Especulan con el patrimonio ARQUEOLOGICO de MEXICO

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Flor Goche

Durante el rectorado de Jorge Carpizo los sueldos vitalicios en la UNAM llegaron a su fin. No obstante, la normatividad universitaria establece que, bajo ciertas circunstancias, los exdirectivos académicos conservarán su remuneración mensual durante los tres años posteriores a la conclusión de su cargo. Así, de 2005 a la fecha, esta casa de estudios ha destinado 10 millones 525 mil 594 pesos a los sueldos de 44 exdirectores y de un exrector: Juan Ramón de la Fuente. Durante los próximos 30 meses, erogará, al menos, otros 2 millones 716 mil 254 pesos en este rubro.

De 2005 a la fecha, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha destinado 10 millones 525 mil 594 pesos en los sueldos que, según la legislación universitaria, debe pagar a sus exrectores y exdirectores durante los tres años posteriores a la conclusión de su cargo. Bajo el mismo concepto, esta casa de estudios erogará, hasta junio de 2014, al menos otros 2 millones 716 mil 245 pesos.

Son 45 los exfuncionarios beneficiados con dinero público: 44 exdirectores de institutos, escuelas y facultades; y un exrector. Juntos, representan un gasto de 13 millones 241 mil 839 pesos en un lapso de nueve años.

La Dirección General de Personal proporcionó esta información en respuesta a las solicitudes presentadas por Contralínea a través del Portal de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la UNAM; omitió los nombres de los beneficiarios. La Unidad de Enlace, a cargo de Óscar Barreiro Perera, se justificó: “El artículo 9 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para la UNAM, establece: ‘La Universidad, a través de la Unidades Universitarias, sólo podrá divulgar, transmitir o hacer públicos los datos personales y la información confidencial del interesado mediante su consentimiento por escrito o por disposición legal…’”.

No obstante, de los datos obtenidos por Contralínea se desprende la identidad de estos exdirectivos: Tila María Pérez Ortiz, Guillermo Monsiváis Galindo, Gloria Soberón Chávez, Gustavo Tolson Jones, Wolf Luis Mochán Backal, María de Lourdes Sánchez Obregón, Rito Terán Olguin, Ignacio Salazar, José de Jesús Franco López, Roberto Escalante Semerena, Jorge Basave Kunhardt, Ramón Peralta y Fabi, Arturo Pascual Soto, Lucy María Reidl Martínez, Mercedes de la Garza Camino, Jesús Adolfo García-Sáinz, Victoria Antonieta Martín Granados, Ambrosio Velasco Gómez, Hermelinda Osorio Carranza, Vicente Quirarte Castañeda, Luis Enrique Sansores Cuevas, Fernando Pérez Correa, Adrián Guillermo Aguilar Martínez, Carlos Arteaga Basurto, Julio Vigueras Álvarez, Fernando Serrano Migallón, Héctor Takeshi Arita Watanabe, Juan Ramón de la Fuente Ramírez, Adolfo Gracia Gasca, Juan Pedro Laclette San Román, Arturo Menchaca Rocha, María Teresa Uriarte Castañeda, José de Jesús Bazán Levy, Luz del Carmen Vilchis Esquivel, José Antonio Stephan de la Peña Mena, Diego Valadés Ríos, Héctor Enrique Herrera León y Vélez, René Millán Valenzuela, Virginia Guedea Rincón Gallardo, Santiago Capella Vizcaíno, Juan Antonio Montaraz Crespo, Arturo Díaz Alonso, Francisco Xavier Soberón Mainero, Jaime Urrutia Fucugauchi y Luis Alberto Zarco Quintero.

Destaca Juan Ramón de la Fuente, rector durante el periodo 1999-2007. El médico siquiatra recibió 1 millón 233 mil 600 pesos, de 2007 a 2010. Entonces, su sueldo mensual de exdirectivo funcionario académico fue de 34 mil 267 pesos; 151 por ciento mayor al de los académicos mejor pagados de la institución. De acuerdo con el Contrato Colectivo de Trabajo 2001-2013, se trata de los profesores ordinarios de carrera, titulares, de nivel C y tiempo completo, cuya remuneración mensual es de 22 mil 692 pesos.

