Las inquisiciones judiciales de Zeta Gas

Álvaro Cepeda Neri

Hay muchas semejanzas y continuidades entre el foxismo y el calderonismo, como el comportamiento de ese presidencialismo ante los derechos humanos.

Las dos alternancias fracasadas –murieron en el intento– han practicado todo lo contrario de lo que predicaron como oposición y han utilizado, del viejo autoritarismo, la práctica de violentar esos derechos enumerados y consignados constitucionalmente (y esto no sólo con haber sacado de sus cuarteles a los militares que en los ocho años de panismo tienen en su haber casi 3 mil quejas que han merecido igual número de recomendaciones).
El gobierno y la administración federales (puesto que el presidente de la República es jefe de gobierno y jefe de Estado) son un órgano propio de un monarca antidemocrático y antirrepublicano con tendencias despóticas, autocráticas y absolutistas.
Los titulares de las dependencias de la administración pública pisotean constantemente los derechos individuales de los mexicanos como personas y ciudadanos. La Procuraduría General de la República, las secretarías de Gobernación, Reforma Agraria, Medio Ambiente, y Trabajo y Previsión Social son quienes más agreden los derechos humanos.
Y de éstos, los que ejercen los periodistas, especialmente reporteros, y algunas veces editores, sobre todo de la prensa escrita (aunque no se salvan radio y televisión) son los más violentados. Los periodistas son víctimas de inquisiciones administrativas cuando los funcionarios en su calidad de directores de la comunicación oficial, en cada secretaría y empresa pública, niegan publicidad a la prensa que informa veraz y críticamente sin concesiones de ninguna especie. Y de inquisiciones judiciales cuando, por medio de jueces y magistrados de los tribunales federales, del Distrito Federal y del fuero común de las entidades, interpretan a modo de los intereses privados (contra las libertades de prensa) los contenidos o fines de los artículos 6 y 7 de nuestra ley suprema.
Es el caso del grupo empresarial multimillonario Zeta, beneficiario de concesiones gaseras de Petróleos Mexicanos (Pemex), que representa Jesús Alonso Zaragoza López, que logró someter a jueces y magistrados para que sus demandas versus Contralínea –destinadas a perjudicarla tanto como a su director Miguel Badillo y a su reportera Ana Lilia Pérez, por la información pública de esa empresa– prosperen en todas las instancias.
Y llegar al grado de que los jueces, por faltas administrativas, les imputen, también, inquisiciones administrativas y por esto encarcelar al director de la revista y tratar de hacer lo mismo con la reportera.
El prepotente Grupo Zeta (no confundirlo con los Zetas, organización paramilitar del narcotráfico) se da el lujo de publicar desplegados donde insulta y difama (encuadrándose a sí mismo en varios delitos penales) a Contralínea, a Badillo y a quienes, como periodistas, publicamos en la revista (El Universal y otros periódicos, con la firma del representante legal de estos zetas, 20 de enero de 2009).
Los Zeta del gas han logrado, pues, que jueces y magistrados de competencia federal y del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal dicten resoluciones en calidad de inquisiciones judiciales contra las informaciones que exhiben a esos empresarios asociados con intereses de Pemex, para con favoritismos, monopolizar y comercializar ese elemento, negándose a ventilar la relación que la reportera Ana Lilia Pérez y Miguel Badillo rastrearon y publicaron a partir de los contratos obtenidos por la familia Mouriño y la protección de César Nava al amparo de vinculaciones con el señor Calderón.
