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Mostrando las entradas con la etiqueta Andres Manuel Lopez Obrador. Mostrar todas las entradas
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domingo, diciembre 01, 2013
domingo, octubre 27, 2013
domingo, septiembre 22, 2013
Carta abierta de Fernández Noroña a Enrique Peña Nieto
Una última oportunidad para que sirvas a la patria.
A Enrique Peña Nieto
Al pueblo de México
Todas las reformas que has presentado y que llamas estructurales, son modificaciones legales totalmente contrarias al interés nacional. Pero de todas ellas sin duda, destaca la reforma energética. Esa es la más lesiva y la más grave, en contra de los intereses d ela patria. La reforma energética pretende regresarle a las trasnacionales petroleras, el control de nuestros yacimientos petroleros y desmantelar la empresa nacional más importante que México ha construido durante décadas: Petróleos mexicanos. Has argumentado que al abrirse Pemex, a la inversión privada, eufemismo para ocultar a las trasnacionales petroleras, se darán una serie de beneficios de muy diverso tipo, que van desde aumentar la producción de petróleo crudo hasta generar empleo y bajar los costos de la gasolina. Todo ello es falso. Es en realidad una decisión contraria a los intereses nacionales, y has llegado al colmo de presentarte como el Lázaro Cárdenas del siglo XXI. (más…)
Carta de Gerardo Fernández Noroña a EPN http://scribd.com/doc/169559744
Advierte López Obrador que el 15 de octubre pretenden aprobar la reforma energética
domingo, septiembre 08, 2013
¡¡¡SI HAY ASAMBLEA ÉSTE 8 DE SEPTIEMBRE EN EL ZÓCALO !!! ¡¡¡QUE NO TE ENGAÑEN!!!
¡¡¡MIENTEN LOS MEDIOS DE “COMUNICACIÓN”!!!
jueves, julio 11, 2013
miércoles, julio 10, 2013
Calderón quiso implicar a AMLO con el narco
En el ocaso del sexenio pasado al menos uno de los mandos militares falsamente señalados de tener vínculos con el crimen organizado –y que ya está libre– fue presionado para inculpar a Andrés Manuel López Obrador y al gobernador de Veracruz, el priista Javier Duarte. Un Ministerio Público federal lo “invitó” a que dijera que ambos estaban implicados con los cárteles de la droga. Querían manchar a la oposición a como diera lugar. El militar se negó, pese a que lo amenazaron con que perdería a su familia.
Para lograrlo intentó que uno de los mandos del Ejército –falsamente acusados de tener vínculos con el narcotráfico– lo acusara.
Hasta ahora se ha conocido sólo una parte del caso de estos militares –el general de división y exsubsecretario de la Defensa Nacional Tomás Ángeles Dauahare; el general de división Ricardo Escorcia Vargas; los generales de brigada Roberto Dawe González y Rubén Pérez Ramírez; el teniente coronel Silvio Hernández Soto y el mayor Iván Reyna Muñoz– a quienes la PGR fabricó cargos de complicidad con la delincuencia organizada en el sexenio pasado.
Y sólo ahora –con la exoneración de los seis acusados en lo que atañe a este delito– el caso muestra su lado más negro.
De acuerdo con información obtenida y corroborada con fuentes cercanas al proceso, el teniente coronel Silvio Isidro Hernández Soto (detenido desde mayo de 2012) fue amenazado por un funcionario de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, hoy SEIDO) para que acusara de vínculos con el narcotráfico a políticos de la oposición. Los señalamientos debían dirigirse contra el entonces candidato López Obrador –quien en las encuestas de preferencia electoral aparecía en la segunda posición, por arriba del PAN– y contra el PRD.
También le exigieron declarar contra el actual gobernador de Veracruz, el priista Javier Duarte, y el secretario de Seguridad Pública del estado. Debía acusarlos de nexos con la delincuencia organizada.
Para la PGR, Hernández Soto era útil para una cosa y otra. En 2006 fue escolta en la campaña presidencial de López Obrador; en 2011 era director de la Agencia Veracruzana de Investigaciones. Si aceptaba declarar, aunque fueran hechos falsos, su dicho sería creíble para la opinión pública por la supuesta cercanía que había tenido con López Obrador y con el gobernador Duarte.
Primero se le ofreció acogerse al programa de testigos protegidos, lo que también implicaba que lo “apoyarían” en la causa penal que se le abrió por presuntos vínculos con el crimen organizado. Luego se le amenazó con “la pérdida” de su familia.
Hernández Soto se negó, y como a los otros militares coacusados, se le dictó el auto de formal prisión. A todos se les envío al penal de máxima seguridad de El Altiplano, donde tuvieron un recibimiento brutal.
Acabar con López Obrador
Todo ocurrió en junio de 2012, a unos días de la jornada electoral del 1 de julio. Hernández Soto tenía casi un mes de haber sido detenido por personal de la Procuraduría de Justicia Militar, que desempeñó un papel importante en la consignación de los seis militares. A él se le acusaba de trabajar –a partir de septiembre de 2006– con la delincuencia organizada.
“Decidió integrarse al cártel de los Beltrán Leyva”, afirmaba la PGR en la causa penal 44/2012, que llegó a su fin el viernes 5 a la 1:40 de la madrugada, con el reconocimiento de la PGR de no haber acreditado ninguna de las acusaciones en su contra.
Fue trasladado del Centro Federal de Arraigo a la SIEDO en la Ciudad de México, donde fue entregado a un agente del Ministerio Público (MP) federal. El propósito era ofrecerle un trato, de acuerdo con información corroborada por diversas fuentes. Le propusieron que ayudara a la PGR a fabricar algunos expedientes contra la oposición a cambio de integrarlo al programa de testigos protegidos, al mismo nivel que Roberto López Nájera, conocido como Jennifer: el testigo que con declaraciones falsas había provocado su detención.
El agente del MP quería que acusara al secretario de Seguridad Pública de Veracruz y al gobernador Javier Duarte de tener vínculos con el narcotráfico. Le dijeron que le hacían ese ofrecimiento sólo porque era policía federal, ya que cuando fue detenido –el 18 de mayo de 2012– estaba adscrito a la División de Fuerzas Federales. El teniente coronel se negó.
Entonces comenzaron las amenazas. Se le advirtió que si no cooperaba iba a “perder” familia, trabajo y libertad.
