Empieza la rendición de cuentas

En un hecho inédito, un militar del más alto rango, el exsecretario de la Defensa Guillermo Galván Galván, deberá comparecer ante un tribunal civil. Tan insólita diligencia obedece a la petición de la defensa del teniente coronel José Julián Juárez Ramírez, preso desde 2009, quien desea deslindar responsabilidades sobre los excesos cometidos por el “pelotón de la muerte” en Ojinaga durante la guerra calderonista contra el narcotráfico.

Jorge Carrasco Araizaga

El titular de la Defensa Nacional en el sexenio de Felipe Calderón, general de división retirado Guillermo Galván Galván, ha sido llamado a declarar ante la justicia federal por la tortura, muerte y desaparición de presuntos narcotraficantes durante el Operativo Chihuahua, en el que participó el Ejército como parte de “la guerra contra el narcotráfico” emprendida por el mandatario panista.
El exfuncionario fue citado por el Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Chihuahua, donde el próximo 6 de agosto deberá rendir declaración como testigo dentro de la causa penal 53/2012 abierta por los delitos contra la salud, acopio de armas y robo, pero que forma parte de una investigación más amplia relacionada con la desaparición de personas a manos de militares durante 2008.
El citatorio está fechado el 17 de junio para que Galván declare desde la Ciudad de México por videoconferencia y enlazado con el Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, donde se ubica la prisión militar en la cual están varios de los procesados en las causas penales que se siguen por homicidio, tortura y desaparición de cadáveres.
Se trata de la primera acción de la justicia civil en la que es citado el extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a causa de la “guerra al narcotráfico” declarada por Calderón. El citatorio coincide con la liberación, decretada el viernes 5 por otro juzgado federal, de tres generales, un teniente coronel y un mayor del Ejército a quienes no se les pudo comprobar la acusación fincada por el anterior gobierno de que protegían al Cártel de los Beltrán Leyva.
El testimonio de Galván fue requerido por el teniente coronel José Julián Juárez Ramírez, interno en la prisión militar de Mazatlán desde agosto de 2009, acusado inicialmente por robo, posesión de arma y posesión de droga, pero después de casi cuatro años de prisión, apenas el 13 de junio pasado, fue encausado penalmente en una alegada desaparición forzada.
Juárez Ramírez, un oficial con 29 años de servicio en el Ejército al momento de su detención, pidió la declaración de Galván y de otros jefes y exjefes del Ejército para desacreditar las acusaciones en su contra y demostrar la actuación por consigna de la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM), asegura su abogado Víctor Alonso Tadeo Solano.
En la prueba testimonial requerida, Galván deberá responder sobre el Operativo Chihuahua y lo que le fue informado por los comandantes de la zona en respuesta a sus instrucciones de actuar con mano dura durante los operativos ordenados por Calderón.
En septiembre u octubre de 2008, refiere la defensa del teniente coronel, Galván se reunió con los generales a cargo del operativo iniciado por el Ejército en Chihuahua medio año antes. Galván llegó a la base aérea militar de Chihuahua, donde se encontró con los comandantes de la XI Región Militar, con sede en Torreón, Coahuila, aunque abarca también a Chihuahua. Juárez Ramírez era comandante de la Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE), ubicada a siete kilómetros del cuartel general de la guarnición militar de Ojinaga.
La instrucción de Galván fue innovar los métodos de trabajo y de operación para combatir a los narcotraficantes. El cumplimiento quedó a la interpretación de los jefes militares, comandantes de regiones, zonas, guarniciones y unidades no sólo en Chihuahua, sino en todo el país. Lo que siguió fue la fuerza desmedida y, en el caso del Operativo Chihuahua, prohijó al llamado “pelotón de la muerte” (Proceso 1889).
“Ese tipo de medidas son correctas para los superiores cuando se tienen resultados adecuados, pero cuando hay un error, los encargados de cumplir las órdenes quedan en una situación muy endeble, los dejan solos. Eso es lo que ha pasado con quienes ejecutaron esas órdenes, que van desde clases, oficiales y hasta comandantes de unidades operativas.
“Cuando algún jefe preguntaba qué iba a pasar si ocurriera algún error y quién respaldaría a los implicados, la respuesta era simple: ‘Platique con su comandante’”, refiere el litigante, quien sirvió al Ejército entre 2000 y 2009.

