Magistrados del TSJDF, nombramientos sin méritos

Las designaciones de magistrados en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal están sometidas a intereses políticos antes que jurídicos. El carácter prácticamente inamovible del cargo –que les asegura jugosas prebendas económicas– propicia que entre los magistrados se origine una especie de “clase judicial” que únicamente vela por sus intereses. El mayor mérito de algunos designados, su cercanía con presidentes del Tribunal en turno.

Mayela Sánchez

Los laxos requisitos para ocupar el cargo y el acatamiento a los poderes Ejecutivo y Legislativo locales –a quienes deben su designación– caracterizan el trabajo de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF).

Y es que para ocupar el máximo cargo judicial en la capital del país no hace falta experiencia, de acuerdo con la Ley Orgánica del TSJDF. Basta con tener título profesional de licenciado en derecho con una antigüedad mínima de 10 años. Respecto de la experiencia judicial, la ley señala que los nombramientos se harán “preferentemente” entre quienes se hayan desempeñado como jueces o hayan prestado sus servicios en la impartición o procuración de justicia.

Actualmente, cuando menos nueve de los 78 magistrados que integran el TSJDF no tienen antecedentes de carrera judicial. Se trata de Víctor Rolando Díaz Ortiz, Francisco José Huber Olea Contró, Raúl Jaime Campos Rábago, Óscar Gregorio Cervera Rivero, Manuel Enrique Díaz Infante de la Mora, Adriana Canales Pérez, Antonio Muñozcano Eternod, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Rebeca Florentina Pujol Rosas. A éstos se suman seis que carecen de práctica como juzgadores, ya que antes de ser designados magistrados fungían como secretarios de acuerdos o proyectistas de sentencias.

De acuerdo con sus fichas curriculares –disponibles en el portal electrónico del TSJDF (http://www.tsjdf.gob.mx)– ninguno de ellos cuenta con experiencia previa como juzgadores; en algunos casos, únicamente habían ocupado cargos cercanos a la presidencia del Tribunal.

Tal es el caso de Campos Rábago, de la Séptima Sala Penal, quien fue coordinador de asesores de la presidencia del TSJDF entre 2000 y 2003, año en que fue nombrado magistrado. Afín es el de Díaz Infante de la Mora, quien fue asesor del presidente del Tribunal, Edgar Elías Azar, hasta el momento de ser designado magistrado. Previamente había fungido como consejero de la judicatura local, además de ocupar cargos públicos como delegado, asambleísta y legislador federal. Otros magistrados que habían trabajado dentro del Tribunal son Canales Pérez, Muñozcano Eternod y González Alcántara Carrancá, quienes cuentan en su experiencia profesional el haber dirigido las publicaciones Anales de jurisprudencia y el Boletín judicial.

En el caso del magistrado Díaz Ortiz, su currículo da cuenta de que ocupó cargos administrativos en el Poder Judicial local y en la Procuraduría de Justicia capitalina. Además, fue agente del Ministerio Público en Oaxaca y subgerente jurídico de lo contencioso en la paraestatal Petróleos Mexicanos.

Los magistrados Pujol Rosas y Huber Olea Contró tienen experiencia como catedráticos; éste último se desempeñó, además, como abogado, asesor jurídico de empresas trasnacionales y trabajó en el Tribunal Electoral del Distrito Federal.

Antes de ser magistrado, Cervera Rivero fue asesor jurídico en el área bancaria y asesor en derechos humanos en el gobierno capitalino, aparte de dedicarse al derecho “en sus distintas ramas”, como consigna en su currículo.

Los magistrados cuya anterior experiencia profesional fue como secretarios en el Tribunal son Eduardo Alfonso Guerrero Martínez, adscrito a la Primera Sala Penal; Dora Isela Solís Sandoval, de la Segunda Sala Civil; Mónica Venegas Hernández, de la Tercera Sala Civil; Élfego Bautista Pardo, de la Quinta Sala Civil; Edilia Rivera Bahena, de la Cuarta Sala Familiar; y Martha Patricia Tarinda Azuara, de la Quinta Sala Familiar.

Con excepción de Guerrero Martínez y Solís Sandoval, quienes fungieron como secretarios del Pleno del Tribunal, todos se desempeñaron como secretarios de juzgado y forman parte de la decena de magistrados que fueron nombrados en febrero pasado.

En el caso de Mónica Venegas Hernández –aunque su principal experiencia profesional es como secretaria de acuerdos–, en diversas ocasiones se desempeñó como jueza por ministerio de ley, de acuerdo con la información de su ficha curricular. Pero en el caso de Bautista Pardo, si bien tiene experiencia como secretario de acuerdos y actuario, hasta el momento de su designación fungía como procurador de la defensa del trabajo en el Distrito Federal, puesto que le fue asignado por el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard. Previamente, el magistrado a cargo de la tercera ponencia en la Quinta Sala Civil se desempeñó como secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial del Distrito Federal, secretario general del Sindicato de Trabajadores del TSJDF y titular de la Unidad Jurídica de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal.

A diferencia de lo que ocurre con los aspirantes a jueces, quienes son postulados al cargo de magistrado no son sometidos a un concurso de oposición ni examen alguno para acceder al puesto. Antes bien, la ley hace idóneos al cargo a aquéllos que “por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica se consideren aptos para impartirla”.

Jaime Cárdenas Gracia, exconsejero de la Judicatura del Distrito Federal, considera provechoso y “enriquecedor” el que no todos los magistrados provengan de la carrera judicial. En su opinión, otras visiones, como las de litigantes o académicos contribuyen a nutrir los criterios jurídicos del Tribunal. Sin embargo, el diputado federal y doctor en derecho no soslaya la necesidad de incrementar los requisitos para acceder al cargo de magistrado, “para que no llegue cualquiera, sino que sean personas con conocimiento jurídico”.

Independencia vulnerada

Aunque el TSJDF es un órgano del Poder Judicial local, la designación de los magistrados está en manos de los otros dos poderes: el jefe del gobierno capitalino los nombra y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) los ratifica.

Cárdenas Gracia considera que este mecanismo vulnera tanto la independencia del Poder Judicial como la de los magistrados, cuyo desempeño puede verse condicionado al menos mientras permanezca en el puesto el titular del Ejecutivo local que lo nombró y cuando tenga que ser ratificado en el cargo.

Una postura contraria es la del diputado local Carlo Fabián Pizano Salinas, vicepresidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en la ALDF, para quien el mecanismo de designación de los magistrados “representa un equilibrio de poderes”. El integrante del Partido Acción Nacional sostiene que la participación del jefe de gobierno capitalino y de los legisladores no vulnera la independencia de los magistrados, sino que es el “sistema de contrapesos más idóneo” para controlar y supervisar el funcionamiento del TSJDF.

Para Cárdenas Gracia, los nombramientos de los magistrados están más sometidos a intereses de partidos que al conocimiento en materia jurídica que puedan tener los designados en el puesto.

“Siempre va a haber algunos cercanos al jefe de gobierno [del Distrito Federal], otros que definan los partidos en la Asamblea y una parte también de la presión que haga el Tribunal”.

Asimismo, recuerda que en la más reciente designación de magistrados –efectuada en febrero pasado– la terna propuesta respondió a los intereses de dichos actores. Por ello, concluye el legislador, el asunto de fondo tiene que ver con el método de designación: “O hacemos que todos se sometan a un concurso o que los elija el pueblo”.

El diputado Pizano Salinas considera que la ciudadanía todavía no está en el nivel de desarrollo democrático para concederle tal responsabilidad.

Magistrados vitalicios

Aunque el encargo de magistrado tiene una duración de seis años, la Ley Orgánica del TSJDF es concesiva respecto a que, una vez en el cargo, éste puede ser ratificado indefinidamente. Con excepción de los nombramientos que fueron hechos en 2008 y 2011, todos los magistrados del TSJDF han ocupado sus puestos por más de un periodo. Entre ellos se encuentra Jorge Valentín Vázquez Castellanos, adscrito a la Cuarta Sala Civil, quien ha ocupado el cargo desde 1993. Otro caso es el del magistrado Eduardo Alfonso Guerrero Martínez, nombrado en 1994. De acuerdo con su ficha curricular, su experiencia profesional ha sido en cargos administrativos fuera del Poder Judicial local; dentro del TSJDF su desempeño fue como oficial mayor y secretario de acuerdos del Pleno.

Laura Pérez Ríos de Hurtado también se encuentra entre los magistrados más longevos, no sólo porque ha permanecido en el cargo desde 1996, sino por que actualmente cuenta con 74 años de edad. A pesar de que la ley no establece un límite de ratificaciones en el cargo de magistrado, sí señala que los máximos juzgadores locales tienen que jubilarse a los 70 años.

Pero el de Pérez Ríos de Hurtado no es el único caso de un magistrado que rebasa la edad estipulada en la ley. Jorge Rodríguez y Rodríguez, tiene 79 años de edad; Ana Marcela Pasquel y Ramírez y María Esperanza Rico Macías, 75; y Cleotilde Susana Schettino Pym y Víctor Rolando Días Ortiz, 73 años.

Cuestionado sobre la pertinencia de que los magistrados puedan permanecer en el puesto de forma prácticamente indefinida, el diputado Pizano Salinas considera que la valoración está en función de “la calidad de personas que integran el Tribunal: si ésta es buena, el resultado tiene que ser necesariamente bueno”.

El panista arguye que la subsistencia que les otorga el nombramiento funciona como un elemento de independencia para tomar decisiones, ya que eso los exime de las presiones del gobierno o de “poderes fácticos” que pudieran condicionar su permanencia.

Para Cárdenas Gracia, diputado federal por el Partido del Trabajo, la prolongada estadía de los magistrados en sus cargos implica que se ocasione una especie de “clase judicial gremial, que únicamente vela por sus intereses, sus pensiones, sus prestaciones, como ocurre actualmente en el Tribunal”.