También Gustavo Tolson Jones; María Teresa Uriarte Castañeda, del Instituto de Investigaciones Estéticas; Tila María Pérez Ortiz, del Instituto de Biología; Wolf Luis Mochán Backal, del Instituto de Ciencias Físicas; Adolfo Gracia Gasca, del Instituto del Ciencias del Mar y Limnología; Guillermo Monsiváis Galindo, del Instituto de Física; Vicente Quirarte Castañeda, del Instituto de Investigaciones Bibliográficas; Lucy María Reidl Martínez, de la Facultad de Sicología; y María de Lourdes Sánchez Obregón, de la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria. De 2005 a 2014, la UNAM habrá destinado en promedio 340 mil 532 pesos para compensar a cada uno de estos nueve universitarios, posterior a su gestión directiva.

En el artículo 59 del Estatuto del Personal Académico está el sustento legal de dichos sueldos: “Los profesores e investigadores de carrera designados por la Junta de Gobierno para el desempeño de un cargo directivo de funcionario académico conservarán como remuneración mensual, cuando dejen dicho cargo directivo, la establecida en el tabulador vigente a la fecha de su separación durante los tres años inmediatos posteriores a la fecha en que termine el mencionado cargo, además de la correspondiente a su categoría y nivel académico, siempre que sigan formando parte del personal académico de carrera de tiempo completo en forma ininterrumpida, y estén en alguno de los siguientes supuestos: 1. Tener más de 20 años de antigüedad académica al servicio de la UNAM y haber permanecido cuando menos dos años en el cargo directivo de funcionario académico; 2. Haber desempeñado sin interrupción durante cuatro años el cargo directivo de que se trate”.

El fin de los sueldos vitalicios

En el contexto del 75 aniversario de la UNAM, con Jorge Carpizo Mc Gregor como rector, los sueldos vitalicios de exrectores y exdirectores fueron abolidos. Así, desde 1986 se cancelaron las remuneraciones de por vida en la Universidad, a diferencia del Instituto Politécnico Nacional (IPN), donde los exdirectivos sí cobran mensualmente más de 95 mil pesos de manera vitalicia (Contralínea, 254 http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/10/09/9-exdirectores-del-politecnico-cobran-mas-de-10-mdp-al-ano/).

Los sueldos vitalicios en la UNAM se habían iniciado en la década de 1960, durante la gestión de Ignacio Chávez Sánchez, con el propósito formal de evitar que, al término de su periodo, los directores y rectores que adquirían experiencia y capacidad en sus puestos fueran cooptados por el gobierno o la iniciativa privada.

En cumplimento del acuerdo tomado por el Consejo Universitario en su sesión de noviembre de 1985, la modificación al artículo 59 del Estatuto del Personal Académico fue publicada en la Gaceta UNAM, el 6 de enero de 1986, y signada por José Narro Robles, entonces secretario general y actual rector universitario.

Como lo documentó Proceso (edición 469), en aquel momento, en que se destinaban 1 millón 800 mil pesos mensuales en sueldos vitalicios, la opinión de la mayoría apuntaba incluso a la derogación del artículo 59 del Estatuto del Personal Académico. “No se debe retener al personal con criterios mercantilistas; el ser director no es garantía de ser un excelente académico; no es justo que se pague un sueldo que no se trabaja; se crea una imagen negativa; el espíritu inicial del sueldo ‘posgestión’ se ha perdido”, fueron los principales argumentos.

María Esther Ibarra, la reportera, también recogió las voces contrarias: “Es tan insignificante lo que se percibe que no sé cuál es la intención de la propuesta; puede fastidiar a muchos que estamos trabajando; es ridículo lo que se percibe, pero es un ‘pedacito del sueldo’; no se debe derogar, es un pago simbólico por años de trabajo y dedicación; las críticas de la prensa han presionado; no se sangra la economía de la UNAM; deben de pagarse los salarios hasta dos o tres años después de que se dejó el cargo”.

Finalmente, una postura intermedia se impuso: “Que se renueven durante dos o tres años, ‘pues en ese lapso un director puede reincorporarse a tareas docentes’”. Agustín Valera y Luis F Rodríguez, entonces directores de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán (ahora Facultad de Estudios Superiores) y del Instituto de Astronomía, respectivamente, explicaron: “Un director tiene que enfrentar muchos problemas de tipo político, tiene que hacer frente a muchos asuntos burocráticos y no le queda tiempo para la docencia o la investigación. De hecho, un director está burocratizado y rezagado en lo académico. Así, es muy difícil reincorporarse al campo de la academia o a otras tareas que le permiten nivelar sus ingresos”.

