¡Respeto a las instituciones!: Silva Meza a Calderón

Oprobioso, ominoso, vergonzoso, todos los adjetivos caben para describir el rol de García Luna en el caso Cassez. Y ahí está, muerto de la risa, quitado de la pena. Es el intocable del sexenio.

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A ver si así...-Hernández

Suprema Corte-Fisgón

Jueces y parte-Helguera

Justicia impresentable

Ayer, por mayoría de tres votos contra dos, los integrantes de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazaron la liberación de Florence Cassez –sentenciada a 60 años de cárcel por el delito de secuestro–, como proponía el dictamen elaborado por el ministro Arturo Zaldívar. Ante la negativa, la resolución sobre el amparo solicitado por la defensa de la acusada quedó en suspenso, y corresponderá a la ministra Olga Sánchez Cordero presentar, en semanas o meses próximos, un nuevo proyecto de dictamen.

Más allá del resultado de la discusión judicial de ayer, en el curso de la misma se hizo manifiesta la situación de catástrofe que atraviesa el sistema de justicia en el país. El reconocimiento, por cuatro de los cinco ministros de la primera sala, de atropellos diversos a los derechos de la inculpada durante su detención y durante el proceso en su contra es un golpe demoledor a la cadena de instituciones encargadas de procurar e impartir justicia y salvaguardar el estado de derecho: desde los funcionarios de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), adscritos a la Procuraduría General de la República (PGR), que escenificaron la falsa captura de Cassez y violentaron sus derechos a la asistencia consular y a ser presentada ante el Ministerio Público, hasta los juzgadores que avalaron dicha práctica y dieron curso a un proceso judicial viciado de origen.

En un pleno estado de derecho, las irregularidades mencionadas ni siquiera habrían tenido lugar. Sólo en el contexto de una legalidad bastante imperfecta sería concebible y explicable que los atropellos cometidos por la AFI, la PGR y los jueces hubiesen pasado tantos años sin ser investigados y sancionados. Por desgracia, en el México contemporáneo las perspectivas de esclarecimiento y de castigo por estas faltas han sido nulas hasta ahora, y antes bien se ha premiado a los responsables, si se toma en cuenta el papel protagónico que ocupa el titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna –quien al momento de la detención de Cassez se desempeñaba como director de la AFI–, en el gabinete presidencial y en el diseño y aplicación de la contraproducente estrategia de seguridad en curso.

Ante tal circunstancia, el mero reconocimiento por los magistrados del máximo tribunal de los vicios policiales y judiciales detectados en el caso Cassez resulta insuficiente, sobre todo porque distan mucho de ser aislados: los abusos, las violaciones a garantías fundamentales, la distorsión de pruebas, lugares y testimonios, el uso faccioso de la ley, la conversión de las procuradurías en instrumentos de golpeteo político y la fabricación de culpables forman parte de un deterioro estructural de las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia.

No resulta ocioso preguntarse cuántos reclusos y reclusas enfrentan actualmente sentencias derivadas de procesos tanto o más irregulares que el de Cassez, sin posibilidad de acceder a los reflectores mediáticos y a la proyección internacional que tuvo la ciudadana francesa, y qué porcentaje de la población penitenciaria del país habría podido apelar a la liberación inmediata como resultado de esas irregularidades, en caso de que el proyecto de Zaldívar hubiese prosperado.

Lo menos que cabría esperar, una vez que cuatro de los cinco ministros de la primera sala han aceptado la comisión de graves faltas de autoridades policiacas y judiciales, es que éstas sean debidamente investigadas y los responsables sancionados conforme a derecho.

Al desaseo exhibido por las deliberaciones del caso Cassez en el máximo tribunal del país ha de agregarse la inaceptable intromisión del Ejecutivo federal en los asuntos del Poder Judicial para que sus máximos exponentes rechazaran la liberación de la sentenciada. El reclamo lanzado ayer por el presidente de la SCJN, Juan Silva Meza, al Ejecutivo federal, de que ese organismo está obligado a garantizar el derecho de todos y de que la ley no puede cumplirse a capricho constituye una respuesta procedente y necesaria al comportamiento del gobierno federal en lo que toca al caso comentado, pero también una contundente descalificación al desempeño de la actual administración durante el último lustro en materia de justicia.

En suma, con independencia del derrotero que tome el caso Cassez en semanas y meses próximos, la discusión de ayer dio cuenta de la descomposición de una institucionalidad que ha perdido el sentido de apego a la ley y de la moral pública, que ha quedado exhibida por su turbiedad y por las desviaciones a la legalidad con que se conduce, y que se ha vuelto un factor de desaliento y cinismo y en una faceta impresentable de México ante el mundo.

La trama continúa

La francesa Florence Cassez en imagen de marzo de 2006, durante su proceso por secuestro en el Reclusorio Oriente.

Secuelas de un montaje

*Frente al Ejecutivo, el ministro manifiesta su repudio "al abuso del poder"
*La ley no se cumple a capricho; ¡respeto a las instituciones!: Silva Meza a Calderón
*Los jueces sólo deben sumisión a la Constitución, afirma en el 206 natalicio de Juuárez
Felipe Calderón, jefe del Ejecutivo federal, durante el discurso que pronunció el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, en la ceremonia conmemorativa por el 206 aniversario del natalicio de Benito Juárez García, celebrada en Palacio Nacional.

Georgina Saldierna

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ministro Juan Silva Meza, manifestó ayer su rechazo a la creencia de que la ley puede cumplirse a capricho, luego de exigir respeto a la división de poderes y a las instituciones.

Al participar en la ceremonia por el 206 aniversario del natalicio de Benito Juárez, antes de que la Corte resolviera sobre el caso Florence Cassez, subrayó su repudio al abuso de poder, que es el paso previo al autoritarismo y la impunidad.

En medio de las presiones que han recibido los ministros por el tema de la ciudadana francesa sentenciada a 70 años de prisión por secuestro, Silva Meza resaltó que los jueces sólo deben sumisión a la Constitución.

Frente al presidente Felipe Calderón, quien encabezó la ceremonia en Palacio Nacional, el presidente de la Suprema Corte resaltó: necesitamos que funcionen con normalidad las instituciones de la República. Nada justifica incumplir la Constitución y los derechos humanos. Respetemos las formas y la legalidad. Respetemos la esencia de la República, que es la legalidad.

El ministro pidió seguir la templanza y la fortaleza moral de Juárez. Entendamos que en momento difíciles y extraordinarios, debemos apegarnos a la ley, como fórmula de paz y de certidumbre, enfatizó.

Subrayó que hoy los jueces, magistrados y ministros están atentos para aplicar el nuevo marco legal en materia de amparo y de derechos humanos, los cuales exigen que el nuestro sea un país en el que imperen la justicia y la igualdad, no la arbitrariedad; justicia basada en instituciones y procesos que hagan que sea justicia de verdad.

Señaló que en el país se realiza un intenso proceso de transformación constitucional y que los integrantes del Poder Judicial atenderán el producto de esa gestación.

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Toda la estructura de seguridad, infiltrada por Los Zetas

La presencia del narco en las instituciones de seguridad y procuración de justicia, que no pueden ocultar ni en sus discursos el presidente Felipe Calderón y la procuradora general Marisela Morales, es algo más que infiltración. En el caso de Los Zetas, es una toma por asalto de las estructuras de mando, de las que disponen a su antojo los capos de ese cártel. Así lo muestra un expediente judicial en el que se describe –con detalles, nombres y montos de sobornos– cómo los mandos federales y locales de las policías y el Ejército no sólo protegen a los narcos sino que trabajan para ellos como escoltas, halcones, informantes, pagadores y hasta como sicarios...

Elementos de la Marina en Veracruz.

Arturo Rodríguez García

La detención de cuatro integrantes de la organización criminal de Los Zetas puso al descubierto que operaciones suyas son ejecutadas, y no sólo solapadas, por elementos del Ejército Mexicano, la Procuraduría General de la República (PGR), la Agencia Federal de Investigación (AFI) y la Policía Federal (PF), así como por las policías estatales y municipales, tanto de Coahuila como de Nuevo León.
A cinco años de iniciada la guerra de Felipe Calderón contra el narco, que ya acumuló más de 50 mil muertos y una cantidad similar de desaparecidos, los cuerpos de seguridad federales no escaparon a la corrupción que el presidente atribuye insistentemente a policías e instituciones locales.
De acuerdo con la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/041/2012, integrada apenas el pasado 8 de febrero, soldados de la Sexta Zona Militar ejecutaban a ciudadanos que denunciaban a criminales y desaparecían sus cuerpos, además de ocultarle a la PGR cargamentos de droga.
La indagatoria añade que lo mismo hacían agentes de la PF, quienes asimismo identificaban y enfrentaban a los adversarios de Los Zetas, colocaban puestos de vigilancia donde éstos les indicaban y custodiaban cargamentos. Además, establecían las nóminas de las Fuerzas Federales de Apoyo (FFA) que envía el gobierno de manera temporal a combatir al narco.
Por su parte, otros efectivos de la PGR y la AFI, con sobornos a todos niveles, se encargaban de consignar con cargos débiles a los miembros de Los Zetas, liberar a los que estaban detenidos e informar a los jefes sobre todo tipo de denuncias, incluidas las anónimas.
En el caso de las corporaciones de Nuevo León, Los Zetas presenciaban el pago de la narconómina a los policías estatales o municipales y tenían un enlace con el gobierno estatal para mantener a salvo su estructura.
En Coahuila, el teniente coronel Manuel de Jesús Cícero Salazar, quien se desempeñó como titular de la Policía Estatal Operativa y protegió a Los Zetas, era recomendado del secretario de Defensa, Guillermo Galván Galván.
La corrupción en la Fiscalía General del Estado (FGE, que concentra la anterior Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública coahuilenses) era conocida desde hace años por Felipe Calderón, cuyo gobierno no actuó hasta la segunda quincena de febrero.
La mañana del 15 de ese mes, en las instalaciones de la FGE los federales detuvieron al comandante ministerial Sergio Tobías Salas, Tobogán, y al policía estatal Julio César Ruiz Esquivel, Chicho, quienes también se encargaron de ejecutar y desaparecer personas. Horas después cayó la subdelegada de la PGR en Saltillo, Claudia González López, quien fue llevada a la Ciudad de México. Los tres, como Cícero, están acusados de colaborar con Los Zetas y el jueves 23 se les dictó formal prisión.
El jueves 16, la procuradora general Marisela Morales dijo: “Estamos dando un combate frontal a toda la corrupción que se pueda dar en todos los niveles en nuestra propia dependencia. Somos los primeros en poner el ejemplo y tenemos (acciones) sin precedente en el combate que estamos dando contra los agentes federales de investigación, contra los ministerios públicos, contra quien sea en cualquier nivel (que sean corruptos)”.
Morales adelantó que hay más implicados, pero aclaró que no pertenecen a su corporación. Sin embargo, el mismo expediente que permitió la consignación de los elementos ya mencionados también implica a otros integrantes de la PGR.
En cuanto a la corrupción militar, el domingo 19, durante la conmemoración del Día del Ejército, Calderón encomió a los soldados pero admitió: “Es cierto que se han dado casos excepcionales de algunos malos elementos que se apartan de los valores que ennoblecen al instituto armado, que con ello traicionan su uniforme y la confianza en ellos depositada”.
Esos “casos excepcionales” ocurrieron en dos de las entidades que registran mayor violencia: Coahuila y Chihuahua, que conforman la XI Región Militar. Los casos documentados hasta ahora son las desapariciones y ejecuciones presuntamente ordenadas por el general Manuel de Jesús Moreno Aviña, jefe de la guarnición de Ojinaga, así como la implicación en ejecuciones del 39 Batallón de Infantería, de Nuevo Casas Grandes y, ahora, el caso del 69 Batallón de Infantería, radicado en Saltillo.

