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lunes, enero 25, 2010
Calderón, espurio por los siglos de los siglos
MÉXICO, DF, 25 de enero (apro).- Más allá de la maliciosa censura de Fernando Gómez Mont a las alianzas electorales, forzado enseguida a desdecirse, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), César Nava, ha puesto precio a las que pretende pactar con la izquierda para tratar de ganarle al priismo: Olvidar la condición espuria de Felipe Calderón.
Tal restricción ha encontrado simpatía en segmentos de la izquierda partidaria, en especial en la facción que domina el cascarón en que se ha convertido el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Nueva Izquierda (NI), uno de cuyos prominentes miembros, el senador Silvano Aureoles, le ha entrado al mercadeo.
“Vamos a revisarlo en el camino, primero que se concreten las alianzas, que es una decisión local, y luego vemos lo que sigue”, enfatizó, con franca voluntad mercantilista, el vicecoordinador perredista en el Senado, quien --como Gómez Mont-- tuvo que desdecirse luego porque, según él, se tergiversaron sus declaraciones.
Aureoles tiene como jefe en el Senado a Carlos Navarrete, quien pasó de entrevistarse en secreto con testaferros del gobierno como Francisco Ramírez Acuña --justamente quien lo delató-- a solazarse públicamente con ellos, incluido el propio Calderón, al que ha tratado de dotar de una legitimidad imposible.
Justamente por tales encerronas secretas, como parte del plan de Nueva Izquierda de aislar a Andrés Manuel López Obrador, es que Jesús Ortega me escribió, en 2007, una encendida “carta personal” para hacer una afirmación que considero de interés público --y por tanto la difundo--, ahora que el PRD busca aliarse con el PAN en al menos cuatro de los doce estados donde habrá elecciones este año.
“Yo soy una persona que trata de ser congruente con lo que piensa. He dicho, y lo sostengo, que Calderón es y será ilegítimo, y que esa ilegitimidad no se quita como si se quitara una mancha en la camisa. Calderón es y será ilegítimo por los siglos de los siglos.”
Si Ortega es congruente, como alegó en esa carta, y es auténtica esa contundente definición, esto implicaría entonces cancelar cualquier negociación con Nava y el PAN, siendo éstos dos apéndices de Calderón, espurio de origen.
En realidad, y esto subyace en el comportamiento público de Ortega, ya hay un arreglijo, al menos tácito, en este sentido, y prueba de ello es que ese político perredista jamás ha declarado públicamente que Calderón es espurio “por los siglos de los siglos”.
Y como si Nava no hubiera dicho, una y otra vez, que no habrá alianzas con nadie que considere espurio a Calderón, Ortega afirmó apenas hoy lunes que no es así: “Es absolutamente falso, cuando menos nosotros no aceptamos en esas coaliciones ningún condicionamiento”.
Se entiende que esta facción del PRD, de clara vocación mercantilista, no tenga remilgos para aliarse con el PAN del que Calderón es cacique, y aun que Convergencia proceda de manera análoga: el senador Gabino Cué ya anticipó que, de ganar el gobierno de Oaxaca, tendrá una relación institucional con Calderón, con lo que éste y Nava creen proscrita la condición espuria del primero.
Pero es el Partido del Trabajo (PT), el principal sostén político y financiero de López Obrador, a quien definen desde ahora como su candidato presidencial, el que ha atendido, también, la condición de Nava, con un agravante: La alianza --lo saben-- es también con El Yunque, la organización ultraderechista que controla el PAN.
Apenas la semana pasada, el martes 19 de enero, poco antes de las 15 horas, un grupo de petistas, encabezados por el senador Alejandro González Yáñez, se introdujo en la sede nacional del PAN para entrevistarse con varios jerarcas panistas para pactar alianzas electorales.
“¡Venimos a ver cómo está El Yunque!”, dijo entre broma y en serio el senador petista conocido como Gonzalo, quien aspira a ser nuevamente alcalde de Durango capital, que gobernó entre 1991 y 1994, cuyo candidato a la gubernatura es el expriista José Gómez Aispuru.
El y el resto de los petistas que a nivel nacional encabeza Alberto Anaya --igual que los perredistas y de Convergencia-- han antepuesto la posibilidad de ganar posiciones políticas al reconocimiento, así sea tácitamente, de quien han considerado ilegítimo.
Pero, además, la alianza de la izquierda partidista es con El Yunque, cuyos cachorros están posesionados de la dirigencia y la estructura del PAN, como se documentó en un reportaje publicado en el semanario Proceso en la edición que está en circulación.Más aún: La alianza suprema, la que ha auspiciado que en los estados de la República se consoliden los cacicazgos que la izquierda y la ultraderecha panista quieren vencer, es la que conforman PRI y PAN, como se ha demostrado una y otra vez desde al menos 1988.
En el fondo de esta coalición, que es la de los grandes intereses, está la ilegitimidad que le dio origen: Primero el fraude de Carlos Salinas, que convalidó el PAN, y luego el fraude de Calderón, que convalidó el PRI, ambos espurios, como dice Ortega, “por los siglos de los siglos”…
Apuntes
A la manera de López Obrador, que pidió se le diera “por muerto” para la contienda presidencial cuando era elocuente su propósito, Fernando Gómez Mont afirmó que no le interesa ser candidato del PAN y hasta se sometió a un embellecimiento personal, en principio un tratamiento contra la obesidad, y ahora Alonso Lujambio dice lo mismo: “No busco ninguna candidatura presidencial hacia el 2012. Estoy totalmente concentrado en mis labores de ser secretario de Educación. Eso es lo que exige el momento político del país, eso es lo que exige la buena marcha de la administración pública federal.” ¡Cómo no! El comunicado que mandó emitir Calderón para expresar su “más enérgica condena a la agresión de que fue objeto hoy el futbolista paraguayo Salvador Cabañas” es de un oportunismo deleznable, pero el llamar al procurador general de Justicia del Distrito Federal, Miguel Angel Mancera, “con el fin de manifestar la disposición del gobierno federal para contribuir con las investigaciones del caso”, es sencillamente ridículo.
Comentarios: delgado@proceso.com.mx
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lunes, enero 04, 2010
Pactan renovar movimiento de López Obrador
Las corrientes perredistas antagónicas Izquierda Democrática Nacional (IDN) y Alternativa Democrática Nacional (ADN) sellaron una alianza política para recuperar el proyecto lopezobradorista dentro de las filas del PRD, y no uno de carácter burocrático, anunció el dirigente estatal de la corriente bejaranista, Jaime Alvarado García.
Como parte de los acuerdos políticos alcanzados, la corriente bejaranista respalda al senador David Jiménez Rumbo, del Polo Guerrerense de Izquierda (PGI), corriente que es la filial de ADN en Guerrero, para lograr la candidatura del PRD a la gubernatura; en tanto, la corriente chavarrista empuja a los abanderados de IDN a las dirigencias municipales, como ocurre en Acapulco, donde este bloque impulsa a la ex diputada local, Rosario Merlín García para presidir el PRD porteño.
Jiménez Rumbo en sus primeras declaraciones como senador electo se lanzó contra Andrés Manuel López Obrador y descalificó el movimiento de resistencia civil que encabezaba después de las elecciones presidenciales de 2006. Tres años después, una de las corrientes perredistas impulsoras del movimiento lopezobradorista, que liderea Dolores Padierna, respaldará al senador, uno de los personajes más cercanos al diputado perredista Armando Chavarría Barrera, ultimado en agosto de 2009.
Alvarado recordó que la alianza entre IDN y ADN se hizo notar en el pasado congreso nacional refundacional realizado en Oaxtepec, Morelos, para recuperar el lopezobradorismo, “no uno burocrático”, en alusión a Nueva Izquierda (NI), y sustentó que ambas corrientes coinciden en que para convertir al PRD en un partido ganador todas las corrientes se deben unir.
Dijo que la alianza entre IDN y ADN quedo en manifiesto al darse a conocer el Frente Popular Guerrerense en Chilpancingo que aglutina a diversas organizaciones, y tal como lo confirmó la líder nacional de esa expresión Dolores Padierna Luna.
En tanto, perredistas de base cuestionaron el acuerdo IDN-ADN, y pidieron hacer memoria de aquellos que en su momento atacaron a López Obrador y que en otros momentos utilizaron la figura del ex candidato presidencial para hacerse promoción, como César Flores Maldonado, quien tuvo una fugaz presencia en el PRD y ahora volvió al PRI, o como el propio Jiménez Rumbo.
Fuente: La Jornada de Guerrero
jueves, octubre 15, 2009
Corrupción e impunidad en el PRD
La impunidad en el manejo corrupto de las finanzas del PRD, al descubierto. Los mismos perredistas confiesan irregularidades, simulaciones y ocultamiento de información. Las revelaciones, en el informe final de la Comisión Especial Investigadora contra la Corrupción sobre la Administración de Rosario Robles, un documento celosamente ocultado en los sótanos del partido.