Le volvieron a ofrecer “ayuda”: Si aceptaba ser testigo protegido tendría muchos beneficios. A cambio, Hernández Soto sólo debía ayudar a la PGR a incriminar a políticos de oposición. Ahora le ampliaron la exigencia: debía lanzarse contra integrantes del PRD, comenzando con López Obrador. Volvió a negarse.
Después de fracasar en el intento lo regresaron al Centro de Arraigo. El 1 de agosto los seis militares fueron trasladados al penal federal de El Altiplano, donde les dieron “la bienvenida”.
Tortuoso proceso
Una implacable lluvia y un enjambre de paraguas afuera del penal de máxima seguridad fueron el escenario del fin de una pesadilla que duró 13 meses y medio. A la 1:40 de la madrugada del viernes 5 salieron libres cuatro militares implicados en el caso. Sus nombres protagonizaron el mayor escándalo de supuesta penetración del narcotráfico en la Secretaría de la Defensa Nacional.
Tomás Ángeles Dauahare ya había sido liberado en abril pasado y el mayor Reyna aún espera terminar un proceso por un delito menor en Querétaro, a donde será trasladado en los próximos días.
Vestidos con pants azul marino deslavado y visiblemente afectados, Escorcia, Dawe, Pérez y Hernández Soto pasaron la aduana de tres rejas con filosas serpentinas, y dieron los pasos que dividen la vida de un preso y un hombre libre.
El lunes 1 se dictó el cierre de instrucción de la causa penal. La defensa y la parte acusadora –la PGR– debían presentar sus conclusiones. El miércoles 3 la Procuraduría envió el oficio de correspondencia interna 8897, en el que presentaba conclusiones “no acusatorias” contra los cinco militares que permanecían en prisión. Es decir, la PGR admitía que nunca pudo comprobar ni una sola de las imputaciones hechas en el sexenio pasado contra los militares. El juez ordenó sobreseer la causa penal y se decretó la absoluta e inmediata libertad de los acusados.
Desde el inicio del caso Proceso pudo documentar las diferentes presiones que la PGR ejerció para crear un caso falso. Primero fueron las amenazas al mayor Reyna, quien se encontraba recluido en un penal de Querétaro, para que declarara contra Dauahare, Escorcia y cinco militares más, entre ellos Moisés García Ochoa, quien era un fuerte aspirante a encabezar la Sedena (Proceso 1860).
Luego se ofrecieron canonjías y se amenazó al narcotraficante Édgar Valdés Villarreal La Barbie para que hiciera imputaciones contra los seis militares detenidos. Valdez Villarreal se negó porque dijo que ni siquiera los conocía (Proceso 1881).
“Querían que yo declarara en contra de ellos para ayudar a la SIEDO. Yo les pregunté en qué querían que les ayudara si yo no los conocía. Ellos me indicaron que lo único que yo tenía que decir era que yo los conocía, traían como unas 20 hojas como de oficio y ahí observé el nombre de Roberto López Nájera, con clave Jennifer”, afirmó Valdez Villarreal, el 26 de septiembre de 2012, al juez Raúl Valerio Ramírez, que llevaba la causa penal.
Luego de presentar un pliego de consignación con 195 “elementos de prueba” basados en las declaraciones de los testigos protegidos Jennifer y Mateo, la PGR obtuvo del juez Valerio Ramírez los autos de formal prisión y los militares fueron encarcelados.
Al final ni uno de esos elementos probó la supuesta complicidad de los militares con el cártel de los Beltrán Leyva. Durante los ocho meses que duró el proceso, la PGR –encabezada por Marisela Morales, hoy cónsul de México en Milán– no desahogó ni siquiera 20% de los 195 elementos de prueba y siempre puso obstáculos para que jamás se realizara el careo que los militares acusados exigían mantener con Jennifer y Mateo (Sergio Villarreal Barragán), los dos principales testigos de cargo.
Trato degradante
Cuando el exsubsecretario de la Defensa Nacional Ángeles Dauahare cruzó la puerta de ingreso a El Altiplano –que entonces estaba controlado por la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada por Genaro García Luna– tenía 69 años cumplidos. El general de división Escorcia Vargas, 65; el general de brigada Dawe, 60; el general de brigada Pérez, cerca de 60; el teniente coronel Hernández, 54; y Reyna, 41 años.
En el ingreso al penal los militares fueron rapados, se les desnudó, los esposaron y pusieron de rodillas. Les azuzaron a los perros de guardia y los golpearon con puños y patadas a todos por igual, incluyendo a los de mayor edad. Había de dos a tres atacantes por militar, de acuerdo con los testimonios recibidos.
Los hechos fueron admitidos y corroborados por fuentes vinculadas a tres de los seis militares encarcelados, aunque se afirma que el trato fue el mismo para todos.
Durante varios días los encerraron en celdas de castigo herméticas, sin que mediara ninguna sanción. Incomunicados. Les arrojaban la comida en platos sin cubiertos para que comieran con las manos. En la celda de castigo no había sanitario. Entre la misma inmundicia dormían, comían y trascurrían las horas de su encierro.
“Nos desnudaron, nos golpearon y nos hicieron cosas tan terribles que es mejor ni siquiera mencionarlas”, contó uno de los militares a sus familiares. La versión fue corroborada por otros dos.
Además del maltrato físico estaba el maltrato verbal. Los humillaban e insultaban. “Aquí no son generales ni nada, aquí son aguilitas caídas”, se burlaban. “Aquí no valen nada”, les decían.
Familiares que iban a las audiencias de los militares fueron notando el cambio. Rostros desgajados, con repentina pérdida de peso. Los querían acabar, derrumbar. Gracias a que se mantuvieron unidos lograron conservar su humanidad y su decoro.
La consigna duró hasta octubre de 2012, cuando cambió la dirección del penal y fue nombrada Marissa Quintanilla. A partir de la entrada del nuevo gobierno, en diciembre pasado, el cambio de trato fue más notorio.
El jueves 4, horas antes de la liberación de los cuatro militares, una funcionaria de la SEIDO fue a El Altiplano. Les dijo que ya se iban a ir. Que les iban a liberar sus bienes. Les pidió que públicamente agradecieran a la Sedena por su liberación. Ninguno de los cuatro lo ha hecho, pero sí agradecieron al gobierno de Enrique Peña Nieto.
