Empieza la rendición de cuentas

En un hecho inédito, un militar del más alto rango, el exsecretario de la Defensa Guillermo Galván Galván, deberá comparecer ante un tribunal civil. Tan insólita diligencia obedece a la petición de la defensa del teniente coronel José Julián Juárez Ramírez, preso desde 2009, quien desea deslindar responsabilidades sobre los excesos cometidos por el “pelotón de la muerte” en Ojinaga durante la guerra calderonista contra el narcotráfico.

Jorge Carrasco Araizaga

El titular de la Defensa Nacional en el sexenio de Felipe Calderón, general de división retirado Guillermo Galván Galván, ha sido llamado a declarar ante la justicia federal por la tortura, muerte y desaparición de presuntos narcotraficantes durante el Operativo Chihuahua, en el que participó el Ejército como parte de “la guerra contra el narcotráfico” emprendida por el mandatario panista.
El exfuncionario fue citado por el Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Chihuahua, donde el próximo 6 de agosto deberá rendir declaración como testigo dentro de la causa penal 53/2012 abierta por los delitos contra la salud, acopio de armas y robo, pero que forma parte de una investigación más amplia relacionada con la desaparición de personas a manos de militares durante 2008.
El citatorio está fechado el 17 de junio para que Galván declare desde la Ciudad de México por videoconferencia y enlazado con el Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, donde se ubica la prisión militar en la cual están varios de los procesados en las causas penales que se siguen por homicidio, tortura y desaparición de cadáveres.
Se trata de la primera acción de la justicia civil en la que es citado el extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a causa de la “guerra al narcotráfico” declarada por Calderón. El citatorio coincide con la liberación, decretada el viernes 5 por otro juzgado federal, de tres generales, un teniente coronel y un mayor del Ejército a quienes no se les pudo comprobar la acusación fincada por el anterior gobierno de que protegían al Cártel de los Beltrán Leyva.
El testimonio de Galván fue requerido por el teniente coronel José Julián Juárez Ramírez, interno en la prisión militar de Mazatlán desde agosto de 2009, acusado inicialmente por robo, posesión de arma y posesión de droga, pero después de casi cuatro años de prisión, apenas el 13 de junio pasado, fue encausado penalmente en una alegada desaparición forzada.
Juárez Ramírez, un oficial con 29 años de servicio en el Ejército al momento de su detención, pidió la declaración de Galván y de otros jefes y exjefes del Ejército para desacreditar las acusaciones en su contra y demostrar la actuación por consigna de la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM), asegura su abogado Víctor Alonso Tadeo Solano.
En la prueba testimonial requerida, Galván deberá responder sobre el Operativo Chihuahua y lo que le fue informado por los comandantes de la zona en respuesta a sus instrucciones de actuar con mano dura durante los operativos ordenados por Calderón.
En septiembre u octubre de 2008, refiere la defensa del teniente coronel, Galván se reunió con los generales a cargo del operativo iniciado por el Ejército en Chihuahua medio año antes. Galván llegó a la base aérea militar de Chihuahua, donde se encontró con los comandantes de la XI Región Militar, con sede en Torreón, Coahuila, aunque abarca también a Chihuahua. Juárez Ramírez era comandante de la Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE), ubicada a siete kilómetros del cuartel general de la guarnición militar de Ojinaga.
La instrucción de Galván fue innovar los métodos de trabajo y de operación para combatir a los narcotraficantes. El cumplimiento quedó a la interpretación de los jefes militares, comandantes de regiones, zonas, guarniciones y unidades no sólo en Chihuahua, sino en todo el país. Lo que siguió fue la fuerza desmedida y, en el caso del Operativo Chihuahua, prohijó al llamado “pelotón de la muerte” (Proceso 1889).
“Ese tipo de medidas son correctas para los superiores cuando se tienen resultados adecuados, pero cuando hay un error, los encargados de cumplir las órdenes quedan en una situación muy endeble, los dejan solos. Eso es lo que ha pasado con quienes ejecutaron esas órdenes, que van desde clases, oficiales y hasta comandantes de unidades operativas.
“Cuando algún jefe preguntaba qué iba a pasar si ocurriera algún error y quién respaldaría a los implicados, la respuesta era simple: ‘Platique con su comandante’”, refiere el litigante, quien sirvió al Ejército entre 2000 y 2009.

Los citatorios

Egresado de la Universidad del Valle de México y con estudios de posgrado en la Panamericana y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, Tadeo Solano pretende también la presentación ante la justicia civil del general de división Marco Antonio González Barreda, quien al momento de los hechos era comandante de la XI Región Militar.
El divisionario concluyó el sexenio de Calderón como inspector y contralor general del Ejército. Hoy es director general del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, designado por el general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Sedena.
El abogado busca además la declaración judicial del entonces jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional, general Demetrio Gaytán Ochoa, quien después de los sucesos en Chihuahua fue designado subsecretario de la Sedena. El año pasado encabezó una de las más fuertes disputas en la secretaría para suceder a Galván. Ahora es el director del Banco del Ejército (Banjército), también por decisión del general secretario.
El litigante también citó al general Felipe de Jesús Espitia Hernández, quien en 2008 era comandante de la Quinta Zona Militar, con sede en Chihuahua, Chihuahua, y responsable directo del Operativo Chihuahua. De acuerdo con la defensa, ambos estuvieron en la reunión con Galván, lo mismo que los comandantes de las zonas militares Sexta, con sede en Saltillo, Coahuila, y 42, con base en Parral, Chihuahua.
El actual comandante de la Quinta Zona Militar es el general Leopoldo Noé Gaytán Ochoa –hermano del director del Banjército– quien se niega a una inspección judicial de esas instalaciones solicitada por el abogado y autorizada por los juzgados Segundo y Décimo de Distrito Civil en Chihuahua. Según el comandante, el ingreso sólo puede ser autorizado por el titular de la Sedena.
Tadeo Solano, quien litiga el caso entre la Ciudad de México, Sinaloa y Chihuahua, asegura que la defensa ha recibido amenazas de muerte por parte de “personal de la Quinta Zona Militar”. Ello lo motivó a enviar una carta al presidente Enrique Peña Nieto en la que responsabiliza al general secretario y a la PGJM de cualquier acto en su contra.
En el documento se queja también de la procuraduría militar porque, expone, se ha negado a presentar durante el juicio a los elementos de la Policía Judicial Militar (PJM) que participaron en la captura de los militares y están acusados de tortura para involucrar a jefes que participaban en el Operativo Chihuahua. La PGJM asegura que no los puede presentar por seguridad personal.
En entrevista, el abogado asegura que sin ser parte en los juicios, el agente del Ministerio Público de la Quinta Zona Militar y personal del Juzgado de la III Región Militar, en Mazatlán, solicitan informes a los juzgados Segundo y Décimo de Distrito con sede en Chihuahua.
Ambos juzgados radicaron las causas penales luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó criterios respecto al fuero militar y estableció que el caso Ojinaga debía pasar a la jurisdicción civil. Y aun cuando desde septiembre y octubre de 2012 fijó los criterios para limitar el fuero militar, fue en enero pasado cuando se resolvió en definitiva el conflicto competencial a favor de los juzgados civiles, por lo que durante más de tres años la instrucción estuvo a cargo de la justicia castrense.

