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jueves, abril 19, 2012

Pemex encubre pérdida por más de 398 MMDP

Funcionarios de Petróleos Mexicanos alteraron los libros contables de la subsidiaria Pemex Exploración y Producción para ocultar una pérdida de 398 mil 564 millones de pesos, descubre la Auditoría Superior. Además, “escondieron” rezagos de cuentas por cobrar que datan desde hace 13 años.

Petróleos Mexicanos (Pemex) es una de las entidades que, año con año, recibe más observaciones y recomendaciones de los entes fiscalizadores, así como la ordenanza a las contralorías internas de que abran indagatorias y finquen responsabilidades.
Uno de esos importantes hallazgos que en su más reciente revisión a la Cuenta Pública 2010 detectó la Auditoría Superior de la Federación, que encabeza Juan Manuel Portal, fue al auditar los Sistemas de Información Financiera y Financiamientos de Pemex, la Tesorería de Pemex Corporativo y los libros contables y registros financieros de la subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP).
Los fiscalizadores detectaron que los funcionarios de Pemex alteraron los libros contables para ocultar pérdidas multimillonarias que la subsidiaria más importante –PEP– tuvo durante 2009, como consecuencia de deficiencias e irregularidades en las operaciones y administración.
Las pérdidas ascendieron a 398 mil 564 millones 718 mil 900 pesos. El saldo negativo simplemente “fue eliminado de la contabilidad de PEP, sin existir fundamento técnico ni normativo, y sin contar con la autorización del Consejo de Administración” señala la Auditoría Superior.
La maniobra contable la operaron funcionarios del Corporativo, en Marina Nacional y las subdirecciones de Administración y Finanzas. De acuerdo con los hallazgos de la Auditoría para no transparentar las pérdidas, desde el Corporativo de Pemex se giraron instrucciones a PEP para que eliminara de los libros contables la pérdida y se transfiriera a los libros contables de la empresa pública como un activo.
Este movimiento contable –cita la ASF– se realizó mediante el oficio DCF-SUCOFI-GC-56-2011, que el 3 de febrero de 2011, la Dirección Corporativa de Finanzas le envió a directivos de Exploración y Producción para que traspasaran la pérdida registrada en 2009, y que en los libros contables de Pemex Corporativo se registrara como una cuenta por cobrar. Es decir, la pérdida de 398 mil 564 millones 718 mil 900 pesos, que era un saldo negativo “fue eliminado de la contabilidad de PEP, sin existir fundamento técnico ni normativo, y sin contar con la autorización del Consejo de Administración”.
De esta manera, señala la Auditoría, se evitó que los estados financieros de PEP mostraran la pérdida obtenida en 2009, “al anularla, con un incremento en los activos de Pemex Corporativo en el rubro de Cuentas por Cobrar”, aunque en realidad era un activo inexistente.
La maniobra contable se hizo al margen del Consejo de Administración. En este caso, detectado recientemente por la Auditoría Superior, los auditores encontraron que los funcionarios de Pemex dieron cifras falsas en los informes oficiales para ocultar las pérdidas multimillonarias en PEP y transferirle el dinero del Corporativo.
Además de alterar, burdamente, los estados financieros, la manipulación contable tuvo otra consecuencia: que en los estados financieros de Pemex no se revela la disminución real de la inversión del Corporativo en sus subsidiarias, ni la pérdida patrimonial de éstas, ya que el registro contable en Petróleos Mexicanos se realizó con un incremento en la cuenta Inversiones en Organismos Subsidiarios, sin una justificación técnica, porque no existió un incremento real en dichas inversiones.
“Los estados financieros dictaminados de Pemex Corporativo y Pemex Exploración y Producción no revelan en sus notas el tratamiento de la pérdida por 398 mil 564 millones 718 mil 900 pesos del ejercicio del 2009, que PEP traspasó a Pemex Corporativo, por lo que se incumplió con la Norma de Información Financiera NIF A-7 ‘Presentación y revelación’, al no revelar en forma clara y comprensible la eliminación de la pérdida de PEP, ni el origen en el incremento de la inversión en Pemex Corporativo”.
Por el contrario, en los registros contables de Pemex se asentaron números falsos de supuestos incrementos en la cuenta de las inversiones de la paraestatal a sus subsidiarias, sin una justificación técnica, pues, en realidad, señala la ASF, nunca hubo un incremento real en esas inversiones.
Señala la Auditoría que “los estados financieros dictaminados de Pemex Corporativo y Pemex Exploración y Producción no revelan en sus notas el tratamiento de la pérdida por 398 mil 564 millones 718 mil pesos del ejercicio de 2009”.
En consideración de la Auditoría, los funcionarios de Pemex que participaron en las maniobras contables violaron la Ley General de Contabilidad Gubernamental; la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su reglamento; la Ley de Petróleos Mexicanos, entre otras.
Javier Jiménez Espriú, quien durante varias décadas se desempeñó como funcionario de Petróleos Mexicanos y como integrante del Consejo de Administración de numerosas empresas paraestatales y privadas, explica la gravedad de que decisiones de esta naturaleza las ejecuten los directivos de Pemex, sin consultar al Consejo de Administración:
“Los hallazgos de la Auditoría no son más que la confirmación, ahora a través de una autoridad de prestigio por su acuiciosidad, de lo que se ha estado denunciando en los últimos meses, que el director de Pemex maneja la paraestatal como si fuese de su propiedad, y que es un verdadero desorden lo que ocurre. Porque para él es una práctica repetitiva tomar decisiones tan delicadas sin informarle al Consejo, sin solicitar su aprobación y sobre todo ocultándole información.
“Lo que evidencia la Auditoría Superior es de enorme gravedad porque son pérdidas y transferencias indebidas, multimillonarias, cantidades enormes que, supuestamente, se están perdiendo, pero no hay una explicación del porqué de esas pérdidas y sí un ocultamiento de esa información. No pueden simplemente borrar una pérdida o encubrirla trasladándosela al Corporativo, sencillamente, es gravísimo”.
Jiménez Espriú atribuye la manipulación que se está haciendo de los informes y registros contables de la petrolera como un mecanismo a modo para las decisiones políticas que en materia energética se han tomado en el actual gobierno, donde se habla de una nueva reforma que encamine a Pemex hacía una mayor privatización de las áreas que aún opera la entidad.
“Las finanzas de Pemex se manejan y se maquillan al deseo de las autoridades para establecer ciertas políticas. En las finanzas de Refinación, por ejemplo, siempre le agregan pérdidas para justificar que no se hagan refinerías, al argumentar que es mejor traer los refinados del extranjero; y en las finanzas de Exploración y Producción se borran las pérdidas para justificar que se incrementen las inversiones; es decir, es una manipulación de cifras verdaderamente al gusto de las autoridades”, explica el también académico y conferencista de universidades nacionales y extranjeras en temas del sector energético.
En este sentido, el consultor en temas energéticos, George Baker, define la operación que se ha hecho de Pemex Corporativo como “una canasta contable en que se puede poner y sacar montos a la conveniencia del momento, por ejemplo, los millones de pesos sacados para el Sindicato que tenían la finalidad de financiar la campaña presidencial de 2000, de Francisco Labastida”.
El llamado Pemexgate implicó el desvío de recursos de 500 millones de pesos de las arcas de Pemex; el monto que hoy documenta la Auditoría Superior es 796 veces más.
El elaborar informes financieros “a modo”, como señala Jiménez Espriú, podría tener para el director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, implicaciones en el ámbito de lo administrativo e incluso derivar en actuaciones en su contra de carácter penal.
La ASF determinó que en su carácter de director general deberá informarle al Consejo de Administración del traspaso contable que hizo de la pérdida que PEP tuvo en 2009, y las inconsistencias en los estados financieros.
El organismo de fiscalización señala también la urgencia de que los auditores externos que auditan los registros contables de la paraestatal, informen de las posibles consecuencias o repercusión que las operaciones contables descritas resultarán para la paraestatal.
Dada la gravedad de las manipulaciones contables, la Auditoría determinó que el Órgano Interno de Control en Pemex deberá abrir investigaciones y en su caso iniciar el procedimiento administrativo correspondiente en contra de los funcionarios que instruyeron a las subsidiarias a traspasarle al Corporativo sus pérdidas de 2009, y sin contar con la autorización del Consejo de Administración.
Legisladores integrantes de la Comisión de Vigilancia preparan una demanda de carácter penal en contra de los directivos de Pemex que autorizaron y operaron la manipulación de los libros contables de la paraestatal, para ocultar las pérdidas millonarias de PEP y transferirlas al Corporativo. La demanda se encuadra en la supuesta violación al artículo 214 del Código Penal, que se refiere al ejercicio indebido del servicio público, y también por el ocultamiento de la información contable, conforme documentó la Auditoría Superior.
El quebranto
En términos del efecto que para las finanzas del Corporativo tiene la transferencia de la pérdida de PEP, implica un quebranto por los mismos 398 mil 564 millones 718 mil 900 pesos.
El abogado Gabriel Reyes Orona, consultor legal de la firma RGPA y exfuncionario en el ámbito fiscal, bancario y financiero, explica que la operación que hicieron los funcionarios de Pemex Corporativo y los de la subsidiaria Exploración y Producción, “fue una simulación contable en la que, supuestamente, el Corporativo adquirió el crédito de la empresa subsidiaria, pero en realidad adquirió una cuenta que nació como incobrable, por lo que se genera el quebranto. O dicho de otra manera, la alta dirección y los funcionarios del área financiera y contable de Pemex hicieron un quebranto al Corporativo dado que la cuenta nació y es incobrable”.
Ello, advierte Reyes Orona, “sí tendrá para Pemex consecuencias no sólo en el ámbito nacional, sino a nivel internacional, porque se podría considerar que la paraestatal está falseando información financiera y ello le impactaría, sobre todo, en la colocación de la deuda en los mercados financieros. Por lo pronto, el mensaje que tendrá quienes consulten esa auditoría es que en Petróleos Mexicanos se hacen simulaciones contables para encubrir millonarias pérdidas por la ineptitud de sus directivos, pero sobre todo es la evidencia de que Pemex como empresa no cumple con los requisitos mínimos de transparencia, porque en este caso PEP oculta información sobre sus pérdidas operativas, simplemente las borraron, y eso es un delito penal”.
Éste es uno de los temas principales que los legisladores federales plantean abordar en la próxima comparecencia del director de Pemex ante la Cámara de Diputados.

