Lomas del Poleo: lucha entre pobreza y avaricia

La colonia, en las márgenes de Ciudad Juárez, fue cercada por empresarios, pese a que está en litigio.

Arturo Cano/ I

Ciudad Juárez-El Paso. Lucy Carrillo tiene una casa llena de cosas compradas en las “segundas”, objetos desechados del otro lado de la frontera. La cerca de su terreno, por ejemplo, está hecha con los esqueletos de colchones. Ahí se juntan los vecinos que quedan en Lomas del Poleo, para hacer el recuento de sus males, en un coro de voces que no cesa.
A todos los dejaron sin luz. A muchos les han robado sus pertenencias. A otros les han quemado o tumbado sus casas. A Luis Guerrero lo mataron a patadas. Todos, desde 2004, viven dentro de un cerco de alambre de púas.
Desde este último rincón de Ciudad Juárez se ven los árboles de Sunland Park, Nuevo México. Verdea del otro lado, porque acá el agua llega en pipas, cuando llega.
Esto fue tierra de pollos y polleros, de narquillos que aprovechaban algunas casas abandonadas para esconderse. “Más de una vez nos llegaron muchachas a llore y llore”, decía un vecino en octubre de 1996. Seis meses antes, los colonos habían participado en el peinado de toda la zona en busca de cadáveres de muchachas. Hallaron nueve. “El chivero que dijo dónde estaban tres” se llevó las palmas. Ahora tiran los cadáveres en cualquier parte de la ciudad.
Y Lomas del Poleo no es más la tierra olvidada, de calor que mata en el verano y menos 15 grados en invierno, de polvo seco.
Durante 30 años, 250 familias aguantaron las penurias con tal de tener un terreno de dos hectáreas, criar animales, sembrar árboles y hortalizas, a 25 minutos del centro de la ciudad. En 1996, los colonos contaban de pleitos permanentes con los malandros, que se robaban hasta las sillitas de las aulas y la tubería de los baños de la escuela.
Nadie se acordaba, sino sus habitantes de la colonia Granjas Lomas del Poleo.
Ahora, desde la casa de Lucy Carrillo se ve una carretera a medio hacer, que hoy conduce a ninguna parte, pero mañana conectará Ciudad Juárez con una nueva ciudad maquilada, San Jerónimo-Santa Teresa, el gran proyecto binacional de empresarios de ambos lados de la frontera. Ya pusieron la primera piedra de una maquila que, en su primera fase, tendrá 20 mil obreros.
La ampliación de Maquilatitlán trajo cola. La familia Zaragoza Fuentes –leche, terrenos, hoteles, desarrollos inmobiliarios– descubrió que Lomas del Poleo había sido comprada por su padre en 1963. Y también, de paso, que por ahí pasará la carretera y que esos terrenos sólo apreciados por los pobres que los habitan desde hace 30 años valdrán una millonada en pocos años. Eso dicen Pedro Zaragoza y su hermano Jorge, que han defendido su “propiedad” en desplegados públicos. Para los habitantes, las 245 hectáreas que poseían están ubicadas dentro de un polígono de 25 mil declaradas propiedad de la nación en 1975. Aunque el asunto está en litigio, los Zaragoza decidieron emular el chiquihuitazo, y se han apoderado de los terrenos con guardias armados, alambres de púas, buldózeres… y todo el apoyo de los gobiernos locales.
Todo estaría olvidado de no ser por 25 familias obstinadas, que se niegan a salir en tanto no haya una resolución legal. Veinticinco familias y el terco de don Cruz.

Las chivas de don Cruz
Cruz Reza vendió sus 30 chivas y se quedó sin nada. Cruz Reza tenía una novia que lo visitaba de cuando en cuando, pero ahora no la dejan entrar a la colonia. El comprador de las chivas sí pudo pasar porque iba a sacar animales, no a meter alimento para el ganado, cosa que también está prohibida. Los hombres que controlan la puerta desde hace cinco años, empleados de los Zaragoza Fuentes, dijeron: “Así que Cruz ya vendió sus chivas…”
Un par de días después, los celosos vigilantes que nunca dejan pasar a la novia de Cruz ni a ningún familiar o visitante de los colonos, no se percataron de la entrada de unos pandilleros. “¿Dónde está el dinero de las chivas?”, le soltaron a Cruz, entre golpe y golpe, atado él de pies y manos.
Las penas de Cruz Reza, de 72 años, vinieron de a montón. Otro día le cayeron los soldados, que a estas alturas ya han visitado más de 4 mil hogares en Ciudad Juárez. Los vigilantes de la familia Zaragoza Fuentes habían informado que don Cruz tenía un rifle. Catearon sus dos casas y hallaron un calibre 22. “¿Para qué lo quiere?”, preguntó un militar. “Pus pa’ las liebres, los coyotes… y los malandros”.
Los soldados se llevaron el arma, pero no a don Cruz.
Don Cruz tuvo alguna vez 80 chivas, 70 cerdos y 180 gallinas. “Pero ahora sólo me queda una marrana”, se lamenta.
Desde 2003 don Cruz se enteró de que el terreno donde levantó dos casas y engordó a sus animales no era suyo, sino de los Zaragoza. Lo supo de golpe, pues le quitaron la luz con todo y postes. Luego cercaron con alambre de púas toda la colonia, mataron a un hombre que vivía cerca de él y tiraron, una tras otra, las casas de más de 200 de sus vecinos. Ya perdió la cuenta de las amenazas, de las “ofertas” de 50 mil pesos por dos hectáreas y dos casas, de sus días de ermitaño.
Tan solo quedó don Cruz que los vigilantes no entienden por qué diablos sigue ahí: “Cuando vuelva a salir le tumbamos las casas”, le fueron a decir en los primeros días del año. Desde entonces, don Cruz no sale de su casa. Los vecinos le llevan comida y noticias. Su contacto con el mundo es un celular que recarga con la batería de su camioneta.
“Maten a esos pinches perros”
Carlos Morales, funcionario del ayuntamiento de Ciudad Juárez, le decía una y otra vez a William Morton: “Mire, padre, éste no es un problema legal, es un problema social, ¿por qué no me echa la mano para mover a la gente?”
Morton, misionero columbano, ha tenido más de dos años para pensar en cómo comenzó la historia del solitario don Cruz y sus vecinos de Lomas del Poleo, la suya propia, porque la defensa de los colonos le costó que, súbitamente, las autoridades migratorias se enteraran de su estancia “irregular” en México durante 11 años y lo hicieran firmar un “oficio de salida definitiva”.
El “padre Memo”, como le dicen aún los colonos, reconstruye la historia frente a un jugo de naranja, en un restaurante de El Paso, Texas. Se sabe las fechas de memoria.
Todo comenzó, dice, cuando quitaron los postes de luz, el 16 de mayo de 2003. Ya a oscuras, los colonos vieron llegar 300 cholos, encabezados por un leguleyo. Se instalaron en campers y comenzaron a visitar vecinos. “Estas tierras son de los Zaragoza”, dijeron. Fue el comienzo.
Una tarde, Morton dirigía la ampliación de la capilla cuando llegaron varios hombres a caballo. “Aquí está prohibido construir”, le soltaron.
“No tomé en serio las amenazas, porque sabía que los Zaragoza son una familia muy católica y no pensé que se molestaran porque se ampliara la capilla”, dice Morton.
La capilla fue destruida en septiembre de 2003. Los Zaragoza, donantes cinco estrellas de la diócesis local y sus obras pías, se deslindaron del hecho.
Como los colonos reconstruyeron la capilla, el 18 de marzo de 2004, los Zaragoza apretaron tuercas. Trescientos hombres cavaron zanjas y un día la colonia amaneció cercada por completo. Adentro quedaron las casas, la escuela primaria, el jardín de niños, un campo de futbol y el templo.
Los residentes se alebrestaron. Algunos comenzaron a derribar la cerca. Llegaron los guardias y se armó la trifulca. “Las señoras con bebés en brazos aventaban piedras”, recuerda Morton.
Un mes más tarde, los Zaragoza instalaron portón y dos torres de vigía. Pese a que han reconocido públicamente que los terrenos siguen en litigio, pusieron también un letrero con letras rojas: “Propiedad privada”.
Nadie pudo entrar más sin su permiso.
Al mismo tiempo, el hostigamiento arreció. Los guardias aprovechaban las ausencias de vecinos para tirar las cercas de sus casas.
En agosto de 2005, Manuel Balderas, abogado de los Zaragoza, ordenó a un grupo de golpeadores derribar la casa de “Abel, a quien apodaban El Bombero”. Cuatro vecinos se acercaron y los insultaron. Cuenta Morton que Balderas ordenó: “Maten a esos pinches perros”.
Cincuenta guardias se fueron contra ellos. A Luis Guerrero Dávila lo patearon en el suelo. Chuy, un vecino, corrió a su camioneta. “Al verlo venir, Balderas le disparó en una pierna.” Chuy le regresó un tiro en la panza.
Balderas no murió, pero no volvió a aparecerse.
Guerrero murió en el hospital un par de días después. “Yo estaba con su esposa y sus niños”, recuerda Morton, antes de hablar de su miedo de volver a México.