Poder corruptor

Las declaraciones incriminatorias de los soldados y oficiales detenidos en marzo de 2011 revelaron cómo el poder corruptor de Los Zetas escaló por toda la estructura de la Sexta Zona Militar, con sede en Saltillo, hasta llegar al general Juan Manuel Vallejo Malibrán, quien se desempeñaba como jefe del Estado Mayor en la zona y luego fue enviado a Guanajuato.
Así, el miércoles 8 de febrero la PGR inició la averiguación previa 041/2012, acumulando testimoniales y probanzas de las averiguaciones 197/2011 y 101/2011, esta última integrada tras la detención, el 12 marzo de 2011, de Pedro Toga Lara, El Guacho, y Gerardo Hernández Sánchez, El Gerry, identificados como mandos de Los Zetas.
Los dos son ahora testigos protegidos de la PGR. A Toga Lara se le asignó la clave confidencial Escorpión y a Hernández Sánchez la de Sagitario. En la averiguación mencionada se identifica a otro testigo protegido como Sérpico, y de las declaraciones de los tres se desprendió lo que en la PGR se juzgó “información veraz y confiable, por haber sido de utilidad para la captura de otros integrantes de Los Zetas”.
En su declaración del 4 de mayo de 2011, Sagitario incriminó, con todo y sus narcosueldos, a los tenientes Javier Rodríguez Aburto, Sócrates Humberto López González y Julián Castilla Flores, que “ganaban” 50 mil pesos, y a Marcos Augusto Pérez Cisneros, que sólo obtenía 30 mil porque “era muy flojo”.
Los Zetas les pagaban 30 mil pesos a los subtenientes Alexis Ríos Cruz, Francisco Javier Soto Núñez, Carlos Miguel Gallardo Ibarra, Édgar Sánchez Ruiz, Édgar Valencia Cárdenas y Evencio Castillo Castro.
Al sargento José Luis Cerecedo Cruz, al cabo Pedro Montes Vázquez y al soldado Omar Alejandro Martínez Rivera les entregaban 20 mil. La función de Montes consistía en operar las comunicaciones para transmitir las órdenes de Los Zetas.
Otro sargento, Sergio Treviño Ríos, conocido por Los Zetas con la clave Tauro, fue quien presuntamente vinculó a todos los integrantes del 69 Batallón de Infantería con la organización criminal y se encargaba de pagar la narconómina.
Los soldados detenidos se acusaron mutuamente, con lo que salieron a flote varios delitos, como el asesinato de un teniente de apellido Hoyos.
A la lista de implicados se incorporaron así los tenientes Julio César Montiel Rumbo y Jesús Alberto Córdoba Ríos, el subteniente Francisco Javier Beltrán Luna, los sargentos Guillermo Flores Arrazate y Cecilio Ambros Antele, el cabo Salomé Juárez Cuéllar, los soldados Eleaquín Rubio Bautista y otro de apellido Vinalay. La lista sigue.
En el caso del teniente Soto Núñez, al ser detenido se le aseguraron 300 mil pesos en efectivo y armas que no eran de cargo. Según las declaraciones del sargento Treviño Ríos asentadas en el expediente, Soto pertenecía al equipo de Montiel Rumbo, comandante del batallón.
“Junto con otros tenientes y tropa, de los cuales no sé el nombre, (Montiel Rumbo) se encargaba de levantar y desaparecer a personas contrarias a la organización de Los Zetas, ignorando lo que hacía con las personas levantadas, y estos jales los hacía en Saltillo, Monclova y Torreón”, declaró Treviño.
Añadió: “Tengo conocimiento de que el Rumbo y su gente, hace aproximadamente tres meses (es decir, en enero de 2011), levantaron a tres personas que eran maestros o ingenieros, gente con algún tipo de profesión, en la ciudad de Monclova, porque le habían puesto el dedo a Los Zetas”.
El martes 21, el diario Reforma publicó otras revelaciones de Treviño, asentadas en la causa penal militar 279/2011, en las que afirma que el general Vallejo Malibrán está relacionado con Los Zetas, que no daba parte a la PGR de droga decomisada y portaba un radio de comunicación Kenwood que le entregaron los narcos.
Respecto al teniente Hoyos, quien fue asesinado, Treviño dijo que aseguró armas, dinero y celulares, pero le reclamó al general Vallejo que reportara menos objetos y montos a la PGR, por lo que el general ordenó matarlo.

Narcosueldazos

Las declaraciones de Escorpión, Sagitario y Sérpico coincidieron con las de Luis Jesús Sarabia Ramón, Pepito Sarabia, detenido el pasado 11 de enero en los límites de Coahuila y Nuevo León.
Ante el Ministerio Público Sarabia narró su carrera delictiva, iniciada en 2005 como encargado de las tienditas en Nuevo Laredo. Es compadre de Miguel Ángel Treviño Morales, L-40, quien al contratarlo le asignó la clave L-44. A finales de 2007 se integró a “la operativa”, es decir, a la escolta de L-40 y de su hermano Omar Treviño Morales ( L-42) mientras se escondían en las ciudades de Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, cuando el Cártel del Golfo, aún unido con Los Zetas, luchaba por el control de Nuevo Laredo contra el ahora preso Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, y Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, asesinado en Cuernavaca.
En 2007 Sarabia fue enviado a Piedras Negras con L-42 para fungir como “tranca” o encargado de las comunicaciones de la organización en la ciudad. En 2008, L-40 lo convirtió en jefe de plaza de Monclova y, en 2009, Heriberto Lazcano lo envió a Saltillo también como jefe de plaza, pero para entonces “ya formaba parte de la polla”, es decir, invertía dinero y se le daba una ganancia de unos 100 mil dólares mensuales. Según el testigo, la clave L seguida de un número se asigna a quienes responden al mando de Nuevo Laredo.
En su declaración, Sarabia confirmó la corrupción en la PGR y la AFI. También Sérpico asentó que en la AFI, en Coahuila, un comandante obtenía un narcosueldo de 100 mil pesos mensuales; un comandante segundo, 70 mil pesos; y los ministerios públicos federales 30 mil. Además se les regalaban costosos vehículos.
Para identificar a los miembros de la AFI, Los Zetas utilizaron la clave “tres letras”. Además de tener bajo su control a los mandos y policías, pagaban a la subdelegada de la PGR en Saltillo, Claudia González López.
Cuenta Sarabia que un día El Gerry (el testigo Sagitario) llegó al bar Carlos’n Charlie’s –que el primero utilizaba para sus reuniones– con la subdelegada, a quien le daban 100 mil pesos mensuales, y las agentes del ministerio público federal Blanca Isabel Dueñas Beltrán (con pagos de 25 mil pesos) y Gladis Feliciana Leyva Quintero (50 mil). En total eran cinco agentes del ministerio público y la subdelegada.
En febrero de 2010 la subdelegada González López y la MP Leyva Quintero se encontraron con Sarabia y El Gerry en la agencia Chevrolet de Saltillo para comprarle un carro a la funcionaria de la PGR. Ella salió de ahí a bordo de una pick up azul de doble cabina.
Los vehículos que se obsequiaron a los AFI, y en ocasiones también la narconómina, se entregaban en la parte posterior del edificio de la subdelegación de la PGR en Saltillo, en la colonia Topochico.
Y contra la afirmación de la procuradora general Marisela Morales de que no está implicado más personal de la PGR, los testigos y el indiciado revelaron que pagaban 50 mil pesos al agente de la AFI José Guadalupe Ballesteros Huescas, a quien conocían desde 2009. Señalaron por lo mismo a David Corral Huerta y a Enrique González Nava, este último responsable estatal de la AFI, radicado en Torreón y quien recibía 600 mil pesos mensuales para repartirlos entre los policías asignados a Coahuila. Según Sarabia, así los jefes de su grupo delictivo andaban por el estado sin ser molestados.
Además, los elementos de la PGR y la AFI debían liberar mercancías vehículos y armas aseguradas en operativos, o bien consignar mal y quitarles cargos a los zetas detenidos, informar sobre todas las denuncias formales o anónimas contra sus miembros, y compartir la información enviada o solicitada por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR.
En enero de 2011 se les retuvo el pago debido a que las FFA detuvieron en Saltillo a El Risas, que desde mayo de 2010 era el “cocinero” o encargado de calcinar cuerpos para dejarlos inidentificables. El L-40 ordenó liberar a El Risas, quien junto con Sarabia y otros zetas eran sus escoltas personales en los años de la guerra contra los Beltrán Leyva por la plaza de Nuevo Laredo.
No fue posible liberar a El Risas porque las FFA ya habían dado aviso al mando en la Ciudad de México. La subdelegada González López tuvo que explicar personalmente lo ocurrido y liberar el soborno retenido.

El capitán Valbuena

Los cuatro zetas detenidos coinciden en señalar como uno de sus operadores al capitán Jorge Luis Valbuena Flores, mando de la PF en Coahuila y antes en Nuevo León. De acuerdo con Sérpico, el capitán estaba a cargo de la PF en Nuevo León cuando lo conoció y empezó a entregarle la nómina a través del Comandante Lino, subalterno de Sérpico y abatido por el Ejército el 25 de enero de 2011 en Monterrey.
Escorpión afirma que conoció a Valbuena en 2008 y que en Nuevo León recogía también la nómina para Coahuila, entidad a la que fue enviado en 2010 como mando de la PF.
El mismo testigo señala que Valbuena llevó con Los Zetas al comandante Enrique González Nava, de la AFI; Azulejo, el comandante de las FFA que llegaron a Saltillo en enero de 2011, y al jefe de inteligencia regional. En esa reunión los mandos zetas le entregaron 2 millones de pesos a Azulejo y acordaron el monto que les darían a los oficiales durante su estancia en los dos estados.
Según esta declaración integrada en el expediente, Valbuena facilitó la corrupción de ministerios públicos locales en Arteaga, Coahuila, para liberar a delincuentes detenidos, pero también encabezó acciones directas para Los Zetas. Incluso señalan que Valbuena dirigió la búsqueda de Pepito Sarabia en Nuevo León, donde escapó, haciéndose pasar por muerto, tras una balacera contra militares en 2010.
El capitán de la PF recibió órdenes del grupo armado para colocar los filtros de vigilancia de la PF en la entrada a Saltillo procedente de Monterrey, así como en la caseta de la autopista 57 Saltillo-México y en las inmediaciones de la carretera libre a Torreón, a la altura de General Cepeda, todo con el fin de identificar a comandos rivales o sus cargamentos, y asegurarse el libre tránsito.
Valbuena proporcionaba información sobre operativos que se planeaban en la Ciudad de México, de la PF y de otras corporaciones (“estaba muy bien conectado en el Distrito Federal”). Según el testigo, el oficial daba indicaciones sobre los vehículos, vuelos, horarios y cantidad de personas, así como del objetivo de los operativos federales en la zona.
El capitán también “resolvía los problemas que llegaba a tener la Compañía en las carreteras. En esa ocasión, cuando le pagué, a principios de enero de 2011, 70 mil pesos para él, y para la tropa se le entregó más de 1 millón de pesos, ya que toda la corporación se encuentra comprometida con Los Zetas”, señala Escorpión.
Agrega que a Valbuena se le entregaban entre 800 mil y 1 millón de pesos en sobres rotulados con los nombres de los beneficiarios. El testigo Sagitario le atribuye al capitán el robo de cinco camionetas blindadas en la carretera libre Saltillo-Torreón, en abril de 2009, tras lo cual desapareció a los choferes y le entregó los vehículos a quien identifica como el Comandante Chabelo.
La misma fuente declaró que el capitán de la PF escoltaba cargamentos de droga, armas y vehículos blindados hacia las ciudades de Miguel Alemán, Reynosa y Nuevo Laredo, así como tráileres con “cargas chinas”, nombre que dan Los Zetas a la fayuca que tiene como destino el Distrito Federal.
Según Sagitario, el capitán se encarga asimismo del transporte de la mercancía de contrabando mediante la empresa Senda y del paso de la misma a San Luis Potosí por un proveedor independiente. De igual forma, el mando federal ha participado en la ordeña de ductos de Pemex, pues además de brindar protección a la extracción de gasolinas en Hipólito, Coahuila, Valbuena tiene gasolineras en Monterrey y le entregaba al ahora testigo protegido una pipa grande de tres ejes al mes.

