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domingo, junio 30, 2013

La reforma: Historia de un engaño

El debate sobre la ley de telecomunicaciones fue una “pantomima”, además de que, entre otras ligerezas, se abrió a los extranjeros el control de esta industria vital y se fortaleció la dominancia de Televisa y TV Azteca. Esta es la opinión del senador Manuel Bartlett en torno a lo que califica como una reforma “tramposa”. En entrevista con Proceso explica: los beneficios que deberían obtenerse gracias a la ley se dejan para una inasible ley secundaria. Y sentencia: presentar reformas constitucionales sin saber cuál va a ser la legislación secundaria es un engaño.

La madrugada del 19 de abril, cuando se convocó al pleno del Senado para votar la reforma constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión, el único de los cuatro senadores que votó en contra –y argumentó en tribuna– fue Manuel Bartlett, exsecretario de Gobernación y actual coordinador de la bancada del PT en esa cámara.
“Es una reforma tramposa” porque sólo combate a uno de los dos grandes monopolios, el de la telefonía, mientras que “las televisoras no tienen los criterios necesarios para ser declaradas dominantes” dice Bartlett a Proceso.
“Es realmente un engaño”, insiste el  exgobernador de Puebla. Los beneficios que deberían obtenerse gracias a la ley, explica, se dejan para una inasible ley secundaria.
“Pésima actitud, perversa, de presentar reformas constitucionales sin saber cuál va a ser la legislación secundaria. La técnica jurídica, política que se seguía antes era: ‘Vamos a hacer una reforma constitucional que tiene necesidad de una importante ley secundaria’; aquí es un galimatías que se aprueba, como hoy estamos viendo”, denuncia.
A casi tres meses de esa sesión en la madrugada –que se desahogó sin debate en tribuna y con escasa cobertura de los medios­–, Bartlett reitera que desde el proceso de dictaminación se violó el reglamento del Congreso y se evitó cualquier posibilidad de discutir asuntos importantes, como fue abrir 100% de las telecomunicaciones a la inversión extranjera y 49% en televisión y radio.
Bartlett relata que, a las 11:30 de la noche del 18 de abril, los integrantes de las cuatro comisiones dictaminadoras terminaron de sesionar, pero sólo entregaron a algunos senadores el paquete de casi 400 hojas que contenía el dictamen.
“El reglamento dice que todos los senadores deben tener el dictamen. Ahí se violó un aspecto sustancial. La mayoría desconocía lo que se iba a votar minutos después”, indica.
A las 00:15 horas del 19 de abril se inició la sesión del pleno del Senado, una medida inusual en el Congreso mexicano. Sólo hubo 20 minutos de diferencia entre la sesión de comisiones y la del pleno, recuerda Bartlett.
“Comenzamos a discutir sin que nadie tuviera completo el dictamen. Fue monstruoso, cínico, inconstitucional”, cuenta Bartlett, el mismo político que en 2006 encabezó, junto a legisladores del PRD, del PAN y 11 del PRI, la acción de anticonstitucionalidad contra la Ley Televisa, aprobada sin que se le modificara “una sola coma”.
Para Bartlett, la modificación a la ley de telecomunicaciones fue otra reforma constitucional impuesta por el Pacto por México y por las demandas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que desde 2011 recomendó abrir 100% la inversión extranjera directa en telecomunicaciones, partir el conglomerado Telmex-Telcel y licitar otras dos cadenas de televisión.
Irónico, Bartlett recuerda que en tribuna argumentó que la aprobada “es una reforma altamente técnica, que para conocerla, entenderla y saber cuáles serán sus efectos se necesita una gran experiencia y se necesita de un traductor de sánscrito para poder entender esto que se hace con mucha frecuencia, una serie de conceptos técnicos que van a necesitar un diccionario tecnológico”.
En entrevista con Proceso, Bartlett insiste en que su posición fue votar en contra en lo general, porque había aspectos importantes que no estaban contenidos en la reforma, como la misma regulación y los mismos requisitos para considerar dominantes tanto a las televisoras como a Telmex.

Un regalo al duopolio

Bartlett asegura que “la reforma hace un regalo a Televisa y a TV Azteca de millones de dólares. Automáticamente les deja vender 49% de sus concesiones. ¿Cuánto vale eso? Es un regalo de miles de millones de pesos”.
–¿No estaban en desacuerdo las televisoras con esta apertura de 49%? Algunos legisladores metieron el candado de la reciprocidad para el país de origen –se le comenta.
–Es mentira que estuvieran en de­sacuerdo. Este es el gran acuerdo con las televisoras y el gobierno: fomentar la inversión extranjera directa. Para que no haya duda de que se trata de un brutal beneficio para Televisa ahí está el spot a favor de la inversión extranjera, insertado en una de las telenovelas de la empresa.
“Si hoy tenemos una televisión rupestre, desnacionalizadora, imagínese qué tipo de televisión tendremos si se adueñan de 49% de la producción y distribución de contenidos”, alega.
Incluso, cita una frase de Zbigniew Brzezinski, asesor de seguridad nacional de Estados Unidos en la época de Richard Nixon: “El verdadero poder estadunidense está en su industria mediática y cinematográfica”.
El tema de la apertura a la inversión extranjera apasiona al exprecandidato presidencial priista en 1987 y 1999. Afirma que durante las sesiones de consulta del Senado, el representante de la OCDE “nos vino a decir muy contento que eso estaba muy bien”. También algunos especialistas, comenta, dijeron que este sector ya estaba abierto en otras partes del mundo.
“Eso es mentira. En Canadá no se permite que se adueñen de sus industrias culturales. Canadá tiene muy clara su posición en la frontera con Estados Unidos. ¿Qué dice Canadá? Abre las telecomunicaciones, con límites, pero no abre la radiodifusión. Y lo explica muy claro: el tema de telecomunicaciones es de recursos, de dinero, pero el de radiodifusión es un asunto político, de poder y de defensa de la soberanía”, alega Bartlett.
El senador del PT hace notar que en la exposición de motivos el tema de la apertura a la inversión extranjera sólo está en 17 líneas. No hay, dice, mayor argumentación ni justificación.
“No puede ser un criterio jurídico decir que como está abierto en todos lados, aquí también debe estarlo. Esto es una demanda de Estados Unidos a través de la OCDE. Es una cuestión de poder político”, sentencia.
–Sin embargo, hay otros especialistas que consideran que la televisión analógica ya va de salida y que ahora lo importante será internet. ¿Qué opina usted de eso?
–La televisión es de un valor enorme y seguirá siendo muy importante. Construye esa infraestructura que te costó 50 años tener. Todo eso no se discutió durante la sesión del Senado.
–El mismo día que la Cámara de Diputados aprobó la reforma de telecomunicaciones, Carlos Slim anunció que obtenía los derechos de transmisión de las Olimpiadas. ¿No era una manera de demostrar que no le iba a afectar su interés de entrar a la distribución de publicidad y de contenidos?
–Ahí se trata de un evento. La reforma es un cambio estructural. Quien tenga 49% de nuestra industria televisiva tendrá un poder enorme.

Críticas silenciadas

–¿Qué espera usted de las leyes secundarias en telecomunicaciones?
–Serán arreglos de poder. El ejemplo de cómo se aprobó la reforma es atentatorio de la Constitución. Y cómo se manejó en los medios: se silenciaron las críticas.
Bartlett insiste en que lo más preocupante fue “el cinismo de la mayoría de los legisladores. No existió un mínimo análisis de las consecuencias ni de lo que se estaba aprobando”.
No obstante, el coordinador de los senadores del PT anuncia que participará en la legislación secundaria eligiendo algunos temas importantes, como, justamente, el de la apertura a la inversión extranjera.
Pesimista, Bartlett dice no esperar muchos cambios en lo que atañe a la concentración y el dominio de Televisa y TV Azteca en la televisión. “Tenemos 10 años escuchando que vienen las dos cadenas. Las dos cadenas son una expectativa, son algunos elementos que sí, en efecto, van a tener alguna posibilidad de ir abriendo a Televisa y TV Azteca, pero no es simétrica, ni siquiera simultánea la apertura”, abunda.
Sobre el derecho de réplica y la posibilidad de la radiodifusión indígena, el exsecretario de Gobernación también recuerda que eso se está regulando desde hace 10 años y “nos lo vuelven a presentar como una gran esperanza a futuro”.