Esa información ha molestado a los zeta-gaseros-zaragozas y llaman a eso “ataques” porque ignoran cuál es la tarea de la prensa como contrapoder del poder público y contrapoder de los empresarios, para mostrarle a la opinión pública lo que pasa en el escenario y tras bambalinas, en ejercicio del derecho a las libertades de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Derecho que no tiene garantía para ser ejercido porque el calderonismo así lo ha determinado.
De hecho, el calderonismo ha estado gustoso con imponerle censuras a la prensa que le disgusta por su labor crítica e implacable con la información de los abusos de poder y sus complicidades con empresarios, como los zetas-gaseros con el calderonismo.
Que empresarios de la calaña de los Zeta manipulen a jueces para dar paso a inquisiciones judiciales, con el visto bueno del calderonismo satisfecho con la violación a los derechos humanos, demuestra que tenemos un sexenio de mal gobierno y mala administración, porque a Calderón le da flojera ejercer el cargo debido a su ineptitud política y la inmadurez de su equipo de pago de “cuotas, de cuates y de copas” que han llevado a la Presidencia a la deriva, cuando el Estado desde el timón del doble poder necesita a una cabeza política dotada de anhelo por ser estadista, cualidades que el panista no tiene.
Y en sus dos años de régimen ha hecho caso omiso de los derechos humanos y permitido, desde su ámbito de competencia e influencia, que la prensa sufra en sus periodistas una constante represión que ha llegado hasta los homicidios y diversas agresiones.
La enderezada con inquisiciones judiciales y administrativas para someter a Contralínea, con amenazas cumplidas contra su director y amenazas y amedrentamientos contra Ana Lilia Pérez (la reportera que investigó los contratos de Mouriño-Nava-Calderón y puso a disposición de la opinión pública los hechos), no es un caso aislado.
El anuncio-desplegado del Grupo Zeta, que suscribió el representante legal de los Zaragoza López, es un documento para sentar a éste y sus abogados ante los tribunales como si estos fueran imparciales. Contralínea no tiene el dinero para activar a los jueces y magistrados que interpretan las leyes de prensa conforme a los intereses parciales de los empresarios.
A su vez, la reportera Gloria Leticia Díaz, de la revista hermana Proceso (26 enero de 2009), realizó una sobresaliente crónica del acoso oficial a periodistas, donde la empresa Multigas de los Zeta logró que un juez de Jalisco y otro del Distrito Federal ejecutaran con la policía bancaria, de la cual son jefes Mondragón y Ebrard, un arresto de lo más vil y canalla, que puso en evidencia la corrupción de los poderes Ejecutivo y Judicial para reprimir a los periodistas.
Y en la misma crónica la reportera Ana Lilia Pérez ratifica cómo la PGR (de Eduardo Medina-Mora, Juan de Dios Castro Lozano y Octavio Orellana Wiarco) deja de cumplir con la ley y su obligación, y presionan a los periodistas que denuncian para que retiren sus demandas, pues “nunca van a progresar por el calibre de los demandados, empezando por Calderón quien, de acuerdo con lo que nos han dicho, no nos van a perdonar lo que le hicimos a Juan Camilo: haber difundido sus contratos”. (Ver Contralínea del 16 al 31 de marzo 2008)