AUDIOS MUY INTERESANTES DEL PROGRAMA DE ARIESTEGUI

Acoso oficial a periodistas

GLORIA LETICIA DíAZ

Víctima de acciones judiciales desde que publicó declaraciones de un empresario gasero que dijo haber apoyado con dinero a Felipe Calderón durante su campaña por la Presidencia, la periodista Ana Lilia Pérez Mendoza vio agravada su situación tras acusar al presidente de la República, a César Nava y a Juan Camilo Mouriño de amenazas, acoso y persecución. El origen de estos últimos hechos, refiere a Proceso, fue la difusión en la revista Contralínea -cuyo director, Miguel Badillo, fue recientemente detenido- de los contratos que Mouriño firmó con Pemex siendo funcionario público. Gloria Leticia DíazEl 4 de noviembre de 2008 por la noche, la reportera Ana Lilia Pérez Mendoza se enteró de la muerte de Juan Camilo Mouriño justamente cuando, en las instalaciones de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra Periodistas de la PGR, era sometida a un examen psicológico en seguimiento a una queja que había presentado contra el secretario de Gobernación. En entrevista con Proceso, la periodista de la revista Contralínea recuerda que al estar siendo atendida por sus acusaciones de "acoso, amenazas, persecución y represión" en contra de Mouriño, del presidente Felipe Calderón y de César Nava, entre otros funcionarios, la psicóloga encargada de su caso entró a la oficina donde ella permanecía y le soltó: "¡Ya se acabaron sus problemas!".Ana Lilia, desconcertada, le preguntó a qué se refería, y la psicóloga le comunicó que Mouriño y José Luis Santiago Vasconcelos acababan de morir al desplomarse en la Ciudad de México el avión en que viajaban. Helada por la noticia, y mientras recordaba que la persecución de que era objeto comenzó al publicar el reportaje en el que revelaba que entre 2001 y 2004 Mouriño firmó contratos con Pemex siendo funcionario público -copia de los cuales ella misma entregó a Andrés Manuel López Obrador-, allí en la Fiscalía Especializada le preguntaron qué sentía."No sé qué esperaban que dijera, pero me insistieron tanto que entonces decidí cancelar el procedimiento. Al salir de la PGR, me dirigí a mi domicilio. Advertí mayor vigilancia sobre mi persona, un acoso que comenzó después de que, en febrero de 2008, publicamos en Contralínea información sobre los contratos de Pemex firmados por Mouriño", narra la periodista de 32 años, egresada de la ENEP Aragón, de la UNAM. Dice que, en cuanto dio a conocer los contratos rubricados por Mouriño, "empecé a recibir llamadas de amenazas de muerte y mi casa comenzó a ser permanentemente vigilada desde autos con vidrios polarizados".Y cuando López Obrador difundió también esa información, asegura, el gerente de Comunicación Social de Pemex, Carlos Ramírez Fuentes, le adelantó: "les va a costar caro lo que le hicieron a Juan Camilo".A partir de esa fecha "se agudizó aún más el acoso judicial que en mi contra había iniciado el empresario gasero Jesús Zaragoza López". Explica que Jesús Zaragoza López, socio mayoritario del consorcio gasero Grupo Zeta -que concentra 72% del mercado nacional-, emprendió una batalla legal en contra de la revista donde labora luego de que ella publicó un par de entrevistas en las que el multimillonario no sólo reconocía su relación con Felipe Calderón desde que éste era secretario de Energía, sino también haberlo apoyado económicamente durante su campaña electoral por la Presidencia de la República. El gasero Jesús Zaragoza López consideró difamatorias esas publicaciones e inició un juicio por "daño moral".
El influyente empresario ganó en todas las instancias.
Sin embargo, no conforme con este caso, el mayor accionista del Grupo Zeta abrió otras dos acciones judiciales en contra de la empresa editora de la revista Contralínea, de Miguel Badillo -director de la misma- y de Ana Lilia Pérez, a través del juez 13 de lo Civil, Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, de Guadalajara, donde "radica el padre de uno de los abogados de Zaragoza, Francisco Cuéllar Ontiveros".Afirma la periodista que "detrás de la persecución y el acoso, yo creo que está Felipe Calderón, quien tuvo como intermediarios con los gaseros a Juan Camilo Mouriño y a César Nava, pues en las investigaciones que he hecho sobre actos de corrupción en Pemex estos tres nombres siempre salen a relucir. Sospecho que después de que Jesús Zaragoza habló de su relación con Calderón, recibió tal regaño que la emprendió contra nosotros. Él está haciendo el trabajo sucio". El 12 de septiembre de 2008, Miguel Badillo, Ana Lilia Pérez y otras dos reporteras denunciaron la violación de sus garantías ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La detención de Badillo
La semana pasada, la reportera de Proceso logró entrevistar a Ana Lilia Pérez luego de que permaneció escondida, lejos de su familia e incomunicada durante tres días, hasta que su abogado, Horacio Gómez Mendieta, consiguió ampararla ante una orden de aprehensión. Los temores de Ana Lilia de ser detenida se acrecentaron el viernes 16 de enero, fecha en que el director de la revista quincenal, Miguel Badillo, fue arrestado y trasladado por personal de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la Ciudad de México, conocido como "El Torito". En ese sitio, Miguel Badillo permaneció retenido 11 horas, hasta que su abogado consiguió que el juez octavo de Distrito en Materia Civil le otorgara un amparo.Por la intervención de la PBI, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, la revista Contralínea interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). "En mis 30 años como abogado, nunca la PBI ha ejecutado un exhorto judicial. Esas acciones le corresponden a la Policía Judicial", sostiene Gómez Mendieta.En respuesta a la difusión que tuvo la detención de Badillo en diversos diarios de circulación nacional, el Grupo Zeta mandó publicar -a través de su