La de Alejandro Luna Ramos, una elección alarmante

La forma en que Alejandro Luna Ramos conservó la magistratura en 2006 y, sobre todo, la combinación de fuerzas que lo llevó a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no son buenas señales en el ya enrarecido ambiente preelectoral con rumbo a 2012. Con amigos como Carlos Ahumada o Diego Fernández de Cevallos y un núcleo de parientes enquistados en ese poder federal, nada justifica la esperanza de que acabe con la opacidad y la parcialidad que caracterizaron la gestión de su antecesora, María del Carmen Alanís.

Alejandro Luna Ramos, presidente del TEPJF.

Álvaro Delgado

El 30 de octubre de 2006, dos meses después de convalidar la impugnada elección presidencial y declarar ganador a Felipe Calderón, fue un día clave en la vida de Alejandro Luna Ramos: el Partido Acción Nacional (PAN) aprovechó la ausencia de varios priistas y perredistas en el Senado y logró designarlo magistrado para los siguientes 10 años.

Luna Ramos tuvo suerte: el PAN sumó al Partido Verde y al único senador de Nueva Alianza, Rafael Ochoa Guzmán, allegado de Elba Esther Gordillo, y por un solo voto –59 a 58– no se quedó sin trabajo, porque se desechó el criterio de que sólo debía concluir ese día el periodo del magistrado José Luis de la Peza, al que sustituyó por su muerte un año antes.

Manuel Espino, en ese entonces presidente del PAN, niega que haya dado “línea” a los senadores para promover la designación de Luna Ramos por 10 años –“ya me había equivocado una vez, cuando les pedí aprobar la Ley Televisa a petición de Calderón”–, pero revela: “El grupo de Calderón sí cabildeó y orientó esa decisión”.

–¿Fue un premio por su postura en la elección?

–No, claro que no.

–¿Entonces?

–Por su experiencia y trayectoria, que en sí misma era un aval de su imparcialidad, la que ahora exijo no sólo para mi caso.

Y es que, desde el miércoles 10, Luna Ramos se convirtió en presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y uno de los casos inmediatos que deberá resolver es precisamente la expulsión de Espino del PAN que, según el propio expresidente panista, fue ordenada por Calderón. La propuesta del magistrado Salvador Nava Gomar es ratificarla.

Luna Ramos llegó a la presidencia del TEPJF precisamente con los votos de Nava Gomar, exsocio de Roberto Gil Zuarth, secretario particular y cabildero de Calderón, y de Constancio Carrasco Daza, primo del panista Diódoro Carrasco, exgobernador priista de Oaxaca, ambos promovidos también como magistrados por el PAN en octubre de 2006.

El chiapaneco Pedro Esteban Penagos, identificado como allegado a los priistas y quien emplea en su ponencia a Francisco Belisario Luna Ramos, y Manuel González Oropeza, allegado a la corriente perredista Nueva Izquierda, le dieron su respaldo.

Con esos cuatro votos, y el suyo propio, Luna Ramos obtuvo un voto más de los cuatro que requería para conquistar la presidencia –que desde el lunes 8 ejercía por su calidad de decano–, y frustró la reelección de María del Carmen Alanís, quien sólo obtuvo su propio sufragio, lo mismo que Flavio Galván Rivera.

Militante confeso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por lo menos hasta 1992, amigo del empresario Carlos Ahumada y de perfil jurídico más bien conservador, Luna Ramos tiene cuatro hermanos en el Poder Judicial Federal: Margarita, a quien Vicente Fox propuso como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); Carlos Hugo, presidente del Séptimo Tribunal Colegiado, quien elaboró la “sentencia de Estado” que negó el amparo a la francesa Florence Cassez; Francisco Belisario, quien colabora con Penagos López –compadre de Margarita–, y María Guadalupe, funcionaria del Consejo de la Judicatura Federal.

“Compromiso con el PAN”

Responsable de la calificación de la elección de 2012, Luna Ramos enfrenta una disyuntiva, afirma Espino: “Ya veremos si el TEPJF fortalece su autonomía jurídica o somete su cometido jurídico a la voluntad política de fuerzas ajenas a la institución”.

–Si por él votaron Nava y Carrasco, identificados con Calderón, ¿tiene el sello de Los Pinos?

–Espero que no tenga el sello de Los Pinos. Y no por mi caso, sino por el interés nacional que debe privilegiar el tribunal.

Puntualiza: “Eso sí, mi caso puede servir para advertir en qué dirección va el tribunal hacia 2012: se verá si va hacia la condescendencia con el gobierno o hacia la congruencia de un desempeño apegado a derecho en beneficio de los mexicanos”.

Sin embargo, para el constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la elección de Luna Ramos como presidente del TEPJF es “una señal alarmante” hacia las elecciones de 2012.

No sólo porque es el único magistrado que calificó la elección de 2006, con criterios que convalidaron ilegalidades, sino porque –subraya– es hermano de la ministra Margarita Luna Ramos y ese “nepotismo electoral” hace prever una “manipulación” a favor del PAN y sus aliados.

“Sabemos cómo se nombran los ministros y que hay un cordón umbilical que parte de la Constitución, con el titular del Poder Ejecutivo. Entonces ahí veo yo una señal alarmante, porque, a no ser que fuera una ingrata, la ministra Luna Ramos le debe, no dinero ni cosas sucias, sino una mínima consideración al presidente de la República.

“Ella es hermana del presidente del tribunal que va a calificar la elección presidencial de 2012. Entonces esta línea, que de ninguna manera revela algo sucio o indebido –por lo menos no tenemos prueba fehaciente de ello–, sí manifiesta la presencia de compromisos que no van con la democracia y que no van con la situación tan delicada por la que está atravesando el país.”

Si a eso se añade el criterio del magistrado Luna Ramos para no sancionar la intervención de Vicente Fox y del empresariado en la elección de 2006, dice, entonces genera sospechas de su imparcialidad hacia 2012:

“Si sumamos ambos ingredientes hay, objetivamente, un hecho que mueve a muy serias dudas, que inquieta la conciencia ciudadana y que despierta resquemores muy graves. Tiene uno el derecho de pensar, o de sospechar pensando, que hay una manipulación que está preparando un tinglado a favor de sus intereses para 2012. Y eso es alarmante.”

–¿A quién beneficia esa manipulación?

–Por supuesto que al PAN y a políticos de otros partidos que hacen pactos con el PAN. No tendría empacho en dar nombres si los tuviera, pero se benefician de sus componendas, no tienen que ser panistas.

El apoyo de Nava y Carrasco, identificados con el PAN, forma parte de lo mismo, explica: “La sospecha lleva una lógica popular que todos manejamos: si un animal tiene orejas de gato, uñas de gato y dientes de gato, ¿es un rinoceronte? No, ¿verdad? No, hay cosas que a través de las señales, de los signos, dejan mucho que ver”.

Recuerda que Julio César repudiaba a su mujer porque se decía que tenía relaciones con el poeta Catulo, y un amigo le dijo que por qué hacía caso a rumores. “César contesta: ‘porque la mujer del César no sólo debe ser honesta, sino parecerlo”.

Insiste: “Como decía Jesús Reyes Heroles, la forma es fondo: hay características de una manipulación electorera que francamente alarma muchísimo a quienes creemos o queremos creer en la democracia mexicana y en la pulcritud del proceso electoral”.

Luego de la declinación de Penagos López, a quien en el Tribunal Electoral se identifica con el PRI, el representante de ese partido ante el Instituto Federal Electoral (IFE), Sebastián Lerdo de Tejada, se declaró complacido con Luna Ramos y dijo que su “principal reto será mantener la línea de objetividad que trazó la presidenta Alanís”.

–Los priistas están contentos con él –se le hace ver a Carrancá.

–Exactamente. Son arreglos que se hacen, pero con esos arreglos no hay pulcritud democrática ni ideológica. Entonces la falta de una protesta enérgica en el PRI bien puede significar eso, porque no creo que estén ciegos.

Compañero profesor de Luna Ramos en la Facultad de Derecho de la UNAM, y a quien dice respetar como abogado, Carrancá y Rivas lo define: “Un priista empanizado. Si no está empanizado, aparenta estarlo por lo que he expuesto. No podemos saber si realmente lo es, pero tiene todo el aspecto”.

Luego de que Luna Ramos fue felicitado por Calderón mediante un comunicado emitido el miércoles 10, y por el PAN, el jurista dice que el presidente magistrado trata de desmarcarse de Calderón, como se lo dijo en entrevista a la periodista Carmen Aristegui.

“Dijo que ni conoce al presidente ni éste le ha mandado mensajes ni lo ha saludado. Pero no es necesario que conozca al panista Calderón, basta y sobra con lo que he descrito para que se manifieste la sospecha y la duda de un compromiso muy fuerte con el PAN.”

Amigos de Ahumada

Justamente gracias al apoyo conjunto del PAN y del PRI, Margarita Luna Ramos ascendió, en 2004, al máximo escalafón en el Poder Judicial: ministra de la SCJN. Propuesta por Fox, ambos partidos la avalaron, pero también los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que coordinaba Jesús Ortega.

Alejandro Luna Ramos fue clave en lograr ese propósito, porque recurrió a su amigo Carlos Ahumada, el empresario de origen argentino que en ese momento –febrero de 2004– tramaba lo que se conoció como los videoescándalos junto con Diego Fernández de Cevallos y Carlos Salinas.

El propio Ahumada cuenta en su libro Derecho de réplica que Luna Ramos le pidió interceder a favor de Margarita ante Fernández de Cevallos, en razón de la amistad y de “compartí por más de 10 años un sinfín de reuniones y fiestas en su casa y en la mía”:

En enero de 2004, un fin de semana, un sábado, llegó Alejandro a mi casa y me preguntó cómo era mi relación con Diego Fernández de Cevallos. No sé cómo, pero de algo estaba enterado. Le dije que en esos momentos creía que era buena, y entonces me comentó que su hermana Margarita había sido propuesta para ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte, como relevo de Juventino Castro.

Ahumada recuerda que, el 2 de diciembre previo, el PAN en el Senado había rechazado el nombramiento de Margarita, cuyo hermano le dijo que Fox la volvería a proponer y por eso requería su apoyo ante Diego. Habló con ella por teléfono:

La saludé, hablamos dos o tres minutos en los cuales me agradeció de antemano cualquier gestión que pudiera realizar con el llamado Jefe Diego para lo de su ratificación como ministra de la Suprema Corte.