El exconsejero propone que, al igual que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se restrinja el periodo en el cargo a 15 años, lo que garantizaría que llegara gente más joven y con nuevos criterios judiciales.

Reforma ad hoc

El marco legal vigente para el Poder Judicial del Distrito Federal no sólo permite la ratificación indefinida de los magistrados, sino que les garantiza una pensión vitalicia una vez que abandonen el cargo (Contralínea, 5 de junio de 2011).

Por si fuera poco, la última reforma a la Ley Orgánica del TSJDF, aprobada por la ALDF en febrero pasado, legaliza la reelección del magistrado presidente, cargo que actualmente ocupa Edgar Elías Azar. La reforma a la ley permitiría a éste –cuyo periodo concluye en diciembre próximo– mantenerse en el puesto por cuatro años más.

Al respecto, Cárdenas Gracia considera que se trató de una reforma “ad hoc” para el actual presidente del TSJDF, lograda por la cercanía de Elías Azar con el jefe de gobierno capitalino y el legislativo local. A decir del petista, permitir la reelección del magistrado presidente hace del Tribunal una institución “muy presidencialista”, ya que favorece la concentración del poder en la figura de quien es presidente tanto de los magistrados como del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal.

El diputado Pizano Salinas, quien forma parte de la Comisión de Administración de Justicia local, señala que la reelección “no es lo más benéfico para la institución”, pues coincide con que la posibilidad de reelección implica la concentración de poder en una sola persona, cuando hay otros pares que pudieran desempeñar el cargo.

Para la elaboración del presente trabajo se solicitó entrevista con el magistrado presidente del TSJDF, Edgar Elías Azar, por medio de Denisse Santoyo, de la Coordinación de Comunicación Social, sin que hasta el cierre de edición hubiera respuesta.

Fuente: Revista Contralínea 252 / 25 de septiembre de 2011

Ebrard: la ignorancia del "mejor" alcalde no disculpa

Gustavo Leal F.*

Un diagnóstico de la Comisión de Población y Desa-rrollo de la Asamblea Le-gislativa del Distrito Federal (ALDF) señala que cuatro de cada 10 capitalinos carecen de acceso a la seguridad social. En dos delegaciones: Iztapalapa y Gustavo A. Madero, se concentra cerca de 40 por ciento de esa ciudadanía en condiciones de desamparo social.

De los 8 millones 800 mil habitantes de la ciudad de México, 3 millones 700 mil carecen de IMSS, ISSSTE, servicios sociales del Gobierno del Distrito Federal (GDF) o algún otro sistema de protección. El universo descubierto alcanza 43 por ciento; 900 mil personas en Iztapalapa y 500 mil en Gustavo A. Madero.

El diagnóstico de la comisión concluye que el derecho a la salud es un derecho social y su consagración constitucional se convierte en un enunciado retórico si el Estado no cuenta con los recursos suficientes para hacer frente a esta obligación.

El propio secretario de Salud, Armando Ahued, asegura que la crisis económica ha incrementado, hasta 30 por ciento, la demanda de servicios sanitarios. Ha sido preciso, reconoce, levantar tres hospitales y ampliar los horarios de atención: Tenemos sobrecarga de trabajo. Mucha gente que antes recurría a los hospitales privados ahora, con los costos de la atención médica, acude al sector público. Y a pesar del esfuerzo de los médicos no se puede dar atención expedita. Ahued solicitó a la ALDF recursos adicionales (2011) por 5 mil 500 millones de pesos para mantener y desarrollar la infraestructura.

En riesgos de trabajo, el cuadro es asaz sombrío. Descontando la cifra negra del no registro, en el Distrito Federal pueden ocurrir hasta siete muertes mensuales. La falta de cobertura pesa sobre estos dramas. Fallecimientos por hipertensión, diabetes, cánceres vinculados a químicos tóxicos e infartos por estrés, acompañados de padecimientos frecuentes por contacto con diversos agentes del ambiente laboral. Los pequeños establecimientos con maquinaria que demanda grandes tomas de energía se cuentan entre los más expuestos. La higiene y la seguridad en el trabajo es un gran pendiente. Se han relajado las normas, mientras cunde el outsourcing.

Así que –en los 13 años perredistas al frente del GDF– los servicios de salud de Marcelo Ebrard no están, precisamente, ni en el mejor momento ni a la altura de los derechos ciudadanos. Incluso ha ganado presencia el incoherente Seguro Popular (que le atrae recursos a cambio de afiliaciones), aún disponiendo del programa de gratuidad diseñado en la era AMLO.

Ante los retos sanitarios capitalinos, Ebrard ubicó su visión en posiciones abiertamente proempresariales, optando por la ruta menos adecuada: elogiar el diagnóstico de Funsalud y premiar en el Día del Médico a un ¡biomédico!: Guillermo Soberón.

Justo el diagnóstico que impuso, con Fox y Frenk, ese Seguro Popular sumiendo al sector –incluyendo al DF– en la peor situación sanitaria del México moderno. Mismo Seguro que usa abusivamente Calderón para presumir sus compromisos en salud y autocalificar su desempeño como titular del Poder Ejecutivo pregonando la fantástica cobertura universal.

Ebrard cree entender que el sistema de salud está fragmentado y pareciera estar en proceso de extinción para los servidores públicos. Y, sin embargo, se atreve a pontificar que se debe retomar la iniciativa del Dr. Soberón para tener un sistema unitario de salud pública (?)

¿Retomar? Como si esa mendaz iniciativa no hubiera ya engendrado el fraudulento Seguro Popular. Y todavía agregó Ebrard: Hay 12 millones sin acceso a servicios y por ello no debe posponerse una reforma al sector. ¿Doce millones? ¿De qué fuente? ¿A qué reforma se refiere?

Sus declaraciones calzan exactamente con la propuesta calderonista del autocuidado de la salud: En un sistema integral de protección social, sostuvo Ebrard, debemos ubicar a cada persona, saber su edad, de qué ha estado enferma, de qué puede enfermar y conducir a nuestra población hacia el cambio de hábitos alimenticios, al cambio de hábito respecto de su propia salud. Ese es el objetivo.

¡No! Después de diseñar modernas políticas preventivas –que brillan por su ausencia en el DF– el propósito es muy otro. Se trata de brindarle a nuestra población atención médica oportuna resolutiva y de calidad cuando la requiriera. Meta que, ciertamente, hoy por hoy no puede presumir Ebrard.

Hasta los encargados de la Casa del Adolescente del Hospital Materno Infantil Inguarán denunciaron que –en esa misma deslucida conmemoración– Ebrard ignoró olímpicamente ¡sus 20 años de existencia!, cuando anunció la construcción de una clínica para jóvenes, la primera especializada para dicho segmento en la ciudad.

Según Ebrard, México es un país muy desigual en salud. Si la izquierda mexicana quiere llegar por primera vez a la Presidencia debe dejar las amenazas e incorporar a su proyecto a las clases medias. Necesitamos una agenda para este siglo.

Como ya lo hicieron antes –muy cómodamente– los panistas de la alternancia (Fox y Calderón) comprando la agenda soberonista para la reforma de la salud y la seguridad social, ¿ahora también Ebrard la presentará como suya para no tener que esforzarse mayormente en el asunto?

Lo que constituye una auténtica amenaza para la salud de los capitalinos (y del país) es el programa soberonista de Funsalud que Ebrard enarbola cómodamente frente al reto de erguir su agenda. Justamente, la que necesitamos para este siglo y a la altura del reformista pragmático reconocido como el alcalde del mundo.

Pero su ignorancia no admite disculpa. Será oportunamente penalizada en la liza electoral.

*Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco

Masacre de migrantes, corresponsabilidad gubernamental

El hallazgo en Tamaulipas.

Sara Lovera

Transitar debía ser un derecho,

y también acceder a la hospitalidad de los países.

MÉXICO, D.F., 9 de septiembre (apro).- El asesinato colectivo de al menos 72 migrantes de Centro y Sudamérica, hecho conocido el 24 de agosto último y resultado de una cadena de atrocidades, hace preguntarse a muchas personas: ¿desde cuándo México es el guardián de la frontera de Estados Unidos? y ¿cuántas cosas más estarán sucediendo?

La masacre nos remite indiscutiblemente al “recuerdo de los miles de migrantes muertos en los últimos años en su intento de cruzar las fronteras en todo el mundo”, reflexiona Reyna Carretero, filósofa y doctora en Ciencias Políticas, autora de un diagnóstico sobre migrantes en la ciudad de México.

Ella señala que en este horrendo hecho cabe pensar en un “cinismo inconcebible que el Estado mexicano pretenda evadir su responsabilidad culpando al crimen organizado”, cuando es posible que suceda con la anuencia visible de las autoridades migratorias del país.

Los hechos sucedieron días antes de que se realizara el Foro sobre Ciudades Interculturales y Movilidad Humana, organizado por la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del DF, que dirige la doctora María Rosa Márquez, precisamente para examinar y acordar cómo debiéramos enfrentar el fenómeno de traslado por las fronteras de miles de personas y cómo lograr que las ciudades de recepción se conviertan en ciudades hospitalarias, amables, y que reconozcan los derechos de los migrantes.

Con motivo de ese foro, la Ciudad de México fue reconocida como una ciudad hospitalaria por el Consejo de Europa, anuncio oscurecido por las noticias, siempre tremendas de la realidad que vivimos en México.

La filósofa Reyna Carretero es también promotora de una iniciativa de ley en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), que fundada en el Artículo cuarto de la Constitución mexicana podrá establecer algunos mecanismos para reconocer los derechos humanos de quienes migran a esta metrópoli, además de que pretende dar un marco legal a esas personas, que siempre se trasladan por razones importantes. La más evidente, en estos tiempos, es la de carácter económico, puesto que el capitalismo salvaje obliga a miles y miles de pobres a buscarse la vida en otras latitudes.