representante legal, Manuel Fernando Berea Muñoz- un desplegado en el que se acusa a Badillo de hacer del "chantaje una forma de vida", de propalar mentiras y de "servir a intereses inconfesables".Dicho texto señala que el también director de la revista Fortuna difamó al Grupo Zeta, encabezado por Zaragoza López, y asienta: "Después de presentarle personalmente a Miguel Badillo y su equipo pruebas de las mentiras publicadas por sus revistas y solicitar aclarar la situación, recibimos a cambio nuevos ataques". A eso se debe, dice, que el consorcio decidiera recurrir a los tribunales.El caso, prosigue el Grupo Zeta, lo perdió Contralínea, pero Badillo se "niega a publicar las aclaraciones pertinentes que el juez dictaminó, contraviniendo la orden judicial" de reproducir la resolución en las páginas de la revista.Una "chicana"Esa orden de arresto fue girada por el juez 49 de lo Civil del Distrito Federal en atención a un exhorto del juez 13 de lo Civil de Jalisco, quien dio entrada a una queja de la empresa Multigas, del Grupo Zeta. Pero ni el abogado Gómez Mendieta ni los inculpados conocen su motivación. "(El pasado miércoles 21 de enero) cuando fui a revisar el expediente que dio origen a las órdenes de arresto, me enteré de que el 7 de enero el juez 49 lo regresó íntegro a Guadalajara. Así que, en este caso, no tenemos idea de por qué se demanda a mis clientes, de manera que la orden de arresto por desacato era improcedente, porque nunca fueron notificados. Además, la acción del juez es ilegal por territorialidad", aclara.La orden de arresto por desacato se giró en contra de los periodistas y de una persona de nombre Abraham Rodríguez Ortega. Según el abogado Gómez Mendieta, "no tenemos idea de quién es esta persona, pero pensamos que se trata de una chicana para que se justifique la actuación del juez de Guadalajara".Para el equipo de Contralínea y su defensa, no es esta la primera actuación "ilegal" del juez 13 de lo Civil de Jalisco, Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, en su contra, pues ya en abril de 2008 dio entrada a una promoción de la empresa Thermogas, también del Grupo Zeta, a "medios preparatorios de juicio ordinario civil en contra de Corporativo Internacional de Medios de Comunicación, S.A. de C.V.", la empresa editora de Contralínea.Por esa intervención judicial, el 5 de agosto de 2008 abogados del Grupo Zeta y personal de PBI, así como del Juzgado 30 de lo Civil que atendió el exhorto del juez Cárdenas Rodríguez, se presentaron en oficinas de la empresa periodística, ubicada en el Distrito Federal, para revisar sus libros contables. Dicha acción, según la queja que presentaron los periodistas de Contralínea ante la CNDH, se realizó con violencia y con amenazas al personal de la revista.El abogado defensor explica que el Grupo de Zaragoza López pretendía encontrar en los estados contables de la publicación "supuestos pagos de empresas competidoras del Grupo Zeta que, según ellos, estarían financiando lo que consideran una campaña de desprestigio".Pero, puntualiza, se proponían "ejecutar una pesquisa que, de acuerdo con el Código de Comercio, artículo 42, es ilegal".Contralínea buscó en esa ocasión la protección de la justicia federal ante los actos del juez 13 de lo Civil de Jalisco, del juez 30 de lo Civil del Distrito Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina. El 14 de noviembre de 2008, el juez cuarto de Distrito de lo Civil otorgó el amparo a Contralínea porque en los informes de los juzgados 13 y 30 el juzgador federal no encontró que antes de la actuación del 5 de agosto se hubiera notificado a Contralínea.Para el juez federal, los jueces civiles incurrieron en "una violación de la garantía de audiencia del peticionario de amparo (Contralínea), toda vez que nunca fue notificado de manera previa de la tramitación de los medios preparatorios a juicio, cuyo objeto era la revisión y estudio de su documentación contable, situación que incluso fue ordenada en autos y no se cumplió". En el caso de la SSP, la resolución judicial notificó que el juez 30 "giró oficio con el objeto de que interviniera" dicha secretaría en la diligencia del 5 de agosto. Frente a todo lo anterior, el abogado Horacio Gómez, quien ha defendido a varios periodistas frente a demandas relacionadas con el secreto profesional y de tipo laboral, sostiene que el caso de Contralínea es un "claro ataque a la libertad de expresión y al secreto profesional, pues los demandantes han buscado conocer las fuentes de información de los reporteros".Comenta que Ana Lilia Pérez enfrenta un juicio sólo por hacer su trabajo, en tanto que la periodista manifiesta que antes del nuevo juicio abierto contra ella, y por el cual estuvo detenido su jefe el pasado 16 de enero, ya veía venir acciones en su contra."En días previos al arresto de Miguel Badillo -relata-, advertí mayor vigilancia sobre mi persona. Vehículos con aspecto de patrullas, pintados de rojo, se mantenían en las inmediaciones de mi domicilio y también cerca de la oficina. Fue un hostigamiento muy evidente." Agrega que el día en que se detuvo a Miguel Badillo, "una persona de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra Periodistas de la PGR me insistió que acudiera a las oficinas a rendir una declaración. Eso me pareció muy sospechoso. Tuve la impresión de que querían que saliera de mi oficina para que me detuvieran, y no acudí".La desconfianza de Ana Lilia Pérez Mendoza se debe a que "nunca me llamaron de la fiscalía para dar seguimiento a mi caso y ni siquiera me han dado copia de la queja que interpuse".Además, revela, personal de la PGR les ha recomendado que "mejor retiremos la demanda; dicen que nunca va a progresar por el calibre de los demandados, empezando por Felipe Calderón, quien, de acuerdo con lo que nos han dicho, no nos va a perdonar lo que le hicimos a Juan Camilo: haber difundido sus contratos". l