Quienes emprendieron el esclarecimiento de la corrupción e impunidad en el manejo de las finanzas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) mejor se rindieron ante su descomunal caos o lo dejaron por la paz para no ser objeto de investigaciones de la Procuraduría General de la República por fraudes y del Instituto Federal Electoral (IFE), por rebasar topes de campaña en las elecciones federales de 2003.
Por eso, el noveno Congreso Nacional del PRD, realizado en abril de 2005, resolvió mejor mandar al archivo el informe de la Comisión Especial Investigadora contra la Corrupción sobre la administración de Rosario Robles, presidenta del partido de 2002 a 2003, en la que tuvo una participación destacada el empresario argentino Carlos Ahumada.
El carpetazo también recibió el visto bueno del entonces líder nacional del partido, Leonel Godoy, actual gobernador de Michoacán, cuya administración fue puesta recientemente en entredicho por las autoridades federales, en virtud de sus posibles nexos con el narcotráfico.
El congreso del PRD de 2005 tampoco dio a conocer el “voto particular” de Alejandro Morales Becerra, integrante de dicha comisión. El documento de 133 páginas, fechado el 22 de abril de 2005, sostiene que el partido se abstuvo de aplicar sanciones estatutarias y penales a todos aquellos que pusieron en riesgo su existencia con Rosario Robles Berlanga, inclusive ella misma, y a pesar de que había indicios suficientes para llevarlas a cabo.
Existían testimonios y evidencias para comprobar irregularidades graves como el endeudamiento inusitado, que sobrepasaba su capacidad de pago; conductas delictivas en el manejo de las prerrogativas del IFE; violaciones a los estatutos; componendas con medios de comunicación para subsanar adeudos, y pagos anormales a empresas privadas, entre otras.
No sólo tenía responsabilidad Rosario Robles, sino también otros destacados perredistas por acción u omisión, como Carlos Navarrete, entonces secretario general del PRD (actual coordinador de los senadores del partido); José Ramón Zebadúa González, coordinador general de administración y finanzas del CEN; María Eugenia López Brun, secretaria de Finanzas; Ricardo García Sainz, responsable del Órgano Central de Fiscalización (actual contralor general del gobierno de Marcelo Ebrard en el Distrito Federal), y Carlos Armando Bello, director de contabilidad, por distintos motivos.
El “voto particular” de Alejandro Morales asegura que el Comité Ejecutivo Nacional en tiempos de Rosario Robles Berlanga “incumplió mandatos estatutarios que lo obligaban a evitar el desastre económico, administrativo y ético en el que se encontraba el PRD”. Por lo tanto, fueron omisos José Luis Jaime Correa, José Antonio Rueda Márquez, Juan Guerra Ochoa (exdiputado), Mario Gilberto Saucedo Pérez, Martha Dalia Gastelum Valenzuela, Feliciando Rosendo Marín Díaz, Silvia Gómez Tagle, Trinidad Morales Vargas, Guadalupe Acosta Naranjo (expresidente del PRD), Claudia Sofía Corichi García (senadora), Carlos Sotelo García, Jesús Ortega Martínez (dirigente actual del partido) y Martí Batres Guadarrama (secretario de Desarrollo Social del gobierno de Marcelo Ebrard).
El documento de Alejandro Morales Becerra señala: “Nunca seremos capaces de transformar democráticamente al sistema ni de crear una sociedad más justa, si en nuestro interior no se practica la democracia y no se erradica la corrupción y la inequidad”.
Dice también: “El hallazgo, pues, de actos de corrupción en el instituto político sólo confirma lo que ya se sabía: en el PRD los recursos económicos y las posiciones han adquirido un poder inusitado capaz de corroer sus estructuras”.
Al defender su voto particular, sostiene: “Ha llegado la hora de tomar medidas de fondo. Se deben promover sanciones estatutarias y legales a todos los involucrados en los hechos de corrupción”. Pero la propuesta no fue tomada en cuenta.
“En el PRD, lo sabemos, se tienen muchos adversarios fuera, pero hoy el peligro mayor está adentro”, puntualiza.
Jaime Cárdenas, diputado electo por el Partido del Trabajo, también encabezó a la Comisión Especial Investigadora contra la Corrupción en la administración de Rosario Robles, pero renunció al poco tiempo porque no le dieron toda la información documental que solicitaba, no le dejaron practicar una auditoría integral y no le permitieron citar al entonces gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, para que compareciera.
No obstante, alcanzó a percibir por distintas versiones que la situación de las finanzas del partido era grave. El exconsejero del IFE recuerda, por ejemplo, que Carlos Payán, quien formó parte de una comisión previa a la de anticorrupción, se extrañó de la forma en que el PRD redujo su deuda de 600 a 400 millones de pesos en poco tiempo.
—El informe final de la Comisión Especial Investigadora contra la Corrupción recoge un testimonio de Carlos Armando Bello, director de contabilidad de la coordinación de Finanzas del partido, quien advirtió que si se daba a conocer toda la información no iban a poder justificar los gastos ante el IFE y eso podía dar lugar a un Pemexgate –se le menciona a Morales Becerra.
—El asunto de los videoescándalos de Carlos Ahumada con personajes del PRD era tan grave, desde el punto de vista electoral, como el Pemexgate o Amigos de Fox. Es un problema de esa magnitud y esas características, y sí requeriría de una investigación a fondo.
—¿En el informe final de la comisión anticorrupción se menciona la participación del empresario argentino Carlos Ahumada, como intermediario, negociador y beneficiario de la presidencia de Rosario Robles? –se le pregunta.
—Pues ahora en su libro Derecho de réplica, Ahumada cuenta todo eso. Con esos elementos y lo que sabe la gente del PRD, el IFE está obligado a abrir una indagación. Si ya prescribió o no, en su momento lo tendrá que decir el IFE, luego de que realice las investigaciones. A eso también está obligada la Fepade (Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales).
Si el partido no siguió fue por el temor a que las averiguaciones de la PGR o del IFE les implicaran multas mayores, puntualiza.
“Ésa es una historia no concluida en el PRD ni en el IFE, por eso ahora se requiere esclarecer los hechos. Tenemos que saber respecto de las acusaciones contenidas en el libro de Carlos Ahumada, sobre si hubo o no financiamiento ilegal en las campañas del PRD”, sostiene el también profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Los hechos
El “voto particular” de Alejandro Morales sobre el informe de la “Comisión Especial Investigadora contra la Corrupción sobre la administración de Rosario Robles” contiene una síntesis de las diligencias, documentos y testimonios del expediente, guardado celosamente en los sótanos del PRD.
Señala, por ejemplo, que el despacho Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza no concluyó la auditoría que le encargó el PRD sobre la situación financiera del PRD al 31 de diciembre de 2003, una vez transcurridas las elecciones federales a diputados de ese año.
Sin embargo, el despacho mencionó los motivos: demora en los registros y la inconsistencia de los mismos, falta de documentación comprobatoria, ausencia de contratos debidamente requisitados que precisaran las condiciones de las operaciones del partido, particularmente con la radio y la televisión.
Asimismo, irregularidades en el diseño y operación de la estructura de control interno, destacando la falta de políticas para asegurar las mejores condiciones del gasto para adquirir bienes y servicios, como son cotizaciones o licitaciones para erogaciones por montos importantes o recurrentes.
El PRD no fue capaz de cruzar esta información con la que obtuvo a través del Órgano Central de Fiscalización del partido, de la denuncia interpuesta por la exdiputada Rosa María Avilés, de los testimonios de Adriadna Montiel Reyes, secretaria de Finanzas del partido en el Distrito Federal; de los testigos Dolores Padierna, exjefa delegacional en la Cuauhtémoc, y Agustín Guerrero Castillo, dirigente del PRD en la capital, así como de la revisión y sanciones millonarias que le aplicó el IFE por anomalías graves en la presentación de sus gastos de campaña de 2003. Todas las fuentes coincidían en las mismas irregularidades.
El partido simplemente se conformó con tener una auditoría privada irresuelta y se abstuvo de fincar responsabilidades.
Al inicio de la gestión de Rosario Robles en la dirigencia nacional, los pasivos eran de 120 millones de pesos. Tres años después no se sabía a ciencia cierta a cuánto ascendían. Oficialmente se dijo que eran de 410 millones de pesos, pero había pasivos no reconocidos.
Robles Berlanga –primera jefa de Gobierno del Distrito Federal por el PRD, de 1999 a 2000– aceptó que el presupuesto de 2002 fue modificado y se elevó el endeudamiento, pero alegó que éste fue una medida política para posicionar mejor al partido, la cual fue aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional y el Consejo Nacional.
