viernes, julio 05, 2013
DE Edward Snowden
@EJosephSnowden: The iron fist of Barack Obama is shuttering a free press.
@EJosephSnowden: Corporatist Jackals in the United States want Public Television to Shut Up. But they won't.
miércoles, julio 03, 2013
domingo, junio 30, 2013
Documental – “Sombras de Libertad”
martes, marzo 26, 2013
Despide Radio Centro a Bernardo Barranco por ‘colaborar con Aristegui’
Dicha transmisión la conducía desde hace 17 años los martes de 21:00 a 22:00 horas en Radio RED
“O estás con ellos o estas con nosotros”, le dijo Aguirre. “Tú eres exclusivo de Radio Centro. Si vas con Carmen (Aristegui) estarás alimentando a mi competencia”, comentó Barranco que le dijo Aguirre.
“No queremos deshacernos de ti, pero tú elige”, explicó que se le dijo.
Leer mas AQUI.
domingo, abril 15, 2012
El Instituto Federal Electoral, fiscal de papel
La campaña presidencial del candidato priista Enrique Peña Nieto se ha distinguido de las demás por un mayor uso de recursos financieros.
Pero a 15 días de iniciadas las campañas –faltan 75 para que concluyan– sería difícil demostrar que el PRI hubiera rebasado los topes legales de gasto, hubiera excedido el monto fijado por el Instituto Federal Electoral (IFE) para gastos de campaña o que el financiamiento que recibe de fuentes privadas fuera mayor al permitido por la ley.
Aun si Peña Nieto o cualquiera de los otros candidatos se excediera en esos gastos, rebasara el tope máximo o infringiera la legislación electoral y recibiera aportaciones de sujetos prohibidos por la ley –empresas mexicanas de carácter mercantil, partidos políticos, personas físicas y morales extranjeras, organismos internacionales, ministros de culto e iglesias de cualquier religión, personas que vivan o trabajen fuera del país, dependencias públicas de los tres órdenes de gobierno, entre otros– resulta que eso se sabrá con exactitud… un año después de la jornada electoral del próximo 1 de julio.
Es decir, mucho después de que el candidato triunfador haya tomado posesión del cargo. Así es por ley. Y se ve en el calendario oficial del proceso de fiscalización 2012-2013 elaborado por la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos (UFRPP) del IFE.
Según éste, si bien el 15 de junio próximo los partidos políticos están obligados a entregar un informe preliminar de campaña, el 8 de octubre –tres meses después de la elección– es la fecha límite para que todos los partidos entreguen el informe final.
Luego viene todo un proceso de notificación de errores y omisiones de parte de la UFRPP y las correspondientes respuestas de los partidos, que concluye el 28 de junio de 2013 con el dictamen y resolución de parte de la Unidad de Fiscalización, mismo que finalmente se presentará ante el Consejo General del IFE el 3 de julio del próximo año.
Es decir, ya tendrá siete meses despachando en Los Pinos el nuevo inquilino, aun cuando haya llegado ahí por medio de tropelías, abusos e ilícitos en el manejo del dinero durante la campaña.
A toro pasado
Si bien la reforma electoral de 2007-2008 le dio mayores atribuciones al IFE en materia de fiscalización –como el hecho de que los secretos bancario, fiduciario y fiscal no serán obstáculo para las labores del instituto–, éste sigue con las manos atadas: la revisión de los ingresos y los gastos de los partidos y el uso que le dan a los recursos sigue analizándose a partir de lo que los propios partidos informen.
Pero por ley, los partidos informan tiempo después de que ocurrió la jornada electoral.
“Es un gran problema y un gran déficit del modelo de fiscalización en México –que no del IFE, pues así lo decidió el Legislativo–, el que la revisión de las cuentas, la investigación sobre el uso de los recursos, se haga con mucha posterioridad a la realización de los comicios”, dice a Proceso el consejero electoral Lorenzo Córdova Vianello.
Pero lo peor, afirma, es que “esa fiscalización ex post, si bien tiene consecuencias jurídicas no tiene efectos para la elección propiamente dicha.
“Tiene consecuencias que implican sanciones, desde la amonestación pública hasta la eventual pérdida del registro de un partido. También puede haber sanciones económicas para quienes hubieran podido financiar indebidamente”, explica.
De hecho, agrega, “con la reforma electoral 2007-2008 el número de sujetos sancionables aumenta. Antes sólo se podía sancionar a un partido, como pasó con los Amigos de Fox y el Pemexgate, casos en los que empresas hicieron aportaciones a un partido o a una campaña, cuando estaba prohibido.
“Ahora también una persona moral o una persona física prohibida para hacer aportaciones podría ser sancionada.”
Insiste: más allá de las sanciones, no hay efectos electorales. “Para decirlo en pocas palabras: el rebase en el tope de gastos de campaña no tiene como consecuencia la nulidad en la elección. Y eso genera un incentivo perverso: por el caso de Amigos de Fox, que es emblemático, se sancionó con casi 500 millones de pesos a los partidos que postularon a quien resultó presidente de la República.
“Pues sí, pero hasta allí. El presidente siguió y terminó su encargo.”
Lamenta Córdova Vianello que no seamos todavía “una sociedad en la que un contexto de exigencia política pueda traer la renuncia de quien llegó a la Presidencia cometiendo ilícitos, como pasó en Brasil con Fernando Collor de Melo, que debió dejar el cargo en octubre de 1992, a dos años y siete meses de haberlo asumido, acusado del delito de corrupción (…) desde su campaña presidencial.