Cuentas por cobrar, lastre millonario
La manipulación que se hizo a los estados contables de Pemex no es lo único que encontraron los fiscalizadores al auditar los libros contables de la petrolera. En las cuentas por cobrar se hallaron otrosrezagos.
Las cuentas por cobrar se integran como parte del curso normal de las operaciones por ventas de hidrocarburos o bienes que originan las cuentas por cobrar comerciales, y también de otras transacciones: préstamos a los empleados, reclamaciones por siniestros y partidas similares.
Cuando los especialistas de la ASF auditaron esas cuentas contables se encontró que la subsidiaria PEP mantiene saldos pendientes desde 1997, es decir, desde que la paraestatal era dirigida por Adrián Lajous Vargas.
El lapso de una transacción comercial en la paraestatal es de 30 días en promedio, que considera el tiempo entre la emisión de la factura y la fecha de pago, considerando el crédito para que los clientes cubran sus adeudos, pero conforme la Auditoría hay adeudos de clientes mexicanos y extranjeros que tiene casi 15 años de antigüedad, y que están registrados contablemente como partidas abiertas: movimientos no finalizados, pendientes de compensar, depurar o liquidar; es decir, que se trata de cuentas por cobrar.
Entre sus documentos y cuentas por cobrar, PEP ha mantenido 3 mil 709 partidas “contrarias a su naturaleza”, que datan desde 1998 hasta 2010, y que tienen un saldo de 7 mil 617 millones 337 mil 800 pesos. Hay cuentas por cobrar a corto plazo de clientes mexicanos y extranjeros fechadas desde hace 13 años y que las administraciones de Pemex no ha hecho nada para depurarlas.
En las cuentas de PEP se encontraron también adeudos por 14 mil 592 millones 617 mil 400 pesos, que provienen desde 1997, y que no se ha registrado un sólo movimiento para su cobro o depuración.
Aunque los directivos de la paraestatal registraron esos 14 mil 592 millones 617 mil 400 pesos en los libros contables, como parte de los activos de la petrolera, la Auditoría Superior explica que en realidad “no representan derechos reales de cobro”, debido a la falta de mecanismos de coordinación de las áreas que intervienen en el proceso de registro de las cuentas por cobrar y para realizar en forma periódica la cobranza y depuración.
Pero además, al revisar los registros, la Auditoría halló duplicación en el registro de 27 partidas de adeudos de terceros a favor de PEP, por venta de activos improductivos y de bases de licitación, préstamos a personal e indemnización de siniestros.
Tiene también la subsidiaria PEP un rezago en la cobranza de 1 millón 242 mil 400 pesos de préstamos a sus funcionarios y empleados, que datan de entre 1997 y 2000; durante 11 años nada se hizo para recuperar esos préstamos. En ese mismo periodo obtuvieron préstamos funcionarios de PEP, por 3 millones 611 mil 600 pesos. Dichos funcionarios fueron transferidos al Corporativo dejando sus adeudos pendientes en las finanzas de PEP.
Venta de activos de Pemex
La Auditoría Superior también detectó que funcionarios de PEP redujeron los montos que, previamente, se había tasado a los activos desincorporados para abaratarlos aún más. Ello lo hicieron meses después de que éstos ya se habían vendido.
La ASF revisó solamente una muestra de las ventas de activos improductivos que se hicieron durante 2010. Revisó dos notas de venta de bienes a terceros por 3 millones 655 mil 100 pesos, los auditores encontraron que seis meses después de que había hecho la venta, funcionarios de PEP reclasificaron la calidad y características de los “desechos” vendidos a terceros, con la finalidad de abaratar los precios. La maniobra era improcedente, porque desde que se iba a efectuar la venta, un certificador había avalado su calidad y clasificación correcta.
Al respecto, la Auditoría urgió al Área Administrativa de PEP elaborar un programa de depuración de las cuentas pendientes desde 1997.
En cuanto a los préstamos pendientes de funcionarios y empleados de Pemex, ordenó que deberán cubrir tales adeudos con descuentos en nómina.
Por considerar las conductas de los funcionarios de PEP como irregulares, la Auditoría Superior solicitó al Órgano Interno de Control en Pemex abrir investigaciones contra los funcionarios que no dieron seguimiento ni depuraron las cuentas por cobrar, que datan desde 1997.
Deberán también abrirse investigaciones, de entrada de carácter administrativo, en contra de los funcionarios que de manera ilegal reclasificaron los activos “improductivos” de la paraestatal.

Pemex Gas, pérdidas por negligencia
La cuentas por cobrar en la subsidiaria Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) también presentaron deficiencias, cuentas que databan de 1998, y que no fueron depuradas sino hasta que la ASF las auditó. Hasta marzo de 2012, en que hizo público los resultados de su auditorías, algunas de esas cuentas oficialmente aún estaban en proceso de depuración.
La falta de depuración, indica la Auditoría Superior de la Federación, es porque la subsidiaria PGPB carece de lineamientos o políticas contables que definan las áreas responsables de dar seguimiento, depuración o cancelación de adeudos.
Esa deficiencia es parte de las irregularidades atribuidas a los directivos de Pemex Gas y Petroquímica Básica, por ello, la Auditoría le solicitó a la Contraloría Interna abrir una investigación en contra de los funcionarios que durante más de una década, no dieron seguimiento a los adeudos que desde hace 12 años, terceros tienen con la subsidiaria.
El caos o manejo discrecional de los libros y la contabilidad en Pemex alcanza también a la subsidiarias Pemex Refinación. En esa subsidiaria la Auditoría Superior encontró cuentas bancarias que han permanecido estáticas desde 1998, y otras desde 2001.
En una cuenta los directivos de Refinación mantenían 24 millones 535 mil 400 pesos, que debían haber sido transferidos desde hacía meses a la cuenta concentradora del Corporativo de Pemex. El dinero no se transfirió sino hasta después de que la Auditoría lo encontró en esa cuenta. Mantenían también seis cheques por 787 mil 800 pesos que debían haber reintegrado, desde hacía un año a la Gerencia de Recursos Financieros.
Ante el panorama que evidencia la Auditoría Superior de la Federación, es claro, expresa Javier Jiménez Espriú, que la próxima administración en el gobierno federal “deberá hacer una revisión exhaustiva de las finanzas reales de Pemex y, probablemente, se encontrarán con todos los efectos de las decisiones que el director de la paraestatal tomó sin consultar al Consejo de Administración, decisiones inaceptables. Desgraciadamente, hasta dentro de un año veremos apenas delineado como dejara la administración actual las finanzas. Pero hay medidas emergentes que se deben tomar ya, y una de esas es que se asuman las responsabilidades contra los directivos de que han dispuestos de esos montos altísimos”.
Se solicitó entrevista con el director general de Petróleos Mexicanos, Juan José Suárez Coppel, y con el de la subsidiaria PEP, Carlos Morales Gil, para que respondieran a los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.

domingo, abril 15, 2012

Gobierno federal gasta 10.8 mil MDP en armas

En este año electoral, el Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar dispone de 4 mil millones de pesos, casi el 40 por ciento del gasto total del sexenio en este rubro. Las compras de armamento son calificadas como discrecionales por la Auditoría Superior porque, además de adjudicarse directamente, involucran los secretos fiduciario y de seguridad nacional. Entre 2007 y 2012, el gobierno federal habrá destinado más de 10 mil 800 millones de pesos a la carrera armamentista que sostiene con los cárteles del narcotráfico, 2.6 veces el actual presupuesto del Programa de Apoyo Alimentario. Tan sólo entre julio y diciembre del año pasado se erogaron 3 mil 700 millones de pesos del fondo de compras a la industria bélica extranjera

En plena contienda electoral por la Presidencia de la República, el gobierno federal echará mano de, al menos, 4 mil 68 millones de pesos con la “justificación” de comprar armamento y destinarlo a su “guerra” contra el narcotráfico. Los recursos saldrán del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar, a menos de seis meses de haber sido depositados en ese fondo por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Y es que, entre octubre y diciembre de 2011, la institución que encabeza el general Guillermo Galván Galván destinó al Fideicomiso 2 mil 933 millones 849 mil pesos y con ello aseguró una bolsa de 4 mil millones para el actual ejercicio, revelan informes elaborados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Nueve meses antes había ingresado otros 1 mil 443 millones de pesos, que se manejarán al margen del Presupuesto Público por tratarse de una figura fiduciaria, como lo ha documentado la Auditoría Superior de la Federación en revisiones a las cuentas públicas pasadas.