Pero los estatutos, dice el documento, no otorgaban a Rosario Robles Berlanga ni al Comité Ejecutivo Nacional la facultad de modificar el presupuesto, y no existe sesión alguna en donde el Consejo Nacional aceptara ese cambio.
Sin sesión de por medio, el Consejo Nacional consintió un acuerdo para que el CEN modificara el presupuesto, pero los estatutos tampoco le otorgaban esa facultad. Sus integrantes incurrieron en responsabilidad, además de que no se hizo del conocimiento al Congreso Nacional ni a la comisión de garantías y vigilancia.
“El pragmatismo político no justifica la violación de los principios del partido, pues de lo contrario se permitiría cualquier acto a costa de la obtención del poder”, señala el documento.
Además, Robles Berlanga incurrió en otra responsabilidad administrativa al modificar de facto el funcionamiento financiero del partido al crear y dar facultades amplísimas a la Coordinación General de Administración y Finanzas, relegando en la práctica a la Secretaría de Finanzas del partido.
“La modificación del funcionamiento del partido, en todo caso, correspondía al Congreso Nacional, en términos de lo establecido en el artículo 10, numeral 7, inciso a”.
La falta de atención de la secretaría de Finanzas –a cargo de María Eugenia López Brun– en el manejo de los recursos “puso en riesgo financiero al partido”, al no cumplir sus fines.
Quienes emprendieron el esclarecimiento de la corrupción e impunidad en el manejo de las finanzas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) mejor se rindieron ante su descomunal caos o lo dejaron por la paz para no ser objeto de investigaciones de la Procuraduría General de la República por fraudes y del Instituto Federal Electoral (IFE), por rebasar topes de campaña en las elecciones federales de 2003.
Por eso, el noveno Congreso Nacional del PRD, realizado en abril de 2005, resolvió mejor mandar al archivo el informe de la Comisión Especial Investigadora contra la Corrupción sobre la administración de Rosario Robles, presidenta del partido de 2002 a 2003, en la que tuvo una participación destacada el empresario argentino Carlos Ahumada.
El carpetazo también recibió el visto bueno del entonces líder nacional del partido, Leonel Godoy, actual gobernador de Michoacán, cuya administración fue puesta recientemente en entredicho por las autoridades federales, en virtud de sus posibles nexos con el narcotráfico.
El congreso del PRD de 2005 tampoco dio a conocer el “voto particular” de Alejandro Morales Becerra, integrante de dicha comisión. El documento de 133 páginas, fechado el 22 de abril de 2005, sostiene que el partido se abstuvo de aplicar sanciones estatutarias y penales a todos aquellos que pusieron en riesgo su existencia con Rosario Robles Berlanga, inclusive ella misma, y a pesar de que había indicios suficientes para llevarlas a cabo.
Existían testimonios y evidencias para comprobar irregularidades graves como el endeudamiento inusitado, que sobrepasaba su capacidad de pago; conductas delictivas en el manejo de las prerrogativas del IFE; violaciones a los estatutos; componendas con medios de comunicación para subsanar adeudos, y pagos anormales a empresas privadas, entre otras.
No sólo tenía responsabilidad Rosario Robles, sino también otros destacados perredistas por acción u omisión, como Carlos Navarrete, entonces secretario general del PRD (actual coordinador de los senadores del partido); José Ramón Zebadúa González, coordinador general de administración y finanzas del CEN; María Eugenia López Brun, secretaria de Finanzas; Ricardo García Sainz, responsable del Órgano Central de Fiscalización (actual contralor general del gobierno de Marcelo Ebrard en el Distrito Federal), y Carlos Armando Bello, director de contabilidad, por distintos motivos.
El “voto particular” de Alejandro Morales asegura que el Comité Ejecutivo Nacional en tiempos de Rosario Robles Berlanga “incumplió mandatos estatutarios que lo obligaban a evitar el desastre económico, administrativo y ético en el que se encontraba el PRD”. Por lo tanto, fueron omisos José Luis Jaime Correa, José Antonio Rueda Márquez, Juan Guerra Ochoa (exdiputado), Mario Gilberto Saucedo Pérez, Martha Dalia Gastelum Valenzuela, Feliciando Rosendo Marín Díaz, Silvia Gómez Tagle, Trinidad Morales Vargas, Guadalupe Acosta Naranjo (expresidente del PRD), Claudia Sofía Corichi García (senadora), Carlos Sotelo García, Jesús Ortega Martínez (dirigente actual del partido) y Martí Batres Guadarrama (secretario de Desarrollo Social del gobierno de Marcelo Ebrard).
El documento de Alejandro Morales Becerra señala: “Nunca seremos capaces de transformar democráticamente al sistema ni de crear una sociedad más justa, si en nuestro interior no se practica la democracia y no se erradica la corrupción y la inequidad”.
Dice también: “El hallazgo, pues, de actos de corrupción en el instituto político sólo confirma lo que ya se sabía: en el PRD los recursos económicos y las posiciones han adquirido un poder inusitado capaz de corroer sus estructuras”.
Al defender su voto particular, sostiene: “Ha llegado la hora de tomar medidas de fondo. Se deben promover sanciones estatutarias y legales a todos los involucrados en los hechos de corrupción”. Pero la propuesta no fue tomada en cuenta.
“En el PRD, lo sabemos, se tienen muchos adversarios fuera, pero hoy el peligro mayor está adentro”, puntualiza.
Jaime Cárdenas, diputado electo por el Partido del Trabajo, también encabezó a la Comisión Especial Investigadora contra la Corrupción en la administración de Rosario Robles, pero renunció al poco tiempo porque no le dieron toda la información documental que solicitaba, no le dejaron practicar una auditoría integral y no le permitieron citar al entonces gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, para que compareciera.
No obstante, alcanzó a percibir por distintas versiones que la situación de las finanzas del partido era grave. El exconsejero del IFE recuerda, por ejemplo, que Carlos Payán, quien formó parte de una comisión previa a la de anticorrupción, se extrañó de la forma en que el PRD redujo su deuda de 600 a 400 millones de pesos en poco tiempo.
—El informe final de la Comisión Especial Investigadora contra la Corrupción recoge un testimonio de Carlos Armando Bello, director de contabilidad de la coordinación de Finanzas del partido, quien advirtió que si se daba a conocer toda la información no iban a poder justificar los gastos ante el IFE y eso podía dar lugar a un Pemexgate –se le menciona a Morales Becerra.
—El asunto de los videoescándalos de Carlos Ahumada con personajes del PRD era tan grave, desde el punto de vista electoral, como el Pemexgate o Amigos de Fox. Es un problema de esa magnitud y esas características, y sí requeriría de una investigación a fondo.
—¿En el informe final de la comisión anticorrupción se menciona la participación del empresario argentino Carlos Ahumada, como intermediario, negociador y beneficiario de la presidencia de Rosario Robles? –se le pregunta.
—Pues ahora en su libro Derecho de réplica, Ahumada cuenta todo eso. Con esos elementos y lo que sabe la gente del PRD, el IFE está obligado a abrir una indagación. Si ya prescribió o no, en su momento lo tendrá que decir el IFE, luego de que realice las investigaciones. A eso también está obligada la Fepade (Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales).
Si el partido no siguió fue por el temor a que las averiguaciones de la PGR o del IFE les implicaran multas mayores, puntualiza.
“Ésa es una historia no concluida en el PRD ni en el IFE, por eso ahora se requiere esclarecer los hechos. Tenemos que saber respecto de las acusaciones contenidas en el libro de Carlos Ahumada, sobre si hubo o no financiamiento ilegal en las campañas del PRD”, sostiene el también profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Los hechosEl “voto particular” de Alejandro Morales sobre el informe de la “Comisión Especial Investigadora contra la Corrupción sobre la administración de Rosario Robles” contiene una síntesis de las diligencias, documentos y testimonios del expediente, guardado celosamente en los sótanos del PRD.
Señala, por ejemplo, que el despacho Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza no concluyó la auditoría que le encargó el PRD sobre la situación financiera del PRD al 31 de diciembre de 2003, una vez transcurridas las elecciones federales a diputados de ese año.
Sin embargo, el despacho mencionó los motivos: demora en los registros y la inconsistencia de los mismos, falta de documentación comprobatoria, ausencia de contratos debidamente requisitados que precisaran las condiciones de las operaciones del partido, particularmente con la radio y la televisión.
Asimismo, irregularidades en el diseño y operación de la estructura de control interno, destacando la falta de políticas para asegurar las mejores condiciones del gasto para adquirir bienes y servicios, como son cotizaciones o licitaciones para erogaciones por montos importantes o recurrentes.