domingo, abril 08, 2012

Pasivos de Ferronalesjub alcanzarán 63 mil MDP

Las autoridades no calcularon que los ferrocarrileros jubilados vivieran “tantos años” y el dinero que dispusieron para pagar pensiones se ha agotado. El déficit actuarial supera ya los 43 mil millones de pesos. Sin embargo, Guillermo Alberto Tello Ludlow, director liquidador de Ferrocarriles Nacionales de México, reconoce que la cifra podría aumentar a 63 mil millones “hasta que muera el último trabajador”. Desde 1997 –cuando se creó el fideicomiso Ferronalesjub– y hasta el 31 de diciembre de 2010, se habían erogado más de 40 mil millones de pesos en las pensiones de los trabajadores. A la fecha, más de 36 mil ferrocarrileros con su futuro incierto. Además, se adeudan 156 millones por juicios contenciosos laborales, civiles, mercantiles y administrativos.
El “agotamiento” financiero del Fideicomiso Ferronalesjub 5012-6 afecta a 36 mil 512 extrabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México (FNM) en Liquidación. El fondo debía de cubrir el pago de pensiones vitalicias hasta 2032; no obstante, a diciembre de 2010, poseía 1 mil 418 millones 320 mil 300 pesos, que alcanzarían sólo para el primer semestre de 2011. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revela un déficit actuarial de 43 mil 223 millones 585 mil pesos.
Producto de la licitación de vía general de comunicación ferroviaria del Noreste, el 19 de diciembre de 1997 se constituyó el Fideicomiso Ferronalesjub 5012-6 en Nacional Financiera, con una aportación inicial de 13 mil 529 millones 750 mil pesos. El pasivo actuarial necesario para cubrir las obligaciones de Ferronalesjub, hasta que fallezca el último jubilado, es de 63 mil millones de pesos, reconoce Guillermo Alberto Tello Ludlow, director liquidador de Ferrocarriles Nacionales de México.
Sin embargo, “es muy complicado que el gobierno federal pueda destinar este monto de recursos”; la prioridad será capitalizar el fondo cada año para que, en la medida de lo posible, “en ningún momento se encuentre en peligro el pago de pensiones para jubilados”, explica Jorge Antonio Márquez Serralde, director ejecutivo de Liquidación del Proceso de Empresas del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Sae).
El déficit actuarial del Fideicomiso, al 31 de diciembre de 2010, era de 43 mil 223 millones 585 mil pesos. A decir de Tello Ludlow, “los recursos se agotaron porque las premisas que se adoptaron en el [primer] estudio actuarial no fueron las adecuadas; [por ejemplo] la mortandad, la expectativa de vida de los pensionados, no fue la acertada. La Secretaría de Hacienda [y Crédito Público] ha decidido capitalizar este fondo de manera anual; es decir, nosotros entregamos un escenario económico de cuántos recursos se van a requerir para el próximo año y se propone a la Cámara de Diputados para el anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación”.
La Dirección Ejecutiva de Liquidación de Empresas del Sae solicitó a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 8 millones 306 mil 900 pesos para los ejercicios de 2012, 2013 y 2014 del Fideicomiso (oficio DCO/DELE/455/2011, del 15 de agosto). Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación envió a la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” de la Secretaría de Hacienda los datos para recibir los recursos autorizados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2012, para el pago de pensiones jubilatorias por 2 millones 777 mil 300 pesos (oficio DGAAF/128/2011, del 15 de diciembre).
El pago de asignación, denominado también “ajuste de pensión jubilatoria por demanda o nómina alterna”, es el procedimiento por medio del cual se cubren las obligaciones determinadas en los laudos. “Cuando se constituyó el Fideicomiso existía la posibilidad de incorporar nuevos jubilados que, a partir de resoluciones judiciales, adquirían derechos. En esta nómina alterna se administran las obligaciones con 2 mil 72 jubilados que no se han podido subir al Fideicomiso. La Secretaría de Hacienda nos da recursos también para atender las obligaciones con este grupo de jubilados de la nómina alterna”, explica Márquez Serralde.
–¿Cuál es el número de jubilados?
??A marzo de este año tenemos 36 mil 512 fideicomisarios. La parte operativa que administra todas las obligaciones del Fideicomiso tiene establecidos mecanismos para verificar la supervivencia de estas personas de forma tal que nos aseguremos que se le está pagando todavía a la gente que vive. Hay 2 mil 72 en la nómina alterna. Puede ser que haya una persona cobrando en el Fideicomiso y en la nómina alterna. El contrato establece la posibilidad de que si una autoridad laboral determina el derecho de una persona a ser jubilado o el ajuste de su pensión, y por nómina alterna cobra los pesos adicionales que no se le pagan en el Fideicomiso.
La ASF revisó el total juicios contenciosos laborales, civiles, mercantiles y administrativos en contra de Ferrocarriles. Al 31 de diciembre de 2010, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y el Sae no habían pagado 482 millones 501 mil pesos de pasivo exigible ?462 millones 700 mil pesos son resultado de 463 procesos con laudo condenatorio firme y 19 millones 801 mil pesos correspondientes a siete asuntos contencioso-administrativos no concluidos?.
Banobras informó que existe una propuesta para dar por concluidos los pasivos laborales; la documentación se encuentra en la Dirección Jurídico Laboral de Ferronales. En tanto, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes objetó que, a noviembre de 2011, hubo una disminución del 53.9 por ciento del pasivo exigible y de los siete casos no laborales se tramita el pago por 17 millones 369 mil pesos a favor del organismo Luz y Fuerza del Centro.
“Por lo que respecta al artículo cuarto y segundo transitorio del Decreto de Extinción de Ferrocarriles, las estrategias para la atención de asuntos jurídicos laborales del PML 2010 [Programa Maestro de Liquidación] y de la cláusula décima sexta del Contrato del Fideicomiso Ferronalesjub, se considera que no existe incumplimiento, debido a que quien es garante de las obligaciones laborales por jubilaciones es el gobierno federal; se realizaron acciones a través de la SCT para la obtención de los recursos para hacer frente a las obligaciones laborales”, argumentó el Banobras en la reunión de Preconfronta con el órgano coadyuvante de la Cámara de Diputados.
En cuanto a los más de 462 millones de pago exigible, Guillermo Tello explica que “el tema de los juicios laborales no es crítico; está bien controlado […] Ese pasivo exigible no se había pagado porque no se contaba con los recursos. En 2011, cuando en el Presupuesto de Egresos de la Federación le autorizan a Ferrocarriles una cantidad de recursos, priorizamos en el tema. El saldo a [diciembre de] 2011 es de 152 millones”.
Por otra parte, el costo de liquidación de FNM, del 19 de diciembre de 1997 al 31 de diciembre de 2010, asciende a 40 mil 804 millones 307 mil 800 pesos, de los cuales 34 mil 193 millones 980 mil 500 incumben recursos propios y 6 mil 610 millones 327 mil 300 pesos son recursos federales. La Auditoría Superior, en su Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010, considera que el Banobras y el Sae no cumplieron con las disposiciones normativas aplicables al proceso de liquidación de Ferrocarriles, por lo que el dictamen de la auditoría fue negativo. El Órgano Interno de Control tendrá que investigar e iniciar el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos involucrados.
El 4 de junio de 2001, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su ley orgánica”. El 25 de junio se emitieron las “bases para llevar a cabo la liquidación”.
El 29 de agosto de 2001, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes designó al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos como responsable de la liquidación de FNM. El 14 de julio de 2010, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes lo sustituyó; el 17 de agosto se dio el nombramiento oficial y el 31 de ese mes se suscribió el Acta de Entrega-Recepción, compuesta por 130 anexos sobre los pasivos, activos y asuntos pendientes.
Con el análisis de los estados financieros de Ferrocarriles Nacionales de México se confirmó un déficit de 13 mil 58 millones 251 mil pesos. Para gastos de operación y pago de pasivos, el monto requerido para 2011 ascendía a 1 mil 64 millones 100 mil pesos; se autorizaron 758 millones 300 mil pesos, los cuales fueron transferidos al Sae como resultado de un convenio suscrito el 25 de marzo de 2011 con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. A decir de la Auditoría Superior, los recursos obtenidos no son suficientes para cumplir las obligaciones financieras del Ferronalesjub.
En el Informe también se evidencia la nula atención a 1 mil 157 solicitudes de donaciones de jubilados, pensionados o sus sucesores, de instituciones públicas y asociaciones sin fines de lucro, por una superficie de 11 millones 509 mil 709 metros cuadrados. El Banco Nacional argumentó que el artículo sexto transitorio de la Ley General de Bienes Nacionales y segundo del Decreto no establecen tiempos específicos, por lo que no existe incumplimiento por parte de la institución. Se trabajó de manera conjunta con la SCT en la elaboración de lineamientos que regulen las donaciones; el seguimiento lo hacía la Dirección Comercial y de Atención a Gobierno a través de la Gerencia de Consultoría Jurídica y Patrimonio Inmobiliario en Ferrocarriles.
El objetivo de regular cinco predios invadidos, esto es 359 mil 100 metros cuadrados, no se concretó. No existe respaldo documental que ampare la labor de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, Ferrocarriles Nacionales de México y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

Leer articulo completo AQUI.

lunes, enero 16, 2012

El nuevo megafraude del Caribe

Piratas sobre el Caribe...

La próxima construcción de un nuevo megaproyecto turístico, estilo Cancún, en el municipio de Isla Mujeres, en Quintana Roo, revela el descaro del gobierno de Felipe Calderón para favorecer a empresarios mexicanos y españoles, así como a toda suerte de políticos y personajes sin escrúpulos, en perjuicio de la población local. Hay señales de que en ésta, una trama depredadora más del Caribe mexicano, convergen los intereses del propio mandatario; del aspirante priista a la Presidencia, Enrique Peña Nieto; del exgobernador de Nuevo León Natividad González Parás, e incluso de un ejemplar de negro estigma: Mario Villanueva, preso en Estados Unidos por narcotráfico…

Isla Blanca. Turismo de lujo.



ISLA MUJERES, QR.- Un megaproyecto turístico de mil 400 millones de dólares para construir en los próximos 12 años un total de 9 mil 600 cuartos de hotel en 221 hectáreas, dos marinas, un campo de golf, casinos y residencias exclusivas en los terrenos de Isla Blanca, ubicado en la parte continental del municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, fue aprobado en sigilo por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el 10 de noviembre de 2011.