El abogado Gabriel Baeza, quien defendió al mayor Iván Reyna y al teniente coronel Silvio Hernández Soto, señaló que las conclusiones no acusatorias “son un reconocimiento por parte de la PGR de que no se acreditó ningún tipo de culpabilidad. (…) La PGR sabía que iba a tener sentencias contrarias, y era menos costoso reconocer que no había delito que una sentencia absolutoria. Para evitar mayor desprestigio optaron por reconocer el mal trabajo que se hizo en la administración anterior”.
En el proceso de defensa, aseguró, la institución que puso más trabas para admitir la inocencia fue la Sedena, cuando estaba al frente Guillermo Galván Galván.
El defensor asegura que ciertas pruebas y testimonios hubieran mostrado rápidamente la inocencia. Sin embargo, explica: “Percibí en unos militares la idea de no meterse. Pensaban que las cosas se iban a resolver y que mis clientes estaban entrenados para soportar la situación. Creo que no querían intervenir y dar la documentación que ayudaría a probar su inocencia, por su propio miedo de ser involucrados con ellos. Fueron muy pocos los que se acercaron para apoyar a las familias”.
Pese a la situación adversa, pudo acreditar las presiones contra el mayor Reyna y demostrar que el caso del teniente coronel era el más endeble. No había motivo siquiera para que un juez determinara el auto de formal prisión. Jennifer lo acusaba de trabajar para la organización de los Beltrán Leyva y de ayudarles a “arreglar” el aeropuerto de Cancún, pero se negó a dar el nombre de la persona que supuestamente los presentó.
“Estamos contentos de haber obtenido profesionalmente este éxito. Todos ellos son inocentes, se hizo justicia. Yo sé que en una sentencia íbamos a tener una resolución favorable. Finalmente prevalece la justicia sobre el derecho”, señaló.
A su salida, el general Rubén Pérez dijo: “Yo estoy muy molesto, me siento agraviado, fue una villanía la que se hizo… Y bueno… qué bueno que se está haciendo justicia”.
Magaly, esposa del mayor Reyna –quien seguirá en prisión pero no por ese delito– afirmó que su marido volverá pronto a casa. Afirmó que dos de los coacusados de la extorsión por la que se le acusa ya salieron, y en unas semanas su esposo también será liberado.
“Que mi marido quede libre de esta acusación de delincuencia organizada para mí es un triunfo. Estoy igual de agradecida que como si lo hubiera visto salir de ahí”, señaló.
Entrevistado, el general Ricardo Escorcia dijo irse sin resentimientos: “La venganza no es mía, la venganza es de Dios”.
–¿Quién fue responsable de este encarcelamiento y de las invenciones de los testigos protegidos? –le preguntó Proceso.
–Realmente comenzamos por el expresidente de la República y la exprocuradora.
–¿Debe haber sanción para ellos?
–La sanción yo no la puedo decir, tiene que haber justicia. ¿Y quién imparte la justicia? Yo no, pero tiene que haber justicia.
Sobre el papel de la Defensa Nacional señaló: “La Sedena es gente que recibe órdenes, y las órdenes las dio el expresidente de la República”.
Para lograrlo intentó que uno de los mandos del Ejército –falsamente acusados de tener vínculos con el narcotráfico– lo acusara.
Hasta ahora se ha conocido sólo una parte del caso de estos militares –el general de división y exsubsecretario de la Defensa Nacional Tomás Ángeles Dauahare; el general de división Ricardo Escorcia Vargas; los generales de brigada Roberto Dawe González y Rubén Pérez Ramírez; el teniente coronel Silvio Hernández Soto y el mayor Iván Reyna Muñoz– a quienes la PGR fabricó cargos de complicidad con la delincuencia organizada en el sexenio pasado.
Y sólo ahora –con la exoneración de los seis acusados en lo que atañe a este delito– el caso muestra su lado más negro.
De acuerdo con información obtenida y corroborada con fuentes cercanas al proceso, el teniente coronel Silvio Isidro Hernández Soto (detenido desde mayo de 2012) fue amenazado por un funcionario de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, hoy SEIDO) para que acusara de vínculos con el narcotráfico a políticos de la oposición. Los señalamientos debían dirigirse contra el entonces candidato López Obrador –quien en las encuestas de preferencia electoral aparecía en la segunda posición, por arriba del PAN– y contra el PRD.
También le exigieron declarar contra el actual gobernador de Veracruz, el priista Javier Duarte, y el secretario de Seguridad Pública del estado. Debía acusarlos de nexos con la delincuencia organizada.
Para la PGR, Hernández Soto era útil para una cosa y otra. En 2006 fue escolta en la campaña presidencial de López Obrador; en 2011 era director de la Agencia Veracruzana de Investigaciones. Si aceptaba declarar, aunque fueran hechos falsos, su dicho sería creíble para la opinión pública por la supuesta cercanía que había tenido con López Obrador y con el gobernador Duarte.
Primero se le ofreció acogerse al programa de testigos protegidos, lo que también implicaba que lo “apoyarían” en la causa penal que se le abrió por presuntos vínculos con el crimen organizado. Luego se le amenazó con “la pérdida” de su familia.
Hernández Soto se negó, y como a los otros militares coacusados, se le dictó el auto de formal prisión. A todos se les envío al penal de máxima seguridad de El Altiplano, donde tuvieron un recibimiento brutal.
Acabar con López Obrador
Todo ocurrió en junio de 2012, a unos días de la jornada electoral del 1 de julio. Hernández Soto tenía casi un mes de haber sido detenido por personal de la Procuraduría de Justicia Militar, que desempeñó un papel importante en la consignación de los seis militares. A él se le acusaba de trabajar –a partir de septiembre de 2006– con la delincuencia organizada.
“Decidió integrarse al cártel de los Beltrán Leyva”, afirmaba la PGR en la causa penal 44/2012, que llegó a su fin el viernes 5 a la 1:40 de la madrugada, con el reconocimiento de la PGR de no haber acreditado ninguna de las acusaciones en su contra.
Fue trasladado del Centro Federal de Arraigo a la SIEDO en la Ciudad de México, donde fue entregado a un agente del Ministerio Público (MP) federal. El propósito era ofrecerle un trato, de acuerdo con información corroborada por diversas fuentes. Le propusieron que ayudara a la PGR a fabricar algunos expedientes contra la oposición a cambio de integrarlo al programa de testigos protegidos, al mismo nivel que Roberto López Nájera, conocido como Jennifer: el testigo que con declaraciones falsas había provocado su detención.