Los Torres Charles

Por la información de los testigos mencionados se conoció también que en Nuevo León operaba El Cabrito, quien repartía la nómina a policías ministeriales, estatales y municipales en presencia de representantes de Los Zetas. Uno de los individuos que así recibía su soborno era el “Licenciado Muñoz”, enlace con el gobierno estatal.
En Coahuila el peón de Los Zetas era el teniente coronel retirado Manuel de Jesús Cícero Salazar, Viejo Loco. Formaba parte del llamado Modelo Coahuila y a mediados de 2008 fue designado titular de Seguridad Pública en Ramos Arizpe, municipio conurbado de Saltillo.
El Modelo Coahuila fue un programa coordinado por la periodista Isabel Arvide, que consistía en la designación de 11 generales, cinco coroneles, nueve mayores y otros oficiales que sumaban casi 200, todos en retiro, a quienes se les entregaron todas las jefaturas de seguridad pública municipales.
Arvide lo describió así en Torreón, el 17 de febrero de 2010: “Todos los jefes militares, dentro de este modelo, vienen comisionados, después de pasar pruebas de confianza, por la Secretaría de la Defensa Nacional. La mayoría han sido compañeros generacionales del general Galván, han servido bajo sus órdenes o han coincidido con su mando en diversas comisiones”.
Las policías estatales, los penales y las jefaturas de los municipios se llenaron de militares que operaron con total libertad y gozaron de vehículos blindados, armas de alto poder, viáticos, seguros y sobresueldos que nunca se transparentaron. Su “jefe moral” era el entonces comandante de la región militar general Mario Marco Antonio González Barrera, hoy inspector y contralor general de la Sedena.
Arvide terminó su relación laboral con el gobierno de Coahuila en mayo de 2010, tras acusar al entonces fiscal del estado, Jesús Torres Charles, de estar coludido con el hampa. Algunos de los militares que llevó a Coahuila reaparecieron tiempo después en otras entidades, como Tamaulipas y Quintana Roo. Fue el caso de Cícero, quien fue designado subsecretario de Seguridad Pública, pero dejó el cargo tras un escándalo callejero en Cancún.
Cícero se hizo notar en Coahuila a raíz de un tiroteo que, ahora se sabe, fue contra la escolta del L-40. Los medios locales lo apodaban El Rambo y vivía en las instalaciones de la Policía Municipal porque tenía amenazas de muerte. Sin embargo, de las declaraciones de los testigos protegidos se desprende que Pepito Sarabia le entregaba 500 mil pesos mensuales (200 mil de esos para otra persona cuyo nombre no se menciona), además de regalarle una camioneta Cherokee.
Otro implicado era Emanuel Almaguer, comandante de la Policía Municipal de Saltillo, quien pagaba la nómina y recibía apoyos para gastos de las patrullas. Fue ejecutado el 5 de diciembre con su hijo de 12 años.
Los testigos y Sarabia coincidieron en señalar a Humberto Torres Charles (hermano del exfiscal general del estado), a quien apodan Glenda y que fue subprocurador en los años noventa, bajo el mando del procurador Humberto Medina Ainsley, padre del actual gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz.
Humberto Torres era director jurídico de la Secretaría de Salud estatal. Hoy está prófugo. Los declarantes sostienen que le entregaron sobornos altísimos (el primero por 100 mil dólares) y le regalaron un automóvil BMW y un Mustang.
El lunes 20 la periodista Isabel Arvide dijo al periódico Vanguardia de Saltillo que la corrupción del exfiscal Jesús Torres fue advertida personalmente por Felipe Calderón a Humberto Moreira, quien lo ignoró y mantuvo al funcionario en el cargo desde 2010.
Pese a estos antecedentes y a las confesiones e imputaciones hechas por los detenidos, que llevan casi un año en poder de la PGR, esta dependencia no ha integrado ninguna indagatoria contra el exfiscal Torres Charles ni ha resuelto caso alguno de desaparición forzada de personas, aunque el propio presidente Felipe Calderón se comprometió desde mediados de 2011 a acelerar las investigaciones y dar respuesta a las familias que exigen justicia.

Ceferesos, otro caos de García Luna

Tortura, retenciones ilegales, extorsiones, muertes por negligencia, corrupción, abuso de autoridad, deficiencias administrativas registran los centros federales de Readaptación Social, particularmente la Colonia Penal Federal Islas Marías, que hasta el sexenio pasado era el único reclusorio del país que garantizaba la readaptación social de los internos. Hoy es un centro de segregación y tortura que evoca los tiempos del porfiriato.

Ana Lilia Pérez

A bordo de un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cuatro visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobrevuelan las costas de Nayarit con rumbo a la Colonia Penal Federal Islas Marías (CPFIM), la cárcel más antigua del país que comenzó a operar en 1905, en tiempos del general destacado, Porfirio Díaz. Estaba entonces bajo el control del presidente, ahora del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien designó como director del Centro a Jaime T Fernández López, quien fue director interino en el Centro Federal de Readaptación Social de Puente Grande, Jalisco, tras la fuga del narcotráficante Joaquín Guzmán Lorea, el Chapo, en enero de 2001.

Durante los últimos meses en las oficinas del ombusman nacional se recibieron múltiples quejas de internos y de sus familiares que aluden a torturas físicas y sicológicas, extorsiones, abuso de autoridad, segregación, retenciones ilegales, deficiencia alimentaria, enfermos con padecimientos infectocontagiosos sin atención médica, entre otras irregularidades graves. Se diría que es la misma problemática de muchas prisiones mexicanas, sólo que el hecho de que ocurra en Islas Marías resulta alarmante, porque las negras historias de presidio infrahumano en el legendario penal franqueado por “muros de agua” –como lo definió el escritor y activista político, José Revueltas– parecían cosa del pasado.

Después de que fuera el penal más temido de México, retratado en decenas de libros y películas, utilizado para confinar lo mismo a delincuentes peligrosos que a presos políticos, activistas y opositores al gobierno, a partir de 1980, se convirtió en “un modelo de prisión que permite observar la readaptación social de los internos basado en el trabajo y la convivencia en relativa libertad”, de acuerdo con palabras del fallecido siquiatra y criminalista, Carlos Tornero Díaz.

En 2005, cuando fungía como titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la SSP, en tiempos de Ramón Martín Huerta como secretario, Tornero explicó a Contralínea que la base de la readaptación era el trabajo, la educación, las actividades culturales y la convivencia familiar. La oferta laboral incluía actividades agrícolas, de ganadería, apicultura, acuacultura, pesca, carpintería y talleres.

Entonces era frecuente que internos de penales de todo el país solicitaran compurgar los últimos años de una sentencia en las Islas Marías por lo atractivo que resultaba cohabitar con su familia. El estímulo lo obtenían uno pocos: reos de baja peligrosidad que no pertenecieran a la delincuencia organizada, con un historial “ejemplar” en su estancia en otros penales, sentencia ejecutoria pendiente máximo de dos años y buen estado de salud física y sicológica.

“Muchos pedíamos nuestra transferencia allí, pero había que cumplir todos los requisitos y aprobar los exámenes. A los adictos los rechazaban, a los agresivos o a los que no les gustaba trabajar. Para ir allí tenías que estar sano, una sola infracción en el reclu y te eliminaban de la lista”, explica Israel Sánchez, exconvicto del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde ingresó bajo cargo de robo y una condena a seis años de prisión.

Los 274 kilómetros que comprenden las islas María Madre, María Cleofas, María Magdalena y el islote San Juanito, en el Pacífico mexicano, fueron hasta el sexenio foxista el penal que cumplía las normas mínimas estipuladas por los protocolos internacionales. Hoy las transferencias son forzadas. Son de nuevo tiempos en que la historia de la CPFIM se inscribe con testimonios de tortura y presidio infrahumano.

“Los derechos aquí ya no existen, vivimos con temor, pues si reclamamos nos castigan. Cada campamento se rige por su propio reglamento, y cada que cambian de comandante hay nuevas reglas”, refirió un interno ante la CNDH (expediente CNDH/3/2011/4598/Q).

Pero la Secretaría de Seguridad Pública aún indica que la CPFIM es un penal modelo. “Se les engaña con un modelo de prisión que ya no existe”, señala el abogado Guillermo Andrés Aguirre, tercer visitador general de la CNDH.

El caso de Rafael, interno del Cereso de Cieneguillas, Zacatecas, es ilustrativo: le prometieron que si pedía su transferencia tendría un empleo y, viviría con su familia. Lo transfirieron en diciembre de 2009, pero para enero de 2011, denunció ante la CNDH que aún no se había autorizado ni siquiera que su familia pudiera visitarlo, no tenía trabajo remunerado puesto lo obligaban a hacer melga (trabajo no remunerado) y además lo castigaban sin razón.

El viejo modelo consideraba el vínculo familiar como prioritario para la reinserción social. En el de García Luna, el Consejo Técnico Interdisciplinario tarda más de un año en autorizar la visita y no existe la visita conyugal. A las 429 internas, por ejemplo, no se les permite relacionarse con los varones.

Cuando se autoriza una visita, ésta debe llegar a Mazatlán y enlistarse en el barco de la Secretaría de Marina que cada semana provee de insumos a la Colonia. Pero la prioridad en el barco son los enseres, el personal penitenciario y si queda espacio algún familiar.

A juicio de la CNDH, el nuevo modelo “no favorece la reinserción social de las personas privadas de su libertad y sí, en cambio, la actuación de las autoridades penitenciarias de ese complejo deriva en un acto de molestia, toda vez que no existe fundamento legal alguno que establezca que el Consejo en cuestión se encuentra facultado para restringir el derecho de los internos a ser visitados”.

Isla de lamentos

A 112 kilómetros de San Blas, el helicóptero aterriza en el helipuerto de Balleto, uno de los ocho campamentos que comprenden la Colonia Penal, ahora llamados ceferesos (los otros son Aserradero, Bugambilias, Morelos, Nayarit, Laguna del Toro, Rehilete y Papelillo). En Balleto se concentran las áreas administrativas, las habitaciones del personal de la SSP y el embarcadero a cargo de la Secretaría de Marina.