Más tarde Ahumada se comunicó con el panista, quien lo citó en su casa y ahí le hizo la propuesta de apoyar a Margarita. “De entrada, me dijo que era una señora muy conflictiva y pagada de sí misma, pero luego añadió: ‘Bueno, dentro de la relación que estoy teniendo contigo y como una muestra más de mi apoyo hacia tu persona, la voy a apoyar’.”

Le pregunté que si me podía comunicar con Alejandro para comentarle su respuesta, y aceptó. Llamé a Alejandro, le dio mucha alegría, me dijo que jamás en la vida me lo podía pagar y me dio el número de celular de Margarita para comunicar a Diego con ella.

Acto seguido los comuniqué, quedaron de desayunar el lunes siguiente, y lo último que supe, por los medios de comunicación, fue que el 19 de febrero de 2004, Margarita Beatriz Luna Ramos fue nombrada ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el apoyo del jefe Diego y la mayoría de los senadores del PAN, a pesar de que al interior de la bancada se le cuestionó a Fernández de Cevallos por qué el PAN tenía que apoyar a Luna Ramos, cuando en diciembre no lo había hecho.

Ahumada recuerda que después, cuando ya estaba preso, su esposa Cecilia buscó a los hermanos Luna Ramos:

Lo único que consiguió Ceci de su parte fue un trato muy frío y cortante. Alejandro le dijo cínicamente que un vaso de agua y una orden de aprehensión no se le negaban a nadie, que veía mi situación muy difícil y que no había nada que él pudiera hacer. Por su parte, Margarita se negó a recibir a Ceci personalmente.

“Sentencia de Estado”

Luna Ramos ha minimizado su amistad con Ahumada, como en la entrevista publicada en Reforma el viernes 12: “Era yo juez de distrito, allá por los años setenta y tantos… nos conocimos en un juego de futbol”.

Pero conforme a su semblanza oficial, fue juez de distrito a partir de 1980, año en el que Ahumada ingresó al Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur, a los 17 años.

Luna Ramos, quien recién se divorció, ha minimizado también su priismo. En la entrevista con Aristegui aceptó que llegó a ser enrolado en el PRI sólo para participar en un concurso de oratoria en su natal Chiapas y que en la Ciudad de México fue mecanógrafo “propinero” en ese partido.

Pero el Diccionario biográfico del gobierno de México consigna, en su edición de 1992, cuando era ya magistrado de circuito, un dato relevante: “Pertenece al PRI, donde ha desempeñado el cargo de asesor de la Dirección de Capacitación Electoral del CEN en el DF, 1968-1970”.

Es el mismo caso de su hermano Carlos Hugo Luna Ramos, quien en el mismo documento de ese año se anota que “pertenece al PRI desde 1960”. Apenas en febrero pasado elaboró el proyecto del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal que negó el amparo a la francesa Florence Cassez, luego de que el secretario particular de Calderón, Gil Zuarth, cabildeó con ministros de la SCJN.

Tal como lo publicó Proceso, Gil Zuarth comenzó su labor de convencimiento ante el presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, en diciembre de 2010, cuando era aún subsecretario de Gobernación, y alegó que si los magistrados del Tribunal Colegiado declaraban inocente a Cassez “no sólo se caía el secretario de Seguridad Pública (Genaro García Luna), sino la lucha del gobierno contra la delincuencia organizada”.

El jueves 10 de febrero, horas antes de que se hiciera pública la negativa del amparo, Gil Zuarth desayunó en el comedor de la SCJN con su nuevo presidente, Silva Meza, Ortiz Mayagotia y los tres magistrados, entre ellos Luna Ramos, para agradecer el apoyo del Poder Judicial, porque se trataba de una “sentencia de Estado”.

Obtenida la información por dos vías, la diplomática y la jurisdiccional, los ministros Silva Meza y Ortiz Mayagoitia negaron haber participado en “cualquier tipo de reuniones” con miembros del gobierno de Calderón, como Gil Zuarth, para tratar el caso.

Gil Zuarth, quien con Calderón ha sido subsecretario de Gobernación, diputado federal, candidato derrotado a la presidencia del PAN y secretario particular, es identificado por Espino como el encargado de presionar a los magistrados para que ratifiquen su expulsión.

Y, según testigos, fue Gil Zuarth quien coordinó desde Los Pinos el ascenso de Luna Ramos a la presidencia del TEPJF a través de Constancio Carrasco y Nava Gomar, quien fue su socio y es amigo íntimo: apenas el 22 de mayo asistieron juntos a la final del futbol mexicano entre los Pumas de la UNAM y los Monarcas de Morelia, en el estadio olímpico de Ciudad Universitaria…

Riesgo de otro presidente “espurio”

Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México.

John M. Ackerman

MÉXICO, D.F., 25 de mayo.- Ya es un secreto a voces que la mejor forma de ganar una elección en México no es a través del cabal cumplimiento del espíritu y la letra de las disposiciones legales, sino con trampas, engaños y triquiñuelas. La reciente inacción del IFE en el caso de las groseras violaciones a la norma por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en las campañas federales de 2009 proporciona una clara lección de que romper la ley no cuesta nada. Asimismo, la vergonzosa decisión del TEPJF de exculpar a Enrique Peña Nieto de cualquier responsabilidad en la ilegal difusión nacional de su quinto informe de gobierno demuestra que los dados también están cargados en el seno de la máxima instancia de justicia electoral del país.

Al parecer, el PRI ha decidido apostarle a un perverso juego de debilitar las instituciones electorales a como dé lugar. Con sus decisiones y posicionamientos, los consejeros electorales Marco Antonio Baños y Francisco Guerrero ratifican cada día su lealtad al PRI. La magistrada presidenta del TEPJF, María del Carmen Alanís, también parece haber abandonado el partido de su amiga Margarita Zavala para engrosar las filas del viejo partido de Estado. Todo parece indicar que Alanís alberga la esperanza de que el arribo de Peña Nieto a Los Pinos le aseguraría su ansiado lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La falta de acuerdo con respecto a los tres nuevos consejeros del IFE se debe precisamente a que el PRI prefiere un IFE debilitado y rebasado a uno que tenga posibilidad de acciones autónomas. El cálculo es sencillo. Hoy, el PRI solamente necesita convencer a un solo consejero más de que vote junto con Baños y Guerrero para frenar cualquier decisión adversa, tal y como ocurrió en el caso del PVEM. Si el PRI coloca a dos de los tres nuevos consejeros mantendría su posición de fuerza en el Consejo General ya que quedaría a un voto de la mayoría. Sin embargo, si coloca solamente a un consejero su fuerza retrocedería de manera significativa ya que únicamente contaría con tres de los nueve integrantes de la herradura de Viaducto Tlalpan.

El PRI entonces ha aplicado una estrategia de “todo o nada” con el fin de no ver reducida su influencia en el seno de la autoridad electoral. También supone que al final de cuentas le conviene la sobrecarga de trabajo que hoy afecta gravemente el funcionamiento del IFE. Consejeros cansados y confundidos son actores más dóciles y fácilmente manipulables por las alianzas perversas entre Peña Nieto, las televisoras y otros “factores reales” de poder.

Pero el PRI está jugando con fuego. Por ejemplo, si el proceso electoral federal iniciara en la primera semana de octubre de 2011 sin todos los integrantes del Consejo General, nos encontraríamos en un estado de flagrante ilegalidad. Si las ausencias continúan durante un tiempo más, estaremos frente a una situación ideal para la posible nulidad de la elección de 2012. Si el TEPJF decide avalar la elección aún bajo estas circunstancias, podríamos encontrarnos una vez más con un presidente marcado durante todo su sexenio con el mote de “espurio”.

Estas circunstancias nos hacen ver que “el fantasma de 2006” de ninguna manera “está erradicado”, como ha afirmado el consejero presidente Leonardo Valdés. La abierta partidización de las autoridades electorales, su falta de acción enérgica para imponer el estado de derecho y las enormes sobrecargas de trabajo se articulan de forma peligrosa para generar un potencial conflicto enorme en 2012.

El Congreso de la Unión todavía tiene una última oportunidad para desarticular esta explosiva situación antes de que sea demasiado tarde. Urge que la Cámara de Diputados nombre lo más pronto posible a los consejeros faltantes. Asimismo, aún más importante que aprobar la cuestionable “reforma política” sería actuar para llenar las lagunas y corregir los problemas ya identificados con la histórica reforma electoral de 2007-2008.

Un excelente punto de partida para una reforma correctiva sería el dictamen de reforma al Cofipe que se aprobó el pasado 29 de abril en el Senado de la República. Incluye sanciones explícitas para la “adquisición, a título gratuito u oneroso”, más allá de la “compra”, de tiempo en radio y televisión con el propósito de difundir propaganda electoral. Así, sería más difícil para las autoridades evitar sancionar a los responsables en casos de evidentes fraudes a la ley, como la famosa entrevista a Demetrio Sodi en medio de un partido de futbol durante 2009. Otra innovación estratégica de la reforma es que dota al IFE de facultades de sanción directa para los funcionarios públicos cuando éstos intervengan ilegalmente en los procesos electorales en violación al artículo 134 constitucional. La actual falta de poder sancionador en la materia ha sido uno de los principales obstáculos que ha enfrentado el IFE para asegurar la equidad de los procesos electorales.

Sobre estos temas se recomienda consultar un nuevo libro, coordinado por un servidor, que aborda de manera exhaustiva todos los temas pendientes: Elecciones 2012: en busca de equidad y legalidad (IIJ-UNAM/Senado, 2011). Allí se puede leer sobre los retos que existen en una diversidad de asuntos, desde la regulación de los medios de comunicación hasta las reformas necesarias al Código Penal y el fomento de la transparencia interna de los partidos políticos.

Si los diputados, consejeros electorales y magistrados del TEPJF no modifican su comportamiento pronto, 2012 fácilmente podría llegar a ser un proceso electoral aún más conflictivo que el de 2006. Queda una última oportunidad para enderezar el camino antes de que sea demasiado tarde. l

www.johnackerman.blogspot.com

Twitter: @JohnMAckerman

Riesgo de otro presidente “espurio”

John M. Ackerman

Ya es un secreto a voces que la mejor forma de ganar una elección en México no es a través del cabal cumplimiento del espíritu y la letra de las disposiciones legales, sino con trampas, engaños y triquiñuelas. La reciente inacción del IFE en el caso de las groseras violaciones a la norma por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en las campañas federales de 2009 proporciona una clara lección de que romper la ley no cuesta nada. Asimismo, la vergonzosa decisión del TEPJF de exculpar a Enrique Peña Nieto de cualquier responsabilidad en la ilegal difusión nacional de su quinto informe de gobierno demuestra que los dados también están cargados en el seno de la máxima instancia de justicia electoral del país.

