Los estertores del PRD

ROSALíA VERGARA

La resolución del TEPJF que benefició a Silvia Oliva con la candidatura del PRD a la jefatura delegacional de Iztapalapa, lejos de resolver el conflicto que empezó cuando Clara Brugada se impuso a la representante de la corriente Nueva Izquierda en su bastión familiar, obstaculizó los acuerdos internos en ese partido. La sentencia –basada en criterios inusuales de los magistrados– no fortaleció la institucionalidad partidista y, más aún, agravó las dife-rencias de Izquierda Unida con Nueva Izquierda, por lo que ambas corrientes prevén consumar la ruptura después del 5 de julio.

Si en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) hasta hace poco la consigna era “acuerdo mata estatuto”, con la lucha por la candidatura a la jefatura delegacional en Iztapalapa se cancelaron las vías de negociación entre los integrantes de Nueva Izquierda (NI), conocidos como los chuchos, y los lopezobradoristas de Izquierda Unida (IU).La decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de revocar el triunfo de Clara Brugada, de IU, como candidata a jefa delegacional, para entregarle la postulación a Silvia Oliva, de NI, anuló la posibilidad de una negociación interna que unificara a ese partido y perfiló a éste hacia una ruptura anticipada. La imposibilidad de alcanzar acuerdos está orillando a los perredistas a tomar decisiones importantes después de los comicios del 5 de julio, coinciden los protagonistas de estos hechos, Clara Brugada, Silvia Oliva, Alejandra Barrales, Ricardo Ruiz y Jesús Ortega. El clan que dirige a NI en el Distrito Federal –Silvia Oliva, esposa del senador René Arce, jefe delegacional de 2000 a 2003 y quien fue sustituido por su hermano, el hoy asambleísta Víctor Hugo Círigo de 2003 a 2006– impugnó ante el tribunal el triunfo de Clara Brugada en la elección interna de candidato a jefe delegacional. La Sala Superior del TEPJF atrajo el expediente de manera inusual y después de 27 días revirtió el resultado.El 12 de junio los magistrados, encabezados por la presidenta del TEPJF, María del Carmen Alanís, no ordenaron reponer la elección, sino que el PRD le diera la candidatura a Silvia Oliva, a poco menos de un mes de la elección y con las boletas ya impresas con el nombre y la fotografía de Clara Brugada a un costado del logotipo del partido. Anulada su oportunidad de gobernar Iztapalapa –en lo que había sido el principal descalabro recibido por NI en la selección de candidatos–, Clara Brugada comenzó a defenderse. En el PRD se iniciaron negociaciones entre NI, IU y Andrés Manuel López Obrador, quien rechazó el fallo judicial y propuso, como solución, que se llamara a votar por el candidato del Partido del Trabajo (PT), Rafael Acosta, a fin de que si triunfa, éste le ceda el lugar a Brugada.En un pintoresco contrasentido, Clara deberá convencer a los iztapalapenses de que no voten por ella, pues eso implicaría un voto para Oliva, sino que sufraguen por Acosta, que el 16 de junio, en presencia de López Obrador, se comprometió a renunciar al cargo para que lo asuma Brugada. Para ello sería necesario que así lo solicitara el jefe de gobierno Marcelo Ebrard y que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) lo aprobara.