El monto que se erogará en armamento en estos meses representa el 37.6 por ciento del gasto total del Fideicomiso durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. A finales de noviembre próximo, éste sumará al menos 10 mil 814 millones 187 mil pesos, que equivalen a 2.6 veces el actual presupuesto del Programa de Apoyo Alimentario (por 4 mil 83 millones de pesos), ejecutado por la Secretaría de Desarrollo Social en beneficio de las familias en condición de pobreza alimentaria.
A pesar de que se trata de un presupuesto multimillonario, la Sedena no convocará a licitaciones públicas para las “adquisiciones de bienes, tales como equipo militar, terrestre, aéreo, refacciones y obra pública”. Éstas se dan en el marco de “operaciones de orden interior o seguridad nacional, de carácter contingente o urgente”, única referencia que da la dependencia.
Además, la información de las compras se encuentra blindada por los secretos fiduciario y de seguridad nacional. Por ello, la Auditoría Superior de la Federación ha considerado en su revisión a la Cuenta Pública 2009 que se trata de erogaciones discrecionales.

Gastos no transparentados

Creado ex profeso para adquirir equipo bélico, el Fideicomiso recibió la aportación inicial de 44 millones 928 mil pesos el 13 de junio de 2007, y con ésta se formalizó su constitución en el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. En ese mismo ejercicio le fueron transferidos otros 1 mil 190 millones 332 mil.
De entonces a la fecha se han erogado 7 mil 627 millones 762 mil pesos, revelan los Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública para los ejercicios trimestrales del periodo 2007-2011, elaborados por la Secretaría de Hacienda. De este multimillonario monto, el mayor gasto se realizó entre junio y diciembre de 2011: 3 mil 797 millones 802 mil pesos, que representan el 49.7 por ciento de ese total.
De acuerdo con los manuales de la Secretaría, las órdenes de compra de armas y equipo bélico las da el subsecretario de la Defensa, general de División Diplomado de Estado Mayor Carlos Demetrio Gaytán Ochoa. Pese a los montos implicados, ninguna adquisición ha sido ni será licitada: todos los contratos del Fideicomiso se “justifican” como de seguridad nacional con carácter “contingente o urgente”.
Las erogaciones de junio a diciembre de 2007 ascendieron 85 millones 414 mil pesos. En 2008, se le depositaron 781 millones 994 mil y se gastaron 1 mil 105 millones 746 mil pesos, indican los reportes de la Secretaría de Hacienda. Un año después, los egresos ascendieron a 1 mil 536 millones 187 mil; y ya para 2010, sumaron 1 mil 102 millones 611 mil pesos.
Como lo ha informado Contralínea, la Auditoría Superior de la Federación señala opacidad en el manejo del dinero público. En su revisión a la Cuenta Pública 2009, por tercera ocasión indicó que no se garantizaron los principios de cantidad, calidad ni precio en las compras y en los servicios que la Sedena contrató por la vía fiduciaria.
No obstante, la Secretaría de la Defensa –a través de su Dirección General de Comunicación Social– refirió que, justamente por su carácter de urgentes, los contratos del Fideicomiso, sean para compras o servicios, no se pueden retrasar con procesos burocráticos, como las licitaciones públicas (Contralínea 236, 5 de junio de 2011).
Datos oficiales de la Sedena refieren que las adquisiciones de armamento y equipo se concentran en municiones (la mayoría, compradas a las empresas Defense Technologies y Eurosports), granadas (Colt Defensa), carabinas (FN Herstal) y vehículos (Humvee y Town and Country).
Los proveedores
Hasta ahora, los más de 7 mil 600 millones que se han ejercido del Fideicomiso han favorecido a la industria bélica mundial. Las proveedoras de la Defensa Nacional son las estadunidenses Eurosports, Llc; Colt Defense Llc; Alliant Tech Systems, Inc; Bushmaster Firearms International, Llc; Combined Systems, Inc; Federal Laboratories and Armor Holdings, Inc; Hill Country Wholesale, Inc; Mil-Spec Industries, Corp; OF Mossberg & Sons, Inc; Smith & Wesson; Winchester Division Olin, Corp.
Otras corporaciones que surten de armas a la milicia mexicana son las belgas Browning, SA; Fabrique Nationale Herstal, SA; las alemanas Carl Walther, Gmbh; Heckler & Koch, Gmbh; las checas Ceska Zbrojovka, AS; Sellier & Bellot Trade, AS; Kroko, AS; las españolas Comlanber, SA; Nobel Sport España, SA; Uee Cartucheria Deportiva, SA; las italianas Fabbrica D’ Armi Pietro Beretta, SPA; Rizzini, SRL.
Además, la brasileña Forjas Taurus, SA; la uruguaya Glock America, SA; la turca Hatsan Arms Company; la israelita Israel Weapon Industries, Ltd; la canadiense Mancom Manufacturing, Inc. Así como tres empresas radicadas en México: Cascade Cartridge Internacional, SA de CV; Industrias Tecnos, SA de CV; y Productos Mendoza, SA de CV.
Aumentar el gasto
El gasto en equipo bélico ha involucrado el traspaso al Fideicomiso de dinero público no presupuestado por la Cámara de Diputados. En sus reportes La política de gasto público en la cuenta de la hacienda pública federal correspondiente al ejercicio fiscal 2007 y 2008, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas señala los incrementos millonarios en el presupuesto de la dependencia. En el análisis 2007, refiere que “la Secretaría de la Defensa Nacional erogó un monto 5.7 por ciento mayor al aprobado, que se explica por aportaciones no programadas al Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar, adquisiciones diversas, y mantenimiento, rehabilitación y remodelación de instalaciones”.
La ampliación neta no programada en el Presupuesto de Egresos 2007 ascendió a 1 mil 956 millones 500 mil pesos, y fue atribuida a “las aportaciones no programadas al Fideicomiso; adquisiciones superiores de materiales de construcción, combustibles, prendas de protección y víveres, y diferencias tarifarias en servicios básicos, así como la compra de equipo de transporte terrestre, aéreo y de comunicaciones en el marco del Sistema Integral de Vigilancia Aérea; la rehabilitación de las bases aéreas militares II de Oaxaca y V de Jalisco, y la remodelación de 12 centros regionales de mando”.
En 2008, indica el Centro de Estudios, la ampliación fuera de presupuesto fue por 2 mil 261 millones 400 mil pesos. La Sedena justificó el gasto extra como “aportaciones al Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar; construcción de ocho plantas de tratamiento de aguas residuales e instalaciones complementarias de seis viveros forestales militares; adquisición de armamento, uniformes, equipo médico, de comunicación y víveres; renovación de vehículos terrestres; aumento en las tarifas de servicios básicos, de informática, y de conducción de señales analógicas, asesorías y gastos de mantenimiento y conservación de inmuebles”.
Con estos antecedentes, en 2012 el fondo para compra de armamento podría aumentar otros miles de millones de pesos, mismos que se ejercerían al margen del presupuesto y sin licitar en medio del ambiente electoral.
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domingo, abril 08, 2012