El encuentro de 2008

Entre los asistentes a la reunión con Galván en la base aérea de Chihuahua estuvo el general de brigada Manuel de Jesús Moreno Aviña, comandante de la Guarnición de Ojinaga, donde, según las acusaciones en la causa penal 49/2012 que se instruye en el Juzgado Décimo de Distrito de Chihuahua, ocurrieron las muertes de por lo menos un civil y adonde fueron llevados tres presuntos delincuentes antes de ser torturados, asesinados y calcinados en poblados aledaños a Ojinaga, entre junio y agosto de 2008. Los desaparecidos son José Heriberto Rojas Lemus, El Michoacano; Esaú Samaniego Rey, El Cholo o El Azteca, y Erick Campos Valenzuela, El Campitos.
Moreno Aviña es ahora uno de los 31 militares procesados en las diferentes causas penales que, de acuerdo con los acusados, fueron enderezadas por consigna por la justicia militar. Apenas el 27 de junio pasado durante una audiencia para recabar su testimonio, alegó que su primera declaración ministerial hecha el 19 de agosto de 2009 ante la PGJM en la Ciudad de México, donde se encontraba en la Dirección General de Personal, desapareció de su expediente. Esa irregularidad no fue tomada en cuenta por el juez militar Gonzalo Corona González, quien inicialmente conoció la causa antes de que declinara a favor de la justicia civil.
Moreno Aviña asegura además que fue declarado antes de que existiera una petición oficial del Ministerio Público militar adscrito a la comandancia de Ojinaga. La justicia militar falseó documentos, asegura, para ocultar esa arbitrariedad, también cuestiona los peritajes de la PGJM sobre los supuestos restos óseos de los desaparecidos y que la procuraduría militar no ha querido aportar como prueba.
El mismo día de la detención del general Moreno Aviña, el 19 de agosto de 2009, ocurrió la del teniente coronel José Julián Juárez Ramírez y la de otros oficiales y soldados. El operativo estuvo a cargo del entonces coronel y ahora general brigadier David Eduardo Velarde Sigüenza, director de la PJM.
También participó el mayor de Infantería Carlos Alberto Rivera Medeles, como investigador de la PJM. Todos los detenidos, excepto uno, alegan haber sido torturados para incriminarse.
En el caso del teniente coronel Juárez Ramírez, quien tiene diferentes cursos de instrucción en México, Chile y Estados Unidos, efectivos de la PJM llegaron al cuartel donde se alojaba en la CINE.
Según el parte oficial, en un cajón del buró de Juárez Ramírez le encontraron dosis de cocaína y mariguana que, alega el acusado, eran utilizadas para el adiestramiento del personal bajo su cargo por órdenes del general Moreno Aviña. Los policías militares lo acusaron de flagrancia en el delito de posesión de enervantes con fines de comercio.
Lo interrogaron hasta las 11 de la noche del siguiente día. Por la mañana lo llevaron en un avión del Ejército a la prisión militar de la III Región, en Mazatlán, donde está preso desde entonces.
Los militares detenidos fueron entregados al mayor Rivera Medeles, quien asentó en el acta ministerial haber interrogado al teniente coronel sobre una caja de madera escondida fuera de la CINE y cerca de la mina La Perla, rumbo a la ciudad de Camargo. Según el mayor, la caja contenía armas de fuego, dinero nacional y extranjero, cartuchos de diferentes calibres y joyas de oro, y dio con ella por las declaraciones del sargento conductor hojalatero Andrés Becerra Vargas, uno de los señalados de haber formado parte del “pelotón de la muerte”.
El ministerial dijo que el teniente coronel respondió que las armas eran de las que se aseguraban a los civiles y no se ponían a disposición de las autoridades porque las utilizaba para sembrarlas a otros civiles que se detenían y a los que no se les encontraba nada. En la versión asentada por el Ministerio Público militar Juárez Ramírez señaló que el general Moreno Aviña le daba dinero, también asegurado a civiles, para gastos de operaciones militares y que el comandante de la Guarnición era quien en complicidad con dos civiles ordenaba la ejecución de otros civiles.
En sus primeras declaraciones ministeriales el sargento Becerra Vargas y el mayor Alejandro Rodas Cobón, señalado como uno de los jefes del “pelotón de la muerte”, acusaron a Juárez Ramírez de quedarse con droga y dinero y de estar relacionado con el asesinato de varias personas, entre ellas un policía municipal y una empleada de la PGR.
No fueron los únicos que declararon contra el comandante de la Guarnición y el de la CINE. También lo hicieron los demás integrantes del “pelotón de la muerte” y otros efectivos de la Guarnición. Pero en sus declaraciones ante el juez casi todos, a excepción de Becerra Vargas, alegaron que fueron presionados y torturados por la Policía Militar para declarar contra el general Moreno Aviña y el teniente coronel Juárez Ramírez.
El juez castrense de las causas penales abiertas contra los elementos de la Tercera CINE, el general Corona, desechó las acusaciones de tortura y dio como válidas sus primeras declaraciones ante el Ministerio Público militar.
Uno de los principales inculpados, Rodas Cobón, asegura que fue torturado por la justicia militar para inculparse del homicidio de Rojas Lemus y Samaniego Rey, y responsabilizar al general Moreno Aviña y al teniente coronel Juárez Ramírez. El 16 de abril pasado, en un testimonio que dio a petición de Moreno Aviña, Rodas Cobón identificó a quienes, alega, lo torturaron.
Después de su traslado a la Ciudad de México desde Ensenada, Baja California, el 26 de agosto de 2009 fue llevado a Ojinaga, donde fue entregado al mayor Rivera Medeles en una cabaña dentro de las instalaciones militares: “Me ordenó… que me sentara. Al sentarme, el capitán Héctor Raúl Salgado Urióstegui me propinó bofetadas, y al quererme levantar fui sujetado por ambos brazos por el mayor Rivera Medeles y el capitán Román Rodríguez…
“Dime ya de muertos y ejecutados ordenados por el general Moreno Aviña, no te hagas pendejo… Nosotros como agentes de la Policía Federal Militar estamos protegidos y recibimos órdenes directas del general secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, y mientras él esté en el poder no nos van a hacer nada, así se quejen ante quien se quejen…
“Me dijeron que me dejarían descansar 20 minutos para que descansara e inculpara al general Moreno Aviña y al teniente coronel Juárez Ramírez”, tal y como aparece en su primera declaración ministerial firmada 18 días después de su detención en Baja California, periodo en el que, según su dicho, no lo dejaron bañarse ni cambiarse de ropa.
Aunque ahora nadie se quiere responsabilizar de la existencia del “pelotón de la muerte”, el Ejército sigue en el centro de la polémica por la “guerra” de Calderón. Apenas la madrugada del viernes 5 el juez tercero de Distrito en Materia Penal de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, decretó por falta de pruebas el sobreseimiento de la causa penal e inmediata liberación de los generales Roberto Dawe, Ricardo Escorcia y Rubén Pérez, así como del teniente coronel Silvio Hernández y del mayor Iván Reyna, quienes estaban en prisión desde el año pasado acusados por el gobierno de Calderón de fomento al narcotráfico.
En abril pasado la justicia federal liberó al general de división en retiro y exsubsecretario de la Defensa Nacional Tomás Ángeles Dauahare, luego de que la PGR se desistiera de las acusaciones fincadas en su contra por el gobierno de Calderón de proteger desde los más altos niveles del Ejército al Cártel de los Beltrán Leyva.