“¿Por qué no tiene efectos una fiscalización exhaustiva como la que realiza el IFE, pero que tarda más tiempo? Pues por el principio jurídico de definitividad”, dice e ilustra con este ejemplo:
“Si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sentencia la anulación de una elección, pero lo hace al día siguiente de que tomó posesión el que fue electo, esa sentencia carece de valor jurídico porque ya se consumó el acto de toma de posesión de quien ganó la elección.”
El incentivo perverso que crea la fiscalización ex post es claro, remata el consejero, pues los candidatos presidenciales y sus partidos saben que aun incurriendo en irregularidades en el uso de sus recursos mantendrán el puesto ganado en la elección; se harán acreedores a una sanción, pero el resultado de la elección, la elección misma, nunca se anulará.
Definitivamente, dice Córdova, “hay que repensar todo esto. Si hay alguien que es electo, que toma posesión, pero se descubre que lo hizo con recursos ilícitos” debería eventualmente ser separado del cargo.
“El problema es que eso implica una modificación, constitucional inclusive, del orden jurídico electoral”, concluye.
Con las manos amarradas
Ha sido notorio el mayor uso de recursos en la campaña de Enrique Peña Nieto, el candidato priista. El PRI es el partido que más anuncios espectaculares ha instalado, más bardas ha pintado y más mantas, volantes y pancartas con la imagen de su candidato ha repartido y colocado.
También es mucho más nutrido el equipo que cotidianamente acompaña a Peña Nieto en sus actos proselitistas. Se le ha visto mayor capacidad de movilización o acarreo. Y sin duda tiene el mejor equipo técnico y de producción en la elaboración de sus mensajes para radio y televisión.
Eso, por supuesto, cuesta. Ergo, Peña y el PRI son los que más han gastado. Y todo eso entra dentro de los topes de gastos de campaña y de las aportaciones particulares.
El candidato presidencial del Movimiento Progresista (PRD-PT-Movimiento Ciudadano), Andrés Manuel López Obrador, así como su coordinador de campaña, Ricardo Monreal, han sido enfáticos y vehementes en señalar públicamente que la campaña de Peña Nieto ha rebasado con mucho el tope de campaña; que incluso le pedirán al IFE una auditoría de esos gastos.
Peña Nieto y su coordinador de campaña, Luis Videgaray, en tanto, niegan que hayan rebasado los topes. Que se lo demuestren López Obrador y Monreal, han dicho.
“Hasta donde yo sé, la autoridad electoral no ha recibido ninguna acusación de rebase de topes de gastos de campaña. Esto, de presentarse la queja ante el IFE, eventualmente podría iniciar un procedimiento especial y demás, pero por la naturaleza misma de los procedimientos legales el asunto no se resolvería en breve”, dice Córdova Vianello.
“Y por otro lado –agrega– es más probable que se declarara improcedente esa queja o denuncia, porque al final del día son los informes de gastos de campaña los que tienen la finalidad de determinar el rebase o no de topes de gastos de campaña, no estos procedimientos.”
Fuera de la duda de si el PRI ha rebasado el tope de gastos, lo que sí es un hecho es que es el que más recursos ha utilizado.
En principio porque es el que más dinero recibe y recibirá del IFE y de fuentes privadas. En el primer caso porque es el partido con mayor porcentaje de votos en la elección anterior; en el segundo, porque es el que más militantes y simpatizantes tiene y el de más posibilidades para generar recursos propios.
Para gastos de campaña –de presidente, diputados y senadores– dispone oficialmente de 537.3 millones de pesos, contra 424.8 millones que recibirá el PAN y 225.7 millones el PRD, por citar a los tres partidos más grandes.
Es decir que el PRI recibirá 112.5 millones más que el PAN y 311.6 millones más que el PRD. El presupuesto del PRI, sólo para gastos de campaña –los otros dos rubros que conforman el financiamiento son las partidas para “actividades ordinarias” y las “actividades específicas”– es de casi 1.3 veces el monto asignado al PAN y de casi 2.4 veces lo que recibirá el PRD.
Aunque de esa cantidad cada partido tiene para la campaña de su candidato presidencial un tope máximo de gastos, igual para todos, de poco más de 336.1 millones de pesos.
Pero eso es sólo la parte de financiamiento público. Los partidos además pueden allegarse recursos por otras vías: cuotas obligatorias y voluntarias de sus afiliados, dinero propio de los candidatos, aportaciones de simpatizantes, autofinanciamientos –rifas, sorteos, espectáculos, venta de libros, conferencias o colectas– y rendimientos derivados de sus inversiones financieras.
Aunque lo recaudado por esas vías no debe ser mayor de 10% del tope máximo de gastos de campaña, es decir: no más de 33 millones 611 mil 208 pesos, pues la ley obliga a que el financiamiento público debe privilegiarse sobre el privado.
Otro tope que la autoridad establece es el de las aportaciones individuales. Ninguna persona física o moral autorizada para ello podrá dar al partido o a la campaña más de 1 millón 680 mil 560 pesos en todo el año. Esa cantidad es 5% del tope máximo de las aportaciones de financiamiento por parte de los simpatizantes o 0.5% del tope de gastos total para la campaña presidencial.
Una de las restricciones que ahora impone la ley es sobre el manejo de efectivo: Ninguna cantidad que se aporte en un mes, y que supere los 200 días de salario mínimo, podrá hacerse en efectivo; tendrá que hacerse por cheque o transferencia bancaria. Y toda aportación, así sea menor a ese tope, deberá estar respaldada documentalmente. Lo único que está excluido de ese respaldo es lo que se recaba mediante colectas en la vía pública.
–¿Son suficientes todos esos topes y todas esas restricciones para impedir que entre dinero ilícito a las campañas? Al final estamos hablando de dinero que se puede rastrear, pero ¿y el que no? –se le pregunta a Córdova Vianello.