Los citatorios

Egresado de la Universidad del Valle de México y con estudios de posgrado en la Panamericana y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, Tadeo Solano pretende también la presentación ante la justicia civil del general de división Marco Antonio González Barreda, quien al momento de los hechos era comandante de la XI Región Militar.
El divisionario concluyó el sexenio de Calderón como inspector y contralor general del Ejército. Hoy es director general del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, designado por el general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Sedena.
El abogado busca además la declaración judicial del entonces jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional, general Demetrio Gaytán Ochoa, quien después de los sucesos en Chihuahua fue designado subsecretario de la Sedena. El año pasado encabezó una de las más fuertes disputas en la secretaría para suceder a Galván. Ahora es el director del Banco del Ejército (Banjército), también por decisión del general secretario.
El litigante también citó al general Felipe de Jesús Espitia Hernández, quien en 2008 era comandante de la Quinta Zona Militar, con sede en Chihuahua, Chihuahua, y responsable directo del Operativo Chihuahua. De acuerdo con la defensa, ambos estuvieron en la reunión con Galván, lo mismo que los comandantes de las zonas militares Sexta, con sede en Saltillo, Coahuila, y 42, con base en Parral, Chihuahua.
El actual comandante de la Quinta Zona Militar es el general Leopoldo Noé Gaytán Ochoa –hermano del director del Banjército– quien se niega a una inspección judicial de esas instalaciones solicitada por el abogado y autorizada por los juzgados Segundo y Décimo de Distrito Civil en Chihuahua. Según el comandante, el ingreso sólo puede ser autorizado por el titular de la Sedena.
Tadeo Solano, quien litiga el caso entre la Ciudad de México, Sinaloa y Chihuahua, asegura que la defensa ha recibido amenazas de muerte por parte de “personal de la Quinta Zona Militar”. Ello lo motivó a enviar una carta al presidente Enrique Peña Nieto en la que responsabiliza al general secretario y a la PGJM de cualquier acto en su contra.
En el documento se queja también de la procuraduría militar porque, expone, se ha negado a presentar durante el juicio a los elementos de la Policía Judicial Militar (PJM) que participaron en la captura de los militares y están acusados de tortura para involucrar a jefes que participaban en el Operativo Chihuahua. La PGJM asegura que no los puede presentar por seguridad personal.
En entrevista, el abogado asegura que sin ser parte en los juicios, el agente del Ministerio Público de la Quinta Zona Militar y personal del Juzgado de la III Región Militar, en Mazatlán, solicitan informes a los juzgados Segundo y Décimo de Distrito con sede en Chihuahua.
Ambos juzgados radicaron las causas penales luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó criterios respecto al fuero militar y estableció que el caso Ojinaga debía pasar a la jurisdicción civil. Y aun cuando desde septiembre y octubre de 2012 fijó los criterios para limitar el fuero militar, fue en enero pasado cuando se resolvió en definitiva el conflicto competencial a favor de los juzgados civiles, por lo que durante más de tres años la instrucción estuvo a cargo de la justicia castrense.