Hasta ahora la ausencia de una ley que reconozca los flujos migratorios forzados de Centroamérica y del sur del país ha generado estos desastres, elevados a grado máximo por el egoísmo humano, la incapacidad para reconocer al otro, a la otra, a quien se considera extraño.

Una ley que pudiera transparentar el significado del desarraigo, la soledad en que se convierte la vida de miles y miles de seres humanos obligados a salir de su espacio, buscándose la vida o simplemente el trabajo que sostendrá esa vida.

En el foro, la doctora Márquez dijo que se trata de algo que no pensamos, ya que la Ciudad de México es una ciudad de inmigrantes y emigrados, esos que pretendemos defender desde aquí y sufren las desgracias más terribles en su afán por cruzar hacia Estados Unidos.

Sin embargo, y aun cuando el foro no logró concitar el interés que debiera, por las muchas ausencias inexplicables y la noticia que llegó cargada de dolor humano y un tufo de corrupción desde Tamaulipas, quedó claro que el signo que espera a quienes cruzan las fronteras es exclusión y marginación, grandes problemas a resolver, ya que impacta en los indicadores de bienestar y desarrollo, y es un obstáculo para la coexistencia pacífica.

Encima, la Ley Federal de Población --como dice la experta-- está atrapada en su anacronismo desde 1974, con algunas enmiendas de corte antiinmigrante, y también sirve a la instrumentación de un estado de excepción para la población migrante, reminiscencia infame de la hostilidad como falso principio existencial. Excepción sostenida en la “teodicea del mal”, esto es, del supuesto de conciliar y justificar el sufrimiento y el dolor a partir de una autoridad omnipresente, llámese Dios, Estado o de un imperativo mayor: la “seguridad” a través de la cual se impone como único horizonte posible el estado de terror y de miedo. Tamaulipas es hoy su mejor retrato.

Reyna Carretero le llama “el mal radical”, del que hablaban Immanuel Kant y Hanna Arendt, que demanda esfuerzos y recursos extraordinarios para operar en el mundo. Dice más: El mal y la violencia que nos confrontan hoy, a pesar de todos los discursos para constituirlos como destino inevitable, se revelan sólo como elección inmoral; más aún, el mal no tiene lugar como principio de vida y existencia; es así un excedente, un hybris, que ha devenido en “lugar común” a partir de su repetición, de su representación escenográfica que siempre nos horroriza, a pesar de la cual su situación siempre es temporal, derivada de su característica de no-lugar u-tópica, que impide su integración plena, puesto que hay que repetirlo junto con Emmanuel Lévinas, tantas veces sea necesario: “el mal no es sólo integrable, sino que además es la integrabilidad de lo inintegrable”.

Ahora, desde la capital de México, se trata de enfrentar al mal que disminuye la condición humana de una migración forzada, de los más pobres de Latinoamérica que transitan por México sin garantía alguna.

En el foro, una periodista relató lo que hemos visto sin inmutarnos en las noticias. A las mujeres se las humilla y viola, no importa su condición. Empiezan a sufrir en Tapachula y acaban muchas veces devastadas en la estación migratoria de Iztapalapa en la Ciudad de México, y recorren un largo andar hasta Estados Unidos, cuando pueden llegar.

Hemos visto los trenes donde se suben hombres y mujeres. Sabemos que son amenazados, robados y extorsionados, delitos inaceptables y tremendos. Es como si se negara su existencia humana, el ser completo de la población que emigra desde sus países de origen y pasan por México.

La nueva iniciativa que está en la ALDF, cuya promesa es dictaminarla y promulgarla, podría ser como un remanso en esta cadena del horror. Garantizaría la movilidad humana, enfrentando esa contradicción absurda del libre flujo de mercancías, pero también todos los impedimentos para el libre flujo de personas o un flujo, como sabemos, miserable, sostenido por las mafias de todo tipo, la que captura cuerpos femeninos para la esclavitud sexual, cuerpos infantes para lo mismo, para el comercio ilegal de órganos y para la explotación del trabajo.

Ir más allá, concebir todo el significado de lo que debiera ser normal, el tránsito humano por las razones que sean, sin vivir la exclusión, es algo que debiera estar en la agenda del Estado, generalmente sostenido por una sociedad complaciente.

Sería dar un paso, lo digo con Reyna Carretero, contrario al teatro del horror del Estado mexicano, la perspectiva ética de la hospitalidad, interculturalidad y la movilidad humana como matriz de sentido compartido. Algo posible, cristalizado en la propuesta de legalidad: la iniciativa de ley de hospitalidad, interculturalidad, atención a migrantes y movilidad humana de la Ciudad de México, ciudad de tránsito para migrantes que provienen de las regiones más empobrecidas de América Central y del sur de México y de los que residen de manera irregular sin poder integrarse de forma plena.

Esta iniciativa de ley de hospitalidad se creó pensando en ellos y ellas, rostro de los 72 migrantes asesinados y que hoy lamentamos. En esa iniciativa, ojalá ley muy pronto, se establece el reconocimiento del enriquecimiento cultural que aporta la presencia de las otras y los otros, integrar su presencia en el tejido social, no como él o la extraña, sino otorgando la calidad de huésped a todo migrante que llegue a la Ciudad de México, sin requerimiento o petición alguna de identificación o documentos migratorios, lo que les permitirá permanecer de manera legal en este territorio, así como el acceso a los servicios básicos de asistencia social que otorga el Gobierno del Distrito Federal.

Algo que es necesario apoyar y promover, sin duda.

saralovera@yahoo.com.mx

De simulaciones e hipocresías…

• Ciudad Juárez y la puerta de atrás

• La ALDF y la UNAM

Marcela Gómez Zalce

A Carlos Monsiváis por su pronta recuperación

Muchas veces se hace el bien, mi estimado, para hacer el mal impunemente. Tiempos aciagos, violentos, turbios y de simulaciones Vive México. En medio de la santa semana la inmaculada iglesia (con minúsculas) católica, en voz del impresentable cardenal Norberto Rivera, regaló joyas discursivas como el del rechazo a tolerar actos de pederastia cuando el de la divina voz, el intachable Príncipe de la iglesia (ídem) fue uno de los protectores más acérrimos no sólo del execrable enfermo llamado Marcial Maciel, fundador de los legionarios de cristo (todos en minúsculas), sino del padre Nicolás Aguilar acusado de abusar sexualmente de 90 niños en México y en Estados Unidos, caso que llegó a la corte Superior de Los Ángeles, California.

La descomunal hipocresía con que se manejan estos hombres de las sotanas en medio del escándalo mundial en el Vaticano de Benedicto XVI por innumerables violaciones en diferentes países de sacerdotes católicos a niños, my friend, refleja la falta de valores, el cinismo y ese doble discurso, porque de moral ni hablar, con el que impunemente se han manejado escudándose detrás de Dios y la Virgen santísima whatever, develando la decadencia en la que ha caído la venerable institución.

El teatro montado por Rivera Carrera, cardenal cuya sencillez lo distingue por viajar solito en helicóptero privado para llegar a la comida ofrecida por el obispo Onésimo Cepeda con motivo de su cumpleaños hace unas lunas en Tlalnepantla, choca sin misericordia con su frívola palabrería vertida frente a los sagrados altares para exhortar al recogimiento, a la meditación y a la búsqueda de un México para Vivir Mejor, yes?

Y así entre simulaciones e hipocresías la cúpula eclesiástica es seguida de cerca por la cúpula política donde Felipe Calderón obsequia otra de sus perlitas (negras) para el collar del sexenio de las falsedades. Del sexenio de los chisguetes. Del sexenio de las verdades a medias que no son sino mentiras completas. Una ley antimonopolios que llega no tarde, mi estimado, sino lo que le sigue, y que no contempla sanciones directas para los empresarios sino para las empresas… que han sido utilizadas en este país surrealista para engrosar las chequeras de sus dueños y en distintas ocasiones para quebrarlas salvándole$$ el pellejo.

Y así Felipe hace como que enseña los dientes y aquéllos hacen como que se asustan mientras la “ridícula minoría” aterroriza ciudades enteras y uno de los barones de la droga, Ismael Zambada, se avienta el divertido tiro de mostrarse en una atractiva fotografía que dista mucho de mostrar su miedo porque se sabe arropado, protegido y cómplice de una madeja de intereses que no han podido localizarlo, mucho menos atraparlo.

Y si le suma al festivo ánimo la lindura de que con la pena, pero siempre sí sale el Ejército de Ciudad Juárez… por la puerta de atrás, muestra otro botón de la mercería estadunidense donde jugaron con la sonrisa de la Clinton y el misil de la Napolitano, quien afirmó que nuestras fuerzas armadas eran una causa importante en la ola de violencia desatada en la ciudad fronteriza. Y entre los dimes y diretes diplomáticos y el desgarre de las vestiduras presidenciales, el Ejército sale de Juárez para que los muchachos impecables de García Luna se hagan cargo. El fracaso disfrazado de estrategia.

Chingón.

Y en el distractor mediático de los impunes gasolinazos, de las cifras alegres del desempleo y de la escalofriante ola de sangre, se mueve el caso de la pequeña Paulette mostrando la peor faceta de la miseria humana, de la indolencia y apatía de ambos padres, de la incapacidad, ineficacia y nulidad de las autoridades mexiquenses que, con las dos hipótesis sobre la mesa distan mucho de salir oliendo a rosas en su provocado mar de estiércol.

Porque al final, el procurador Bazbaz no tendrá más remedio ni salidas, my friend, que enfrentar la macabra realidad.