cepedaneri@prodigy.net.mx

AUDIOS MUY INTERESANTES DEL PROGRAMA DE ARIESTEGUI

Un “campo de concentración”

ESTA IMAGEN ES LA ENTRADA AL CAMPO CERCADO DONDE IVEN FAMILIAS QUE PELEAN TERRENO A LA FAMILIA ZARAGOZA:

Patricia Dávila

Unas 50 casas incendiadas o derribadas, dos niños incinerados, un hombre muerto a palos y decenas de familias sin hogar son algunos de los saldos, en Ciudad Juárez, del proyecto de Ciudad Binacional. Habitantes y personas desalojadas de Lomas de Poleo, así como organismos de derechos humanos denuncian que los hermanos Zaragoza Fuentes, interesados en los planes transfronterizos que incluyen 140 maquiladoras, ocuparon con "un ejército paramilitar" los asentamientos -en lo que ya se considera "un campo de concentración"- de unas 250 familias, a las que golpean, amenazan o les queman sus viviendas si salen a trabajar.

CIUDAD JUÁREZ, Chih.- Amparados en escrituras sin valor legal, pero con la anuencia de diversas autoridades, los multimillonarios hombres de empresa Pedro Zaragoza Fuentes y su hermano Jorge -a quienes se ha relacionado con el narcotráfico- conformaron un grupo paramilitar para desalojar a 250 familias de terrenos colindantes con el ambicioso proyecto de Ciudad Binacional, donde se inició la construcción de un complejo de parques industriales que albergarán a 140 maquiladoras. Organismos de derechos humanos y víctimas del desalojo denunciaron a Proceso lo anterior y precisaron que, a pesar de que muchos de los habitantes de Granjas Lomas de Poleo están asentados allí desde 1978, el 28 de mayo de 2003 llegaron 200 guardias privados contratados por los Zaragoza y comenzaron una práctica que, hasta ahora, no ha cesado: la quema de casas de los lugareños, a la que atribuyen varias muertes, y la prohibición del acceso de muchos de ellos a sus terrenos. Los miembros de ese "ejército paramilitar privado", refirieron los denunciantes, iban armados y comenzaron a hostigar a los residentes. Cercaron Lomas de Poleo con alambre de púas. Instalaron dos torres de vigilancia desde las cuales intimidaban a los habitantes. Y, a la entrada principal del área, 30 hombres impedían el paso, provistos de equipos de video y de audio.Desde entonces, 50 guardias viven en dos campamentos que fueron construidos a su llegada. A caballo, hacen rondines para evitar que entre o salga algún habitante sin registrarse, y alrededor del alambrado apostaron hombres provistos de palas, picos, garrotes y cadenas que vigilan la zona las 24 horas del día.Para Cecilia Espinoza Martínez, representante del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, e Imelda Marufo, de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, el interés de los Zaragoza es no quedar fuera del Proyecto Binacional San Jerónimo-Santa Teresa, que comprende las fronteras de Nuevo México, Texas y Chihuahua; que incluirá la infraestructura para la exportación de productos terminados y que contará con una estación intermodal de ferrocarril. Granjas Lomas de Poleo, ubicada en el barrio conocido como Anapra, colinda con 20 mil hectáreas del predio San Jerónimo, propiedad del hombre más rico de Chihuahua, Eloy Vallina Lagüera, impulsor mexicano de esta iniciativa y principal accionista del First National Bank de San Diego, California.San Jerónimo, a su vez, colinda con Sunland Park, Estados Unidos, en donde inversionistas como William Sanders, presidente de una organización empresarial denominada Grupo Verde, se asociaron a Vallina para impulsar la Ciudad Binacional, que por el lado estadunidense incluye a Santa Teresa, Nuevo México, y al Segundo Barrio de El Paso, Texas.El predio de San Jerónimo, de extensión casi similar a las 22 mil hectáreas que conforman la mancha urbana de Ciudad Juárez, fue comprado por Vallina en 1998 por 5 millones de pesos, pero ahora, gracias al proyecto de la Ciudad Binacional, alcanzaría un valor comercial superior a los 2 mil millones de dólares. Del lado de Estados Unidos, explican las activistas, Williams Sanders es propietario de 29 mil hectáreas fronterizas, 5 mil de ellas ubicadas en Sunland Park. El plan abarca unas 30 hectáreas del centro histórico del Segundo Barrio -el más antiguo de El Paso, Texas-, para construir un "big-box tienda minorista". Opositores al proyecto, como David Dorado Romo (autor de Ringside Seat to a Revolution: una historia cultural subterránea de El Paso y Ciudad Juárez), critican el proyecto, entre otras cosas porque se propone demoler edificios históricos, como el sitio donde, en 1915, se imprimió la primera novela de la Revolución Mexicana, Los de abajo, de Mariano Azuela. En el Segundo Barrio de El Paso, Texas, ninguno de los propietarios de negocios o residentes de la "zona de rehabilitación" fue consultado antes de proyectar la construcción de centros comerciales y estacionamientos. En cambio, según Cecilia Espinoza Martínez, para alcanzar sus objetivos, en ambos lados de la frontera los empresarios iniciaron una guerra contra los habitantes de Lomas de Poleo y del Segundo Barrio.En este último, explica, los habitantes son amenazados por la inmobiliaria Inversiones Trust, para forzarlos a vender, como le ocurrió a María Guadalupe Ochoa, quien era presionada para que aceptara 20 mil dólares por su casa, con frases como: "Tiene que considerar, porque sus hijos tienen necesidades". En este lugar, el desplazamiento involucrará a mil 800 residentes que desde ahora son atemorizados para que transfieran sus viviendas.