El encuentro de 2008

Entre los asistentes a la reunión con Galván en la base aérea de Chihuahua estuvo el general de brigada Manuel de Jesús Moreno Aviña, comandante de la Guarnición de Ojinaga, donde, según las acusaciones en la causa penal 49/2012 que se instruye en el Juzgado Décimo de Distrito de Chihuahua, ocurrieron las muertes de por lo menos un civil y adonde fueron llevados tres presuntos delincuentes antes de ser torturados, asesinados y calcinados en poblados aledaños a Ojinaga, entre junio y agosto de 2008. Los desaparecidos son José Heriberto Rojas Lemus, El Michoacano; Esaú Samaniego Rey, El Cholo o El Azteca, y Erick Campos Valenzuela, El Campitos.
Moreno Aviña es ahora uno de los 31 militares procesados en las diferentes causas penales que, de acuerdo con los acusados, fueron enderezadas por consigna por la justicia militar. Apenas el 27 de junio pasado durante una audiencia para recabar su testimonio, alegó que su primera declaración ministerial hecha el 19 de agosto de 2009 ante la PGJM en la Ciudad de México, donde se encontraba en la Dirección General de Personal, desapareció de su expediente. Esa irregularidad no fue tomada en cuenta por el juez militar Gonzalo Corona González, quien inicialmente conoció la causa antes de que declinara a favor de la justicia civil.
Moreno Aviña asegura además que fue declarado antes de que existiera una petición oficial del Ministerio Público militar adscrito a la comandancia de Ojinaga. La justicia militar falseó documentos, asegura, para ocultar esa arbitrariedad, también cuestiona los peritajes de la PGJM sobre los supuestos restos óseos de los desaparecidos y que la procuraduría militar no ha querido aportar como prueba.
El mismo día de la detención del general Moreno Aviña, el 19 de agosto de 2009, ocurrió la del teniente coronel José Julián Juárez Ramírez y la de otros oficiales y soldados. El operativo estuvo a cargo del entonces coronel y ahora general brigadier David Eduardo Velarde Sigüenza, director de la PJM.
También participó el mayor de Infantería Carlos Alberto Rivera Medeles, como investigador de la PJM. Todos los detenidos, excepto uno, alegan haber sido torturados para incriminarse.
En el caso del teniente coronel Juárez Ramírez, quien tiene diferentes cursos de instrucción en México, Chile y Estados Unidos, efectivos de la PJM llegaron al cuartel donde se alojaba en la CINE.
Según el parte oficial, en un cajón del buró de Juárez Ramírez le encontraron dosis de cocaína y mariguana que, alega el acusado, eran utilizadas para el adiestramiento del personal bajo su cargo por órdenes del general Moreno Aviña. Los policías militares lo acusaron de flagrancia en el delito de posesión de enervantes con fines de comercio.
Lo interrogaron hasta las 11 de la noche del siguiente día. Por la mañana lo llevaron en un avión del Ejército a la prisión militar de la III Región, en Mazatlán, donde está preso desde entonces.
Los militares detenidos fueron entregados al mayor Rivera Medeles, quien asentó en el acta ministerial haber interrogado al teniente coronel sobre una caja de madera escondida fuera de la CINE y cerca de la mina La Perla, rumbo a la ciudad de Camargo. Según el mayor, la caja contenía armas de fuego, dinero nacional y extranjero, cartuchos de diferentes calibres y joyas de oro, y dio con ella por las declaraciones del sargento conductor hojalatero Andrés Becerra Vargas, uno de los señalados de haber formado parte del “pelotón de la muerte”.
El ministerial dijo que el teniente coronel respondió que las armas eran de las que se aseguraban a los civiles y no se ponían a disposición de las autoridades porque las utilizaba para sembrarlas a otros civiles que se detenían y a los que no se les encontraba nada. En la versión asentada por el Ministerio Público militar Juárez Ramírez señaló que el general Moreno Aviña le daba dinero, también asegurado a civiles, para gastos de operaciones militares y que el comandante de la Guarnición era quien en complicidad con dos civiles ordenaba la ejecución de otros civiles.
En sus primeras declaraciones ministeriales el sargento Becerra Vargas y el mayor Alejandro Rodas Cobón, señalado como uno de los jefes del “pelotón de la muerte”, acusaron a Juárez Ramírez de quedarse con droga y dinero y de estar relacionado con el asesinato de varias personas, entre ellas un policía municipal y una empleada de la PGR.
No fueron los únicos que declararon contra el comandante de la Guarnición y el de la CINE. También lo hicieron los demás integrantes del “pelotón de la muerte” y otros efectivos de la Guarnición. Pero en sus declaraciones ante el juez casi todos, a excepción de Becerra Vargas, alegaron que fueron presionados y torturados por la Policía Militar para declarar contra el general Moreno Aviña y el teniente coronel Juárez Ramírez.
El juez castrense de las causas penales abiertas contra los elementos de la Tercera CINE, el general Corona, desechó las acusaciones de tortura y dio como válidas sus primeras declaraciones ante el Ministerio Público militar.
Uno de los principales inculpados, Rodas Cobón, asegura que fue torturado por la justicia militar para inculparse del homicidio de Rojas Lemus y Samaniego Rey, y responsabilizar al general Moreno Aviña y al teniente coronel Juárez Ramírez. El 16 de abril pasado, en un testimonio que dio a petición de Moreno Aviña, Rodas Cobón identificó a quienes, alega, lo torturaron.
Después de su traslado a la Ciudad de México desde Ensenada, Baja California, el 26 de agosto de 2009 fue llevado a Ojinaga, donde fue entregado al mayor Rivera Medeles en una cabaña dentro de las instalaciones militares: “Me ordenó… que me sentara. Al sentarme, el capitán Héctor Raúl Salgado Urióstegui me propinó bofetadas, y al quererme levantar fui sujetado por ambos brazos por el mayor Rivera Medeles y el capitán Román Rodríguez…
“Dime ya de muertos y ejecutados ordenados por el general Moreno Aviña, no te hagas pendejo… Nosotros como agentes de la Policía Federal Militar estamos protegidos y recibimos órdenes directas del general secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, y mientras él esté en el poder no nos van a hacer nada, así se quejen ante quien se quejen…
“Me dijeron que me dejarían descansar 20 minutos para que descansara e inculpara al general Moreno Aviña y al teniente coronel Juárez Ramírez”, tal y como aparece en su primera declaración ministerial firmada 18 días después de su detención en Baja California, periodo en el que, según su dicho, no lo dejaron bañarse ni cambiarse de ropa.
Aunque ahora nadie se quiere responsabilizar de la existencia del “pelotón de la muerte”, el Ejército sigue en el centro de la polémica por la “guerra” de Calderón. Apenas la madrugada del viernes 5 el juez tercero de Distrito en Materia Penal de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, decretó por falta de pruebas el sobreseimiento de la causa penal e inmediata liberación de los generales Roberto Dawe, Ricardo Escorcia y Rubén Pérez, así como del teniente coronel Silvio Hernández y del mayor Iván Reyna, quienes estaban en prisión desde el año pasado acusados por el gobierno de Calderón de fomento al narcotráfico.
En abril pasado la justicia federal liberó al general de división en retiro y exsubsecretario de la Defensa Nacional Tomás Ángeles Dauahare, luego de que la PGR se desistiera de las acusaciones fincadas en su contra por el gobierno de Calderón de proteger desde los más altos niveles del Ejército al Cártel de los Beltrán Leyva.

El de Marisela, “crimen de Estado”

El asesinato de Marisela Escobedo en la plaza central de la capital de Chihuahua, ante las cámaras de vigilancia y en medio de instalaciones con protección permanente, destapó mucho más que la negligencia del trío de jueces que liberó al asesino de su hija. Sus hijos, hermano y activistas sociales –quienes ante el riesgo ya solicitan asilo en Estados Unidos– señalan al gobierno estatal como sospechoso de participar, o por lo menos de solapar el crimen.

Patricia Dávila

EL PASO, TEXAS.- “El de mi madre es un crimen de Estado. El gobernador de Chihuahua, César Duarte, está involucrado. Hubo arreglos con el criminal y le dejó libre el camino para que cometiera el asesinato. El homicida tenía la garantía de que no iba a ser detenido”, acusa Juan Manuel Frayre Escobedo, hijo mayor de la activista Marisela Escobedo Ortiz, asesinada el 16 de diciembre pasado frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua.