Funcionarios del país son reclutados por la DEA para espionaje

*Espían y recopilan información, señalan altos mandos de PGR, SSP y Gobernación

*Trabajan para agencias estadunidenses al menos 80 ex funcionarios mexicanos
*No se descarta que servidores públicos en activo también estén colaborando con DEA, ATF e ICE.

Gustavo Castillo García

Desde ex funcionarios de alto nivel hasta policías de a pie han sido cooptados por agencias estadunidenses, principalmente por la encargada del combate antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) y las representaciones de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Altos mandos de la Procuraduría General de la República (PGR) y de las secretarías de Seguridad Pública federal y Gobernación confirmaron a La Jornada que han detectado que al menos 80 ex servidores públicos de áreas sensibles de inteligencia, investigación y análisis del gobierno mexicano trabajan para las agencias estadunidenses, espiando, recopilando información y dando seguimiento a los temas y casos de su interés.

Las fuentes consultadas, las cuales solicitaron el anonimato, ya que han sido parte de los equipos que participaron en reuniones de representantes de México y Estados Unidos en negociaciones de acuerdos como la Iniciativa Mérida y la infiltración de agentes en organizaciones criminales, revelaron que no se ha descartado que funcionarios en activo también estén trabajando para los estadunidenses en combinación con sus ex compañeros, lo que ya está siendo investigado en la averiguación previa en la que se indaga si la DEA ha lavado dinero de grupos criminales mexicanos en territorio nacional sin conocimiento de las autoridades del país.

Los ex servidores públicos y ahora informantes estadunidenses actúan como si se tratara de funcionarios consulares, pues una de sus bases se localiza en la propia embajada estadunidense; otras oficinas están en Reforma 265, y la más importante abarca un piso completo de un hotel que se ubica en la glorieta del Ángel de la Independencia.

De acuerdo con la información obtenida, las agencias estadunidenses han ofrecido empleo como informantes y a la vez como conseguidores de información en áreas como la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), instancia de la PGR que tiene bajo su responsabilidad las investigaciones más sensibles en materia de crimen organizado; por ejemplo, el caso del empresario chino nacionalizado mexicano Zhenli Ye Gon, quien se encuentra sujeto a un proceso de extradición en Estados Unidos, o la integración de expedientes contra los hermanos Beltrán Leyva o la familia Zambada Niebla (hijos de Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes del cártel de Sinaloa).

Los entrevistados señalaron que los ahora servidores de DEA, ICE y ATF han sido detectados en instalaciones como el Centro de Mando de la Policía Federal o el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y luego dirigir sus pasos a la embajada estadunidense o a las instalaciones que tienen en Paseo de la Reforma 265, donde oficialmente se localiza la Oficina Bilateral de Seguimiento a la Iniciativa Mérida.

Las autoridades entrevistadas reiteraron lo que este diario publicó en agosto pasado: en realidad, es un centro donde se determinan operaciones importantes contra grupos del crimen organizado, más por iniciativa o investigación de los estadunidenses que por actuaciones mexicanas, pero agregaron que, al igual que en las instalaciones del mencionado hotel, solamente se permite el acceso a los más selectos informantes o funcionarios.

En el caso de las instalaciones del hotel de la glorieta del Ángel de la Independencia, de los funcionarios entrevistados sólo algunos reconocieron haber ingresado al sitio: un piso completo que a simple vista parece una zona de suites, al cual solamente se accede con una llave por el elevador. Las fuentes detallaron que dentro de las instalaciones, las cuales son vigiladas por agentes estadunidenses, hay equipos de cómputo, vigilancia e intercepción telefónica, y en el lugar se reciben y envían de manera electrónica los cables sensibles de las operaciones en territorio mexicano.

La contratación de agentes y funcionarios mexicanos no es una situación reciente, pero ahora es más visible porque en algunos casos se ostentan como colaboradores; inclusive llegan a presumir que ahora tienen horarios más cortos y se enfocan a casos concretos, dijeron los entrevistados.

Asimismo, indicaron que en una reunión de alto nivel, funcionarios mexicanos reclamaron abiertamente a los representantes de agencias estadunidenses que en zonas como Baja California, Chihuahua y Tamaulipas, los agentes federales trabajaran para ellos y no cumplieran con sus responsabilidades, y se pidió que no los cooptaran, pero la situación ha continuado.

En ese contexto, aunque los agentes estadunidenses no suman más de 200 en todo el país, las autoridades mexicanas no conocen el número de informantes que han contratado, ya que inclusive se ha detectado que algunos que fueron detenidos como delincuentes colaboraban con alguna agencia, sobre todo en la frontera norte.

En agosto pasado, La Jornada informó que hay funcionarios locales que participan en las investigaciones y en el intercambio de información, además de que realizan labores de inteligencia, pero que son sometidos a exámenes de confianza por los estadunidenses, cuya evaluación incluye aplicaciones en el iris de los sustentantes, que se considera un sistema más barato, eficiente, confiable y rápido que el polígrafo tradicional.

Asimismo, que cuando las agencias estadunidenses quieren una captura o una incautación de alto impacto en México, las autoridades nacionales son informadas de los vínculos del presunto criminal, sus números telefónicos, los domicilios a que acude, como ocurrió en el caso de Arturo Beltrán Leyva, abatido por elementos de la Secretaría de Marina el 15 de diciembre de 2009.

Una muestra pública reciente de la operación de estas agencias en territorio nacional –indicaron los entrevistados– fue lo sucedido en San Luis Potosí en febrero de este año, cuando el agente Jaime Zapata, de ICE, fue asesinado por integrantes de Los Zetas, luego de sostener una reunión con uno de sus informantes.

García Luna, sospechoso en Estados Unidos

Tras el reacomodo de fuerzas que habrá en enero en el Congreso estadunidense, los legisladores republicanos buscarán revisar los mecanismos de apoyo y cooperación con México en materia de lucha contra el crimen organizado para volverla más eficaz. Los dos puntos clave de su estrategia serán el combate a los actos de corrupción en el seno del gobierno de Felipe Calderón –en especial los que, según reportes que afirman tener en su poder, se atribuyen al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna– y el intercambio de información de inteligencia militar.

J. Jesús Esquivel

WASHINGTON.- Para derrotar al narcotráfico en México es necesario investigar a fondo las acusaciones en el sentido de que en su gobierno prevalecen actos de corrupción, en especial los que se atribuyen al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y fortalecer el intercambio de información de inteligencia militar entre Estados Unidos y el país vecino, afirman congresistas republicanos.

A los legisladores del Partido Republicano les preocupa que, en algunas causas judiciales sobre presuntos actos de corrupción entre efectivos de la Agencia Federal de Investigación –iniciadas hace cinco años–, se mencione el nombre de García Luna.

En enero habrá un reacomodo político en Washington: los republicanos tendrán el control del Congreso y la cooperación en la lucha de México contra el narcotráfico será sometida a varios ajustes y exigencias.