El TEPJF al “rescate”
El 30 de marzo pasado, Silvia Oliva se inconformó ante la Comisión Nacional de Garantías del PRD por el triunfo de Clara Brugada; el 13 de abril, la instancia partidista declaró infundado el recurso.Insatisfecha con la decisión, el 22 de abril Oliva promovió un juicio de protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos ante el Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF). El recurso quedó registrado con el número TEDF-JLDC-082/2009. Brugada realizó el mismo trámite el 6 de mayo (expediente TEDF-JLDC-107/2009). Después de analizar ambos casos, el 14 de mayo el tribunal capitalino determinó anular 34 casillas que no modificaban el triunfo de Brugada, por lo que le entregó a ella la constancia de mayoría. Oliva se inconformó de nuevo, esta vez ante la oficialía de partes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el 18 de mayo. Cinco días después solicitó que sus recursos de impugnación fueran revisados, analizados y resueltos por la Sala Superior.En el análisis del caso, dicha sala reconoció que Oliva solicitó la intervención del pleno de manera extemporánea, pero los magistrados determinaron atraer el caso “oficiosamente” por considerarlo “de importancia o trascendencia”, de acuerdo con el expediente SUP-SFA-16/2009.Veintisiete días después, en otro hecho inusual, la Sala Superior convocó a los magistrados a una sesión que se realizó el jueves 11 de junio por la noche. Constantemente la magistrada presidente, María del Carmen Alanís, tuvo que llamar al orden a las decenas de simpatizantes de Brugada que asistieron y declaró varios recesos para calmar los ánimos.De acuerdo con el proyecto de resolución del juicio de protección de derechos político electorales de Oliva, elaborado por el magistrado ponente Esteban Penagos, se analizaron cinco juicios, pues Oliva impugnó desde el cómputo hasta la presencia de funcionarios de casilla que no militaban en el partido durante la elección interna del 15 de marzo. Durante la sesión se fueron desechando uno a uno, por lo que el tribunal decidió no estudiar los agravios “como fueron propuestos por la actora en su demanda”, por razones “de método”. En cambio, decidió atraer el expediente SUP-JDC-498/2009 y anular la votación de 47 casillas, que sumó a las 34 invalidadas en la resolución del TEDF. La invalidación de 81 casillas en total sí modificó el resultado del cómputo y éste favoreció a Oliva.El TEPJF justificó su sentencia con el “error” cometido por el TEDF al anular 193 votos en la casilla IZ-24-20-125-3, cuando debía anular sólo 96. Es la única casilla que pone como ejemplo para eliminar el cómputo de las otras 80, según consta en el juicio TEDF-JLDC-082/2009. El proyecto se aprobó sin discusión, de acuerdo con la versión estenográfica de la sesión pública. Se ordenó al PRD capitalino que en un plazo máximo de 24 horas registrara a Oliva como candidata a ocupar los cargos que ya ostentaron su cuñado y su marido.
Ruptura anticipada
Alejandra Barrales, dirigente del PRD capitalino e integrante de IU, advirtió que su grupo va a defender “el bastión más sólido del perredismo en la ciudad” de la que calificó como una acción concertada con anticipación y ejecutada “con bisturí” por el gobierno calderonista “y sus aliados”. Después, el miércoles 17 por la noche, Barrales pidió licencia de su cargo en protesta por la forma en que condujo el caso de Iztapalapa la dirigencia nacional perredista encabezada por Jesús Ortega (de la misma corriente que Oliva). Desde que el TEPJF dictó sentencia, Brugada e Izquierda Unida protestaron por “la imposición” de Oliva como candidata a jefa delegacional y acusan a René Arce de aliarse con el PRI y el PAN para cocinar este nuevo golpe al PRD.El viernes 12 concentraron a sus partidarios en Iztapalapa y anunciaron que el Comité Político Nacional (CPN) estaba en sesión permanente. Durante el día cruzaron llamadas telefónicas Ricardo Ruiz, Jesús Zambrano, Dolores Padierna y el diputado José Luis Morúa. Se reunieron en duplas para buscar una salida política al conflicto. Las posturas eran claras: IU pretendía que renunciara Oliva, y NI que se respetara la resolución del TEPJF.Los chuchos pidieron un pronunciamiento del jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, pero el único que habló con él fue Jesús Ortega. Como el TEPJF dio 24 horas de plazo para inscribir a Oliva como candidata en el IFE, la secretaria general del PRD, Hortensia Aragón, convocó a una sesión esa misma noche. El presidente nacional y los otros dirigentes chuchos no asistieron por temor a que los partidarios de Brugada tomaran el edificio del partido. En el salón de sesiones de la sede nacional perredista se aprobó un resolutivo para pedir la renuncia de Oliva o, de lo contrario, se le suspenderían sus derechos políticos porque estaba poniendo en juego la unidad del PRD al acudir a una instancia externa para resolver un conflicto interno. Esperaban su respuesta antes de turnar el caso a la Comisión Nacional de Garantías.Siguieron las pláticas informales el fin de semana, pero no se lograron acuerdos. El lunes 15 se realizó otra reunión del CPN con la presencia de los chuchos, a quienes se les presionó a que asistieran con el amago de hacer