Pasivos de Ferronalesjub alcanzarán 63 mil MDP

Las autoridades no calcularon que los ferrocarrileros jubilados vivieran “tantos años” y el dinero que dispusieron para pagar pensiones se ha agotado. El déficit actuarial supera ya los 43 mil millones de pesos. Sin embargo, Guillermo Alberto Tello Ludlow, director liquidador de Ferrocarriles Nacionales de México, reconoce que la cifra podría aumentar a 63 mil millones “hasta que muera el último trabajador”. Desde 1997 –cuando se creó el fideicomiso Ferronalesjub– y hasta el 31 de diciembre de 2010, se habían erogado más de 40 mil millones de pesos en las pensiones de los trabajadores. A la fecha, más de 36 mil ferrocarrileros con su futuro incierto. Además, se adeudan 156 millones por juicios contenciosos laborales, civiles, mercantiles y administrativos.
El “agotamiento” financiero del Fideicomiso Ferronalesjub 5012-6 afecta a 36 mil 512 extrabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México (FNM) en Liquidación. El fondo debía de cubrir el pago de pensiones vitalicias hasta 2032; no obstante, a diciembre de 2010, poseía 1 mil 418 millones 320 mil 300 pesos, que alcanzarían sólo para el primer semestre de 2011. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revela un déficit actuarial de 43 mil 223 millones 585 mil pesos.
Producto de la licitación de vía general de comunicación ferroviaria del Noreste, el 19 de diciembre de 1997 se constituyó el Fideicomiso Ferronalesjub 5012-6 en Nacional Financiera, con una aportación inicial de 13 mil 529 millones 750 mil pesos. El pasivo actuarial necesario para cubrir las obligaciones de Ferronalesjub, hasta que fallezca el último jubilado, es de 63 mil millones de pesos, reconoce Guillermo Alberto Tello Ludlow, director liquidador de Ferrocarriles Nacionales de México.
Sin embargo, “es muy complicado que el gobierno federal pueda destinar este monto de recursos”; la prioridad será capitalizar el fondo cada año para que, en la medida de lo posible, “en ningún momento se encuentre en peligro el pago de pensiones para jubilados”, explica Jorge Antonio Márquez Serralde, director ejecutivo de Liquidación del Proceso de Empresas del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Sae).
El déficit actuarial del Fideicomiso, al 31 de diciembre de 2010, era de 43 mil 223 millones 585 mil pesos. A decir de Tello Ludlow, “los recursos se agotaron porque las premisas que se adoptaron en el [primer] estudio actuarial no fueron las adecuadas; [por ejemplo] la mortandad, la expectativa de vida de los pensionados, no fue la acertada. La Secretaría de Hacienda [y Crédito Público] ha decidido capitalizar este fondo de manera anual; es decir, nosotros entregamos un escenario económico de cuántos recursos se van a requerir para el próximo año y se propone a la Cámara de Diputados para el anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación”.
La Dirección Ejecutiva de Liquidación de Empresas del Sae solicitó a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 8 millones 306 mil 900 pesos para los ejercicios de 2012, 2013 y 2014 del Fideicomiso (oficio DCO/DELE/455/2011, del 15 de agosto). Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación envió a la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” de la Secretaría de Hacienda los datos para recibir los recursos autorizados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2012, para el pago de pensiones jubilatorias por 2 millones 777 mil 300 pesos (oficio DGAAF/128/2011, del 15 de diciembre).
El pago de asignación, denominado también “ajuste de pensión jubilatoria por demanda o nómina alterna”, es el procedimiento por medio del cual se cubren las obligaciones determinadas en los laudos. “Cuando se constituyó el Fideicomiso existía la posibilidad de incorporar nuevos jubilados que, a partir de resoluciones judiciales, adquirían derechos. En esta nómina alterna se administran las obligaciones con 2 mil 72 jubilados que no se han podido subir al Fideicomiso. La Secretaría de Hacienda nos da recursos también para atender las obligaciones con este grupo de jubilados de la nómina alterna”, explica Márquez Serralde.
–¿Cuál es el número de jubilados?
??A marzo de este año tenemos 36 mil 512 fideicomisarios. La parte operativa que administra todas las obligaciones del Fideicomiso tiene establecidos mecanismos para verificar la supervivencia de estas personas de forma tal que nos aseguremos que se le está pagando todavía a la gente que vive. Hay 2 mil 72 en la nómina alterna. Puede ser que haya una persona cobrando en el Fideicomiso y en la nómina alterna. El contrato establece la posibilidad de que si una autoridad laboral determina el derecho de una persona a ser jubilado o el ajuste de su pensión, y por nómina alterna cobra los pesos adicionales que no se le pagan en el Fideicomiso.
La ASF revisó el total juicios contenciosos laborales, civiles, mercantiles y administrativos en contra de Ferrocarriles. Al 31 de diciembre de 2010, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y el Sae no habían pagado 482 millones 501 mil pesos de pasivo exigible ?462 millones 700 mil pesos son resultado de 463 procesos con laudo condenatorio firme y 19 millones 801 mil pesos correspondientes a siete asuntos contencioso-administrativos no concluidos?.
Banobras informó que existe una propuesta para dar por concluidos los pasivos laborales; la documentación se encuentra en la Dirección Jurídico Laboral de Ferronales. En tanto, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes objetó que, a noviembre de 2011, hubo una disminución del 53.9 por ciento del pasivo exigible y de los siete casos no laborales se tramita el pago por 17 millones 369 mil pesos a favor del organismo Luz y Fuerza del Centro.
“Por lo que respecta al artículo cuarto y segundo transitorio del Decreto de Extinción de Ferrocarriles, las estrategias para la atención de asuntos jurídicos laborales del PML 2010 [Programa Maestro de Liquidación] y de la cláusula décima sexta del Contrato del Fideicomiso Ferronalesjub, se considera que no existe incumplimiento, debido a que quien es garante de las obligaciones laborales por jubilaciones es el gobierno federal; se realizaron acciones a través de la SCT para la obtención de los recursos para hacer frente a las obligaciones laborales”, argumentó el Banobras en la reunión de Preconfronta con el órgano coadyuvante de la Cámara de Diputados.
En cuanto a los más de 462 millones de pago exigible, Guillermo Tello explica que “el tema de los juicios laborales no es crítico; está bien controlado […] Ese pasivo exigible no se había pagado porque no se contaba con los recursos. En 2011, cuando en el Presupuesto de Egresos de la Federación le autorizan a Ferrocarriles una cantidad de recursos, priorizamos en el tema. El saldo a [diciembre de] 2011 es de 152 millones”.
Por otra parte, el costo de liquidación de FNM, del 19 de diciembre de 1997 al 31 de diciembre de 2010, asciende a 40 mil 804 millones 307 mil 800 pesos, de los cuales 34 mil 193 millones 980 mil 500 incumben recursos propios y 6 mil 610 millones 327 mil 300 pesos son recursos federales. La Auditoría Superior, en su Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010, considera que el Banobras y el Sae no cumplieron con las disposiciones normativas aplicables al proceso de liquidación de Ferrocarriles, por lo que el dictamen de la auditoría fue negativo. El Órgano Interno de Control tendrá que investigar e iniciar el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos involucrados.
El 4 de junio de 2001, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su ley orgánica”. El 25 de junio se emitieron las “bases para llevar a cabo la liquidación”.
El 29 de agosto de 2001, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes designó al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos como responsable de la liquidación de FNM. El 14 de julio de 2010, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes lo sustituyó; el 17 de agosto se dio el nombramiento oficial y el 31 de ese mes se suscribió el Acta de Entrega-Recepción, compuesta por 130 anexos sobre los pasivos, activos y asuntos pendientes.
Con el análisis de los estados financieros de Ferrocarriles Nacionales de México se confirmó un déficit de 13 mil 58 millones 251 mil pesos. Para gastos de operación y pago de pasivos, el monto requerido para 2011 ascendía a 1 mil 64 millones 100 mil pesos; se autorizaron 758 millones 300 mil pesos, los cuales fueron transferidos al Sae como resultado de un convenio suscrito el 25 de marzo de 2011 con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. A decir de la Auditoría Superior, los recursos obtenidos no son suficientes para cumplir las obligaciones financieras del Ferronalesjub.
En el Informe también se evidencia la nula atención a 1 mil 157 solicitudes de donaciones de jubilados, pensionados o sus sucesores, de instituciones públicas y asociaciones sin fines de lucro, por una superficie de 11 millones 509 mil 709 metros cuadrados. El Banco Nacional argumentó que el artículo sexto transitorio de la Ley General de Bienes Nacionales y segundo del Decreto no establecen tiempos específicos, por lo que no existe incumplimiento por parte de la institución. Se trabajó de manera conjunta con la SCT en la elaboración de lineamientos que regulen las donaciones; el seguimiento lo hacía la Dirección Comercial y de Atención a Gobierno a través de la Gerencia de Consultoría Jurídica y Patrimonio Inmobiliario en Ferrocarriles.
El objetivo de regular cinco predios invadidos, esto es 359 mil 100 metros cuadrados, no se concretó. No existe respaldo documental que ampare la labor de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, Ferrocarriles Nacionales de México y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

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martes, abril 03, 2012

Millonarios de Forbes, subsidiados por Sagarpa



Diez trasnacionales agroalimentarias de la lista de
Forbes y que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores recibieron más de 1 mil 400 millones de pesos del erario mexicano en 2011. El relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier De Schutter, reprueba las políticas enfocadas al sector porque benefician a los más ricos. Para la Auditoría Superior de la Federación hay ineficacia en el manejo de más de 1 mil 300 millones de pesos.

Recursos públicos por más de 1 mil 400 millones de pesos se distribuyeron a 10 trasnacionales agroalimentarias, dominantes del mercado nacional y de la economía global. Sus dueños y marcas aparecen en las listas de la revista estadunidense Forbes (especializada en negocios y finanzas) como los más ricos de México y el mundo. Listados de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) muestran los nombres de Maseca, Cargill, Bachoco, Minsa, Gamesa, Sukarne, Gradesa, Gruma, Bunge y Sabritas.
Los padrones de beneficiarios de la Sagarpa revelan que tan sólo una decena de multinacionales recibieron 1 mil 410 millones 727 mil 997 pesos en 2011. Los subsidios equivalen a 1.4 millones de veces más que la “cuota normal” correspondiente a los beneficios del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo) −principal subsidio “en apoyo de la economía de los productores rurales”–, que asciende a 963 pesos por hectárea.
Datos del portal Subsidios al campo en México revelan que el municipio de Cochoapa el Grande, en Guerrero, recibió 17 millones 556 mil 874 pesos, durante el periodo de 1994 a 2009. Esto significa que el municipio más pobre del país obtuvo 80 veces menos, en 15 años, que lo entregado en un sólo periodo fiscal a 10 multinacionales.
Olivier De Schutter, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Derecho a la Alimentación, recomienda al gobierno federal que “vele porque sus políticas agrarias hagan una contribución más efectiva a la lucha contra la pobreza rural” y critica la entrega de apoyos a grandes compañías.
Javier Usabiaga Arroyo, exsecretario de Agricultura y actual integrante de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, señala que “el relator vino a hacer una investigación basada en lo que le decían, no en la vivencia de cuáles son las necesidades de nuestro país en materia alimentaria. Relaciona la alimentación del pueblo con el maíz, como si nada más comiéramos eso”.