Cuando los visitadores descienden, apenas se toman un respiro, en unos minutos se hallan entre cientos de internos ansiosos por revelarles sus penares. Algunos a susurros, temerosos de que la custodia identifique a los quejosos y les asesten más “correctivos”. Pero puede más la desesperación que el miedo, se descubren y les muestran los brazos y piernas laceradas por las golpizas. A hurtadillas, uno les expone las marcas que le dejó el custodio que le machacó los testículos y las manos, ahora orina sangre y no puede ni siquiera mover los dedos.

En todos los campamentos escuchan quejas, lo mismo en Balleto que en Aserradero, también en Bugambilias. Hablan los de Morelos, luego los de Nayarit, denuncian también los de Laguna del Toro, Rehilete y Papelillo. Los visitadores toman nota, registran agravios, reúnen evidencias, tres días de labores de sol a sol. Aglutinados los casos integran 25 expedientes que derivaron en la recomendación 90/2011, misma que en diciembre de 2011, la CNDH emitió en contra de García Luna por violar los derechos humanos relativos a la seguridad personal, la salud, la legalidad, la seguridad jurídica, al trato digno y la reinserción social.

Del sexenio de Vicente Fox Quesada al de Felipe Calderón Hinojosa, la CPFIM se convirtió de prisión modelo, a otro penal que reproduce las deficiencias del sistema carcelario mexicano. Son los malogrados resultados del Programa Nacional de Seguridad Pública y la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia de García Luna, quien en 2007, prometió hacer de Islas Marías el penal federal más grande y eficiente del país y para ello recibió un presupuesto histórico de más de 4 mil millones de pesos.

Con Fox se concretaba el proyecto de convertirlo en un centro turístico, después de que en noviembre de 2000, fue decretado Área Natural y Reserva de la Biósfera, pero después García Luna definió su nuevo uso: una colonia penal con ocho ceferesos de máxima y “supermáxima” seguridad. Con el histórico presupuesto acordó la construcción con Homex, una empresa sinaloense que, por cierto, ha dejado una estela de supuestos abusos y explotación laboral.

En un lapso de cinco años, la SSP confinó a una población mil veces más grande que la de 2006 (entonces eran 700 internos, ahora son más de 7 mil). Ésta creció de forma exponencial pero no así la oferta laboral, base de la readaptación. Sólo 800 internos tienen empleo remunerado, a otros se les circunscribe a la melga, pero a la mayoría se les tiene inactivos, lo que se contrapone con el artículo 18 de la Constitución que considera al trabajo como un medio para lograr la reinserción social del sentenciado.

Dado las observaciones de la CNDH en su recomendación 90/2011, se podría inferir que de penal modelo no tiene nada, y que hoy Islas Marías es un sitio insalubre donde los internos están a merced de un manejo discrecional de la custodia no ajena a actos de corrupción como extorsiones o cobros indebidos.

La readaptación quedó completamente fuera, antes todos los internos se mantenían ocupados, ahora “es pasmosa la inactividad en la que están, no hay trabajo ni ocupación para la mayoría. Y muchos pasan días y días en segregación sin un claro motivo. Discrecionalmente se deciden los correctivos disciplinarios a los que se ha hecho acreedor”, explica el tercer visitador de la CNDH, Guillermo Andrés Aguirre, jefe del equipo que inspeccionó la prisión insular.

Los apandos

Olores fétidos inundan las inmediaciones de La Marina y La Borracha. El hedor emana de las tazas de baño desbordantes, de la tubería rota, del drenaje expuesto a la superficie. Sobre las paredes el moho forma pestilentes murales amorfos que atraen toda suerte de insectos y fauna nociva.

La Marina y La Borracha, instalaciones a cargo de la Secretaría de Marina, son prisiones dentro del penal de “muros de agua”. Son los apandos que la custodia de la SSP utiliza para “corregir” a los internos.

A las celdas de castigo va directo el que trae el uniforme sucio, los pantalones raídos, el que no tiene gorra, al que le creció el cabello, quien miró mal a un custodio, el que se quejó con los de Derechos Humanos.

A La Borracha va el tuberculoso aunque contagie a cualquiera, porque la SSP no brindó atención médica oportuna ni se impuso un cerco sanitario.

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Anabel Hernandez Responde A Cartas De La SSP.

Caso Expediente Negro De Garcia Luna 17-01-12 MVS

http://youtu.be/eYOlmGQesgs

García Luna, contra la pared

Por Anabel Hernández

El 30 de octubre pasado, en la sesión del pleno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el presidente Felipe Calderón hizo un enérgico reclamo.

Se refirió a los exámenes de confianza que por ley se tienen que aplicar periódicamente a todos los funcionarios y elementos de los cuerpos policiacos del país y a la lenta depuración de las policías estatales.

“Se los digo de veras de corazón, después de años de estar viendo este fenómeno, no podemos dejar al zorro dentro del corral de las gallinas. Tienen que salir los malos policías

de los cuerpos policiacos”, exigió Calderón a los gobernadores presentes en la reunión.

La diputada del PRD y secretaria de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, Teresa del Carmen Incháustegui, recordó ese episodio en entrevista con Reporte Indigo.

“Sí sorprende que el primer alfil del presidente de la República en este rubro no observe los mandatos que el mismo presidente de la República ha reiterado en todos los foros”, señaló la legisladora.

La semana pasada, en su edición 261, Reporte Indigo publicó una investigación en la que revelamos que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal no se ha aplicado periódicamente los exámenes de control de confianza que exigen las leyes y normas que rigen a la SSP federal desde 2006.

Tampoco se ha sometido a estas evaluaciones su brazo derecho Luis Cárdenas Palomino, coordinador de Inteligencia para la Prevención del Delito de la Policía Federal.

Señalamos que ambos funcionarios sólo han presentado un examen de control de confianza durante los cinco años que han estado en los puestos de más alta jerarquía de la SSP, el cuerpo policiaco más importante del país.

Y los resultados de ese único examen están clasificados como secretos.

García Luna se sometió a ese examen en 2011, y no se sabrá el resultado hasta dentro de cuatro años. Cárdenas Palomino lo realizó en 2008, y será necesario esperar 12 años para saber si lo pasó o no.

A la pregunta expresa de si García Luna es zorro o gallina dentro de las corporaciones policiacas, la legisladora respondió: “Eso no puedo yo decirlo, eso tiene que hacerse sobre la base de que él cumpla con todos los requisitos”.

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Los expedientes negros de García Luna

Durante diez meses, Reporte Indigo investigó algo fundamental que todos los mexicanos merecen saber: ¿hay alguna razón para confiar en los mandos de la SSP?.

Por Anabel Hernández

Desde el inicio de su sexenio, el presidente Felipe Calderón ha tenido una fe ciega en el secretario de Seguridad Pública federal Genaro García Luna y su equipo.

Lo anterior pese a los malos resultados, los atropellos y actos ilícitos en los que han sido sorprendidos.

Calderón ha usado esta corporación policiaca para combatir el secuestro, la inseguridad y el narcotráfico, además de vigilar los comicios locales y federales. Pero hasta ahora no ha dado los resultados esperados.

A fines del año pasado, elementos de la SSP federal fueron enviados a Guerrero para controlar la movilización de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, hecho en el que resultaron asesinados dos estudiantes y otros más fueron golpeados y torturados.

En este caso, que actualmente es analizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se implica a la policía estatal de Guerrero y a la Policía Federal.

Desde el inicio de la administración calderonista, todo lo que toca la SSP se enturbia, se pudre. Es una dependencia que siempre ha estado implicada en hechos de escándalo y simulación.

Sus altos funcionarios han sido acusados de participar activamente en la delincuencia organizada. Las pruebas de los contubernios están en manos del gobierno de Estados Unidos según información recabada por Reporte Indigo.

Durante diez meses, Reporte Indigo se dio a la tarea de investigar algo fundamental que todos los ciudadanos merecen saber: ¿hay alguna razón para confiar en los mandos de la SSP?

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http://youtu.be/BrUW6lT_KqM

Decepcionó: GENARO GARCIA LUNA: Woodrow Wilson Center

Washington, DC. EU: PRESENTACIÓN DE LIBRO: Casi los mata de aburrimiento

http://youtu.be/_JKlrBV51Q0

FUENTE García Luna se reunió con funcionarios de EU y presentó su nuevo libro

Durante la gira que el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna realiza por EU, sostuvo reuniones de trabajo con diversos funcionarios de ese país, entre ellos el procurador general Eric Holder.

lacronica El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, se reunió en Washington con la Secretaria del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano. Este encuentro se realizó para dar seguimiento al convenio de colaboración para reforzar y mejorar los trabajos para la seguridad de la frontera entre ambos países que se firmó entre ambas instituciones el año pasado.

La SSP federal informó en un comunicado que los temas que se abordaron fueron inteligencia en la realización de operativos precisos para objetivos específicos y cooperación para incrementar las alertas bilaterales en caso de emergencia. Además el diseño de operaciones para evitar la infiltración de organizaciones criminales, cuerpos policiales que prevengan las acciones criminales en la frontera y contar con suficiente personal, infraestructura y tecnología para mantener los esfuerzos bilaterales.

La dependencia señaló que esta reunión de trabajo reafirma el compromiso de colaboración para el combate a la delincuencia y la seguridad en la frontera, con lo cual se consolidan los proyectos entre los gobiernos de Estados Unidos y México.

Los soplones, base de la DEA

Braun. La lucha es contra todos los cárteles.

J. Jesús Esquivel

WASHINGTON (Proceso).- Las decenas de informantes que la Drug Enforcement Administration (DEA) tiene desplegados en territorio mexicano son la “espina dorsal” de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, asegura Michael Braun, quien hasta octubre de 2008 dirigió las operaciones antinarcóticos de Estados Unidos.

Braun, quien dejó la DEA después de 33 años de servicio y ahora es consultor en materia de combate al terrorismo y el crimen organizado, dice que los agentes estadunidenses no protegen a ningún cártel mexicano.

En entrevista con Proceso, el especialista puntualiza: “La clave del éxito en la lucha contra el narcotráfico siempre ha sido la información de inteligencia obtenida por medio de personas; es decir, a través de los informantes confidenciales. Así es y así será siempre.

“Los informantes juegan muchos papeles importantes: toman parte en operaciones encubiertas, roban información, ayudan a colocar micrófonos y consiguen números telefónicos para rastrear a los delincuentes.”

México no es un caso excepcional, comenta, de ahí que la DEA tenga informantes infiltrados en todos los cárteles. Braun insiste en que este aspecto es “la columna vertebral” del desarrollo de la captación de información de inteligencia en las 87 oficinas que tiene la agencia antidrogas en el mundo.

El caso de los informantes de la DEA en México –entre ellos el de Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo–, exacerbó en las últimas semanas la violencia entre los cárteles, lo que mostró al gobierno de Felipe Calderón incapaz de controlar la situación. Las ejecuciones de 16 personas en Culiacán el 23 de noviembre del año pasado y de otras 26 en Guadalajara al día siguiente fueron una represalia de Los Zetas contra sus rivales porque, según los mensajes que dejaron en la capital tapatía, el gobierno de Estados Unidos protege al cártel de Sinaloa (Proceso 1830).