Al parecer, el PRI ha decidido apostarle a un perverso juego de debilitar las instituciones electorales a como dé lugar. Con sus decisiones y posicionamientos, los consejeros electorales Marco Antonio Baños y Francisco Guerrero ratifican cada día su lealtad al PRI. La magistrada presidenta del TEPJF, María del Carmen Alanís, también parece haber abandonado el partido de su amiga Margarita Zavala para engrosar las filas del viejo partido de Estado. Todo parece indicar que Alanís alberga la esperanza de que el arribo de Peña Nieto a Los Pinos le aseguraría su ansiado lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La falta de acuerdo con respecto a los tres nuevos consejeros del IFE se debe precisamente a que el PRI prefiere un IFE debilitado y rebasado a uno que tenga posibilidad de acciones autónomas. El cálculo es sencillo. Hoy, el PRI solamente necesita convencer a un solo consejero más de que vote junto con Baños y Guerrero para frenar cualquier decisión adversa, tal y como ocurrió en el caso del PVEM. Si el PRI coloca a dos de los tres nuevos consejeros mantendría su posición de fuerza en el Consejo General ya que quedaría a un voto de la mayoría. Sin embargo, si coloca solamente a un consejero su fuerza retrocedería de manera significativa ya que únicamente contaría con tres de los nueve integrantes de la herradura de Viaducto Tlalpan.

El PRI entonces ha aplicado una estrategia de “todo o nada” con el fin de no ver reducida su influencia en el seno de la autoridad electoral. También supone que al final de cuentas le conviene la sobrecarga de trabajo que hoy afecta gravemente el funcionamiento del IFE. Consejeros cansados y confundidos son actores más dóciles y fácilmente manipulables por las alianzas perversas entre Peña Nieto, las televisoras y otros “factores reales” de poder.

Pero el PRI está jugando con fuego. Por ejemplo, si el proceso electoral federal iniciara en la primera semana de octubre de 2011 sin todos los integrantes del Consejo General, nos encontraríamos en un estado de flagrante ilegalidad. Si las ausencias continúan durante un tiempo más, estaremos frente a una situación ideal para la posible nulidad de la elección de 2012. Si el TEPJF decide avalar la elección aún bajo estas circunstancias, podríamos encontrarnos una vez más con un presidente marcado durante todo su sexenio con el mote de “espurio”.

Estas circunstancias nos hacen ver que “el fantasma de 2006” de ninguna manera “está erradicado”, como ha afirmado el consejero presidente Leonardo Valdés. La abierta partidización de las autoridades electorales, su falta de acción enérgica para imponer el estado de derecho y las enormes sobrecargas de trabajo se articulan de forma peligrosa para generar un potencial conflicto enorme en 2012.

El Congreso de la Unión todavía tiene una última oportunidad para desarticular esta explosiva situación antes de que sea demasiado tarde. Urge que la Cámara de Diputados nombre lo más pronto posible a los consejeros faltantes. Asimismo, aún más importante que aprobar la cuestionable “reforma política” sería actuar para llenar las lagunas y corregir los problemas ya identificados con la histórica reforma electoral de 2007-2008.

Un excelente punto de partida para una reforma correctiva sería el dictamen de reforma al Cofipe que se aprobó el pasado 29 de abril en el Senado de la República. Incluye sanciones explícitas para la “adquisición, a título gratuito u oneroso”, más allá de la “compra”, de tiempo en radio y televisión con el propósito de difundir propaganda electoral. Así, sería más difícil para las autoridades evitar sancionar a los responsables en casos de evidentes fraudes a la ley, como la famosa entrevista a Demetrio Sodi en medio de un partido de futbol durante 2009. Otra innovación estratégica de la reforma es que dota al IFE de facultades de sanción directa para los funcionarios públicos cuando éstos intervengan ilegalmente en los procesos electorales en violación al artículo 134 constitucional. La actual falta de poder sancionador en la materia ha sido uno de los principales obstáculos que ha enfrentado el IFE para asegurar la equidad de los procesos electorales.

Sobre estos temas se recomienda consultar un nuevo libro, coordinado por un servidor, que aborda de manera exhaustiva todos los temas pendientes: Elecciones 2012: en busca de equidad y legalidad (IIJ-UNAM/Senado, 2011). Allí se puede leer sobre los retos que existen en una diversidad de asuntos, desde la regulación de los medios de comunicación hasta las reformas necesarias al Código Penal y el fomento de la transparencia interna de los partidos políticos.

Si los diputados, consejeros electorales y magistrados del TEPJF no modifican su comportamiento pronto, 2012 fácilmente podría llegar a ser un proceso electoral aún más conflictivo que el de 2006. Queda una última oportunidad para enderezar el camino antes de que sea demasiado tarde. l

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Twitter: @JohnMAckerman

Para los amigos, gracia y justicia.....y las nalgas !

María del Carmen Alanís, presidenta del TEPJF.

Jesús Cantú

MÉXICO, D.F., 11 de mayo.- La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que exonera de responsabilidad al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, por la difusión nacional de sus promocionales, establece un pésimo precedente: La excepción contenida en el párrafo 5 del artículo 228 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) permite la promoción personalizada de los gobernantes, y para acreditar que se trata de mensajes que promocionan la emisión de un informe, y no de un spot con fines electorales, basta con mencionar el informe respectivo y presentar los promocionales como propaganda del gobierno.

Es un precedente positivo que el TEPJF haya establecido que la afectación de un proceso electoral no se limita a los hechos que se desarrollan cuando el mismo ya se encuentre en marcha, lo cual es importante porque es precisamente lo que permite determinar, entre otras cosas, los actos anticipados de precampaña o campaña. Sin embargo, según la magistrada ponente, en este caso no se acredita ninguna violación porque los mensajes son únicamente para promocionar el V Informe de Gobierno.

En esta resolución los magistrados también dejaron claro que se consideran expertos en comunicación política y, por lo tanto, ellos pueden definir la finalidad e intencionalidad de los mensajes que se emiten, aunque basta con cumplir unas formalidades para obviar el contenido de los mismos, pues, como literalmente asientan en la resolución, “es factible concluir que los mensajes que se analizan constituyen propaganda gubernamental sobre el Quinto Informe de Gobierno del Estado de México (…) dado que en ambos promocionales se hace referencia a la rendición del Quinto Informe de Gobierno del ciudadano Enrique Peña Nieto, y se presenta como propaganda del gobierno del Estado de México, lo que constituye la causa eficiente de la transmisión de los mensajes difundidos”.

En este caso, como se hizo en el de los infomerciales incluidos en los noticieros nacionales sobre la toma de protesta del candidato priista a la gubernatura de Oaxaca, Eviel Pérez Magaña, lo lógico es solicitar el apoyo de expertos en comunicación política que definan la finalidad e intencionalidad de los mensajes, más allá del cumplimiento de algunas formalidades. Pero las autoridades electorales prefieren hacerlo únicamente bajo su criterio, porque eso les permite mantener la arbitrariedad y discrecionalidad en la aplicación de la ley.

La razón para exonerar al gobernador y a su director de Comunicación Social es la existencia de contratos mercantiles celebrados con las televisoras en las que se establece como lugar de prestación del servicio “todo el Estado de México”, y por ello “es factible concluir que la intención del contratante fue difundir la propaganda contratada ‘En el Estado de México’, dado que no existe ningún pacto o convenio firmado por las partes que tenga por demostrada la contratación de difusión a nivel nacional”.

Y aunque admiten que la difusión de los promocionales se realizó en 31 entidades federativas, con excepción de Tlaxcala, dichas transmisiones “no corresponden con lo solicitado por el coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado de México, razón por la cual no es factible imputarle a algún servidor público responsabilidad alguna por su difusión”.

Sin entrar en detalles de las órdenes de transmisión que permiten establecer responsabilidades al respecto, la magistrada presidenta, María del Carmen Alanís, ponente en este caso, se olvida de la resolución del expediente SUP_RAP-242/2009 y acumulados, en la que ella también fue ponente y donde señala explícitamente: “Es un principio general de derecho el que las partes contratantes de un acuerdo de voluntades velen por el estricto cumplimiento de las cláusulas pactadas, así como que el cumplimiento de lo convenido se lleve a cabo verificando que el objeto o fin sea lícito, además de que, derivado de éste, no se efectúen actos contrarios a la ley. Asimismo, las partes están vinculadas a que las obligaciones asumidas en un acuerdo de voluntades se lleven a cabo sin que su cumplimiento involucre la afectación de alguna norma de orden público”.

Y en el párrafo posterior precisa: “Es por ello que, cuando un partido político contrate un servicio publicitario destinado a difundirse a través de un medio legal (…) el propio instituto político está constreñido a vigilar que, por virtud de ese acuerdo comercial lícito, su prestatario no genere un acto posterior que derive en una ilicitud”.

Así, como señalan los magistrados Alejandro Luna Ramos, Salvador Nava y Pedro Penagos en su voto particular, “este criterio es aplicable al caso, porque los servidores públicos fueron las partes contratantes de la difusión de los promocionales, de tal manera que son responsables de lo contratado y de su ejecución, razón por la cual, si se acreditó la violación al artículo 228, párrafo 5, del código electoral federal, la consecuencia necesaria es responsabilizarlos de ello, en razón de que la propaganda relacionada con el informe de gobierno se transmitió en lugares distintos al territorio donde ejerce sus atribuciones el funcionario referido”.

En función de ello, la postura de estos magistrados es que “debe modificarse la resolución impugnada y ordenar que el Instituto Federal Electoral, en el ámbito de sus atribuciones, considere que es fundada la queja respecto de los servidores públicos y las televisoras por la transmisión de los promocionales del Quinto Informe de Gobierno del Estado de México fuera del territorio de esa entidad”.

La resolución del IFE sancionaba al gobernador y exoneraba a las televisoras; la mayoría de los magistrados consideró que es a la inversa: la responsabilidad es de las televisoras y no de los servidores públicos; pero los mismos precedentes del tribunal conducen a concluir, como lo hacen los tres magistrados que votaron en contra de la resolución, que: ambos son responsables.

Pero en el tribunal sí aplica la famosa máxima juarista: “A los amigos, gracia y justicia; a los enemigos, la ley a secas”. En esta ocasión son amigos.

Para los amigos, gracia y justicia.....y las nalgas !

María del Carmen Alanís, presidenta del TEPJF.