Cuestionado respecto de las remuneraciones que a la fecha conservan los exdirectores y exrectores de la UNAM, el senador Francisco Javier Castellón Fonseca considera que académicamente pueden ser sostenibles, como una medida para “resarcir en términos fiscales lo que se dejó de hacer en la academia para dedicarse a la administración”; aunque financieramente suelen representar una “carga”, sobre todo para las universidades públicas pequeñas.

Aclara, también, que dicha prerrogativa no es exclusiva de la UNAM o del Instituto Politécnico Nacional: “Se trata de una costumbre administrativa que se deriva de la práctica de otorgar pensiones vitalicias a expresidentes”.

Castellón, quien se desempeñara como rector de la Universidad Autónoma de Nayarit de 1998 a 2004, recuerda lo que sucedió en esa casa de estudios durante la gestión que le sucedió. Por problemas de financiamiento, los sueldos que conservaban los exdirectivos funcionarios académicos con más de 20 años de antigüedad, y que siguieran desempeñando labores académicas para esta institución, desaparecieron.

Al representante del Partido de la Revolución Democrática le resulta difícil afirmar “si es malo o bueno” el conservar tal beneficio. Invita, más bien, a analizar a detalle el tema. Por un lado indica que no hay que perder de vista las deterioradas condiciones de jubilación de muchos profesores universitarios; por el otro, que prefiere que se les siga pagando a los exdirectivos antes que a “porros o guardias armados”. Al fin y al cabo, “no se trata de gente con honorabilidad dudosa”; “de un uso mafioso o indebido de los recursos”.

Para la realización de este trabajo se solicitó entrevista con José Narro Robles, rector de la UNAM. La gestión se realizó a través de María Guadalupe Díaz Silva, directora de Enlace y Relaciones Públicas. Hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.

Fuente. Revista Contralínea 267 / 15 enero de 2012

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En defensa de Wirikuta

INAH traslada 900 MDP a fideicomiso irregular

Aunque la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto por 300 millones de pesos anuales para la adquisición de tierras en zonas arqueológicas y la protección del patrimonio del país en caso de riesgo o desastre, el INAH transfiere los recursos a un fideicomiso que no se audita. Es “normal”, dice el vocero de la institución, Julio Castrejón. Rechaza que el traslado de 900 millones constituya un delito y asegura que el dinero se utiliza en la preservación de los recintos culturales. Sin embargo, la Auditoría Superior y especialistas señalan que el probable fraude deja en vilo el patrimonio arqueológico del paí.

Elva Mendoza

El patrimonio histórico, cultural, artístico y fósil del país, que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) resguarda, se encuentra en “grave riesgo”, refieren Felipe Echenique, secretario general del Sindicato Nacional de Académicos del INAH; Cuauhtémoc Velasco, doctor en historia e investigador del Instituto, y Sergio Gómez, arqueólogo del INAH.

Desde 2009, la institución encargada de proteger, conservar y difundir el patrimonio nacional transfiere al Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del Patrimonio Cultural, Antropológico, Arqueológico e Histórico de México 300 millones de pesos anuales etiquetados por la Cámara de Diputados para la creación de un fondo arqueológico cuyo objetivo era la compra de tierras y la protección del patrimonio en caso de riesgo o desastre.

La finalidad, a decir de los diputados, era enfrentar la problemática de la tenencia de las tierras donde hay vestigios arqueológicos. El Fondo Arqueológico, en voz del exdiputado José Alfonso Suárez del Real, se gestó a partir de la inquietud de resolver el conflicto en Chichén Itzá, Yucatán. “Un caso paradigmático donde una zona arqueológica que es patrimonio de la nación y de la humanidad está en los terrenos de un particular”.

Y, por otro lado, la caída (por una tromba) de la techumbre de los frescos de Cacaxtla, en la zona arqueológica de Tlaxcala. Según el exlegislador, no había recursos disponibles para hacer frente a la situación y se partió del principio de generar un fondo que pudiera reaccionar de manera inmediata en caso de urgencias derivadas de eventos climatológicos o siniestros.

Desde la creación del INAH en 1939, el Instituto sólo ha adquirido 61 predios. La mayor parte de los más de 40 mil sitios arqueológicos en su custodia se encuentran a merced de especuladores inmobiliarios y desarrolladores de espacios turísticos.