El agente del MP quería que acusara al secretario de Seguridad Pública de Veracruz y al gobernador Javier Duarte de tener vínculos con el narcotráfico. Le dijeron que le hacían ese ofrecimiento sólo porque era policía federal, ya que cuando fue detenido –el 18 de mayo de 2012– estaba adscrito a la División de Fuerzas Federales. El teniente coronel se negó.
Entonces comenzaron las amenazas. Se le advirtió que si no cooperaba iba a “perder” familia, trabajo y libertad.
Le volvieron a ofrecer “ayuda”: Si aceptaba ser testigo protegido tendría muchos beneficios. A cambio, Hernández Soto sólo debía ayudar a la PGR a incriminar a políticos de oposición. Ahora le ampliaron la exigencia: debía lanzarse contra integrantes del PRD, comenzando con López Obrador. Volvió a negarse.
Después de fracasar en el intento lo regresaron al Centro de Arraigo. El 1 de agosto los seis militares fueron trasladados al penal federal de El Altiplano, donde les dieron “la bienvenida”.
Tortuoso proceso
Una implacable lluvia y un enjambre de paraguas afuera del penal de máxima seguridad fueron el escenario del fin de una pesadilla que duró 13 meses y medio. A la 1:40 de la madrugada del viernes 5 salieron libres cuatro militares implicados en el caso. Sus nombres protagonizaron el mayor escándalo de supuesta penetración del narcotráfico en la Secretaría de la Defensa Nacional.
Tomás Ángeles Dauahare ya había sido liberado en abril pasado y el mayor Reyna aún espera terminar un proceso por un delito menor en Querétaro, a donde será trasladado en los próximos días.
Vestidos con pants azul marino deslavado y visiblemente afectados, Escorcia, Dawe, Pérez y Hernández Soto pasaron la aduana de tres rejas con filosas serpentinas, y dieron los pasos que dividen la vida de un preso y un hombre libre.
El lunes 1 se dictó el cierre de instrucción de la causa penal. La defensa y la parte acusadora –la PGR– debían presentar sus conclusiones. El miércoles 3 la Procuraduría envió el oficio de correspondencia interna 8897, en el que presentaba conclusiones “no acusatorias” contra los cinco militares que permanecían en prisión. Es decir, la PGR admitía que nunca pudo comprobar ni una sola de las imputaciones hechas en el sexenio pasado contra los militares. El juez ordenó sobreseer la causa penal y se decretó la absoluta e inmediata libertad de los acusados.
Desde el inicio del caso Proceso pudo documentar las diferentes presiones que la PGR ejerció para crear un caso falso. Primero fueron las amenazas al mayor Reyna, quien se encontraba recluido en un penal de Querétaro, para que declarara contra Dauahare, Escorcia y cinco militares más, entre ellos Moisés García Ochoa, quien era un fuerte aspirante a encabezar la Sedena (Proceso 1860).
Luego se ofrecieron canonjías y se amenazó al narcotraficante Édgar Valdés Villarreal La Barbie para que hiciera imputaciones contra los seis militares detenidos. Valdez Villarreal se negó porque dijo que ni siquiera los conocía (Proceso 1881).
“Querían que yo declarara en contra de ellos para ayudar a la SIEDO. Yo les pregunté en qué querían que les ayudara si yo no los conocía. Ellos me indicaron que lo único que yo tenía que decir era que yo los conocía, traían como unas 20 hojas como de oficio y ahí observé el nombre de Roberto López Nájera, con clave Jennifer”, afirmó Valdez Villarreal, el 26 de septiembre de 2012, al juez Raúl Valerio Ramírez, que llevaba la causa penal.
Luego de presentar un pliego de consignación con 195 “elementos de prueba” basados en las declaraciones de los testigos protegidos Jennifer y Mateo, la PGR obtuvo del juez Valerio Ramírez los autos de formal prisión y los militares fueron encarcelados.
Al final ni uno de esos elementos probó la supuesta complicidad de los militares con el cártel de los Beltrán Leyva. Durante los ocho meses que duró el proceso, la PGR –encabezada por Marisela Morales, hoy cónsul de México en Milán– no desahogó ni siquiera 20% de los 195 elementos de prueba y siempre puso obstáculos para que jamás se realizara el careo que los militares acusados exigían mantener con Jennifer y Mateo (Sergio Villarreal Barragán), los dos principales testigos de cargo.
Trato degradante
Cuando el exsubsecretario de la Defensa Nacional Ángeles Dauahare cruzó la puerta de ingreso a El Altiplano –que entonces estaba controlado por la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada por Genaro García Luna– tenía 69 años cumplidos. El general de división Escorcia Vargas, 65; el general de brigada Dawe, 60; el general de brigada Pérez, cerca de 60; el teniente coronel Hernández, 54; y Reyna, 41 años.
En el ingreso al penal los militares fueron rapados, se les desnudó, los esposaron y pusieron de rodillas. Les azuzaron a los perros de guardia y los golpearon con puños y patadas a todos por igual, incluyendo a los de mayor edad. Había de dos a tres atacantes por militar, de acuerdo con los testimonios recibidos.
Los hechos fueron admitidos y corroborados por fuentes vinculadas a tres de los seis militares encarcelados, aunque se afirma que el trato fue el mismo para todos.
Durante varios días los encerraron en celdas de castigo herméticas, sin que mediara ninguna sanción. Incomunicados. Les arrojaban la comida en platos sin cubiertos para que comieran con las manos. En la celda de castigo no había sanitario. Entre la misma inmundicia dormían, comían y trascurrían las horas de su encierro.
“Nos desnudaron, nos golpearon y nos hicieron cosas tan terribles que es mejor ni siquiera mencionarlas”, contó uno de los militares a sus familiares. La versión fue corroborada por otros dos.
Además del maltrato físico estaba el maltrato verbal. Los humillaban e insultaban. “Aquí no son generales ni nada, aquí son aguilitas caídas”, se burlaban. “Aquí no valen nada”, les decían.
Familiares que iban a las audiencias de los militares fueron notando el cambio. Rostros desgajados, con repentina pérdida de peso. Los querían acabar, derrumbar. Gracias a que se mantuvieron unidos lograron conservar su humanidad y su decoro.