Un “campo de concentración”

ESTA IMAGEN ES LA ENTRADA AL CAMPO CERCADO DONDE IVEN FAMILIAS QUE PELEAN TERRENO A LA FAMILIA ZARAGOZA:

Patricia Dávila

Unas 50 casas incendiadas o derribadas, dos niños incinerados, un hombre muerto a palos y decenas de familias sin hogar son algunos de los saldos, en Ciudad Juárez, del proyecto de Ciudad Binacional. Habitantes y personas desalojadas de Lomas de Poleo, así como organismos de derechos humanos denuncian que los hermanos Zaragoza Fuentes, interesados en los planes transfronterizos que incluyen 140 maquiladoras, ocuparon con "un ejército paramilitar" los asentamientos -en lo que ya se considera "un campo de concentración"- de unas 250 familias, a las que golpean, amenazan o les queman sus viviendas si salen a trabajar.

CIUDAD JUÁREZ, Chih.- Amparados en escrituras sin valor legal, pero con la anuencia de diversas autoridades, los multimillonarios hombres de empresa Pedro Zaragoza Fuentes y su hermano Jorge -a quienes se ha relacionado con el narcotráfico- conformaron un grupo paramilitar para desalojar a 250 familias de terrenos colindantes con el ambicioso proyecto de Ciudad Binacional, donde se inició la construcción de un complejo de parques industriales que albergarán a 140 maquiladoras. Organismos de derechos humanos y víctimas del desalojo denunciaron a Proceso lo anterior y precisaron que, a pesar de que muchos de los habitantes de Granjas Lomas de Poleo están asentados allí desde 1978, el 28 de mayo de 2003 llegaron 200 guardias privados contratados por los Zaragoza y comenzaron una práctica que, hasta ahora, no ha cesado: la quema de casas de los lugareños, a la que atribuyen varias muertes, y la prohibición del acceso de muchos de ellos a sus terrenos. Los miembros de ese "ejército paramilitar privado", refirieron los denunciantes, iban armados y comenzaron a hostigar a los residentes. Cercaron Lomas de Poleo con alambre de púas. Instalaron dos torres de vigilancia desde las cuales intimidaban a los habitantes. Y, a la entrada principal del área, 30 hombres impedían el paso, provistos de equipos de video y de audio.Desde entonces, 50 guardias viven en dos campamentos que fueron construidos a su llegada. A caballo, hacen rondines para evitar que entre o salga algún habitante sin registrarse, y alrededor del alambrado apostaron hombres provistos de palas, picos, garrotes y cadenas que vigilan la zona las 24 horas del día.Para Cecilia Espinoza Martínez, representante del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, e Imelda Marufo, de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, el interés de los Zaragoza es no quedar fuera del Proyecto Binacional San Jerónimo-Santa Teresa, que comprende las fronteras de Nuevo México, Texas y Chihuahua; que incluirá la infraestructura para la exportación de productos terminados y que contará con una estación intermodal de ferrocarril. Granjas Lomas de Poleo, ubicada en el barrio conocido como Anapra, colinda con 20 mil hectáreas del predio San Jerónimo, propiedad del hombre más rico de Chihuahua, Eloy Vallina Lagüera, impulsor mexicano de esta iniciativa y principal accionista del First National Bank de San Diego, California.San Jerónimo, a su vez, colinda con Sunland Park, Estados Unidos, en donde inversionistas como William Sanders, presidente de una organización empresarial denominada Grupo Verde, se asociaron a Vallina para impulsar la Ciudad Binacional, que por el lado estadunidense incluye a Santa Teresa, Nuevo México, y al Segundo Barrio de El Paso, Texas.El predio de San Jerónimo, de extensión casi similar a las 22 mil hectáreas que conforman la mancha urbana de Ciudad Juárez, fue comprado por Vallina en 1998 por 5 millones de pesos, pero ahora, gracias al proyecto de la Ciudad Binacional, alcanzaría un valor comercial superior a los 2 mil millones de dólares. Del lado de Estados Unidos, explican las activistas, Williams Sanders es propietario de 29 mil hectáreas fronterizas, 5 mil de ellas ubicadas en Sunland Park. El plan abarca unas 30 hectáreas del centro histórico del Segundo Barrio -el más antiguo de El Paso, Texas-, para construir un "big-box tienda minorista". Opositores al proyecto, como David Dorado Romo (autor de Ringside Seat to a Revolution: una historia cultural subterránea de El Paso y Ciudad Juárez), critican el proyecto, entre otras cosas porque se propone demoler edificios históricos, como el sitio donde, en 1915, se imprimió la primera novela de la Revolución Mexicana, Los de abajo, de Mariano Azuela. En el Segundo Barrio de El Paso, Texas, ninguno de los propietarios de negocios o residentes de la "zona de rehabilitación" fue consultado antes de proyectar la construcción de centros comerciales y estacionamientos. En cambio, según Cecilia Espinoza Martínez, para alcanzar sus objetivos, en ambos lados de la frontera los empresarios iniciaron una guerra contra los habitantes de Lomas de Poleo y del Segundo Barrio.En este último, explica, los habitantes son amenazados por la inmobiliaria Inversiones Trust, para forzarlos a vender, como le ocurrió a María Guadalupe Ochoa, quien era presionada para que aceptara 20 mil dólares por su casa, con frases como: "Tiene que considerar, porque sus hijos tienen necesidades". En este lugar, el desplazamiento involucrará a mil 800 residentes que desde ahora son atemorizados para que transfieran sus viviendas.

Los papeles y las leyes

Granjas de Poleo -de acuerdo con un mapa topográfico de 1884- se encuentra en lo que fue conocido como Cantón de Bravos, Área 5. Incluye 60 mil 200 hectáreas. De ellas, el 25 de abril de 1975, en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de la Reforma Agraria decretó propiedad de la nación alrededor de 25 mil. Tres años después, 250 familias se asentaron pacíficamente en 450 hectáreas de lo que se denominaría Granjas Lomas de Poleo.Luis Urbina, fundador de los asentamientos de Granjas Lomas de Poleo, repartió la tierra a razón de dos hectáreas por familia. Así, cada una levantó sus viviendas e inició la cría de animales y cultivos para autoconsumo.En 1980, se construyó en el área la escuela primaria Alfredo Nava (clave escolar 08DPR2214-D); después, el centro preescolar Santa Teresa (08DJN1198F), y la diócesis de Juárez auspició el funcionamiento de una capilla católica. Para 2002, los habitantes de Lomas de Poleo estuvieron en condiciones de contratar la red eléctrica en la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Pero repentinamente, en mayo de 2003, con la llegada de los guardias armados de los Zaragoza, el acceso libre a Lomas de Poleo se terminó. Guadalupe Pineda Cervantes, habitante del lugar, narra a Proceso que personas con credencial de Asentamientos Humanos del ayuntamiento de Ciudad Juárez les exigieron negociar los terrenos, pero "no aceptamos y empiezan a hostigarnos: tiran y queman nuestras casas; derriban los cercos; roban o matan los animales. Nos vigilan día y noche para atemorizarnos".