–Esas son las prohibiciones. Por supuesto que si hay una sospecha o una denuncia de que alguien recibió dinero en efectivo, rebasando los topes individuales y colectivos o que recibió dinero en efectivo sin que haya un comprobante, esa es una irregularidad.
“El caso más famoso, como decía, es el de Amigos de Fox, pues se trató también de recursos no reportados a la autoridad.
“¿Es posible que ahora, con la nueva ley, esto ocurra? Pues es posible que ocurra. ¿Es posible que los partidos se apeguen irrestrictamente a lo que dice la ley? Pues es posible que no ocurra. ¿Puede haber aportaciones en efectivo en grandes cantidades? Pues sí.”
Agrega: “El IFE tiene una herramienta importantísima después de la reforma de 2008 para poder enfrentar esos actos ilícitos y las eventuales denuncias.
“Se puede ya trascender el secreto bancario, fiduciario y fiscal, que permite a la autoridad rastrear todas las transacciones bancarias que tengan que ver con cuestiones electorales, incluido el retiro de sumas importantes en efectivo de un banco. Es decir que se puede ya contar con información que permita ir reconstruyendo las tramas de financiamiento a los partidos.”
Admite, sin embargo, que todo eso no garantiza un blindaje efectivo del proceso electoral, de las campañas específicamente. “Siempre hay un margen” para que no ocurra así.
Es, dice, “como el juego del gato y el ratón. Tú vas poniendo y poniendo límites y siempre habrá un espacio abierto. Pero al final del día creo que tenemos herramientas suficientes para evitar eso”.
Pero insiste y vuelve al principio: “La gran reforma sería si la gravedad que se detecta en la revisión de los gastos de una campaña es de tal dimensión que eventualmente pueda traducirse en la separación del cargo del funcionario público”.
Y en el principio está también que el IFE no puede resolver sobre eso. El modelo de fiscalización fue decidido por el Legislativo. El instituto simplemente quedó atado de manos.
jueves, abril 12, 2012
Niños incómodos exigen a candidatos | Compártelo
http://youtu.be/rcIDQNRBqaI
www.nuestromexicodelfuturo.com.mx
miércoles, abril 11, 2012
jueves, marzo 22, 2012
Instrucciones para escribir en "El País" sobre América Latina
http://youtu.be/ck70OxRt3lU
Basado en un texto de Daniel Plotkyn en el blog La pupila insomne / La República
http://lapupilainsomne.wordpress.com/2012/03/18/instrucciones-para-un-intelec...
#AMLO2012
¿CÓMO DEJAR DE SER VÍCTIMAS DEL DOMINIO MEDIÁTICO?
Este es un ejemplo de lo que hacen en México:
1.- Principio de simplificación y del enemigo único. Adoptar una única idea, símbolo o enemigo.
Goleman Daniel, 2008 “Inteligencia social”, Planeta.
Montoya Blanca, 2010 “El Dominio Mediático”, Fantasmas.
martes, marzo 06, 2012
Europa y el debate por un Internet sin ataduras

Europa y el debate por un Internet sin ataduras
BRUSELAS (apro).- El 22 de febrero pasado, el comisario de Comercio de la Unión Europea (UE), Karel de Gucht, anunció que la Comisión Europea consultará a la Corte Europea de Justicia (CEJ) para verificar si el Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA, …
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Acusa ONU a presidente ecuatoriano de intimidar a la prensa
GINEBRA (apro). Pese a la solicitud formulada por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, de anular la condena de tres años de cárcel y el pago de 40 millones de dólares contra tres directivos y un exeditor del diario El Universo, el mandatario cometió intimidación en perjuicio del periodismo, estimó el Relator de la ONU para la libertad de expresión, el guatemalteco Frank La
Rafael Correa "Caso Universo"
http://youtu.be/fwXka13KUvs
domingo, enero 22, 2012
Alertan por “ley Döring” sobre Internet impulsada por el PAN
MÉXICO, D.F., (apro).- La suspensión parcial de unos 10 mil sitios de internet, entre ellos Google, Wikipedia, Mozilla y Word Press, en protesta por la llamada ley SOPA (Stop Online Piracy Act) propuesta por el Congreso estadunidense, reavivó el debate en México sobre una legislación similar promovida por el senador del PAN, Federico Döring.
Usuarios de Twitter hicieron referencia a la iniciativa bautizada como “Ley Döring” que, dicen, busca reglamentar las descargas de contenido que se hagan en la red, en aras de proteger la propiedad intelectual de las obras.
Según el senador panista, con su iniciativa se busca hacer una labor de educación y disuasiva con el usuario para que sepa que no todo lo que está en la red es descargable de manera gratuita y el autor podrá decidir si quiere poner a disposición de los usuarios su contenido para descargar, o si se debe pagar por él.
De acuerdo con la iniciativa, la personas físicas que descarguen y difundan contenido registrado, se harán acreedores a una notificación precautoria en la que se les avisará que deben pagar por los derechos del contenido que quieren descargar, pero en caso de reincidir habría sanciones de tipo administrativas.
“El internet debe ser un espacio libre pero no por eso es gratis”, ha dicho el senador.
Su iniciativa fue recordada y citada por algunos tuiteros a propósito de las protestas contra la Ley SOPA. Por ejemplo, @politicosmex escribió en su cuenta: “Lo q debes saber sobre la Ley Döring, la versión mexicana de SOPA… #LeyPAN #StopSOPA…”.
En tanto, en Estados Unidos, Unos 10 mil sitios de internet, entre ellos Google, Wikipedia, Mozilla y Word Press, suspendieron hoy parcialmente sus servicios, en protesta contra la llamada ley SOPA (Stop Online Piracy Act) propuesta por el Congreso de Estados Unidos que, entre otros puntos, pretende desactivar los contenidos que tengan reservados derechos de autor.