El PRD no fue capaz de cruzar esta información con la que obtuvo a través del Órgano Central de Fiscalización del partido, de la denuncia interpuesta por la exdiputada Rosa María Avilés, de los testimonios de Adriadna Montiel Reyes, secretaria de Finanzas del partido en el Distrito Federal; de los testigos Dolores Padierna, exjefa delegacional en la Cuauhtémoc, y Agustín Guerrero Castillo, dirigente del PRD en la capital, así como de la revisión y sanciones millonarias que le aplicó el IFE por anomalías graves en la presentación de sus gastos de campaña de 2003. Todas las fuentes coincidían en las mismas irregularidades.
El partido simplemente se conformó con tener una auditoría privada irresuelta y se abstuvo de fincar responsabilidades.
Al inicio de la gestión de Rosario Robles en la dirigencia nacional, los pasivos eran de 120 millones de pesos. Tres años después no se sabía a ciencia cierta a cuánto ascendían. Oficialmente se dijo que eran de 410 millones de pesos, pero había pasivos no reconocidos.
Robles Berlanga –primera jefa de Gobierno del Distrito Federal por el PRD, de 1999 a 2000– aceptó que el presupuesto de 2002 fue modificado y se elevó el endeudamiento, pero alegó que éste fue una medida política para posicionar mejor al partido, la cual fue aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional y el Consejo Nacional.
Pero los estatutos, dice el documento, no otorgaban a Rosario Robles Berlanga ni al Comité Ejecutivo Nacional la facultad de modificar el presupuesto, y no existe sesión alguna en donde el Consejo Nacional aceptara ese cambio.
Sin sesión de por medio, el Consejo Nacional consintió un acuerdo para que el CEN modificara el presupuesto, pero los estatutos tampoco le otorgaban esa facultad. Sus integrantes incurrieron en responsabilidad, además de que no se hizo del conocimiento al Congreso Nacional ni a la comisión de garantías y vigilancia.
“El pragmatismo político no justifica la violación de los principios del partido, pues de lo contrario se permitiría cualquier acto a costa de la obtención del poder”, señala el documento.
Además, Robles Berlanga incurrió en otra responsabilidad administrativa al modificar de facto el funcionamiento financiero del partido al crear y dar facultades amplísimas a la Coordinación General de Administración y Finanzas, relegando en la práctica a la Secretaría de Finanzas del partido.
“La modificación del funcionamiento del partido, en todo caso, correspondía al Congreso Nacional, en términos de lo establecido en el artículo 10, numeral 7, inciso a”.
La falta de atención de la secretaría de Finanzas –a cargo de María Eugenia López Brun– en el manejo de los recursos “puso en riesgo financiero al partido”, al no cumplir sus fines.
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sábado, septiembre 19, 2009
Otro hijo desobediente...
Tiene su agenda saturada pero le gusta lucirse ante los medios y pocas veces rechaza las entrevistas. De la mano de su hijo Carlos Acosta, quien es también su estratega político, Rafael Acosta, Juanito, está decidido a gobernar la delegación Iztapalapa, la más grande de las 16 jurisdicciones de la Ciudad de México. En las últimas semanas se deslindó de la cúpula del Partido del Trabajo, que impulsó su campaña; de Andrés Manuel López Obrador, y echó por la borda los compromisos pactados. “Acepté ese día porque fue todo muy rápido”…
Miércoles 9 de agosto. Rafael Acosta, alias Juanito, el candidato del PT que ganó los comicios de julio pasado en la delegación Iztapalapa, abandona el hotel Premier de avenida Reforma, donde se hospeda. Son las 10 de la mañana. Viste un traje azul marca Alcibar que le regalaron sus “amigos” y se dirige a la avenida Mariano Escobedo, por la zona de Polanco, donde dará una entrevista radiofónica. Ceñida en la frente, su inseparable banda tricolor, con las puntas enlazadas en forma de flecha.Al terminar, sale disparado hacia la calle de Praga, en la colonia Juárez, donde los integrantes de la Asociación Nacional de Locutores de México (ANLM) lo esperan para entregarle un reconocimiento por su “estilo de comunicación abierta”. El evento está programado para el mediodía, pero Juanito llega una hora tarde.Los miembros de la agrupación, encabezados por su presidenta, Rosalía Consuelo Buaún Sánchez, reciben al homenajeado; le piden que no renuncie, que se quede a gobernar Iztapalapa, lo alientan sobre todo para que enfrente el problema más agudo en esa demarcación: la dotación de agua.“¡Por eso no nos bañamos!”, le gritan.Juanito les responde que a partir del 1 de octubre, cuando rinda protesta como titular de esa jurisdicción ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, atenderá las contingencias de cada colonia iztapalapense. Recalca: “Esa será mi prioridad.”Semanas atrás, Juanito renegó del Partido del Trabajo (PT), que lo postuló como su candidato a la demarcación que alberga a 1 millón 800 mil personas y es la más populosa del país, según el Consejo Nacional de Población (Conapo). Ahora se muestra jactancioso y envalentonado con el apoyo recibido, desconoce incluso a su impulsor Andrés Manuel López Obrador; dice que, para él, el tabasqueño dejó de ser el presidente legítimo.Y reta: Si el PT lo deja solo, se irá “por la libre”. Presume incluso: “Cualquier partido quisiera un Juanito entre sus filas”. Dice que él “revivió” políticamente a Clara Brugada, del PRD, que sacrificó la dirigencia de ese partido en los pasados comicios y a quien él se comprometió a entregar la delegación.Ahora, Juanito asegura que no renunciará al cargo porque Brugada no quiere cumplir su única y permanente petición: “Darme el 50% de los espacios de la delegación para mi gente.”
Extravagancias
En medio de la ceremonia de la ANLM, Juanito posa para los fotógrafos. Estira el brazo izquierdo, cierra el puño y levanta el dedo pulgar en señal de triunfo. Cumplido el protocolo, sube al segundo piso, donde están las cabinas de radio y televisión por internet. Él es el “invitado de honor”.Se sienta en medio de los conductores y los demás asistentes al programa Homocinefilus.com para que lo entrevisten. Insiste en que Juanito es nacional e internacional porque es conocido en Francia, Italia, Alemania, Japón, China, Estados Unidos, Argentina, Canadá y Costa Rica...Entre risas, los conductores le preguntan qué tipo de cine le gusta. Y él confiesa que le encantan las películas de Rambo y las mexicanas, las de los hermanos Almada. Y se suelta. Dice que dos empresarios se acercaron a él para hacerle una oferta: filmar una película sobre su vida que se llamaría Todos somos Juanito.
Los productores le sugieren a Gael García Bernal o a Rafael Inclán como los protagonistas de su historia. Duda, medita, al final exclama: “¡Para qué aceptamos dobles! ¡Que lo haga Juanito!”… pero será después del 15 de octubre, advierte. Y cuenta que, como compañera de la cinta, le gustaría la cantante Tatiana.Al término del programa, Juanito agradece los apoyos e invita a todo el mundo a la Casa del Pueblo de Iztapalapa, donde el 15 de septiembre dará El Grito.
–¡Habrá tostadas de pata hechas por mí! –grita.
La ANLM despide a Juanito entre aplausos y porras. Y él aprovecha para tomarse la foto con las secretarias, con los miembros del staff, con la directora de la asociación. Luego sale apurado para asistir a un programa en Telehit. Después, una entrevista en Milenio Televisión.La tarde del martes 8, Juanito fue a la Basílica de Guadalupe a escuchar música. Ahí, rodeado de reporteros, camarógrafos y fotógrafos, rezó para que, dijo, la Guadalupana alejara a sus enemigos. “Esa gente que está con Clara Brugada… Tengo entendido que no me van a dejar llegar (a la delegación)”.
–¿Puedes cerrar tus ojos otra vez, Juanito? –le pidió un camarógrafo.
El delegado electo accede y prosigue con el ritual. Al final invita a todos los representantes de la prensa a comer caldo de gallina en un local frente a la Iglesia.“Pidan un caldo con pechuga, hasta una cerveza”, sugiere, mientras Carlos Acosta, su hijo y estratega político, atiende las peticiones de entrevista. “Déjame checar mi agenda”, les responde.Y cuando la reportera comenta que le gustaría estar un día con Juanito, Carlos Acosta responde que eso sólo sería posible si apareciera la foto de su padre en la portada de Proceso, como en las revistas Chilango y Nexos. Y justifica su petición: “Cuando Juanito es portada, los periódicos se agotan”.Sin embargo, en el interior de PT las cosas son distintas para Juanito. La dirigencia de este partido está pagando seis habitaciones en el hotel Premier donde él se hospeda, así como los alimentos y la camioneta en la que se desplaza. Algunos militantes aseguran que Juanito pidió 60 mil pesos al mes “para invitarle por lo menos un refresco a sus seguidores”, pero sólo le autorizaron 38 mil pesos.También indican que hay molestia en la cúpula del PT porque Juanito rechazó el ofrecimiento que le hicieron para que un asesor del partido lo orientara. Él optó porque su hijo Carlos diseñara su estrategia política; él estudió ciencias políticas en la UNAM y tiene una asociación civil especializada en marketing político.
