ella y algunos integrantes de la mesa directiva del WEDF se enteraron, tres semanas antes de la cena, de las denuncias de pederastia contra Maciel y los Legionarios. “Fue por medio de un artículo que publicó la prensa”, comenta.
–¿Por qué no hicieron nada para “desinvitar” a Maciel cuando se enteraron de las denuncias?
–No podíamos hacer nada. Las denuncias las conocimos por la prensa.
Los dueños del dinero
Por su poder económico e influencia política, el grupo de los 500 invitados que se reunieron esa noche de 2004 pudo haber sido calificado como el dueño de medio planeta. La lista de invitados –este semanario tiene copia– la encabezó Sanford I. Weill, presidente de Citigroup, a quien, por cierto, le tocó pronunciar el discurso previo a la entrega del reconocimiento.
El apartado de “líderes de la cena”, como señala la invitación, lo formaban Louis C. Camilleri, presidente de Altria Group; Gustavo A. Cisneros, copresidente de America Online Latin America; Theodore J. Forstmann, socio mayoritario de la compañía Forstmann Little; (el ahora fallecido) Jack Kemp, exsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos; Claudio X. González Laporte, presidente de Kimberly-Clark de México; Brad Martin, presidente de Saks Incorporated; Dionisio Garza Medina, presidente de Alfa; Renata Camargo Nascimento y Luiz Nascimento; Jaime Chico Pardo, vicepresidente de Telmex; Henry Paulson, entonces presidente de Goldman Sachs y más tarde secretario del Tesoro de Estados Unidos en la presidencia de George W. Bush; Sanford Weill, presidente de Citigroup; y Edward E. Whitacre Jr., presidente de SBC Communications.
Entre los personajes del mundo empresarial y político de México que destacaron esa noche en la gala se encontraban Pablo Garza, Juan Pablo Lankenau, René y Jimena Lankenau, Carlos Bremer, Francisco Garza Zambrano, José Kuri Harfush, Javier Larraza, Alfonso de Angoitia, Arturo Sarukhán (entonces cónsul en Nueva York), María Asunción Aramburuzabala, Alejandro Soberón, Mario Epelbaum, Luis Carrillo, Arturo Elías (ya fallecido), Johanna Slim de Elías, Vanesa Slim de Hajj, Daniel Hajj, Fernando Romero, Soumaya Slim de Romero, Carlos Slim Domit, Patrick Slim Domit, Alfonso Salem, Christian de Salem, Marco Antonio Slim Domit, Julián Slim Helú, Roberto Slim Seade, Magdalena de Slim y Ximena Serrano de Slim, entre otros.
La invitación distingue otros tres grupos. El de “patrocinadores” lo formaban CompUSA (desaparecida), Credit Suisse First Boston, Discovery Funds, Goldman Sachs and Co., Grupo Santander, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Orlando Muyshondt y Charlotte and Eugene Zurlo.
El clan de “donantes-patrocinadores” lo componían: Anheuser-Busch Companies; Bear, Stearns and Company; Mary Bourque and Donny Bovers; Capital Group; Cingular Wireless (desaparecida); Cleary, Gottlieb, Steen and Hamilton; Coca-Cola Company, Kimberly-Clark de México; Merrill Lynch; Edmond J. Safra; Saks Incorporated; Telcordia Technologies y Wachovia Securities.
El último bloque, el de “amigos”, era: Bloomberg, Citigroup Global Markets; James J. Cramer; Cravath, Swaine & Moore LLP; HBO Latin America Group; ING Financial Markets; Kerry; Merill Lynch Latin America; Equity Sales; Carien and Wiet Pot y UBS.
Encima de cada una de las sillas la organización dirigida por Zurlo puso un sobre –para la donación– con dos folletos: uno en inglés (“un regalo de esperanza”) y otro en español (Plan Padrino de la organización Mano Amiga).
El folleto en español tiene la leyenda “Apadrina un niño. Dale una mano hoy al hombre del mañana”. Además, junto a la foto de un menor, tiene impresa una frase atribuida a Maciel, con el objeto de ablandar los bolsillos de los millonarios: “Brindar educación a un niño es arrancarlo de esa forma del subdesarrollo que es la ignorancia. La educación es el mayor regalo que podemos hacerle; es lo que, andando el tiempo, ellos apreciarán más”.
El volante también explica: “Fundada por los padres Legionarios de Cristo, Mano Amiga es una asociación civil sin fines de lucro, cuyo objetivo primordial es ofrecer educación integral de calidad para niños y jóvenes de escasos recursos”.
El folleto en inglés ofrecía un menú para que los asistentes eligieran qué tipo de donación querían hacer. Las opciones eran: donar 25 mil dólares para construir un salón de clases, 5 mil para cubrir el salario de un maestro, mil 200 para becar a dos estudiantes, 600 para becar a uno, 50 para el financiamiento de la educación de un estudiante o 25 dólares para la compra de útiles escolares.
La forma de pago era opcional: cheque o tarjeta Visa o MasterCard.
“El gancho para que la gente donara esa noche fue la sorpresa de que Maciel sería la persona que entregaría el reconocimiento a Slim. Funcionó. Se juntó bastante dinero en la cena”, subraya la fuente de este semanario.