La iniciativa es organizada por el sitio www.sopastrike.com y consiste en el cierre parcial de los sitios participantes durante 24 horas.
Sitios con fuerte presencia mundial como el buscador Google y la enciclopedia virtual Wikipedia desactivaron su servicio durante 24 horas y en su portal de inicio presentaron mensajes de protesta.
La página de inicio de Google apareció con la leyenda: “Por favor, no censuren la red”, mientras que Wikipedia puso un banner en el que señala: “Wikipedia necesita que internet sea libre. La iniciativa legislativa SOPA y la Ley de Economía Sostenible amenazan la viabilidad de proyectos como Wikipedia”.
Cuando suspendió su servicio, la página de inicio de la “enciclopedia libre”, puso el siguiente mensaje con un fondo negro: “Imagina un mundo Sin Conocimiento Libre. Durante más de una década, hemos pasado millones de horas de construcción de la enciclopedia más grande en la historia humana.
“En este momento, el Congreso de EE.UU. está considerando una legislación que podría dañar fatalmente la Internet libre y abierta. Durante 24 horas, para dar a conocer, estamos negando el acceso a Wikipedia” y pedía a los usuarios hacer oír su voz.
En las redes sociales Twitter y Facebook el tema fue de los más comentados durante este día.
Las etiquetas (hashtag) #StopSOPA, #SOPA, Sin Wikipedia y #DayWithoutWikipedia en Twitter se ubicaron entre los primeros cinco lugares de los temas más comentados (Trending Topic) de todo el país.
Esta red social declinó la posibilidad de cerrar la página durante un día por considerar que “cerrar un negocio mundial por un tema de política nacional sería tonto” y aseguró que aunque se opone a la controvertida ley, prefirió mantener su espacio abierto para que los usuarios pudieran comentar.
En Facebook se crearon las páginas “No a La Ley Sopa”, “No a la Ley SOPA (Stop Online Piracy Act) Not SOPA Act” y “NO A LA LEY S.O.P.A” que cuenta con miles de seguidores.
Por su parte, la versión en inglés de la página web de Reporteros sin Fronteras, cerró por primera vez su página web desde las 8:00 horas de este miércoles, para unirse a la protesta contra la Ley SOPA y el Protect IP Act (PIPA) propuesta del Senado estadunidense, similar a la Ley SOPA.
“Decidimos ‘apagar’ nuestro sitio en inglés durante 24 horas como símbolo de la losa de plomo que podría caer sobre la Web tal y como la conocemos si SOPA y PIPA fueran adoptadas”, señaló en un comunicado la organización internacional.
Consideró que la aprobación de las mencionadas leyes afectarían a un número incalculable de internautas que no han cometido ninguna violación de la propiedad intelectual, “obligando a un tercer sitio web a bloquear el acceso a otras páginas que se sospecha violan el derecho de autor (definición que sigue siendo vaga)”.
Además, afirmó que las medidas desacreditarían las posturas oficiales de Estados Unidos a favor de la libertad de expresión en línea en el mundo.
“Hacemos un llamado a los diputados y senadores estadounidenses para que encuentren otros medios para proteger el derecho de autor y rechacen estos textos liberticidas”, señalan en su comunicado.
Según Reporteros Sin Fronteras, con la aprobación de la Ley SOPA y el PIPA, los sitios de intercambio, como YouTube o Facebook, serían forzados a vigilar su contenido bajo pena de ser sancionados.
Los derechohabientes podrían hacer que un tribunal ordene que los sitios considerados ilegales ya no aparezcan en los motores de búsqueda. También se prohibiría a los anunciantes publicitarios y a los servicios de pago en línea colaborar con estos sitios, provocando su asfixia financiera.
La ley SOPA fue propuesta en la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 26 de octubre de 2011 por el legislador Lamar S. Smith, y plantea extender las competencias del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
También amplía las capacidades de los propietarios de derechos de intelectuales para combatir el tráfico online de contenidos y productos protegidos, ya sea por derechos de autor o de propiedad intelectual, por ejemplo, música, películas, libros, obras artísticas y productos copiados o falsificados que no pagan a los propietarios sus derechos de autoría o invención.
En mayo de 2011 el Senado estadunidense presentó un proyecto similar, que es anterior a la Ley SOPA. Se trata de el Protect IP Act (Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act), que pretende filtrar y bloquear los sitios que atentan contra la propiedad intelectual.
El proyecto de ley originalmente propuesto permite que el Departamento de Justicia estadunidense y los propietarios de derechos intelectuales, puedan obtener órdenes judiciales contra sitios de internet que permitan o faciliten la violación de los derechos de autor.
El proyecto de ley convierte en un crimen al streaming (transmisión) no autorizado de contenidos protegidos por copyright, y prevé una pena máxima de cinco años de prisión por cada diez piezas musicales o películas descargadas dentro de los seis meses desde su estreno.
Además brinda inmunidad a los proveedores de Internet que voluntariamente lleven a cabo acciones contra tales sitios haciendo responsable al sitio web infractor de cualquier daño producido al titular de los derechos, incluso sin tener que demostrarlo.
Por su parte, quienes proponen y defienden la ley afirman que protege el mercado de la propiedad intelectual y su industria, trabajos e ingresos, y que es necesaria para reforzar la aplicación de las leyes de derechos de autor, en particular contra los sitios web extranjeros.
Este miércoles debía llevarse a cabo en la Cámara de Diputados una audiencia sobre el SOPA, pero fue aplazada de forma indefinida. El PIPA debe ser votado en el Senado el próximo 24 de enero.