efectiva la suspensión de derechos de Oliva, quien tampoco acudió a ejercer su derecho de audiencia pero sí difundió en la prensa que no renunciaría a la candidatura.En esa sesión se polarizaron las posturas de IU y NI: los lopezobradoristas calificaban la resolución como injusta, y los chuchos la defendían con el argumento de que el partido debe respetar a las instituciones, en este caso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.En medio del debate, Ortega presentó un documento que elaboró junto con el subsecretario del gobierno capitalino, Juan José García Ochoa, previa consulta con Marcelo Ebrard, para pedir la renuncia formal de Oliva, pero IU rechazó el texto argumentando que se trataba de “un llamado a misa” que no solucionaba el conflicto, ya que aunque Oliva renunciara, el TEPJF la obligaría a inscribirse. Para el martes 16 por la mañana cambió la posición de NI. El coordinador de los senadores perredistas, Carlos Navarrete, propuso consensuar a otro candidato como una tercera vía para resolver el conflicto. El CPN se declaró en receso y se comenzaron a barajar los nombres de los sustitutos. Por NI se habló de Morúa, Elba Garfias o Círigo, y por el otro lado de Pablo Gómez y Javier González Garza. Nadie cedió y no hubo acuerdo.Entonces se decidió que una comisión integrada por Jesús Zambrano, García Ochoa, Jesús Ortega y Ricardo Ruiz acudiera al TEPJF para verificar cuánto tiempo tenían para lograr un acuerdo. Paralelamente, en Iztapalapa se había preparado un mitin de apoyo a Clara Brugada, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.Mientras aquellos dirigentes estaban en el tribunal, en Iztapalapa Alejandra Barrales fijó su postura, al igual que Alejandro Encinas, candidato plurinominal a diputado federal, y la propia Clara Brugada. En tanto, López Obrador recibió una llamada en su celular y luego se retiró detrás del templete a platicar con el dirigente nacional del Partido del Trabajo, el senador Alberto Anaya. Entonces tomó el micrófono y explicó que acababan de avisarle “que el tribunal quiere que (Oliva) sea a como dé lugar la candidata impuesta, no dan la posibilidad de que el PRD, nuestro partido, pueda sustituir. Ni siquiera acepta que sea otra persona, quieren que sea la que ellos están empeñados en imponer”.Minutos después, el tabasqueño pidió a los perredistas de la delegación votar por el candidato del PT, Rafael Acosta, para que gane la elección y renuncie de inmediato a fin de que Brugada asuma el cargo. Ahí, frente a sus simpatizantes, comprometió al excolaborador de Arce y Oliva a renunciar si gana esta elección, ya que debería el triunfo al movimiento lopezobradorista y a Brugada.“Es un asunto inédito, pero tenemos que devolver esta afrenta ante esta situación de fraude anticipado”, sentenció el líder. La asamblea se desarrolló con incertidumbre: parecía que habría un acuerdo interno, ya que la comisión de perredistas estaba en el tribunal. Sin embargo, dice Ricardo Ruiz al ser consultado por la reportera, el TEPJF “rompió la negociación interna” al ordenar que el PRD capitalino registrara a Oliva como candidata en un plazo máximo de seis horas.“Con esto –prosigue– se invalida la posibilidad de acuerdos políticos; es decir, un grupo no tiene espacio para negociar y tomar decisiones conjuntas con la dirigencia.”En entrevista vía telefónica, Brugada critica a Ortega por agudizar la crisis interna al no defender al PRD del tribunal y permitir que defina los asuntos internos del partido. Aunque para ella esta postura es entendible: “¡Qué se puede esperar de Jesús Ortega si es hijo de los tribunales, también!”, exclama. En su opinión, el llamado a votar por el PT servirá para canalizar políticamente el descontento de la gente. “Las cosas en el PRD se han aguantado, tolerado, pero esto fue de plano un absurdo, un atraco público, una situación que no se podía soportar, y esto agudiza la contradicción del PRD. Después del 5 de julio se deben decidir muchas cosas”, prevé.También Ortega asegura que después del 5 de julio los órganos del partido evaluarán y resolverán las consecuencias estatutarias que tiene el llamado a votar por otro partido, como se decidió en el mitin de López Obrador y con la anuencia de Encinas, Ruiz y Barrales, entre otros. Para Clara Brugada, Ortega cae en contradicciones porque no se opuso a que militantes de NI, especialmente gente de Silvia Oliva y René Arce en Iztapalapa, pactaran su apoyo a los candidatos del Partido Socialdemócrata en los distritos 26, 19 y 29 locales, así como en el 18 –en éste aspira a la diputación el hermano de Elba Garfias–, el 22 y el 25 federales.Por su parte, Oliva no cree que haya contradicción. De hecho, dice: “Voy a competir contra López Obrador por la delegación”.

Tribunal electoral, la servidumbre

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

MÉXICO, DF, 19 de junio (apro).- A pesar del millonario gasto que ha representado su actual conformación, el Poder Judicial sigue al servicio de los intereses del poder político.
Con creces, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se ha convertido en una lamentable muestra de la adhesión ciega de sus actuales integrantes a los propósitos particulares de quienes los nombraron magistrados.