La consigna duró hasta octubre de 2012, cuando cambió la dirección del penal y fue nombrada Marissa Quintanilla. A partir de la entrada del nuevo gobierno, en diciembre pasado, el cambio de trato fue más notorio.
El jueves 4, horas antes de la liberación de los cuatro militares, una funcionaria de la SEIDO fue a El Altiplano. Les dijo que ya se iban a ir. Que les iban a liberar sus bienes. Les pidió que públicamente agradecieran a la Sedena por su liberación. Ninguno de los cuatro lo ha hecho, pero sí agradecieron al gobierno de Enrique Peña Nieto.
El abogado Gabriel Baeza, quien defendió al mayor Iván Reyna y al teniente coronel Silvio Hernández Soto, señaló que las conclusiones no acusatorias “son un reconocimiento por parte de la PGR de que no se acreditó ningún tipo de culpabilidad. (…) La PGR sabía que iba a tener sentencias contrarias, y era menos costoso reconocer que no había delito que una sentencia absolutoria. Para evitar mayor desprestigio optaron por reconocer el mal trabajo que se hizo en la administración anterior”.
En el proceso de defensa, aseguró, la institución que puso más trabas para admitir la inocencia fue la Sedena, cuando estaba al frente Guillermo Galván Galván.
El defensor asegura que ciertas pruebas y testimonios hubieran mostrado rápidamente la inocencia. Sin embargo, explica: “Percibí en unos militares la idea de no meterse. Pensaban que las cosas se iban a resolver y que mis clientes estaban entrenados para soportar la situación. Creo que no querían intervenir y dar la documentación que ayudaría a probar su inocencia, por su propio miedo de ser involucrados con ellos. Fueron muy pocos los que se acercaron para apoyar a las familias”.
Pese a la situación adversa, pudo acreditar las presiones contra el mayor Reyna y demostrar que el caso del teniente coronel era el más endeble. No había motivo siquiera para que un juez determinara el auto de formal prisión. Jennifer lo acusaba de trabajar para la organización de los Beltrán Leyva y de ayudarles a “arreglar” el aeropuerto de Cancún, pero se negó a dar el nombre de la persona que supuestamente los presentó.
“Estamos contentos de haber obtenido profesionalmente este éxito. Todos ellos son inocentes, se hizo justicia. Yo sé que en una sentencia íbamos a tener una resolución favorable. Finalmente prevalece la justicia sobre el derecho”, señaló.
A su salida, el general Rubén Pérez dijo: “Yo estoy muy molesto, me siento agraviado, fue una villanía la que se hizo… Y bueno… qué bueno que se está haciendo justicia”.
Magaly, esposa del mayor Reyna –quien seguirá en prisión pero no por ese delito– afirmó que su marido volverá pronto a casa. Afirmó que dos de los coacusados de la extorsión por la que se le acusa ya salieron, y en unas semanas su esposo también será liberado.
“Que mi marido quede libre de esta acusación de delincuencia organizada para mí es un triunfo. Estoy igual de agradecida que como si lo hubiera visto salir de ahí”, señaló.
Entrevistado, el general Ricardo Escorcia dijo irse sin resentimientos: “La venganza no es mía, la venganza es de Dios”.
–¿Quién fue responsable de este encarcelamiento y de las invenciones de los testigos protegidos? –le preguntó Proceso.
–Realmente comenzamos por el expresidente de la República y la exprocuradora.
–¿Debe haber sanción para ellos?
–La sanción yo no la puedo decir, tiene que haber justicia. ¿Y quién imparte la justicia? Yo no, pero tiene que haber justicia.
Sobre el papel de la Defensa Nacional señaló: “La Sedena es gente que recibe órdenes, y las órdenes las dio el expresidente de la República”.
lunes, julio 01, 2013
sábado, junio 29, 2013
Al entregar el petróleo se atentará con la paz social y la estabilidad política de México, alerta López Obrador
* MORENA impedirá la entrega de la renta petrolera y el aumento del IVA, asegura
* No se transparenta la información sobre los bienes de los servidores públicos, porque en el país hay una red de complicidades, expresa
El presidente del Consejo Nacional del Movimiento Regeneración Nacional(MORENA), Andrés Manuel López Obrador, alertó que si el mal gobierno del priista Enrique Peña Nieto entrega la renta petrolera a la iniciativa privada se atentará con la paz social y estabilidad política del país.
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miércoles, marzo 13, 2013
Inaugura López Obrador el Curso de Formación Política para 300 jóvenes del sureste mexicano
Villahermosa, Tabasco, a 13 de marzo de 2013
Transcripción de las palabras del presidente del Consejo Nacional del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Andrés Manuel López Obrador, al inaugurar el Curso de Formación Política para los Jóvenes del Movimiento Regeneración Nacional, en Villahermosa, Tabasco
Amigas, amigos, jóvenes, me da mucho gusto estar con ustedes en el inicio de este curso de formación política, el primero que llevamos a cabo de los cuatro que se han programado para este año.
Son ustedes 300 jóvenes del sureste, a finales de este año van a ser mil 200 jóvenes los que van a participar en estos Cursos de Formación Política. Este Curso de Formación Política es una de las acciones más importantes y trascendente nuestro movimiento.
Ustedes saben tenemos muchas tareas, pero esta acción que se inicia hoy en Tabasco es fundamental, este curso con ustedes, porque ustedes están llamados a tomar la estafeta para seguir caminando hacia este hermoso ideal: de construir aquí en la tierra el reino de la justicia, ustedes son, como se ha dicho, el relevo generacional, esto es muy importante.
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domingo, abril 15, 2012
Te lo firmo y... ¿te lo cumplo?
Por Hasardevi“No hace falta que mis compromisos se firmen ante Notario Público, soy hombre de palabra” (...) “Cada dos años se harán consultas para que el pueblo evalúe el actuar de mi gobierno”.
Andrés Manuel López Obrador
“Pilar González firma ante notario los compromisos que ‘tendrá que aceptar quien quiera la colaboración del PA’.” Esto se lee en noticia de marzo del 2012 en Cádiz, España. La nota reza: “La secretaria general del Partido Andalucista (PA) y candidata a la Presidencia de la Junta, Pilar González, ha firmado este lunes ante notario los compromisos que asume su partido para ‘garantizar los derechos de los andaluces y dinamizar la economía’ y que ‘tendrá que aceptar´ cualquier formación que ‘quiera la colaboración del PA’ tras las elecciones del próximo domingo.”