Por la mirilla

De manteles largos la UNAM y su rector José Narro al recibir ayer un reconocimiento por parte de la ALDF con motivo de sus 100 años y del Premio Príncipe de Asturias en una emotiva ceremonia (y uno que otro simpático discurso) y con la presencia de Marcelo Ebrard, además de la firma de un interesante convenio entre la máxima casa de estudios y el Congreso local. ¡¡¡Goyaaaaaaaaaaa!!!

gomezalce@aol.com

Fuente: Milenio

Manto protector de Los Pinos a negocios familiares

Ciudad Perdida

*Manto protector de Los Pinos a negocios familiares
*Mancera, una estrella más

Miguel Ángel Velázquez

La red de tráfico de influencias que ha montado la prima de Felipe Calderón, Mariana Gómez del Campo, hoy diputada local, desde luego por Acción Nacional, ha gozado, cuando menos hasta ahora, de total impunidad, pero ha sido bien protegida tanto por el poder de sus parientes como por el silencio casi total de los medios que prefieren otro tipo de escándalos para hacer a un lado ese y otros casos que pintan el perfil de los gobiernos azules.

El caso es extremo, pero así como sucedió en la guardería sonorense ABC, donde otra integrante de la familia Gómez del Campo figuraba como responsable directa, ahora se descubrieron irregularidades, que podrían ser muy graves, en el Instituto Nacional de la Juventud, pero nada le preocupa a la presidenta del PAN en el DF, porque esas posibles faltas, volverán a cubrirse con el cada vez más amplio manto de impunidad panista.Desde antes de tomar el poder, la familia que ocupa Los Pinos dio muestras claras de cómo se distribuirían los negocios, y qué tan ancha sería la banda por donde podrían circular sin castigo los miembros del clan durante este sexenio. Primero fue el asunto de los contratos millonarios que se otorgaron al cuñado de Felipe Calderón, Diego Hildebrando Zavala, que según la denuncia que hizo Andrés Manuel López Obrador, no pagó impuestos.Después nos enteramos que la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, donde murieron casi medio centenar de niños, tenía como copropietaria a Marcia Gómez del Campo, emparentada con la esposa de Felipe Calderón, como la panista encumbrada en el DF. Desde Luego no pasó nada, aunque la negligencia de quienes hicieron negocio con los niños fue ampliamente documentada.Ahora resulta que la lidereza del PAN en el DF, Mariana Gómez del Campo, según datos del Instituto de la Juventud no sólo ha dado trabajo a sus familiares en esa institución, sino que a partir de esos empleos han conseguido contratos que les han dejado buenas ganancias.
Lo que no se sabe es hasta cuándo, o hasta dónde se va a permitir que la panista siga haciendo uso de sus influencias para seguir la tradición familiar, porque todo parece indicar que el negocio del Injuve se le concesionó, y disfruta a plenitud de todo lo que eso significa.Eso es lo que se sabe hasta ahora, pero será cuestión de tiempo para que otros negocios salgan a la luz, porque los extensos tentáculos del pulpo azul podrían alcanzar a otras instituciones del gobierno federal. Cosa de dejar que el agua siga su curso. Ya verán.Por lo pronto, con la ingenuidad, por no decirlo de otra manera, de la Asamblea Legislativa del DF se ha pedido a las instancias correspondientes que la investigación deje en claro hasta dónde ha llegado la Gómez del Campo, y no se interrumpa y, como se ve, se trata sólo de buena voluntad, nada más.Será por eso que la panista anda tan de buenas con Alejandra Barrales, la legisladora que encabeza al PRD en la ALDF, y que ésta no pierda oportunidad para salir en la foto con la panista. En fin. Todo hace pensar en que esta vez, como en las otras, como ya dijimos, no pasará nada. Viva la justicia.
De pasadita
La Procuraduría del Distrito Federal ha ido de tumbo en tumbo en el caso Cabañas y, para decirlo con absoluta convicción, no creemos que lo haya hecho con dolo, más bien los errores cometidos se deben a la premura por informar a los televidentes de todo cuanto acontece al respecto, se tenga o no certeza en las acusaciones.De lo que no hay duda, cuando menos en la televisora a la que rinde sus informes, es que el procurador Miguel Ángel Macera se convirtió ya en otra estrella más de ese canal. ¡Enhorabuena!
ciudadperdida_2000@yahoo.com.mx •

PGR promueve recurso ante la SCJN en contra de "bodas gay"

Miguel Cabildo S.

MÉXICO, D.F., 27 de enero (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) interpuso hoy ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recurso de inconstitucionalidad en contra de los matrimonios entre personas del mismo sexo y el derecho de éstas a adoptar hijos, aprobados por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), a finales del año pasado.

La acción se llevó a cabo a menos de 24 horas de que venza el plazo para que cualquier entidad facultada presente sus inconformidades ante la Corte; además, quitó un peso al PAN que no pudo reunir los votos necesarios en la ALDF para interponer un recurso de inconstitucionalidad. A través de un comunicado, la PGR señaló que la reforma a los artículos 146 y 391 del Código Civil del Distrito Federal –que regulan las figuras del matrimonio y la adopción, respectivamente--, violan los artículos 4, 14,16 ,133 constitucionales.Esta es la segunda ocasión que la PGR promueve un recurso de inconstitucionalidad en contra de una reforma aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La primera fue en abril de 2007, en contra de la despenalización total del aborto en la Ciudad de México. Igual acción llevó a cabo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, encabezada entonces por José Luis Soberanes. En marzo de 2009, la SCJN desechó la demanda. De acuerdo con la PGR, la reforma de dichos artículos viola el principio de legalidad, ya que se aparta del fin constitucional de protección de la familia y de salvaguarda de los derechos de los niños.De igual manera, la PGR señaló que la reforma que aprobó la ALDF parte de la tesis de que no existía protección legal del ejercicio de los derechos de las parejas integradas por personas del mismo sexo y que desean fundar una familia.“Ello no es exacto, pues en el Distrito Federal existe, desde 2006, la institución jurídica de la sociedad de convivencia, que tutela prácticamente los mismos derechos que el matrimonio, salvo los relacionados con la procreación y la descendencia”, refutó la PGR.Asimismo, insistió que la reforma se aleja del deber estatal de salvaguardar el interés superior del niño, cuya supremacía ordena la Constitución mexicana y cuyos alcances establecen los tratados internacionales y han interpretado los propios tribunales mexicanos.“Todo lo anterior, con independencia de los conflictos jurídicos que la reforma genera en el resto de las entidades federativas que conforman la República, e incluso, frente a la Federación, además de que trastoca el sistema federal y las instituciones del derecho de la familia”, añadió.Respecto a la adopción, prevista en el artículo 391 del Código Civil del Distrito Federal, la PGR señaló que no cumple con el principio de legalidad al no haber tomado en cuenta la supremacía del interés superior del niño, colocado por encima de cualquier otro derecho.Además de que asegura que omitió considerar que todo menor tiene derecho al modelo de familia concebido expresamente por el Poder Constituyente Permanente en el dictamen de la reforma de 1974 a tal dispositivo constitucional. Finalmente, la PGR señaló que con la interposición de dicha acción de inconstitucionalidad “reitera su indeclinable compromiso con la plena observancia de los derechos fundamentales de todos los mexicanos y con la vigencia de la supremacía constitucional y del estado de derecho”.


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Periodistas delincuentes

Protesta en defensa de la libertad de expresión.