“Mantenemos un sólido respaldo a la Iniciativa Mérida pero estamos particularmente entusiasmados por la cooperación entre el personal militar de Estados Unidos y el de la Marina de México. Queremos que haya más cooperación entre ellos, pero de manera especial en materia de inteligencia”, dice a Proceso Carl Meacham, asesor para Asuntos Latinoamericanos de Richard Lugar, senador republicano integrante del Comité de Relaciones Exteriores.

“Otra área donde pensamos que se necesita más atención es en el tema de la corrupción… especialmente y tomando en cuenta las acusaciones que han surgido contra Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública de México”, enfatiza Meacham durante la entrevista con este semanario.

Desde hace varios meses y por iniciativa del senador Lugar, los republicanos en el Capitolio –que a partir del próximo enero serán mayoría en la Cámara de Representantes y controlarán las decisiones en la de Senadores– han elaborado varios proyectos de ley para revisar amplia y detalladamente la cooperación con el gobierno de Calderón en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Lugar –uno de los legisladores más influyentes en el Capitolio en materia de política exterior, así como asesor del presidente Barack Obama– busca ampliar la ayuda antinarcóticos, para lo cual los republicanos quieren que se investigue la corrupción del narcotráfico en los más altos niveles del gobierno federal y plantean una mayor participación de la inteligencia del Pentágono en los operativos de la Secretaría de Marina (Semar) y, en segundo término, en los del Ejército.

“Tomando en cuenta que el objetivo de la Iniciativa Mérida es fortalecer la habilidad del Estado mexicano para combatir al crimen trasnacional, la eliminación de la corrupción gubernamental debe ser una de las prioridades más altas”, destaca el asesor de Lugar.

En el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que preside el senador demócrata John Kerry, preocupa que “la corrupción en México sea un problema recurrente”, según Meacham.

Inquietan, por ejemplo, reportes a los que tuvo acceso ese comité en los que se mencionan los problemas de corrupción por narcotráfico en el más alto nivel de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de México. Ahora, con la fuerza política que tendrán los republicanos en el Congreso, el senador Lugar buscará más apoyo para el gobierno de Calderón en la lucha contra el narcotráfico y, por ende, en el combate a la corrupción gubernamental.

La oficina del senador Lugar se negó a dar a conocer el contenido de los reportes que dice tener en resguardo sobre acusaciones de corrupción en torno a García Luna, pero explicó que éstos han sido y seguirán siendo compartidos con el gobierno de Calderón para que les dé respuesta en su momento como parte de las negociaciones para el financiamiento de la Iniciativa Mérida.

La pregunta incómoda

Los rumores y acusaciones respecto de los citados actos de corrupción en la SSP han preocupado a Washington desde hace años. En entrevista con Proceso (número 1686) Tony Placido, jefe de Operaciones de Inteligencia de la Administración Federal Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), también resaltó este aspecto como un punto fundamental para desmantelar a los cárteles del narcotráfico.

“Nos preocupa, por ejemplo, que de manera constante se mencione que varios de los colaboradores más cercanos del secretario Genaro García Luna podrían estar implicados con grupos criminales como el de los Beltrán Leyva”, dijo Placido.

Malcolm Beith, en su libro The Last Narco –una biografía de El Chapo Guzmán– alude a las constantes menciones de García Luna como uno de los funcionarios al servicio del narco. “Un testigo federal declaró ante la PGR que García Luna y otros han recibido regalos –yates y casas– de parte de El Chapo a cambio de información. Nada de esto se ha probado”, anota Beith en su libro.

El 30 de enero de 2008, durante una visita de García Luna a Washington, Proceso le preguntó su opinión acerca de la averiguación previa PGRSIEDO/UEIDCS/106/2005, iniciada en el sexenio de Vicente Fox por supuestos nexos de efectivos de la AFI con los Beltrán Leyva y donde el nombre del secretario de Seguridad Pública se mencionaba repetidamente.

“Es mentira, es mentira”, respondió García Luna.

“Es muy fácil difamar, argumentar cosas. Si eso existe yo pido, como ciudadano mexicano, que se aclare el tema. Es mentira, ya; y no voy a discutir sobre un tema que es como hablar con un borracho; o sea, es una mentira y no puedo discutir sobre algo que es mentira”, remachó el titular de la SSP evidentemente molesto.

Comisión independiente

Meacham adelantó que será en algún momento del próximo año cuando en el Capitolio se aprueben los 175 millones de dólares que están pendientes de entregar en el marco de la Iniciativa Mérida.

Este dinero forma parte del presupuesto adicional o suplementario del Pentágono, y en el caso de la lucha contra el narcotráfico en México sólo 11 millones de dólares de los 175 están dedicados al intercambio de información de inteligencia.

“Es muy poco dinero, pero se va a tener que revisar porque todos en el Capitolio han visto que gracias al intercambio de información de inteligencia con el Pentágono, la Marina de México y las demás fuerzas armadas han logrado asestar golpes fuertes al narcotráfico”, explica Meacham.

Para adelantarse a los procesos de revisión de la cooperación en la materia que se ventilan en los pasillos del Capitolio, el miércoles 8, Lugar y sus colegas demócratas Patrick Leahy y Robert Menendez presentaron un proyecto de ley para crear la Comisión Independiente de Política Antidrogas en el Hemisferio Occidental.

“Esta legislación bipartidista ordenará la creación de una Comisión Independiente para evaluar las políticas y programas de Estados Unidos enfocadas a reducir la producción y demanda de drogas, y recomendará una estrategia multianual para enfrentar la creciente crisis de seguridad en el hemisferio generada por el comercio ilícito de narcóticos”, destacan los autores del proyecto.

La comisión estaría integrada por dos funcionarios designados por la Casa Blanca, legisladores demócratas y republicanos, así como por académicos y analistas políticos reconocidos por su conocimiento sobre el problema en México y América Latina.

Si bien los legisladores no se proponen eliminar o reemplazar la Iniciativa Mérida con otro plan o mecanismo multilateral, sí prevén la formulación de enfoques más concentrados en una mayor participación del Pentágono, en profundizar la lucha contra la corrupción y en una mayor intervención de las agencias de inteligencia de Estados Unidos.

“Estoy especialmente interesado en los esfuerzos para robustecer el papel que juegan las fuerzas militares y las agencias de inteligencia de Estados Unidos en el combate a los cárteles que tienen su sede en México, y que tienen alcances en Centroamérica y otros países en la región, como Venezuela”, afirmó Lugar al presentar, ante sus colegas, el proyecto de ley.

Al Comité de Relaciones Exteriores del Senado le preocupa que programas como el de la Iniciativa Mérida –financiada por Washington con poco más de mil 300 millones de dólares– cuenten con recursos muy limitados para ampliar el rol del Pentágono y de las agencias de inteligencia como la CIA.

“Esto va a tener que cambiar”, acotó Meacham, quien destaca que Hillary Clinton, la secretaria de Estado del gobierno de Obama, comparte la convicción de que la Iniciativa Mérida en su formato actual no está dando los resultados esperados, y respalda la idea de hacer mayores demandas al gobierno de Calderón y de otros países latinoamericanos en cuanto a limpia de funcionarios corruptos.