Según datos de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, LX Legislatura, únicamente Tula es propiedad de la Federación; los demás sitios presentan diversos regímenes de tenencia de la tierra, ya sea de carácter estatal, municipal, ejidal, comunal o privado.

Aunque los sitios y zonas arqueológicas se encuentran protegidos por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, sin importar el régimen de propiedad donde éstos se encuentren, la falta de conocimiento de la ley y la falta de supervisión en las zonas implican la destrucción, el saqueo de piezas y la comisión de delitos graves del orden federal.

La carencia de recursos para adquirir terrenos privados, de coordinación en los ámbitos municipal, estatal y federal, así como la caótica y conflictiva cuestión agraria son los problemas que enfrenta el INAH en su tarea, argumentaron los diputados ante el pleno de la Cámara para que el Fondo fuera aprobado.

Fondo o Fideicomiso

Luego de que el Instituto rechazara la idea de mantener un fondo arqueológico, porque a decir de su vocero, Julio Castrejón, “no hacía falta”, los sitios con vestigios arqueológicos bajo la custodia del INAH quedaron en el desamparo.

De acuerdo con la versión del Instituto, el Fideicomiso fue instruido por la Cámara de Diputados en 2009. Sin embargo, José Alfonso Suárez del Real, exdiputado perredista y quien fuera miembro de la Comisión de Cultura que aprobó la creación del Fondo Arqueológico por 300 millones de pesos, asegura que al transformar el Fondo en Fideicomiso se violó la ley.

“El INAH violentó la disposición de la soberanía popular. El presupuesto es una ley. En este caso, los señores violaron una ley en la cual el pueblo de México, a través de sus representantes, designó 300 millones de pesos en un fondo que ellos transformaron en fideicomiso y, por ende, opacaron la transparencia y el acceso a la información sobre el presupuesto.”

Julio Castrejón asegura, en entrevista, que la figura jurídica de fondo no existe:

­­­­­­­­­­—¿Cuál es el objeto del Fideicomiso?

—El Fideicomiso fue creado por instrucción de la Cámara de Diputados en 2009

—¿Qué no era el Fondo el que fue instruido por los diputados?

­?­?Es el mismo. La figura jurídica no existe en ningún lado como fondo, todos son fideicomisos. La figura existente es fideicomiso, todos son fideicomisos que operan como fondo. A este Fideicomiso Arqueológico también se le ha llamado “Fondo Arqueológico”.

No obstante, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria contempla la figura jurídica de fondo en el artículo 107 fracción I. Daniel Márquez, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, lo confirma: “Sí existe la figura jurídica de fondo”. El académico señala que los diputados tenían la facultad de decidir si se conformaba una u otra.

Aprobado por la Cámara de Diputados, el Fondo Arqueológico quedó plasmado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2007. “Es una figura jurídica administrativa existente, de otra manera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la hubiera impugnado antes de aprobarla”, rebate Suárez del Real al argumento del INAH.

Daniel Márquez, también especialista en administración pública, concluye que, de acuerdo con el artículo noveno de la misma Ley, los fondos se sujetan a reglas de operación. Los fideicomisos, por otro lado, permiten que se ejerza gasto sin que forme parte del Presupuesto de Egresos de la Federación ni se refleje en la Cuenta Pública.

El Fideicomiso constituido por el Instituto, refiere la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009, es contrario al marco jurídico, puesto que distrae recursos de la Hacienda Pública Federal. Éstos se invierten para que el Instituto pueda utilizarlos mediante un presupuesto paralelo y transfiere al Fideicomiso su responsabilidad de agente ejecutor del gasto.

La ASF dictaminó negativamente ante la creación del Fideicomiso al considerar que el INAH dispuso de recursos destinados al programa PP: E012 Conservación y Mantenimiento de Bienes Patrimonio de la Nación, y los asignó al Fideicomiso, con lo que el Instituto impidió el pleno ejercicio del artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e infringió los artículos 126 constitucional, así como 23 y 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Con esto, el órgano auditor presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por 186 millones 430 mil pesos, debido a que el INAH no los ejerció y no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación.

Además, la ASF recomienda al Órgano Interno de Control en el Instituto que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie procedimiento administrativo por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no reportaron información sobre los egresos.