John M. Ackerman

MÉXICO, D.F., 20 de enero.- En 2006, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sentó un precedente a nivel nacional al despenalizar todos los llamados “delitos al honor”, incluyendo la difamación, la calumnia, la injuria y otras figuras relacionadas con el daño moral. Con ello, supuestamente, ya no se podría amenazar o intimidar a los comunicadores que laboran en la Ciudad de México con demandas penales frívolas o temerarias. Sin embargo, pocos saben que en realidad el trabajo quedó inconcluso, ya que todavía existe un tipo penal que en manos de abogados sin escrúpulos o autoridades poco éticas podría convertirse en una poderosa arma de censura.
El artículo 342 del Código Penal del Distrito Federal impone una pena de uno a tres años de prisión y una multa de 50 a mil días de salario mínimo a la persona que “para obtener un beneficio o causar un daño, indebidamente produzca o edite, por cualquier medio técnico, imágenes, textos o voces total o parcialmente falsos o verdaderos”. Interpretada de mala fe, esta ambigua redacción podría prestarse para convertir a cualquier periodista o director de un medio de comunicación incómodo en un delincuente y mandarlo a la cárcel.
Este artículo legal viola de manera flagrante los criterios de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligan al Estado mexicano a despenalizar los delitos de prensa. Los únicos juicios que, en su caso, deberían proceder contra un medio de comunicación serían exclusivamente los de tipo civil.
Afortunadamente, hasta la fecha los capitalinos hemos contado con una Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) con sensibilidad y compromiso democrático, pues se ha negado a ser utilizada por los poderosos demandantes que han querido aprovecharse de este artículo para acosar a los periodistas. Sin embargo, funcionarios de la altura del procurador Miguel Mancera y del subprocurador Luis Genaro Vásquez no dirigirán la PGJDF para siempre. Por ello, y para evitar sorpresas en el futuro, urge que la Asamblea Legislativa culmine sus esfuerzos por despenalizar el ejercicio periodístico con la eliminación de manera definitiva del artículo en cuestión.
Comparto estas reflexiones con nuestros lectores porque a finales del año pasado un influyente abogado, molesto por el contenido de uno de mis artículos en Proceso, emprendió una cruzada jurídica utilizando precisamente el artículo 342 del Código Penal del Distrito Federal con el fin de acosar, amedrentar y descalificar la profesión periodística y con ello cerrar de manera definitiva la libertad de expresión en la capital del país.
En la denuncia que presentó ante la PGJDF el 7 de octubre de 2009, el licenciado Gustavo Herrera, quien a lo largo de su carrera se ha especializado en juicios contra integrantes de los medios de comunicación, declara que los periodistas “no se pueden jactar… (de) que exista un acoso judicial contra la prensa cuando ellos son los que acosan a la sociedad con sus artículos que publican a la ligera, sin cheqcar (sic) ni siquiera las fuentes, y luego dicen que no lo dijeron”. Asimismo, en una evidente referencia a la revista Proceso, el demandante señala que los periodistas “que continuamente se ven envueltos en demandas judiciales, por algo será, ¡verdad¡ (sic), no ha sido gratuito que los demanden, y como, son las víctimas del libre ejercicio de la libertad de expresión”.
Este episodio surge a raíz del artículo que un servidor publicó en la edición número 1691 de Proceso (29 de marzo de 2009), titulado Pinches periodistas, donde me permití reproducir el extracto de un acta administrativa elaborada por el juez 21 del Distrito Federal, Bruno Cruz Jiménez, en la que se excusa de un caso de acusación de daño moral de la magistrada Consuelo Villalobos en contra de los periodistas Eduardo Huchim, Rubén Lara, Abel Barajas, Víctor Fuentes y Luis Soto, porque el abogado de la magistrada, el licenciado Herrera, intentó presionarlo indebidamente. En el acta administrativa que resume las razones de la excusa se recoge la siguiente declaración del juez Cruz respecto de un encuentro que tuvo con el abogado Herrera:
“El día de hoy, siendo las 14:30 horas, recibí en mi privado, manteniendo la puerta abierta, al litigante Gustavo Herrera Torres, quien hizo manifestaciones y ostentación de que ganaría el juicio que patrocina en este Juzgado porque tiene un gran padrino de nombre Luis Guzmán Ramírez, y que había ido a comer recientemente con él, de quien sabe es maestro del suscrito ‘por haberme enseñado a jugar frontenis’, y que sabe que todavía en algunas ocasiones ‘nos reunimos para ir a jugar frontenis’, que tanto el litigante como el licenciado Luis Guzmán Ramírez vendrían personalmente para invitarme a comer; diciéndome el litigante con palabras antisonantes (sic) que no le tuviera miedo a ‘los pinches periodistas’ porque la Ley de Responsabilidad Civil estaba hecha a su modo y era anticonstitucional, y que llamaría a este juicio a declarar a todos los periodistas que comentaran el asunto, por lo que al escucharlo en tono amenazante le pedí que se retirara.”
Enojado por haber sido exhibida su falta de ética profesional y de respeto hacia los periodistas, el licenciado Herrera buscó cumplir su amenaza de llamar a declarar “a todos los periodistas que comentaran el asunto” y presentó una demanda penal en contra de un servidor y del propio Eduardo Huchim, quien al refutar una carta de la magistrada Villalobos en el periódico Reforma había mencionado las presiones de Herrera al juez, alegando que habíamos violado el artículo 342 del Código Penal del Distrito Federal.
El artículo en cuestión evidentemente no se aplica al caso, ya que ni Huchim ni yo “producimos” ni “editamos” los textos en cuestión. Asimismo, nuestros escritos nunca tuvieron el fin de “obtener un beneficio o causar un daño”, sino de informar a la ciudadanía en pleno ejercicio de nuestra libertad de expresión, tutelada por el artículo séptimo de la Constitución.
De cualquier modo, lo ambiguo de la redacción del artículo en cuestión, así como la posible intervención de presiones o incentivos externos, llevaron a que en lugar de archivar inmediatamente el caso por notablemente improcedente, el agente del Ministerio Público que recibió la denuncia abriera una investigación del caso. Incluso, en un evidente intento por amedrentar durante el periodo vacacional, el funcionario llegó al extremo de advertir a nuestro abogado, el destacado penalista licenciado Alejandro Ferrel Bautista, que nos giraría una orden de localización y presentación nada menos que el día de la Nochebuena, no obstante que el licenciado Ferrel había solicitado cita para que acudiéramos, conscientes de que no tenemos nada qué temer frente a este tipo de ataques.
Afortunadamente, al analizar con más cuidado el caso, y con la invaluable asesoría de la destacada abogada y defensora de la libertad de expresión Perla Gómez Gallardo, el pasado 7 de enero la procuraduría capitalina decidió declarar el no ejercicio de la acción penal y archivó de manera definitiva el caso.
Con esta resolución, la PGJDF demuestra su compromiso con la defensa de los principios democráticos. Sin embargo, todavía falta que la Asamblea Legislativa termine la tarea iniciada en 2006 y derogue de una vez por todas el artículo 342 del Código Penal para evitar abusos futuros en esta materia.

www.johnackerman.blogspot.com

¿Por qué tanto miedo?

Activistas en la Asamblea Legislativa el 21 de diciembre.

Marta Lamas

MÉXICO, D.F., 19 de enero.- Muchos temores y aprehensiones rodean la cuestión de la crianza infantil a cargo de lesbianas y gays. Parte sustantiva del rechazo a que personas homosexuales adopten criaturas responde a una ignorancia generalizada sobre los efectos de la orientación sexual de los adultos sobre los niños.

Desde un discurso fundamentado en la biología reproductiva, los conservadores aducen que, puesto que dos hombres o dos mujeres no pueden producir hijos entre ellos, no deberían tener derecho a criarlos. Si la “naturaleza” no les permite procrear juntos, ¿por qué aceptar socialmente que adopten? Lo tramposo del recurso retórico sobre “la naturaleza” es que sólo se utiliza para poner objeciones a nuevos arreglos sociales y no para otro tipo de avances humanos. Un caso: si la “naturaleza” no nos dio alas, ¿por qué entonces volar en aviones? Hay mil ejemplos más que muestran cómo los seres humanos rebasamos las limitaciones que “la naturaleza” nos impone y creamos socialmente nuevas condiciones de vida.
Una de las preocupaciones más reiteradas en relación con la adopción por gays es la duda sobre el eventual daño psicológico que las criaturas podrían sufrir si se crían en hogares homoparentales. “Nadie es producto de dos hombres o de dos mujeres. Si se permite la adopción por parejas homosexuales, esas criaturas tendrán dos padres o dos madres”. Está más que probado que no provoca daños crecer entre mujeres (madre, abuela, tías) o entre hombres, lo que es menos frecuente. ¿Por qué en este caso sí lo haría? ¿Por el “mal ejemplo” de la homosexualidad? Creer que la orientación sexual de quienes crían niños es un requisito básico para la salud mental de éstos es eludir, muy convenientemente, el hecho innegable de que son justamente familias heterosexuales las que han estado produciendo psicóticos y personas con todo tipo de conductas delincuenciales. Además está comprobado que la proclividad a la homosexualidad se da en familias de padres y madres heterosexuales, lo cual tira al suelo el argumento de que la combinación de los sexos de los progenitores determina el desarrollo afectivo de sus hijos. Y según el psicoanálisis, ni el sexo ni la orientación sexual de los padres garantizan una réplica en las elecciones erótico-amorosas de los hijos.
Terapeutas que tienen una práctica clínica con familias homoparentales aseguran que no se requiere la presencia de los dos sexos en el hogar para que la infancia crezca bien. Lo imprescindible es proteger a los niños de la violencia, el maltrato psicológico y el descuido parentales, conductas que no dependen de la orientación sexual de los padres/madres. Por eso, más que intentar preservar el modelo de familia tradicional como paradigma del bienestar infantil, habría que entender qué requieren las criaturas para desarrollarse adecuadamente. La oposición a que los gays adopten sugiere, de manera errónea, que la orientación sexual es una característica decisiva del ejercicio parental. Sin embargo es mucho más importante tener una madre tranquila que una angustiada, un padre cariñoso que uno violento, independientemente de sus prácticas sexuales.
Las familias homoparentales existen hace tiempo y ya han sido estudiadas con el objetivo de ver si las lesbianas y gays que crían infantes los exponen a peligros y daños mayores que los que podrían enfrentar si fueran criados por heterosexuales. Las investigaciones sobre homoparentalidad hablan de ambientes familiares menos violentos y con una división más igualitaria del trabajo doméstico y la crianza. Claro que estos resultados alentadores son discutidos por investigadores anti-gay, que afirman tener pruebas contrarias. Al revisar dichos estudios, aparecen problemas y conflictos debidos a la estigmatización de la homosexualidad. O sea, los “daños” no se derivan de la orientación sexual de los padres/madres, sino de la homofobia social y de las dificultades que produce. Es necesario contar con investigaciones no ideologizadas para conocer más certeramente qué ocurre con el cuidado infantil dentro de las familias, y no sólo en las homoparentales, sino también en las tradicionales.
Gran parte de las madres lesbianas y los padres gays han procreado en matrimonios “tradicionales”, tratando de evitar así las consecuencias sociales de la homofobia. Pero como la homosexualidad empieza a tener más aceptación social, cada vez menos personas homosexuales se casan con heterosexuales para cubrir las apariencias. Por eso también es que surge la demanda de la adopción.
Antes de obstaculizar esta medida antidiscriminatoria, sería provechoso abrir un debate público sobre las condiciones necesarias para realizar una buena adopción. El primer punto podría consistir en ver cómo se garantiza que todos los niños adoptados estén realmente protegidos de la violencia y el maltrato emocional, de los prejuicios y la ignorancia, independientemente de si viven en familias heteroparentales u homoparentales. Eso sí, algo indispensable para poder debatir con una cierta racionalidad en el contexto homofóbico en México sería escuchar a quienes tienen conocimientos sobre el desarrollo infantil y el psiquismo humano. Tal vez así se podrán desmontar algunos prejuicios.

¡Qué asco me dan los gays!

Marta Lamas

MÉXICO, D.F., 11 de enero.- La legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, junto con el derecho a que adopten criaturas, ha desatado una andanada de respuestas críticas entre las que sobresalen las campañas de odio homofóbicas. Lo de los obispos era previsible, aunque no en ese nivel (el obispo de Aguascalientes, ignorando a Darwin, dijo: “Ni siquiera los perros hacen sexo con perros de su mismo sexo”). En la Ciudad de México, por lo que muestran las encuestas y la red de conversaciones, se ha alcanzado un nivel civilizatorio muy aceptable aunque no faltan los que sueltan frases del tipo de: “Yo estoy a favor de que las parejas homosexuales tengan derechos, ¡pero la verdad me da asco pensar lo que hacen en la cama!”.