Semarnat autorizó el proyecto a pesar de la oposición de organizaciones como el Centro Mexicano de Desarrollo Ambiental (Cemda), que lo considera una amenaza para la sustentabilidad y las especies de manglares y fauna de la zona, y pese a los distintos litigios existentes en torno a la propiedad de la tierra que involucran a varios políticos del PRI y del PAN y a consorcios españoles.
De golpe, la autorización para construir un nuevo polo turístico convertirá a esta zona en la tercera ciudad más importante de Quintana Roo, sólo detrás de Cancún y Playa del Carmen. En 40 años de existencia, Cancún ha acumulado cerca de 32 mil habitaciones de hotel. En esta zona se pretende construir casi 10 mil cuartos en menos de tres lustros. Y asimismo se busca que en Isla Blanca existan 25 mil cuartos de hotel en 25 años.
Detrás del Proyecto Soto Lindo (PSL) –como lo denomina la Semarnat– está el interés de consorcios españoles, como el Grupo Martinón, accionista mayoritario de una sociedad donde participan políticos mexicanos, como el diputado federal priista Felipe Enríquez y el exgobernador de Nuevo León Natividad González Parás, así como el empresario Arturo Bojórquez León, quien mantiene los terrenos cercados y vigilados con guardias armados.
En la trama de intereses también está involucrada la exalcaldesa panista de Isla Mujeres y exdelegada estatal del Registro Agrario Nacional (RAN) Alicia Ricalde Magaña, artífice del cambio de uso de suelo de la zona para permitir la construcción de este megadesarrollo.
La prensa quintanarroense también ha señalado que Ricalde Magaña cuenta con el apoyo del presidente Felipe Calderón, quien tendría intereses en la zona a través de Román Rivera Torres, empresario que encabeza otro grupo de desarrolladores y ha sido uno de los principales impulsores de Puerto Aventuras.
En la trama de esta historia también está involucrado el exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva Madrid, quien se ostentó como propietario de 19 hectáreas de Isla Blanca, que vendió por 169 millones de pesos, a finales de 2008, a Hugo Flores Toba, cuñado de Felipe Enríquez.
Enríquez, compadre y amigo del aspirante presidencial priista Enrique Peña Nieto, es señalado en la Península de Yucatán como el principal operador de los negocios del exmandatario mexiquense. Fue el vínculo entre Toluca y los mandatarios priistas Ivonne Ortega Pacheco, de Yucatán, y Félix González Canto, quien dejó en la gubernatura de Quintana Roo a Roberto Borge Martín. En 2011, el actual diputado federal fue delegado del CEN del PRI en la campaña del Estado de México.
Los millonarios intereses transexenales de hoteleros, desarrolladores y políticos del PRI y del PAN se concentran en las 200 hectáreas de Isla Blanca, un sitio de extraordinaria belleza que fue decretado parque nacional en 1972 y considerado uno de los lugares de mayor biodiversidad que se han conservado, a pesar del explosivo crecimiento hotelero y urbanístico de Cancún.
Antes de que se desarrollara ese destino turístico, a la franja costera de Isla Blanca se le consideró para que fungiera como el primer Centro Integralmente Planeado (CIP) en el sexenio echeverrista. Sin embargo, a la vuelta de los años y ante la saturación de Cancún y de la Riviera Maya, este sitio se ha convertido en la “joya de la corona” para los nuevos desarrolladores.
En los terrenos colindantes también existen predios que fueron propiedad de la familia Hank González, así como de los hermanos Bribiesca Sahagún, hijos de Marta Sahagún, esposa del expresidente Fox.

Desalojo de pescadores

Ricalde Magaña facilitó en 2008 el cambio de uso de suelo de Isla Blanca, a través de un nuevo Plan de Desarrollo Urbano de la zona, para permitir la construcción de desarrollos hoteleros y campos de golf, pero lo hizo sin consultar previamente a la población. Uno de los principales interesados en este cambio fue Arturo Bojórquez León, socio del Grupo Martinón y quien se ostenta como el propietario de los terrenos de Isla Blanca.
En 2001 y en 2002, este empresario se amparó y ganó el litigio en contra del gobierno del estado de Quintana Roo para que no se decretara Área Natural Protegida (ANP) los predios en su posesión que forman parte del sistema lagunar Chacmochuch. De acuerdo con el amparo 1558/90, se trata de los predios San Felipe, Santa Elena, El Rincón y San Augusto.
Bojórquez León es identificado como “el patrón” por las decenas de veladores que cuidan el terreno. Ellos no permiten el ingreso de nadie, aun cuando son litorales del mar Caribe. Están armados, son de origen chiapaneco y advierten que “desde que hubo muertos” en enfrentamientos en 2009 por el pleito de estos terrenos no dejan entrar a nadie.
Junto con la alcaldesa Ricalde Magaña, Bojórquez León operó para desalojar a 40 familias de pescadores que vivían en la zona. Desde 2007 se los llevaron a Boca Nueva, en Isla Mujeres, y a otros terrenos de la costa quintanarroense. Les quemaron sus casas. Formaban una cooperativa de migrantes de Veracruz.
El próximo en ser desalojado es don Crescencio Navarro Pallares, dueño de un predio que queda exactamente a la entrada de los terrenos de Isla Blanca y por donde pasará la carretera de cuatro carriles que ya comenzó a construir la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para unir la zona con Punta Sam y las principales avenidas de Cancún.
“La exalcaldesa cambió el PDU y el uso del suelo para facilitar la inversión de los españoles. A mí me han querido desalojar varias veces. Desde hace dos meses tengo pleito con los españolitos que llegaron de manera muy prepotente a decirme que debía dejar mi terreno”, afirma Navarro Pallares, entrevistado por Proceso.
En esos terrenos, Don Chencho, como es conocido por los lugareños, tenía el restaurante Acapulco, devastado por el huracán Wilma. Sus terrenos están en un punto privilegiado ya que van hacia la laguna Chacmochuch y hacia los bancos de arena y manglares que se extienden hasta la punta, donde está Soto Lindo.
“Lo que nos afectó fue el cambio del PDU. Antes pagaba 3 mil pesos de impuesto predial y ahora me están cobrando 38 mil pesos. Hace 20 años llegué a este sitio porque Carlos Hank González negoció conmigo la venta de unos terrenos que eran míos para que ahí desarrollara Puerto Mujeres. Ahora ni siquiera negocian conmigo. Sólo me quieren desaparecer”, sintetiza Don Chencho.

Proyecto depredador

El Centro Mexicano de Desarrollo Ambiental (Cemda) ha sido uno de los principales opositores al permiso que otorgó la Semarnat para el Proyecto Soto Lindo, ya que, afirma, destruirá especies en peligro de extinción como la cacerolita de mar, cuatro tipos diferentes de manglares y afectará la fauna costera de la zona, como el manatí, las tortugas marinas y el tiburón ballena.
En 2010, la Semarnat dio a conocer la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Proyecto Soto Lindo para que distintos grupos expusieran sus opiniones. El Cemda elaboró un extenso documento de 25 cuartillas, cuya copia obtuvo Proceso, donde argumenta la inviabilidad de este megadesarrollo y el daño ecológico que ocasionará.
Alejandra Serrano, abogada representante del Cemda en Quintana Roo, advierte que en la autorización de la Semarnat no se incorporaron las observaciones de los ambientalistas y se ignoró la petición de que se realizara una consulta pública antes de emitir el permiso en la Gaceta Ecológica de la Semarnat, el 10 de noviembre de 2011.
Estas son las principales argumentaciones que presentó el Cemda:
–“El Plan Maestro para el Proyecto Soto Lindo pretende un uso de suelo mixto, en el que se contemple el uso de suelo residencial o habitacional contraviniendo el Plan de Desarrollo Urbano de la Península de Chacmochuch”. Esto es incompatible con el artículo 35 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente que le ordena a la Semarnat no afectar las áreas naturales protegidas.
–De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), en el Proyecto Soto Lindo 32% de las 689 hectáreas será para lotes de uso hotelero y comercial, 5% para el campo de golf, 0.92% para la infraestructura náutica, 0.17% para el equipamiento urbano y 5.27% para las vialidades.
La Semarnat considera que de los 39 impactos ambientales identificados, sólo 18% son significativos, 51% no son significativos y 30% son despreciables.
El Cemda rebate esta valoración y señala que “hay evidencias de que la reforestación y/o restauración de manglar como medida de compensación no es viable y no aplica… La reforestación no es algo fácil en manglar, no es posible restituir a los manglares en zonas distintas para recuperar las que desaparezcan con la construcción de desarrollos turísticos”.
–El MIA también afirma que para la construcción y mantenimiento del campo de golf se utilizarán “aguas tratadas” y se construirá “un lago artificial, que almacenará agua residual tratada y de lluvia”.
El Cemda cita una investigación de Metcalfe donde se demuestra que la inyección de aguas residuales en los acuíferos de agua salada en la Riviera Maya y en Cancún ha sido “un elemento que ha contribuido a la contaminación de las aguas subterráneas de la zona”.
–El Cemda también advierte que la construcción del megadesarrollo afectará el hábitat natural de especies de agua dulce, como el manatí (que sólo existe en esta zona y en Holbox), y de otras especies, como el tiburón ballena, la tortuga carey y la tortuga verde. En especial, la construcción de dos marinas “representaría un gran impacto tanto para los ejemplares de la población que se encuentran en la Reserva de la Biósfera del Tiburón Ballena como para los ejemplares de la población que se encuentran al noreste de la isla Contoy e isla Mujeres”.
–Otro de los riesgos, dada la vulnerabilidad de la zona frente a los huracanes y la erosión propiciada por los desarrollos turísticos y el cambio climático, es la desaparición de la duna costera y la vegetación asociada.
“Se asume en el proyecto que la franja dunar sería altamente transitada y modificada por la construcción de los lotes mixtos (hoteleros y comercial) y del campo de golf. Esto sustituiría vegetación especialmente adaptada al ecosistema, que cumple la función de estabilizar y regenerar las dunas, por vegetación de raíces cortas y con requerimientos hídricos elevados, así como se produciría un proceso de compactación, agravando los efectos producidos por el cambio climático”, advierte el reporte del Cemda.