En sus ediciones 1823, 1826, 1832 este semanario ha informado sobre las indagatorias que se le siguen en la Corte Federal de Chicago al Vicentillo, quien será enjuiciado el próximo mes por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, así como de la petición del acusado para que se le absuelva de los delitos toda vez que, alega, fue informante de la DEA en México.

Hijo de Vicente El Mayo Zambada García, número dos en el escalafón del cártel de Sinaloa, el acusado ha insistido en que su trabajo en la agencia antidrogas de Estados Unidos consistía en pasarle información sobre las operaciones de los cárteles rivales al que encabezan Joaquín El Chapo Guzmán y su propio padre.

Hasta hoy el Departamento de Justicia de Estados Unidos no define si El Vicentillo fue o no informante de la DEA. Sin embargo, el narcomensaje zeta que dejaron los homicidas de las 26 personas en Guadalajara alude directamente al trabajo del hijo de El Mayo con los agentes estadunidenses en México.

–¿La DEA o el gobierno de Estados Unidos protegen al cártel de Sinaloa? –se le pregunta a Braun.

–No creo que el gobierno de Estados Unidos esté protegiéndolo. ¿Por qué lo haría? De lo que sí tengo certeza es de que en varias ocasiones las autoridades de México han estado a segundos de detener a El Chapo; no tengo la menor duda de que en algún momento lo van a arrestar o a eliminar.

“Los Zetas”, desesperados

Sin rechazar la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos haya tenido o tenga infiltrados a informantes en el cártel de Sinaloa y en los demás grupos criminales de México, Braun considera que Los Zetas están desesperados porque, dice, están sufriendo las consecuencias de una fuerte presión por parte de las autoridades mexicanas y estadunidenses iniciada hace cinco años.

“Los Zetas están desesperados. De los 31 o 32 capos más importantes que ha señalado el gobierno mexicano, 21 o 22 han sido arrestados o asesinados en los últimos tres años. Los Zetas están contra la pared”, apunta Braun.

Para el cofundador de la consultora Spectre Group International, lo que ocurre en México es resultado exitoso de la lucha contra el narcotráfico: “Aun cuando a la sociedad mexicana le resulte difícil asimilarlo por los miles de muertos que arroja esta batalla, el combate al narcotráfico del presidente Calderón está teniendo éxito, los narcos se sienten acorralados; de ahí las reacciones tan irracionales de grupos como Los Zetas”.

Braun, quien durante año y medio fue encargado interino de la DEA, arguye que es “imposible” que en un sexenio se pueda acabar con el narcotráfico mexicano que durante las presidencias priistas, asegura, consolidó su poder gracias a su habilidad para corromper a las autoridades y corporaciones policiacas de su país.

Y se remite a la Colombia de hace 25 años. Expone que a las autoridades de ese país les tomó poco más de tres lustros desmantelar los cárteles de Medellín y Cali y fragmentar las operaciones de trasiego de drogas; además aun hoy combaten a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

–¿O sea que a México le faltan de nueve a 10 años para alcanzar un éxito como el de Colombia? –se le pregunta.

–Desconozco el número mágico de años que le faltan a México para consolidar su éxito. En Colombia las cosas aún no han concluido en su totalidad… las FARC siguen presentes.

Y aun cuando el gobierno de Calderón se muestra renuente a comparar lo que ocurre en México con lo que pasó en Colombia durante el periodo de apogeo y derrota de los cárteles de Medellín y de Cali, en Estados Unidos los funcionarios y exfuncionarios que aceptan la analogía aumentan cada día.

Braun considera que, igual que en Colombia, en México el aumento de la narcoviolencia comienza a marcar el camino hacia el fin del dominio de los grandes cárteles. No obstante admite que “en México hay mayor violencia criminal”; aunque matiza: no se trata de violencia terrorista ni insurgente como la colombiana.

Pero también menciona los contrastes: “En muchos aspectos México no se parece a Colombia; en algunos está peor, como en el número de muertos (60 mil según el semanario tijuanense Zeta). Aunque debe admitirse que no ha experimentado muchas de las cosas que vivió Colombia, como los cientos de ataques con carros-bomba, por ejemplo”.

Según el exfuncionario de la DEA, los logros del gobierno mexicano se deben en su mayoría a que ha entendido la necesidad de intercambiar y compartir información de inteligencia con Estados Unidos, sobre todo la proveniente de informantes confidenciales.

Aunque Braun no participa ya de las operaciones antidrogas cotidianas, mantiene contacto con sus colegas estadunidenses y extranjeros; presume incluso de ser uno de los hombres más actualizados en la materia. Para demostrarlo alude a las matanzas de las últimas semanas en México.

–¿Es cierto que la DEA tiene cientos de informantes en México?

–No son cientos, pero sí decenas.

Dice que el trabajo de los informantes de la DEA en México no es un secreto para el gobierno de Calderón. “En la mayoría de los casos”, asegura, las autoridades mexicanas saben quiénes son las fuentes de información confidencial de la DEA.

Un informante infiltrado en el narcotráfico mexicano es, de acuerdo con Braun, el encargado de proveer números telefónicos de presuntos sospechosos o criminales.

Insiste: Este aspecto es “crucial” porque los números telefónicos entregados por los informantes permiten a los gobiernos de México y Estados Unidos rastrear la ubicación de quienes los usan y grabar conversaciones que después resultan esenciales para la elaboración de operaciones de desmantelamiento de grupos criminales.

“Las intervenciones telefónicas se hacen siempre bajo la aprobación judicial de las autoridades del país donde la DEA realiza la operación… Las autoridades locales deben dar la autorización”, recalca Braun.

La definición de una estrategia de inteligencia por medio de los informantes es la misión más importante y difícil para los agentes de la DEA en países como México. El papel de un agente de la DEA en México “no es asistir a los cocteles o a las fiestas sociales” que se organizan en la embajada de Estados Unidos, dice con cierta ironía.

Aclara que la agencia “no le pide a ningún gobierno extranjero hacer el trabajo sucio; lo que hace es compartir la información. Cuando recibe tips de sus oficinas centrales, pide a sus contrapartes del país anfitrión que las corroboren o investiguen”.

Según Braun en el combate al narcotráfico mexicano los informantes son indispensables y aclara que la DEA cuenta también con decenas de infiltrados en las células de los cárteles de Sinaloa, del Golfo, de Los Zetas, de Tijuana y de La Familia Michoacana asentadas en territorio estadunidense, sobre todo en las comunidades hispana y mexicana.

“Los inmigrantes se mueven constantemente de ida y vuelta entre Estados Unidos y México. Cuando la DEA conduce las intervenciones telefónicas con la venia de alguna corte local es fácil desarrollar sistemas de inteligencia. Con las evidencias en mano es fácil implicar (como informantes) a ciudadanos mexicanos que están involucrados en el tráfico de drogas”, indica Braun.

En este contexto, la DEA comparte información de inteligencia con la PGR y la SSP para ayudarlas a identificar números telefónicos “sospechosos” así como a personas dentro de México. “Cuando la DEA entrega la información a las contrapartes mexicanas y éstas la confirman, pueden desarrollar de manera fácil un sistema de detección de llamadas de México a Estados Unidos”.

“El Azul”, otro capo protegido

“El Azul”, otro capo bajo cobijo

Un legajo que permanece “enterrado” en la Procuraduría General de la República contiene información clave sobre uno de los principales capos del narco en México: Juan José Esparragoza Moreno, El Azul. Agentes de esta dependencia realizaron indagaciones desde 2002 y lograron ubicar domicilios y personas que pudieron darle refugio a ese mando del cártel de Sinaloa; pero de pronto algún alto funcionario federal ordenó suspender la investigación…

Juan José Esparragoza Moreno, El Azul.

Ricardo Ravelo

En 2002, 15 meses después de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del penal federal de Puente Grande, Jalisco, la Procuraduría General de la República (PGR) emprendió la búsqueda de varios exintegrantes del cártel de Juárez que se habían aglutinado bajo el liderazgo del capo sinaloense.
Por aquellos años la PGR había confirmado que El Chapo pretendía conformar una gran organización criminal con el objetivo de monopolizar el negocio del tráfico de drogas en el país. Más tarde se confirmó que dicha agrupación se llamaría La Federación de Narcotraficantes y que estaría formada por varios cárteles.
Se supo también que el artífice de esa estrategia era nada menos que Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, un capo de bajo perfil y con amplia capacidad para negociar conflictos entre organizaciones rivales, quien fue una pieza clave para proteger al recién fugado Guzmán Loera en aquellos azarosos días.
Al confirmarse que El Azul era el estratega del plan, en la PGR se conformó un grupo especial con policías de la Agencia Federal de Investigación (AFI), quienes comenzaron a seguir los pasos de Esparragoza Moreno en varios estados a fin de ubicarlo, desarticular sus redes y detenerlo.
Sin embargo, cuando la investigación estaba casi concluida, una orden superior frenó la indagación y el expediente fue celosamente archivado en la PGR. Nadie más siguió las indagaciones y el documento se mantiene bajo resguardo hasta la fecha.

Tras los pasos de “El Azul”