La entrevista se realiza el martes 11 en el Centro de Detención y Remoción de El Paso, cárcel para inmigrantes indocumentados en la cual fue recluido Juan Manuel desde el 18 de diciembre, cuando se presentó a solicitar asilo.

En la misma barraca estaba su hermano menor, Eduardo Alejandro, quien recobró su libertad un día después de la plática con Proceso, y en otra permanece su tío Héctor Ricardo. Este hermano de Marisela es el que, en el video del asesinato registrado por una cámara de seguridad pública, aparece arrojándole una silla al asesino. También considera que se trató de un asesinato de Estado y que “el gobernador César Duarte trata de lavarse las manos con el juicio político a los jueces”.

El asesinato de Marisela Escobedo provoca señalamientos contra el gobierno de Chihuahua, pero sobre todo obliga a muchos activistas de causas sociales a replantear su labor y a reforzar su seguridad, así como la de su familia. Una de las más conocidas en el estado es Cipriana Jurado, quien está convencida de que Marisela se convirtió en un personaje “incómodo” para el Estado y que ese fue el motivo para matarla. Jurado, que ha sido perseguida por el Ejército, tiene siete meses fuera del país y teme volver.

Por ahora hace un recuento de bajas. En sólo un año con cinco meses fueron asesinados ocho activistas sociales y defensores de derechos humanos, dos en las últimas tres semanas: Marisela Escobedo y Susana Chávez, ésta conocida por haber ideado el lema de la campaña contra los asesinatos de mujeres en la entidad: “Ni una más”.

Igual que los familiares de Marisela, para Cipriana Jurado existen muchos indicios de que el crimen se cometió a la sombra del Estado: el asesino persiguió y ultimó a la señora frente al Palacio de Gobierno, a unos pasos de la procuraduría estatal, de la rectoría universitaria y de la oficina de recaudación de impuestos, todos ellos recintos vigilados las 24 horas por policías.

Por si no bastara, elementos de los gobiernos estatal y federal rondan permanentemente la zona, que en estos años abunda en protestas civiles por la violencia y manifestaciones contra los asesinatos de mujeres; sin embargo, esa noche la céntrica plaza estaba descuidada. Días antes el gobernador Duarte aseguró que le había asignado escoltas a Escobedo. ¿Por qué ninguno de ellos la protegió?, pregunta Cipriana.

Lavamanos gubernamental

“Era el sábado 18 –sigue recordando Juan Manuel Frayre–. Estábamos en el velorio de mi madre cuando nos enteramos de que incendiaron el negocio de José Monge, su pareja sentimental, y de que el hermano (de José) había sido secuestrado; esa misma tarde, después del entierro, supimos que fue encontrado sin vida. Además, en el sepelio se me acercó una señora a la que, aunque se me hizo conocida, no logré identificar, y me dijo que tenía un hijo que pertenecía a Los Zetas, (añadió) que por él sabía que la consigna era matarnos a todos los de la familia.”

Cuando asesinaron a su madre, Juan Manuel solicitó al gobierno del estado que protegiera a sus familiares que viajaron desde Estados Unidos para asistir al sepelio. Se les asignaron cuatro unidades. Después del entierro, toda la familia fue a la casa de Marisela.

Ahí, prosigue el hijo mayor de la activista, “agarramos lo necesario y con el pretexto de que íbamos a acompañar a los familiares que regresaban a Estados Unidos, nos dirigimos al Puente Internacional Santa Fe, en Ciudad Juárez. Los que traían papeles entraron sin problema, y los que no, nos presentamos ante la policía fronteriza para solicitar asilo”.

Carecían de papeles Juan Manuel y Eduardo Alejandro Frayre Escobedo, así como Héctor Ricardo Escobedo Ortiz. Con ellos llevaban –igualmente sin documentos migratorios– a Heidi, la hija de la también asesinada Rubí Frayre Escobedo.

Los dos hermanos y su tío fueron llevados al Centro de Detención y Remoción de El Paso, Texas, y Heidi fue entregada al cuidado de una iglesia en Houston. Actualmente Jessica, hermana de Juan Manuel y Alejandro, que reside en Estados Unidos, está desahogando un lento trámite para que le entreguen a la niña.

En su declaración ante la policía migratoria, de la cual Proceso tiene copia, Héctor Ricardo Escobedo relató sucesos previos al asesinato de su hermana que hasta hoy no habían sido divulgados:

El día 8 de diciembre (de 2010) se llevó a cabo un evento en la Rectoría de la Universidad Autónoma de Chihuahua, al que asistió el gobernador. Cuando una persona en el micrófono hablaba de inseguridad, mi hermana y yo levantamos una pancarta con la leyenda: “Justicia, privilegio para jefes de gobierno. ¿Y Rubí?”.

Al terminar el evento, un periodista le preguntó al gobernador qué tenía que decirle a mi hermana. Él contestó: “Estamos trabajando en el caso, pero la información que nos trae no es del todo confiable”. Marisela le dijo que si no le daba vergüenza que ella estaba haciendo su trabajo y aun así dudaba de los datos. Además, le reclamó: “Ya pasó casi un mes desde que me prometió una entrevista con el fiscal y no he tenido nada”. Duarte, molesto, ordenó a uno de sus subordinados que la llevara a la fiscalía.