Aristegui - Ley SOPA (Ley Doring En Mexico)http://youtu.be/55N1MGGAhdo
http://youtu.be/AtitMQfeTBc
miércoles, enero 18, 2012
Stop SOPA and PIPA
sábado, noviembre 26, 2011
Letras ¿libres?: Krauze, la censura y el terrorismo
A Krauze no le pareció que mi artículo debiera publicarse, no hubo explicación por escrito ni aviso, simplemente el artículo no apareció publicado según lo convenido. Me enteré el 6 de agosto al comprar la revista que mi nota había sido censurada completamente. Hablé telefónicamente con Julio Trujillo ese día y le hice saber mi extrañamiento y mi molestia. Sólo atinó a decirme que el artículo no había sido aprobado aunque él lo había defendido. ¡¿Quién podía decidir sobre el jefe de redacción sino Krauze?! Colgué y llamé a la sección cultural de El Universal, donde colaboraba regularmente y ofrecí el artículo a María Elena Matadamas, quien lo publicó en forma íntegra. Me parecía deleznable el nivel de censura y lo reaccionario que se había vuelto el señor Krauze y se lo hice saber a Trujillo, con quien discutí fuertemente en varias ocasiones; yo, como él sabía, había sido formado en una familia descendiente de Francisco Zarco y no podía tolerar semejante afrenta; no volví a colaborar en la revista. Desde mi infancia, mi abuela paterna nos había hecho respetar a su bisabuelo conocido como el padre simbólico de la libertad de imprenta, cuyos textos me guiaron al formarme como escritor y periodista. Mis escritos no suelen agitar ese vínculo familiar sino en momentos cuando he sentido que la libertad de expresión y sus conceptos se ven vulnerados o deformados por el poder político o económico gravemente. Este es el segundo artículo en mi vida que así lo hago, el otro fue defendiendo al diario Noticias de los embates del tirano de Oaxaca, Ulises Ruiz. En relación a las calumnias vertidas desde Letras Libres contra La Jornada y en torno a la censura de mis propias ideas por la citada revista, sigo refrendando los conceptos de Francisco Zarco, consignados en su editorial de El Demócrata del 9 de abril de 1850, donde defiende la absoluta libertad de expresión pero dice: “Una sola excepción haremos, sin embargo, y es la difamación y la calumnia. Esos delitos deben castigarse del mismo modo, ya se cometan por la prensa o de cualquier manera. (…) En todo lo demás, creemos que debe haber la más absoluta libertad, sea cual fuere la cuestión que trate, sin exceptuar de formas de gobierno.”
Cuando me censuraron en Letras Libres no quise afectar a mi amigo Julio Trujillo con una polémica, él me invitó generosamente a colaborar en la publicación y defendió mi artículo, pero ahora estamos hablando de un problema que afecta a uno de los periódicos más importantes del mundo, puesto que La Jornada ha sido un bastión de la libre expresión en un planeta dominado por los intereses económicos más poderosos, que controlan a casi todos los gobiernos y medios de comunicación del orbe. El espacio ha publicado a importantes personalidades con las que incluso pudiera no estar de acuerdo, como cuando publicó el ominoso escrito de Octavio Paz defendiendo las elecciones de 1988, un texto con el que mi generación se decepcionó de la forma en que el poeta podía con un solo escrito acabar con sus ensayos de muchos años en favor de la democracia en México, pues su argumento de que el programa de Salinas era mejor que el de Cárdenas era una desafortunada defensa del fraude y desbarataba sus propias ideas promovidas en libros y artículos. En las mismas páginas, otros escritores refutaron aquel texto que echa por tierra la idea que Krauze quiere dejarnos de él y de Paz como adalides de la democracia. La Jornada en cambio sí ha sido plural.
Regresando a mi escrito sobre Henry Moore, cito otros párrafos cuya censura desnuda las ideas de Krauze sobre el terrorismo y la guerra: “La Figura reclinada, de Henry Moore, para la Unesco buscaba reflejar los valores que tenía como misión difundir este brazo de la ONU, es decir: [contribuir a la paz y a la seguridad estrechando, mediante la educación, la ciencia y la cultura, la colaboración entre las naciones, a fin de asegurar el respeto universal a la justicia, a la ley, a los derechos humanos y a las libertades fundamentales que, sin distinción de raza, sexo, idioma o religión, la Carta de las Naciones Unidas reconoce a los pueblos del mundo]. Para compactar y desarrollar estos conceptos, Moore regresó a su ya entonces clásica composición inspirada en el dios maya del agua Chac Mool, pero su figura se transformó en una imagen femenina, misma que quizás aludía a la madre tierra en su conjunto, y cuya composición, en que las formas subían y bajaban, entraban y salían con una fluidez impecable, recordaban su interés por identificar la anatomía humana con el paisaje (…). Este eco entre el cuerpo y la geografía, además de la estructura de la pieza como una cinta de Moebius humanizada, parece lanzar el mensaje de que el sólido dinamismo de la escultura representa al pueblo humano en su casa La Tierra y que somos un todo indisoluble y que eso debía anteponerse a cualquier diferencia ideológica, religiosa, cultural o racial. Para reforzar el carácter simbólico e internacionalista de esta escultura, Moore hizo la pieza con un inmenso bloque de mármol de Carrara de 16 pies, extraído de una cantera que durante el Renacimiento surtió de piedras a Miguel Ángel. Ahora que las bombas estallaron tan cerca de la reunión del G-8, es preciso que el mensaje de esta escultura, que es la misión de la Unesco y la ONU, sea retomado de inmediato. Cualquier violación o excepción que con respecto al derecho internacional o a los derechos humanos y la libre expresión se realice desde las grandes potencias, derivará en el incremento del terrorismo, la inestabilidad social y económica del mundo, pues si los miembros del Consejo de Seguridad violan la Carta de la ONU, hemos dado por hecho la ineficacia de los organismos internacionales para mediar en el planeta y garantizar la paz y el bienestar global. Es hora de actuar a favor de estos principios, no de fomentar el círculo vicioso de la guerra.” Estas son las ideas sobre el terrorismo y la guerra que me censuraron en Letras Libres.