Red de ambiciones

La historia de tráfico de influencias, doble escrituración e intereses políticos y empresariales en esta pequeña ínsula ubicada al norte de Cancún comenzó desde que en 1972 el gobierno federal decretó estos terrenos como propiedad nacional.
Varios políticos locales, entre ellos Mario Villanueva Madrid, el exgobernador preso por presuntos vínculos con el narcotráfico, empresarios nacionales y especuladores de terrenos se apropiaron de los lotes y en los últimos 20 años han aparecido varios dueños.
En el sexenio de Vicente Fox, Karol Rattinger Aranda fungió como apoderada de los empresarios Rosalío Sánchez León, Arturo Bojórquez León y Sergio Gante Cruz, accionistas mayoritarios del proyecto Isla Blanca. Rattinger estaba vinculada a Paulina Fox, hija del exmandatario. Logró que el decreto de Área Natural Protegida fuera inválido en los terrenos de cada uno de estos empresarios. Así consta en el oficio 002382 de la Secretaría de Gobierno de Quintana Roo del 10 de junio de 2002.
En febrero de 2004 se divulgó un video donde se observa al empresario Luis Lara solicitar el “apoyo” del entonces senador del Partido Verde Jorge Emilio González Martínez, con el propósito de conseguir los permisos para un desarrollo turístico en Isla Blanca, la misma zona donde la Semarnat autorizó en noviembre del año pasado. El Niño Verde pidió 2 millones de dólares por la “ayuda”.
Durante el gobierno de Felipe Calderón y la administración de la alcaldesa panista de Isla Mujeres, Alicia Ricalde, se aceleraron las maniobras para favorecer al grupo de inversionistas encabezados por Arturo Bojórquez.
La especulación y la ola de irregularidades en estos predios valuados en más de 200 millones de dólares provocó que en agosto de 2007 el Tribunal Unitario Agrario anulara dos títulos de propiedad de Bojórquez León, quien ya se había asociado a los grupos españoles Obratur y Grumasa del Grupo Martinón.
Los demandantes fueron los empresarios Jaime García Gutiérrez, José Francisco Dives León y Alejandro Fernando Culebro Siles, quienes reclamaron la propiedad de estos terrenos, por lo que las autoridades agrarias declararon procedente el recurso de revisión promovido en 2003.
A pesar del litigio jurídico, los consorcios españoles promovieron en sus páginas en internet el “desarrollo de un proyecto turístico de gran lujo, situado a 17 kilómetros al norte de Cancún, integralmente planeado mediante una concepción de vanguardia, donde la vialidad del desarrollo se articula con la sustentabilidad ambiental”.
Isla Blanca “nace con el anhelo de ser uno de los proyectos del Caribe más importantes a nivel internacional, dadas sus características únicas, su inmejorable ubicación, su condición de ser una isla de playas de arena blanca, el azul incomparable de sus aguas y su inquebrantable quietud”.
La “inquebrantable quietud” de la zona se afectó cuando en abril de 2009 un centenar de golpeadores invadieron el lote número 3 de Isla Blanca, presuntamente propiedad de Arturo Bojórquez León, pero reclamado por Isabel Tenorio Romero, esposa del exgobernador Mario Villanueva. El enfrentamiento con los guardias del terreno provocó que una policía muriera, que otros tres fueran heridos y 30 personas resultaran detenidas, según reportó la prensa local.
El 6 de marzo de 2008 el exgobernador Villanueva constituyó la sociedad denominada Desarrollos IM, S.A. de C.V., según consta en el folio 19290 del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Cancún. Los dos accionistas son su esposa: Isabel Tenorio Romero y Rodolfo Antonio Páez Villaseñor. Isabel Tenorio aparece como administradora única.
El objetivo de Desarrollo IM, S.A. de C.V., fue “comprar, vender, adquirir, enajenar, explotar, desarrollar, lotificar, fraccionar, urbanizar, arrendar, subarrendar o hipotecar” toda clase de “bienes inmuebles”, incluidos terrenos, casas lotes comerciales, fraccionamientos, etcétera.
El lote 3 de Isla Blanca fue reclamado como propio por la sociedad que creó Mario Villanueva. Desarrollo IM S.A., acelera la regularización y posesión de la propiedad de este predio, que también era reclamado por otros dos presuntos propietarios: Juan Ángel Valle Campos y Arturo Bojórquez León.

Vínculo con Felipe Enríquez

La clave de la disputa y los negocios de especulación de terrenos fue que Felipe Enríquez le envió emisarios a Mario Villanueva hasta el Reclusorio Norte para que vendiera estos terrenos a la sociedad que formó el diputado federal regiomontano, denominada GLS-4 Corporativo S.A. de C.V. El presidente del Consejo de Administración de esta sociedad era Hugo Flores Toba, cuñado de Felipe Enríquez.
El 3 de diciembre de 2009, según consta en el Registro Público de la Propiedad de Nuevo León, los socios de GLS-4 Corporativo S.A. de C.V., celebraron una asamblea para anunciar la integración de dos nuevos accionistas: Raíces Consultoría S.A. de C.V., y Consorcio GH S.A. de C.V.
En el Consorcio GH aparece Luis Francisco González Parás, hermano del exgobernador Natividad González Parás, su hijo y su yerno. Y en Raíces Consultoría vuelve a aparecer Hugo Flores Toba, cuñado de Felipe Enríquez, así como el empresario yucateco Arturo Millet, según documentó la revista digital Reporte Índigo.
Arturo Millet y Felipe Enríquez también tienen intereses en los terrenos en disputa en la Isla Holbox, en la punta noreste de la Península de Yucatán, donde también han librado una batalla soterrada con el empresario refresquero Fernando Ponce y su yerno Ermilo Castilla.
El 18 de diciembre de 2009 ya estaban integrados como socios de las empresas creadas por Enríquez y González Parás los españoles del Grupo Martinón y Arturo Bojórquez León, el mismo personaje que es identificado por los guardias del terreno como “el patrón”.
El texto del 11 de noviembre de 2011 de Reporte Índigo caracteriza de esta manera a Bojórquez León:
“Este hombre está en posesión de la isla porque tiene gente armada resguardando el lugar, pero sólo tiene escrituras de una fracción de la tierra… No lograron sacar a Bojórquez León, así que quien fuera su enemigo, ahora debía ser su socio”.
GLS-4 Corporativo, Raíces y Consultoría y Arturo Bojórquez son parte de Fomento Inmobiliario del Caribe (FICSA). El 65% de las acciones de FICSA están en manos del consorcio español Grupo Martinón.

lunes, diciembre 26, 2011

Pemex-Repsol: un tropezón que huele mal

La empresa española Sacyr envolvió en una complicada trampa a Pemex, instancias ambas que poseen acciones en la petrolera hispana Repsol. En sus planes estaba unirse accionariamente para tomar el control de la entidad española de hidrocarburos, pero los empresarios españoles, agobiados por las deudas, simplemente vendieron la mitad de sus acciones y dieron por terminado el acuerdo con Petróleos Mexicanos… y ésta quedó metida en un doble predicamento: falló su gran maniobra internacional y aquí se hizo evidente que el director de la paraestatal firmó contratos sin avisarle a su Consejo de Administración.
La torre de Pemex.


Sin beneficios para México y con un injustificado endeudamiento de mil 120 millones de dólares por la innecesaria compra de acciones de Repsol YPF concluyó el fugaz acuerdo de “voto sindicado” firmado entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y la inmobiliaria española Sacyr Vallehermoso, que entre otras cosas inició una guerra por el control de la trasnacional.
El “hostil” acuerdo –así calificado por Rogelio Gasca Neri, consejero independiente de Pemex– se dio en sigilo, sin el permiso del Consejo de Administración de la paraestatal el pasado 29 de agosto.
De la misma forma, sin previo aviso al gobierno mexicano, a las autoridades de Pemex o a sus consejeros independientes, la inmobiliaria se deshizo de la paraestatal al vender la mitad del 20% de acciones que tenía en Repsol YPF, cancelando con ello el acuerdo.
Y mientras el equipo de funcionarios mexicanos impulsor del acuerdo con Sacyr ofrece explicaciones imprecisas y no da la cara públicamente, se fortalece ingresando a la nómina del gobierno federal a uno más de sus hombres: Antonio Murrieta Cummings, recién colocado en la gerencia de Administración Financiera del Corporativo Pemex.
Antonio Murrieta Cummings es hermano del secretario de Finanzas del Estado de México, Raúl Murrieta, y de Carlos Rafael, director Corporativo de Operaciones de Pemex, así como primo del subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Fausto Barajas Cummings, quien participa en los consejos de Administración de Pemex Petroquímica, Pemex Exploración, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica.
Raúl Murrieta sustituyó a Luis Videgaray en la Secretaría de Finanzas del Estado de México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y aún permanece en ese puesto. Raúl Murrieta y Videgaray fueron compañeros de Ernesto Cordero en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, donde Felipe Calderón estudió una maestría.