Presiones
Fue después de ganar la elección de jefe delegacional el 5 de julio cuando Juanito cambió su actitud. Un mes antes, los diputados del PT Jaime Cárdenas y Gerardo Fernández Noroña le pidieron declinar en favor de Brugada. Se negó.El 12 de ese mes, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la candidatura de Brugada, el senador y dirigente del PT, Alberto Anaya, y Andrés Manuel López Obrador armaron la estrategia electoral para el contraataque. Ambos decidieron llamar a votar por Juanito y anunciaron el compromiso de que, si él ganaba, declinaría para que fuera Brugada quien asumiera el cargo.En esa ocasión, Anaya le comentó a López Obrador que debían elaborar sendas cartas compromiso para evitar problemas, pero el tabasqueño desdeñó la idea.En la entrevista con Proceso, Juanito explica por qué cambió de parecer y ahora se muestra renuente a dimitir. Dice que al revocarse la candidatura de Brugada como jefa delegacional, López Obrador no le dio todo el apoyo a su candidatura.Y se justifica: “Acepté ese día porque fue todo muy rápido”.Cuenta que, pasada la elección, Anaya le pidió firmar esas cartas compromiso a cambio de una diputación plurinominal para 2012. De acuerdo con miembros del PT consultados, no es el único ofrecimiento que los petistas le han hecho.Según ellos, en las reuniones partidistas que se realizan los martes por la noche, los asesores del senador René Arce le ofrecieron a Juanito 200 millones de pesos a cambio de puestos dentro de la delegación para gente de Nueva Izquierda. También, afirman, le dijeron que si renunciaba, el gobierno de la Ciudad de México le ofrecería un cargo; incluso le propusieron coordinar la resistencia civil y un lugar en la dirección del PT…En la entrevista, Juanito acepta que el PT paga su estancia en el hotel y la alimentación de otras seis personas, pero niega que haya pedido dinero: “El PT no se ha acercado a Juanito. Desde el principio Juanito debió ganar miles de votos y millones de pesos”.Dice: “No pedí 5 millones de pesos, ni siquiera 100 mil. No he pedido nada. Están enojados conmigo porque yo les dije que no me iba a prestar para eso. Simplemente Juanito ganó y tiene el derecho al 50% (de los cargos públicos en la delegación Iztapalapa)”.
–¿Es cierto que después de eso le ofrecieron un puesto con Marcelo Ebrard en el gobierno de la ciudad, un puesto en el PT, encabezar la resistencia y contar con una curul plurinominal para 2012?
–Me ofrecieron una diputación para 2012. Me lo propuso el senador (Anaya) y le dije que no. ¿Para qué esperar al 2012 si Juanito ganó ahorita? Yo no sé si mañana tenga vida.Y suelta: “Querían que Juanito les dejara todo, que renunciara todo sin pedir nada a cambio”.De los personajes que se han reunido con él: la dirigente del PAN en la Ciudad de México, Mariana Gómez del Campo, los perredistas Tomás Pliego, Clara Brugada y René Arce, sólo este último lo niega. Sin embargo, Juanito dice que sí tuvo un encuentro con él, e incluso le manda saludos.
–¿Piensa reunirse con alguien más?
–Yo estoy abierto para reunirme con toda la gente, sean panistas, priistas, perredistas de Nueva Izquierda e Izquierda Unida o del Verde Ecologista.
El hombre espectáculo
Juanito es un showman. Si antes se enfrentó a elementos del Estado Mayor Presidencial afuera de Los Pinos durante las protestas contra Felipe Calderón, ahora es jefe delegacional electo en Iztapalapa. Su hijo Carlos, su estratega, quiere vender ahora la imagen de Juanito desobediente.Y con ese propósito, Carlos Acosta ha dejado correr en las últimas semanas versiones tan disparatadas como éstas: que su padre era actor de cine de ficheras de los años ochenta; que actuó en la película Las Perfumadas junto a Lyn May; que tiene una bala incrustada en el cuerpo; que estudió hasta la preparatoria; que fue luchador, vendedor ambulante; que tiene una paletería; que es activista social...En esa biografía, Juanito aparece como milusos. Sin embargo, carece de trayectoria como funcionario público. Sólo se sabe que trabajó durante 11 años junto a René Arce, quien, dice, es su “amigo”. No importa que el pasado 1 de julio haya dicho en un mitin en Iztapalapa que cedería su triunfo a Clara Brugada para sacar de la jefatura delegacional a los traidores de Nueva Izquierda, corriente a la que pertenece Arce.Con ese talante, Juanito insiste en que está preparado para gobernar a 1 millón 800 mil habitantes de Iztapalapa: “Sí, Juanito tiene la experiencia de haber trabajado 11 años en esta jurisdicción con René Arce y con Víctor Hugo Círigo” como jefes delegacionales.
–¿En qué consistió ese trabajo?
–Fui un luchador social, como ellos. Lo mío fue trabajo de campo en la unidad Ermita Zaragoza. Tengo la experiencia y voy a tener a los mejores asesores. ¿Para qué necesito estudios? ¿Para qué quiero ser un delincuente de cuello blanco?
–¿Quiénes serán sus asesores?
–Román Díaz Vázquez y otros de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional.
Díaz Vázquez preside actualmente la Asociación Profesional Interdisciplinaria de México Acción Ciudadana (APIMAC), que busca su registro como agrupación política nacional ante el Instituto Federal Electoral.A principios de agosto, Díaz Vázquez creó los Círculos de Simpatizantes de Juanito. Lo hizo en coordinación con la Alianza Nacional de Organizaciones Sociales y la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM), y los dirige el perredista Valentín González Bautista, exdiputado mexiquense y expresidente municipal de Nezahualcóyotl.
Juanito adelanta su próxima jugada. Una vez que se instale en el despacho de Iztapalapa, arguye, si Clara Brugada no acepta la dirección jurídica y de gobierno, ofrecerá el cargo a Díaz Vázquez.
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lunes, agosto 31, 2009
Juanito está secuestrado por los medios; PT y Nueva Izquierda se deslindan de él
Trascendió que Televisa ofreció 10 millones de pesos a Juanito por notas exclusivas
El Jefe Delegacional electo de Iztapalapa, Rafael Acosta "Juanito", se encuentra secuestrado. De acuerdo con fuentes del Partido del Trabajo, el PT perdió por completo el contacto con Juanito, ya que cambió sus números telefónicos y hasta su domicilio, quedando la posibilidad de contactarlo virtualmente imposibilitada.
El Jefe Delegaciona electo de Iztapalapa, Rafael Acosta "Juanito", se encuentra secuestrado.De acuerdo con fuentes del PT, perdió por completo el contacto con Juanito, ya que cambió sus números telefónicos y hasta su domicilio, quedando la posibilidad de contactarlo completamente anulada.La tarde del lunes 31 de agosto, tanto el PT-DF como Nueva Izquierda se deslindaron de Juanito. Pero no sólo ellos, Andrés Manuel se refirió al caso, sin desmarcarse, pero sí poniendo en duda el por qué Televisa lo estaba “apapachando” tanto. En esa misma declaración, Obrador dijo que esperará a la decisión final de Rafael Acosta para pronunciarse al respecto.De acuerdo con un diario capitalino, el PT se deslindó de las decisiones "personales" de Juanito respecto a Iztapalapa.El dirigente del PT-DF, Arturo López Cándido, aseguró hasta el fin de semana pasado, Juanito "sigue opinando que quiere 50% de la administración; nosotros insistimos en que debe pedir licencia".López Cándido declaró que el cambio de actitud de Juanito se debe al "embrujamiento" que le han hecho los medios de comunicación."Le hemos pedido (a Juanito) que recapacite. Si no lo quiere ver así, no nos va quitar el sueño, pero no vamos a apoyarlo si no asume una posición responsable," dijo el dirigente petista.Por su parte, el líder de Nueva Izquierda, Jesús Ortega, deslindó a su corriente de las decisiones de Juanito y negó que los Chuchos estén involucrados en la postura que ha tomado Juanito de no querer renunciar a la jefatura delegacional de Iztapalapa.Ante la insistencia de los reporteros, Ortega declaró que el PRD no tiene nada que ver con esto.Hasta el momento, Ortega se ha negado a responder preguntas de SDPnoticias.com sobre el caso Juanito, alegando tener una supuesta agenda muy ocupada con medios de comunicación.Respecto a la relación de los medios con Juanito, trascendió que Televisa le ofreció a Juanito 10 millones de pesos por notas exclusivas.
miércoles, julio 22, 2009
Desaparecen solicitud de expulsión contra AMLO
MÉXICO, D.F., 22 de julio (apro).- La dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) frenó la solicitud de expulsión promovida por miembros del ala "chuchista" contra Andrés Manuel López Obrador.