Proceso tuvo acceso a los pormenores del expediente, que contiene tarjetas informativas, rutas de trasiego y zonas de seguridad donde suele refugiarse Esparragoza Moreno; domicilios relacionados con amigos y familiares del capo, así como datos del Registro Público de la Propiedad sobre residencias a nombre de amigos y socios de El Azul, muchos de los cuales son señalados como parte de la red protectora y de lavado de dinero al servicio de Esparragoza y del cártel de Sinaloa.
El documento que contiene el minucioso seguimiento que la PGR le hizo a El Azul y a sus socios abre con el reporte de uno de los agentes responsables de la investigación. Dice textualmente:
“No omitimos informar que por mención de un informante, el domicilio ubicado en calle L. Van Beethoven No. 5689 esquina con Tchaikovski, colonia La Estancia, Zapopan, Jalisco, es frecuentado por la persona denominada El Azul.
“Al dirigirnos a las oficinas del catastro del estado de Jalisco nos informaron que, al mostrarnos el mapa de la zona de la casa con número 5689 y 5691 por el lado de la calle L. Van Beethoven, así como casa marcada con el número 375 y 373 sobre la calle Tchaikovski corresponden al mismo predio.
“Cabe hacer mención que el personal de catastro señaló que esta persona pudo haber realizado algunas irregularidades respecto al predio para que éste solo apareciera registrado por la calle de Félix Mendelson sin número, refiriendo que la calle en mención se encuentra en la parte posterior del predio, ya que nuestra señalización del predio en el mapa que el personal nos mostró no corresponde a la calle de Félix Mendelson…”
La investigación, que requirió varios meses, continuó por parte de los agentes de la PGR. El 17 de junio de 2002 se incluyó en el expediente una tarjeta informativa que refiere:
“Continuando con la línea de investigación, se informa lo siguiente: en relación al domicilio ubicado en calle Sierra de Cuale 2015 colonia Las Águilas, en Zapopan, Jalisco, conocimos por dicho de un informante que la residencia es habitada por una persona de confianza de Juan José Esparragoza Moreno, El Azul.
“El informante nos dijo que algunas veces dicho domicilio es frecuentado por El Azul. Al realizar una vigilancia móvil nos percatamos que en el interior de este se encontraba una persona del sexo femenino de aproximadamente 35 años de edad, y un vehículo marca Rambler tipo América color café con placas de circulación HZL9113 del estado de Jalisco.”
El 3 de junio, los agentes investigadores reportaron las tareas que realizarían para ubicar los domicilios donde suele refugiarse Esparragoza Moreno:
“…en relación a la investigación relacionada con El Azul me permito informar que se acudió a las oficinas del Registro Público de la Propiedad, así como a las de catastro, para poder verificar si el domicilio ubicado en calle Beethoven esquina Tchaikovski es propiedad de Rosario Esparragoza Moreno, hermana de la persona denominada El Azul, así como también el domicilio ubicado en la calle Sierra de Cuale.”
En otra tarjeta los agentes federales dicen que en uno de los domicilios que vigilaban en el estado de Morelos pudieron observar a Cristian (Esparragoza Gastélum), hijo de El Azul y a quien también le seguían los pasos, cuando abordaba una camioneta Grand Cherokee negra y de modelo reciente.
No pudieron detenerlo, afirman en el documento, pero confirmaron que el hijo de El Azul se reuniría con unos amigos en una discoteca. Y continúan:
“No fue posible distinguir las placas de circulación por la cantidad de personas que había en ese lugar. El agente no tuvo posibilidad de dar aviso a los compañeros que se encontraban en espera de la salida de Cristian, esto debido a que junto a él se encontraban otros amigos de Cristian y podían percatarse o descubrir la identidad del agente. Cabe hacer mención que Cristian no entregó su vehículo al personal del estacionamiento porque lo estaban esperando a bordo de la camioneta.”
Provistos de fotografías, domicilios e informes sobre los sitios frecuentados por Juan José Esparragoza Moreno, viajaron a la ciudad de Guadalajara, aparentemente con el fin de aprehenderlo. No obstante, reportaron a la PGR:
“…dos casetas antes de llegar a la ciudad de Guadalajara fuimos interceptados por una patrulla de la Policía Federal de Caminos. Al preguntarles a los oficiales por qué motivos nos habían parado nos respondieron que en ese tramo carretero existe un índice elevado de robo a autotransportes, motivo por cual teníamos que ser revisados los tripulantes y el vehículo,­ para lo que fue necesario identificarnos como elementos de la PGR.
“De inmediato nos solicitaron que les mostráramos nuestro oficio de comisión. Después de leerlo nos indicaron que no nos podíamos retirar”. Los agentes solicitaron a la PGR que les giraran oficios de comisión para investigar a Esparragoza Moreno en todo el estado de Jalisco, así como en Quintana Roo, “ya que nuestra investigación así lo requiere”.
En otra tarjeta informativa, los federales reportaron a sus jefes que continuaban las investigaciones sobre el paradero de Esparragoza Moreno e informaron que ya habían localizado el domicilio de Rosario Esparragoza, hermano del presunto narcotraficante:
“Continuando con la línea de investigación nos permitimos informar a usted que el día 15 de mayo del año en curso (2002) nos trasladamos a la ciudad de Guadalajara con la finalidad de ubicar el domicilio que se encuentra localizado en calle L. Van Beethoven 5689 esquina con Tchaikovski,­ colonia La Estancia, ya que por dicho del informante está habitado por una persona de nombre Rosario Esparragoza Moreno y a ese lugar llega con frecuencia Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, ya que en el lugar establecido un agente encubierto se entrevistó con una persona del sexo femenino de aproximadamente 25 años de edad, al parecer del servicio doméstico.”
De acuerdo con la ficha informativa, dicha persona se encontraba barriendo la calle y limpiando el jardín. Al verla trabajando, el agente encubierto se le acercó y le preguntó si ahí vivía la señora Rosario y si estaba. La persona –prosiguen los agentes– se mostró nerviosa y contestó que sí era la casa de la señora Rosario, pero que en esos momentos no se encontraba.
El reporte dice que los agentes se enteraron por su informante de que el domicilio ubicado en la calle Jorge Bravo sin número está habitado por una persona de confianza de Esparragoza Moreno, “sin poder obtener por el momento información alguna, ya que al parecer no se encontraba nadie en el domicilio”.
Y añaden: “…la persona que nos está proporcionando información nos pidió que omitiéramos su identidad, ya que nos dijo que no quería salir perjudicada”.

Vínculos mafiosos

La investigación de los agentes de la PGR arrojó datos relevadores sobre los vínculos que tejió Juan José Esparragoza Moreno en el estado de Morelos. Según la información, El Azul es compadre de Jorge Luis Rodríguez Mier, conocido como El Capi o Capitán y que, de acuerdo con la base de datos del Registro Público de la Propiedad, consultada por los investigadores de la PGR, es propietario de la empresa Aerolíneas Internacionales.
En el informe se añade que Rodríguez Mier es propietario del predio denominado Cuatapaxco, localizado en el poblado de Santa María Ahuacatitlán, así como sus datos generales: nació el 8 de agosto de 1960, es piloto aviador de profesión y vive en Morelos.
El expediente incluye datos sobre otras propiedades relacionadas con Esparragoza Moreno, un mapa de las presuntas rutas de trasiego de droga que utiliza y un itinerario de vuelos que supuestamente realizó mediante Aerolíneas Internacionales a diversos destinos, entre los que destacan Monterrey, Tijuana, León, Cuernavaca, el Distrito Federal, Reynosa, Guadalajara, Veracruz, Hermosillo, Cancún, Aguascalientes y Culiacán.
El capo, nacido en la localidad de Huixiopa, municipio de Badiraguato, Sinaloa, en 1949, no ha vuelto a pisar la cárcel después de su aprehensión a finales de los ochenta y su liberación en 1993, cuando fue beneficiado por una preliberación autorizada por la Secretaría de Gobernación.
Un testigo de aquel momento, quien pidió no revelar su identidad, dijo a este semanario: “Cuando le otorgaron la libertad, El Azul salió caminando de la prisión. Tomó sus cosas y caminó unos dos kilómetros hasta la carretera, donde tomó un taxi”.
A pesar de la turbulencia generalizada que ha generado el narcotráfico en México, Esparragoza Moreno se ha mantenido a salvo. Los nombres de Joaquín Guzmán Loera, Ismael Zambada, Eduardo Costilla y otros narcotraficantes se mencionan a cada momento en los medios de comunicación, pero no el de Juan José Esparragoza Moreno, lo que confirma el sigilo con el que se mueve.
En febrero del año que termina, autoridades federales catearon una propiedad en la colonia Jardines del Pedregal, en la delegación Álvaro Obregón del Distrito Federal. El operativo, se dijo entonces, era para buscar a Esparragoza Moreno, pero los agentes de la PGR se fueron con las manos vacías.
El operativo, efectuado bajo la orden 622011, se inició a las 17:45 y concluyó tres horas después, pero los policías se equivocaron y entraron en el domicilio de la actriz Marga López, quien se indignó por el equívoco.
Esparragoza Moreno tiene 62 años y en 2005 la PGR ofreció 5 millones de pesos a quien proporcionara información para capturarlo, mientras que la Drug Enforcement Administration (DEA), la agencia antidrogas de Estados Unidos, ofrece 5 millones de dólares.
Para la PGR, El Azul es uno de los capos más buscados del narcotráfico mexicano. De acuerdo con su ficha criminal, se le ubica en Morelos, Querétaro, Cancún y la Ciudad de México, pero nadie ha podido dar con su paradero.
El año pasado, la PGR hizo pública una lista de delincuentes peligrosos por quienes ofrece recompensas de hasta 30 millones de pesos. La lista incluye a Esparragoza Moreno, cuyo nombre aparece en el apartado “B”, al lado de Joaquín Guzmán Loera, Ignacio Coronel (finado) y Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, actualmente preso en Estados Unidos.
Esparragoza Moreno es, junto con Zambada García, uno de los capos de la vieja guardia del narco. Se formó en el desaparecido cártel de Guadalajara, que en los años ochenta encabezaban Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo.
Luego fue aprehendido y a finales de los ochenta compartió celda con Félix Gallardo y Amado Carrillo Fuentes en el Reclusorio Sur, de la Ciudad de México, donde tejieron una alianza. Esparragoza fue una de las piezas importantes de Félix Gallardo para efectuar la cumbre de capos de 1993, en Cuernavaca, donde se repartieron los territorios más codiciados como rutas de trasiego.
Actualmente la PGR lo considera un estratega de las alianzas entre cárteles. De las 10 organizaciones criminales que operan en México, al menos unas cinco forman parte del cártel de Sinaloa, lo que convirtió a este cártel en el más poderoso de América Latina.
Con todo, la investigación realizada por la PGR para localizar y detener a Esparragoza fue archivada, según se pudo indagar, por una orden superior. No se sabe si provino de un alto funcionario de la PGR o de la Presidencia de la República.
Lo cierto es que el expediente que incluye información sobre las propiedades y refugios de El Azul sigue guardado.
–¿Qué creen ustedes que pasó con la investigación? –se le pregunta a uno de los participantes en ella.
–No lo sabemos, suponemos que negociaron con El Azul igual que negociaron con El Mayo Zambada, a quien presuntamente detuvieron en 2009 y lo dejaron ir sin mayores explicaciones.
–¿Lo dejaron ir también por una orden superior?
–Sin duda.

García Luna, parte de un equipo ligado a cárteles

Preocupación-Hernández

El gobierno de Calderón inyecta miedo a través del asesinato, acusa activista

• Los luchadores sociales somos la última resistencia, afirma el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo
• Lo más grave, la impunidad

Familiares de víctimas de desaparición forzada fuera de las oficinas de la ONGFoto Sanjuana Martínez

Sanjuana Martínez

Especial

Nuevo Laredo, Tamps. Lo intentaron matar, lo secuestraron e incluso estuvo a punto de ir a la cárcel, pero Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de esta ciudad, continúa su lucha a favor de la justicia social, aferrado a la única autoridad que, afirma, puede brindarle protección durante este sexenio: Dios. Es quien me protege. Me encomiendo a Dios. Si no fuera por la fe, ya me hubiera rajado.

En lo que va del sexenio de Felipe Calderón, 63 defensores de derechos humanos han sido asesinados y cuatro permanecen desaparecidos. Ningún caso ha sido resuelto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado 158 medidas cautelares para 200 defensores que trabajan bajo peligro de muerte.

El gobierno de Felipe Calderón inyecta miedo a través del asesinato de defensores de derechos humanos, dice Raymundo Ramos mientras atiende a unas víctimas en su oficina. Es una forma de tener oprimido a un pueblo. Cuando el gobierno ofrece terror, impunidad y miedo, controla un pueblo. Y eso es lo que está haciendo el gobierno. Los luchadores sociales somos la última resistencia.

La lista de los defensores de derechos humanos asesinados aumenta cada día. Los últimos: Trinidad de la Cruz, Nepomuceno Moreno, Pedro Leyva Domínguez, y la reciente desaparición de los líderes campesinos Marcial Bautista Valle y Eva Alarcón Ortiz.