Su fallo del pasado 12 de junio para modificar el resultado de la elección de la candidata del PRD a delegada en Iztapalapa ahondó la desconfianza hacia la actual Sala Superior del Tribunal y, peor aún, abrió un escenario más de confrontación en la de por sí delirante clase política mexicana.
Sin que nadie oficialmente se lo pidiera, ni siquiera Silvia Oliva, la beneficiaria del fallo, el TEPJF decidió atraer uno de los tantos recursos promovidos por la ahora candidata y así abrir la puerta para cambiar el sentido de los resultados que habían sido convalidados por la Sala Regional del Distrito Federal del propio Tribunal.
Uno tras otro, los recursos de Oliva habían sido desechados por improcedentes hasta que el magistrado Manuel González Oropeza encontró "de importancia y trascendencia" que la Sala Superior analizara las quejas por las alegadas irregularidades en esa elección interna del PRD.
Después, el magistrado Pedro Esteban Penagos López, como autor de la resolución, se encargó de anular 47 casillas, hacer un nuevo recuento y revertir el triunfo de Clara Brugada, candidata de Andrés Manuel López Obrador.
El proyecto se aprobó sin discusión. Ninguno de los magistrados argumentó su voto. Los siete llegaron a la sesión con el acuerdo de aprobar el proyecto por unanimidad.
Conscientes de que su fallo desataría una nueva crisis en el PRD, los jueces electorales mostraron su talante de servicio. En la persona de Oliva, el primer beneficiario fue la tribu de Nueva Izquierda, encabezada por el presidente del PRD, Jesús Ortega Martínez, quien también debe su cargo a un fallo de los mismos magistrados.
Fue esa corriente, precisamente, la que logró colocar a González Oropeza como su pieza en el TEPJF, la única del PRD. Los otros seis magistrados fueron designados por el PAN y el PRI, empezando por la actual presidenta del Tribunal, María del Carmen Alanís, promotora del voto de Felipe Calderón en la elección presidencial del 2006, en su calidad de amiga de infancia de Margarita Zavala.
El PRI, pero sobre todo el PAN, son los otros beneficiarios que, por esa manida vía judicial, arremete en el principal bastión del PRD en el Distrito Federal, que es decir el del todo el país. Ese es "el rebase por la izquierda" advertido por Calderón.
La justificación de los magistrados fue que en esas casillas hubo personas ajenas al partido y por lo tanto, de acuerdo con los estatutos del PRD, debían anularse. Del mismo argumento de anulación de un calculado número de casillas se valieron los magistrados para darle el triunfo a Ortega, por encima del también lópezobradorista y exjefe de gobierno capitalino, Alejandro Encinas.
Como entonces, la duda es si las irregularidades fueron del tamaño que dicen los jueces electorales. En ambos casos, conociendo las prácticas electorales del PRD, heredadas del PRI y replicadas también por el PAN, hay motivos de sobra para pensar que las violaciones pudieron haberse presentado en más de 20% de las casillas y proceder por lo tanto a la anulación de la elección.
Los magistrados electorales podrán revestir jurídicamente su decisión, pero nunca convencer que no obedecieron a razones políticas. La operación se le ha atribuido al exsecretario particular de Calderón y candidato del PAN a la Cámara de Diputados, César Nava, y al presidente del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, otro de los promotores de la llegada de Alanís al Tribunal.
El resultado, calculado, fue otra reacción destemplada de López Obrador, cuya propuesta de "cambalache" con el candidato del PT para "ceder" su eventual triunfo a Brugada, aportó más argumentos para los delirios de sus opositores políticos y mediáticos.
Desde la reforma judicial que entró en vigor en 1995, el Poder Judicial ha tenido crecientes recursos y ha visto crecer su estructura, incluido el Tribunal Electoral. El objetivo era que esa instancia, que durante el autoritarismo del PRI era un poder "de tercera", se convirtiera en un sólido tercer Poder.
Sojuzgados por décadas al poder político, los jueces mexicanos no saben ser independientes. Ahora, en tiempos de democracia electorera, no sólo responden al Ejecutivo, también al Senado.
Los jueces también hacen política y, este caso, los desnuda. A ellos hay que imputarles los actuales obstáculos para alcanzar el equilibrio de poderes en México.
Como nadie más, ellos saben que este tipo de fallos son inconcebibles en un régimen democrático, donde el Poder Judicial probadamente actúa con independencia de los otros dos poderes.
Comentarios: jcarrasco@proceso.com.mx