Rompimiento anunciado

Luego de que en México los consejeros independientes de Pemex y el resto de la población se enteró por la prensa española de que la paraestatal firmó el 29 de agosto con Sacyr un acuerdo que la obligaba a comprar 4.6% de acciones de Repsol, para luego de manera “sindicada” ejercerlos conjuntamente y hacer valer su fuerza en el consejo de administración, el director de la paraestatal, Juan José Suárez Coppel hubo de dar la cara y afirmar que su actuar fue “legal” y que no estaba obligado a pedir autorización al consejo.
Explicó que el costo para el gobierno mexicano fue de mil 600 millones de dólares; 480 millones los tomó de la caja de Pemex y el resto, mil 120 millones, lo obtuvo con la contratación de créditos con cuatro bancos: Inbursa, Crédit Agricole CIB de Francia, Natixis y HSBC de Inglaterra.
El 18 de octubre, a petición de los consejeros independientes Fluvio Ruiz Alarcón, Héctor Moreira Rodríguez y Fortunato Álvarez, se reunió de manera extraordinaria el Consejo de Administración de Pemex. Suárez Coppel dio una breve explicación de la relación Pemex-Repsol y el abogado de la petrolera, Marco Antonio de la Peña dijo que no se requería la autorización de ellos para firmar el convenio.
En privado Gasca Neri recriminó a Suárez Coppel que ni siquiera les entregara copia del acuerdo, que alegara que no requería de permiso y calificó de “ilegal” la compra de acciones y de “hostil” el acuerdo. En general, sostuvo, el acuerdo hace que se “perciba un ambiente negativo y de desaprobación en los medios financieros, empresariales y políticos”.
Reclamó que el voto de Pemex en Repsol se estuviera atando, mediante el acuerdo, a los intereses de Sacyr.
Antes de este acuerdo Pemex tenía 4.8% de acciones de la petrolera española; La Caixa (caja e ahorro española) 13%, Sacyr 20% y el restante 62% estaba fraccionado entre una serie de empresas y bancos, cada uno con menos de 1%.
Con la compra de acciones de Pemex por mil 600 millones de dólares llegó a 9.9% que sumado al 20% de Sacyr, debido al acuerdo, alcanzaba 29.9% lo que les daba supremacía sobre el resto, derecho a tomar las principales decisiones en Repsol e incluso se buscaba impulsar, según el acuerdo, que Antonio Brufau dejara de ser director de la petrolera española y presidente de su Consejo de Administración.
En la reunión extraordinaria del 18 de octubre Gasca Neri fue más allá: dijo que no se podía atar el voto de Pemex al de Sacyr por 10 años –como establece el acuerdo– y develó los motivos de Sacyr para buscar el respaldo de Pemex: “Obtener dinero fresco para pagar sus deudas a través de la obtención de mayores dividendos en contubernio con Pemex”. El acuerdo previó también nuevas formas de distribución de dividendos entre los accionistas.
En 2006, cuando Sacyr adquirió 20% de Repsol, obtuvo créditos con 39 bancos por cinco mil millones de euros con vencimiento al 21 de diciembre de 2011. “Esta situación”, dijo Gasca, “implica la necesidad apremiante de Sacyr por aumentar dividendos, ordinarios y extraordinarios, mediante la venta de activos de Repsol”.
Recordó que luego del anuncio del acuerdo Sacyr-Pemex, Crédit Agricole informó que la inmobiliaria tiene una deuda impagable e incluso le recomendó que venda “activos, entre ellos una parte importante de sus acciones en Repsol”.
Ante la recomendación, el consejero independiente sugirió desde el 18 de octubre cancelar el convenio Sacyr-Repsol, pues seguramente ya no podría alcanzarse el objetivo de tener 29.9% de acciones de Repsol en forma conjunta.
Suárez Coppel y el director de Finanzas de la paraestatal, Carlos Rafael Murrieta Cummings, no hicieron caso a Gasca y el pasado martes 20, a un día de que se venciera el plazo de Sacyr para restructurar su deuda, la inmobiliaria vendió 10% de sus acciones a los bancos acreedores para pagar parte de su deuda. Las instituciones bancarias a su vez ofrecieron esas acciones a Repsol, que las adquirió de nuevo.
Lo anterior, sin avisarle a su contraparte mexicana.

“Era previsible”

En entrevista con Proceso el consejero independiente que llegó a dicha posición a propuesta del PRD, Fluvio Ruiz Alarcón, reconoció que Sacyr nunca les informó nada de la venta de sus acciones y mucho menos que pretendiera acabar con el acuerdo.
Sin embargo aclaró: “Se jugó con esa posibilidad (de que vendiera y por lo tanto, que el contrato quedara sin efecto); era claro que iba a ser difícil que pudiera restructurar su deuda sin deshacerse de esas acciones. Desde hacía 10 días circulaba entre nosotros esa versión”.
Repitió lo que Pemex dijo a través de un impreciso comunicado: que Sacyr avisó a Pemex de la venta “una vez que se hizo la operación” y no antes.
El 20 de diciembre Pemex también estableció en su comunicado que “mantiene canales abiertos de comunicación y negociación con los distintos accionistas de Repsol y su administración. Repsol ha ofrecido realizar un convenio industrial para maximizar las oportunidades de colaboración conjunta, además de ciertas medidas que le darían un mayor peso en el consejo de la empresa. Pemex y Repsol mantienen pláticas acerca de las características y condiciones de estos acuerdos”.
Pero nunca precisó cuáles serían esas “ciertas medidas” que darían mayor peso en el consejo.
El consejero de Pemex explicó que la paraestatal perdió de facto el derecho de tanto, es decir que le ofrecieran antes que a nadie el 10% de acciones que vendió a los bancos.
Esto, detalló Ruiz Alarcón, porque Sacyr se acogió al punto 8 del acuerdo que define las salvedades para la aplicación de esa medida. Ese punto pone como salvedad que “cualquiera de los instrumentos derivados de cobertura contratados por cada una de las partes en relación con su participación en Repsol hiciera recomendable dicha transmisión…”, como fue el caso, pues Crédit Agricole así lo hizo.
Y por último, comenta, para evitar la obligación de ofertar de manera pública ese 10% de las acciones.
Incluso Repsol en el comunicado que emitió para justificar la compra inmediata del 10% de las acciones dijo: “La falta de acuerdo entre los bancos y Sacyr Vallehermoso habría producido un escenario de incertidumbre prolongada en esa compañía, lo que resultaría dañino para la cotización de Repsol y tendría efectos negativos adicionales sobre el proyecto de crecimiento de la empresa. Además, dado el gran número de bancos involucrados y la heterogeneidad de sus planes e intereses era previsible una venta masiva y desordenada de títulos”.
Repsol anunció que el jueves 22 realizaría sesión de consejo para determinar qué hacer con ese 10% de acciones que adquirió. Entre las opciones está: “Analizar la venta a inversores institucionales y/o inversores estratégicos, que contribuirán al cumplimiento de los objetivos a largo plazo de Repsol. Adicionalmente, parte de estas acciones podrían ser utilizadas como fórmula de remuneración al accionista”.
Sin embargo dicha reunión no se realizó o por lo menos no fue notificada a través de ningún medio oficial.
El consejero Alarcón dijo que al presentarse las salvedades del punto ocho del acuerdo Pemex perdió automáticamente su derecho de tanto, es decir a que se le ofreciera primero ese 10%.
Además, dijo, “al hacerse la venta también se anuló de manera automática el acuerdo entre Sacyr y Pemex pues el punto 10.1 del acuerdo establece que si una de las partes vende 50% de sus acciones, el convenio concluye de manera inmediata”.
Fluvio Alarcón rechazó que la paraestatal haya perdido con todos estos movimientos: “Pemex no necesariamente pierde pues el plan estrictamente financiero, a raíz de los importantes yacimientos existentes en Argentina y en donde Repsol es socio, incrementa el valor de la acción. Y por la situación económica, del día de la compra al de hoy Pemex ya recuperó 200 millones de dólares”.
Lo que se deberá definir ahora, continuó, es ver cuál será la relación o peso que tendrían los accionistas principales pues con la venta ahora Sacyr tiene 10%, Pemex 9.9% y La Caixa 13%. Están casi igual. “Relevado el acuerdo que generó tanto encono, ahora se abre la posibilidad de que las relaciones se establezcan sobre otras bases y existe la posibilidad de un convenio industrial, como por ejemplo que Pemex se asocie con Repsol para trabajar en aguas someras en otras partes del mundo o un intercambio de tecnología, pues Repsol tiene un sistema de análisis sísmico muy avanzado”.
Y defendió el acuerdo: con esa firma y esta nueva venta Pemex dejará esa actitud pasiva que tuvo durante 30 años en Repsol “y es posible que tenga mayor peso, quizá otro consejero más, pero no sabemos”.
Como resultado del fiasco con Sacyr, en enero el Consejo de Administración de Pemex sesionará de manera extraordinaria para definir una estrategia de internacionalización, aclarar qué tiene que pasar por la aprobación del consejo y qué no, y qué se hará en función de lo que decida hacer Repsol con ese 10%.