La mayoría de los asesinatos son perpetrados por fuerzas de seguridad, Ejército y grupos paramilitares. Raymundo Ramos no tiene duda al respecto: son crímenes de Estado. Si hay impunidad es porque desde las más altas esferas del gobierno no solamente se permiten los crímenes, sino que se ordenan

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García Luna, parte de un equipo ligado a cárteles: Castro y Castro

• Para el ex ministro, el secretario de Seguridad Pública miente de manera dolosa e injuria
• Wilfrido Robledo, culpable de que escapara el narco; el sistema de inteligencia, destruido

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, miente dolosamente e incurre en injuria al responsabilizar a Alejandro Gertz Manero de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera del penal de Puente Grande y de haber desmantelado las estructuras policiacas del país, sostuvo Juventino Castro y Castro, ministro en retiro y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

El legislador manifestó que, desafortunadamente, García Luna siempre falla en sus precisiones. No sé a qué se deba, pero en este caso miente dolosamente. Su memoria lo ha traicionado una vez más.

Recordó que atrás del actual secretario de la SSP está su hechura: Wilfrido Robledo Madrid, quien fue el primer titular de la Policía Federal Preventiva (PFP). Él incurrió en innumerables irregularidades como responsable de esa instancia, las cuales lo pusieron al borde de la cárcel.

“Por su parte, García Luna, como secretario de Seguridad Pública, no estaba infiltrado por la delincuencia organizada, sino era parte, junto con su equipo de trabajo, de una serie de funcionarios relacionados con los distintos cárteles de la droga (El Chapo Guzmán, Beltrán Leyva, La Familia Michoacana, etcétera). Tal es el caso de Édgar Bayardo y del propio secretario particular de García Luna, Mario Arturo Velarde Martínez, involucrado en cuestiones de narcotráfico, es decir, tenía vínculos con El Mayo Zambada”

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De 250 familias, 14 resisten asedio de clan que busca despojarlos en Juárez

• Los hermanos Zaragoza obligaron a huir de Lomas de Poleo a cientos, denuncian
• El hostigamiento, para apropiarse de predio en litigio, señalan vecinos afectados

Ciudad Juárez es conocida por los cientos de asesinatos impunes de mujeres, el auge del crimen organizado, la proliferación de maquiladoras y las altas cifras de muertes por el combate al narco. En la imagen se previene sobre los peligros de cruzar el río BravoFoto J. Guadalupe Pérez

Ciudad Juárez, Chih. De 250 familias que llegaron hace 40 años a poblar la colonia Lomas de Poleo, sólo quedan 14. Son los más viejos, los que ya nada tienen que perder porque nada tienen, además de un puñado de mujeres y otro de niños que este año se quedaron sin la escuela que funcionaba desde 1980, por lo que actualmente permanecen junto a sus padres en un plantón dentro de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Ahí toman clases en un campamento improvisado, en demanda de que se reabra su primaria.

Los demás salieron huyendo de los asesinatos, el hostigamiento, la vigilancia armada, la quema de casas, la vida dentro de un cerco de púas semejante a un campo de concentración y el sacrificio arbitrario de sus animales de crianza, acciones que imputan a los hermanos Zaragoza, pertenecientes a una de las familias más poderosas de este estado, propietaria de empresas gaseras, lecherías y desarrollos inmobiliarios, pero, sobre todo, dueños de la vida de quien se les atraviesa en el camino.

En pleno desierto, en el oeste de esta ciudad conocida por los cientos de asesinatos impunes de mujeres, el auge del crimen organizado, la proliferación de las maquiladoras, las cifras más altas de muertes dentro de la conocida guerra contra el narco (9 mil, según las organizaciones sociales), estas 14 familias resisten y se niegan a dejar su tierra.

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• Impunes, 98% de los 67 mil asesinatos esta administración, sostiene el poeta

Se suman Narro, Sicilia y Concha a la denuncia contra el presidente Calderón

Miguel Concha Malo, presidente de la asociación Fray Francisco de Vitoria, lamentó ayer, durante su participación en el congreso ciudadano, que el gobierno federal rehúse cambiar la estrategia de lucha contra el crimen organizadoFoto Demián Chávez

Querétaro, Qro., 10 de diciembre. Al concluir el Congreso Estatal Ciudadano de Derechos Humanos, los participantes firmaron un manifiesto de 14 puntos, entre los cuales se encuentra uno en el que se suman a la denuncia de 23 mil mexicanos ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente Felipe Calderón por incurrir en crímenes de guerra y de lesa humanidad, y otro para demandar el retiro de las fuerzas armadas de las calles del país, porque violan las garantías elementales de los ciudadanos.

En el congreso participaron como ponentes José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México; Javier Sicilia, coordinador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y Miguel Concha Malo, presidente de la asociación Fray Francisco de Vitoria, entre otros.

Suscribimos la denuncia que con valentía y entereza presentaron 23 mil personas ante la CPI de La Haya el 25 de noviembre de 2011 contra la actitud criminal del Estado o de sus protegidos reales contra la violación sistemática de sus derechos que se señalan en la Constitución mexicana, afirma el texto leído por Gonzalo Guajardo González, catedrático de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro.

El documento plantea la urgencia de que los mexicanos recuperen su bienestar social, económico, cultural y político, que se asignen recursos económicos suficientes a las instituciones para evitar la corrupción y que las instituciones de educación asuman su tarea de formar personas en su integridad y no sólo capacitar a la fuerza laboral.

Al presentar la conferencia Seguridad y justicia sin democracia, Narro Robles indicó que los derechos y garantías individuales y sociales deben ser exigibles y no sólo aspirar a que ello suceda.

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Empantanada en el Senado, ley de atención a víctimas

A tres sesiones de que concluya el periodo legislativo –el jueves 15–, los pendientes se acumulan en el Senado, y una de las reformas que, todo indica, quedarán pendientes para el próximo año, es la ley de atención a víctimas del delito.

Pese al compromiso que el Congreso asumió con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza el poeta Javier Sicilia, de crear esa legislación a fin de atender a quienes han padecido la violencia o a las deudos de los miles de muertos y desaparecidos en el contexto de la estrategia contra el crimen organizado, no hay avances.

Los priístas, con Jesús Murillo Karam a la cabeza, preparan un proyecto de dictamen con base en varios documentos, entre ellos uno que elaboró la UNAM, y los perredistas trabajan en otra propuesta, pero hasta ayer no había avances.

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El gobierno, sin voluntad para cumplir con fallos de la CIDH

El gobierno mexicano no ha terminado de entender que cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es una responsabilidad ineludible, y aunque no tiene un aparato que le permita hacerlo de forma cabal, ha mostrado falta de imaginación y voluntad política para resolver el problema.

Tal fue una de las conclusiones del foro Impacto de la ejecución de las sentencias de la CIDH. Retos en los órdenes jurídicos nacionales, realizado jueves y viernes pasados en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la participación de funcionarios, académicos y víctimas de abusos de derechos humanos.

El investigador Jorge Carmona, quien coordinó el encuentro junto con Édgar Corzo y Pablo Saavedra, explicó en entrevista con La Jornada que el principal objetivo fue analizar de manera detallada cuáles serían las implicaciones de las sentencias de la CIDH para el sistema jurídico del país, y tomar referencias de lo que ha ocurrido en otras naciones en circunstancias similares.

Uno de puntos básicos del debate fue dejar claramente establecido que las resoluciones de la Corte Interamericana son de cumplimiento obligatorio, y no pueden estar sujetas a ninguna interpretación legal interna.

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La impunidad propicia ataques a periodistas, dicen activistas

Las agresiones contra periodistas se han vuelto una constante en México, en gran medida a causa de la impunidad, y el hecho de que cada vez sean más los comunicadores asesinados o que recurren a la autocensura va empobreciendo la vida democrática del país, advirtieron los participantes en el foro Justicia para periodistas asesinados y desaparecidos.

El acto, organizado ayer frente al monumento a Francisco Zarco, por el Centro de Periodismo y Ética Pública y Reporteros Sin Fronteras, comenzó con un minuto de silencio por los comunicadores muertos y desaparecidos a causa de su trabajo, y un balance de las recientes agresiones padecidas.

En la primera mesa del foro, familiares de periodistas víctimas de agresiones –entre ellos Francisco Ortiz Franco, del semanario Zeta; Mauricio Estrada, del diario La Opinión, o Armando Rodríguez, de El Diario– dieron su testimonio de la forma en que debieron enfrentar no sólo el asesinato o desaparición de sus seres queridos, sino también la indolencia oficial para resolver los crímenes.

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Bloque en IDN contra políticas entreguistas

La corriente perredista Izquierda Democrática Nacional (IDN), de René Bejarano y Dolores Padierna, en consonancia con sus similares Democracia Social, Izquierda Social y Red por la Unidad de la Izquierdas, integró un bloque que pretende enfrentar las políticas antipopulares y entreguistas del gobierno federal.

Reunidos en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, los dirigentes de esas expresiones perredistas y sus seguidores establecieron un programa de acción con miras al proceso electoral. Sus criterios se sustentan en cancelar definitivamente la alianza con la derecha; ningún pacto con el PAN, impulsar la Coalición Movimiento Progresista; reconocer la pluralidad interna y reflejarla en los acuerdos sustantivos que se discutan y que se promuevan en el interior del PRD, más allá de la correlación de fuerzas; mantener todas las posibilidades abiertas de diálogo y acuerdos para no dejar sin representación al PRD en Chiapas y convocar para que todas las fuerza políticas estén dispuestas a renovar las instancias partidarias en Michoacán.

Padierna expuso “la desastrosa situación del país, que se refleja en la calidad de vida de millones de mexicanas y mexicanos, que enfrentamos un continuo deterioro. El régimen está en decadencia –en caída libre desde la década de los 80–, dijo. No sólo es un gobierno ilegítimo el que tenemos actualmente, también es incapaz de ofrecer alternativas para retomar la dolorosa y peligrosa situación nacional."

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Con charrazos Gordillo pierde espacios, dicen los disidentes

A Elba Esther Gordillo Morales se le está achicando el espacio para negociar entre sus propios grupos institucionales del gremio magisterial, frente a una “guerra intercharra” ocasionada por una disputa de cuotas de poder. Es evidente que ya no le alcanza para cumplir con todos, afirmaron profesores disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Después de la imposición de comités ejecutivos incondicionales en las secciones 10 y 11 del Distrito Federal, calificaron la práctica del charrazo como una vieja estrategia política heredada del priísmo para la repartición de cuotas, la cual se le complica cada vez más a la dirigencia gordillista.

Artemio Ortiz Hurtado, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, subrayó que Gordillo Morales ya no tiene con qué cumplirle a todos sus incondicionales, pero tampoco tiene control total de los inconformes que, dentro de sus propias filas, ven disminuir también sus cotos de poder

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Repudian organizaciones sindicales el aumento de hambre a los mínimos

No se recupera el poder adquisitivo de los últimos 5 años en que se perdió más de 40%

Organizaciones sindicales, defensoras de los derechos de los trabajadores y abogados laborales repudiaron el aumento de hambre de 4.2 por ciento que acordó el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CNSM) para estas percepciones, que regirá desde el primero de enero de 2012.

Ante este nuevo atropello a los derechos de los trabajadores llamaron a presentar quejas ante instancias defensoras de las garantías individuales, pues el alza miserable, que representa en promedio 2 pesos 45 centavos más por día es anticonstitucional.