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Denuncia penal

La periodista Anabel Hernández interpuso ante la Procuraduría General del DF una denuncia contra quien resulte responsable por las amenazas de muerte recibidas
MEXICO, D.F., 3 de diciembre (AFP) - Una periodista mexicana interpuso una denuncia penal este viernes por un supuesto plan para matarla que implica a funcionarios del gobierno, acusación que fue rechazada por la secretaría (ministerio) de Seguridad Pública, que aseguró haberle ofrecido protección. “Presenté este viernes ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (fiscalía capitalina) contra quien resulte responsable”, dijo a la AFP la periodista Anabel Hernández. Hernández presentó el miércoles su libro “Los señores del narco”, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (oeste), en el que revela la sup.. [+] Ver mas

Capturan a sicario adolescente

MÉXICO, D.F., 3 de diciembre (APRO/ UNIVERSAL, NOTIMEX/ AFP, AP y REUTERS).- Elementos del Ejército detuvieron a Edgar “N”, El Ponchis, de 14 años de edad, quien se encargaba de decapitar a rivales del cártel del Pacífico Sur (CPS), que comanda en Morelos Héctor Beltrán Leyva. Los hechos ocurrieron la noche de ayer en el aeropuerto “Mariano Matamoros” de Morelos, a 17 kilómetros al sur de Cuernavaca, cuando el niño sicario intentaba huir a Estados Unidos junto con dos de sus hermanas. De acuerdo con autoridades locales, Edgar confesó haber degollado por lo menos a cuatro sujetos del cártel de los Beltrán Leyva que después aparecieron desmembrados y colgados en un puente vial de la autopista Cuernavaca-México, hace aproximadamente dos meses. Según declaraciones citadas por medios locales, El Po.. [+] Ver mas

Absuelven a la “Reina del Pacífico”

Sandra Avila Beltrán y el colombiano Juan Diego Espinosa Ramírez, (a) “El Tigre”, fueron absueltos por un juez federal de los delitos de narcotráfico y delincuencia organizada / La Reina del Pacífico seguirá presa pues está sometida a proceso de extradición MÉXICO, D.F., 3 de diciembre (APRO, UNIVERSAL, NOTIMEX, AFP, AP y REUTERS).- Sandra Ávila Beltrán, conocida como La Reina del Pacífico, y su pareja sentimental, el colombiano Juan Diego Espinosa Ramírez, El Tigre, fueron absueltos hoy por un juez federal de los delitos de narcotráfico y delincuencia organizada. Este es el tercer revés consecutivo que sufre la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso. En enero y en septiembre pasados, dos jueces federales determinaron que era improcedente la extradición de Ávila Beltrán a Estados.. [+] Ver mas

Continúa violencia en Oaxaca

Asesinan a profesor Integrante del Movimiento Unificador y de Lucha Triqui, a sólo unos días de empezar la administración de Gabino Cue
OAXACA, Oax., 3 de diciembre (UNIVERSAL).- El profesor Julián Martínez Ramírez, integrante del Movimiento Unificador y de Lucha Triqui (MULT) fue asesinado la mañana de este viernes en el tramo de carretera que conduce de Constancia del Rosario a Paso del Águila, en el municipio en la jurisdicción de Putla de Guerrero, informaron dirigentes de esa organización. El atentado se cometió alrededor de las 07:00 horas cuando el profesor de educación indígena procedía de la ciudad de Putla de Guerrero a San Miguel Copala. Este es el primer asesinato registrado en la región en la administración de Gabino Cué. Cabe señalar, que la organización MULT perdió a su fundador y.. [+] Ver mas

La balcanización del euro: cuatro escenarios muy discutibles

Por Alfredo JALIFE-RAHME
Bajo la lupa
Peter Boone (PB) y Simon Jonson (SJ) ——este último autor del libro aclamado “Los Trece Banqueros: La Captura de Wall Street; El Próximo Desastre Financiero” (ver Bajo la Lupa; 1.12.10)—— esbozan cuatro escenarios que constituirán “el juego final de la eurozona” (Baseline Scenarios; 28.11.10) cuando “mayores turbulencias se avizoran”. En última instancia, “existirá una eurozona con una mayor autoridad fiscal compartida, una autoridad transfronteriza de resolución común para los bancos quebrados, y probablemente una mayor integración económica. Pero existen cuatro escenarios sobre quienes formarán parte de la eurozona”. Cabe recordar que la eurozona cuenta con 16 miembros (donde brilla la ausencia de Gran Bretaña) pertenecientes a la Unión .. [+] Ver mas

El General Domiro García a SSP en Veracruz

Mas recordado como Jefe de Seguridad de Luis Donaldo Colosio, el calificado militar fue designado director de Operaciones/ Cambian mandos en II Zona Militar con sede en Tijuana/ En Sinaloa, cambian comandantes de la Tercera Región y Novena Zona Militar MEXICO, DF, 3 de diciembre (apro).- El exjefe del grupo encargado de la seguridad del candidato presidencial asesinado Luis Donaldo Colosio Murrieta, el general Domiro García Reyes, fue designado como director de operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz. El gobernador Javier Duarte de Ochoa dio instrucciones para sumar a la SSP al militar que cuidaba al candidato presidencial priísta, asesinado en Lomas Taurinas, Tijuana. Tocó al titular de la SSP, el también general y excontralor general de las Fuerzas Armadas, Sergio López Esquer, .. [+] Ver mas

La entrega de Pemex

Por Manú Dornbierer
Satiricosas
LA GRAN OBRA DEL BICENTENARIO será la entrega del petróleo de México a los petroleros gringos y otros “privados”. Se hará con todo y el gas que les habían dado a los españoles, vía Mouriño. Es increíble el descaro panista de los actuales dueños de Pemex, encabezados por el hombre de negocios Felipe Calderón y el business man Juan José Suárez Coppel. Son ilegales los contratos incentivados de la reforma energética de hace 2 años, que acaban de aprobar los tres nuevos, de los cuatro, Consejeros Profesionales de Pemex. Dieron inmediatamente luz verde a la traición a México del que los nombró, Don Calderón of course. Rogelio Gasca Neri, el único de los cuatro que no fue nombrado por el espurio dice: “Abren la puerta a que empresas privadas se apropien de .. [+] Ver mas

Halcones y bocones

Por Porfirio Muñoz Ledo
Quienes hemos ejercido el oficio diplomático conocemos los estilos diversos de trasmitir informes regulares o confidenciales. Tratándose de potencias imperiales o de gobiernos totalitarios la naturaleza es mixta y yuxtapone los comunicados formales con el espionaje. Lo supimos en detalle cuando se abrieron los archivos de la antigua Unión Soviética y tratándose de los Estados Unidos, por las memorias de sus presidentes, secretarios de Estado, embajadores y espías desertores. Nada hay nuevo bajo el sol, salvo que los Wikileaks ocurren en tiempo real y hacen públicas las estrategias y acciones en curso, con gravísimo daño para la política exterior norteamericana. Ha dicho con agudeza Enrique Berruga que “la diplomacia es los ojos y los oídos de un país en otro, pero no la boca�.. [+] Ver mas

Fiscalizar el gasto

Por Juan R. Menéndez Rodríguez “
Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos, no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad”.- Benito Juárez García Como hace décadas –vale decir como hace siglos—, una vez más la discusión pública se centra en los recursos que el gobernado pone en manos de los gobernantes y el uso que éstos hacen de ellos. El ciclo financiero en los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) comprende tres pasos que las constituciones y las leyes señalan. El primero es la obligación de los ciudadanos de contribuir al gasto público, que se concreta a través de leyes fiscales. El segundo es la determinación del gasto público en los presupuestos de egresos. El tercero y último es la rendición de la cuenta pública, en la que se debe dar punt.. [+] Ver mas

UADY supera el pasado

Por Francisco Luna Kan
En la transformación de la vida individual, familiar y social juega un papel de particular importancia el proceso educativo en su más amplia acepción, que engloba la que se imparte formalmente en las escuelas de todo orden y niveles, como prolongación de la iniciada desde el nacimiento hasta el último día de existencia del ser humano. El proceso educativo no sólo se realiza en la forma sistematizada del desempeño escolar en los diferentes ámbitos en que se desarrolla el individuo, sino también es condicionado por hábitos y costumbres que se generan en la sociedad con proyección en todos los hogares. De esta forma se elabora y asimila la conducta del ser humano desde su nacimiento, que en años subsecuentes se ampliará y modificará por el paso del individuo en todos los niveles d.. [+] Ver mas

¿Usted le cree a El Grande?