Hace tiempo la antropóloga británica Mary Douglas explicó, en su famoso libro Pureza o peligro, que el asco no sólo es una reacción biológica, sino que básicamente es una construcción humana: lo que nos da asco depende de nuestra percepción de las reglas sociales, o sea, de nuestra cultura. La homofobia es una combinación de asco, miedo y odio, pero como no es políticamente correcto sentir odio por los homosexuales, y como nadie acepta tener miedo (¿a la atracción?), el asco resulta ser el sentimiento que se manifiesta más frecuentemente. Se siente asco por aquellas personas a las que se desprecia (en ocasiones también lo provocan los políticos). El asco es el sentimiento despectivo cuya siguiente etapa es un rechazo muy activo.
El problema político con el discurso del asco es que deriva en prácticas excluyentes, incluso, represivas. La antropóloga peruana Rocío Silva considera que el asco es una forma de construir una “otredad”. Las fronteras entre lo que aceptamos y lo que nos da asco crean una división entre “nosotros” y los “otros”. Silva llama basurización simbólica a una forma de organizar al otro como elemento sobrante de un sistema simbólico. La Iglesia católica acepta únicamente la heterosexualidad reproductiva, y condena la homosexualidad como motivo de abominación. Así, el dogma católico, entretejido en la cultura mexicana, alienta la basurización simbólica de las personas homosexuales. Este tipo de asco “ideológico” genera no sólo rechazo a la otredad, sino también miedo teatral a la contaminación. Por eso, además de ver a lesbianas y gays como seres degenerados o anormales, se les considera peligrosos y se teme que “corrompan” a los demás.
Los seguidores del Vaticano no se preguntan por qué varios países han borrado toda referencia al sexo en los contratos matrimoniales ni indagan por qué se permite a parejas del mismo sexo adoptar. Desconocen que sociedades preocupadas por hacer efectivo el principio de no discriminación encontraron lo negativo que era normar la ciudadanía a partir de la vida sexual, y eso condujo a cambios legales para dar igualdad jurídica a la diversidad sexual. Contar con una legislación que explícitamente vea en la homosexualidad una conducta lícita ha sido un avance democrático indudable, aunque, como bien nos explicó el obispo Lozano Barragán, esa forma de amar impide llegar al cielo.
Ahora bien, la basurización simbólica que en nuestro país se hace de las lesbianas y los gays se apoya en la ignorancia cerril de quienes desconocen los planteamientos éticos y políticos, psicoanalíticos y antropológicos que han llevado a reformular el estatuto social y jurídico de la homosexualidad. En México amplios sectores de la población aún ven en la homosexualidad una degeneración asociada con pedofilia, pederastia y prostitución. Las patéticas muestras de intolerancia de los funcionarios del Vaticano en nuestro país y el asco “moral” que expresan algunos sectores de la población hablan no sólo del desprecio por los otros, sino también de su autocomplacencia: “Te agradezco, Señor, que no me gusten los vecinos o mis acólitos”, algo no pronunciado por Marcial Maciel.
La reciente reforma en el Distrito Federal, concebida como una acción antidiscriminatoria, no va a impulsar por sí sola una mejor comprensión sobre la sexualidad humana ni tampoco va a esclarecer cómo se construye la orientación sexual. Si bien la estricta aplicación del principio de igualdad obliga al debate público sobre el tema, es muy probable que la carencia de información científica al respecto haga que se ventilen prejuicios y opiniones personales.
Como las fuerzas conservadoras van a impugnar la decisión de la mayoría de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, no estaría de más una discusión pública sobre el asco, la basurización simbólica, la discriminación y el principio de igualdad. Eso sí, habría que compartir un piso mínimo de conocimiento con una serie de lecturas básicas; por ejemplo, la de Mary Douglas. Ella explica que en muchas culturas lo situado en lugares inadecuados provoca asco. ¿Será por eso que las personas que piensan que las lesbianas y los gays que quieren casarse y tener una familia están “fuera de lugar” también suelen sentir asco?
¿Qué es lo opuesto al asco? ¿El amor, el respeto, la indiferencia? ¿Por qué hay gente capaz de decir: “Yo respeto que cada quién haga de su vida un papalote, pero me da asco pensar en dos hombres o dos mujeres ayuntándose”? No da asco lo que se respeta. Hay mucho sobre lo cual reflexionar y seguiré en mis próximas colaboraciones.

2010, la gran paradoja

Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO, D.F., 31 de diciembre (apro).- 2010 será el año de la gran paradoja: Aquello que en 1810 y en 1910 se combatió ideológica y militarmente, estará en el centro de las “celebraciones” del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución.
Los herederos de quienes en esos momentos no pudieron preservar el colonialismo y la dictadura, se hicieron desde hace años el poder en México.
En realidad nunca se fueron. Con todo y sus reiteradas batallas, terminaron por ajustarse a la vida independiente y al autoritarismo posrevolucionario, sacando el máximo provecho político y económico.
Su retorno al control directo del poder comenzó hace dos décadas, cuando Carlos Salinas, falto de legitimidad por el proceso electoral fraudulento con que se quedó en la Presidencia de la República, se abrazó al conservadurismo y pragmatismo del PAN.
La sucesión del poder entre el PAN y el PRI ha consolidado a la derecha en el país, facilitado por una izquierda autodestructiva.
El PRI y el PAN son una pareja de hecho. Su connivencia coincide con el desastre económico de las últimas dos décadas. Su modelo económico de liberalización económica, sin resguardo para la industria y el campo nacional, ha sido una garantía para la pobreza.
Los años ochenta del siglo pasado –con el sistema priísta agotado– y el primer decenio del siglo XXI –con el PAN en el poder–, quedaron ya registradas como “décadas pedidas” porque la economía mexicana ha estado prácticamente estancada. La peor en América Latina.
Proteccionista sólo con los aliados económicos e ideológicos del PRI y el PAN, en particular con el duopolio televisivo, en ese liberalismo están las causas de la expansión de la delincuencia organizada y la imparable violencia en México.
Los priistas que se sintieron legatarios del liberalismo del siglo XIX, están ahora rebasados por los priistas que defienden las tesis ideológicas que de manera natural le corresponden al PAN.
Así ocurrió con la contrarreforma de Salinas de fines de 1991, cuando “normalizó” las relaciones del Estado con la Iglesia, enfrentados militarmente a principios del siglo pasado e ideológicamente hasta entonces.
Lo mismo ocurre con los gobernadores y diputados priistas que han hecho posible que en 18 estados se impongan reformas confesionales en las constituciones locales para impedir el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Y así actuará este año para tratar de revertir la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para impedir que las parejas homosexuales puedan adoptar hijos, negando el carácter heterodoxo de la Ciudad de México.
El PRI se ha convertido en el defensor más eficiente de la Iglesia católica. Sus votos permiten que el PAN promueva acciones de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Otras veces, sus votos no hacen falta, como en el caso de la reforma de la ALDF que aprobó la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas. En ese caso, fue el gobierno de Felipe Calderón quien se opuso. Pero también lo hizo, en un contrasentido más, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Severamente cuestionada, por los escándalos de pederastia y los obscenos niveles de vida entre su jerarquía, la Iglesia católica mexicana –que se opuso tanto a la Independencia como a la Revolución– está en un buen momento para las fiestas del bicentenario, blindada por el PAN y el PRI, que reniega de su historia.
Como Salinas en su falta de legitimidad, Calderón retoma la historia sólo para beneficio y reivindicación personal. Eso fue lo que hizo recientemente cuando declaró que su padre fue “cristero”.
Esa confesión fue una ofensa pública al Ejército –uno de los pilares de su gobierno– que durante años dedicó hombres y recursos para combatir a aquellos religiosos que se opusieron violentamente a la Constitución de 1917.
Con el cogobierno del PRI y el PAN, cualquier celebración oficial del bicentenario más allá de reivindicar al pensamiento conservador, será mero fuego de artificio. Fuego fatuo.
jcarrasco@proceso.com.mx

En el DF, una derrota más para la Iglesia

Gloria Leticia Díaz y Rodrigo Vera

MÉXICO, D.F., 26 de diciembre (proceso).- Con la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal, el pasado lunes 21, esta entidad federativa es la única que paulatinamente se aleja de los lineamientos en materia de moral sexual marcados por la Iglesia católica, justo cuando se acaba de penalizar el aborto en 18 estados del país, acatando los exhortos para respetar lo que los jerarcas consideran “la vida desde el momento de la concepción”.