Jesús Cantú

MÉXICO, D.F., 11 de mayo.- La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que exonera de responsabilidad al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, por la difusión nacional de sus promocionales, establece un pésimo precedente: La excepción contenida en el párrafo 5 del artículo 228 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) permite la promoción personalizada de los gobernantes, y para acreditar que se trata de mensajes que promocionan la emisión de un informe, y no de un spot con fines electorales, basta con mencionar el informe respectivo y presentar los promocionales como propaganda del gobierno.

Es un precedente positivo que el TEPJF haya establecido que la afectación de un proceso electoral no se limita a los hechos que se desarrollan cuando el mismo ya se encuentre en marcha, lo cual es importante porque es precisamente lo que permite determinar, entre otras cosas, los actos anticipados de precampaña o campaña. Sin embargo, según la magistrada ponente, en este caso no se acredita ninguna violación porque los mensajes son únicamente para promocionar el V Informe de Gobierno.

En esta resolución los magistrados también dejaron claro que se consideran expertos en comunicación política y, por lo tanto, ellos pueden definir la finalidad e intencionalidad de los mensajes que se emiten, aunque basta con cumplir unas formalidades para obviar el contenido de los mismos, pues, como literalmente asientan en la resolución, “es factible concluir que los mensajes que se analizan constituyen propaganda gubernamental sobre el Quinto Informe de Gobierno del Estado de México (…) dado que en ambos promocionales se hace referencia a la rendición del Quinto Informe de Gobierno del ciudadano Enrique Peña Nieto, y se presenta como propaganda del gobierno del Estado de México, lo que constituye la causa eficiente de la transmisión de los mensajes difundidos”.

En este caso, como se hizo en el de los infomerciales incluidos en los noticieros nacionales sobre la toma de protesta del candidato priista a la gubernatura de Oaxaca, Eviel Pérez Magaña, lo lógico es solicitar el apoyo de expertos en comunicación política que definan la finalidad e intencionalidad de los mensajes, más allá del cumplimiento de algunas formalidades. Pero las autoridades electorales prefieren hacerlo únicamente bajo su criterio, porque eso les permite mantener la arbitrariedad y discrecionalidad en la aplicación de la ley.

La razón para exonerar al gobernador y a su director de Comunicación Social es la existencia de contratos mercantiles celebrados con las televisoras en las que se establece como lugar de prestación del servicio “todo el Estado de México”, y por ello “es factible concluir que la intención del contratante fue difundir la propaganda contratada ‘En el Estado de México’, dado que no existe ningún pacto o convenio firmado por las partes que tenga por demostrada la contratación de difusión a nivel nacional”.

Y aunque admiten que la difusión de los promocionales se realizó en 31 entidades federativas, con excepción de Tlaxcala, dichas transmisiones “no corresponden con lo solicitado por el coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado de México, razón por la cual no es factible imputarle a algún servidor público responsabilidad alguna por su difusión”.

Sin entrar en detalles de las órdenes de transmisión que permiten establecer responsabilidades al respecto, la magistrada presidenta, María del Carmen Alanís, ponente en este caso, se olvida de la resolución del expediente SUP_RAP-242/2009 y acumulados, en la que ella también fue ponente y donde señala explícitamente: “Es un principio general de derecho el que las partes contratantes de un acuerdo de voluntades velen por el estricto cumplimiento de las cláusulas pactadas, así como que el cumplimiento de lo convenido se lleve a cabo verificando que el objeto o fin sea lícito, además de que, derivado de éste, no se efectúen actos contrarios a la ley. Asimismo, las partes están vinculadas a que las obligaciones asumidas en un acuerdo de voluntades se lleven a cabo sin que su cumplimiento involucre la afectación de alguna norma de orden público”.

Y en el párrafo posterior precisa: “Es por ello que, cuando un partido político contrate un servicio publicitario destinado a difundirse a través de un medio legal (…) el propio instituto político está constreñido a vigilar que, por virtud de ese acuerdo comercial lícito, su prestatario no genere un acto posterior que derive en una ilicitud”.

Así, como señalan los magistrados Alejandro Luna Ramos, Salvador Nava y Pedro Penagos en su voto particular, “este criterio es aplicable al caso, porque los servidores públicos fueron las partes contratantes de la difusión de los promocionales, de tal manera que son responsables de lo contratado y de su ejecución, razón por la cual, si se acreditó la violación al artículo 228, párrafo 5, del código electoral federal, la consecuencia necesaria es responsabilizarlos de ello, en razón de que la propaganda relacionada con el informe de gobierno se transmitió en lugares distintos al territorio donde ejerce sus atribuciones el funcionario referido”.

En función de ello, la postura de estos magistrados es que “debe modificarse la resolución impugnada y ordenar que el Instituto Federal Electoral, en el ámbito de sus atribuciones, considere que es fundada la queja respecto de los servidores públicos y las televisoras por la transmisión de los promocionales del Quinto Informe de Gobierno del Estado de México fuera del territorio de esa entidad”.

La resolución del IFE sancionaba al gobernador y exoneraba a las televisoras; la mayoría de los magistrados consideró que es a la inversa: la responsabilidad es de las televisoras y no de los servidores públicos; pero los mismos precedentes del tribunal conducen a concluir, como lo hacen los tres magistrados que votaron en contra de la resolución, que: ambos son responsables.

Pero en el tribunal sí aplica la famosa máxima juarista: “A los amigos, gracia y justicia; a los enemigos, la ley a secas”. En esta ocasión son amigos.

Endebles instituciones electorales

María del Carmen Alanís, presidenta del TEPJF.

Jesús Cantú

MÉXICO, D.F., 19 de abril.- A menos de seis meses del inicio del proceso electoral de 2012, las dos principales instituciones electorales se encuentran sumamente debilitadas y, peor aún, bajo fuego amigo y enemigo, alimentado por sus propios errores o incapacidades.

Tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) como el Instituto Federal Electoral (la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales ni siquiera puede ser incluida en la lista, pues su dependencia del Ejecutivo federal le impide generar confianza entre los actores políticos y la ciudadanía) han estado envueltos en escándalos desde su conformación.

Más allá de sus acuerdos, decisiones y resoluciones, que también han sido controvertidos, los dos órganos han sido cuestionados por manejos administrativos y por el comportamiento de los integrantes de sus órganos superiores.

En el caso del IFE hay que agregar que ya superó los cinco meses en que su Consejo General opera incompleto, ante la irresponsable actitud de los legisladores que no logran los acuerdos necesarios para designar a los tres consejeros electorales que faltan desde el 1 de noviembre del año pasado.

Desde octubre de 2003, al procesar la renovación del Consejo General del IFE, los partidos políticos se esmeran en debilitar cada día más a las instituciones electorales, como vía para mantener sus privilegios y evitar o, al menos, aminorar las sanciones por la evidente y frecuente violación de las normas electorales. El proceso es gradual, pero persistente y consistente; incluye la creciente partidización de las designaciones de consejeros y reformas legales encaminadas a minar la autonomía del órgano electoral. Las dos les rinden frutos en estos momentos.

Más allá de los errores administrativos en el manejo de los recursos financieros del IFE, y sin prejuzgar sobre el resultado final de la o las auditorías, es un hecho que el llamado contralor general del IFE ha mantenido permanentemente bajo fuego mediático a la institución, con reportes parciales y, por lo mismo, incompletos. El contralor general cumple su función: mantener bajo asedio a consejeros e instancias ejecutivas de la institución (Proceso 1610).

El IFE tiene que explicar irregularidades en el arrendamiento, remodelación y compra de un edificio que involucra 350 millones de pesos del presupuesto de 2009. Pero no es el único asunto administrativo que deberá resolver, pues también es cuestionado por un fondo inmobiliario de 348 millones de pesos que, por supuestos ahorros en el ejercicio del presupuesto de 2010, logró integrar para comprar inmuebles durante este año.

Y además tiene que operar y, entre otras cosas, resolver los procedimientos especiales sancionatorios que se instauren con motivo del proceso electoral del Estado de México. El gran riesgo es que, ante la ausencia de tres consejeros, en algunos asuntos la resolución de dichos procedimientos tenga que posponerse porque la votación en el Consejo General termine empatada a tres votos. (Proceso 1779.)

A pesar de que violan el inciso “c” del artículo 4 transitorio de la reforma constitucional del 13 de noviembre de 2007; de los riesgos y obstáculos para la adecuada operación de la institución, tanto en el momento actual como eventualmente de cara al proceso electoral de 2012; y de que con motivo de la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, celebrada en las instalaciones del IFE el pasado 21 de marzo, con la asistencia de los representantes de los tres poderes de la Unión, el presidente del IFE, Leonardo Valdés, y Felipe Calderón hicieron un llamado para apresurar la designación de los tres consejeros faltantes, todo indica que la Cámara de Diputados no logrará resolver el asunto en las cuatro sesiones (miércoles 27, jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de abril) que le quedan del actual periodo de sesiones.

Así, el IFE seguirá incompleto y bajo fuego, interno y externo, por razones válidas y producto de sus errores, descuidos, omisiones o incapacidades; pero también como parte de una estrategia de actores políticos para debilitarlo y, eventualmente, someterlo.

Una situación muy similar vive la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en estos momentos también está bajo fuego por la reunión que el 9 de marzo pasado realizó en su casa la magistrada presidenta, María del Carmen Alanís, con operadores priistas (Sebastián Lerdo de Tejada y Luis Videgaray), un consejero del IFE (Marco Antonio Baños) y un aspirante a consejero (Enrique Ochoa) para tratar la sanción en contra del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, por la difusión de unos spots televisivos entre el 29 de agosto y el 10 de septiembre de 2010.

La reunión fue divulgada por el periódico Reforma y dio lugar, entre otras cosas, a una solicitud del Partido Acción Nacional para que la magistrada se excuse de participar en la discusión y votación del caso, en el cual es precisamente la ponente. La magistrada se negó a excusarse, y los magistrados resolvieron el miércoles pasado favorablemente para ella, así que continuará con el asunto y participará en su discusión y resolución.

Pero este no es el primer escándalo en el que se ve envuelto este tribunal. El 5 de noviembre de 2006 rindieron protesta como magistrados de la Sala Superior cuatro de los siete integrantes (Manuel González Oropeza lo hizo unos días después, Pedro Esteban Penagos fue designado posteriormente, y Alejandro Luna Ramos estaba en funciones desde 2004). Al día siguiente, en sesión privada, designaron presidente del mismo a Flavio Galván, quien se vio obligado a dimitir en agosto de 2007, cuando se investigaba, por una presunta irregularidad administrativa en la pretendida compra de un inmueble para el TEPJF, a su coordinadora de asesores, Norma Inés Aguilar.