Por Julián Andrade
El laberinto de los testigos protegidos nunca tiene salida si lo que se busca es el conocimiento de la verdad y mucho menos si el horizonte es la justicia. Todos sus dichos son interesados y cambian con el tiempo o debido a los ofrecimientos de la autoridad. Sergio Villarreal, El Grande, no es distinto de otros personajes que navegan en los sótanos de nuestra derruida vida pública. El Grande, a fin de cuentas, es uno de los lugartenientes más importantes de los hermanos Beltrán Leyva. ¿Podemos creer lo que dice? Claro que no. Sus testimonios debieran servir como indicios y no como verdades establecidas. La revista Proceso ha utilizado las historias de estos sujetos dándoles validez absoluta y desplegándolos inclusive en las portadas. Por eso la grabación de El Grande, implicando al .. [+] Ver mas

La verdad social y la imposición mediática

Por Jesús Peraza Menéndez E
l engaño sistémico-gubernamental, que busca el convencimiento con la aceptación social, la conformidad con la situación en que se vive en México. En este México en el que “no pasa nada” (¿!), y en el que ya es imposible distinguir entre la realidad-real y la que imponen las televisoras. Por ahí un príncipe encantador, con engomado copete, arguyendo su derecho como gobernador electo legalmente, se organiza su boda, monárquica-católica-victoriana. Es el matrimonio “correcto-feliz” entre una madre soltera y un padre (auto) viudo que formarán así una nueva categoría de “familia compuesta”, que integra a los hijos de los otros “matrimonios-correctos”. El pueblo de su “reino” es el fondo del escenario, y el espectador-pasivo-receptor, el que lo mira desde le.. [+] Ver mas

Un lector y el Parque del Bicentenario

Por Alvaro Cepeda Neri
Prólogo Político
Un lector que, como la mayoría de los mexicanos sabemos de los abusos del poder hasta para reprimir la libertad de expresión, se firma como: Ciudadano del DF, el mayor y mejor título al que debe y puede aspirar todo individuo en su calidad de persona jurídica. Oculta, pues, su nombre. Y hace bien. Ya que su comentario y crítica, de manera implícita, roza al señor Calderón quien se curó en salud cuando en una reunión con periodistas (para quedar bien con los representantes extranjeros: farol de la calle y oscuridad de su casa), expresó: “Se puede criticar abiertamente al presidente, incluso en el exceso del escarnio o la burla”. Pero ha ordenado a la mafia de comunicadores en dependencias y paraestatales que no den publicidad a los que están en su lista n.. [+] Ver mas

Ciudad Juárez: El poder del perro

Jenaro Villamil

A la memoria de Esther Chávez Cano

MEXICO, DF, 12 de enero (apro).- Con el título de “El poder del perro”, el guionista estadunidense Don Winslow noveló, con datos reales en algunos casos, la penetración del narcotráfico en la vida mexicana.
Winslow describe claramente que el “poder del perro” no sería posible sin la complicidad de los cuerpos de inteligencia estadunidenses y mexicanos, de las autoridades policiacas, militares, políticas y hasta eclesiásticas. Las redes alcanzan los niveles más insospechados.
Lo que en la obra de Winslow es una especie de ‘docudrama’ de la situación mexicana –teniendo como epicentro a la Tijuana de los Arellano Félix y el poder de Miguel Ángel Félix Gallardo, el otrora “jefe de jefes”-- en Ciudad Juárez, Chihuahua, el otro polo fronterizo del trasiego de drogas, armas y migrantes a Estados Unidos, se ha convertido en una auténtica tragedia.
En esta ciudad no hay lugar para los débiles ni para la justicia. La urbe de un millón 400 mil habitantes está clasificada en 2010 como la más violenta del mundo, según los datos de la organización Movimiento Blanco.
En los últimos tres años (2007 a 2009), las muertes violentas relacionadas con el crimen organizado se incrementaron en 800% en esta frontera.
Tan sólo en 2009, los homicidios dolosos sumaron 2 mil 658 personas. Y en los primeros once días de este 2010, la cifra ha alcanzado cien asesinatos en menos de una quincena.
Lo peor es que estos datos no se corresponden con expedientes y seguimientos judiciales precisos de cada uno de los casos. La “segunda muerte” en Juárez es el anonimato de las propias víctimas de la ola de violencia.
El castigo brutal, inmerecido y dantesco que viven los habitantes de Juárez no tiene paralelo con ninguna otra ciudad mexicana.
Los juarenses saben bien que se trata de “el poder de la línea” lo que ha generado la espiral reciente de inseguridad, violencia y miedo.
Algunos de los más informados se atreven a aventurar que se trata de un reacomodo tremendo para entregarle esta plaza al cártel de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el capo más poderoso de los sexenios panistas, enfrentado a sus adversarios del propio cártel de Juárez, del Golfo y Los Zetas, aliados, al parecer, a las redes de los Beltrán Leyva. El imperio de Amado Carrillo Fuentes, “El señor de los cielos”, se ha convertido en el botín más preciado.
El castigo es tremendo porque desde 1992 y 1993 la negligencia de las autoridades municipales, estatales, federales y binacionales sólo ha agravado la situación.
Primero Ciudad Juárez alcanzó notoriedad mundial por la barbarie cometida contra más de 400 mujeres asesinadas. La orgía de odio, impunidad y complacencia frente a los crímenes seriales y a la violencia de género nunca ha sido aplacada por las protestas y denuncias de decenas de organizaciones locales e internacionales. Al contrario, a mayor protesta, mayor impunidad.
El expediente relacionado con los ocho cuerpos de mujeres jóvenes encontradas hace casi diez años en el lote algodonero –un sitio ubicado en el corazón de la zona maquiladora de Juárez-- llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La sentencia no tiene medias tintas: es el Estado mexicano el responsable de 17 años de feminicidio continuado. Ni los exgobiernos del PAN y del PRI en Chihuahua, ni el del presidente Felipe Calderón, se han inmutado ante el vergonzoso veredicto.
Al expediente de los crímenes de odio contra las mujeres se ha sumado el de cientos de desaparecidos. Algunos cuerpos han sido encontrados en ‘narcofosas’. Se calcula que existen más de 20 casas de seguridad donde aún están cadáveres no encontrados.
En 2003-2004, el gobierno panista de Vicente Fox quiso aminorar la presión de la opinión pública nacional e internacional con un operativo policiaco que no frenó la espiral de violencia en Ciudad Juárez.
Sólo por dar un ejemplo de la simulación que se vivió en esos meses: mientras los “muchachos” de la Policía Federal Preventiva perseguían a los delincuentes en los barrios pobres, al lado de la delegación de la Procuraduría General de la República en Ciudad Juárez operaba una discoteca que todo mundo sabía que pertenecía al “cártel”. Era una pirámide ostentosa que imitaba a las egipcias.
La situación se agravó en este sexenio. Desde 2007 a la fecha, el Operativo Conjunto Chihuahua abrió las compuertas del infierno. Al feminicidio, los desaparecidos y los crímenes entre sicarios y contra autoridades ministeriales, se han agregado la industria del secuestro –los capos en pugna requieren dinero en efectivo, rápido y en grandes cantidades--, así como la persecución y el asesinato de periodistas y activistas de organizaciones de derechos humanos.
Las ejecuciones recientes de Josefina Reyes, de Jesús Alfredo Portillo Santos y de Flor Alicia Gómez López sólo han incrementado una sospecha en Juárez: a la guerra entre bandas del crimen organizado se ha sumado la guerra de efectivos militares en contra de los activistas (ver reportaje de Gloria Leticia Díaz, Proceso 1732).
El gobernador saliente Jesús Reyes Baeza y el alcalde juarense José Reyes Ferriz anunciaron hace dos días que se pondrá en marcha un Plan de Intervención Juárez, con la participación de “asesores” colombianos y estadunidenses para este año.
En otras palabras, Juárez vivirá “el poder del perro” en su máxima expresión: una cabeza de playa del intervencionismo sin que existan garantías básicas para los habitantes de esta ciudad.
Ciudad Juárez seguirá siendo el termómetro de nuestro fracaso como nación, que soñó con la transición democrática y amaneció con “el poder del perro” en las entrañas.
Comentarios: jenarovi@yahoo.com.mx