Marlon Berlanga y Eduardo Gutiérrez,d e la corriente Nueva Izquierda, interpusieron ayer su queja ante la Comisión Nacional de Garantías (CNG) del PRD, pero ésta prácticamente "desapareció", luego de que los medios de comunicación difundieron la noticia.En entrevista, la presidenta de la CNG, Ana Paula Ramírez, rechazó que exista una solicitud formal de expulsión contra el excandidato presidencial. "No hay ninguna solicitud ingresada en Garantías", dijo.En su opinión, se trató de un rumor que no supo de dónde salió. "Formalmente no tenemos registro", añadió.
Ayer por la noche, el diputado electo Agustín Guerrero dio a conocer que Marlon Berlanga, quien supuestamente trabaja bajo las órdenes de Guadalupe Acosta Naranjo, presentó la solicitud de expulsión por órdenes de los Chuchos, pues es el encargado de hacer "el trabajo sucio", dijo.Al respecto, Dolores Padierna, integrante de la Comisión Política Nacional, señaló que "sí ingresaron (la solicitud). Nosotros comenzamos a hacer un llamado a todos los dirigentes, y alrededor de las 11 de la noche la misma compañera (Ana Paula Ramírez) me dijo que los habían obligado a retirarla".La CNG, añadió, es un órgano independiente y autónomo del partido, sin embargo, la dirigencia nacional, que encabeza Jesús Ortega, dio la orden de frenar la solicitud para expulsar a López Obrador.
Así mismo, la exdiputada narró que la noche de ayer, Miguel Barbosa, líder de NI, se comunicó con ella para informarle que no había problema con la solicitud, pues Berlanga y Escudero "eran compañeros que se habían ido por la libre" y actuaron de manera independiente.
En tanto, Jesús Zambrano, diputado federal plurinominal electo, rechazó que existiera tal solicitud y culpó a Izquierda Democrática Nacional (IDN) de generar ruido, pues rompió los acuerdos establecidos en las reuniones de Morelia, Michoacán, y Cuernavaca, Morelos, en el sentido de expulsar sólo a quienes se hayan inscrito como candidatos de otros partidos, con la posibilidad de que se reintegren al PRD si así lo desean.
"Es falso de toda falsedad", dijo Zambrano, quien afirmó que se trata de una forma de presionar por parte de IDN, a la que pertenece Agustín Guerrero, ya que quieren presidir la bancada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o la coordinación de la fracción parlamentaria en la Cámara de Diputados.
sábado, junio 27, 2009
Los estertores del PRD
La resolución del TEPJF que benefició a Silvia Oliva con la candidatura del PRD a la jefatura delegacional de Iztapalapa, lejos de resolver el conflicto que empezó cuando Clara Brugada se impuso a la representante de la corriente Nueva Izquierda en su bastión familiar, obstaculizó los acuerdos internos en ese partido. La sentencia –basada en criterios inusuales de los magistrados– no fortaleció la institucionalidad partidista y, más aún, agravó las dife-rencias de Izquierda Unida con Nueva Izquierda, por lo que ambas corrientes prevén consumar la ruptura después del 5 de julio.
Si en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) hasta hace poco la consigna era “acuerdo mata estatuto”, con la lucha por la candidatura a la jefatura delegacional en Iztapalapa se cancelaron las vías de negociación entre los integrantes de Nueva Izquierda (NI), conocidos como los chuchos, y los lopezobradoristas de Izquierda Unida (IU).La decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de revocar el triunfo de Clara Brugada, de IU, como candidata a jefa delegacional, para entregarle la postulación a Silvia Oliva, de NI, anuló la posibilidad de una negociación interna que unificara a ese partido y perfiló a éste hacia una ruptura anticipada. La imposibilidad de alcanzar acuerdos está orillando a los perredistas a tomar decisiones importantes después de los comicios del 5 de julio, coinciden los protagonistas de estos hechos, Clara Brugada, Silvia Oliva, Alejandra Barrales, Ricardo Ruiz y Jesús Ortega. El clan que dirige a NI en el Distrito Federal –Silvia Oliva, esposa del senador René Arce, jefe delegacional de 2000 a 2003 y quien fue sustituido por su hermano, el hoy asambleísta Víctor Hugo Círigo de 2003 a 2006– impugnó ante el tribunal el triunfo de Clara Brugada en la elección interna de candidato a jefe delegacional. La Sala Superior del TEPJF atrajo el expediente de manera inusual y después de 27 días revirtió el resultado.El 12 de junio los magistrados, encabezados por la presidenta del TEPJF, María del Carmen Alanís, no ordenaron reponer la elección, sino que el PRD le diera la candidatura a Silvia Oliva, a poco menos de un mes de la elección y con las boletas ya impresas con el nombre y la fotografía de Clara Brugada a un costado del logotipo del partido. Anulada su oportunidad de gobernar Iztapalapa –en lo que había sido el principal descalabro recibido por NI en la selección de candidatos–, Clara Brugada comenzó a defenderse. En el PRD se iniciaron negociaciones entre NI, IU y Andrés Manuel López Obrador, quien rechazó el fallo judicial y propuso, como solución, que se llamara a votar por el candidato del Partido del Trabajo (PT), Rafael Acosta, a fin de que si triunfa, éste le ceda el lugar a Brugada.En un pintoresco contrasentido, Clara deberá convencer a los iztapalapenses de que no voten por ella, pues eso implicaría un voto para Oliva, sino que sufraguen por Acosta, que el 16 de junio, en presencia de López Obrador, se comprometió a renunciar al cargo para que lo asuma Brugada. Para ello sería necesario que así lo solicitara el jefe de gobierno Marcelo Ebrard y que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) lo aprobara.
El TEPJF al “rescate”
El 30 de marzo pasado, Silvia Oliva se inconformó ante la Comisión Nacional de Garantías del PRD por el triunfo de Clara Brugada; el 13 de abril, la instancia partidista declaró infundado el recurso.Insatisfecha con la decisión, el 22 de abril Oliva promovió un juicio de protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos ante el Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF). El recurso quedó registrado con el número TEDF-JLDC-082/2009. Brugada realizó el mismo trámite el 6 de mayo (expediente TEDF-JLDC-107/2009). Después de analizar ambos casos, el 14 de mayo el tribunal capitalino determinó anular 34 casillas que no modificaban el triunfo de Brugada, por lo que le entregó a ella la constancia de mayoría. Oliva se inconformó de nuevo, esta vez ante la oficialía de partes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el 18 de mayo. Cinco días después solicitó que sus recursos de impugnación fueran revisados, analizados y resueltos por la Sala Superior.En el análisis del caso, dicha sala reconoció que Oliva solicitó la intervención del pleno de manera extemporánea, pero los magistrados determinaron atraer el caso “oficiosamente” por considerarlo “de importancia o trascendencia”, de acuerdo con el expediente SUP-SFA-16/2009.Veintisiete días después, en otro hecho inusual, la Sala Superior convocó a los magistrados a una sesión que se realizó el jueves 11 de junio por la noche. Constantemente la magistrada presidente, María del Carmen Alanís, tuvo que llamar al orden a las decenas de simpatizantes de Brugada que asistieron y declaró varios recesos para calmar los ánimos.De acuerdo con el proyecto de resolución del juicio de protección de derechos político electorales de Oliva, elaborado por el magistrado ponente Esteban Penagos, se analizaron cinco juicios, pues Oliva impugnó desde el cómputo hasta la presencia de funcionarios de casilla que no militaban en el partido durante la elección interna del 15 de marzo. Durante la sesión se fueron desechando uno a uno, por lo que el tribunal decidió no estudiar los agravios “como fueron propuestos por la actora en su demanda”, por razones “de método”. En cambio, decidió atraer el expediente SUP-JDC-498/2009 y anular la votación de 47 casillas, que sumó a las 34 invalidadas en la resolución del TEDF. La invalidación de 81 casillas en total sí modificó el resultado del cómputo y éste favoreció a Oliva.El TEPJF justificó su sentencia con el “error” cometido por el TEDF al anular 193 votos en la casilla IZ-24-20-125-3, cuando debía anular sólo 96. Es la única casilla que pone como ejemplo para eliminar el cómputo de las otras 80, según consta en el juicio TEDF-JLDC-082/2009. El proyecto se aprobó sin discusión, de acuerdo con la versión estenográfica de la sesión pública. Se ordenó al PRD capitalino que en un plazo máximo de 24 horas registrara a Oliva como candidata a ocupar los cargos que ya ostentaron su cuñado y su marido.