Los 10 más ricos, subsidiados
Grupo Maseca (Gruma), propiedad de uno de los hombres más ricos del mundo, obtuvo 454 millones 54 mil 501 pesos, a través de los apoyos que proporciona la Sagarpa. Los recursos fueron entregados a dos de sus subsidiarias, la Compañía Nacional Almacenadora (292 millones 367 mil 772 pesos) y Molinera de México (161 millones 686 mil 729 pesos), indica el padrón de Componente de Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización.
Su dueño, Roberto González Barrera, ocupa el sitio 683 de los hombres más ricos del mundo en la lista de Forbes. En México, es el séptimo hombre más acaudalado. Su fortuna (calculada en 1 millón 900 mil millones de dólares) la ha obtenido a través de sus compañías Gruma y Grupo Financiero Banorte. La primera, perteneciente al sector agropecuario, se caracteriza por ser el “mayor fabricante de tortilla a nivel mundial”, de acuerdo con Forbes.
Bachoco, el gigante comercializador de pollo en México (como lo llama la revista), obtuvo de la Sagarpa 267 millones 169 mil 632 pesos en 2011. El informe anual 2010 de la empresa familiar del exgobernador sonorense Eduardo Bours Castelo revela que sus ventas netas ascendieron a 24 mil 715 millones de pesos en ese mismo año.
Cargill, la compañía más poderosa del sector agroalimentario a nivel mundial, obtuvo del erario 224 millones 920 mil 340 pesos. Recibe anualmente de la Secretaría, que encabeza Francisco Mayorga Castañeda, millones de pesos en apoyos para la comercialización de maíz, como lo ha documentado Contralínea desde junio de 2007. Forbes calcula la riqueza de esa trasnacional en 120 mil millones de dólares, que da empleo a más de 130 mil personas en 63 países.
Bunge, otro líder del mercado mundial, obtuvo del erario mexicano 28 millones 325 mil 338 pesos. Ésta, según el reporte Agribusiness accountability initiative, de la Conference on Corporate Power in the Global Food System, del Reino Unido, pertenece a la lista de firmas dominantes en el mundo. Su capital asciende a 1 mil 519 millones de dólares, conforme lo cálculos de Forbes.
Héctor Elías Barraza Chávez, integrante de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), señala que estas cifras reflejan que las políticas públicas enfocadas al campo mexicano están equivocadas.
“Las políticas del PRI [Partido Revolucionario Institucional] y del PAN [Partido Acción Nacional] se han dedicado a apoyar a los productores de riego, mientras que en las zonas de temporal no ha habido programas que transformen esas acciones. No son sujetos de crédito ni de fondos de aseguramiento. Los únicos apoyos que tienen son el Procampo y el Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera, que son apoyos de subsistencia”.

Exlíderes nacionales engullidos por trasnacionales
Grupo Gamesa, empresa propiedad de la trasnacional PepsiCo −una de las refresqueras más importantes del mundo, cuyas principales marcas son Frito Lay, Gatorade, Pepsi Cola y Quaker− es otra de las más beneficiadas por la comercialización de grano. Los “apoyos” transferidos por la Sagarpa ascendieron a 104 millones 49 mil 218 pesos.
La lista de las empresas más importantes de todo el mundo indica que la matriz de Grupo Gamesa ocupa el lugar 86 de compañías a nivel internacional. Su riqueza calculada en 102 mil millones de dólares, con ventas anuales de 57 millones de dólares.
Otra de las empresas mexicanas acaparadas por esta multinacional es Sabritas, que también figura en los padrones oficiales. Los montos otorgados a la productora de comida chatarra ascendieron a 9 millones 498 mil 769 pesos, en 2011.
Minsa, otra de las grandes compañías mexicanas, también fue beneficiada por la Sagarpa con 71 millones 31 mil 72 pesos. La compañía describe en su historia que ha sido impulsora en los cinco continentes para que granjeros de todo el mundo “hicieran su mejor esfuerzo para colocar el maíz a la cabeza de los cultivos mundiales”.
El estado financiero de Minsa indica que mantiene un “activo total” de 3 mil 96 millones 110 de pesos. Así lo muestra el reporte al 30 de septiembre de 2011, presentado en la Bolsa Mexicana de Valores.
Ganadería Integral Vizur aparece en esta decena de grandes compañías beneficiadas por la Sagarpa con “apoyos” de 37 millones 853 mil 996 pesos, la cual mantiene en el mercado la marca Sukarne.

Desigualdad agraria: ONU
El Informe de misión a México, del relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier De Schutter, indica que con más de 52 millones de personas en pobreza y 18.1 millones sin acceso a alimentación, el país carece de políticas que garanticen su acceso a ésta.
La oficina del alto comisionado afirma que actualmente hay “incoherencias entre las diversas políticas sectoriales. Algunos programas de apoyo a la producción agrícola benefician, desproporcionadamente, a los productores más ricos de la zona más rica del país, lo que incrementa, de ese modo, la desigualdad en zonas rurales, que es lo que los programas sociales, a su vez, pretenden combatir”.
Además “la liberalización del comercio agrícola puesta en marcha a mediados del decenio de 1980 y culminada en 2008, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, creó oportunidades para algunos productores agrícolas orientados a la exportación de productos básicos, mientras que la importación de determinados productos de bajo costo benefició a la industria ganadera y a los consumidores pobres.
“La liberalización paulatina del comercio agrícola también tuvo, sin embargo, un grave efecto negativo en algunos de los productores más vulnerables debido al dumping en los mercados locales de productos de Estados Unidos, con frecuencia muy subvencionados. También alentó el desarrollo de la agricultura orientada a la exportación, que suele ser menos favorable a los pobres y contribuye menos al desarrollo rural.”
Para De Schutter, una estrategia nacional de coordinación de las actividades de diversas secretarías y de adaptación de las políticas sectoriales a la realización del derecho a la alimentación debería de servir para evitar esas incongruencias.
El diputado panista Javier Usabiaga explica que un estudio sobre el peligro de la seguridad alimentaria en México debe nacer de la definición de qué necesitamos los mexicanos. Cuál es el balance de lo que requerimos en proteínas, carbohidratos, etcétera, para mantener una alimentación adecuada y no una visión distorsionada de atacar la producción genéticamente modificada del maíz.
“Se distorsionó totalmente [el reporte], carece de validez y sustento. Es muy triste que vengan organismos internacionales a trabajar a México y no se empapen, no se informen de la gente que vive realmente estos procesos económicos”, critica el político panista y agroempresario.
Héctor Elías Barraza Chávez, diputado perredista en la Cámara de Diputados por el PRD, contradice la opinión del albiazul y comenta que el relator de la ONU revela la “irresponsabilidad del gobierno mexicano de no haber creado políticas públicas para apoyar al campo. El gobierno desmanteló un sistema nacional de almacenamiento, seguros y no se ha creado un sistema de abasto que sustituya a los anteriores”.

Abandono al campo: ASF
Además de las evaluaciones del relator de la ONU, la Auditoría Superior de la Federación evidencia ineficacia en las observaciones al Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA), que operó en 2010 con 1 mil 346 millones 359 mil 100 pesos.
El “objetivo estratégico” consiste en lograr la seguridad alimentaria, el incremento en el ingreso y el desarrollo de capacidades de las personas y familias que viven en comunidades con un alto grado de marginación.
Al no contar con los indicadores de desempeño ni con la información necesaria para medir el impacto del objetivo estratégico del PESA, respecto al incremento en el ingreso y desarrollo de capacidades de las personas y familias que habitan en comunidades de alta y muy alta marginación, así como la mejora de su situación alimentaria, el máximo órgano de fiscalización se “abstuvo” de emitir dictamen.
Y es que según la auditoría de desempeño 10?0?08100?07?0062 DE?002, las personas que habitaban en comunidades de alta y muy alta marginación del país ascendieron a 17 millones 57 mil 900, de las cuales sólo 1 millón 835 se estimó como población objetivo del PESA, es decir, el 10.8 por ciento del total.
Con esto, indica la Auditoría Superior, se dejaron de atender a 1 millón 649 mil 700 habitantes de este tipo de comunidades respecto de la población objetivo. No obstante, ese año se erogaron más de 1 mil 300 millones de pesos, sin que la Sagarpa acreditara en qué medida se mejoró la situación alimentaria, el desarrollo de capacidades y el ingreso de los productores beneficiados.

jueves, marzo 22, 2012

La CFE, tarifas y corrupción al alza

Obstinados en defender lo indefendible, el presidente Felipe Calderón y sus funcionarios se encuentran contra las cuerdas en el tema de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ha calificado de corrupta e inoperante y, prácticamente, en quiebra.