Agrega: "Vivo aquí desde hace 12 años, pero hay gente que tiene 30 de haber llegado. Por derecho nos corresponde la posesión".

-¿Ha sufrido agresiones más fuertes?

-Sí. El 4 de enero de este año los guardias levantaban el material de unas viviendas que derribaron. Borraban las evidencias de que allí hubo hogares. Tenían prisa, y se llevaron el cable de luz de mi casa. Fui a reclamar. Estaban a bordo de un camión que transportaba ramas y material de los terrenos. "Me paré a un lado del chofer, y me dijo: '¡Quítese, que aquí nada hay suyo!'. Le dije que sólo quería mi cable. Otro me gritó: '¡Quítese porque se la lleva la chingada!'. En eso arrancaron el camión, y con las ramas de los árboles me arrastraron. Quería poner una denuncia, pero el médico legista me advirtió que no procedía porque no tenía heridas sangrantes."Cuando quitaron el alambre, a mis hijos les dijeron que se los iba a llevar la chingada. Y sí, en 15 días le tiraron su casa a Margarito, mi hijo mayor. Llegaron ocho guardias con barras, talachos y marros. Estábamos cinco dentro de la casa."Atrancamos la puerta. Pensamos que sólo tirarían el cerco, pero no, rodearon la casa y empezaron a golpearla con los marros. Lograron entrar y uno de ellos me aventó contra la pared y me dijo: 'Quítese porque vamos a tirar esto'. Forcejeamos 20 minutos. Tiraron una recámara, la cocina, el baño, y la sala la dejaron con hoyos en las paredes. Destruyeron todo lo que mi hijo tenía: muebles, refrigerador, tanques de gas... todo.

-¿Identifican a los guardias?

-El que los manda es Catarino del Río Camacho; otro es Fernando Carrillo Flores, y uno más al que apodan El Güero Palma, igual que al narcotraficante.Entrevistada a 100 metros de la entrada, a bordo de su combi, Guadalupe teme que la vean con la reportera. Lleva el expediente del juicio mediante el cual pelea sus tierras. Con tristeza, explica que, en su afán por conservar sus propiedades, los adultos de Lomas de Poleo han perdido sus trabajos, pues se quedan en el lugar para cuidar sus casas. Si se van, las tiran o las queman. "Le apuestan a que salgamos para tirar nuestras casas. Teníamos gallinas, marranos, chivos, pero nos los comimos, los robaron o mataron. Ahora vivimos de lo que Dios nos da. Ni nuestros familiares pueden visitarnos porque no los dejan entrar. Para una persona, vivir como vivimos es estar secuestrada", señala. Más de 50 viviendas han sido destruidas por guardias de los Zaragoza: "Soy testigo de que muchos dejaban sus casas para ir a trabajar, y a su regreso estaban destruidas... ellos (los guardias) están encima de nosotros todo el tiempo", afirma Antonio Flores Córdoba, habitante de Lomas de Poleo desde 1978.Indica que esa suerte tuvieron Alfonso López Cárdenas, Leopoldo Ubanda, José Antonio González y su esposa Guadalupe Pineda Cervantes, María Isabel Robledo, Manuel Quintana, José Ponce, Julia Hernández y Esther Gómez, a quien después de destruirle su vivienda, el pasado 28 de enero, la golpearon.Pero ya el 14 de septiembre de 2004 el ejército de los Zaragoza derruyó también la capilla Jesús de Nazaret, en represalia porque el sacerdote Bill Morton's denunció las violaciones y abusos que sufrían los habitantes de Lomas de Poleo. Un año después, en septiembre de 2005, dos hijos de María del Carmen Casanga Cordero murieron calcinados cuando a su casa le prendieron fuego. Sobre el caso, Alfredo Piñón, representante ante la Delegación Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos de Norteamérica, narra:"Me tocó ver cuando murieron los dos niños. Oí los gritos. Fui el primero en llegar (...) quise aventarme, pero la lumbre estaba muy dura y no pude. Los bomberos tardaron tres horas en llegar. A estos niños hasta la fecha aún los sueño..."El 15 de agosto de 2005, Piñón también fue testigo de la muerte de Luis Guerrero, a quien, afirma, los guardias asesinaron a golpes de picos y palas, por oponerse junto con otros vecinos a la destrucción de una vivienda: "Lo más difícil es ver que matan a un amigo, oír a dos niños gritar y no poder hacer nada", dice con la voz quebrada y los ojos llorosos. Alfredo Piñón, de 72 años de edad, quien vive en Lomas de Poleo desde hace tres décadas, fue atacado el pasado 10 de octubre en su casa por un grupo de 10 a 15 soldados del Ejército Mexicano. Lo acusaron de poseer mariguana y una pistola calibre .45. Lo sacaron de su casa con los ojos vendados y lo trasladaron al cuartel militar. En el trayecto lo patearon en las costillas.De ahí, cuenta, lo trasladaron hasta instalaciones de la PGR, en las que se encontró con Martín Gabino, uno de sus vecinos en Lomas de Poleo que también se hallaba detenido bajo la acusación de poseer armas y droga.Después de tres años de denunciar los asesinatos y abusos cometidos por los "guardias blancas" de los Zaragoza Fuentes, el pasado 23 de septiembre acudió a la Subprocuraduría de Justicia a ampliar su demanda por el ataque de los soldados. Era medio día cuando, por celular, una vecina le avisó que estaban derrumbando su casa. Llegó a las 14:00 horas, pero los guardias le impidieron el paso. Ya no tenía techo...