Ruptura anticipada
Alejandra Barrales, dirigente del PRD capitalino e integrante de IU, advirtió que su grupo va a defender “el bastión más sólido del perredismo en la ciudad” de la que calificó como una acción concertada con anticipación y ejecutada “con bisturí” por el gobierno calderonista “y sus aliados”. Después, el miércoles 17 por la noche, Barrales pidió licencia de su cargo en protesta por la forma en que condujo el caso de Iztapalapa la dirigencia nacional perredista encabezada por Jesús Ortega (de la misma corriente que Oliva). Desde que el TEPJF dictó sentencia, Brugada e Izquierda Unida protestaron por “la imposición” de Oliva como candidata a jefa delegacional y acusan a René Arce de aliarse con el PRI y el PAN para cocinar este nuevo golpe al PRD.El viernes 12 concentraron a sus partidarios en Iztapalapa y anunciaron que el Comité Político Nacional (CPN) estaba en sesión permanente. Durante el día cruzaron llamadas telefónicas Ricardo Ruiz, Jesús Zambrano, Dolores Padierna y el diputado José Luis Morúa. Se reunieron en duplas para buscar una salida política al conflicto. Las posturas eran claras: IU pretendía que renunciara Oliva, y NI que se respetara la resolución del TEPJF.Los chuchos pidieron un pronunciamiento del jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, pero el único que habló con él fue Jesús Ortega. Como el TEPJF dio 24 horas de plazo para inscribir a Oliva como candidata en el IFE, la secretaria general del PRD, Hortensia Aragón, convocó a una sesión esa misma noche. El presidente nacional y los otros dirigentes chuchos no asistieron por temor a que los partidarios de Brugada tomaran el edificio del partido. En el salón de sesiones de la sede nacional perredista se aprobó un resolutivo para pedir la renuncia de Oliva o, de lo contrario, se le suspenderían sus derechos políticos porque estaba poniendo en juego la unidad del PRD al acudir a una instancia externa para resolver un conflicto interno. Esperaban su respuesta antes de turnar el caso a la Comisión Nacional de Garantías.Siguieron las pláticas informales el fin de semana, pero no se lograron acuerdos. El lunes 15 se realizó otra reunión del CPN con la presencia de los chuchos, a quienes se les presionó a que asistieran con el amago de hacer efectiva la suspensión de derechos de Oliva, quien tampoco acudió a ejercer su derecho de audiencia pero sí difundió en la prensa que no renunciaría a la candidatura.En esa sesión se polarizaron las posturas de IU y NI: los lopezobradoristas calificaban la resolución como injusta, y los chuchos la defendían con el argumento de que el partido debe respetar a las instituciones, en este caso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.En medio del debate, Ortega presentó un documento que elaboró junto con el subsecretario del gobierno capitalino, Juan José García Ochoa, previa consulta con Marcelo Ebrard, para pedir la renuncia formal de Oliva, pero IU rechazó el texto argumentando que se trataba de “un llamado a misa” que no solucionaba el conflicto, ya que aunque Oliva renunciara, el TEPJF la obligaría a inscribirse. Para el martes 16 por la mañana cambió la posición de NI. El coordinador de los senadores perredistas, Carlos Navarrete, propuso consensuar a otro candidato como una tercera vía para resolver el conflicto. El CPN se declaró en receso y se comenzaron a barajar los nombres de los sustitutos. Por NI se habló de Morúa, Elba Garfias o Círigo, y por el otro lado de Pablo Gómez y Javier González Garza. Nadie cedió y no hubo acuerdo.Entonces se decidió que una comisión integrada por Jesús Zambrano, García Ochoa, Jesús Ortega y Ricardo Ruiz acudiera al TEPJF para verificar cuánto tiempo tenían para lograr un acuerdo. Paralelamente, en Iztapalapa se había preparado un mitin de apoyo a Clara Brugada, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.Mientras aquellos dirigentes estaban en el tribunal, en Iztapalapa Alejandra Barrales fijó su postura, al igual que Alejandro Encinas, candidato plurinominal a diputado federal, y la propia Clara Brugada. En tanto, López Obrador recibió una llamada en su celular y luego se retiró detrás del templete a platicar con el dirigente nacional del Partido del Trabajo, el senador Alberto Anaya. Entonces tomó el micrófono y explicó que acababan de avisarle “que el tribunal quiere que (Oliva) sea a como dé lugar la candidata impuesta, no dan la posibilidad de que el PRD, nuestro partido, pueda sustituir. Ni siquiera acepta que sea otra persona, quieren que sea la que ellos están empeñados en imponer”.Minutos después, el tabasqueño pidió a los perredistas de la delegación votar por el candidato del PT, Rafael Acosta, para que gane la elección y renuncie de inmediato a fin de que Brugada asuma el cargo. Ahí, frente a sus simpatizantes, comprometió al excolaborador de Arce y Oliva a renunciar si gana esta elección, ya que debería el triunfo al movimiento lopezobradorista y a Brugada.“Es un asunto inédito, pero tenemos que devolver esta afrenta ante esta situación de fraude anticipado”, sentenció el líder. La asamblea se desarrolló con incertidumbre: parecía que habría un acuerdo interno, ya que la comisión de perredistas estaba en el tribunal. Sin embargo, dice Ricardo Ruiz al ser consultado por la reportera, el TEPJF “rompió la negociación interna” al ordenar que el PRD capitalino registrara a Oliva como candidata en un plazo máximo de seis horas.“Con esto –prosigue– se invalida la posibilidad de acuerdos políticos; es decir, un grupo no tiene espacio para negociar y tomar decisiones conjuntas con la dirigencia.”En entrevista vía telefónica, Brugada critica a Ortega por agudizar la crisis interna al no defender al PRD del tribunal y permitir que defina los asuntos internos del partido. Aunque para ella esta postura es entendible: “¡Qué se puede esperar de Jesús Ortega si es hijo de los tribunales, también!”, exclama. En su opinión, el llamado a votar por el PT servirá para canalizar políticamente el descontento de la gente. “Las cosas en el PRD se han aguantado, tolerado, pero esto fue de plano un absurdo, un atraco público, una situación que no se podía soportar, y esto agudiza la contradicción del PRD. Después del 5 de julio se deben decidir muchas cosas”, prevé.También Ortega asegura que después del 5 de julio los órganos del partido evaluarán y resolverán las consecuencias estatutarias que tiene el llamado a votar por otro partido, como se decidió en el mitin de López Obrador y con la anuencia de Encinas, Ruiz y Barrales, entre otros. Para Clara Brugada, Ortega cae en contradicciones porque no se opuso a que militantes de NI, especialmente gente de Silvia Oliva y René Arce en Iztapalapa, pactaran su apoyo a los candidatos del Partido Socialdemócrata en los distritos 26, 19 y 29 locales, así como en el 18 –en éste aspira a la diputación el hermano de Elba Garfias–, el 22 y el 25 federales.Por su parte, Oliva no cree que haya contradicción. De hecho, dice: “Voy a competir contra López Obrador por la delegación”.
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martes, junio 23, 2009
La alianza roja de Peña Nieto
MÉXICO, DF, 23 de junio (apro).- Cuenta Manuel Bartlett, exsenador y exsecretario de Gobernación, que en alguna ocasión tuvo un encuentro desagradable, en sus oficinas del gobierno de Puebla, con un grupo encabezado por Aquiles Córdova Morán, dirigente histórico de Antorcha Campesina.Córdova Morán le exigió una "cuota" de alcaldes y de posiciones para su movimiento en varios municipios de Puebla. Para afianzar su reclamo, Córdova le presumió uno de sus padrinazgos: el de Raúl Salinas de Gortari, el "hermano incómodo" del expresidente Carlos Salinas.Bartlett se negó a darle las cuotas de poder que los antorchistas pedían. Y así le fue. Bloquearon carreteras, reclamaron prebendas, en especial licencias para taxis y una serie de privilegios, todo a nombre de la "lucha de clases" y de eliminar la desigualdad social.