Carlos Rodríguez, del Centro de Reflexión Laboral y Acción Laboral (Cereal), indicó que con la reforma en derechos humanos, ahora las comisiones del área tienen competencia en los asuntos laborales, por lo que llamamos a sindicatos, organizaciones defensoras de derechos humanos y a trabajadores en lo individual a impugnar ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el incremento que no representa buena noticia para los trabajadores

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• Extracción masiva de agua y vulnerabilidad de Laguna Verde por vibraciones, alertan

Temor de veracruzanos ante próxima operación de la mina Caballo Blanco

• La empresa descalifica reclamos; las prácticas son seguras y medidas con sismógrafos independientes

Panorámica de los cerros La Paila y De la Cruz, en los límites de los municipios de Alto Lucero y Actopan, Veracruz, donde la compañía canadiense Goldgroup Mining Co. avanza en la puesta en operación de la la mina a cielo abierto Caballo Blanco, para extraer oro, plata y cobreFoto Sergio Hernández Vega

Alto Lucero, Ver., 10 de diciembre. Está trotando el caballo blanco, dijo Rick Irvine, gerente de Minera Cardel, cuando hace dos meses arrancaron las pruebas para que a partir de 2012 se inicie la explotación de la mina, ubicada a tres kilómetros de la nucleoeléctrica de Laguna Verde.

Pobladores de las comunidades cercanas a la central nuclear, como los de El Ojital, tienen miedo de que las vibraciones de los explosivos afecten los dos reactores nucleares de Laguna Verde y los productos químicos que se usan en la minería contaminen los mantos acuíferos.

Aun en su fase exploratoria, la mina ya registra los primeros pasivos con la tala del bosque bajo, la destrucción de sitios de reposo de aves migratorias y la extracción masiva de agua para la lubricación de los barrenos, pese a que en muchas comunidades de la zona ni siquiera tienen el líquido para el consumo doméstico.

María Antonia, vecina del ejido La Yerbabuena, sufre a diario para acarrear, sobre los hombros, dos cubos de agua desde pozos artesianos para lavar trastos y preparar alimentos. Si hay que bañarse o lavar ropa tiene que traer más o acudir a los riachuelos cercanos para realizar el aseo en el sitio.

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El Despertar

El difícil camino del triunfo

José Agustín Ortiz Pinchetti

La causa progresista se ha reposicionado en semanas recientes. Tiene en AMLO un candidato fuerte con capacidad para resistir la más dura adversidad. Cuenta con un gran movimiento que ha construido desde sus cimientos y puede desarrollar gran potencial. Los grupos y partidos de izquierda han suspendido conflictos y parecen disciplinados. Tiene un proyecto articulado y viable, y prestigio como buen gobernante y líder poderoso y mesurado. Pero no será fácil su triunfo porque el sector más duro de la oligarquía se opone a una reforma en serio y usará sus recursos para bloquearle el camino a como dé lugar.

Para ganar, AMLO y su alianza tendrán que aprovechar al máximo la oportunidad que se presenta: la doctrina de sus adversarios está agotada, las diferencias sociales y la miseria han aumentado, la economía está mal y empeorará. El PRI tiene un candidato vulnerable apoyado por políticos y plutócratas envejecidos y corruptos. Lo mejor del PRI ha sido marginado. Sin embargo, tiene como arma la publicidad masiva y la complicidad de los factores de poder. El Frente Progresista deberá imaginar vías nuevas para que sus propuestas sean conocidas y entusiasmen a la población.

El PRI ofrece la restauración del sistema. Su candidato habla de una restructura institucional para volver a la presidencia imperial. El PAN quiere continuar en la misma línea a pesar de la tragedia en que ha metido al país al intentar combatir a la delincuencia sin objetivos estratégicos y utilizando cuerpos de seguridad que están, en gran medida, infiltrados por el enemigo.

AMLO ha logrado cohesionar y organizar a sus partidarios, pero debe convencer a la gente que sus adversarios son mentirosos y calumniadores y que la oferta que presentan está agotada. Sólo podrá ganar si los empresarios y la clase media se convencen de que sin un cambio de rumbo el país terminará hundiéndose y sus vidas y patrimonios estarán en grave riesgo.

AMLO y su alianza tendrán que corregir errores. El peor es la destructividad interna. El gran potencial de su candidatura puede verse menguado sin el apoyo de las burocracias de los partidos de izquierda. Debe aprovechar su capacidad de debate y acercarse a todos los sectores no vinculados a grupos y personajes reaccionarios.

AMLO y la alianza tienen que utilizar sus activos. El principal es el Morena, constituido por cientos de miles de gentes que ahora deben demostrar que el entusiasmo que se observa en los mítines se convierte en disciplina y organización. La prueba de fuego se presentará cuando tenga que promover el voto y defenderlo: el reto es consolidar la estructura de vigilancia electoral. Si no lo logra, no podrá ganar.

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Calderón y las peras del olmo

Arnaldo Córdova

Calderón pronunció un discurso, el pasado 4 de diciembre, con motivo del cumplimiento de su quinto año de gobierno, que ha pasmado a todo mundo, porque no se trató, evidentemente, de una especie de resumen de logros o de programas cumplidos, tampoco de una simple justificación por no haber sido mejor gobernante o, en fin, una simple celebración del camino andado. De principio a fin, fue una filípica contra todos los que no pertenecen a su redil, culpándolos, sin mediar ninguna explicación, de los fracasos que ha tenido; fue, en suma, una solapada y encubierta confesión de su enorme ineptitud para llevar con éxito las riendas de su gobierno.

Aparte de dedicar la mayor parte de su discurso a su lucha anticrimen, condenando a los adversarios porque no la apoyan como él quisiera que lo hicieran, Calderón los culpó de ser los verdaderos responsables de que sus maravillosas propuestas de reformas estructurales no hayan salido avante o se hayan frustrado o sigan en espera de ser discutidas y aprobadas. Nunca señaló responsables de carne y hueso, por sus nombres, simplemente les lanzó la pedrada sin que le cupiera en mente si debían sentirse aludidos u ofendidos, según el caso.

Desde mi punto de vista, debió haber enfrentado a sus principales aliados en la elaboración de sus políticas públicas, los priístas, que son los principales responsables, objetivamente, de que esas reformas no hayan prosperado. Siendo justos con ellos y aunque sea en muy contadas ocasiones, los priístas nos han ahorrado algunos errores en los que los panistas no habían reparado; pero la verdad es que el trabajo legislativo lo enfrentan siempre poniendo por delante sus propios compromisos o sus intereses o el temor de que las reformas les creen a ellos problemas que los pueden poner en aprietos.

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No sólo por 50 mil muertos

Héctor Vasconcelos

Hace unos días se cumplieron cinco años de que Felipe Calderón asumió la titularidad del Poder Ejecutivo “haiga sido como haiga sido”, por la puerta de atrás y en medio de la mayor crisis política ocurrida en México en los últimos decenios. Recientemente Calderón ha dicho que probablemente será recordado por los más de 50 mil muertos caídos durante su administración (horroriza pensar cuál pueda ser la cifra al final del sexenio), y que eso será una injusticia. Calderón se equivoca. Además de las víctimas de su guerra personal, será recordado, en primer término, por su ilegitimidad política de origen. Será recordado como el presidente de facto que, al haberse negado al recuento de votos o a la anulación de la elección, no nos pudo demostrar a millones de mexicanos que ganó en buena lid las elecciones presidenciales de 2006. Será también recordado como alguien que prometió ser el presidente del empleo y deja un país hundido en el desempleo y la falta de oportunidades educativas para los jóvenes. Siete millones de ninis y doce millones de pobres adicionales. Será recordado como el hombre que tranzó con los peores intereses sindicales y corporativos de la República para hacerse de la Presidencia. Será recordado como el presidente que, al igual que Fox, se negó a enfrentar la corrupción económica y política que el PAN dijo combatir desde su fundación, el mismo que comprometió seriamente nuestra soberanía con políticas entreguistas hacia el exterior. Será recordado, por quienes tienen memoria y sentido de la historia, como el enterrador, en los hechos, del Estado laico que fue durante un siglo y medio piedra angular del Estado mexicano. Son esas algunas de las prendas que nos deja en la memoria.

Todos los días escuchamos, provenientes de las más diversas fuentes, los reclamos por la violencia que se ha desatado en el país y que, lejos de amainar, se recrudece. Pero rara vez se subraya lo peor: la motivación que generó esta guerra. Calderón no la inició por convicción o necesidad –el tema estuvo ausente de sus propuestas de campaña–, sino como el único medio de que dispuso para obtener la legitimidad y la iniciativa política que las urnas no le habían proporcionado. Es decir, hundió al país en la violencia como resultado de un intento por subsanar una debilidad política. Como tal, esta guerra contará entre las grandes infamias de nuestra historia.

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De una base militar aérea a un país que se autogobierna

Antonio Gershenson

Pakistán sigue con tropas de la OTAN, que lo usan como base para la guerra de Afganistán. Pero las cosas están cambiando drásticamente.

El 15 de noviembre se firmó un mercado común económico entre India (casi mil 200 millones de habitantes) y Pakistán (casi 200 millones), países que antes tenían conflictos frecuentes. Pakistán encuentra en esta alianza de vecinos una salida a sus dificultades con Estados Unidos.

Pakistán empezó a tener esas dificultades cuando, a principios de mayo de 2011, unos 100 militares de Estados Unidos entraron al país sin previo aviso y mataron a Osama Bin Laden, que encabezaba una secta musulmana calificada como terrorista.

Como el gobierno paquistano ni siquiera fue notificado con anticipación, hubo descontento entre la población. También usaba y usa Estados Unidos a Pakistán como base de operaciones para sus ataques a rebeldes de Afganistán, vecino al noroeste del país citado. También eran bombardeadas por la OTAN –que como tal participaba con Estados Unidos a la cabeza– poblaciones de Pakistán, de tribus que de alguna manera tenían relación con los rebeldes afganos, o que en general tenían una cierta autonomía.

Los bombardeos en ocasiones mataban a civiles paquistaníes, lo cual levantaba aún más enojo entre las poblaciones afectadas. Una base militar aérea era usada como base para aviones sin piloto, los cuales habían causado víctimas civiles entre habitantes de las regiones cercanas a Afganistán, pero de Pakistán.

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Los banqueros, los dictadores de Occidente

Robert Fisk

Una indignada afirma en un cartel que las ideas no pueden ser desalojadas, fuera del campamento Ocupa en San Francisco, clausurado por las autoridades de la ciudadFoto Ap

Debido a que debo escribir desde la región que produce más frases hechas por metro cuadrado que cualquier otro tema, quizá debería hacer una pausa antes de lamentarme por toda la basura y estupideces que he leído sobre la crisis financiera mundial. Pero voy a abrir fuego. Opino que los reportes sobre el colapso han caído más bajo que nunca, al grado de que ni la información de Medio Oriente se difunde con la clara obediencia que se rinde a las mismas instituciones y a los expertos de Harvard que colaboraron para crear este desastre criminal mundial.

Iniciemos con la llamada primavera árabe, que es en sí una grotesca distorsión verbal de lo que en realidad es un despertar árabe-musulmán que está sacudiendo a Medio Oriente; y los sucios paralelismos que se establecen entre estos movimientos y las protestas sociales en las capitales occidentales. Se nos ha engañado con los reportes de los pobres y los que no tienen que han tomado una página del libro de la primavera árabe, sobre la forma en que fueron derrocados los regímenes de Egipto, Túnez y, hasta cierto punto, Libia, y de cómo esto inspiró a estadunidenses, canadienses, británicos, españoles y griegos a manifestarse masivamente. Pero todo esto es absurdo.

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