Al respecto, Julio Castrejón sostiene que el INAH no recibió un dictamen negativo y que las observaciones, a las que califica de “normales”, ya fueron solventadas.

Para Echenique March, el Fideicomiso es ilegal e ilegítimo. El también historiador espera una acción legal contra los funcionarios del INAH. “Si pidieron dinero para comprar las tierras de Chichén Itzá y no las compraron, se cometió un delito”.

Objeto del Fideicomiso

Para el vocero del INAH, Julio Castrejón, el objeto del Fideicomiso es dotar de recursos a proyectos que, por su naturaleza, requieren una multianualidad para financiar proyectos de gran envergadura y la compra de tierras. Las prioridades, dice, son la protección patrimonial, la catalogación, el registro y el resguardo y, asegura, los recursos se han aplicado en eso.

­­Aunque la compra de tierras era prioridad, este año el Comité Técnico del Fideicomiso contempla financiar 25 proyectos, de los cuales apenas dos están enfocados en la adquisición de predios: la compra de 13 parcelas en la parte posterior de la pirámide del Sol en Teotihuacán, Estado de México, y la compra de parcelas en el ejido de Chalcatzingo, Morelos.

Uno de los proyectos prioritarios para el INAH y que recibe financiamiento del Fideicomiso, desde 2009, es el Exconvento de la Merced, en la ciudad de México, donde se prevé, de acuerdo con la Auditoría, la construcción de un edificio con seis niveles que albergará un museo, un restaurante y un bar.

Aunque Castrejón desmiente que en el sitio se abrirá un bar, afirma que el Exconvento es una prioridad para el Instituto y que el restaurante es parte de la experiencia cultural.

De acuerdo con la Auditoría, el INAH carece de mecanismos, políticas o procedimientos para seleccionar los proyectos que se realizan con recursos del Fidecomiso y exhorta al Instituto a emitir manuales para dar cumplimiento al artículo 7, fracción VII, de su Ley Orgánica.

Para el Instituto, la selección se basa en dos principios: el requerimiento de recursos a largo plazo (proyectos multianuales) y según la importancia histórica del proyecto, dice su vocero.

Documenta el informe de la ASF que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en la cuarta sesión ordinaria del 29 de septiembre de 2009, manifestó su inconformidad ante la elección de los proyectos que se financiaban con recursos del Fideicomiso, “ya que la finalidad es impulsar los proyectos con alguna urgencia o problema para ser realizados por el Instituto”, argumento que es apoyado por la Auditoría.

Julio Castrejón, a nombre del INAH, insiste en que el dinero no es para casos de emergencia: “No te serviría porque tenemos pocas emergencias al año”. Asegura que no se han recibido reportes de destrucción. Según el vocero, el INAH tiene asegurado todo el patrimonio cultural de México, además de que se cuenta con “un programa muy exitoso que tiene el Instituto en caso de desastres naturales”: Prevención de Desastres, que, en caso de eventualidades, pide recursos al Fondo Nacional de Desastres Naturales.

Prioridades del INAH

El dinero es utilizado por el Comité Técnico del Fideicomiso para los proyectos que considera “prioritarios”. Aunque el vocero del INAH asegura que los diputados son parte del Comité con voz y voto, de acuerdo con el Informe de la Auditoría éste se conforma por el director del INAH, el secretario Técnico del INAH, el secretario Administrativo del INAH, la coordinadora Nacional de Asuntos Jurídicos del INAH, un representante de la SHCP, un representante de la Secretaría de Desarrollo Social, un representante de la Secretaría de Educación Pública, un representante del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y uno más de la Secretaría de Turismo.

Dicho Comité está facultado, entre otras cosas, para aprobar las políticas de inversión del patrimonio del Fideicomiso y la aplicación de los recursos, e instruir los pagos por la adquisición de bienes, contratación de servicios, obras públicas y servicios.

El Informe de la ASF señala que el INAH no puede transferir, al fideicomiso o a su Comité Técnico, la responsabilidad de ejecutar el gasto para atender las atribuciones que le confiere su Ley Orgánica y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Tanto Cuauhtémoc Velasco, como Felipe Echenique y Sergio Gómez muestran su preocupación por contar a la brevedad con un plan para resolver la tenencia de la tierra y así mantener a salvo el patrimonio cultural del país.