(En la procuraduría del estado) mi hermana les dio toda la información de Río Grande, Zacatecas, y les hizo saber que a ella no le importaba nada tocante a Los Zetas, grupo delictivo al que pertenece el exesposo de Rubí, que sólo quería que Barraza fuera atrapado y pagara por su crimen. En ese cuarto estaban el fiscal, dos agentes federales y un miembro del Ejército, a quienes se les estaba pidiendo colaboración. Toda la información que proporcionó Marisela ese día quedó por escrito.

Cuando me comentó todo lo que había declarado, le dije que deberíamos irnos por un tiempo para ver qué rumbo tomaban las cosas, ya que estaba involucrando a funcionarios de la procuraduría de Zacatecas, de quienes no recuerdo los nombres. Por eso el día en que nos entregaron su cadáver mi sobrino Juan solicitó una copia de la declaración del 8 de diciembre. Se la entregaron, sólo que cuando la leí me di cuenta de que no contenía toda la información que mi hermana me comentó; tampoco estaba su firma.

En su solicitud de asilo, Héctor Ricardo expone otras anomalías que lo hacen temer por su seguridad y la de su familia:

Cuando mataron a Marisela, mi hermana Elba, la hija de Rubí y yo fuimos trasladados a la fiscalía del estado, ahí estaba el fiscal (Carlos Manuel Salas). Le dije que momentos después de que sucedió lo de mi hermana escuché, por el radio de un agente que se acercó a darnos auxilio, que un testigo reportó un auto Jetta blanco y proporcionó el número de placas. Mi sorpresa es que al leer el reporte no aparecían consignadas las placas. Vi que hicieron un retrato hablado del asesino y les dije que lo más indicado era sacar su rostro del video que se tomó desde la puerta principal de palacio de gobierno, porque seguro hay mejores imágenes, y por razones extrañas la procuraduría no lo incorporó al expediente.

Por eso estoy aquí pidiendo asilo, porque mi vida y la de mi familia corren peligro y porque estoy seguro de que las autoridades en México están siendo controladas por el crimen organizado. Todo parece indicar que el gobierno de Chihuahua también está involucrado en el asesinato de mi hermana Marisela.

En entrevista con Proceso, Héctor Ricardo especifica: “Aquí sólo hay dos posibilidades: el crimen se ideó desde el gobierno o César Duarte está controlado por la organización delictiva de Los Zetas, cártel coludido con el de Juárez y al que pertenece el exesposo y asesino de Rubí. Hubo un arreglo con esta organización para dejarles libre el camino y cometer el crimen, de otra forma hubieran agarrado al asesino. Por donde se vea, es un crimen de Estado”.

Insiste en que el gobernador César Duarte “sólo intenta lavarse las manos” al promover el juicio político en contra de Catalina Ochoa Contreras, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Boudib, los jueces que dejaron en libertad a Sergio Barraza en abril de 2010 por considerar “que la prueba era insuficiente para demostrar el delito de homicidio y la culpabilidad del enjuiciado”.

El 17 de diciembre, al día siguiente del asesinato, el fiscal general del estado, Carlos Manuel Salas, envió el oficio 282/2010 al magistrado Javier Ramírez Benítez para solicitar la suspensión temporal sin goce de sueldo para los jueces. Este fue sólo el principio.

El gobernador solicitó al Poder Judicial la separación del cargo de los tres jueces. A su vez, la Comisión Estatal de Derechos Humanos interpuso el juicio de procedencia para que el Congreso estatal aprobara su desafuero. Los juzgadores también enfrentaron la crítica del presidente de la República por dictaminar con base en “un formalismo”:

“Duele mucho que el esfuerzo que se hace por sociedad y gobierno por combatir la criminalidad se debilite finalmente en la última etapa. No son todos, ni la mayoría de ellos, (pero) llega a haber jueces que más (que) jueces son verificadores de requisitos, es decir, hacen un check list de todas las cosas que finalmente deben cumplir.”

En respuesta, los tres jueces entregaron a la legislatura local un escrito en el que argumentan que no fallaron ellos, sino la Fiscalía General del Estado y el Ministerio Público (MP) que no aportaron pruebas suficientes para condenar al acusado. De igual modo, afirman que recurrirán al amparo y solicitarán la intervención de organismos internacionales porque se están realizando “actos mediáticos e ilegales” en su contra para “diluir” la responsabilidad de otras autoridades, que no protegieron a Marisela Escobedo.

Consultados por Proceso, agentes ministeriales de Ciudad Juárez confirman que el agente del MP no aportó elementos para comprobar la responsabilidad de Barraza. Explican que si bien el acusado aceptó ser el homicida, en el nuevo sistema de justicia de Chihuahua su confesión no tiene validez, ya que por un lado la hizo sin que su abogado estuviera presente, y por el otro, no se pudo determinar la causa de la muerte de Rubí debido al estado de descomposición de sus restos y al tiempo transcurrido.

En el expediente del asesinato de Rubí se incluye un parte de la Policía Municipal del sector Aldama, en Ciudad Juárez, donde se narra que Sergio Barraza fue a confesar su crimen el mismo día que lo cometió y quiso entregarse, pero como iba drogado los policías de turno no le creyeron y lo dejaron libre.