Los papeles y las leyes

Granjas de Poleo -de acuerdo con un mapa topográfico de 1884- se encuentra en lo que fue conocido como Cantón de Bravos, Área 5. Incluye 60 mil 200 hectáreas. De ellas, el 25 de abril de 1975, en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de la Reforma Agraria decretó propiedad de la nación alrededor de 25 mil. Tres años después, 250 familias se asentaron pacíficamente en 450 hectáreas de lo que se denominaría Granjas Lomas de Poleo.Luis Urbina, fundador de los asentamientos de Granjas Lomas de Poleo, repartió la tierra a razón de dos hectáreas por familia. Así, cada una levantó sus viviendas e inició la cría de animales y cultivos para autoconsumo.En 1980, se construyó en el área la escuela primaria Alfredo Nava (clave escolar 08DPR2214-D); después, el centro preescolar Santa Teresa (08DJN1198F), y la diócesis de Juárez auspició el funcionamiento de una capilla católica. Para 2002, los habitantes de Lomas de Poleo estuvieron en condiciones de contratar la red eléctrica en la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Pero repentinamente, en mayo de 2003, con la llegada de los guardias armados de los Zaragoza, el acceso libre a Lomas de Poleo se terminó. Guadalupe Pineda Cervantes, habitante del lugar, narra a Proceso que personas con credencial de Asentamientos Humanos del ayuntamiento de Ciudad Juárez les exigieron negociar los terrenos, pero "no aceptamos y empiezan a hostigarnos: tiran y queman nuestras casas; derriban los cercos; roban o matan los animales. Nos vigilan día y noche para atemorizarnos".

Agrega: "Vivo aquí desde hace 12 años, pero hay gente que tiene 30 de haber llegado. Por derecho nos corresponde la posesión".

-¿Ha sufrido agresiones más fuertes?

-Sí. El 4 de enero de este año los guardias levantaban el material de unas viviendas que derribaron. Borraban las evidencias de que allí hubo hogares. Tenían prisa, y se llevaron el cable de luz de mi casa. Fui a reclamar. Estaban a bordo de un camión que transportaba ramas y material de los terrenos. "Me paré a un lado del chofer, y me dijo: '¡Quítese, que aquí nada hay suyo!'. Le dije que sólo quería mi cable. Otro me gritó: '¡Quítese porque se la lleva la chingada!'. En eso arrancaron el camión, y con las ramas de los árboles me arrastraron. Quería poner una denuncia, pero el médico legista me advirtió que no procedía porque no tenía heridas sangrantes."Cuando quitaron el alambre, a mis hijos les dijeron que se los iba a llevar la chingada. Y sí, en 15 días le tiraron su casa a Margarito, mi hijo mayor. Llegaron ocho guardias con barras, talachos y marros. Estábamos cinco dentro de la casa."Atrancamos la puerta. Pensamos que sólo tirarían el cerco, pero no, rodearon la casa y empezaron a golpearla con los marros. Lograron entrar y uno de ellos me aventó contra la pared y me dijo: 'Quítese porque vamos a tirar esto'. Forcejeamos 20 minutos. Tiraron una recámara, la cocina, el baño, y la sala la dejaron con hoyos en las paredes. Destruyeron todo lo que mi hijo tenía: muebles, refrigerador, tanques de gas... todo.

-¿Identifican a los guardias?