En otra nota periodística de febrero de 2012 se dice que “El presidente Ricardo Martinelli firmó este martes ante 13 notarios del distrito de Panamá un documento donde deja claro que no tiene ninguna intención de aspirar a una reelección en las elecciones generales de 2014.”
No cabe duda que la credibilidad está en franco descenso tanto en México como en el mundo, si analizamos el hecho en sí, de que políticos recurran a tales estrategias para que la ciudadanía les crea. Unos antes de llegar al cargo, otros en él...
Por otra parte, en España y Francia al menos, un notario por ley, además de un profesional del Derecho con fe pública, se considera funcionario público. En México, el notario es un profesional del Derecho dotado de fe pública por el Estado, pero no se define propiamente como funcionario público. El notario tiene entre sus funciones la autenticación, la publicidad, y una muy importante que es la de dar certeza jurídica a los actos que ante él se realizan. Como profesional del Derecho goza de un gran prestigio ya que se requiere de una muy sólida formación jurídica en varios campos del Derecho y se requiere que apruebe un examen de oposición para acceder al título de "Notario". La ética y honestidad de un notario público son cualidades inherentes al ejercicio profesional de éste, ya que debe asesorar y salvaguardar los derechos de las personas que acuden a él en busca de la salvaguarda de sus derechos.
Leer nota completa, click aquí
domingo, abril 08, 2012
Izquierda: apuesta por el cambio de estrategia
En muchas circunstancias difiere la campaña presidencial de 2012 respecto de aquella de 2006, sobre todo para López Obrador, que repite como candidato de coalición por la izquierda. Los principales obstáculos: no arrastra los reflectores como en su gestión como jefe de gobierno capitalino, el favorito tempranero de la “oposición” es del PRI, y tanto éste como la candidata oficialista cuentan con un presupuesto varias veces mayor que el tabasqueño.
López Obrador en su conferencia matutina.
López Obrador en su conferencia matutina. La pejemanía se quedó en 2006. En su segundo intento por gobernar al país, el candidato presidencial de la alianza Movimiento Progresista (PRD-PT y Movimiento Ciudadano), Andrés Manuel López Obrador, armó una estrategia similar a la anterior: dirigida por él mismo y a “ras de tierra”.
La diferencia es el cambio del equipo. Si bien hace seis años se habló de que estaba rodeado de “leales”, en esta ocasión ni Jesús Ortega, entonces coordinador de campaña; ni Federico Arreola, encargado de las finanzas de las Redes Ciudadanas; ni Manuel Camacho Solís, uno de los coordinadores de dichas redes, figuran en el equipo que pretende reconciliar al tabasqueño con quienes en 2006 lo consideraron “un peligro para México”.
Con mucho menos recursos para la campaña, un PRD deshilachado y un minúsculo equipo de campaña, poco conocido en los medios de comunicación y coordinado por el senador petista Ricardo Monreal, el dos veces candidato presidencial ahora le apuesta a cinco años de recorridos por los 2 mil 400 municipios del país y a una propuesta de reconciliación nacional planteada en los mítines. Así justifica su cambio de estrategia.
La transformación del país que pretende lograr como eventual presidente comenzó con el mismo AMLO como candidato. Un ejemplo son las conferencias de prensa diarias, a las siete de la mañana. De traje y con una sonrisa permanente, sus discursos no marcan la agenda política del momento. Más bien pretende dar a conocer sus propuestas de campaña porque se necesita tener presencia en la prensa para dar batalla al que considera su contrincante principal, el priista Enrique Peña Nieto, ante la desigualdad en la difusión de spots televisivos.
En entrevista con Proceso, Ricardo Monreal señala que mientras el PRI y el PAN pueden presentar tres mensajes, López Obrador sólo podrá difundir uno de la coalición entre el PRD, PT y Movimiento Progresista.
Austeridad
A diferencia de las del PRI y el PAN, la del Movimiento Progresista “será una campaña austera, moderada, sobria, de mucha comunicación. Por ejemplo, no sólo por decisión política, Andrés Manuel ha decidido no usar helicópteros privados ni públicos”.
Explica que harán contacto con la gente “en tierra” –es decir, en mítines, encuentros en auditorios y volanteo– y utilizarán todos los recursos para estar presentes en los medios sin gastar mucho.
“Es una estrategia de comunicación, porque frente a lo corto del plazo, que son 80 días, si no contamos con el acceso a medios de comunicación no se podría difundir la propuesta de Andrés Manuel. Frente a la austeridad nuestra, no se tendría posibilidad de llegar a todos los rincones del país.”
Por eso, resalta, la reconciliación difundida por el candidato incluye a los medios de comunicación, aún los más adversos al movimiento, “porque sin ellos no podríamos difundir nuestra propuesta. Llegaría tergiversada, manipulada, estaría mal formada respecto de nuestra intención”.
En los primeros cinco días de campaña se notó dicha austeridad. Mientras AMLO viaja en aviones comerciales y en clase turista, y su equipo más cercano calcula con los dedos de las manos para qué alcanzan los 690 millones de pesos de prerrogativas, en el PRI Enrique Peña Nieto despilfarra los mil 644 millones de pesos viajando en aviones y helicópteros privados, con una campaña mediática que satura paredes, espacios radiofónicos, sitios de internet y pantallas de televisión.
La oficialista Josefina Vázquez Mota lo sigue de cerca (al menos en gasto) con mil 299 millones, sin contar la previa avalancha promocional del gobierno de Felipe Calderón, con el que ha reivindicado su afinidad partidista.
El 30 de marzo fue el arranque formal de las campañas presidenciales y López Obrador inició con una conferencia de prensa. Delante de un enorme cuadro de Benito Juárez, se dijo confiado en que el pueblo le dará “una vez más” la victoria el próximo 1 de julio porque él representa la única opción de cambio real para la transformación del país.
Después fue a Macuspana, Tabasco, la cabecera distrital de su pueblo natal, Tepetitán. Ahí, en lo que llamó su “tierra”, su “agua” –citando al político poeta Carlos Pellicer, su amigo y mentor–, alrededor de 40 mil personas se concentraron para escucharlo, según los organizadores. Emocionado, soltó: “Me comprometo a entregar mi corazón ante el pueblo de México”.