En la mesa de honor se sentaron Carlos Slim Helú, Marcial Maciel, Dionisio Garza Medina y su esposa, Gustavo y Patricia Cisneros, Luis Camargo Nascimento y su esposa, Brad Martin, Joan y Sandy Weill, Luanne Zurlo y Lenise y Randall Stevenson.
“Del dinero que se recolectó, nosotros dimos parte a cinco escuelas de Mano Amiga en México y otras más en Perú y Brasil”, dice Zurlo.
–Mano Amiga fue creada por Maciel, ¿cómo afirma que no conocían a ese sacerdote? –se le insiste.
–Nosotros damos directamente dinero a la junta local de directores de escuelas de Mano Amiga. Nunca dimos ni destinamos dinero directamente a Maciel –aclara la directora del WEDF.
El jueves 13 de mayo, el diario estadunidense The New York Times publicó el artículo “El legado de un sacerdote sobrevive y divide en México”, en el que los autores, Elisabeth Malkin y Marc Lacey, destacan que la relación entre Maciel y Slim data de hace décadas y que, por encima del escándalo de pederastia que pesa sobre el prelado fallecido en 2008 y los Legionarios de Cristo, el dueño de Telmex seguirá aportando dinero a las instituciones creadas por éstos.
“Arturo Elías Ayub, yerno y portavoz de Slim, dijo que el dueño de Telmex ha donado un buen monto de dinero a la red de universidades para pobres de los Legionarios y planea continuar haciéndolo (porque) nos gusta la manera en que educan los Legionarios.”
El artículo del New York Times, diario del cual Slim también es inversionista, acota que en 2004 fue la última vez que ambos aparecieron juntos públicamente, “mucho después de que surgieran las acusaciones (de pederastia)”.
México: Suspenden huelga de hambre los presos de conciencia de koben
Red Nacional de Resistencia Civil a las Altas Tarifas de Energía Eléctrica Para Kaos en la Red
A los medios de comunicación
A las organizaciones defensoras de derechos humanos
A las organizaciones sociales
A la sociedad mexicana
Tras cumplir 14 días en huelga de hambre, los presos de conciencia Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez y Guadalupe Borjas Contreras, decidieron “suspender” la huelga de hambre que habían iniciado el pasado 14 de mayo pasado a petición de sus familiares y del Movimiento de Resistencia Civil contras las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica de Candelaria.
El martes 25 de mayo se realizaron una serie de acciones de diversa índole para exigir a las autoridades federales que actuaran de inmediato para resolver la situación jurídica de los 3 presos encarcelados injustamente desde el 10 de julio de 2009.
Como parte de esas acciones Amnistía Internacional emitió un llamado urgente al “gobierno de México” para que se dé cumplimiento al Amparo concedido en el mes de enero por el Tribunal Unitario de Circuito de Mérida en favor de los 3 inculpados en donde se reconoce jurídicamente que no existen elementos para justificar el auto de formal prisión que los mantiene encarcelados permitiendo con ello su inmediata liberación.
Paralelamente una comisión de familiares y representantes de la Resistencia Civil se entrevistó en la ciudad de Mérida con la magistrada del Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, Luisa García Romero encargada de la revisión del amparo 0031/2010 interpuesto por la PGR, para solicitarle que considerara con especial atención el caso de los presos de conciencia, y que atendiera a los llamamientos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos que sobre este caso se han emitido, para facilitar la conclusión del proceso penal que los mantiene hasta el día de hoy injustamente encarcelados.
Como parte de las acciones realizadas el día 25 de mayo, la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República inició una serie de consultas internas y de revisión de agendas de sus integrantes para realizar una visita de dicha Comisión al penal estatal de San Francisco Koben, para solidarizarse con Sara, Joaquín y Guadalupe y para manifestarles que estarán pendientes del trámite de su proceso penal así como de las otras acusaciones penales que pudieran tener en curso por parte de la Procuraduría General de la República y que se encuentren vinculadas a su trabajo como activistas y defensores de los derechos humanos.
Como resultado de estas acciones, la magistrada Luisa García Romero se “comprometió” a atender este asunto en un plazo no mayor a 15 días, mostrando con ello un gesto de sensibilidad y de atención a los llamamientos internacionales en materia de derechos humanos.
Por todo lo anterior, las familias de los presos, sus hijos, sus hijas, esposas, y los compañeros y compañeras de la Resistencia Civil de Candelaria les solicitaron que levantaran la huelga de hambre, a lo que Sara, Joaquín y Guadalupe accedieron pero sólo aceptaron “suspenderla” en espera de que transcurra el plazo de los 15 días fijado por la Magistrada, esperando que en ese plazo, se pueda resolver no sólo la revisión del amparo sino su situación jurídica completa y puedan obtener su plena libertad, de lo contrario reconsiderarán comenzar de nueva cuenta con este acto extremo de protesta en el que arriesgan no sólo su integridad física sino incluso su vida.
La suspensión de la huelga de hambre a partir del adía de hoy 27 de mayo, sólo representa un paso más en la serie de acciones jurídicas y políticas que se seguirán desarrollando en los próximos días para conseguir la liberación absoluta de los 3 compañer@s presos injustamente, porque los queremos libres pero los queremos bien, seguiremos impulsando otras medidas hasta tenerlos con nosotros y al término del plazo de 15 días, valoraremos que otras medidas tomar si todavía se encuentran privados de su libertad incluyendo el reinicio de la huelga de hambre.
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