-El que los manda es Catarino del Río Camacho; otro es Fernando Carrillo Flores, y uno más al que apodan El Güero Palma, igual que al narcotraficante.Entrevistada a 100 metros de la entrada, a bordo de su combi, Guadalupe teme que la vean con la reportera. Lleva el expediente del juicio mediante el cual pelea sus tierras. Con tristeza, explica que, en su afán por conservar sus propiedades, los adultos de Lomas de Poleo han perdido sus trabajos, pues se quedan en el lugar para cuidar sus casas. Si se van, las tiran o las queman. "Le apuestan a que salgamos para tirar nuestras casas. Teníamos gallinas, marranos, chivos, pero nos los comimos, los robaron o mataron. Ahora vivimos de lo que Dios nos da. Ni nuestros familiares pueden visitarnos porque no los dejan entrar. Para una persona, vivir como vivimos es estar secuestrada", señala. Más de 50 viviendas han sido destruidas por guardias de los Zaragoza: "Soy testigo de que muchos dejaban sus casas para ir a trabajar, y a su regreso estaban destruidas... ellos (los guardias) están encima de nosotros todo el tiempo", afirma Antonio Flores Córdoba, habitante de Lomas de Poleo desde 1978.Indica que esa suerte tuvieron Alfonso López Cárdenas, Leopoldo Ubanda, José Antonio González y su esposa Guadalupe Pineda Cervantes, María Isabel Robledo, Manuel Quintana, José Ponce, Julia Hernández y Esther Gómez, a quien después de destruirle su vivienda, el pasado 28 de enero, la golpearon.Pero ya el 14 de septiembre de 2004 el ejército de los Zaragoza derruyó también la capilla Jesús de Nazaret, en represalia porque el sacerdote Bill Morton's denunció las violaciones y abusos que sufrían los habitantes de Lomas de Poleo. Un año después, en septiembre de 2005, dos hijos de María del Carmen Casanga Cordero murieron calcinados cuando a su casa le prendieron fuego. Sobre el caso, Alfredo Piñón, representante ante la Delegación Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos de Norteamérica, narra:"Me tocó ver cuando murieron los dos niños. Oí los gritos. Fui el primero en llegar (...) quise aventarme, pero la lumbre estaba muy dura y no pude. Los bomberos tardaron tres horas en llegar. A estos niños hasta la fecha aún los sueño..."El 15 de agosto de 2005, Piñón también fue testigo de la muerte de Luis Guerrero, a quien, afirma, los guardias asesinaron a golpes de picos y palas, por oponerse junto con otros vecinos a la destrucción de una vivienda: "Lo más difícil es ver que matan a un amigo, oír a dos niños gritar y no poder hacer nada", dice con la voz quebrada y los ojos llorosos. Alfredo Piñón, de 72 años de edad, quien vive en Lomas de Poleo desde hace tres décadas, fue atacado el pasado 10 de octubre en su casa por un grupo de 10 a 15 soldados del Ejército Mexicano. Lo acusaron de poseer mariguana y una pistola calibre .45. Lo sacaron de su casa con los ojos vendados y lo trasladaron al cuartel militar. En el trayecto lo patearon en las costillas.De ahí, cuenta, lo trasladaron hasta instalaciones de la PGR, en las que se encontró con Martín Gabino, uno de sus vecinos en Lomas de Poleo que también se hallaba detenido bajo la acusación de poseer armas y droga.Después de tres años de denunciar los asesinatos y abusos cometidos por los "guardias blancas" de los Zaragoza Fuentes, el pasado 23 de septiembre acudió a la Subprocuraduría de Justicia a ampliar su demanda por el ataque de los soldados. Era medio día cuando, por celular, una vecina le avisó que estaban derrumbando su casa. Llegó a las 14:00 horas, pero los guardias le impidieron el paso. Ya no tenía techo...