Ese acto fue organizado por el equipo de campaña del candidato y contó con el apoyo de los partidos del Movimiento Progresista. Los siguientes fueron preparados por los comités regionales. Mientras el PT y Movimiento Ciudadano montaron actos proselitistas muy bien coordinados, los perredistas evidenciaron sus diferencias internas e incluso se negaron a que miembros del PT y MC estuvieran presentes en los templetes.
“La actitud en estos años de un sector del perredismo que se desmarcó de Andrés Manuel, ha pesado en el arranque de campaña”, reconoce Monreal. No obstante, se dice optimista porque el pueblo estará “a la altura de las circunstancias” y, por encima de diferencias partidistas, “decidirá si sigue más de lo mismo o entre todos hacemos valer un cambio verdadero”.
Afirma que, a diferencia de 2006, ahora están mejor organizados con la base del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que actualmente cuenta con 53 mil comités seccionales, 2 millones 500 mil representantes y 3 millones 600 mil “protagonistas del cambio verdadero”.
“No espantar a la gente”
Después de la emoción del mitin en Macuspana, López Obrador terminó su primer día de gira en Coatzacoalcos, Veracruz, con un discurso en el estadio de beisbol Rafael Flores Ochoa, que lució apenas a 50% de su capacidad, lo que el equipo de campaña atribuyó a la falta de coordinación entre los comités estatales y municipales perredistas. Las mantas del PRD y del PT parecían competir entre sí. En Macuspana abundaron las petistas; en Coatzacoalcos, las perredistas.
El equipo de seguridad de López Obrador está bajo el mando del general Audomaro Martínez, al igual que en 2006. Como el candidato rechazó la escolta que le ofreció el gobierno federal, lo acompaña una decena de colaboradores que mantienen un perfil bajo para “no espantar” a la gente que se le acerca a AMLO, lo saluda, se toma fotos con él, le regala cosas y le hace peticiones. Sólo como punto de comparación, al priista Enrique Peña Nieto lo cuidan por lo menos 30 efectivos del Estado Mayor Presidencial (EMP) y militares.
En entrevista con Proceso en San Juan del Río, Querétaro, el general en retiro Audomaro Martínez, quien conoce a su paisano AMLO desde 1980, cuando éste fue director del Instituto Indigenista de Tabasco, informa que la protección del candidato está basada en tres puntos:
“Que le permita tener contacto con la gente; que la gente lo cuida; y en tercer lugar, tomando otras medidas que no se pueden decir por obvias razones, pero sí traemos un grupo con militares en retiro, policías en retiro y personal que fue civil pero tiene especialidades en el control de personas, aunque, como siempre, la seguridad no se tiene al ciento por ciento, eso es seguro”.
–¿Hay coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional para evitar algún problema? –se le plantea.
–Sí, efectivamente. Nosotros estamos en contacto con Gobernación y sinceramente agradecemos a esa secretaría, a gobiernos estatales y municipales, que estén preocupados por la seguridad de los candidatos, no sólo de uno. En el transcurso de los viajes vemos que la policía está más activa, al personal militar lo vemos con frecuencia en los puestos de control; a los policías municipales dando seguridad exterior en los mítines… Vemos que sí están preocupadas las autoridades por la seguridad, y eso lo agradecemos mucho.
Coalición con fisuras
El 31 de marzo la gira se realizó en Tlajomulco, Jalisco, y en Irapuato, Guanajuato. Ahí, una vez más se mostraron las diferencias entre el PRD, el PT y Movimiento Ciudadano, pues en esas entidades la coalición Movimiento Progresista está rota. Consultados al respecto, miembros del equipo de campaña explican que ahí donde casi no tienen posibilidades de triunfo irá cada partido con su propio candidato para obtener las prerrogativas del Instituto Federal Electoral y utilizarlas para su propia campaña o para la presidencial.
Horas después, en San Juan del Río, Querétaro, y Actopan, Hidalgo, López Obrador advirtió que nada lo detendrá para denunciar los excesivos gastos de campaña de su contrincante priista, Enrique Peña Nieto, quien en tres días había gastado 20 millones de pesos.
También denunció la falta de equidad de algunos medios de comunicación, principalmente televisoras que evitan difundir sus actividades proselitistas. Por eso advirtió: “Si no sale en la televisión que Peña Nieto llega en helicóptero a sus eventos, yo lo diré porque no permitiré a este medio de comunicación masiva imponer al próximo presidente de México”.
En esa lógica, AMLO pidió a sus seguidores que mediante las redes sociales informen sobre el desarrollo de la campaña de todos los candidatos presidenciales.
El cuarto día de campaña sólo tuvo un evento en Jiutepec, Morelos, donde comenzó con el discurso de la reconciliación, pues el aspirante a gobernador del estado es el perredista Graco Ramírez, con quien limó asperezas y le levantó la mano en señal de triunfo.
En Morelos, AMLO señaló que su pretensión más grande en la vida es ser un buen presidente, como Benito Juárez o Francisco I. Madero, o bien “un ejemplo de luchador social” como Emiliano Zapata.
Y explicó: “Son momentos fundamentales, decisivos, por encima de diferencias de grupo o partido. Estamos todos llamados a la unidad para lograr la transformación de México. Ese es el objetivo superior”.
Cuando preguntó a los asistentes al mitin si aceptaban transitar por el camino y la concordia, una señora gritó: “¡Pero con la izquierda que no se vende!”.
Resaltó: “Queremos lograr el renacimiento de México, es el objetivo de Morena, y sólo hay dos caminos y se tiene que informar: hay tres candidatos hombres y una mujer”. La gente coreó: “Una gallina”. El candidato sonrió y aclaró: “No, son tres hombres y una mujer. Hay que ser respetuosos”.
Para finalizar la primera semana de campaña, AMLO visitó San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde a 18 años del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) prometió que si gana la elección presidencial cumplirá los acuerdos de San Andrés Larráinzar, firmados el 16 de febrero de 1996 para modificar la Constitución y otorgar derechos y autonomía a los pueblos indígenas.
domingo, abril 01, 2012
Encuentro Desarrollo Económico
El candidato presidencial de la coalición Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, durante el Encuentro Desarrollo Económico, en la Ciudad de México.
López Obrador encabezó una conferencia de prensa junto con la propuesta
para ser el próximo secretario de Desarrollo Económico, Fernando Turner.
A la reunión también asistió el próximo secretario de Comunicaciones y
Transportes, Javier Jiménez Espriú.
http://youtu.be/R_GAwJ-H_4w
López Obrador encabezó una conferencia de prensa junto con la propuesta
para ser el próximo secretario de Desarrollo Económico, Fernando Turner.