lunes, octubre 17, 2011
Granados Chapa por Granados Chapa
MÉXICO, D.F., (apro).- El axioma del periodista Miguel Ángel Granados Chapa fue muy claro: “Los periodistas no pueden, ni deben, ser socios de los políticos. Por eso, a la larga, cada periodista está en el lugar que se merece. Y la gente lo sabe”.
Esta frase le dio título al libro de conversaciones e intervenciones más importantes de Miguel Ángel Granados Chapa, editado a finales de 2010 por la colección Cuadernos de El Financiero, coordinado por el periodista Víctor Roura.
Como una manera de homenaje al autor de Plaza Pública, al conductor constante del programa radiofónico del mismo nombre en Radio UNAM, al editor, reportero, cronista, subdirector de información, fundador y director-gerente de la revista Proceso, y maestro de decenas de generaciones de periodistas, ofrecemos a continuación algunas de las principales ideas que Granados Chapa expone en este libro periodístico:
La columna
“La columna no debería servir para golpear a los políticos. Para ello, en todo caso, está el mazo. Aunque algunos siguen golpeando, sí; pero en menor medida. Sobre todo porque la columna ha perdido importancia, debido al ensanchamiento de los periódicos que hoy, a diferencia de antaño (cuyos espacios eran limitados, tornándose incluso aburridos a veces, circunscritos a la información oficial, por lo tanto insustancial), son más entretenidos. En cambio, las columnas tenían un cierto grado de esparcimiento en el cual los políticos podían permitirse mandar mensajes entre sí. Y todavía ocurre, pero mucho menos. Porque ahora las columnas no son ya los espacios más leídos de un diario”.
La opinomanía
“Aunque ahora abunda la opinomanía. Y se da justamente porque el despertar de la sociedad, este largo desaletargamiento, ha producido un interés inusitado por la vida política del país haciendo arribar a personas sin preparación, sin tener ningún interés real por la política, pero sustraídos en la mercadotecnia, cuyo nicho ha creado de la opinión una sustancia banalizadora. Eso ha permitido la multiplicación de estas opiniones triviales, muy a menudo interesadas, tanto en los espacios electrónicos como en los impresos”.
“Yo no quiero ser político”
“Yo no quiero ser un político. Obviamente quien escribe de política debe asumir que posee una coloración política, pero ésta es otra cosa. Cuando fui candidato a la gubernatura de Hidalgo (1998-99) se debió a la idea de contribuir personalmente a la posibilidad de ensanchar los espacios públicos en mi estado natal, que es uno de los más atrasados de la República (Hidalgo). Yo no quería hacer carrera política. Incluso antes y después de esa experiencia me invitaron a ser candidato a diputado y a senador por la vía plurinominal, pero no acepté. De hecho, durante mi campaña no dejé de escribir nunca mi columna, pues no quería, ni quiero, apartarme del periodismo”.
Políticos y columnistas
“Los columnistas se manejan de otra manera: no pueden distanciarse de los políticos. Así es, mas pueden regular su distancia. Hay quienes se ufanan de comer con los políticos, es cierto, y exhiben su cercanía con los funcionarios porque con eso quieren advertir que ellos, los periodistas, también son importantes. Es una tontería, por supuesto. Antaño era muy frecuente que se procurara esta vinculación porque de ella podría derivar una oportunidad personal de hacer un negocio. Por eso se participaba en las comilonas y las francachelas. Pero eso ha ido disminuyendo. Sin embargo, hay que reconocer que la cercanía de los columnistas con los gobernantes ha sido, en México, históricamente venal. Porque los periodistas no pueden, ni deben, ser socios de los políticos. Por eso, a la larga, cada periodista está en el lugar que se merece. Y la gente lo sabe”…
“Escapa a mis impulsos tener dinero o una propiedad. Prefiero ir, como dijera Machado, ligero de equipaje”.
Mezquindades y vilezas
“No sólo en la política, también en el medio periodístico, hay mucha mezquindad y vileza. Es cierto. Pero como dice un refrán, al que vuelvo muy seguido: ‘El que no quiera ver fantasmas, que no salga de noche’. Si uno entró a este oficio es porque es lo que quiere hacer en la vida, como es mi caso, debe arrastrar las consecuencias como un efecto natural. Si quiero ser periodista, me atengo a los efectos positivos y negativos de este oficio”.
Periodismo y poder
“Hay un periodismo que se dirige al poder. Es un periodismo que no satisface su misión social. Porque la misión social es la comunicación con la gente, el público, los lectores. Desde luego, también es verdad que algunas cosas han cambiado para bien; por ejemplo, antes casi todo el periodismo se dirigía más al poder que a los lectores. Es reciente su dedicación a los lectores y no al poder… o no sólo al poder”.
La censura
“No se ha modificado mucho. La censura a veces empresarial, a veces gubernamental, a veces es simulada, a veces es directa, abierta; hay que enfrentarla según el modo, según quien la ejerza. No hay un solo modo de enfrentarse a ella… salvo el ejercicio mismo de la libertad de expresión”.
“La censura avanza en sus formas. Hoy, por ejemplo, el juicio por presunto daño moral se ha constituido en un método novedoso para inhibir el trabajo periodístico; ese es un riesgo nuevo y creo que debería derogarse”.