Ahora sucede que la “empresa de clase mundial” tuvo pérdidas al cierre de 2011, por 17 mil 168 millones de pesos en contrasentido de sus famélicas utilidades que apenas alcanzaron los 809 millones. Sus pasivos totales llegan casi a 600 mil millones de pesos.
Aunado a este sombrío panorama financiero hay que sumar el altísimo costo social que ha traído el ilegal y arbitrario cobro “estimado” que se ha hecho a millones de usuarios, no sólo de la zona centro sino de todo el país, ocasionándoles considerables quebrantos en su economía familiar, al ponerlos en la encrucijada de optar por comer o pagar la luz.
La tesis oficial de que con el cierre de la compañía Luz y Fuerza del Centro (LFC) habría cobros más justos, un servicio más eficiente y considerables ahorros al erario nacional, se ha desmoronado en el atril de los discursos y buenos deseos calderonistas.
En el escenario real todo está peor que antes: la ASF comprobó que por lo menos a 47 por ciento de los usuarios del Valle de México (antes atendidos por LFC) se les ha hecho cobros “estimados” del consumo eléctrico, por lo que sus recibos, antes de cientos de pesos a pagar, se dispararon a miles. Si se considera que hay aproximadamente 6 millones y medio de clientes en este rango de error de la CFE, son más de 3 millones los afectados.
A esta calamidad administrativa hay que sumarle la nula capacidad de respuesta de la CFE para atender las quejas de usuarios, ya no digamos por la inconformidad justificada en el ilegal cobro en los recibos, sino en la atención a las fallas constantes en el servicio; a diario siguen volando mufas en el Centro Histórico; es común escuchar en noticieros de radio las quejas de la gente, porque se les deja sin luz por días; o nada dicen los altos funcionarios de la Comisión ni de la Secretaría de Energía sobre el robo que se han hecho del cableado de cobre, sustituido por el de aluminio (pésimo conductor de energía eléctrica) y que imposibilita la transmisión de voz, datos e imagen a través de la fibra óptica.
La opacidad y corrupción con que se sigue manejando la CFE son tabúes para la administración de Calderón. Y la consecuencia directa de esto es la atención pésima que dan a usuarios las empresas contratistas favoritas de los funcionarios corruptos, como el exdirector operativo Néstor Moreno Díaz, que al igual que muchos otros prevaricadores se hicieron millonarios sin ser llamados a cuentas por la justicia.
Del lado sindical, la complicidad también tiene fuertes nexos de “hermandad” con funcionarios de la CFE. Por muchos años, Moreno Díaz y Arturo Hernández Álvarez (director de operaciones de la CFE hasta abril de 2007) fueron los que palomearon licitaciones y contratos en la paraestatal, con la anuencia de su jefe, Alfredo Elías Ayub. Hernández Álvarez fue por un largo tiempo el hombre de confianza del exdirigente del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), Leonardo Rodríguez Alcaine, la Güera. En 2007 Hernández se jubiló y cedió los bártulos de los negocios a Moreno Díaz. Con la llegada al relevo del SUTERM de Víctor Fuentes del Villar, nada cambió y, por el contrario, las empresas contratistas han operado a sus anchas (sobre todo tras el cierre de LFC) con la aprobación del líder que a cambio se lleva un porcentaje de manos de funcionarios de la CFE: el famoso 2 por ciento de la cláusula por desplazamiento laboral, sin importrle con esto lesionar la materia de trabajo de sus agremiados.
Cuando los medios cuestionan al presidente y al director de la CFE, Antonio Vivanco Casamadrid, sobre los altos cobros que enfrentan los usuarios y la situación financiera de la empresa, echan mano de las más absurdas galimatías; de acuerdo con Calderón, si bien la población “paga mucho”, lo que debe hacer es disminuir su consumo “para ayudar a bajar el subsidio que paga el gobierno”. Para él si usted, yo o cualquier persona tiene un enfermo en casa que requiere un equipo de diálisis o un respirador, debe de bajar su consumo, claro, a cuenta y riesgo de que el enfermo se muera. Ya el irresponsable superintendente de la CFE (José Bernal Segura) le cortó la luz al hospital Doctor Manuel Campos, en Campeche, lo que ocasionó como “daño colateral” la muerte de un bebé (hijo de Keneth Cervera y Rosario Caamal). ¿Qué acaso no es la electricidad un derecho constitucional de todo mexicano?
Pero del lado de Vivanco también se cuecen las habas y castañas de la contradicción: de acuerdo con el director de la CFE, ésta goza de una oronda “robustez financiera”. Y ni qué decir sobre lo cobros excesivos, que a su parecer son debido a que “se está cobrando donde antes no se cobraba”. Y, “hay una mejor medición; ahora estás pagando lo que consumes”. ¿Y entonces por qué los cobros estimados?, ¿acaso millones de consumidores están equivocados o no pagaban?
Las millonarias pérdidas de la paraestatal a su cargo, también pasan para Vivanco Casamadrid como el día y la noche: de forma natural. Seguramente imagina que las cifras adversas son parte de ataques ficticios de los enemigos del Partido Acción Nacional, que quieren hacer quedar mal a la “empresa de clase mundial”, prácticamente en la quiebra, justo a donde la han llevado funcionarios corruptos como Elías Ayub, quien sueña con retornar a su cargo, de ganar Enrique Peña Nieto la Presidencia, no por algo su maestro y protector fue por años el exgobernador mexiquense Alfredo del Mazo González, nada menos que tío del candidato puntero a Los Pinos.
Y otro responsable que debería ser investigado por la ASF es el exdirector de LFC, Jorge Gutiérrez Vera, a quien pusiera al frente de la entidad Calderón, y que a la par de Elías Ayub también implantó una red de corrupción con sus funcionarios, ahora se sabe que con el fin de dar la puntilla a la paraestatal y de paso tratar de acabar con el Sindicato Mexicano de Electricistas, que a dos años y cuatro meses del ilegal decreto de extinción –que dejó sin empleo a 44 mil trabajadores–, sigue de pie dando la lucha al lado del pueblo de México y, por supuesto, de los millones de usuarios indignados en todo el país.
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

domingo, febrero 26, 2012

PGR consigna 34 casos de lavado en la banca


La Unidad de Inteligencia Financiera presentó 52 denuncias de hechos ante la PGR por el probable delito de lavado de dinero cometido en el circuito financiero mexicano durante 2010, revela la Auditoría Superior de la Federación. De éstas, se consignaron 34 ante la justicia federal. La Procuraduría General también tuvo conocimiento de otros 70 reportes de inteligencia por operaciones presuntamente hechas con recursos de procedencia ilícita en el sistema financiero. Aunque el combate a este delito es una supuesta prioridad para la “guerra” antinarcóticos, a los delincuentes no se les tocaron sus finanzas: ese año, se lavaron al menos 88 mil millones de dólares en México.

En 2010 y en plena “guerra” contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, la inteligencia civil de México sólo logró llevar a juicio 34 casos de presunto lavado de dinero en el sistema financiero mexicano, revela el Informe de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010, presentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cámara de Diputados el pasado 15 de febrero.
Se trata de las 34 averiguaciones previas que la Procuraduría General de la República (PGR) consignó ante la justicia federal, de un total de 52 denuncias que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al Ministerio Público federal a lo largo de ese año, y que integraron igual número de indagatorias judiciales.
Del informe elaborado por el máximo órgano de fiscalización se desprende que el 59.6 por ciento de las denuncias se presentó ante la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda. En total, esta área abrió 31 averiguaciones por igual número de denuncias, pero sólo realizó 19 consignaciones.
La Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra la Salud recibió el 26.9 por ciento de las denuncias: abrió 14 averiguaciones previas, de las cuales consignó 10. La Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas abrió y consignó tres averiguaciones previas. La Dirección General de Control de Averiguaciones Previas abrió tres indagatorias de las que sólo consignó una. Y la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos abrió y consignó una.
Pero aunque en esas 34 operaciones tanto la Unidad de Inteligencia Financiera como la PGR presumieron que se vulneró el circuito financiero mexicano y sí se lavó dinero, hasta ahoraningún dueño, accionista ni alto ejecutivo de instituciones financieras legales ha sido encarcelado.
Además de los 52 casos denunciados, otras 70 transacciones que implican al sistema financiero en operaciones altamente riesgosas prendieron los focos rojos al interior del aparato de inteligencia civil, especializado en políticas antilavado y antifinanciamiento al terrorismo. Éstas, de entre un total de 4 millones 695 mil 31 reportes por operaciones inusuales, preocupantes y relevantes que recibió y analizó la Unidad en ese periodo.
En total, los expertos antilavado de la UIF dieron parte a la Procuraduría General de 122 operaciones en la banca comercial, casas de cambio, centros cambiarios, casas de bolsa, sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes) y de objeto limitado (sofoles), seguros que consideraron prácticamente constitutivas de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (118 casos) y financiamiento al terrorismo y tráfico de armas (cuatro casos).
Con base en el oficio 110.-A.-065/2011 de la Unidad de Inteligencia Financiera, la ASF refiere que los 70 reportes se presentaron de la siguiente manera: 52 a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda; ocho a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud; seis a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas; uno a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales; uno a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas; uno a la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros; y uno más a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos.