Estado en fuga

La defensora de los derechos humanos Cipriana Jurado fue detenida en 2008 por agentes federales a raíz de una demanda del gobierno federal en su contra por participar en una manifestación en un puente internacional en 2005.

–¿Hay una cacería de activistas en Chihuahua? –se le pregunta a Jurado.

–Sí, creo que sí, y estoy muy preocupada. Hace seis meses salí de México porque la Red de Líderes Religiosos en América Latina me invitó a dar una serie de conferencias sobre violación a derechos humanos en el país. No pensaba pedir asilo político en ningún lado, pero estando fuera del país me entero de que matan a Rubén Reyes, hermano de Josefina, la activista asesinada en enero del año pasado. Me impactó porque estuvieron primero en la lucha por la tierra en el Valle de Juárez, por los servicios públicos, contra el feminicidio.

“Después hostigaron a Lidia Sandoval, de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, y después matan a Marisela, luego a Susana Chávez. Antes, asesinaron a Paz Rodríguez y a su esposa, defensores de derechos humanos en Nuevo Casas Grandes, a Flor Alicia Gómez, activista de Justicia para Nuestras Hijas, y a Benjamín Le Baron, activista social contra el secuestro.”

–¿Quién asesinó a Marisela Escobedo?

–Su caso nos preocupa mucho porque es muy emblemático. Resulta extraño que la hayan matado ante las puertas del Palacio de Gobierno, donde siempre hay policías armados. Sobre todo porque siendo un lugar en el que hay protestas, manifestaciones, siempre está lleno de gente de gobernación y de policías. Yo creo que ni a Duarte ni al gobierno federal les conviene que haya voces que se levanten para denunciar lo que pasa en Chihuahua, sobre todo en Ciudad Juárez, en temas como el feminicidio o como la violación a los derechos humanos por el Ejército o la Policía Federal.

–¿Qué es más creíble, que sea un asesinato de Estado o que a Marisela la haya mandado matar el exesposo de su hija?

–Ella había hecho enojar mucho a Duarte. Se nos hace muy aventurado que haya sido una venganza del esposo, porque se supone, como dijo el gobernador, que tenía vigilancia para proteger a Marisela. Si era verdad, que explique a dónde se fue esa gente que estaba cuidando a Marisela cuando la asesinaron. Claro que es un asesinato de Estado. Después de que matan a Marisela sale a flote que pudo ser el exesposo de su hija… Si tienen esa seguridad, ¿por qué no lo han detenido?

En su propio caso, recuerda Jurado, “después de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Amnistía Internacional pidieron seguridad para mí, tuvimos varias reuniones con la gente de los tres gobiernos y la seguridad que me dieron fue un teléfono celular y que la Policía Federal hiciera rondines por mi casa. Les pregunté: ¿qué hago con el celular? ¿Si atentan contra mí les aviento el aparato?”.

No existe una estructura para garantizar la seguridad de los defensores de derechos humanos que sufren amenazas, asegura.

–¿Regresa a Juárez?

–No, cada vez está más peligroso. En estos días meteré mi solicitud de asilo.

Los parientes de Marisela Escobedo no lo saben, pero a unos cuantos pasos de su barraca, en el área para mujeres del centro de detención, también espera una resolución del gobierno estadunidense Leticia Bocanegra, madre de Sergio Rafael Barraza. La señora también solicitó asilo.

Al cierre de esta edición, el menor de los jóvenes Frayre Escobedo, Eduardo Alejandro, ya había sido liberado. Y el jueves 13 una fuente del gobierno de Chihuahua confió a la reportera que la Fiscalía General acaba de comprobar que Sergio Barraza permanece refugiado en Río Grande, Zacatecas; sin embargo, no se le ha capturado.

El tiro de gracia a Echeverría

Julio Scherer García

En su libro “La Violencia de Estado en México”, Carlos Montemayor da el tiro de gracia a Luis Echeverría. La bala penetró entre las cejas del exPresidente, un traidor.

Reseña el historiador que Richard Nixon y Luis Echeverría se reunieron dos veces en junio de 1972 y que el tema de sus conversaciones fue el peligro del comunismo en América Latina, representado por Fidel Castro y Salvador Allende. La investigadora Kate Doyle confirmó que para entonces Echeverría ya buscaba convertirse en el líder del Tercer Mundo y que en público defendía a Castro y más enérgicamente a Allende.

Las grabaciones de las conversaciones entre los Presidentes fueron desclasificadas y públicas, pero la muerte y relevancia excepcional de Montemayor da al suceso una actualidad que no hay manera de pasar por alto. “La Violencia de Estado en México” revive inevitablemente la tragedia latinoamericana de los setenta y los ochentas, presente Echeverría como un actor de primera línea.

Los colaboradores de Kate ocupados en dar seguimiento al asunto, escucharon 169 cintas para localizar cada conversación en la que se mencionaba a México o a Echeverría, aunque el tema central fueron las reuniones que tuvieron ambos presidentes el 15 y 16 de junio de 1972. Doyle refiere que Echeverría habló particularmente de la amenaza comunista en la región.

“Latinoamérica –consignan las grabaciones– enfrentaba un peligro inminente, le dijo Echeverría a Nixon, acosada por la pobreza y el desempleo y la propaganda de la Unión Soviética, que mostraba a la Cuba de Fidel Castro como la respuesta a los problemas del hemisferio. La solución, insistía, era el capital privado. Por ello exhortaba a Nixon a que promoviera las inversiones en México y en la región.