Ahora, las reformas a los códigos Civil y de Procedimientos Civiles del Distrito Federal permitirán a las parejas de homosexuales adoptar hijos, heredar bienes y eventualmente acceder a beneficios de seguridad social, entre otros derechos que hasta hoy sólo tenían los matrimonios heterosexuales.
Este es el tercer cambio legislativo realizado en el Distrito Federal, relativo a los derechos de las mujeres y de la comunidad lésbico-gay: a fines de 2006 se aprobó la Ley de Sociedades de Convivencia, con la que se inició el reconocimiento jurídico a las uniones entre homosexuales; después, en abril de 2007, se permitió abortar a las mujeres que tengan hasta 12 semanas de embarazo; y ahora es el matrimonio gay el que se legaliza.
Estas tres reformas han producido reacciones airadas de la jerarquía católica, principalmente del cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo de la Ciudad de México, quien sin embargo no ha podido revertir los cambios legislativos en su circunscripción eclesiástica.
El lunes 21, con 39 votos a favor –del PRD y PT–, 20 en contra –del PAN, PRI y PVEM– y cinco abstenciones, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó en lo general la mencionada reforma a los códigos Civil y de Procedimientos Civiles capitalinos.
El dictamen presentado llevaba un candado en el artículo 391, donde se establecía que no procedía “la adopción cuando los cónyuges o concubinos sean del mismo sexo”, restricción que se rompió a propuesta de la diputada perredista Maricela Contreras Julián, y que en una segunda auscultación fue respaldada por 31 legisladores y rechazada por 24. Nueve se abstuvieron.
Así se aprobaron modificaciones a cinco artículos del Código Civil y a dos del de Procedimientos Civiles. Básicamente se elimina la tipificación del matrimonio como una unión voluntaria entre hombre y mujer, para definirlo como el enlace entre “dos personas”, además de que se reconocen los mismos derechos para “las concubinas y los concubinos” que para los “cónyuges” en la formación de un patrimonio familiar.
La del lunes 21 fue una sesión intensa. Por lo menos en seis ocasiones la presidenta de la mesa directiva, Lizbeth Rosas Montero, tuvo que llamar a la compostura tanto a legisladores del PAN y del PRD –algunos de éstos con las bufandas de arcoiris emblemáticas del movimiento gay– como a los invitados que desde las gradas del recinto parlamentario abucheaban o celebraban los posicionamientos partidistas.
Citas homofóbicas de Carlos Marx, Federico Engels y Ernesto Che Guevara, así como del escritor cubano Reynaldo Arenas –víctima de la represión sexual en su país– fueron esgrimidas por legisladores del PAN para denostar las reformas, en tanto que los perredistas recurrieron al Papa Juan Pablo II, Mario Benedetti, Benito Juárez y al presidente español José Luis Rodríguez Zapatero. José Luis Muñoz Soria, también perredista, sacó a colación el nombre del fallecido dirigente panista Carlos Castillo Peraza para referirse a las preferencias sexuales de algunos panistas.
Los argumentos de los diputados del PAN, PRI y PVEM se centraron en reducir las reformas a “una intención de imponer una ideología” ajena los mexicanos con fines electoreros; como un ataque a la “institución del matrimonio” y contra la “célula básica de toda la sociedad, que es la familia”.
Dijeron también que el matrimonio tiene como fin la “supervivencia de la especie humana”, premisa descartada en las uniones del mismo sexo; que las modificaciones eran incompatibles con las leyes del ISSSTE y del IMSS; que para los homosexuales está la Ley de Sociedades de Convivencia; que la condición de homosexual no forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; que las modificaciones sólo benefician a una minoría; que permitir la adopción a parejas del mismo sexo atenta contra los derechos de los niños porque “¿qué clase de hijos podrían educar los matrimonios entre homosexuales?”...
Por su parte los perredistas y petistas sostuvieron que las reformas no afectan a terceros; que van en contra de la discriminación, condenada en diversos tratados internacionales signados por México; que defienden el Estado laico; que colocarían a la capital entre “las mejores ciudades y los mejores países del mundo”; que en los hechos “hay una multiplicidad” de figuras familiares; que la “homosexualidad es condición humana” que debe reconocerse; que negar la adopción a parejas del mismo sexo es “negar el derecho de tener una familia” a miles de niños huérfanos.
El cabildeo
El proyecto original de estas modificaciones legales formó parte de la agenda que impulsaba el Partido Socialdemócrata en las elecciones de julio pasado, en las que Lol Kin Castañeda, dirigente de la agrupación Acciona, fue candidata a diputada por el distrito 14 local.
“El acuerdo en el partido era que quien quedara en la Asamblea Legislativa continuaría impulsando esta agenda, una condición que se puso para que el diputado David Razú Aznar se integrara a la bancada del PRD, que como partido de izquierda tenía la posibilidad de obtener la mayoría para que se aprobara”, dice la activista.
Entre agosto y septiembre, añade, “empezamos a cabildear con los diputados, proveyéndolos de información para afinar las líneas discursivas. Al final logramos el apoyo de 350 grupos de derechos humanos, lésbico-gay, mexicanos e internacionales, además de que contamos con el acompañamiento de la consejera jurídica (del gobierno capitalino) Leticia Bonifaz, así como de tribunales, académicos de la UNAM y del Colmex, en específico de Miguel Carbonell, para garantizar certeza jurídica” a la iniciativa.
David Razú, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF, narra que “a excepción del tiempo en que trabajé en la sucesión de Emilio Álvarez Icaza en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), me dediqué de llenó a buscar los consensos necesarios para presentar la iniciativa y a sumar a las diferente organizaciones a este proyecto, y fue hasta que tuvimos los suficientes amarres que presentamos la propuesta”.
La iniciativa original se presentó el 24 de noviembre y fue respaldada por 44 diputados, cinco de ellos del PRI. No llevaba el referido candado, pero en sesiones de las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia, de Equidad de Género y Derechos Humanos, se puso “para sostener las negociaciones con el PRI, que lo habían sugerido para apoyar las reformas, además hay que reconocer que en materia de adopción no había consenso dentro de la fracción del PRD”, confía Maricela Contreras.
Sin embargo, aclara, en comisiones tanto ella como Razú y Beatriz Rojas advirtieron que iban a reservar el debate sobre la restricción a los matrimonios homosexuales para adoptar, a fin de desahogarlo en el pleno de la ALDF.
El fin de semana previo a la sesión plenaria, prosigue Contreras, sólo tenía amarrados 18 votos para echar abajo el candado. Reconoce que en la labor de convencimiento participaron la consejera Leticia Bonifaz y el coordinador de los diputados federales perredistas Alejandro Encinas. “Del jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard –apunta– no sé si hubo un cabildeo en particular, lo que sí sé es que siempre estuvo a favor de las reformas como parte de la agenda de la ciudad”.
Las reformas revelaron la división de las organizaciones de homosexuales y lesbianas. Lol Kin Castañeda admite que el cabildeo tuvo bloqueos no sólo de la derecha y del PAN, sino también de “falsos liderazgos charros”, como el de la diputada federal del PRD Enoé Uranga, “quien movió los hilos para tirar el voto de los diputados del PRI, que se retractaron en un juego de medir costos electorales”.
David Razú señala que, una vez que asumió su cargo, buscó a Uranga para que apoyara la propuesta de los matrimonios entre personas del mismo sexo, pero “ella me dijo que no era el momento, que no estaban dadas las condiciones en la ciudad y que en todo caso habría que mejorar la Ley de Sociedades de Convivencia: los mismos argumentos que esgrimió el PAN”.
En la sesión del lunes 21, sentada atrás de las bancadas del PRI y del PAN, Uranga Muñoz fue objeto de recriminaciones. “Traidora” y “no nos representas”, le gritaron miembros del movimiento lésbico-gay que asistieron como invitados.
De hecho, algunos de los argumentos contrarios a las reformas que expuso Uranga –quien en la Cámara de Diputados es cercana a Guadalupe Acosta Naranjo, líder de la corriente Nueva Izquierda– fueron utilizados por los diputados panistas Carlo Pizano y Rafael Medina para tratar de que no se aprobaran.
Pero la mayoría del PRD, sus aliados del PT y un diputado del Panal se impuso a panistas, priistas y verde ecologistas que votaron en contra y quienes anunciaron que solicitarán a Ebrard que vete las reformas o de lo contrario impulsarán una controversia constitucional. Para esto se requieren 22 firmas de legisladores locales, y hasta el martes 22 contaban con 19, según informó la coordinadora de la bancada del PAN, Mariana Gómez del Campo. Sin embargo, la consejera jurídica Leticia Bonifaz descartó que el jefe de Gobierno vete las reformas.
Reacción política
Sobre una posible reacción de otras entidades del país para no legalizar las bodas entre homosexuales y prohibir que adopten niños, el diputado David Razú dice: “¿Qué más pueden hacer, si los códigos civiles sólo reconocen los matrimonios entre hombres y mujeres? Y en cuanto a la adopción, en estos momentos cualquier persona soltera puede hacerlo sin que se le condicione su preferencia sexual”.
Para Lol Kin Castañeda, ahora las organizaciones lésbico-gay tendrán que “defender las reformas en caso de una (controversia) constitucional y promover a nivel federal los cambios necesarios en las leyes del IMSS e ISSSTE para garantizar la seguridad social” para los integrantes de esta comunidad.
El mismo lunes 21, el cardenal Norberto Rivera señaló que la reforma aprobada en la ALDF es una “aberración” que llevará “a la sociedad a la ruina”, ya que el matrimonio debe ser solamente entre un hombre y una mujer.
En un amplio comunicado que tituló Ley inmoral, inadmisible y condenable, Rivera agregó que la reforma “ha abierto las puertas a una perversa posibilidad para que estas parejas puedan adoptar a niños inocentes, a quienes no se les respetará el derecho a tener una familia constituida por una madre y un padre, con los consecuentes daños psicológicos y morales que provocará tal injusticia y arbitrariedad”.
Para la Iglesia, dijo, “los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados”, mientras que el matrimonio es una “institución esencialmente heterosexual”.
Añadió: “La Iglesia considera una aberración equiparar las uniones entre personas del mismo sexo con el matrimonio, pues éstas son incapaces de alcanzar los fines que dieron origen a esta imprescindible institución que, para los cristianos, no obedece sólo a una forma de organización social, sino que es un orden instituido por Dios desde la creación del mundo”.
Finalmente exhortó a los católicos a oponerse a la legislación, que forma parte de “los embates del Maligno, que no van dirigidos sólo contra la Iglesia, sino contra los principios y valores de la familia, tan querida y apreciada en nuestra patria”.
El vocero del cardenal, el sacerdote Hugo Valdemar, fue más allá, y en nombre del Papa Benedicto XVI hizo un llamado a los fieles para que no voten por el PRD en las elecciones de 2012:
“Sólo quiero añadir lo que el Papa ya ha dicho en repetidas ocasiones: en conciencia, un católico no puede votar a favor de candidatos o partidos que promuevan la destrucción de los valores fundamentales y que atenten contra nuestra fe. En las próximas elecciones, los católicos deben preguntarse si pueden estar bien en su relación con Dios y con la Iglesia apoyando con su voto a los partidos que han legislado a favor del asesinato de seres humanos en el propio vientre de sus madres y de que a niños inocentes se les niegue el derecho de tener un padre y una madre… Ante la sociedad no quedan dudas: el PRD es un peligro para la familia”, aseguró Valdemar, en una entrevista publicada en la página de internet del arzobispado.
Al éste lo secundó el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda: “Eso (la reforma) es una estupidez. Esas uniones no son un matrimonio por una sencilla razón: no pueden formar un hogar porque no pueden tener hijos”.
En el terreno jurídico, el arzobispado de México, a través del Colegio de Abogados Católicos, le envió una “solicitud” formal a Marcelo Ebrard para que “emita su derecho al veto y consulte a la ciudadanía” en un referéndum, para así bloquear la reforma.
En esa petición se asegura que la votación en la ALDF fue una “pantomima”, pues los diputados perredistas y petistas ejercieron “su aplanadora legislativa sin la menor consideración a la ciudadanía, que ha solicitado un referéndum para que se conociera la voz directa de los habitantes de la Ciudad de México”.
La Iglesia y el PRD se enfrentaron de modo similar en noviembre de 2006, cuando la ALDF aprobó la Ley de Sociedades de Convivencia con 43 votos a favor, 17 en contra y cinco abstenciones.
El entonces perredista Víctor Hugo Círigo, uno de los impulsores de esa ley, dijo que era un logro “de la diversidad sexual por construir una sociedad incluyente que respete la libertad de sus miembros a ser como son, sin estigmatizaciones, rechazos ni exclusiones”. Del otro lado, el arzobispado de México aseguraba que la ley era una “farsa” porque obedecía a “grupos minoritarios y radicales” y “menosprecia el parecer de la mayoría de los católicos”.
La historia se repitió en abril de 2007, con la despenalización del aborto en el Distrito Federal, impulsada sobre todo por los diputados perredistas de la ALDF y después avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El cardenal Rivera Carrera exhortaba en la catedral: “La Iglesia no puede callar ante los crímenes que se están legalizando… Una Iglesia muda no sirve ni a Dios ni a los hombres. Ante los grandes males de nuestro mundo, no nos podemos encoger de hombros”.
Se sumaron a él, en una movilización nacional de protesta, organizaciones católicas como la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), el Comité Nacional Provida, Movimiento Familiar Cristiano, Testimonio y Esperanza, Caballeros de Colón, Derechos del Concebido, Manos a la Vida, la Orden de Malta…
Hasta el momento, la Iglesia ha logrando frenar la despenalización del aborto en 18 estados. Sin embargo, no ha podido revertir los cambios legislativos en el Distrito Federal.
Fuente: Proceso