El 23 de agosto de 2009, Proceso difundió en su número 1712 que el magistrado Salvador Nava Gomar se reunió el 23 de marzo de 2007 con Jorge Hank Rohn, en sus oficinas del Hipódromo de Agua Caliente, en Tijuana. Nava Gomar “platicó a solas con Hank Rohn, quien también lo condujo en un recorrido por su zoológico particular, le dio a comer jamón de tigre y, a petición expresa, le obsequió un cachorro de perro de raza fina”, previo a que, el 5 de julio, el magistrado presentara ante la Sala Superior su proyecto de resolución que convalidaba la candidatura del priista a la gubernatura de Baja California.

La difusión de la reunión en casa de la magistrada presidenta dejó varios damnificados, pues prácticamente eliminó de la lista de posibles consejeros del IFE a Enrique Ochoa; evidenció la cercanía del consejero Baños con la representación del PRI ante el Consejo General; al menos, dificultó la reelección de Alanís como presidenta de la Sala Superior, y, desde luego, introdujo una presión adicional sobre el sentido de la resolución de la Sala Superior respecto al asunto de Peña Nieto.

Sin embargo, éste último es el menos preocupado, pues aunque en su caso sí pudiese haber una sanción por parte del Congreso o la Contraloría del Estado de México, él sabe que –en el peor de los casos– todo quedará en una sanción moral como la que recibió hace unos meses Felipe Calderón por su cadena nacional y sus anuncios de políticas durante los procesos electorales estatales de 2010.

Pero lo que es mucho más difícil de reparar es la confianza en las instituciones, y ésta nuevamente resulta minada, ahora respecto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

A poco menos de seis meses del inicio del proceso electoral para elegir al próximo presidente de la República, que seguramente estará plagado de quejas y controversias que tendrán que dirimir las autoridades electorales, éstas se encuentran: incompletas, cuestionadas por sus decisiones y resoluciones, pero sobre todo debilitadas por las actuaciones y comportamientos de sus integrantes y en medio de frecuentes y sucesivos escándalos.

Tribunal Electoral: el imperio personal de María del Carmen Alanís

La presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís, fue exhibida por reunirse en sigilo con emisarios del gobernador Enrique Peña Nieto, acusado de violar la Constitución y cuyo caso debe resolver esa instancia. El hecho no es nuevo: en su búsqueda de poder a toda costa, la magistrada ha tejido una red de exsocios, familiares, amigos y familiares de amigos que ya abarca distintos ámbitos de los poderes Judicial y Ejecutivo, además de influir en los órganos electorales.

María del Carmen Alanís, presidenta del TEPJF.

Álvaro Delgado

MÉXICO, D.F., 5 de abril (Proceso).- Desde agosto de 2007, cuando asumió la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde pretende reelegirse, María del Carmen Alanís ha edificado un imperio personal mediante una red de relaciones con prominentes personajes de todos los partidos políticos, los tres poderes de la unión, la iniciativa privada y la academia.

No es raro, como se puede probar, que sean criterios políticos, afectivos y de negocios los que guían a menudo la actuación jurisdiccional de Alanís, quien está envuelta en un nuevo escándalo al ser pillada en una subrepticia reunión, el 9 de marzo, para presuntamente pactar con emisarios del gobernador Enrique Peña Nieto que el TEPJF lo exonere de violar la Constitución, como lo resolvió el Instituto Federal Electoral (IFE).

El elenco reunido en la casa de Alanís en una comida –no en una cena, como aclaró a sus compañeros magistrados– revela el signo de sus relaciones: El consejero del IFE Marco Antonio Baños, su exsocio en la empresa de consultoría Demos e identificado como allegado al senador Manlio Fabio Beltrones, y el expriista Enrique Ochoa Reza, aspirante a consejero y subordinado suyo en el TEPJF.

Otros asistentes priistas fueron los diputados federales Luis Videgaray, coordinador de campaña de Eruviel Ávila, candidato a suceder a Peña Nieto como gobernador del Estado de México, y Sebastián Lerdo de Tejada, representante de su partido ante el IFE y hermano de Fernando, empresario que cobra 240 mil pesos mensuales por asesorar a Alanís en cabildeo político y medios de comunicación.

Un quinto comensal de esa reunión, quien el miércoles 30 se reunió con Alanís para solicitarle que se excuse del juicio a Peña Nieto, según confirmó la propia Alanís a la cúpula del Partido Acción Nacional (PAN), fue Frank del Río, uno de sus amigos que supuestamente opera, junto con Benito Neme Sastré, a favor del gobernador priista.

La revelación por el diario Reforma de ese sigiloso encuentro en el penthouse de Alanís, puesta bajo sospecha por el PAN –que la ha apoyado por impulso de Margarita Zavala, su amiga desde la niñez–, la obligó a proceder de manera equívoca y causó disgusto entre magistrados.

Cuando, el viernes 17, ese diario publicó en la columna institucional Fray Bartolomé detalles de la reunión, Alanís inició un periodo vacacional hasta el día 22, pero regresó a su oficina un día antes, cuando en la columna Tolvanera, de Roberto Zamarripa, con el título de La cena, se añadieron detalles del encuentro.

Sin importarle que el magistrado Alejandro Luna Ramos estaba en funciones de presidente del TEPJF por ministerio de ley, Alanís comenzó a impartir instrucciones para frenar el escándalo, como el envío de cartas al diario a través del coordinador de Comunicación Social, Octavio Mayén, pero magistrados como Flavio Galván le reclamaron.

–¡Yo soy la presidenta! –dijo.

–No estabas en funciones –le aclaró Galván–. ¿No sabes lo que es ser presidente por ministerio de ley?

–Perdón, me equivoqué –reconoció luego de una larga discusión.

El martes 22, dos días antes de que el PAN se lo solicitara formalmente, Alanís planteó a los magistrados, en sesión privada, excusarse de intervenir en el caso, del que es ponente, lo que internamente se interpreta como una argucia para no comprometerse con Peña Nieto, como lo ha hecho en casos en los que simplemente se ausenta.

Entre estos asuntos destacan la ratificación de multas a las televisoras, las impugnaciones del PAN en elecciones estatales o recursos promovidos por los adversarios de la corriente Nueva Izquierda del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que la apoya.

Por lo pronto, como se lo dijo Gustavo Madero, presidente del PAN, este partido desconfía de ella, pese a que, en la reunión del miércoles por la mañana, negó que en la reunión con los priistas y el consejero Baños se haya pactado exonerar a Peña Nieto.

El diputado federal Agustín Castilla, testigo de la reunión de la cúpula del PAN con Alanís, revela: “Maricarmen nos dijo: ‘Niego categóricamente lo que se me imputa de que hubo acuerdo e incluso ofrecimientos económicos. Es falso. Es una reunión como tengo muchas. A lo mejor no fue pertinente, se puede discutir’”.

Castilla dice que de todas formas la magistrada está en una encrucijada: “Si se excusa, habrá quien piense que está dando la razón a los argumentos que dicen que en esa reunión se trató el asunto del Estado de México; si no lo hace, también podría pensarse que tiene algún interés respecto al asunto”.

Pero, dice, aun “si el tribunal confirma la resolución del IFE habrá quien piense que se dejó presionar o que podría tener un acercamiento con el PAN; si revoca la resolución, se interpretará que confirma un acuerdo en el marco de esta reunión con representantes del PRI”.

Dispendios

El TEPJF puede revocar o ratificar que Peña Nieto violó el artículo 134 de la Constitución, que prohíbe el uso de recursos públicos para promoción personalizada, y el artículo 128 del Cofipe por pagar spots de televisión de cobertura nacional con motivo de su quinto informe de gobierno, como lo resolvió el IFE el 18 de enero. Más allá de cuál sea el fallo, Alanís afianza su poder dentro y fuera del TEPJF sin escatimar recursos.

Apoyada en los 2 mil millones de pesos de presupuesto del TEPJF para este año, Alanís ha hecho más obesa a la institución para colocar en la estructura laboral a sus amigos o de los magistrados, así como para pagar jugosos contratos a empresas y personajes vinculados a ella.

El objetivo: Reelegirse, en agosto, como presidenta del TEPJF que calificará la elección presidencial –en la que prevé participar Peña Nieto– para luego ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde goza de la amistad de ministros como Guillermo Ortiz Mayagoitia, Sergio Valls y Fernando Franco.

La austeridad no va con Alanís: cuando asumió la presidencia del Tribunal Electoral, en agosto de 2007, luego de que Galván presentó su renuncia “por motivos de salud”, la institución tenía una plantilla de 886 plazas, pero para marzo de 2011 suman más de mil empleados.

Pese a contar con un equipo de comunicación social, con 43 servidores públicos, Alanís destina multimillonarias sumas en asesorías en la materia: Por ejemplo, otorgó un contrato a Estrategia Total, empresa de cabildeo propiedad de Fernando Lerdo de Tejada que, sólo para 2011, asciende a 2 millones 784 mil pesos, a razón de 232 mil pesos mensuales por “servicios de asesoría en comunicación de información estratégica”.

Poco menos de esa cantidad, y para un contrato bianual, le paga a la agencia Ferrer y Asociados para asesoría para campañas de difusión: un total de 2 millones 180 mil pesos.

Amigo de Alanís, el exconsejero electoral Rodrigo Morales Manzanares obtuvo un contrato, vigente de marzo a diciembre del año pasado, por 809 mil pesos, por “servicios profesionales consistentes en la consultoría en materia electoral”.

Por “servicios de consultoría”, de junio a septiembre, el TEPJF pagó a Rafael Corona Funes 290 mil pesos. Y a la asociación civil Inclusión Ciudadana le otorgó 527 mil pesos para “desarrollar el proyecto Niñas y Niños como Yo”.

A cada uno de los miembros del Comité Editorial del TEPJF, que se reúnen ocasionalmente, se le paga casi 150 mil pesos. Entre ellos destacan Lorenzo Córdova Vianello, Álvaro Arreola y Rafael Estrada Michel.

El Tribunal Electoral, incluso, destinó 50 mil 270 pesos al mantenimiento del receptor de la alerta sísmica.

Otro dato: El TEPJF pagó 6 millones 300 mil pesos al escultor Enrique Carvajal González, conocido como Sebastián, por una escultura denominada “Los caminos de la justicia hacia el siglo XXII”, como parte de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución. La escultura fue donada a la UNAM y se levanta junto al estadio de Ciudad Universitaria.

Los amigos

La nómina del TEPJF ha crecido, también, porque Alanís ha consentido que los magistrados contraten amigos y familiares. Ella misma, quien devenga un salario de medio millón de pesos mensuales, ha usado la institución para ampliar sus vínculos políticos.