Los excesos de la prensa mexicana
“Necesitamos reflexionar sobre los excesos en la prensa mexicana. Para mí, uno de ellos es ofender al que no es poderoso. Insultar al que no puede defenderse. Acusar al que no puede decir su verdad. El exceso que se practica contra los que tienen menos poder que uno. No hay exceso cuando uno se refiere al poderoso, pero sí hay cuando uno se refiere al que no lo es. Eso no debe suceder.
“Tampoco puedo dejar de señalar que una de las cosas que detesto del periodismo de hoy es su conversión en negocio. No digo que el periodismo no deba ser negocio, desde luego; me refiero a que es lícito hacer negocio con el periodismo, pero no es lícito convertir al periodismo en negocio, simular que se hace periodismo para hacer negocio”.
Las nuevas tecnologías
“Las nuevas tecnologías abrirán un espacio al periodismo de calidad. Tan sólo el acceso a la información es ahora una gran ventaja de la sociedad. Y no hemos aprovechado todavía este acceso plenamente. Es real: la tecnología contemporánea ensancha considerablemente la búsqueda de información y la posibilidad de comunicación. Ahí hay, claro, un terreno inmenso para la comunicación profesional”.
sábado, octubre 15, 2011
Michael Moore y las "regulaciones" de la información sobre Cuba en NBC
http://youtu.be/iibsR5DT0Jc
domingo, octubre 02, 2011
Proceso: La disfrazada operación para callarnos
Incapaz de quebrar al semanario Proceso con el boicot publicitario ilegal y de desacreditarlo mediante burdas maniobras policiacas –como exhibir ejemplares entre el armamento incautado a presuntos narcos–, el actual gobierno panista parece satisfecho con una nueva forma de censura: personajes con cuantiosos recursos acaparan toda la dotación de revistas en algunas ciudades para impedir el acceso de los lectores a la información. En este caso, el gobierno intenta deslindarse legalmente, sin tener en cuenta que viola derechos por omisión, y que en última instancia está apoyando una acción que puede provenir de la delincuencia organizada.
Durante el gobierno de Felipe Calderón, entre 2007 y lo que va de 2011, unos 53 mil ejemplares del semanario Proceso han sido incautados de hecho, aunque la operación se ha encubierto como compra masiva en ciudades de Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Morelos, Hidalgo, Durango, Nuevo León, Guanajuato, Puebla y Veracruz.
La última acción concertada para impedir que la revista llegue a sus lectores se registró el domingo 25 de septiembre. Prácticamente todos los ejemplares de la edición 1821 enviados al estado de Veracruz fueron adquiridos de la misma forma, tanto en locales cerrados como en puestos de periódicos: hombres jóvenes –algunos con apariencia de burócratas, según los expendedores– llegaron a preguntar amablemente por las dotaciones de Proceso que tenía cada establecimiento. Las compraron todas, con efectivo.
La portada del número en cuestión es una fotografía de los 35 cadáveres arrojados al pie del monumento a los Voladores de Papantla en Boca del Río el 20 de septiembre. La cabeza principal: Veracruz sangriento. Reacomodo del narco, que corresponde a un reportaje firmado por Jorge Carrasco y Regina Martínez.
“A las tres de la tarde del domingo, recibimos información del distribuidor de la ciudad de Veracruz: que las revistas se habían agotado. En principio creíamos que se trataba sólo del puerto, pero el lunes nos enteramos de que personas con características distintas a los clientes habituales las habían comprado todas en todo el estado: 962 en Córdoba, 770 en Orizaba, mil 326 en Coatzacoalcos, mil 561 en Veracruz y 872 en Xalapa, es decir, 5 mil 491 ejemplares”, explica Margarita Carreón, gerente de Ventas y Mercadotecnia de este semanario.
Una experiencia similar ocurrió con la edición 1819, con una fotografía del casinero Juan José Rojas Cardona y encabezada: El zar del juego. Una historia siniestra. En Monterrey, Durango, León y Puebla, cerca de 7 mil ejemplares fueron vendidos a jóvenes con un perfil similar al de la operación más reciente. También pagaron en efectivo.
Como ejemplo, señala Carreón: “En Monterrey detectamos que en el operativo participaron mujeres que llegaban a los locales cerrados, preguntaban por la dotación de Proceso, pedían a los empleados que se las guardaran, y más tarde llegaban hombres para llevarse las revistas”.
De acuerdo con los estudios del departamento de Mercadotecnia, cada ejemplar vendido es leído en promedio por cuatro personas. En consecuencia, se estima que en septiembre 12 mil revistas no llegaron a por lo menos 48 mil lectores.
Representado jurídicamente por Artículo 19, una organización de defensa de la libertad de expresión, en diciembre de 2010 Proceso denunció ante instancias internacionales el recurrente acoso de los gobiernos panistas, que va desde la cancelación de convenios de publicidad de las dependencias federales, las demandas civiles por la publicación de información iniciadas por Marta Sahagún y su hijo Manuel Bribiesca; la exhibición de ediciones de la revista entre las armas incautadas a presuntos narcotraficantes por la Secretaría de Seguridad Pública –casos que el semanario también denunció ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos–, y ahora la falta de garantías para distribuir sus productos en distintos estados de la República ante la creciente violencia del crimen organizado.
Antes de las incautaciones disfrazadas de compras masivas de los números 1819 y 1821, Proceso registró por lo menos 10 de estas operaciones en Durango, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Morelos e Hidalgo. En todos los casos, los temas principales tienen que ver con los cárteles del narcotráfico y sus complicidades con el poder político y policiaco, así como la ineficacia de las autoridades para detener la violencia que padece el país.