Cruce fronterizo

Un informe sobre Lomas de Poleo, elaborado por la Delegación Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos de Norte América, en una visita realizada a Lomas de Poleo y al Segundo Barrio, del 29 de febrero al 7 de marzo pasados, demuestra las "irregularidades" cometidas, mediante grabaciones de video, audio, fotografía, documentos oficiales y entrevistas a residentes y exresidentes de la zona.Sostiene que las violaciones a los derechos humanos se realizan en contra de los residentes de Lomas de Poleo con el consentimiento tácito de los gobiernos locales (el gobernador José Reyes Baeza Terrazas y el alcalde José Reyes Ferriz). "El desplazamiento de los residentes de Lomas de Poleo se refleja en otras zonas de la región fronteriza inmediata, incluyendo el Segundo Barrio, de El Paso, Texas", dice, y plantea que "los casos descritos parecen estar relacionados entre sí".El informe se refiere al proyecto de la Ciudad Binacional y contiene una carta enviada por el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas, a la Secretaría de Relaciones Exteriores; al gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, y a la secretaria de Estado de EU, Condoleeza Rice.Fechada el 17 de abril de 2006, la misiva del gobernador asienta: "Un cruce fronterizo de Anapra-Lomas de Poleo (...) aliviaría sustancialmente el tráfico en el paso de puentes internacionales, mientras que (...) desde el punto de vista económico, beneficiará potencialmente las arcas de Sunland Park, Nuevo México".Mientras tanto, los Zaragoza Fuentes, que establecieron vínculos familiares con los hoy extintos jefes del cártel de Juárez Rafael Aguilar Guajardo y Rafael Muñoz Talavera, han sido objeto de denuncias por narcotráfico y lavado de dinero tanto en México como en Estados Unidos. Pedro Zaragoza es propietario de Hidro Gas Juárez, empresa que distribuye este producto en varios países de América; también, de una de las principales empresas lecheras en el país, con un hato de más de 30 mil cabezas de ganado. Su nombre se encuentra en la lista de empresarios que apoyaron la campaña de Vicente Fox (Proceso 1633).A Pedro Zaragoza -una cuñada suya contrajo matrimonio con Aguilar Guajardo-, el gobierno de Estados Unidos le ha abierto por lo menos cinco expedientes en los que se le involucraba en el narcotráfico: el primero fue el 3 de octubre de 1990, cuando se le aseguró una pipa que llevaba 3 mil 957 kilos de cocaína, en Mesa de Otay, California (Proceso 1332, página 19). Y José Martínez, autor de Las enseñanzas del Profesor: Indagación sobre Carlos Hank González, escribe que Pedro Zaragoza es pariente del también desaparecido Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos.

"Campo de concentración"

Juan Carlos Martínez y Cristina Coronado, de la organización civil La Otra Campaña -quienes están reactivando las denuncias de los colonos de Lomas de Poleo por medio de la abogada Bárbara Zamora López, integrante del bufete jurídico Tierra y Libertad-, afirman que los Zaragoza Fuentes convirtieron a Lomas de Poleo en un "moderno campo de concentración y de exterminio" en plena frontera.La abogada Zamora López, quien llevó el caso de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, manifiesta a Proceso que los guardias de los Zaragoza Fuentes cortaron el suministro de electricidad y el abastecimiento de agua, además de que acaban de abrir alrededor del cerco una zanja de un metro de ancho por dos de profundidad, mientras que el Instituto Federal Electoral se niega a expedir o reponer a los habitantes del área credenciales como residentes de Lomas de Poleo.Menciona el caso de Adelaida Plascencia, una de sus defendidas, a quien le derribaron parte de su casa. Interpusieron la denuncia número 24530/08 ante la agente del Ministerio Público Haidy Lorena Gladis Durán, pero ella se negó a acudir al lugar de los hechos para dar fe, argumentando que al tratarse de una propiedad privada estaba impedida para entrar.Expresa que Mario Osuna Uribe, secretario de Acuerdos que suple en ausencia al magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 5, durante cinco meses obstaculizó de manera ilegal el ingreso de la denuncia de los habitantes de Lomas de Poleo. Finalmente, el pasado 17 de octubre firmó el acuerdo para admitirla bajo el número 163/2008 y fijó una audiencia para el 8 de enero de 2009. Sin embargo, "intencionalmente" emitió un edicto que mandó publicar en el estado de Zacatecas y no en Ciudad Juárez. Aseguró que estos "errores intencionales" son parte de las maniobras para aplazar la audiencia y dar tiempo a los Zaragoza para que derriben todas las casas y limpien los terrenos, pues también se ha negado a dictar medidas cautelares para ordenar a los Zaragoza abstenerse de impedir el libre acceso y las acciones de destrucción. La defensora demanda que se anule la escritura número 5888 del 26 de agosto de 1998, por una superficie de 766 hectáreas, con la cual Pedro y Jorge Zaragoza disputan el terreno a los colonos."La escritura de los Zaragoza se ampara en otra expedida el 23 de septiembre de 1896, según la cual una persona, de nombre Lauro Carrillo, compra los terrenos, que posteriormente vende a la familia Zaragoza." Explica que el artículo 27 constitucional, desde 1917, declara nulas esas compraventas, ya que fueron realizadas por compañías deslindadoras que se apoderaron ilegalmente de grandes extensiones de tierra. Por lo tanto, afirma, la escritura de los Zaragoza también es nula.Otro punto a favor de los residentes de Lomas de Poleo es el artículo 159 de la Ley Agraria, según el cual "los terrenos baldíos y los nacionales serán inembargables e imprescriptibles", en tanto que el 162 señala que "tendrán preferencia para adquirir terrenos nacionales, a título oneroso, los poseedores que los hayan explotado en los últimos tres años".La abogada y los adherentes de La Otra Campaña están dispuestos a llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso de que en México los tribunales se empeñen en favorecer a los Zaragoza, "protegidos por el gobernador y el alcalde de Ciudad Juárez". En entrevista con Proceso, el alcalde de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz, niega que proteja a los Zaragoza y señala que está en espera de lo que dicte el tribunal para hacer que se acate su disposición... l
Proceso17/11/208