“Echeverría: dígale (dirigiéndose al traductor) al señor presidente, que en el discurso que voy a tener dentro de una hora en el Congreso, ratifico mis tesis del Tercer Mundo frente a las potencias...

“Nixon (interrumpiendo): la doctrina Echeverría.

“Echeverría: Sí… porque si en América Latina yo no tomo la bandera, nos la quita Castro Ruz. Estoy perfectamente consciente de eso…”

***

Escribió Montemayor acerca de la magnitud histórica de esos días:

“… queda clara su afirmación reiterada (de Echeverría) sobre Cuba como centro de agitación y como base soviética de penetración en todo el continente. Sólo México, aliado con Estados Unidos, podría frenar esa ola expansiva de agitación cubana en Latinoamérica. Echeverría podía aportar, además, su larga experiencia para frenar en México la penetración perjudicial de la isla desde el movimiento estudiantil de 1968; Nixon podía confiar y aliarse con él para detener la penetración cubana y soviética con una idea diferente de libertad y de cooperación económica entre ambos países. Así, y esto era su gran preocupación personal, podrían quitarle la ‘bandera’ a Fidel Castro.

“Richard Nixon fue muy receptivo al planteamiento de su colega mexicano y no dejó dudas de su oposición a Cuba y a Chile por considerarlos como ‘enfermedades’ sociales que podrían contagiar al continente entero.”

De acuerdo con la textualidad de las grabaciones, Nixon respondió de la siguiente manera a la propuesta de Echeverría:

“Pero quiero decirle al presidente que puede (…) contar conmigo para exhortar a la comunidad de negocios estadounidense a que invierta en Latinoamérica. Creo que es de vital importancia para Estados Unidos no permitir que la tragedia cubana infecte al resto del Caribe y, eventualmente, al resto de Latinoamérica. Y, francamente, para serle muy sincero, creo que sería muy perjudicial para todos nosotros que el expediente chileno se esparciera por el resto del continente. Sería un hemisferio muy enfermizo si ésta fuera la tendencia del futuro.”

En la línea del pensamiento de Montemayor, que a tantos enluta, me parece claro que en esos días de junio de 1972 cobró forma o tomó impulso la decisión de “limpiar” al continente de las enfermedades sociales que podrían infestarlo. Así, nacería la Operación Cóndor y el 3 de septiembre de 1973 moriría Allende entre las llamas de La Moneda.

Echeverría pertenece a esa historia.

ATENCO: 12 PRESOS 12 PUEBLOS...

La música como medio de expresión:

Ante el cerco informativo que prevalece en el país la expresión musical se convierte en vocera de la realidad. El arte y la cultura son los principales medios de expresión con los que contamos los ciudadanos para denunciar los actos violatorios a la ley que lleva a cabo el régimen fascista, corrupto y represor, del enano Calderón y su PRIANdilla de delincuentes. Por ello es que el pinche mafioso, enano e inepto de FeCal, reduce año con año el presupuesto para la cultura, educación y ciencia.Un pueblo sin identidad cultural, ignorante y manipulado, es lo que más anhelan los parásitos que nos desgobiernan.Afortunadamente, la creatividad de los mexicanos no tiene límite y por ello es que se puede dar a conocer al mundo, mediante la música, la verdadera historia de lo ocurrido en Atenco. A ritmo de RAP se cuenta la historia del crimen de lesa humanidad perpetrado por Fox, Peña Nieto y demás piara política que padecemos por ser un pueblo apático, ignorante, mediocre, sumiso y pendejo.



http://www.youtube.com/watch?v=e7K9ZEPS_84

Bellinghausen: Zedillo, genocida de indios y el ex presidente menos odiado

El periodista presenta en Guadalajara el libro Acteal, crimen de Estado
Misa en honor de los 45 indígenas asesinados por paramilitares el 22 de diciembre de 1997