Alanís contrató como jefe de departamento a Ramón Patiño Muñoz, hijo del director de la Facultad de Derecho de la UNAM, Ruperto Patiño Manffer, quien forma parte del Comité Académico del TEPJF.

Presuntamente a petición de Alanís, Patiño Manffer firmó una carta a nombre de la Facultad de Derecho para respaldar a Ochoa Reza –quien se desempeña como director del Centro de Capacitación Electoral del TEPJF– como aspirante a consejero electoral.

Junto con Ochoa Reza, quien fue uno de los asistentes a la comida con emisarios de Peña Nieto, Alanís impulsa para el Consejo General del IFE a Cecilia Tapia Mayans, coordinadora técnica administrativa de esa institución, y a Leonardo Duque Roquero, quien fue su socio en la empresa de consultoría Demos, junto con Marco Baños, el otro comensal.

En marzo de 2007 Alanís dejó de ser socia de Demos al venderle su parte accionaria a Emilio Rabasa Gamboa, su esposo y allegado a Manlio Fabio Beltrones, y al año siguiente, en abril de 2008, esta empresa de consultoría fue liquidada.

En junio de ese año también renunció a la empresa Asistencia y Capacitación Electoral, en la que era socia de Jorge Alcocer Villanueva, e hizo lo mismo en la asociación civil Sueños y Quimeras, dedicada “a todo tipo de servicios profesionales en materia de consultoría”.

Alanís impulsa también a Jacinto Silva Rodríguez, magistrado de la sala regional del TEPJF con sede en Guadalajara, Jalisco, quien goza del apoyo de Calderón, pero también de la organización ultraderechista de El Yunque. De hecho, según información de esa sala regional, Jacinto Silva, quien aspiró a ser magistrado de la Sala Superior del TEPJF, se despidió del personal la semana antepasada, dando por hecho que será uno de los tres consejeros electorales.

Como parte de sus relaciones políticas, que le han permitido mantener el control del TEPJF, Alanís también contrató al actuario Fernando Ojesto Martínez Manzur, adscrito a la Secretaría de Acuerdos del TEPJF e hijo del exmagistrado Fernando Ojesto, quien es su asesor de tesis de doctorado y allegado a Benito Neme, uno de los operadores de Peña Nieto.

Ojesto es amigo de Benito Neme Sastré, colaborador de Peña Nieto, y allegado a Frank del Río, otro de los asistentes a la reunión en casa de Alanís, hijo de Carlos del Río Rodríguez, expresidente de la SCJN.

La presidenta del TEPJF tiene como secretaria privada a Tatiana Hernández Velásquez, cuyos parientes son supuestamente propietarios de la empresa Diseño, Reconstrucción y Comunicación, S.A. de C.V., proveedora de papelería a las autoridades electorales.

Con el aval de Alanís, hay magistrados que contratan a parientes y amigos directamente o a través de sus colegas, como es el caso de los magistrados Luna Ramos y Pedro Penagos López, quienes en una primera ronda votaron en contra de Alanís para presidenta en agosto de 2007, propuesta por el magistrado Manuel González Oropeza.

Con Luna Ramos trabajan Juan Carlos López Penagos, secretario de estudio y cuenta, y Armando Penagos Robles, secretario auxiliar, ambos familiares del magistrado Penagos López.

Y con éste labora Francisco Belisario Luna Ramos, secretario de ponencia, hermano del magistrado Luna Ramos. Otro familiar del magistrado Penagos, Adriana Penagos Robles, es auxiliar de mandos medios en la coordinación de relaciones con organismos electorales.

Penagos López, quien ha dejado ver que busca disputar a Alanís la presidencia del TEPJF, contrató como secretario de ponencia a Jorge Alberto Orantes López, hermano de la senadora María Elena Orantes, quien aspiró a la secretaría general del PRI y se dice allegada a Beltrones y Peña Nieto.

Por su parte, el magistrado Constancio Carrasco Daza contrató a José Luis Ceballos Daza, secretario de estudio y cuenta, supuestamente su pariente.

Así, con esta red de relaciones, Alanís busca reelegirse como presidenta del TEPJF en una sesión que deberá llevarse a cabo el 5 de agosto, porque en esa fecha concluye el periodo del magistrado Flavio Galván, quien presentó su renuncia por motivos de salud...

EU siguió con lupa la movilización poselectoral

Pide López Obrador organizar consulta sobre reforma laboral

Tras descalificar las iniciativas de PRI y PAN para modificar la Ley Federal del Trabajo y advertir la intención de ambos partidos de aprobarla fast track en Semana Santa, Andrés Manuel López Obrador anunció que acudirá este jueves a la Cámara de Diputados para proponer una consulta pública, en la que participen amplios sectores de la sociedad para que sean escuchados sobre este asunto "que nos interesa tanto".

En su mensaje semanal, López Obrador advirtió ayer que "si vemos que hay cerrazón y no quieren abrir el debate, porque ya es consigna de la oligarquía nacional a la que sirven, se convocará a un mitin para el martes 12 abril, a las 11 de la mañana, frente al Palacio Legislativo de San Lázaro".

El ex candidato presidencial invitó a sumarse a la lucha, porque "el esfuerzo no es en vano. Con una mano tenemos que defender al pueblo y con otra organizarnos para lograr la transformación de la vida pública".

Hizo el exhorto "para evitar que nos crucifiquen en plena Semana Santa con la aprobación de esa ley".

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Abre TEPJF expediente a magistrada Alanís por reunión con priístas

La presidenta del Tribunal deberá responder lo relacionado con dicho encuentro.

México, DF. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) abrió un expediente para que la magistrada presidenta de este órgano, María del Carmen Alanís, responda lo relacionado con una reunión que sostuvo, entre otros, con personajes relacionados con Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México, cuyo caso la magistrada es ponente.

El Partido Acción Nacional presentó una queja ante el TEPJF para que la magistrada se excuse del asunto porque, tras revelarse la reunión, este partido considera que con la reunión se rompen los preceptos que garantizan una resolución imparcial.

De acuerdo con la información que trascendió hace algunos días, misma que hasta el momento no ha sido desmentida, la magistrada presidenta ofreció una cena en su casa, a la que asistieron, entre otros, el diputado con licencia Luis Videgaray, actualmente coordinador de campaña del candidato del PRI a la gubernatura del estado de México, Eruviel Ávila.

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Wikileaks en La Jornada

EU no veía mal la llegada de López Obrador a Los Pinos

• El embajador Garza consideraba que AMLO estaba en camino de "construir un gobierno fuerte"
• Washington tendrá que jugar un papel determinante en sus programas, recomendaba el diplomático

La impresión que causó el candidato de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, en su primer encuentro cara a cara con el embajador de Estados Unidos, Anthony Garza, y sus asesores, el 23 de enero de 2006 –casi al arranque de la campaña electoral–, parecía haber conjurado el temor del gobierno de George W. Bush de estar confrontando a un político que, de llegar a la presidencia, sumaría un gobierno de izquierda más en Latinoamérica. Esta percepción moderada se sintetiza en el título del despacho que los diplomáticos enviaron a Washington: AMLO, Apocalypse not.

Después de conversar extensamente con el candidato de la izquierda sobre cómo sería el papel de México en la arena internacional bajo su mando, el republicano Garza concluye que López Obrador "está trabajando y poniendo las piezas en el lugar correcto para construir un gobierno fuerte", según el cable 06MEXICO505, filtrado por Wikileaks. Sin embargo, advierte que "para que su gobierno sea efectivo va a necesitar que Estados Unidos juegue un papel determinante en sus programas".

Al día siguiente de este desayuno, los asesores políticos de la embajada invitaron al coordinador de la campaña de AMLO, Jesús Ortega, quien les dio la impresión de no estar al tanto de todos los asuntos importantes relacionados con la agenda lopezobradorista. Ni siquiera tenía idea de que su candidato se había reunido la víspera con el embajador. Después de una extensa plática, los estadunidenses dudan: "No sabemos si será un buen contacto" para mantener informada a la embajada sobre el curso de la campaña, según el cable 06MEXICO536. Piensan que a la luz de las divisiones dentro del partido, "el nombramiento de Ortega como coordinador de campaña fue para aplacar a su fracción".

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Wikileaks en La Jornada

• Hicieron de los chuchos sus informantes preferidos de las actividades en el seno del PRD

EU siguió con lupa la movilización poselectoral

Durante el segundo semestre de 2006, lapso en el que las protestas contra la presunta imposición de Felipe Calderón conformaron una amplia fuerza social en torno a la figura de Andrés López Obrador, los analistas de la embajada de Estados Unidos intensificaron su trabajo de observación y monitoreo del movimiento popular en México. Los poloffs (acrónimo de estos funcionarios) acudieron a todas y cada una de las concentraciones multitudinarias que colmaron el Zócalo cada domingo, mes tras mes. Tejieron una red de "contactos" dentro del PRD (especialmente miembros de la corriente de los chuchos) para mantenerse informados de las estrategias del proceso opositor y poder adelantarse a los acontecimientos.

Pasearon y observaron en detalle la evolución del plantón de seis semanas que se extendió desde la plaza céntrica hasta Reforma –pasando por la fachada de su sede–, al que llamaron con cierto ingenio "zona cero" (ground zero, como el gran vacío que dejaron en Manhattan las Torres Gemelas). Y recurrieron constantemente a la opinión de politólogos y analistas de instituciones privadas, siempre contrarios al lopezobradorismo, para medir los grados "de radicalización" de la resistencia.

Paso a paso predijeron que López Obrador ya había alcanzado el clímax y que de ahí en adelante se desinflaría su capacidad de convocatoria. Sólo para reconocer, en el siguiente cable, que la fuerza de sus seguidores no había mermado y que a AMLO simplemente no se le puede descontar de la escena nacional.

Gracias a las conversaciones privadas que sostuvieron constantemente con líderes del sol azteca, como Carlos Navarrete o Juan José García Ochoa, entre otros, pudieron predecir el divorcio de la jerarquía perredista, dispuesta desde el principio a concertar espacios de acción con la administración entrante. Esta fractura es más que evidente en la actualidad, a una distancia de tres años y medio de esos acontecimientos. Todos estos cables llevan la etiqueta de "confidencial" y fueron supervisados por la ministra consejera de la embajada, Leslie Basset, o por el ministro de la sección política, Charles Barclay.

Luego de afirmar en varios momentos que la fuerza del movimiento lopezobradorista empezaba a decaer, en marzo de 2007, al atestiguar el cierre de la segunda Convención Nacional Democrática (el 25 de ese mes, en el Zócalo), el cable 07MEXICO1581 admite: "La respuesta a la convocatoria fue mucho mayor de lo que incluso muchos perredistas predijeron y es un recordatorio de que AMLO sigue siendo una figura dominante en la izquierda mexicana, con un importante potencial para sembrar la discordia".