Finanzas ilícitas intactas

Las tres decenas de casos llevadas ante la justicia federal, así como los otros 90 casos enterados a la Procuraduría General de la República contrastan con la realidad del lavado de dinero en México, que provee a la criminalidad todo su andamiaje operativo: personal, armas, vehículos, casas de seguridad, capacidad de corrupción.
Desde que inició la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa y hasta la fecha, este ilícito implicaría operaciones por unos 88 mil millones de dólares anuales: 49 mil millones que trasnacionales y empresas sacan ilícitamente del país a través del sistema financiero y que constituyen operaciones de lavado de dinero, de acuerdo con la reciente investigación de la consultora Global Financial Integrity (Contralínea 271); y 39 mil millones de dólares que los criminales logran legalizar con éxito en el país, de acuerdo con el Centro Nacional de Inteligencia sobre las Drogas de Estados Unidos (Contralínea 237).
Por tanto, en 2010 los delincuentes de cuello blanco –incluidas las trasnacionales que operan en México con capacidad para realizar facturaciones fraudulentas en otros países– sacaron del país unos 49 mil millones de dólares; mientras que los criminales ingresaron al circuito financiero un porcentaje no determinado de esos 39 mil millones de dólares producto sólo de la venta de narcóticos en Estados Unidos.
La balanza de las finanzas ilícitas no es desconocida: en sus reportes International narcotics control strategy report 2010 y 2011, el Departamento de Estado de ese país señala que “México sigue siendo un centro de lavado de dinero” y que “el contrabando de embarques de dólares a granel y la repatriación de los fondos ilícitos a través de mensajeros, vehículos blindados y transferencias bancarias de Estados Unidos hacia México siguen siendo los métodos preferidos para el blanqueo de dinero del narcotráfico”.
No obstante, la inteligencia civil destinada a detectar estas operaciones que llegan al circuito financiero en México ni siquiera tiene un sistema confiable, señala la Auditoría Superior: la Unidad reportó un total de 4 millones 695 mil 31 operaciones inusuales, preocupantes y relevantes, mientras que los organismos reguladores y supervisores reportaron en conjunto 11 mil 558 operaciones, “lo cual refleja que la información no es confiable y los reportes no son congruentes”.
El órgano fiscalizador dependiente de la Cámara de Diputados indica, además, que no se tuvo evidencia para determinar si los sujetos obligados emitieron los reportes trimestrales correspondientes al ejercicio fiscal de 2010 por todas las operaciones relevantes realizadas mediante el uso de cuentas concentradoras de sus clientes o usuarios.
Ello, porque la UIF se negó a proporcionar los datos con el argumento de que “la Auditoría Superior de la Federación no tiene facultades para tener acceso a la información contenida en los reportes de operaciones inusuales, preocupantes y relevantes, ya que dichas operaciones están relacionadas con posibles actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 o 148 bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 bis del mismo Código y no cuentas o contratos a través de los cuales se administren o ejerzan recursos públicos federales (sic)”.

Banca trasnacional lava en México

En todo el ejercicio de 2010, la Unidad de Inteligencia Financiera detectó un caso de probable lavado de dinero que involucró a una trasnacional financiera. Se trató de una oficina de representación de una institución extranjera que se registró ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impedida para realizar actividades de intermediación financiera en el mercado nacional, por no contar con la autorización del gobierno federal.
La Unidad de Inteligencia, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “determinó que dicha oficina deberá abstenerse de actuar, directamente o por medio de interpósita persona, en operaciones de captación de recursos del público, ya sea por cuenta propia o ajena, y de proporcionar información o hacer gestión o trámite alguno para este tipo de operaciones”.

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Salen a la luz más irregularidades en construcción de nueva sede del Senado

MÉXICO, D.F. (apro).- Trabajos de mala calidad, gastos excesivos, deficiencias en la aplicación del ajuste de costos y pagos anticipados detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la construcción de la nueva sede del Senado de la República.

De acuerdo con el portal electrónico de Reforma, el máximo órgano fiscalizador emitió cuatro observaciones al Senado que derivaron en ocho acciones: cuatro recomendaciones preventivas y cuatro solicitudes de aclaración, de las cuales se derivan 56 millones de pesos como probables recuperaciones.

Según Esthela Damián, presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, a decir de la Auditoría Superior de la Federación, tanto la Secretaría General de Servicios Administrativos de la Cámara de Senadores y la Dirección de Administración Fiduciaria del Banco Nacional de Obras y Servicios Público, S.N.C. incumplieron con las disposiciones aplicables a las operaciones revisadas.

En un informe, la ASF detalla que se detectaron pagos anticipados por 642.5 millones de pesos que hubieran generado intereses por 5.2 millones de pesos, señala Reforma.

Además, se hicieron pagos en exceso por 5.4 millones de pesos, lo que se suma a una deficiente aplicación del ajuste de costos, que arroja un pago en exceso por 9.4 millones de pesos.

martes, febrero 21, 2012

Lapidario juicio de la ASF: México, un desastre bajo la conducción panista

Desde que el PAN llegó a Los Pinos, la economía nacional ha ido en picada. Esta afirmación destaca en el Informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2010, recientemente difundido por la Auditoría Superior de la Federación. Pero la instancia que dirige Manuel Portal Martínez elabora un diagnóstico todavía más alarmante. El desastre –estima– es completo: crecimiento mediocre, recuperación precaria, empleos por debajo de la meta programada, déficit recurrentes…
Devastadora, la corrupción panista

Carlos Acosta Córdova

En su Informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2010, divulgado el miércoles 15, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hace trizas a los gobiernos panistas, al analizar 10 años de conducción de la economía: han sido un verdadero fracaso, sostiene.

El apartado sobre la revisión de las finanzas del sector público presupuestario de ese año –un legajo de 238 de las decenas de miles de páginas de las que consta todo el documento– es contundente:

De 2001 a 2010, la economía mexicana registró una tasa de crecimiento anual más que mediocre: 1.7% en promedio.

Es decir, 10 años con una economía aletargada, sin bríos. Incapaz de generar el millón de empleos que se requieren cada año, meta que se lograría con un crecimiento de 6% o más, según cualquier modelo macroeconómico. Y por lo mismo, inútil para procurarle a la población mejores condiciones de vida.

Más: el crecimiento económico promedio en el gobierno de Vicente Fox fue de 2.2%. En los primeros cuatro años de Felipe Calderón, peor: sólo ¡un 1%! pudo avanzar el producto interno bruto en promedio anual.

En su campaña por la Presidencia fue célebre la propuesta de Fox de que en su gobierno la economía iba a crecer 7%. Ni la tercera parte logró.

Reconoce la ASF en el documento que en 2010 el crecimiento fue de 5.4% –5.5%, según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística–, luego de haberse desplomado -6.1% real en 2009, el peor año de la crisis financiera internacional.

Ese crecimiento fue superior al que registraron las economías industrializadas: 3.1%, pero “inferior al 6.1% que promedió el PIB de las economías de América Latina y el Caribe”.

Además, esa recuperación económica –de -6.1% en 2009 a 5.4% en 2010– fue la más pobre de entre los países emergentes y en desarrollo, dice la ASF.

Las economías de estos últimos –acota– “confirmaron en 2010 su papel dinámico en el PIB mundial, al alcanzar un crecimiento de 7.3%, como consecuencia del comportamiento de su mercado interno, de mejores términos de intercambio comercial y de la entrada de capitales por la liquidez disponible en los mercados financieros”.

No fue el caso de México, puntualiza.

Y como si no fuera suficiente, presenta una tabla comparativa –con un sesgo negativo para el país y su gobierno panista– en la que se observa que en 2010 el crecimiento del PIB de México, de 5.4%, es apenas superior al 4.4% de los países de Oriente medio y del Norte de África; idéntico al 5.4% de países del África subsahariana… pero lejísimos del 10.3% de China ó el 10.1% de la India.

O, ya en nuestra región, nada que ver con el crecimiento de 15% de Paraguay, 9.2% de Argentina, 8.8% de Perú, 8.5% de Uruguay, 7.8% de República Dominicana y 7.5% de Brasil y Panamá.

En el tobogán

No hay reposo en la crítica a la conducción de la economía en los gobiernos panistas, sobre todo del actual.

Atiza el documento de la ASF: “El crecimiento real de 5.4% que se obtuvo en 2010, aunque importante, no fue suficiente para recuperar el valor del PIB en 2008, por lo que fue menor en 1.1% real, equivalente a 94 mil 992 millones 100 mil pesos en comparación con 2008.

Y en la tabla correspondiente, que muestra el valor del PIB, año por año, se ve en efecto que, a precios de 2003, el PIB de 2008 tuvo un valor de 8 billones 915 mil 30 millones de pesos, mientras que el de 2010, con todo y el crecimiento de 5.4%, fue menor: 8 billones 820 mil 38 millones de pesos.

Con ánimo lapidario, la ASF dice: “No fue sino hasta el primer semestre de 2011 cuando el PIB a precios constantes se ubicó en 8 billones 914 mil 736 millones de pesos. Es decir, se requirieron de 2.6 años para que se registrara un nivel por arriba del PIB obtenido en 2008”.

Además de una recuperación económica pobre en 2010, ese año se confirmó lo que desde 2006 es una tendencia: la economía mexicana cada vez pierde más peso en América Latina y el Caribe.

Textual: “La economía mexicana ha disminuido su participación en el producto (PIB) de América latina y el Caribe entre 2006 y 2010: el PIB de México retrocedió 2.7 puntos porcentuales como proporción del PIB regional, el mayor decremento de los cinco países más importantes de la zona, mientras que los otros cuatro –Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela– pasaron de representar 54.2% en 2006 a 56.4% en 2010”.

Y en la tabla demostrativa se ve, por ejemplo, que mientras Brasil generaba 32.7% del PIB de AL en 2006 y pasó a 34% en 2010, México caminó en sentido inverso: en 2006 su economía representaba 27.1% de total del PIB de AL, pero cuatro años después fue de 24.4%, es decir perdió 2.7 puntos porcentuales.

Una de las razones por las cuales la economía mexicana tiene un pobre desempeño, según la ASF, es su extrema dependencia de la de Estados Unidos, es decir, la pobre diversificación de su comercio exterior.