Cruce fronterizo

Un informe sobre Lomas de Poleo, elaborado por la Delegación Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos de Norte América, en una visita realizada a Lomas de Poleo y al Segundo Barrio, del 29 de febrero al 7 de marzo pasados, demuestra las "irregularidades" cometidas, mediante grabaciones de video, audio, fotografía, documentos oficiales y entrevistas a residentes y exresidentes de la zona.Sostiene que las violaciones a los derechos humanos se realizan en contra de los residentes de Lomas de Poleo con el consentimiento tácito de los gobiernos locales (el gobernador José Reyes Baeza Terrazas y el alcalde José Reyes Ferriz). "El desplazamiento de los residentes de Lomas de Poleo se refleja en otras zonas de la región fronteriza inmediata, incluyendo el Segundo Barrio, de El Paso, Texas", dice, y plantea que "los casos descritos parecen estar relacionados entre sí".El informe se refiere al proyecto de la Ciudad Binacional y contiene una carta enviada por el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas, a la Secretaría de Relaciones Exteriores; al gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, y a la secretaria de Estado de EU, Condoleeza Rice.Fechada el 17 de abril de 2006, la misiva del gobernador asienta: "Un cruce fronterizo de Anapra-Lomas de Poleo (...) aliviaría sustancialmente el tráfico en el paso de puentes internacionales, mientras que (...) desde el punto de vista económico, beneficiará potencialmente las arcas de Sunland Park, Nuevo México".Mientras tanto, los Zaragoza Fuentes, que establecieron vínculos familiares con los hoy extintos jefes del cártel de Juárez Rafael Aguilar Guajardo y Rafael Muñoz Talavera, han sido objeto de denuncias por narcotráfico y lavado de dinero tanto en México como en Estados Unidos. Pedro Zaragoza es propietario de Hidro Gas Juárez, empresa que distribuye este producto en varios países de América; también, de una de las principales empresas lecheras en el país, con un hato de más de 30 mil cabezas de ganado. Su nombre se encuentra en la lista de empresarios que apoyaron la campaña de Vicente Fox (Proceso 1633).A Pedro Zaragoza -una cuñada suya contrajo matrimonio con Aguilar Guajardo-, el gobierno de Estados Unidos le ha abierto por lo menos cinco expedientes en los que se le involucraba en el narcotráfico: el primero fue el 3 de octubre de 1990, cuando se le aseguró una pipa que llevaba 3 mil 957 kilos de cocaína, en Mesa de Otay, California (Proceso 1332, página 19). Y José Martínez, autor de Las enseñanzas del Profesor: Indagación sobre Carlos Hank González, escribe que Pedro Zaragoza es pariente del también desaparecido Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos.

"Campo de concentración"

Juan Carlos Martínez y Cristina Coronado, de la organización civil La Otra Campaña -quienes están reactivando las denuncias de los colonos de Lomas de Poleo por medio de la abogada Bárbara Zamora López, integrante del bufete jurídico Tierra y Libertad-, afirman que los Zaragoza Fuentes convirtieron a Lomas de Poleo en un "moderno campo de concentración y de exterminio" en plena frontera.La abogada Zamora López, quien llevó el caso de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, manifiesta a Proceso que los guardias de los Zaragoza Fuentes cortaron el suministro de electricidad y el abastecimiento de agua, además de que acaban de abrir alrededor del cerco una zanja de un metro de ancho por dos de profundidad, mientras que el Instituto Federal Electoral se niega a expedir o reponer a los habitantes del área credenciales como residentes de Lomas de Poleo.Menciona el caso de Adelaida Plascencia, una de sus defendidas, a quien le derribaron parte de su casa. Interpusieron la denuncia número 24530/08 ante la agente del Ministerio Público Haidy Lorena Gladis Durán, pero ella se negó a acudir al lugar de los hechos para dar fe, argumentando que al tratarse de una propiedad privada estaba impedida para entrar.Expresa que Mario Osuna Uribe, secretario de Acuerdos que suple en ausencia al magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 5, durante cinco meses obstaculizó de manera ilegal el ingreso de la denuncia de los habitantes de Lomas de Poleo. Finalmente, el pasado 17 de octubre firmó el acuerdo para admitirla bajo el número 163/2008 y fijó una audiencia para el 8 de enero de 2009. Sin embargo, "intencionalmente" emitió un edicto que mandó publicar en el estado de Zacatecas y no en Ciudad Juárez. Aseguró que estos "errores intencionales" son parte de las maniobras para aplazar la audiencia y dar tiempo a los Zaragoza para que derriben todas las casas y limpien los terrenos, pues también se ha negado a dictar medidas cautelares para ordenar a los Zaragoza abstenerse de impedir el libre acceso y las acciones de destrucción. La defensora demanda que se anule la escritura número 5888 del 26 de agosto de 1998, por una superficie de 766 hectáreas, con la cual Pedro y Jorge Zaragoza disputan el terreno a los colonos."La escritura de los Zaragoza se ampara en otra expedida el 23 de septiembre de 1896, según la cual una persona, de nombre Lauro Carrillo, compra los terrenos, que posteriormente vende a la familia Zaragoza." Explica que el artículo 27 constitucional, desde 1917, declara nulas esas compraventas, ya que fueron realizadas por compañías deslindadoras que se apoderaron ilegalmente de grandes extensiones de tierra. Por lo tanto, afirma, la escritura de los Zaragoza también es nula.Otro punto a favor de los residentes de Lomas de Poleo es el artículo 159 de la Ley Agraria, según el cual "los terrenos baldíos y los nacionales serán inembargables e imprescriptibles", en tanto que el 162 señala que "tendrán preferencia para adquirir terrenos nacionales, a título oneroso, los poseedores que los hayan explotado en los últimos tres años".La abogada y los adherentes de La Otra Campaña están dispuestos a llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso de que en México los tribunales se empeñen en favorecer a los Zaragoza, "protegidos por el gobernador y el alcalde de Ciudad Juárez". En entrevista con Proceso, el alcalde de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz, niega que proteja a los Zaragoza y señala que está en espera de lo que dicte el tribunal para hacer que se acate su disposición... l
Proceso17/11/208