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Wikileaks en La Jornada

Fe ciega de Washington en el IFE

Blanche Petrich

La embajada de Estados Unidos se apegó acríticamente a todas las versiones y explicaciones del Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para dar por bueno el triunfo del panista Felipe Calderón. En sus análisis, los representantes del gobierno de EU parten de su premisa de que el 2 de julio de 2006 no hubo un fraude comprobable según las leyes en vigor.

El 14 de julio, después de una extensa plática con José Woldenberg, ex director del IFE, concluye un despacho supervisado por Alan Meltzer, de la sección política (06MEXICO3907) y clasificado como confidencial: "Francamente, al centrarse en el argumento del fraude, mínimo si acaso lo hubo, Andrés Manuel López Obrador no sólo está dañando a una de las pocas instituciones de México con credibilidad (el IFE), sino que posiblemente también esté debilitando el reducido margen de oportunidad que tiene para revertir los resultados. Si bien no hay evidencia de fraude, sí hay indicios de que el error humano fue mayor (en las casillas de) sus propios bastiones, quizá porque en esas regiones el nivel educativo de la población es más bajo".

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Serie de Televisa destacará el éxito de la lucha antinarco

Se recrearán casos reales donde policías buenos triunfan sobre los criminales

En uno de los momentos de mayor cuestionamiento –dentro y fuera del país– a la guerra del gobierno de Felipe Calderón en contra del crimen organizado, Televisa estrenará una serie policiaca basada en la lucha antinarcóticos, en la que se recrean casos reales de éxito, donde policías federales buenos, de carne y hueso, triunfan sobre los criminales.

La serie, descrita como la ficción que difunde una realidad, lleva por título El Grecco. Toma su nombre de las siglas de un apócrifo Grupo Especial de Combate al Crimen Organizado, supuestamente adscrito a la Policía Federal (corporación dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada por Genaro García Luna).

Producida por Mediamates SA de CV para la cadena televisiva de Emilio Azcárraga Jean, el estreno de la serie está previsto para el 2 de mayo próximo, por el Canal de las Estrellas, en horario estelar (10 de la noche). Esto ocurrirá a unas semanas de la firma del controvertido Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia (La Jornada, 25 de marzo), por el cual los medios firmantes se comprometen a no convertir en víctimas o héroes públicos a presuntos delincuentes.

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Procurador dijo que militares mataron a Juan Francisco Sicilia, asegura una fuente

Cuernavaca, Mor., 4 de abril. El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Pedro Luis Benítez Vélez, dijo –de acuerdo con una fuente no oficial– en una reunión con diputados locales y dirigentes estatales de partidos políticos que ex militares y soldados en activo son los responsables del asesinato de Juan Francisco Sicilia, hijo del poeta y periodista Javier Sicilia, y de otras seis personas.

Pedro Luis Benítez afirmó el jueves pasado que entre los responsables del multihomicidio había ex servidores públicos, sin precisar si eran policías ministeriales, militares o policías estatales, porque, dijo, revelar esos datos afectaría la investigación.

Un día después, Benítez se reunió en un hotel de esta capital con legisladores y líderes de partidos. Una fuente que asistió al encuentro dijo que el funcionario aseguró que soldados y ex militares perpetraron el asesinato múltiple, y que pertenecerían a una organización criminal que opera en Guerrero y Morelos.

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Hacienda propone destinar más dinero a cárceles y menos a rubros del sector social

Envía propuesta al Legislativo

Recortes en Procampo y atención a adicciones, parte del plan
Víctor Cardoso

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solicitó al Congreso un presupuesto "deseable" de 8 mil 966.8 millones de pesos para el programa Administración del sistema federal penitenciario en 2012, monto que, de ser aprobado, representará un incremento de 107 por ciento respecto del autorizado en 2011.

Para atender un inusitado crecimiento de 241 por ciento en la población carcelaria del país, la dependencia envió al Legislativo una propuesta de presupuesto en la que aparece la solicitud para aumentar los recursos destinados al sistema penitenciario federal.

La petición figura en el "documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 42, fracción uno, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria", concerniente a la obligación del Ejecutivo para enviar al Legislativo una propuesta de presupuesto de egresos y de ingresos antes del primero de abril de cada año.

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Desdeña el gobierno cifras de ONU y CNDH sobre desapariciones forzadas

La Secretaría de Gobernación (SG) admitió que "pudieran estarse dando casos de desapariciones forzadas", aunque no en el número que sugieren el informe preliminar de un grupo de trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la SG, Felipe Zamora Castro, y el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel Gómez Robledo, advirtieron que deben identificarse los casos que sucedieron "antes de la transición" y esperar el informe definitivo, que se presentará en el seno de la ONU en marzo de 2012.

En conferencia de prensa conjunta, Zamora Castro insistió en que "sería una irresponsabilidad dejar a los mexicanos a merced de los grupos criminales", por lo que "el Ejército y el Estado mexicano van a continuar con los esfuerzos por una seguridad auténtica", aunque la lucha debe darse en todo momento dentro del marco de la ley.

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Desafuero de AMLO, primer acuerdo de Madrazo con PAN y Fox: Muñoz Ledo

El diputado Porfirio Muñoz Ledo (PT) aseguró ayer que el primer gran acuerdo de Roberto Madrazo Pintado con el PAN y el gobierno de Vicente Fox para hacer a un lado a Andrés Manuel López Obrador fue el desafuero de 2005, y que los cables de Wikileaks publicados por La Jornada comprueban "que el arreglo siguió en 2006 y Felipe Calderón es ilegítimo. Además, que los estadunidenses lo sabían y que éste les pidió su apoyo a cambio de entregarles el país".

Muñoz Ledo, quien como integrante del movimiento en defensa de la soberanía participó en una comisión para investigar el fraude electoral de 2006, manifestó que Vicente Fox le reveló que Madrazo había sido uno de los principales actores del desafuero contra López Obrador como jefe de Gobierno del Distrito Federal, consumado el 7 de abril de 2005.

"Madrazo fue el agente del desafuero. Como tabasqueño esa era su revancha y garantizaba que Andrés no compitiera en 2006, mientras él trabajaba por su candidatura y se aseguraba de que Fox cambiara hacia él la preferencia que el ex presidente tenía por Elba Esther Gordillo", expresó.

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Exigen a la Federación indagar paradero de 4 personas detenidas en Ciudad Juárez

Human Rights Watch (HRW) exigió al gobierno federal asumir de inmediato la investigación de la desaparición forzada de cuatro personas, ocurrida en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 26 de marzo pasado, cometida presuntamente por agentes municipales, e investigar al jefe de la policía de esa localidad fronteriza, el teniente coronel retirado Julián Leyzaola, acusado de participar en actos de tortura y detenciones arbitrarias.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, manifestó que, de acuerdo con información de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Chihuahua, los desaparecidos son Juan Carlos Chavira, de 28 años; Dante Castillo, de 25; Raúl Navarro, de 29, y Félix Vizcarra, 22.

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Aplaude AMLO alianza con PT y Convergencia

Andrés Manuel López Obrador calificó de "acto muy bueno" que esté en marcha la construcción de una alianza entre PRD, PT y Convergencia en el estado de México, y con ello la inminente cancelación de la coalición PRD y PAN.

En una entrevista difundida ayer en su página de Internet, consideró que es positivo que no se concrete una coalición entre panistas y perredistas, porque blanquiazules y los del PRI son lo mismo, pues representan los intereses de la mafia en el poder.

Dijo sentirse "muy contento" porque se logró que no hubiera unión PRD-PAN.

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Electricistas mantienen plantón con venta de agua y diversos productos

Trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), en plantón en el Zócalo capitalino y frente a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, han puesto en marcha diversos mecanismos para mantener económicamente la resistencia. Éstos van de la venta de agua embotellada, mediante una pequeña empresa que crearon, a la impresión de playeras "de la resistencia" y la instalación de un comedor comunitario.

Los electricistas tienen tomada la plancha del Zócalo desde el pasado 4 de marzo, ante la incumplimiento de los acuerdos firmados con la Secretaría de Gobernación para que levantaran la huelga de hambre que realizaron el año pasado.

Los trabajadores, quienes siguen en la lucha legal y en la movilización para recuperar su fuente de empleo, combinan asesoría a los usuarios para que se amparen y no paguen la luz con tareas artísticas y culturales, boteo, venta de productos, organización de guardias y recolección de zapatos viejos para aventarlos a una manta que tiene la fotografía del secretario del Trabajo, Javier Lozano, así como pequeños negocios de los que obtienen dinero.

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Protestan adherentes de la otra campaña en el consulado mexicano en Nueva York

• En ciudades de Italia la Asociación Ya Basta! participó en marchas contra la guerra

Hermann Bellinghausen

El Movimiento por Justicia del Barrio de Nueva York, adherente de la otra campaña, ocupó pacíficamente este lunes las oficinas del consulado de México para exigir al gobierno de Chiapas la liberación de "los cinco de Bachajón". Todo, como parte de la campaña mundial que se ha venido desarrollando en diversos países desde el pasado día primero.

Se han efectuado manifestaciones ante la embajada de México en Londres (Reino Unido) y el consulado en Montreal (Canadá). Este domingo la Unión Sindical Solidaria, reunida en París, exigió la liberación de los cinco campesinos tzeltales de San Sebastián Bachajón, Chiapas, presos hace ya dos meses, acusados de delitos que no cometieron. La Asociación Ya Basta! participó el fin de semana en marchas contra la guerra, en distintas ciudades de Italia, y colocó la liberación de los indígenas entre las demandas de las movilizaciones.

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Astillero

• Panadería por aplastar
• Moreiras en pie de guerra
• Gobernadores darán parque
• Neza: Gaviotazo fallido

Julio Hernández López

Aleccionado en dos ocasiones recientes por Vicente Fox en el arte del buen hablar y del mejor gobernar, el diputado federal priísta con licencia y candidato familiar a la sucesión de Coahuila Rubén Moreira fungió ayer como fraternal vocero del presidente del comité nacional del partido tricolor para anunciar, en plena concordancia con los tiempos bélicos que corren, la disposición combatiente de la elite del PRI, fundamentalmente los gobernadores, para "aplastar" a Acción Nacional en los comicios del año próximo (respecto al aleccionamiento "académico" del citado Rubén, ha de recordarse que el pasado 18 asistió, junto con otros diputados federales y locales de Coahuila, al seminario de desarrollo y gestión de gobiernos exitosos que en su Centro impartió el docto Vicente Fox, según consta en http://bit.ly/e4TFrk. Pero antes, el 13 de agosto de 2010, el mismo Rubén Moreira, en compañía de su esposa, la diputada federal hidalguense Álma Cristina Viggiano, había hecho una visita de cortesía a ese centro, como puede verse en http://bit.ly/fKv2C6 ).