La institución que dirige Manuel Portal Martínez no concede mérito alguno a las autoridades económicas: la recuperación de 2010 –5.4%, desde el -6.1% de 2009–, dice, rebasó toda expectativa, pues el gobierno federal originalmente previó un crecimiento de 3% para el año… pero “la recuperación observada en 2010 se basó en la sólida expansión de la demanda externa asociada al crecimiento de EU, que se benefició de los estímulos fiscal y monetario aplicados (en ese país)”.

Ese tono es reiterativo en el informe de la ASF. Otro caso:

Reconoce que “las políticas fiscal y monetaria instrumentadas por el gobierno federal y el Banco de México han sido eficaces para preservar la estabilidad macroeconómica en indicadores clave como la inflación de un solo dígito, tasas de interés a la baja, tipo de cambio estable y déficit manejable en la cuenta corriente de la balanza de pagos”.

Pero: “Al considerar el periodo de 2007 a 2010 –el gobierno de Calderón, pues–, se advierte que la posición fiscal del país se ha deteriorado al presentar recurrentes déficits (sic) en los balances tanto público como presupuestario”.

Ello se debió a que “los ingresos ordinarios han quedado rezagados respecto del incremento del gasto público, lo que ha requerido de un mayor endeudamiento para financiar dichos déficits (sic)”.

Explica que los ingresos ordinarios se incrementaron a una tasa media anual de 1.1% real entre 2007 y 2010, mientras que el gasto neto pagado lo hizo en 5.2% real en el mismo periodo”.

Sesgo acusatorio

El mensaje de la ASF es lapidario: estos gobiernos panistas gastan cuatro veces más de lo que son capaces de generar. Y necesariamente tienen que recurrir más a la deuda para financiar los déficit. Porque la economía, la actividad productiva –aletargada– no da para más.

Sin ambages la crítica: “En los últimos cinco años se aprecia un importante incremento de la deuda pública bruta –interna y externa– en sus distintos niveles de agregación. La deuda del sector público presupuestario fue la que mostró el mayor incremento, al pasar de 21.5% del PIB en 2006 a 33.1% en 2010, lo que significó un incremento de 11.6 puntos porcentuales”.

Y para darle sentido a esos números –con el recurrente tono acusatorio–, presenta la tabla correspondiente, de la que se desprende lo siguiente:

Vicente Fox, en 2006, dejó al sector público federal (que incluye gobierno federal, sector paraestatal y la banca de desarrollo) con una deuda bruta de 2 billones 337 mil 320 millones de pesos, equivalente a 22.5% del PIB.

Pero Calderón, al 2010, ya la había subido a 4 billones 445 mil459 millones de pesos, el 34% del PIB. Es decir, en cuatro años le metió a la deuda heredada de Fox otros 2.1 billoncitos de pesos más, un “aumentito” de 90.2%.

Y si se desglosa la deuda en sus componentes interno y externo, se descubren otras cosas.

La deuda interna que dejó Fox para el sector público federal fue de 1 billón 741 mil 408 millones de pesos. Calderón la fue subiendo año con año, para ubicarla en 2010 en casi 3.1 billones, un incremento de 77% o 1 billón 339 mil 477 millones de pesos más.

El caso de la deuda externa es más sintomático. Aunque como porcentaje del PIB es mucho más reducida que la interna, el brinco que ha dado es más notorio.

La deuda externa del sector público federal, al cierre del gobierno de Fox, fue de 54 mil 766 millones 300 mil dólares o 595 mil 912 millones 100 mil pesos, 5.7% del PIB. En 2010, cuarto año de Calderón, los débitos al exterior ascendían a 110 mil 428 millones de dólares o 1 billón 364 mil 569 millones 800 mil pesos, 10.4% del PIB.

Es decir, Calderón elevó la deuda externa, al 2010, en 4.7 puntos porcentuales del PIB. En pesos: le agregó casi 768 mil 658 millones más, que significa un aumento de 129% respecto de la deuda externa que le dejó Fox.

En dólares, a la deuda externa que Fox le heredó, Calderón le agregó, hasta 2010, otros 55 mil 662 millones, que significan un aumento de 101.6%.

Si a la deuda pública bruta se le restan una serie de activos financieros, queda la deuda pública neta. Sin embargo, las variaciones porcentuales y las diferencias absolutas son muy similares a las de la deuda bruta.

Las “recomendaciones”

Pero la ASF va más allá de la crítica al rápido endeudamiento del país en los gobiernos panistas.

Hace una serie de cálculos técnicos y dice que el nivel de superávit primario –que es de 0.2 cuando debía ser de 1 para que la deuda sea sostenible– “es insuficiente en un futuro para cubrir el costo efectivo de los intereses de la deuda, lo que significa que el nivel de endeudamiento del gobierno federal en los últimos años ha minado su capacidad de pago”.

Y si el país no quiere llegar a situaciones de impago, como sucedió en los años ochenta, la ASF recomienda al gobierno de Calderón “impulsar condiciones para un mayor crecimiento estable y sostenido de la economía, en un marco de competitividad y productividad, así como de mayor fortaleza en las finanzas públicas y la calidad del gasto”.

Pero una política económica carece de sentido si no tiene como fin el bienestar de la población. Y en esto han fallado de sobra los gobiernos panistas, según se desprende del informe de la ASF.

En materia de empleo, dice que aunque el PIB registró un crecimiento de 5.4% real en 2010, los empleos permanentes redujeron su participación en el mercado laboral: de representar en promedio el 88.7% en 2006, pasaron a 88% en 2009 y a 87% en 2010.

En cambio, los empleos eventuales son menos pero aumentaron más. En 2006 representaron 11.3% del todos los trabajos formales en el país, pero ya en 2010 significaron 13% del total de empleos registrados en el IMSS.

Otra vez, la sobadita y el coscorrón: “Durante 2010 se generaron 530 mil 321 plazas nuevas, de las cuales 323 mil 170 fueron permanentes (60.9%), lo que bien significó un avance relevante, el total de estas plazas se mantuvo por debajo del nivel observado en 2008”.

Más: “La crisis de 2009 alteró la composición del empleo, debido a que en 2007 y 2008 por cada 100 nuevos empleos permanentes se crearon 21 eventuales en promedio, y en 2010 esa relación subió a 64”.

Pero, en realidad, el gobierno de Calderón no cumplió ni siquiera en la mitad la meta propuesta de creación de empleos, dice la ASF: “El total generado de 2007 a 2010 fue de 950 mil 772 plazas de trabajo, lo que equivale a 41.7% de las 2 millones 282 mil 124 establecidas como meta en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012”.

En materia de salarios, los logros han sido igual de magros que en el empleo. Aunque en 2010 el salario mínimo real promedio aumentó un 0.9%: de 10.05 pesos en 2009 (53.19 pesos en su valor nominal) pasó a 10.14 pesos (55.77 nominales) en 2010.

Pero resulta, dice la ASF, que esos 10.14 pesos a los que llegó el salario mínimo real en 2010, sigue por debajo de los 10.20 pesos de 2008; no se diga de los 10.42 pesos de 2007 y los 10.48 pesos de 2006.

Lo más grave, a juicio de la ASF, es que “del total de la población ocupada en 2010 (44.1 millones de personas), el 44.4% (19.6 millones de personas) percibió un ingreso de hasta dos salarios mínimos generales, lo que equivale a un ingreso mensual nominal de 3 mil 346.2 pesos.

“Si se considera que este ingreso sea el único que recibe una familia (de cuatro personas promedio), esta cantidad se compara desfavorablemente con el valor de la línea de bienestar por persona, que al cierre de 2010 fue de 2 mil 179.4 pesos en áreas urbanas y de mil 376.2 pesos en zonas rurales, lo que significa que la familia debiera recibir un ingreso mensual de 8 mil 717.6 pesos y 5 mil 504.8 pesos mensuales, respectivamente.”

Otro hecho que muestra el deterioro del empleo y del ingreso de los hogares, dice la ASF, es el aumento de las personas que están en la economía informal, que es mayor al número de quienes cuentan con un empleo formal.

Más claro ni el agua: “En 2010, en promedio, la tasa de ocupación en el sector informal como porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA) superó en 3.1 puntos porcentuales a la ocupada en la economía formal. En ese año, 34 de cada 100 personas en edad y condición de trabajar se emplearon en actividades informales, sin acceso a seguridad social, a prestaciones laborales y a una remuneración estable”.

Los datos: en 2006 había 14 millones 697 mil 372 personas empleadas en la informalidad, el 33.5% de la PEA. En el sector formal, asegurados en el IMSS, había 13 millones 573, 677 personas, el 30.9% de la PEA.

En 2010, con Felipe Calderón, los informales eran 16 millones, el 34.2% de la PEA. Es decir, 1 millón 262 mil 395 mil personas se agregaron a la informalidad, un aumento de 8.6%.

En cambio, el número de quienes se ocuparon en el sector formal sólo aumentó en 950 mil 771 personas, un
7% más.

Y así, tema tras tema, indicador tras indicador, la Auditoría Superior de la Federación se muestra implacable con la gestión económica de los gobiernos panistas, no obstante que éstos puedan presumir que han contado con sólidos equipos hacendarios, encabezados por dos secretarios de Hacienda conspicuos, de bien ganada reputación internacional: Francisco Gil Díaz, con Fox y Agustín Carstens, con Calderón.