Con fianza liberan a Miguel Badillo

GLORIA LETICIA DíAZ

MÉXICO, D.F., 16 de enero (apro).- Elementos de la Policía Bancaria e Industrial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal detuvieron al director de las revistas Contralínea y Fortuna, Miguel Badillo, por el presunto desacato a un exhorto girado por un juez del estado de Jalisco.El periodista fue liberado alrededor de las 8 de la noche gracias a un amparo y expresó que la detención fue un ataque directo a la libertad de expresión.Badillo fue demandado junto con la reportera Ana Lilia Pérez por el empresario Jesús Alonso Zaragoza López, accionista mayoritario de Grupo Zeta Gas, luego de publicar, en diciembre pasado, una serie de reportajes relacionados con presuntos actos de corrupción con Pemex, así como difundir una entrevista sin autorización.La detención de Badillo ocurrió a las 9:50 horas de este viernes y el origen de la misma es una nueva queja promovida ante el juzgado Décimo Tercero de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Guadalajara, Jalisco, por la empresa Multigas, una de las 80 que integra el Grupo Zeta Gas, por el mismo cargo. En un comunicado difundido por la revista Contralínea, se específica que el juez de Jalisco emitió un exhorto al Juzgado 38 de lo Civil del DF para cumplimentar la orden de arresto. Sin embargo, el expediente 749 del caso no aparece consignado en dicho jugado, según declaró a la reportera el abogado de Badillo, Horacio Gómez Mendieta.En entrevista, Ana Lilia Pérez aseguró que de ese caso no recibieron ninguna notificación, "por lo que la detención por presunto desacato es ilegal".Badillo fue llevado a la cárcel de El Torito, donde deberá permanecer 36 horas por desacato a un ordenamiento judicial, a menos que consiga un amparo contra el arresto.
Ana Lilia Pérez informó que la revista Contralínea presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), contra los agentes de la PBI que intervinieron en la detención de Badillo."Hablé con el secretario (Manuel) Mondragón y él me aseguró que tienen atribuciones para hacer esas detenciones, sin embargo nuestro abogado consideró que no es así, y por eso recurrimos a la Comisión", aclaró.Pérez, quien aseguró que contra ella también hay una orden de detención por desacato, señala que el hostigamiento contra la revista y contra ellos mismos inició después de que en la entrevista que le hizo al señor Zaragoza, éste "reconoció su estrecha relación con Felipe Calderón, desde que era secretario de Energía y que desde ese cargo le favorecía en sus negocios, además que lo apoyó económicamente en su carrera por la Presidencia".La entrevista grabada por la reportera fue una de las pruebas que los demandados presentaron en su defensa, y a pesar de que el empresario admitió haberla concedido, el fallo emitido fue en su contra. Durante el proceso del primer juicio, recordó, "fuimos amenazados por los abogados de Zaragoza de que iban a presentar 80 demandas en nuestra contra, porque ese es el número de empresas que tiene; también nos advirtieron que no sabíamos con quién no habíamos metido y nos amenazaron con desaparecerme a mí, a Miguel y a la revista".El 12 de diciembre del año pasado, los periodistas interpusieron una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el acoso judicial, así como por haber recibido amenazas de muerte.Antes, en noviembre, el periodista alemán Günter Wallraff, exponente del "periodismo encubierto" y autor de libros como Cabeza de turco y El periodista indeseable, firmó junto con comunicadores mexicanos que asistieron a un taller que impartió en la capital, un manifiesto en el que condenaba la situación generada en contra de Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez, así como contra la violencia hacia quienes ejercen el oficio.Badillo y el empresario gasero ya habían tenido problemas legales antes. El 16 de agosto de 2007, Zaragoza López interpuso la primera demanda contra los periodistas de Contralínea por presunto "daño moral". En ese entonces, el Tribunal Superior de Justicia del D.F. falló a favor del empresario.Por la noche, el Club de Periodistas difundió un comunicado, en el que manifestó su repudio por la "arbitraria" detención del periodista.

HE AQUI UNA RESEñA DEL "Grupo Zaragoza"
El Grupo Zaragoza o Grupo Zeta, dirigido por la familia Zaragoza Fuentes y sus descendientes Zaragoza López en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Está constituido por cerca de 80 empresas agroindustriales, energéticas, tiendas de auto servicio y concesiones cerveceras. Involucrados en casos de corrupción, narcotráfico y tráfico de influencias son una de la familias con mayor poder político y económico en México.
Durante la campaña presidencial de 2000, fueron quienes hicieron las mayores aportaciones a los Amigos de Fox en Chihuahua. También apoyaron la candidatura de Felipe Calderón a la presidencia del país en 2006 a cambio de prebendas en PEMEX.1

Tabla de contenidos[esconder]
1 Narcotráfico
2 El cártel del gas
3 Despojo en Lomas del Poleo
4 Empresas del Grupo Zaragoza

Narcotráfico
A Miguel Zaragoza Fuentes y a su hijo Jesús Zaragoza López se les relacionó con el cártel de Juárez de Amado Carrillo Fuentes y Rafael Aguilar Guajardo, cuya esposa es hermana de la esposa Pedro Zaragoza López. Según la DEA, la cocaína procedente de Colombia era conducida de pistas clandestinas de Chihuahua a bodegas de Ciudad Juárez y de ahí era transportada en pipas de gas a El Paso, Nuevo México y California; tal fue el caso de una pipa de Hidro Gas —propiedad de los Zaragoza— que fue detenida en 1990 en la aduana Mesa de Otay, California con 3957 kilos de cocaína.2 Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, esta investigación extrañamente fue detenida.

El cártel del gas
La industria gasera del Grupo Zaragoza ha sido denunciada por corrupción y monopolio en Perú, país donde comenzó sus inversiones durante los gobiernos de Alberto Fijumori y Roberto Montesinos.3
En 2001, según datos del Congreso de la Unión, la familia Zaragoza controlaba el 38% del mercado de distribución del gas licuado de petróleo (gas lp), y aparecía en la lista de deudores cuyos créditos fueron absorbidos por el entonces llamado Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).
En las listas del Fobaproa, Eduardo Zaragoza Fuentes había contribuido con una deuda de 111 millones de pesos, Miguel Zaragoza Fuentes adeudaba 239 millones de pesos, e Hidro Gas Juárez debía otros 260 millones de pesos.
En contubernio con autoridades de PEMEX los Zaragoza han hecho gestiones mediante sobornos y tráfico de influencias para controlar más del 70% de la distribución de gas lp en la zona norte y occidente de México.4 El control del grupo gasero se ha extendido a centro y sudamérica al grado que se le llama el "cártel del gas"5 y que de concretarse la apertura de PEMEX a capital privado durante el gobierno de Felipe Calderón, se convertirían en unos de los principales beneficiados, ya que los Zaragoza pretenden invertir en la administración de los ductos de la paraestatal.6

Despojo en Lomas del Poleo
Pedro y Jorge Zaragoza López están involucrados en el despojo de terrenos a los colonos de Lomas del Poleo, desde 2004 mediante el uso de guardias blancas y tráfico de influencias, los terrenos que pertenecían a la nación fueron convertidos en propiedad privada pese a que existe un proceso jurídico en el que los Zaragoza no han podido acreditar la propiedad de los predios. Los casos de femicidio en Ciudad Juárez, en tanto que se deben al crimen organizado, se ligan a los grupos de poder de las familias Fuentes y Zaragoza.7

Empresas del Grupo Zaragoza
Grupo Agroindustrial Zaragoza
Zeta Gas
Concesión de la Cerveza Corona

Referencias

Pérez, Ana Lilia "Acecha Grupo Zeta ductos de Pemex". Red Voltaire, 4 de diciembre de 2006
↑ Martínez M., José "Carlos Hank González, El Fin de Una Era". Narco News, 15 de agosto de 2001
↑ Pérez, Ana Lilia "Zeta Gas exporta corrupción a Perú". Revista Fortuna, marzo de 2007
↑ Pérez, Ana Lilia "Pemex protege al Grupo Zeta". Contralínea, marzo de 2007
↑ Pérez, Ana Lilia "Grupo Zeta el cartel del gas LP". Revista Fortuna, enero de 2007
↑ Pérez, Ana Lilia "Empresarios buscan invertir en PEMEX". Revista Fortuna, diciembre de 2006
↑ "Genocidio contra la mujer trabajadora Ciudad Juárez: Ricos, corruptos y asesinos". Por Nuestras Hijas,

ASI, O MAS CLARO EL PORQUE DE LA DETENCION........