Los operadores callan

El 30 de octubre de 2011 el corresponsal de Proceso en Madrid reveló que un consultor español, que estuvo al tanto de la relación Pemex-Repsol-Sacyr, se enteró de que el acuerdo Sacyr-Pemex tuvo “el visto bueno del presidente Felipe Calderón y agilizaron los preparativos antes de la salida de Ernesto Cordero de la Secretaría de Hacienda”, para que autorizara los mil 600 millones de dólares que se necesitaron para la compra de las acciones, condición establecida en el acuerdo.
Y añadió: “En esa operación fue clave la gestión de Ignacio Quesada, director de Finanzas de Pemex y hombre cercano a Ernesto Cordero, para que Hacienda agilizara los recursos públicos con el propósito de comprar acciones”.
Ignacio Quesada Morales, a quien hace referencia el consultor español, es el director financiero de Corporativo Pemex y fue quien firmó el acuerdo con Sacyr Vallehermoso, junto con José Manuel Carrera Panizzo, representante de PMI Holdings BV, una filial de Pemex.
Apenas el 25 de octubre pasado, bajo las órdenes de Quesada Morales, se nombró a Antonio Murrieta Cummings gerente de Administración Financiera del Corporativo. Entre sus funciones está la de autorizar y delinear la distribución, integración y difusión de techos presupuestales en las direcciones corporativas, la coordinación e instrumentación de fondos revolventes y la cancelación y apertura de cuentas bancarias de las unidades administrativas del corporativo, entre otras.
Pemex y los involucrados en la operación del acuerdo no han dado una explicación pública, pero la paraestatal anunció algunos cambios: entre ellos que en PMI Internacional se nombró como director a Luis Felipe Luna Melo; de esta área forma parte PMI Holdings BV que fue otra instancia que firmó el acuerdo con Sacyr.

domingo, septiembre 18, 2011

La imagen-bomba

La fotografía publicada en la página seis de la edición 1819 de Proceso provocó temblores dentro del mundo de los casinos y en el seno del PAN, tanto en el Comité Ejecutivo Estatal de Nuevo León como en el Comité Ejecutivo Nacional, encabezado por su presidente Gustavo Madero. Hubo quien se atrevió a decir que era una fotografía “truqueada”, es decir, manipulada, y que por lo tanto se estudiaba la posibilidad de proceder legalmente contra la revista.

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La Redacción

Pedro Nava Malagón, abogado de Juan José Rojas Cardona, El Zar de los Casinos, comentó el martes 13 a la periodista Carmen Aristegui y a Ciro Gómez Leyva el miércoles 14 –en su noticiario de MVS la primera, en su espacio radiofónico el segundo– que la foto estaba “truqueada” y que procedería legalmente contra este semanario.

“¿Cómo sabe?”, le preguntó Aristegui a Nava Malagón. “Porque tenemos la fotografía original. No la puedo mostrar porque la estoy integrando a un expediente judicial”, contestó el abogado. Trató de puntualizar, en una confusa explicación: “Pusieron a personas que no están ahí, quitaron otras que estaban y además la están descontextualizando; esta fotografía es de un evento en una inauguración de una escuela pastoral o alguna cuestión así…”.

Con Gómez Leyva participó también Eduardo Campos, vocero de la empresa de apuestas Entretenimiento de México, quien comentó que “en la original que nosotros hemos visto, por ejemplo, falta el rector del Tecnológico de Monterrey”. Dijo que cuentan con la fotografía original, por lo que han iniciado la integración del expediente correspondiente para que Nava Malagón “proceda en los tribunales como corresponde”.

Como dato complementario hay que mencionar que Nava Malagón forma parte del equipo de abogados del despacho de los panistas Diego Fernández de Cevallos y Antonio Lozano.

Proceso obtuvo la misma fotografía en una versión de mayor calidad que la reproducida en su edición anterior, con un personaje eliminado en el extremo derecho de la primera: el sacerdote Hernán Gerardo Zambrano Margáin.

En la foto del miedo aparecen, entre otros:

Iván Garza Téllez fue director general del Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal en San Nicolás en el trienio del panista Zeferino Salgado Almaguer. Al concluir esa administración fue secretario de Evaluación y Análisis del PAN estatal y ahora dirige el Registro Nacional de Miembros de ese partido.

José Serrano Montoya es accionista minoritario de Tango Publicidad y Medios México –donde Gerardo Alberto Rojas Cardona tiene el mayor número de acciones (99)– y dueño de la empresa Latin Power Music. Según un documento del PAN nuevoleonés, es el intermediario para que por medio de Tango Publicidad apoye campañas políticas para luego cobrar el favor.

Juan José Rojas Cardona, El Zar de los Casinos. Gerente del Bellavista en San Nicolás y luego su propietario. Tiene casinos en Monterrey, Guadalupe, Escobedo y Cancún, y un restaurante en esta última ciudad. Salió ileso de un atentado en 2007.

Norberto Rivera Carrera es el arzobispo primado de México.

Emilio Berlié Belaunzarán, arzobispo de Yucatán, lo fue de Tijuana de 1983 a 1995, cuando el cártel de los Arellano Félix se entrevistó con el entonces nuncio apostólico Girolamo Prigione.

Rodolfo Dorador Pérez Gavilán. Senador panista por Durango, exdiputado federal y fallido candidato a la alcaldía de Durango en 2004.

David Aguilar Romero. Vocero del municipio de León.

Arturo Rojas Cardona, propietario de las más de 20 empresas creadas para operar casinos y de Entretenimiento de México, gracias a la autorización entregada por Santiago Creel en 2005.

Hernán Gerardo Zambrano Margáin, párroco de la iglesia de Santa Engracia en San Pedro Garza García, Nuevo León.

sábado, julio 23, 2011

Acusan de fraude a Gastón Azcárraga por venta de la Torre de Mexicana

Gastón Azcárraga, empresario.

Rosalia Vergara

MÉXICO, D.F. (apro).- Trabajadores de tierra de Mexicana de Aviación demandaron hoy fincar responsabilidades penales al expropietario de la aerolínea, Gastón Azcárraga, por un supuesto fraude en la venta de la Torre Mexicana, ubicada en la colonia Del Valle, en el Distrito Federal.

Durante una manifestación que los trabajadores realizaron frente a las instalaciones del semanario Proceso, denunciaron que Azcárraga vendió la Torre Mexicana, sede de las oficinas generales de la aerolínea que actualmente se encuentra en riesgo de ser declarada en quiebra, a un precio mucho menor de su valor catastral.

El inmueble de 32 pisos diseñado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, fue construido en 1982 por el Grupo Mexicano de Desarrollo. Fue considerado uno de los rascacielos más seguros del mundo, y ese calificativo se confirmó cuando no sufrió daño alguno durante el terremoto de 1985.

En 2006, la Torre Mexicana fue vendida por Gastón Azcárraga a la empresa Fibramex, un fideicomiso de infraestructura y bienes raíces, propietaria también del edificio Torre El Caballito.

Fibramex pagó 40 millones de dólares por el inmueble (aproximadamente 422 millones de pesos), cuando su valor catastral estimado era superior a los 50 millones de dólares (507 millones de pesos)

Esta operación fue considerada por Felipe Consuelo Soto, juez encargado del concurso mercantil de Mexicana de Aviación, como un “presunto fraude en acreedores”.

Los manifestantes recordaron que el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares (SNTTTASS), Miguel Ángel Yúdico Colín, solicitó una reunión con el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, para tratar temas vinculados con Mexicana de Aviación, entre éstos el presunto fraude con la venta de la Torre Mexicana. Sin embargo, hasta la fecha no han recibido respuesta del funcionario federal.

“Los valores catastrales de los inmuebles en cuestión sumaban 507 millones 261 mil pesos, en tanto que la operación de compraventa se fijó en 40 millones 227 mil dólares, equivalentes a 422 millones 307 mil pesos, lo que genera la presunción de que se generó un acto en fraude de acreedores”, indicó el juez, quien también aceptó la petición de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) para retrotraer por varios años los efectos legales del concurso mercantil de Mexicana de Aviación.

Para los trabajadores de tierra, la culpa de este presunto fraude es de Andrés Conesa, director de Aeroméxico, quien en 2005 estuvo encargado de la venta de ambas aerolíneas que en ese entonces eran operadas por CINTRA. Pidieron que se finquen responsabilidades a Conesa y al exdueño de Mexicana, Gastón Azcárraga, quien intentó quebrarla para sanearla a costa de los pilotos, sobrecargos y trabajadores de tierra.

“Hacemos la pregunta ¿dónde están las autoridades pertinentes. ¿A dónde estamos llegando?”

Esta manifestación es una más de las realizadas por estos trabajadores a diversos medios de comunicación para manifestar sus demandas y porque sospechan que “están cocinando algo contra Aeroméxico”.

domingo, abril 17, 2011

ASF investiga perjuicio por 335 MDP en Fondo Forestal

El Fondo Forestal Mexicano omitió reintegrar más de 335 millones de pesos a la Tesorería de la Federación, producto de los intereses ganados en 2009. Mientras la Auditoría Superior presume un probable daño a la hacienda pública federal, José Carlos Fernández Ugalde –de la Comisión Nacional Forestal– atribuye la “falta administrativa” a la inconsistencia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Asegura que el dinero se devolverá en cuanto la Secretaría de Hacienda lo ordene, pero no será todo: la Conafor ya se gastó una parte.

Isabel Argüello

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presume un probable daño o perjuicio a la hacienda pública federal y entidades paraestatales por 335 millones 523 mil 557 pesos en el sector forestal. Se trata de los intereses que se generaron en el Fondo Forestal Mexicano durante 2009, pero que nunca se reintegraron a la Tesorería de la Federación (Tesofe).

El órgano de fiscalización revela que el Comité Mixto del Fondo no se ajustó al marco normativo al autorizar la asignación de recursos que debieron devolverse a la hacienda pública.

Al 31 de diciembre de 2009, en el Fondo se habían depositado 928 millones 548 mil 200 pesos sólo por rendimientos de inversiones. De éstos, se asignaron 521 millones 652 mil 100 pesos a beneficiarios y se reintegraron a la Tesorería 71 millones 372 mil 500. Los 335 millones 523 mil 57 pesos faltantes daben ser recuperados para la Tesofe, señala la Auditoría.