Contralínea denunció amenazas por parte de Zeta Gas y funcionarios federales

Acoso del gobierno de Calderón a raíz del escándalo de los contratos de Mouriño con Pemex
Contralínea denunció los hechos desde octubre de 2008
Calderón ayudó a Zeta Gas cuando fue secretario de energía, afirma la revista

Desde octubre pasado la revista Contralínea denunció publicamente el acoso que ha sufrido por parte de Zeta Gas y por parte de funcionarios del gobierno de Felipe Calderón. Tras el arresto del director de la revista, Miguel Badillo, Contralínea afirmó a SDP que su detención tenía que ver con el acoso de Zeta Gas, que resultó beneficiada por Calderón cuando fue secretario de energía.

Tras el arresto de Miguel Badillo, director de la revista Contralínea, y de Ana Lilia Pérez, reportera del mismo miedio, el viernes 19 de enero por la mañana, SDP contactó a Contralínea para averiguar más datos sobre el incidente. Se nos informó que el arresto tenía que ver con las amenzas que han recibido en la revista por la empresa Zeta Gas. SDP revisó en los archivos del sitio de internet de Contralínea y encontró una denuncia pública por acoso que denuncia los agravios contra la revista por parte de Zeta Gas y por funcionarios del gobierno de Felipe Calderón. Calderón, de acuerdo con Contralínea, ayudó a Zeta Gas cuando era secretario de energía en el sexenio de Fox. Esto fue revelado por el propio dueño de la empresa de acuerdo con la revista. Esto fue lo que encontramos:
Desde octubre pasado la revista Contralínea denunció publicamente el acoso que ha sufrido por parte de Zeta Gas y por parte del gobierno de Felipe Calderón luego de que Contralínea publicara reportajes sobre diversos actos de corrupción que involucran a funcionarios del gobierno federal.
La denuncia, publicada en la edición de Contralínea de la segunda quincena de Octubre de 2008, dice sobre el gobierno de Calderón:
“El domingo 24 de febrero de 2008, durante un mitin frente a la torre corporativa de Pemex, el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador acusó públicamente a Juan Camilo Mouriño de traficar influencias. Entregó los documentos publicados por Contralínea al Congreso de la Unión”, informa la queja interpuesta ante la CNDH. Este acto agudizó el acoso contra los periodistas: “‘Lo que le hicieron a Juan Camilo les va a costar muy caro’, dijo amenazante el gerente de Comunicación Social de Pemex, Carlos Ramírez, a la reportera Ana Lilia Pérez, vía telefónica el 25 de febrero, a una semana de que se publicaron los contratos y al día siguiente de que López Obrador los exhibiera frente a la torre de Pemex”.
Luego de eso la denuncia añade: "Esa misma semana, el funcionario se comunicó vía telefónica con la gerente de publicidad de las revistas Contralínea y Fortuna, Marcela Yarce Viveros, para advertirle que desde ese momento las publicaciones quedaban fuera de las pautas publicitarias, “como un castigo por su línea editorial”. Mientras, César Nava solicitaba a Miguel Badillo le revelara su fuente de información."
Luego de esto, denuncia contralínea, Carlos Ramírez sostuvo una conversación con Contralínea en la que se da el siguiente diálogo:
"—Pues ya les dije, nada de publicidad y nadie les va a dar entrevistas. ¡Van a ver cómo les va a ir!—¿Me estás amenazando, Carlos?—¡Tómalo como quieras, pero mis funcionarios no siempre se van a quedar con las manos cruzadas!"