A la reunión también asistió el próximo secretario de Comunicaciones y
Transportes, Javier Jiménez Espriú.
http://youtu.be/R_GAwJ-H_4w
Encuentro Seguridad Pública
El candidato presidencial de la coalición Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, durante el Encuentro Seguridad Pública, que encabezó el próximo titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Manuel Mondragón y Kalb, en la Ciudad de México.
http://youtu.be/VXbOcSo6Fac
* Participan López Obrador y Mondragón y Kalb, además de especialistas en la materia
La seguridad pública es el tema que más preocupa a los ciudadanos, por la situación de violencia que impera en el país, aseguró Andrés Manuel López Obrador, mientras que Manuel Mondrágon y Kalb manifestó que se entrampa la toma de decisiones sin información suficiente y oportuna.
En conferencia de prensa que ofrecieron al término de un encuentro sobre seguridad pública, en donde participaron especialistas en la materia, Mondragón, quien es propuesto por el candidato presidencial de la coalición Movimiento Progresista para ocupar la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, destacó la necesidad de homologar los sistemas de información policial.
Por su importancia, consideró importante desarrollar un programa nacional de prevención del delito, evaluar y actualizar el sistema penitenciario y garantizar que haya una coordinación entre las policías a nivel municipal, estatal y federal, así como entre las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional; de lo contrario no se lograrán resultados adecuados, reconoció.
En su exposición, subrayó la necesidad de evaluar del desempeño de las policías y consolidar el control de confianza, así como profesionalizar al personal y establecer mecanismos de control regional, una especie de zonificación.
También urgió contar con un atlas delictivo, para tener conocimiento sobre el número de delitos y su tipo en cada municipio del país.
En sesión de preguntas y respuestas, afirmó que el retiro del Ejército de las tareas de seguridad pública será de acuerdo a las circunstancias y aclaró que en materia de seguridad “nada de lo bueno podrá soslayarse” en el futuro.
Por su parte, López Obrador explicó cómo ocurrió el saludo con el ex presidente Vicente Fox previo a la misa que ofició el Papa Benedicto XVI en Guanajuato. Estaba yo sentado –en el lugar que le asignaron— de repente vi que alguien me extendía la mano. Voltee a ver y vi de quien se trataba. Lo saludé. No podía yo dejarle con la mano extendida, relató.
Al manifestar que en el Movimiento Regeneración Nacional participan ciudadanos de todas las expresiones religiosas dijo que asistió a la homilía porque se trató de un jefe de estado y del principal dirigente de la iglesia católica.
http://youtu.be/VXbOcSo6Fac
No podía dejar a Fox con la mano extendida: López Obrador
MÉXICO, D.F., (apro).- El candidato presidencial de la coalición “Movimiento Progresista”, Andrés Manuel López Obrador, se refirió este lunes al “insólito” encuentro con el expresidente Vicente Fox, quien la víspera –en el contexto de la misa de Benedicto XVI– le dio la mano para saludarlo.
“Estaba yo sentado, de repente sentí que alguien me tendía la mano. Voltee a ver, vi de quién se trataba y lo saludé. No podía dejarle la mano extendida. Eso es todo”, dijo en entrevista.
El pasado domingo 25, siete años después de que Fox solicitó, por medio de la Procuraduría General de la República, un juicio de desafuero para que el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal respondiese ante la justicia por sus presuntas responsabilidades, López Obrador no tuvo más opción que extender su mano al panista.
Ello sucedió cuando Fox llegó al Cerro del Cubilete acompañado de su esposa, Marta Sahagún, y caminó entre la gente que se encontraba en la fila 7 de la zona VIP de invitados especiales, denominada “zona A1”. Por unos instantes se detuvo frente al candidato presidencial de las izquierdas y le extendió la mano.
El saludo tomó por sorpresa al tabasqueño, quien no tuvo más opción que ponerse de pie y darle la mano al panista, el mismo que en diciembre de 2010 reconoció haber “cargado los dados” contra López Obrador en la contienda electoral de 2006 por la Presidencia de la República.
Aún de pie, el exjefe de Gobierno recibió en la espalda una palmada del expresidente, quien prosiguió su camino y enseguida saludó al exministro Genaro Góngora Pimentel.
El breve encuentro, de apenas unos segundos, provocó revuelo en las redes sociales, donde más tarde se difundieron diversas versiones del saludo AMLO-Fox, ocurrido unas horas después de que el primero declarara que ya había perdonado a Felipe Calderón por el supuesto fraude electoral cometido en 2006, cuyo resultado generó una crisis política.
“Estoy extendiendo mi mano franca a todos. No odio, no soy un hombre de resentimientos. Perdono a todos, lo perdono a él en particular, a todos. No quiero venganza, busco justicia”, dijo la víspera el candidato de las izquierdas en entrevista con el diario El País.
Fuente: Proceso
jueves, marzo 29, 2012
Presentación del libro México país éxito o fracaso, Andrés Manuel López Obrador
El candidato presidencial de la coalición Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, en su participación en la presentación del libro México país éxito o fracaso de René Drucker y Rosalba Namhira Guerrero, en el Centro Cultural San Ángel, en la Ciudad de México.
Acompañaron López Obrador, el próximo secretario de Educación Pública, Juan Ramón de la Fuente, el delegado en Alvaro Obregón Eduardo Santillán Pérez, el próximo consejero jurídico a nivel nacional, Génaro Góngora Pimentel; el líder social Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, entre otras personalidades.
http://youtu.be/kpI_moEPyW8
Acompañaron López Obrador, el próximo secretario de Educación Pública, Juan Ramón de la Fuente, el delegado en Alvaro Obregón Eduardo Santillán Pérez, el próximo consejero jurídico a nivel nacional, Génaro Góngora Pimentel; el líder social Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, entre otras personalidades.
http://youtu.be/kpI_moEPyW8
martes, marzo 27, 2012
¿POR QUÉ VOTAR POR LA IZQUIERDA EN MÉXICO?
El video lo dice todo y esas palabras se encuentran imbuidas en el pensamiento de millones de mexicanos y habemos quienes salimos a las calles a informarlo......Rebasemos por la izquierda!
http://youtu.be/t2tfx83yi70
http://youtu.be/t2tfx83yi70
jueves, marzo 22, 2012
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