José Carlos Fernández Ugalde, jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), asegura que se trata de un problema de interpretación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendiaria e, incluso, de su propio reglamento. Dice que en dicha legislación no se especifica cuál debe ser el destino de los intereses derivados de los subsidios.

“Hemos realizado diferentes acciones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que nos aclaren cuál es el estatus de estos intereses. Además, a la fecha no hemos sido formalmente notificados por parte de la Auditoría Superior de la Federación de esta observación para que la atendamos y la solucionemos. Sabemos perfectamente cuál es el origen de esos intereses y estamos listos para hacer el reintegro si es eso lo que procede. Creemos importante tener reglas claras que no nada más sirvan para la auditoría 2009.”

Fernández Ugalde comenta que los recursos están identificados, pero que ya están por debajo de los 300 millones de pesos porque ha habido asignaciones de esos intereses y reintegros posteriores a la auditoría. “Lo que más nos preocupa no es qué tanto dinero hay, pues estamos listos para reintegrarlo en cualquier momento, sino con qué criterios podemos movernos en los siguientes años para el destino de los intereses derivados de los subsidios”.

La Conafor –creada en 2001 por decreto presidencial– tiene por objeto impulsar actividades productivas, de conservación y restauración en materia forestal. El Comité Mixto, integrado por ocho personas del sector público federal, organizaciones privadas y sociales de productores forestales, administra el FFM y es elegido por el Consejo Nacional Forestal de la Comisión.

El Comité de Inversión está compuesto por un asesor, la Conafor como ente gubernamental y Nacional Financiera (Nafin) como mandataria. En este Comité se toman las decisiones operativas del Fondo, se revisa el portafolio de inversiones y cómo se distribuyen los recursos; los resultados de la deliberación son trasladados al Comité Mixto.

A partir de la reforma a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (2004), se constituye el FFM bajo la figura de mandato –no de fideicomiso–. Nafin es quien administra los fondos que en un inicio fueron aportados por el Banco Mundial para darle vida al Programa de Pago por Servicios Ambientales.

El Fondo Forestal se integra con aportaciones que efectúen los gobiernos federal, estatal, del Distrito Federal y municipal; créditos y apoyos de organismos nacionales e internacionales; aportaciones y donaciones de personas físicas y morales de carácter privado, señala el artículo 143 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. “De haber empezado con aproximadamente 200 millones de pesos, el Fondo ha crecido casi unas 40 veces en tamaño, y a través de éste se canaliza la mayor parte de los subsidios que otorga la Conafor”, puntualiza José Carlos Fernández.

El saldo del Fondo, al 31 de diciembre de 2008, fue de 5 mil 523 millones 886 mil 300 pesos. Hubo ingresos de 4 mil 99 millones 723 mil 700, de los cuales 3 mil 59 millones 975 mil 600 pesos corresponden al presupuesto transferido por la Conafor para el pago a beneficiarios, por 1 mil 101 millones 978 mil 500. Los egresos en 2009 fueron por 2 mil 532 millones 997 mil 600; así, el saldo al 31 de diciembre de ese año ascendió a 7 mil 90 millones 612 mil 400 pesos.

La Conafor invirtió, en su totalidad, los recursos del FFM a plazos de 28 días, por 4 mil 720 millones 356 mil 200 pesos (66.6 por ciento de total), y en inversión diaria, 2 mil 370 millones 256 mil 200 (33.4 por ciento). La liquidez de la Comisión para pagar a los beneficiarios no fue superior a los 171 millones 887 mil 500 pesos, por lo que la Auditoría consideró excesivo mantener inversiones diarias.

El representante de la Conafor enfatiza que los recursos públicos del Fondo no pueden invertirse en cualquier “cosa”, pues se pondría en riesgo. “La inversión de los recursos del Fondo Forestal Mexicano se hace en instrumentos de deuda pública, como Cetes (Certificados de la Tesorería de la Federación) y Bondes (Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal). Hasta ahora, hemos estado invirtiendo los fondos en un producto financiero que tiene Nacional Financiera, que son exentos de impuestos”.

También se auditó el Subprograma de Conservación y Restauración, que al 31 de diciembre de 2009 reportó un saldo de 776 millones 726 mil 100 pesos. De estos recursos, 17 millones 578 mil 300 pesos (9 millones 120 mil 300 de recursos fiscales y 8 millones 458 mil de intereses) corresponden al Programa de Desastres 2006.

La Conafor reintegró 3 millones 655 mil 300 pesos, el 26 y 28 de abril, y el 7 de junio de 2010. Faltaron por integrarse a la Tesofe 13 millones 923 mil pesos, considerando que el objetivo para el cual fueron autorizados (la atención por los huracanes Stan y Wilma de 2005 y que afectaron Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán) concluyó.

La Coordinación General de Administración de la Conafor acreditó que, el 7 de octubre de 2010, reintegró 14 millones 518 mil 300 pesos a la Tesofe (6 millones 286 mil 600 del presupuesto y 8 millones 231 mil 700 de intereses). Esta observación de la Auditoría quedó cubierta.

La Comisión no cuenta con el programa que Nacional Financiera tenía que darle sobre los instrumentos en los que se invertirían los recursos del FFM; no contó con una estrategia financiera para el ejercicio 2009 que el Comité de Inversiones y Programación debió revisar y aprobar.

“En el propio contrato de mandato dice que no corresponde a Nafin hacer el programa financiero. Esa información proviene de los programas. Tiene que ver con cuántas solicitudes de apoyo recibe la Conafor, cuántas son aprobadas y el calendario con el que se van a hacer esos pagos. Es la propia Comisión la que está actualizando y presentando al Comité de Inversiones y a Nafin un informe sobre sus necesidades de liquidez y gastos. En la práctica, lo que involucra es estar interactuando de manera intensa con cada una de las gerencias que tienen la información”, finaliza Fernández Ugalde.

A diciembre de 2010, el saldo del Fondo Forestal Mexicano es de 7 mil 878 millones de pesos.

Programa ProÁrbol, pérdidas y desorden administrativo

En la Cuenta Pública de 2009, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) ejerció 970 millones 528 mil 800 pesos para apoyar 615 proyectos; sin embargo, la Gerencia de Servicios Ambientales del Bosque y el Comité Técnico Nacional informaron de la asignación por 125 millones 886 mil pesos más que corresponden a 78 proyectos no comunicados. El ingeniero Sergio Humberto Graf Montero, coordinador de Producción y Productividad de la Comisión, dice que la diferencia de cifras se debe a que no se consideró información proveniente del Programa de Fondos Concurrentes.

Para 2009, la Comisión contempló incorporar 375 mil hectáreas al pago de Servicios Ambientales; sólo alcanzó el 72.3 por ciento (271 mil 68). Con la convocatoria 2010, la Conafor prevé alcanzar una meta anual de 1 millón 645 mil hectáreas en materia de reforestación, restauración de suelo e incorporación de superficie de bosque al manejo técnico forestal.

Con apoyos otorgados de los rendimientos, se integraron 49 mil 128 hectáreas, y con recursos de Fondos Concurrentes, 94 mil 782 hectáreas, aunque, de estas últimas, 12 mil 508 corresponden a dos convenios que no fueron firmados y otros dos que suscribieron en junio de 2010. Graf Montero enfatiza que se están tomando las medidas necesarias para que los convenios que no sean firmados, aunque tengan el respaldo de las cartas de intención, no sean válidos.

La convocatoria 2009 para la asignación de apoyos del Programa ProÁrbol de la Conafor recibió 4 mil 430 solicitudes, de las cuales 693 sí fueron aceptadas por cumplir con los requisitos (15.6 por ciento del total). La Auditoría revisó 268 expedientes por 526 millones 986 mil 800 pesos de las gerencias regionales en Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Jalisco y Oaxaca; los dictámenes de factibilidad no tenían fecha ni nombre de las personas que recibieron la documentación.

“Tenemos más de 4 mil solicitudes y solamente podemos aprobar un máximo de 700; esto se debe a que los recursos son insuficientes. ProÁrbol es un programa muy exitoso y recibe muchas solicitudes que se califican por criterios preestablecidos para ser aceptadas. La Conafor ha determinado un lineamiento de pagos para reducir los tiempos y evitar que situaciones particulares influyan”, comenta Humberto Graf Montero.

El presupuesto federal para el Programa ProÁrbol en 2010 fue de 5 mil 353 millones de pesos; este año será de 6 mil 464 millones 400 mil pesos. En la convocatoria de ProÁrbol 2010, se recibieron 51 mil 804 solicitudes de apoyo por un monto de 13 mil 203 millones 400 mil pesos, por lo que el porcentaje de aceptación será mínimo.

No existen plazos para la entrega de los recursos; se dan hasta 296 días después de la firma del convenio de adhesión.

Para la Auditoría Superior, en 2009 el registro contable no se realizó conforme a la Guía Contabilizadora de la Conafor y el catálogo de cuentas aún se encuentra en proceso de autorización por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. “Ante la observación de la Auditoría, lo que decidimos hacer es que cada dictamen que se elabore traerá el nombre del técnico de la Conafor que elabora el dictamen para soportar la decisión del Comité Técnico Nacional del Programa de Servicios Ambientales”, dice Graf Montero.

El Pago por Servicios Ambientales fue desarrollado como un incentivo económico a los dueños de terrenos forestales. La Conafor informó que en el periodo 2003-2010 se asignaron 5 mil 289 millones de pesos para la ejecución de 4 mil 646 proyectos de conservación en una superficie de 2 millones 767 mil hectáreas. También, de 2004 a 2009 apoyó la elaboración de 760 documentos para proyectos con una inversión adicional de 85 millones en beneficio de 5 mil 400 ejidos, comunidades y pequeños propietarios en todo el país.