Contralínea denunció amenazas por parte de Zeta Gas y funcionarios federales

Acoso del gobierno de Calderón a raíz del escándalo de los contratos de Mouriño con Pemex
Contralínea denunció los hechos desde octubre de 2008
Calderón ayudó a Zeta Gas cuando fue secretario de energía, afirma la revista

Desde octubre pasado la revista Contralínea denunció publicamente el acoso que ha sufrido por parte de Zeta Gas y por parte de funcionarios del gobierno de Felipe Calderón. Tras el arresto del director de la revista, Miguel Badillo, Contralínea afirmó a SDP que su detención tenía que ver con el acoso de Zeta Gas, que resultó beneficiada por Calderón cuando fue secretario de energía.

Tras el arresto de Miguel Badillo, director de la revista Contralínea, y de Ana Lilia Pérez, reportera del mismo miedio, el viernes 19 de enero por la mañana, SDP contactó a Contralínea para averiguar más datos sobre el incidente. Se nos informó que el arresto tenía que ver con las amenzas que han recibido en la revista por la empresa Zeta Gas. SDP revisó en los archivos del sitio de internet de Contralínea y encontró una denuncia pública por acoso que denuncia los agravios contra la revista por parte de Zeta Gas y por funcionarios del gobierno de Felipe Calderón. Calderón, de acuerdo con Contralínea, ayudó a Zeta Gas cuando era secretario de energía en el sexenio de Fox. Esto fue revelado por el propio dueño de la empresa de acuerdo con la revista. Esto fue lo que encontramos:
Desde octubre pasado la revista Contralínea denunció publicamente el acoso que ha sufrido por parte de Zeta Gas y por parte del gobierno de Felipe Calderón luego de que Contralínea publicara reportajes sobre diversos actos de corrupción que involucran a funcionarios del gobierno federal.
La denuncia, publicada en la edición de Contralínea de la segunda quincena de Octubre de 2008, dice sobre el gobierno de Calderón:
“El domingo 24 de febrero de 2008, durante un mitin frente a la torre corporativa de Pemex, el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador acusó públicamente a Juan Camilo Mouriño de traficar influencias. Entregó los documentos publicados por Contralínea al Congreso de la Unión”, informa la queja interpuesta ante la CNDH. Este acto agudizó el acoso contra los periodistas: “‘Lo que le hicieron a Juan Camilo les va a costar muy caro’, dijo amenazante el gerente de Comunicación Social de Pemex, Carlos Ramírez, a la reportera Ana Lilia Pérez, vía telefónica el 25 de febrero, a una semana de que se publicaron los contratos y al día siguiente de que López Obrador los exhibiera frente a la torre de Pemex”.
Luego de eso la denuncia añade: "Esa misma semana, el funcionario se comunicó vía telefónica con la gerente de publicidad de las revistas Contralínea y Fortuna, Marcela Yarce Viveros, para advertirle que desde ese momento las publicaciones quedaban fuera de las pautas publicitarias, “como un castigo por su línea editorial”. Mientras, César Nava solicitaba a Miguel Badillo le revelara su fuente de información."
Luego de esto, denuncia contralínea, Carlos Ramírez sostuvo una conversación con Contralínea en la que se da el siguiente diálogo:
"—Pues ya les dije, nada de publicidad y nadie les va a dar entrevistas. ¡Van a ver cómo les va a ir!—¿Me estás amenazando, Carlos?—¡Tómalo como quieras, pero mis funcionarios no siempre se van a quedar con las manos cruzadas!"
Contralínea explica que a partir de esa conversación la reportera Ana Lilia Pérez "ha recibido una serie de llamadas anónimas. En una de ellas le advierten: “Ana Lilia, cuídate porque Amado (Yáñez) es un tiburón y los tiburones siempre buscan sangre”, susurraba una voz femenina detrás del auricular, indica la denuncia ante la CNDH."
Luego de esto, Contralínea publica los detalles del acoso que ha sufrido por parte de Zeta Gas. De acuerdo con la revista, todo inició como parte de una investigación de Contralínea en 2007 respecto una investigación de la DEA surgida por el descubrimiento de un cargamento de cocaína en un camión de la empresa Hidrogas, ya que la DEA vinculaba a algunos de los familiares de los dueños de Zeta Gas con el cártel de Juárez.
De una entrevista para esta investigación con el dueño mayoritario de Zeta Gas, Jesús Alonso Zaragoza López, aparece la siguiente información:
"El empresario también señaló a un grupo de funcionarios públicos que lo ayudaban a él y a su familia a arreglar los negocios privados. Aseguró que cuando Felipe de Jesús Calderón Hinojosa se desempeñó como secretario de Energía, junto con su coordinador de asesores, Juan Camilo Mouriño Terrazo, y su asesor jurídico, José César Nava Vázquez, fue ayudado por éstos a arreglar sus negocios de venta y distribución de gas. También le ayudaron con las denuncias que enfrentaba en la Comisión Federal de Competencia, por monopolio, y las denuncias y sanciones que sus empresas enfrentaban ante la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor por faltantes en el llenado en sus cilindros de gas, práctica conocida como ordeña”, entre otras revelaciones."
El texto continúna dando a conocer que la asesora de Zaragoza intentó sobornar a Ana Lilia Pérez luego de esta conversación, recibiendo siempre el rechazo por parte de la reportera.
De acuerdo con Contralínea el 16 de agosto de 2007, Zaragoza presentó demandas en contra de Ana Lilia Pérez Mendoza y Miguel Badillo Cruz, director de Contralínea, ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), por supuesto “daño moral” a pesar de que la fuente de la información publicada por la revista para la investigación había sido la entrevista con Zaragoza.
Contralínea, finalmente, publicó varios ejemplos de acoso en contra Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez por parte de Zaragoza. Denuncia: “Durante casi un año que lleva el juicio, los abogados de Jesús Alonso Zaragoza López nos amenazaron verbalmente cuando acudimos a las distintas diligencias. Las agresiones verbales comenzaron con frases como: ‘Tenemos instrucciones de Jesús Zaragoza de desaparecerlos’. ‘Los vamos a desaparecer’. ‘¡No se la van a acabar!’. ‘No saben ni con quién se metieron!’. ‘El señor Zaragoza tiene mucho dinero y lo vamos a utilizar para desaparecerlos’; seguidas de agresiones físicas que se registrarían en pleno juzgado y a ojos del juez encargado del caso”.
Otra empresa que Contralínea señala en su denuncia de acoso es Oceanografía, a la cual se le vincula con los hermanos Bribiesca. Sin embargo, es Zeta Gas la empresa, junto con el gobierno de Calderón, que tiene la mayor parte de los señalamientos.