Contralínea explica que a partir de esa conversación la reportera Ana Lilia Pérez "ha recibido una serie de llamadas anónimas. En una de ellas le advierten: “Ana Lilia, cuídate porque Amado (Yáñez) es un tiburón y los tiburones siempre buscan sangre”, susurraba una voz femenina detrás del auricular, indica la denuncia ante la CNDH."
Luego de esto, Contralínea publica los detalles del acoso que ha sufrido por parte de Zeta Gas. De acuerdo con la revista, todo inició como parte de una investigación de Contralínea en 2007 respecto una investigación de la DEA surgida por el descubrimiento de un cargamento de cocaína en un camión de la empresa Hidrogas, ya que la DEA vinculaba a algunos de los familiares de los dueños de Zeta Gas con el cártel de Juárez.
De una entrevista para esta investigación con el dueño mayoritario de Zeta Gas, Jesús Alonso Zaragoza López, aparece la siguiente información:
"El empresario también señaló a un grupo de funcionarios públicos que lo ayudaban a él y a su familia a arreglar los negocios privados. Aseguró que cuando Felipe de Jesús Calderón Hinojosa se desempeñó como secretario de Energía, junto con su coordinador de asesores, Juan Camilo Mouriño Terrazo, y su asesor jurídico, José César Nava Vázquez, fue ayudado por éstos a arreglar sus negocios de venta y distribución de gas. También le ayudaron con las denuncias que enfrentaba en la Comisión Federal de Competencia, por monopolio, y las denuncias y sanciones que sus empresas enfrentaban ante la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor por faltantes en el llenado en sus cilindros de gas, práctica conocida como ordeña”, entre otras revelaciones."
El texto continúna dando a conocer que la asesora de Zaragoza intentó sobornar a Ana Lilia Pérez luego de esta conversación, recibiendo siempre el rechazo por parte de la reportera.
De acuerdo con Contralínea el 16 de agosto de 2007, Zaragoza presentó demandas en contra de Ana Lilia Pérez Mendoza y Miguel Badillo Cruz, director de Contralínea, ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), por supuesto “daño moral” a pesar de que la fuente de la información publicada por la revista para la investigación había sido la entrevista con Zaragoza.
Contralínea, finalmente, publicó varios ejemplos de acoso en contra Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez por parte de Zaragoza. Denuncia: “Durante casi un año que lleva el juicio, los abogados de Jesús Alonso Zaragoza López nos amenazaron verbalmente cuando acudimos a las distintas diligencias. Las agresiones verbales comenzaron con frases como: ‘Tenemos instrucciones de Jesús Zaragoza de desaparecerlos’. ‘Los vamos a desaparecer’. ‘¡No se la van a acabar!’. ‘No saben ni con quién se metieron!’. ‘El señor Zaragoza tiene mucho dinero y lo vamos a utilizar para desaparecerlos’; seguidas de agresiones físicas que se registrarían en pleno juzgado y a ojos del juez encargado del caso”.
Otra empresa que Contralínea señala en su denuncia de acoso es Oceanografía, a la cual se le vincula con los hermanos Bribiesca. Sin embargo, es Zeta Gas la empresa, junto con el gobierno de Calderón, que tiene la mayor parte de los señalamientos.