Para ellos, los altos funcionarios del Instituto, “la burocracia”, como le llaman, han abandonado su interés por la investigación y la protección de lo arqueológico e histórico de la sociedad prehispánica, una sociedad que era “mucho más grande de lo que nadie se pudo haber imaginado” y que, ante la falta de interés por preservarla y estudiarla, se ve constantemente amenazada por el crecimiento urbano, el pillaje y la especulación.

“Esta burocracia ha llegado a administrar como mercancía o, en el mejor de los casos, como recurso turístico el patrimonio nacional, la identidad del pueblo mexicano. Lo que está ahí es una fuente de información”, dice Echenique. “Se pone en riesgo la información y la oportunidad de conocernos a nosotros mismos”, continúa Gómez. “En la medida en que la entendamos y conozcamos, tendremos una interpretación distinta del pasado y, por tanto, distintas posibilidades de futuro”, concluye Echenique.

Cuando se le pregunta a Cuauhtémoc Velasco cuáles son los sitios que se encuentran en peores condiciones, responde inmediatamente: “La lista es verdaderamente imposible de hacer; de ésos, hay miles y miles”.

Fuente: Contralínea 234 / 22 de mayo de 2011

Peligro eminente

Con el voto en contra del PT, Convergencia, PVEM y de algunos perredistas, y en medio de protestas de integrantes de Greenpeace que lograron colarse al Salón de Sesiones y exigieron que NO se apruebe la reforma a la Ley General de Turismo porque viola la Constitución, el Senado la aprobó.

MEXICO, D.F., 23 de abril (LA JORNADA).- Con el voto en contra del PT, Convergencia, PVEM y de algunos perredistas, y en medio de protestas de dos integrantes de Greenpeace que lograron colarse al Salón de Sesiones y exigieron que no se aprobara esa reforma por considerar que viola la Constitución, el Senado aprobó la Ley General de Turismo.Los coordinadores de los senadores del PT, Ricardo Monreal, y de Convergencia, Dante Delgado, denunciaron en la tribuna que esa ley es “inconstitucional” además de que contiene disposiciones polémicas y contradictorias. Un ejemplo de ello, expusieron, es el artículo 28 de la iniciativa de Ley, que se contrapone con el artículo 115, fracción V de la Constitución.El senador Monreal expuso en el Pleno que “recibimos inconformidad de antropólogos y personal del INAH sobre el peligro que existe dentro de esta ley. Y preguntó ¿Porqué están tan preocupados los mexicanos y mexicanas que defienden el patrimonio histórico y cultural?, y el mismo respondió: porque la Ley no concede la importancia de conservar los espacios públicos, antropológicos, arqueológicos, históricos y puede iniciarse un aprovechamiento de la actividad privada”.Hay una inconformidad de ese sector importante que defiende el patrimonio cultural porque los sitios arqueológicos se han visto presionados y sujetos como rehenes de ambiciones privadas. “Vemos Teotihuacán, Palenque, Tabasco, todos los sitios los museos arqueológicos están presionados por entes privados que se quieren apoderar de ellos, en detrimento del país, de los mexicanos y de la Nación”.Por el PVEM, el senador Arturo Escobar manifestó “nos extraña que esta iniciativa haya pasado con tal velocidad tanto por las comisiones de Turismo de la Cámara de Diputados y de esta soberanía. Y añadió: “El principal instrumento legislativo con que cuentas el Estado mexicano es el ordenamiento ecológico territorial, no puede existir un eje rector más importante que este, por ello votaremos en contra en lo general y en lo particular”.El perredista José Luis García Zalvidea dijo que su bancada votaría a favor “aunque reconozco en público una deficiencia que tiene esta Ley, que menciona varias veces el tema de patrimonio cultural, pero no incluye una definición específica de lo que se entiende por patrimonio cultural”.El senador de Convergencia, Dante Delgado pidió que esa iniciativa se regresara a comisiones para incorporarle un apartado específico que proteja el patrimonio cultural con base en los acuerdos suscritos por México en la carta Internacional sobre Turismo Cultural, la Carta de Bruselas o la Convención sobre Protección de Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, así como modificar el artículo 28 para que los ordenamientos turísticos locales sean expedidos por los propios municipios y no sólo por los estados, pues es contrapone con el artículo 115 de la Carta Magna.Los integrantes de Greenpeace distribuyeron un comunicado en el que señalan.