Con esos antecedentes, no es de extrañar que el pasado domingo el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto fuera el invitado estelar de una magna concentración organizada por los antorchistas en el estadio Azteca de la Ciudad de México, para celebrar el 35 aniversario de este grupo que se fundó en 1974 y que ha degenerado en una de las redes clientelares más chantajistas y antidemocráticas del país.Peña Nieto no fue el único mandatario invitado. En ese evento también estuvo el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, que con mano dura reprimió al movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), y con generosidad presupuestal ha mantenido a Antorcha Campesina.También asistió la senadora María de los Angeles Moreno, exdirigente del PRI nacional y operadora de las alianzas de Beatriz Paredes en el Distrito Federal.Sin embargo, la presencia de Peña Nieto adquiere especial notoriedad. Obsesionado con "pintar de rojo" –color emblemático de su adelantada campaña por la Presidencia en el 2012-- todo el Estado de México, el gobernador que presume de modernidad telegénica busca con Antorcha Campesina la recuperación de uno de los bastiones de este grupo: el municipio de Chimalhuacán.Este es un municipio emblemático de los problemas del Estado de México. Ahí surgió el liderazgo de María Eulalia Guadalupe Buendía Torres, La Loba, famosa invasora de terrenos que trabajó al amparo de los intereses de Carlos Hank González, su padrino, protector y mecenas.Chimalhuacán es además una de las zonas más disputadas por el crimen organizado en el Estado de México, junto con Huixquilucan, Nezahualcóyotl y Ecatepec y, por si fuera poco, es pieza clave para expandir la influencia de Peña Nieto hacia la zona conurbada del Distrito Federal, en especial Iztapalapa, la delegación fracturada por la lucha interna entre las corrientes de René Arce, aliado a Nueva Izquierda (NI), y de Izquierda Unida (IU), que ha defendido la candidatura de Clara Brugada.En Chimalhuacán se han registrado los crímenes contra mujeres más graves de los últimos años, con un patrón muy parecido a los asesinatos seriales de Ciudad Juárez, Chihuahua.Tan sólo entre 2005 y 2006, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio documentó 14 crímenes de mujeres donde se aplicó violencia extrema: sus cuerpos fueron arrojados en los lotes baldíos de este municipio famoso por los tiraderos de basura y por el alto grado de encono social. Las autoridades judiciales han evitado una investigación a fondo sobre estos casos.Por si fuera poco, 53% de los 600 mil pobladores de Chimalhuacán vive con menos de dos salarios mínimos. Y esta miseria se transforma en el caldo de cultivo clásico para que Antorcha Campesina medre con la precariedad y garantice el control político.Desde que Aquiles Córdova asumió el mando del movimiento antorchista, los métodos para eliminar cualquier disidencia y mantener un férreo control entre los colonos "afiliados" se han vuelto muy similares a los que hicieron famoso a Sendero Luminoso, en Perú.El líder de los antorchistas en el Estado de México es Jesús Tolentino Román, experto no sólo en "acciones directas" –como llaman los antorchistas a los bloqueos viales y a las movilizaciones de corte paramilitar que los caracterizan--, sino también en negocios inmobiliarios.Actualmente es el candidato priista a la alcaldía de Chimalhuacán.
De acuerdo con el columnista Miguel Angel Granados Chapa, Tolentino en su anterior gestión como alcalde protagonizó un enfrentamiento muy violento con La Loba, "quien en esa coyuntura perdió el favor de las autoridades mexiquenses que, al estar del lado de Tolentino, hicieron pagar a la dirigente de colonos invasiones de tierras que antaño habían consentido" (Plaza Pública, 23 de junio de 2009).Sin embargo, la alianza entre el rojo de la Fuerza Mexiquense que encabeza Peña Nieto y el rojo de las banderas de Antorcha, anticipa otra operación más peligrosa.Revive el experimento de padrinazgo político y clientelar que Raúl Salinas de Gortari, al amparo del poder de su hermano, construyó para hacer negocios turbios.Esta es la otra cara del reality show que Peña Nieto no exhibe en sus spots televisivos ni en su multimillonaria campaña de "operación política" en el Estado de México y en otras entidades, donde Antorcha Campesina ya le ofreció trabajar rumbo al relevo presidencial del 2012.
Comentarios: jenarovi@yahoo.com.mx
Las podridas instituciones
MÉXICO, D.F., 22 de junio (apro).- Sólo los profesionales de la simulación, los imbéciles y los ignorantes pueden decir que el procurador General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, actúa con autonomía para cumplir con su deber de procurar justicia, y que es ajeno a conductas tan ilegales como deleznables de filtrar información para perjudicar a un particular o a un servidor público, como ha ocurrido con el gobernador de Michoacán, Leonel Godoy. Medina Mora tiene un jefe y se llama Felipe Calderón, un individuo que --está más que visto-- es capaz de lo que sea para materializar sus fines y las instrucciones que le imparten quienes lo patrocinan.
Eso no es novedad.
Y eso deberían saberlo, salvo que se hagan tontos deliberadamente, Godoy y los perredistas que, acobardados, apenas si reclaman a Medina Mora las filtraciones que involucran al gobernador en el narcotráfico y amagan con promover en su contra un "juicio político", que sólo concita las carcajadas de Calderón.
Pero, lamentablemente, parece que la simulación es lo que se ha impuesto en el caso del uso propagandístico del gobierno y el Partido Acción Nacional (PAN) con el caso Michoacán, en el que una administración estatal y varias municipales son agraviadas por tropas del Ejército y policiacas, en un ensayo de claros tintes fascistas para aplicarse en el país.
Además de los lloriqueos de Godoy y Jesús Ortega, presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), no existe una posición política contundente que corresponda al tamaño del agravio, quizá porque Calderón tiene sujeto al gobernador y por ello la PGR afirma que no tiene ningún elemento contra él, "por el momento", o porque ya están satisfechos por haber recuperado la candidatura a la delegación Iztapalapa, gracias al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Y ambos asuntos, Michoacán e Iztapalapa, tienen que ver con lo mismo: La utilización facciosa de las instituciones del Estado, que han hecho que ninguna de ellas –ni siquiera la más reciente, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI)-- opere con la imparcialidad que se reclama en cualquier democracia.Ni siquiera los más tenaces defensores del status quo, entre ellos los que se han montado en la moda del voto nulo y quienes promueven iniciativas anodinas, como firmar ante notario compromisos con la seguridad --como Alejandro Martí, patrocinador financiero de la campaña de Calderón--, pueden defender a las decrépitas instituciones, integradas en sus órganos directivos por los grupos de poder hegemónicos que no son los partidos políticos, sino los oligarcas de la talla de Carlos Slim, Roberto Hernández, Claudio X. González y Germán Larrea.Así, mientras Godoy, Ortega y otros miembros de la facción Nueva Izquierda reclaman, medrosos, a Medina Mora, por otra parte afianzan con Calderón el contubernio, a través del fallo del TEPJF en Iztapalapa, que intervino a pesar de que, legalmente, debió haber desechado el recurso que extemporáneamente promovió Silvia Oliva, la candidata perdedora y mujer del senador René Arce, uno de los líderes Chuchos.¿Qué razón legal tuvo ese órgano jurisdiccional para no desechar el recurso? Ninguna, sino una maniobra de carácter político, como lo reconoce el propio magistrado ponente, Pedro Esteban Penagos, en la entrevista que hoy se publicó en el diario Reforma."Se pensó en lo enfrentados que estaban los grupos y fue una de las razones por las que se atrajo el asunto", explicó el juez al aludir a los perredistas que apoyan a Clara Brugada, que ganó la contienda, y los de Oliva. "Imagínese a la Sala Superior haciéndose a un lado de estos problemas", adujo.Lo demás ya se sabe: Penagos y los otros seis magistrados anularon casillas para darle la vuelta al resultado y que Oliva sea la candidata, igual que el TEPJF lo hizo con Jesús Ortega y con Felipe Calderón, sin cuya intervención no se explica tal maniobra.Por eso hasta los Chuchos, además de hacerse tontos con el caso Michoacán, hasta le dieron un regalo a Calderón: Francisco Brown, candidato del PRD de Nueva Izquierda al gobierno de Campeche, declinó ayer domingo su candidatura a favor de Mario Ávila, el aspirante del PAN que impuso la familia Mouriño.Todo queda, además, en familia: Brown es hermano de la esposa de Carlos Mouriño Terrazo, hijo de Carlos Mouriño Atanez , padre también de Juan Camilo, a quien Calderón, en una de sus homilías, lo comparó con el Cid Campeador, que después de muerto seguía ganando batallas.
Apuntes
Demetrio Sodi, experto en el trapecio político, es un sujeto acostumbrado a la impunidad como candidato del PAN. Hace tres años, en su precampaña y campaña por ser jefe de gobierno, ante Marcelo Ebrard, gastó más de 150 millones de pesos en radio y televisión. Ahora, pese a la prohibición que existe de comprar y vender tiempo en radio y televisión, Sodi hizo campaña en la trasmisión televisiva del partido Pumas-Puebla, pero el Instituto Federal Electoral (IFE) no le fincó cargos… los amigos de Sodi son de la talla de Roberto Hernández, el exaccionista de Banamex que no pagó impuestos por la venta de ese banco y amigo común de él y de Vicente Fox desde que eran estudiantes en la Universidad Iberoamericana, igual que otro de sus allegados, José Madariaga Lomelín, otro involucrado en la estafa del Fobaproa…
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