López Obrador en la victoria de Iztapalapa

Desfiladero
*López Obrador en la victoria de Iztapalapa

Jaime Avilés

Durante la tarde-noche del domingo pasado, en el pequeño departamento de la colonia Del Valle donde vive con su esposa y su hijo de dos años, Andrés Manuel López Obrador escribió la cuarta y última parte de su relato, Un viaje al corazón del México Profundo, en el que narra su visita a los 418 municipios de usos y costumbres de Oaxaca, por los que transitó, de julio a noviembre, hablando con todos los grupos indígenas de aquella entidad, luego de haber recorrido, de enero de 2007 a marzo de 2009, los 2 mil y pico de municipios de régimen de partido que hay en el país, en todos los cuales organizó comités ciudadanos del gobierno legítimo, que a la fecha cuentan con 2 millones 400 mil afiliados.
Una vez concluida su labor literaria, el lunes estuvo en Guadalajara para evaluar el desarrollo de esos comités en Jalisco; el martes aterrizó en Monclova, donde tomó nota de cómo va el movimiento en el norte de Coahuila; horas después bajó por carretera a Monterrey, donde presidió una reunión similar en un jardín al pie del Cerro de la Silla. El miércoles llegó temprano a Ciudad Victoria, por la tarde a San Luis Potosí y por la noche a Querétaro. El jueves se trasladó a Pachuca y a lo largo del día habló por teléfono con cada uno de los diputados del extinto Frente Amplio Progresista (ahora se llama Diálogo para la Reconstrucción de México) que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) no querían votar por Clara Brugada para jefa delegacional de Iztapalapa. Y los convenció.
Ayer a mediodía, a pesar de los petulantes y ridículos vaticinios de los levantacejas, que ya festejaban la supuesta imposición de un jefe delegacional “de” Marcelo Ebrard y el “distanciamiento” entre éste y López Obrador, Clara Brugada quedó al frente de la demarcación más populosa y conflictiva de la ciudad de México, al ser ratificada en la ALDF con 46 votos a favor, tres abstenciones y la oposición de la minoría panista que dirige Mariana Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala de Calderón, hasta hace poco amiga de la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís, o simplemente Maca, quien ya rompió con la pandilla de Los Pinos para echarse en brazos de Manlio Fabio Beltrones.
Es tan grande y cínica la deshonestidad intelectual de los manipuladores de la opinión pública, mercenarios del micrófono y de la pluma, que a lo largo del conflicto de Iztapalapa borraron de la memoria colectiva el hecho cierto e irrefutable de que todo el problema empezó cuando Maca y los magistrados del TEPJF le arrebataron a Brugada, de manera fraudulenta y extemporánea, la candidatura del PRD al cargo de jefa delegacional. Para los merolicos de la mentira, el autor único y exclusivo del sainete fue el “loco” de López Obrador, por proponer que la gente tachara la boleta electoral por el abanderado del PT, para que éste, después de triunfar, dimitiera en favor de Clara.
De eso ya no se acuerdan aquellos que convirtieron a Juanito en ídolo de quienes se traicionan a sí mismos con tal de obtener dinero y privilegios ilimitados. Pero mientras ellos continuaban escribiendo las páginas más sucias del periodismo mexicano, Maca y los magistrados volvieron a hacer otra de las suyas, al anular esta semana las elecciones constitucionales del municipio de Villa Juárez, en Coahuila, donde el candidato del PRD ganó con 700 de los mil votos que fueron depositados en las urnas. ¿La causa que, según los magistrados, ameritó la nulificación del proceso? Agárrense: descubrieron que un representante del Partido Verde Ecologista en una casilla era empleado del ayuntamiento. Y por eso, en vez de eliminar los votos de esa casilla, echaron a la basura los de todas. ¿Para qué? Obviamente para favorecer al PRI y a los amigos de Manlio Fabio.
Tras la ardua victoria del movimiento de López Obrador en Iztapalapa, el pueblo combativo que apoya a Brugada comenzará a beneficiarse de los programas sociales que crearán empleos de corto plazo para atenuar la desocupación; becas para las personas mayores a partir de los 65 años de edad; orquestas juveniles para evitar la drogadicción y la delincuencia; asambleas para decidir en forma comunitaria la aplicación de los recursos públicos, entre muchos planes y proyectos más, como el de salud barrial, que ofrecerá los servicios gratuitos de un médico y de un dentista en cada colonia.
Enfermos de desvergüenza, los levantacejas repiten a diario que el “botín” de Iztapalapa es un presupuesto de casi 4 mil millones de pesos anuales que ansía López Obrador. Falso: en 2009 fue de 3 mil millones, de los cuales la mitad se destinó a pagar sueldos de la burocracia local y el resto a obras de bacheo, alumbrado público y drenaje. Para 2010, debido a los recortes que el PRI, el PAN y los chuchos aprobaron en la Cámara de Diputados, Ebrard le recortará al gobierno popular de Brugada 400 millones de pesos, de modo que ella en realidad administrará 2 millones 600 mil pesos. ¿Cómo sacará adelante sus proyectos? Primero que todo, con austeridad, al reducir ella misma su salario 50 por ciento e invitando a sus colaboradores a hacer lo propio.
Clara Brugada tiene ante sí incontables problemas, que se multiplicarán en la medida en que le pongan zancadillas para descarrilarla quienes, desde el PRD y el GDF, saben que si sale airosa de la prueba inaugurará una nueva forma de hacer política social en la capital del país, más allá de las frívolas pistas de hielo, los arbolotes que rompen récords Guinnes y otras tonterías similares. Con la victoria de Iztapalapa, la resistencia civil pacífica culmina un año terrible y espantoso con un saldo doblemente favorable: el movimiento que nació en 2004 al calor de la lucha contra el desafuero sigue en pie y al alza, mientras tirios y troyanos saben y reconocen que López Obrador es la única opción verdadera para cambiar sin violencia el destino del país y poner fin a la dictadura de la oligarquía sin llenaderas, la alta burocracia sin escrúpulos, los levantacejas inverecundos y los clérigos medievales aliados a los fundamentalistas de PRI, PAN y PRD que persiguen, incluso con cárcel, el placer sexual de las mujeres mediante la penalización del aborto, como bien lo expuso Humberto Musacchio antenoche, en la librería Gandhi, durante la presentación de Tabaco, exageraciones y mentiras, el deslumbrante alegato de Octavio Rodríguez Araujo contra la Organización Mundial de la Salud y sus políticas sobre el consumo de nicotina.
Mientras tanto, mañana, a lo largo de todo el día, numerosas organizaciones sociales y gremiales acompañarán a los 20 mil trabajadores que aún pertenecen al Sindicato Mexicano de Electricistas, a soplar las 95 velitas del pastel de cumpleaños de la agrupación obrera más antigua del país (fundada el 14 de diciembre de 1914). La fiesta no estará exenta de tristeza, después del fallo de la juez federal que ayer le negó al SME el amparo definitivo contra el decreto que extinguió ilegalmente a Luz y Fuerza del Centro.
La semana entrante, los electricistas llevarán a cabo su último acto público de 2009 y se irán de vacaciones, para reanudar en enero las movilizaciones populares en demanda de que la Comisión Federal de Electricidad los contrate como “patrón sustituto”, con las mismas prestaciones que lograron como SME y con la personalidad jurídica que aún posee su sindicato. Si en la guerra civil española los anarquistas catalanes combatían sujetos a un estricto horario laboral, nada de raro tendrá que los electricistas se tomen unas merecidas semanas de reposo para contrarrestar los efectos de tanto desgaste físico. También, en este sentido, pronto habrá que emularlos...
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