El bipartidismo oficial

Luis Javier Garrido

Los grupos mafiosos en el poder, tutelados desde el exterior, siguen decididos a imponerle a México un bipartidismo oficial que encubra su corrupción y la entrega que están haciendo del país, a pesar de que la mayoría de los mexicanos no aceptan al PAN ni al PRI, y de que las tensiones sociales no dejan de crecer en casi todos los ámbitos de la vida nacional.
1. El aspecto político más significativo del año que comienza está siendo el empeño de los poderes trasnacionales y de la dirigencia del PRI, coludida con éstos –por el papel que desempeña Carlos Salinas de Gortari– en mantener en la silla presidencial a Felipe Calderón, a pesar de los reclamos insistentes para que él y su equipo se vayan y no sigan hundiendo a México. Y lo justifican por el hecho de que su gobierno, aun sea impopular y no se pueda ocultar que está sometido a las agencias del gobierno estadunidense, continúe haciendo, aun sea con todas las dificultades, el trabajo sucio de desmantelar la nación, que exige la administración Obama y que el PRI quiere que se acelere antes de 2012, como si pudiera así disimular su corresponsabilidad en todo cuanto acontece.
2. El desastre histórico del PAN en el gobierno es absoluto y no sólo está llevando a una entrega de los recursos estratégicos de la nación al extranjero y a un creciente empobrecimiento de los mexicanos, sino que está logrando que las grandes decisiones tanto en materia financiera como de seguridad nacional no estén siendo ya tomadas en nuestro país, y que el gobierno quede reducido al papel de mero operador de lo que se decide en otros ámbitos.
3. El operativo llevado a cabo en Cuernavaca el 16 de diciembre para ejecutar a Arturo Beltrán Leyva, señalado como un capo del narcotráfico (y que hasta ese momento había sido protegido oficialmente), fue por ejemplo decidido y preparado por la US Drug Enforcement Administration (o DEA), que actúa impunemente en México, al margen del gobierno de Calderón, y aun en contra de los intereses de importantes dirigentes del PAN coludidos con el narcopoder –incluido el gobernador del estado, el panista Marco Antonio Adame–. De manera que los miembros del comando de la Secretaría de Marina (Semar) responsables de llevarlo a cabo (ante la desconfianza de la DEA en las policías mexicanas y el Ejército), quedaron reducidos al papel de simples ejecutores. No fue de tal suerte un episodio de ninguna lucha “del gobierno” mexicano contra el narcotráfico sino de las acciones de Washington en territorio mexicano para seguir reordenando el mercado de las drogas en función de sus intereses y proseguir tomando el control de espacios estratégicos de nuestro país.
4. En Haití, aprovechándose del terremoto del martes 12, el gobierno de Washington ordenó dos días después el envío no nada más de una misión humanitaria sino una verdadera ocupación de ese país con el envío de decenas de miles de elementos militares. En México, con el pretexto de una supuesta guerra contra los cárteles del narcotráfico, y argumentando que está en riesgo su seguridad interna, iniciaron ya desde hace años una toma sorda y disimulada del control del territorio nacional.
5. El escándalo suscitado por el hecho de que el comando de la Semar actuara en Morelos al margen de la legalidad constitucional del país, sin tener facultades legales para hacerlo y sin que mediaran órdenes de aprehensión, y de que en sus acciones cometiera todo tipo de tropelías, como si existiera en México un estado de suspensión de garantías individuales, se explica por el desprecio que manifiestan tanto las autoridades estadunidenses como el gobierno panista de Calderón por la legalidad mexicana. Los funcionarios del PAN quedaron en todo caso protegidos en la mayor impunidad, pues no se procedió contra aquellos que acompañaron ese día, y en el de la famosa fiesta de dos semanas atrás, a Beltrán Leyva, ni contra los funcionarios, militares y policías que, según se informó, aparecieron en la nómina de los narcos.
6. El golpe de la DEA le permitió en todo caso al gobierno calderonista, que está entregando el control de la seguridad nacional a Estados Unidos, definir su posición ante las fuerzas armadas mexicanas, pues los medios oficialistas se dieron gusto en insistir que había actuado la Marina ante la desconfianza oficial en los militares y en subrayar la protección dada por éstos a Beltrán. Todo ello dos meses después de que Calderón se ufanara en un discurso en Morelia de que su padre hubiera luchado contra el Ejército en la guerra cristera. No extraña por eso que un funcionario del gobierno panista de Fox, Jorge G. Castañeda, señalara en Nuevo México que “las aparentes ejecuciones entre bandas de narcotraficantes” son en realidad acciones realizadas por el Ejército (Proceso 1730).
7. La presunción de algunos periodistas y del propio Calderón en el sentido de que están teniendo algún éxito en materia de seguridad son en este sentido por completo delirantes, pues lo único que ha hecho el gobierno panista actual es debilitar al Estado mexicano. En un discurso pronunciado en una recepción privada más que se llevó a cabo en diciembre, en presencia de varios miembros del gabinete en la residencia presidencial de Los Pinos, y de la que dan cuenta varios columnistas, Calderón se presentó como una posible víctima de los sicarios del narco, asumiendo que tiene una gran importancia para ellos, y anunciando oleadas de violencia para 2010.
8. En 2010, la simulación del “tránsito a la democracia” y de “la alternancia política” ha quedado a la vista de todos, y resulta evidente que el viejo régimen antidemocrático de partido de Estado se ha ido reconvirtiendo en un régimen antidemocrático, en donde hay ya dos partidos oficiales: el PRI y el PAN, que se asumen como organizaciones de Estado, comparten el mismo proyecto histórico y en consecuencia el poder, se pelean por lo secundario pero se solapan en todo, y todo hace suponer que se pondrán de acuerdo en 2012. Así lo están haciendo en la sangrienta mascarada de la lucha contra el narco o en su intento por destruir al Sindicato Mexicano de Electricistas y entregar el sector energético al capital extranjero, y no hay por qué no lo logren en dos años más.
9. Las elecciones locales que se llevarán a cabo en el país a lo largo de 2010 serán unas meras “primarias” entre ellos (que parecen ya decididas de antemano), pues la clave del acuerdo que buscan está en condensar un mecanismo de alianza que se sustente en la “segunda vuelta” en las elecciones presidenciales y en lograr destruir la posibilidad de una candidatura de verdadera oposición, en lo que se empecinarán en este 2010.
10. El año del bicentenario del inicio de la Independencia y de los cien años del movimiento armado de 1910 está destinado por lo mismo por quienes gobiernan a consolidar la dependencia de México a los poderes trasnacionales en aras de “la globalización” y a seguir desmantelando a la Constitución surgida de la Revolución Mexicana de 1910.