Juan Carlos G. Partida
Corrresponsal

Guadalajara, Jal., 2 de diciembre. En el libro Acteal, crimen de Estado, el periodista Hermann Bellinghausen expresa su “desconcierto” de que Ernesto Zedillo, quien gobernaba el país en 1997, cuando un grupo de paramilitares incursionó en la zona zapatista de los altos de Chiapas y mató al menos a 45 indígenas, “sigue feliz con una vida de supuesto intelectual y de jet set, que le permite circular por el país sin que nadie lo cuestione, cuando se trata del principal genocida de indios del siglo XX en México.
“No hay un solo presidente vivo, y creo que ni muerto, menos odiado. Nadie piensa mal de Zedillo. De Fox, la gente se ríe, se enoja; Salinas es el villano favorito, El Chupacabras; De la Madrid, ni fu ni fa; Echeverría estuvo a punto de pisar la cárcel; Díaz Ordaz es el gran criminal del 68.
“En cambio, Zedillo no sólo hizo lo de Acteal, también las matanzas de El Charco, de Aguas Blancas; su récord de indígenas asesinados como política de Estado, por sus órdenes directas, es el más grande del siglo XX después de la Revolución”, dijo.
“Una de las intenciones del libro es recordar a la gente, si sirve de algo, que es el más grande genocida que hemos tenido, y que es un hombre feliz”.
La presentación del texto –editado por La Jornada– en la Feria Internacional del Libro sirvió también para que el cronista advirtiera sobre la “alerta roja” en Chiapas por la salida de prisión de 20 paramilitares, en agosto pasado, luego de que el “historiador” Héctor Aguilar Camín publicó en la revista Nexos un reportaje que al final movió a jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a otorgar un amparo a los paramilitares, con el pretexto de que el proceso estuvo plagado de irregularidades que ameritaban su salida de prisión.
“Lo que se teme es una nueva venganza, porque ahora (los paramilitares liberados) se van a vengar de quienes los acusaron.
“Además, el gobierno creó una fiscalía contra grupos armados en Chiapas que llegó a la gran conclusión de que no había paramilitares y nunca se confiscaron armas en Chenalhó, por tanto, dichas armas ahí siguen. Es una bomba de tiempo que en cualquier momento –cuando les funcione– activarán, y podrían pasar otras desgracias. Pero la gente ya no está volteando para allá, los medios no están prestando atención, y como ahora el país se ha llenado de sangre, pueden aparecer 20 decapitados en un día, y pues, ya 40 indios muertos no rifan”.
Bellinghausen dijo que el 22 de diciembre de 1997, en la noche, cuando después de ir a Acteal tenía que escribir un artículo, no sabía qué hacer, porque se preguntaba de qué habían servido seis meses de estar escribiendo todos los días sobre lo que podría ocurrir, si de todos modos pasó.
Libertad de prensa
Único ponente en su presentación, el reportero de La Jornada fue interrogado acerca de la libertad de expresión, luego de que hechos como los de Acteal, que fueron publicados ampliamente en el periódico, y buena parte de los cuales fueron retomados para el libro, no tuvieron la misma cobertura en otros medios de comunicación. “Antes hablábamos de prensa vendida; yo creo que ese es un problema secundario, porque ahora está convencida de estar con el poder, no necesitan comprarla”.
Por otro lado, lamentó que no existan movimientos nacionales apoyados por los jóvenes. “En el movimiento de López Obrador es evidentemente la presencia de la tercera edad”.

Violencia inaceptable: AMLO

Andrea Becerril, enviada

Magdalena Teitipac, Oax., 20 de agosto. El ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador exigió una investigación a fondo y que no quede impune el asesinato del coordinador del Congreso de Guerrero, el perredista Armando Chavarría.

Desde este municipio, donde ayer empezó su gira por Oaxaca, López Obrador advirtió que un crimen tan horrendo debe aclararse porque los mexicanos no podemos aceptar tanta inseguridad ni tanta violencia.

Tras enterarse temprano del crimen contra el ex senador y diputado, insistió en que debe darse con los responsables, porque la población ya está harta de tanto crimen impune.

También expresó sus condolencias y su solidaridad con los familiares, amigos y compañeros perredistas de Chavarría.

Juristas afirman que la muerte de 46 niños en Hermosillo fue crimen de Estado

*Culpan a gobiernos priístas y panistas por el precario sistema privado de subrogación
*Consideran que será insuficiente la consignación de 13 personas relacionadas con el incendio

Angélica Enciso

La muerte de 46 niños por el incendio en la guardería ABC de Hermosillo es un crimen de Estado por acción y omisión, ya que los gobiernos priístas y panistas establecieron un precario sistema privado de salud y seguridad social, señaló en conferencia de prensa la Unión de Juristas de México (UJM).
Esto ha ocurrido desde hace 12 años, mediante la subrogación de las guarderías, favorecida por medio de las reformas a la ley del IMSS de 1995 y 1997, y ahora se pretende también con la nueva ley del ISSSTE de 2007.
El organismo consideró que el sistema privado de salud y pensiones ha resultado “un rotundo fracaso para satisfacer las necesidades de la población, imposibilitó sanear las finanzas públicas y mejorar los derechos sociales, además de que provocó la pérdida de derechos adquiridos, la privatización y precarización de guarderías y otras prestaciones, amén de la pérdida de los ahorros laborales de los trabajadores”.
La UJM dijo que sería insuficiente la consignación de 13 funcionarios y propietarios de la guardería privada ABC de Hermosillo. Ha ocurrido un proceso de “changarrización” del servicio de guarderías, el cual se profundizó con los gobiernos federales del PAN; se dejó de “atender con esmero y profesionalización a los hijos de los trabajadores, ya que en la gran mayoría de las estancias no existen las garantías mínimas para los infantes, dándose una atención improvisada y precaria que pone en riesgo inminente a los menores. Por ello, nos sumamos a la demanda de que las guarderías subrogadas desaparezcan y regresen al sistema solidario estatal”.
La Unión de Juristas de México recordó que desde 1983 comenzó la subrogación de las guarderías del IMSS, pero en 1997 se legalizó, con el proceso de privatización de la seguridad social. Actualmente, dijo, el costo mensual por niño en las guarderías subrogadas es de cerca de 3 mil pesos, mientras que en las ordinarias del Seguro Social es de 6 mil 500. Son mil 426 guarderías subrogadas de un total de mil 568, lo que hace que sea un negocio de funcionarios, familiares y amigos de éstos, como lo prueba el caso de Hermosillo.