En 2007 fueron así “decomisadas” en Tamaulipas las dotaciones de los números 1610, 1611 y 1612, en total 21 mil ejemplares. La primera de esas ediciones lleva como portada un escudo atribuido al cártel del Golfo, y el encabezado Los imbatibles. Tamaulipas: narco hasta en la Procuraduría.
La situación se agravó cuando salió el número 1768, con una fotografía de Eduardo Costilla Sánchez, El Coss, en la portada y la cabeza: El señor de la guerra en Tamaulipas. Esa vez, quienes adquirieron 8 mil 728 ejemplares intimidaron a los distribuidores y porteadores para que no solicitaran una reposición de ese número. Un empleado fue obligado a guiar a los compradores a los locales cerrados donde había entregado algunas revistas y uno de los puntos de distribución fue “cateado”.
A partir del número 1769, y por lo menos hasta el 1778, presuntos miembros de la delincuencia organizada “obligaron a los distribuidores a abrir los paquetes de revistas y mostrarles sus contenido”, como detalla este semanario en el informe dirigido al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Santiago Cantón.
En ese documento se le explica que la decisión de acudir a la instancia internacional se debe a la urgencia de “solicitar condiciones mínimas de trabajo, debido a que hemos sido víctimas de agresión contra la libertad de expresión”.
El caso de Proceso, se añade, “es un claro ejemplo de la vulnerabilidad, riesgo e indefensión que hoy padecen los trabajadores de los medios informativos ante el control que ejerce en algunas partes del territorio nacional el crimen organizado frente a la debilidad de las instituciones que por mandato de ley deberían proveer la seguridad ciudadana y sobre todo evitar que la libertad de expresión ponga en riesgo la vida de las personas”.
De acuerdo con los criterios de la Convención Americana de Derechos Humanos, los derechos violados serían a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la libertad de expresión y a la propiedad privada. Proceso está en espera de la resolución final de la CIDH, toda vez que el Estado mexicano no ha dado respuesta a ese órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las medidas solicitadas.
Lavamanos oficial
La acción concertada para impedir la libre distribución de los números 1819 y 1821 de Proceso indignó a representantes de las Naciones Unidas, de la OEA y de Artículo 19, que en una alerta internacional consideró la compra masiva como “una modalidad de censura previa y, en consecuencia, una violación al derecho de la sociedad de allegarse de información de interés público”. Sin embargo, para el gobierno de Felipe Calderón “la compra masiva no es un delito”.
El martes 27 de septiembre, durante la presentación del Diagnóstico sobre la situación del derecho a la libertad de expresión en la Ciudad de México, elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Javier Hernández Valencia, calificó la maniobra como “un acto deliberado que viola el derecho a la libertad de información”.
Agregó: “Cualquiera podría decir que qué pierde Proceso si de cualquier forma, empresarialmente, la revista gana. Pero el objetivo es clarísimo: que el contenido no se lea, lo que afecta a todos los posibles lectores”.
En ello coincidió el relator especial de la CIDH para México, Rodrigo Escobar Gil, tras presentar su informe preliminar sobre la situación de derechos humanos en el país el pasado 30 de septiembre, al culminar su visita oficial de tres días.
Consultado sobre los decomisos de hecho, Escobar Gil dijo: “En relación con la compra masiva de periódicos como una forma de acallar la libertad de expresión, es una práctica censurable y que también debe reprimir el Estado, porque cuando una persona o un agente compra masivamente todos los diarios o toda la circulación de un determinado periódico, lo que está haciendo es perpetrar un ataque contra la libertad de expresión. Este es un hecho que debe ser investigado, juzgado y sancionado por el Estado como una conducta violatoria a la libertad de expresión”.
En contraste con estas posturas, el gobierno calderonista sostiene que le corresponde a Proceso comprobar que se violentaron derechos fundamentales. El subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, Héctor Villarreal Ordoñez, aseguró:
“Comprar revistas no es un delito en nuestro derecho vigente. Ustedes tienen elementos (…) para presumir o suponer que alguien está violentando su debida circulación, entonces están ustedes en condición de aportar esos elementos al Ministerio Público para que pueda iniciar, en su caso, la averiguación correspondiente.”
En entrevista telefónica realizada el martes 27, Villarreal Ordóñez manifestó, a nombre del gobierno federal, el “rechazo absoluto, categórico de cualquier tipo de práctica, sea de quien sea, orientada a impedir o a irrumpir o a obstaculizar la libre circulación de una publicación en este país”.
Los abogados de Artículo 19, Cynthia Cárdenas e Iván Báez, reaccionan a esta posición oficial:
“¡Si no es delito, es una clara violación a derechos humanos!—suelta Cárdenas–. Nada más ni nada menos es una clara violación al libre ejercicio de la libertad de expresión, y como gobernantes están obligados a resguardarlos, porque México ha firmado tratados internacionales sobre derechos humanos. Están obligados, más ahora con la reforma del artículo primero constitucional, que establece el respeto y apego irrestricto a los derechos humanos considerados en tratados internacionales”.
Por su parte, Báez destaca que la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, reconocida por las Naciones Unidas y la OEA, es clara al señalar que “cualquier limitación a la distribución que llegue a usuarios de cualquier información se considera que es una violación al derecho tanto de libertad de expresión como al derecho de las personas”.
Y concluye: “Siendo que el objetivo del flujo de información es llegar al mayor número de destinatarios posible, si eso no pasa y el Estado no garantiza que ésta llegue al mayor número de personas, está incumpliendo sus obligaciones internacionales en la materia”.
martes, septiembre 20, 2011
Prisma Internacional
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