Las pistolas de Calderón

Astillero
*Las pistolas de Calderón
*Impericia y pugnas internas
*Temor y abatimiento colectivos

“NI UN PASO ATRÁS”. En la lucha contra el narco no se dará ni un paso atrás, aseguró el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, hablar sobre la ejecución de familiares del marino Melquisedet Angulo.Foto Guillermo Sologuren.

Julio Hernández López

Felipe Calderón está llevando al país a una situación de extrema gravedad. Las naturales reacciones de venganza de los cárteles afectados por una “guerra” selectiva toman al gobierno federal en una situación de impericia casi criminal (revelar el nombre del marino muerto, a cuenta de homenajes concebidos como material propagandístico) y enmedio de pugnas intestinas y desconfianzas extendidas en la elite del poder (el Ejército, agraviado por la “preferencia” felipesca por la Armada en el caso Cuernavaca, lo que significó una acusación implícita de deshonestidad sobre soldados y oficiales de la Sedena).
La descomposición institucional fue agravada por la instrucción de tapizar de billetes y símbolos religiosos el cuerpo de un narcotraficante ejecutado más por desaveniencias con su jefe original que por una auténtica e imparcial persecución gubernamental. Al colocarse al mismo nivel de crueldad e ilegalidad que los delincuentes extraoficiales, la administración de CalNerón ha abierto la puerta a las venganzas extremas, sin que los presuntos defensores y ejecutores de las leyes puedan invocar legitimidades en su actuar ni grandeza o patriotismo en sus propósitos. El ánimo social de alarma y los específicamente revanchistas de los delincuentes afectados son incluso exacerbados por las declaraciones grandilocuentes, retadoras, amenazantes de altísimos funcionarios que creen plausible hacer declaraciones de valentía y fuerza desde sus espacios milimétricamente protegidos. Calderón debería cambiar el tono, el contenido y la gestualidad de sus comparecencias públicas sobre el tema, al igual que el secretario Gómez Mont debería dejar a un lado el tono de litigante blindado al hacer sus pastosas alocuciones de defensa de un estado de derecho que ya no existe y de legalidades e institucionalida- des caídas en combate. Luego del ataque al departamento 201 de un edificio de la capital del estado comercialmente administrado por Marco Adane (recuerden: cambien dos consonantes a su entender), la “guerra” contra el narcotráfico ha subido peligrosamente de grado: cártel contra cártel, capos contra capos. Sálvese quien pueda.
Justamente en las actuales condiciones resulta urgente poner freno a una “guerra” que Calderón decidió por sus puras pistolas en sus peores condiciones de precariedad política (a unos días de su accidentada y repudiada toma de posesión). El dinero público gastado en esta densa campaña nacional de asentamiento militar debería haber sido destinado a necesidades verdaderamente sentidas por la población. Por ejemplo, a la ayuda fortalecida a los mexicanos económicamente miserables que en esta misma administración se han multiplicado a la par que el uso para fines militares, marinos y policiacos del erario en la batalla sabidamente perdida contra el comercio globalizado de las drogas y alegremente tolerado y promovido por las contrapartes del mayor mercado, el estadunidense, donde no hay bajas ni temblor social sino plácido consumo extendido.
Pero otra de las consecuencias de esta etapa superior del miedo colectivo es el abatimiento del ánimo de participación política, de la protesta superior, pues muchos ciudadanos asustados lo que prefieren es la defensa de sus intereses particulares, el volverse invisibles, el callar para no provocar represiones desatadas. A la mitad de su improbable sexenio, sin fuerza en las cámaras, peleado incluso con grandes e influyentes empresarios, rodeado de una camarilla gris, ineficaz y servil, y con riesgos ampliamente anunciados de estallidos sociales incluso por razones de calendario histórico, Calderón parecería encaminarse a una forma de aniquilamiento de lo político, de lo electoral. De hecho, pareciera que el diseño de esta inexplicable guerra perdida contra el narco fuera en realidad sólo la preparación de escenarios de volatilidad social que “obliguen” a la toma de decisiones que en otro momento no serían permitidas, como la declaración de zonas de excepción que conforme avanzaran los “combates” con los narcos sublevados podrían ampliarse hasta abarcar al país entero y llegar, de ser necesario, a la supresión de los procesos de elección de autoridades y representantes populares. Una relección forzada por las circunstancias.
Lo de ayer es terriblemente sintomático, pues fueron varios los ataques directos a símbolos de la institucionalidad: los familiares de un miembro de las fuerzas especiales de la Marina, las ráfagas en el restaurante donde comían el fiscal general de Coahuila y un secretario del gabinete estatal con un alcalde texano, el asesinato del secretario de Turismo de Sinaloa. Y, por otra parte, las versiones, no confirmadas a la hora de cerrar esta columna, de una matanza en Sinaloa, según eso entre 20 y 40 personas.
Aparte de los discursos de la superioridad, el mundillo de la política institucional simula que todo sigue bajo control: el Cordero sacrificable es obligado a sostener la plantilla de subsecretarios que tenía el ahora expansivo Carstens; el secretario del Trabajo se queja de que a la puerta de su casa haya tenido molestias menores y fugaces de parte de algunos de las decenas de miles de trabajadores que hoy no tienen empleo ni manera de garantizar el futuro de sus hogares; las diputadas Juanitas piden licencia y dan paso a sus machos utilitarios, entre ellos algún miembro del bufete de defensa que Televisa ha habilitado en San Lázaro, y crece la protesta por el tema de las bodas entre personas del mismo sexo, y la posibilidad de adoptar hijos, de una ultraderecha encabezada por los jefes católicos que demostradamente han tenido graves casos de inmoralidad impune.
Y, mientras la gente se rehúsa a ponerse las vacunas, con todo y que Obama se haya prestado para la foto, ¡hasta mañana, con la novedad de que el PRD de Tamaulipas analiza la posibilidad de postular como candidato a gobernador a Lino Korrodi, el promotor original de Fox que luego se volvió crítico consecuente de éste y su dominante esposa!
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