Rubén saltó a escena ayer luego que en torno a su hermano Humberto se había reunido el nuevo poder operativo del tricolor, el de 17 de los 19 gobernadores que por sí mismos tienen más capacidad de resolución que el aparato formal del Comité Ejecutivo Nacional y sus cada vez más fantasmales "sectores". Gobernadores con cartera y personal suficientes para echar a andar desde ahora las brigadas de organización electoral que en julio de 2012 pretenderán renovar los lauros de 2009 (cuando ya "aplastaron" al PAN en comicios locales y en la renovación de San Lázaro) y para soltar en sus entidades las cataratas de obras y servicios a la hora en que más impacto electoral puedan tener. Además de los mandatarios estatales (unidos mayoritariamente en torno a uno, de muy bien peinado copete) estuvieron los coordinadores de las bancadas legislativas federales y otros personajes destacados del elenco de tres colores.

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México SA

• Banca y gobiernos panistas Utilidades: 455 mil millones
• Con Calderón, $178 millones por día

Carlos Fernández-Vega

Como parte del ritual entre el gobierno y los barones del dinero, en un par de días más el inquilino de Los Pinos inaugurará, con toda la pompa gerencial que amerita la ocasión, lo que para él será su penúltima convención bancaria –edición número 74– en la que, como sucede año tras año, uno y otros presumirán las "bondades" del sistema financiero que opera en el país, bajo el control y los intereses del gran capital trasnacional, y lo "mucho que ha contribuido" al "desarrollo del país".

No es para menos la celebración, pues los actuales dueños de las instituciones otrora del Estado tienen en Felipe Calderón –como antes al de las botas y al sonriente Zedillo– un fiel servidor que les ha procurado utilidades netas, limpias de polvo y paja, por más de 260 mil millones de pesos en sus cuatro años en la residencia oficial (más de la mitad para Bancomer y Banamex), monto 230 por ciento superior al registrado en el mismo lapso, pero con Vicente Fox al frente de la tienda (en realidad Francisco Gil Díaz).

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Dinero

• Televisa engulle a Cablemás y va por más
• Wachovia, ahora una demanda civil
• Cobros locos de agua

Enrique Galván Ochoa

Tres sucesos concurrieron al comenzar el mes de abril: el anuncio de Televisa en el sentido de que asumirá el control accionario total de su socia Cablemás, la celebración del Día de la Competencia y el April Fools’ Day (el equivalente gringo a nuestro Día de los Inocentes). Televisa obtuvo la autorización de la Comisión Federal de Competencia para acabar de engullir a la cablera, y ahora tiene planes con Cablevisión y Televisión de Monterrey (TVI), de modo que al final del camino habrá constituido un poderoso monopolio de televisión de paga, si consideramos que ya controla Sky. El presidente de la comisión, Eduardo Pérez Motta, organizó ayer una serie de conferencias para celebrar el Día de la Competencia. Participaron sobresalientes personajes internacionales. Se habló de monopolios, prácticas anticompetitivas, transparencia, en fin, lo de siempre. Pero mientras eso sucedía en el mundo de los discursos en el de la práctica la empresa Televisa se hacía cargo del control de Cablemás, la segunda empresa de televisión por cable. De plano nos quisieron ver la cara de inocentes…

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PGR: el recurso de la delación

Ayer, el Diario Oficial de la Federación anunció un acuerdo de la Procuraduría General de la República (PGR) que otorga recompensas a quienes aporten información que permita "la identificación y localización de recursos, derechos o bienes relacionados o susceptibles de ser vinculados en operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como para la identificación, localización, detención o aprehensión de los probables responsables de la comisión de dicho delito".

Las gratificaciones a los denunciantes serán de "hasta el 25 por ciento" del valor de los bienes, se entregarán una vez que se resuelva el abandono de éstos en favor del Estado y "tomando en consideración las deducciones derivadas por gastos de administración, enajenación y adeudos".

La medida anunciada constituye un paso adelante en una política de procuración de justicia que resulta cuestionable por varias razones, así se trate de una práctica corriente en diversas naciones.

Por principio de cuentas, el recurso a la ambición monetaria de los ciudadanos para que éstos delaten ante las autoridades a presuntos delincuentes introduce un factor que distorsiona la aplicación de la justicia, pues ésta debe entenderse como una obligación irrenunciable y pareja del Estado, y no como consecuencia de la tentación de particulares para obtener dinero o bienes. La práctica de ofrecer recompensas representa el reconocimiento implícito de la incapacidad de las instituciones para investigar por sí mismas la comisión de infracciones a la ley y pone en cuestión su capacidad para prevenir y sancionar el delito.

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La gota de sangre que derramó el vaso

John M. Ackerman

Ahora sí erraron el blanco. No es lo mismo haber matado al hijo de Javier Sicilia que a los de Alejandro Martí, Nelson Vargas o Isabel Miranda de Wallace. Si bien ellos llegaron a ser importantes voces ciudadanas de repudio a la inefectividad gubernamental, hoy ya no insisten en la renuncia de los que "no pueden", sino se dedican a recibir premios y a respaldar la totalitaria Iniciativa México (IM) en su campaña por "mover las conciencias" de los mexicanos (mi análisis de IM: http://bit.ly/9dob1b).

Pero otra historia se contará sobre el caso de Juan Francisco Sicilia y su padre Javier. Felipe Calderón se apresuró a llamar por teléfono al poeta inmediatamente después de que el cadáver de su hijo fue encontrado porque sabe que ésta podría ser perfectamente la gota de sangre que derrame el vaso. Javier Sicilia es un hombre culto y de izquierda que difícilmente podrá ser domesticado. Podríamos estar a punto de vivir una verdadera avalancha social de repudio al sangriento fracaso en materia de seguridad pública.

Todo ciudadano mexicano verdaderamente interesado en la justicia y la paz debe responder positivamente a la convocatoria que Sicilia ha lanzado para participar en una movilización nacional mañana miércoles 6 de abril a las 17 horas. El objetivo será expresar el repudio social generalizado a la violencia y muerte generadas tanto por los delincuentes como por las autoridades gubernamentales.

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Elvia Zúñiga Lázaro

Luis Hernández Navarro

La maestra Elvia Zúñiga Lázaro fue asesinada el pasado 9 de octubre. Se encontraba en su domicilio cuando Noé Daniel Tovar Galván, de 20 años, le propinó 34 puñaladas. Drogado, el asesino fue aprehendido tras de huir por la azotea.

Nacida el 3 de abril de 1961, la profesora Zúñiga participó en la fundación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en 1979. Tenía apenas 18 años de edad.

La trayectoria de Elvia desmiente el estereotipo de que los maestros comprometidos con las causas populares y con la democratización de su sindicato son "grillos" que desprecian la formación profesional y el compromiso académico. La calumnia, ampliamente difundida por los medios de comunicación electrónicos y beligerantemente divulgada por los intelectuales mediáticos, no resiste ser confrontada con los hechos. La maestra Zúñiga es claro ejemplo de ello.

Maestra normalista por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, egresada por la Escuela Normal Superior de México en el área de pedagogía, con estudios de maestría en educación en la Universidad Pedagógica Nacional, fue, siempre, firme defensora de la educación pública y laica.

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Hasta la madre

Pedro Miguel

Juan Francisco Sicilia Ortega no es ni más ni menos importante que cualquier otro muerto de esta guerra estúpida. Puede representar a todos ellos. Dependerá de nosotros, deudos de una nación ensangrentada y desarticulada, que así sea. Dependerá de nosotros que la náusea y la ira tomen un rumbo preciso de acción para detener el baño de sangre que padecemos por obra de los intereses imperiales y de sus socios y ejecutores locales: las mafias políticas, empresariales y mediáticas que en 2006 se vieron ante la disyuntiva de perder el poder o destruir al país, y que optaron por lo segundo.

Treinta o 40 mil muertos después, el saqueo regular a la población y al erario, el terror de Estado, la entrega de regiones a grupos paramilitares, la plena disolución de la seguridad pública y los ejercicios de simulación de normalidad democrática han tenido efectos catastróficos en la sociedad: la desarticulación y el desaliento son evidentes y empieza a proliferar una suerte de resignación ciudadana ante el achicamiento, el enrarecimiento y el deterioro generalizados en todos los espacios de la vida, especialmente en el ingreso, la educación, la calle, la salud y la seguridad. Los saldos de 30 o 40 muertos diarios son un trago cotidiano amargo, pero cada vez más familiar. Si hace unos años era exasperante la proliferación de asaltos, hoy esos episodios delictivos ya ni escandalizan, porque se han instalado en nuestras posibilidades adversas el levantón, el tránsito súbito a la condición de "baja colateral", la decapitación y el desmembramiento.

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Silvia Torres y la ley sobre "esterilidad provocada" en Jalisco

Javier Flores

El pasado martes 29 de marzo ocurrió un hecho sorprendente: la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) distribuyó a los medios de comunicación un boletín de prensa en el que la doctora Silvia Torres Castilleja manifiesta su rechazo a la iniciativa de ley impulsada por el gobernador del estado de Jalisco, Emilio González Márquez, que incluye un capítulo sobre esterilidad provocada, con la cual, de acuerdo con la investigadora, se busca incluir el consentimiento del cónyuge para la esterilización. Al dictar una conferencia en el marco del foro nacional Mujeres en la ciencia, la tecnología y la innovación en México, y en presencia de Margarita Zavala, directora del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, la prestigiada astrónoma, galardonada con Premio Nacional de Ciencias en 2007, y más recientemente con el Premio L’Oreal-Unesco (sigla de Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en inglés), manifestó abiertamente su rechazo a la citada iniciativa, a la que calificó de "un retroceso para el país".

Pero lo extraño de este episodio, fue que ese mismo día la AMC envió un nuevo mensaje a los medios en el que en una de sus partes se señala: “…la Academia Mexicana de Ciencias retira, por el momento, las opiniones de la doctora Silvia Torres Castilleja. Les agradecemos tomar nota”. La organización científica además eliminó de su página de Internet lo dicho por la investigadora y su fotografía, y en su lugar colocó una reseña con las palabras –y una foto muy bonita– de la primera dama. ¿Qué fue lo que pasó?

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