Fuente: Contralínea 228 / 10 de abril de 2011

jueves, marzo 17, 2011

México tiene las pensiones más bajas de países de la OCDE

UN GOL MAS DE ESTE HIJO DE PUTA!!!!

MÉXICO, DF, 17 de marzo (apro).- México es el país que otorga las pensiones más bajas dentro de los miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), al alcanzar un promedio de 52 mil 500 dólares por trabajador.
Al presentar el informe Panorama de pensiones 2011, la OCDE precisó que México las pensiones para los hombres corresponden a menos de 50 mil dólares, mientras que para las mujeres alcanza los 55 mil dólares.
Más aún, destacó que 28% de los trabajadores mayores a 65 años vive en condiciones de pobreza. “En México, el riesgo de pobreza es un tercio más grande para los adultos mayores que para la población en general”, alertó el organismo.
Además, México es el país de la OCDE donde la gente se queda más tiempo en el mercado laboral, pues aunque la edad oficial de jubilación es de 65 años, las mujeres trabajan hasta los 69.5 y los hombres hasta los 72.2 años.
El organismo representado por José Ángel Gurría menciona que Chile ocupa el penúltimo lugar, con 86 mil dólares para los hombres y 89 mil dólares para las mujeres, con un promedio de 87 mil 500 dólares, “lo que refleja los bajos ingresos que todavía permanecen en la región”, según el informe.
En contraste, Luxemburgo es la nación que tiene las pensiones más altas, pues sus trabajadores alcanzan en promedio un millón 665 mil 500 dólares. Un millón 542 mil para los hombres y un millón 789 mil para las mujeres.
De ahí que las pensiones en México se encuentren por debajo del promedio de los 34 países miembros de la OCDE, que corresponde a los 470 mil dólares; 436 mil dólares para los hombres, mientras que para las mujeres es de 504 mil dólares.
Asimismo, las personas pensionadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) apenas suman los 3 millones de mexicanos.
De acuerdo con el reporte de la OCDE, los gobiernos deben considerar el impacto de recortar beneficios en los sectores más vulnerables, pues las reformas de pensiones en países de la OCDE desde principios de la década de los noventa han reducido en 20%, en promedio, los beneficios futuros.
Según el organismo, en Alemania, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, por ejemplo, el valor de la pensión que obtienen los trabajadores de bajos salarios es de alrededor de la mitad de sus ingresos anteriores.
Por esa razón, Gurría consideró necesarias nuevas reformas responsables, pues “no podemos arriesgarnos a un resurgimiento de la pobreza en la vejez en el futuro”.

domingo, marzo 13, 2011

Daño patrimonial en Pemex Gas por 2 MDP

Pemex Gas y Petroquímica Básica habría autorizado de forma irregular pagos en exceso a la trasnacional General Electric por 275 mil dólares –unos 2 millones 98 mil pesos–, relacionados con el servicio de mantenimiento a sistemas de control Woodward de las estaciones de compresión y bombeo. La contratación por adjudicación directa implicó un total de 866 mil 87 dólares y se hizo a través de Integrated Trade Systems, una de las 25 empresas privadas de Pemex. El Órgano Interno de Control en esa subsidiaria ya investigaría el supuesto daño patrimonial

Nancy Flores

Una denuncia presentada ante el Órgano Interno de Control en Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) revela que esa subsidiaria habría pagado 275 mil dólares de más, unos 2 millones 98 mil pesos, a la trasnacional General Electric por el contrato 5400022983.

Asignada por adjudicación directa en julio de 2009, la contrataciónn tuvo como objeto la prestación del servicio de mantenimiento a sistemas de control Woodward de las estaciones de compresión y bombeo, e implicó un pago total por 866 mil 87 dólares.

La adjudicación se hizo a través de la filial privada de Petróleos Mexicanos (Pemex) Integrated Trade Systems (ITS) y fue autorizada por el ingeniero Carlos Manzano Preciado, gerente de Sistemas de Control y Monitoreo Automatizados de la Subdirección de Ductos, consta en documentos a los que tuvo acceso Contralínea.

El 5 de noviembre de 2009, ITS generó la requisición PGPB0040042926 para amparar la orden previa, identificada con el folio ITS-58-9-10283, que emitió sin licitación a favor de la trasnacional. Como fecha de terminación, se fijó el 31 de diciembre de ese mismo año.


El supuesto daño

De acuerdo con la denuncia de hechos, la subsidiaria pagó a cabalidad el tiempo original establecido por el proveedor, incluidas las horas extras, a pesar de que General Electric incumplió en todos los casos con las horas mínimas de servicio.

Para Pemex Gas y Petroquímica Básica, cada hora de servicio supuestamente trabajada por el proveedor tuvo un costo de 198 dólares, mientras que cada hora extra se cobró a 298 dólares.

Las horas de servicio efectivas, sin embargo, fueron mucho menos a las pagadas. Por ejemplo, en el caso de la terminal Chinameca se pagaron 397 horas y sólo se cubrieron 143, señala la denuncia. En Cempoala, se costearon 231 y se hicieron efectivas sólo 143; mientras que en el caso de Cárdenas se pagaron 220 horas, pero sólo se trabajaron 68.

Viáticos de más

Este mismo contrato implicó el pago de viáticos a favor del personal de General Electric. Y, aunque la contratación estableció un plazo de vigencia de 56 días, la administración de PGPB pagó viáticos para 54 días en estaciones de bombeo y para 110 días en estaciones de compresión.

Según la denuncia que ya investigaría el Órgano Interno de Control, los reportes de campo firmados por el proveedor y el personal de supervisión técnica de campo revelan que General Electric tampoco estuvo la totalidad de los días que le fueron pagados por ese concepto.

El daño patrimonial en el que se habría incurrido se estima de la siguiente manera: 249 mil 619 dólares por los pagos en exceso por horas de servicio normales y extras pagadas, pero no ejecutadas; y 28 mil 920 dólares por los viáticos.

La participación de ITS

La adjudicación del contrato investigado involucra a ITS, una de las 25 filiales privadas propiedad ciento por ciento de Pemex.

Como lo ha documentado Contralínea, Integrated Trade Systems aplica un esquema de proveeduría internacional con el cual la paraestatal y sus subsidiarias burlan la Ley de Adquisiciones: sin licitación o antes de licitar bienes y servicios en el mercado mundial, ITS firma acuerdos marco con las trasnacionales que, invariablemente, obtienen los contratos.

Para la elaboración de este trabajo, se solicitó entrevista con Pemex a través de Francisco Montaño, coordinador de Información y Prensa. Hasta el cierre de edición, no hubo respuesta.

Pemex, transparencia simuladora: Sandoval

“La situación de transparencia en Petróleos Mexicanos [Pemex], la paraestatal más importante de nuestro país, es un buen reflejo de la prevalencia de la transparencia simuladora que estamos viviendo en el resto de la administración pública federal, de esa transparencia de aparador”, afirma la doctora Irma Eréndira Sandoval, especialista en transparencia y rendición de cuentas.

Para la investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la situación de Pemex es, en particular, muy grave por los hechos de corrupción.“Hay un vínculo o una colusión directa entre grandes corporaciones internacionales y los funcionarios de más alto nivel de la empresa. Los contratos se asignan sin procesos de transparencia; muchos, por la vía de la adjudicación directa”.

La también titular del Laboratorio de Análisis y Documentación de la Corrupción y la Transparencia de la UNAM refiere que la llegada a Pemex de Juan José Suárez Coppel, quien viene de las grandes corporaciones, es un ejemplo del síndrome que los estudios de corrupción han denominado como “la puerta giratoria”: “Estar viniendo y trayendo desde el mercado hacia el Estado los intereses de los grupos fácticos. Esto genera la institucionalización de los conflictos de interés, que es una de las características más ominosas de la corrupción que se vive en México”.

Sandoval Ballesteros considera que en la petrolera y sus subsidiarias “tenemos una total institucionalización de conflictos de interés muy negativos para el desarrollo nacional. En ese sentido, la transparencia tendría que, al menos, iluminar estos conflictos de interés para que la corrupción y el desvío de recursos públicos no se revistan de legalidad”.

Agrega que, con la nueva ley de Pemex, se creó un régimen de excepción que excluye al Congreso de la Unión de la vigilancia de las decisiones más importantes de la paraestatal. “Se hizo una división entre las compras de las áreas sustantivas y el resto de las compras típicas y tradicionales, en donde sí se aplican las leyes de obras públicas y de adquisiciones. Pero en el caso de las áreas sustantivas, como los servicios de investigación en materia de tecnología, de consultoría, los estudios, se permite la adjudicación directa poco clara”.

Agrega que, en Pemex, se abusa de estas figuras de la adjudicación directa y la invitación restringida, y eso hace que el régimen de transparencia esté acusando claroscuros.

Irma Eréndira Sandoval considera que la paraestatal sí tiene posibilidades de cambiar la opacidad por la transparencia. “La situación de la opacidad y la discrecionalidad es ilegal. No quisiera que tengamos un tono desesperanzador, sino por el contrario: sí hay elementos para llamar a la rendición de cuentas y exigir la aplicación de la ley y la Constitución. Lo que no hay es voluntad política, porque el problema de origen es precisamente la llegada a estas grandes posiciones de poder de personas que no vienen de una cultura pública de probidad y de respeto al bien público; son gente que viene del corazón más importante del mercado, del sector privado. Y, obviamente, sirven a esos intereses”.

Contralínea 224 / 13 de marzo de 2011