Vigencia de los acuerdos de San Andrés

Jaime Martínez Veloz

Los acuerdos de San Andrés Larráinzar son resultado del proceso de construcción de acuerdos de mayor horizontalidad y participación que se tenga memoria en los años recientes de la historia de México.

La definición de la agenda entre el gobierno federal y el EZLN fue pactada después de un largo proceso de encuentro y desencuentro entre las partes. El primer tema fue Derechos y cultura indígenas, al cual, una vez desahogado, le seguían: Democracia y justicia, Bienestar social y de-sarrollo; Situación, derechos y cultura de la mujer indígena; Reconciliación social; Amnistía y acuerdo final de paz.
Lo que hoy se conoce como los acuerdos de San Andrés Larráinzar es el resultado del proceso de negociación del primer tema de la agenda pactada entre las partes: Derechos y cultura indígenas; los demás quedaron pendientes por el incumplimiento gubernamental. Vale la pena recordar que la construcción de estos acuerdos se realizó durante varios meses de trabajo y consulta de las comunidades indígenas, asesores, investigadores, delegaciones del gobierno federal y del EZLN, con la participación de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai) y la coadyuvancia de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), con una cobertura de los medios nacionales que dieron fe y fueron testigos de un proceso serio y responsable. Por ello resulta deleznable la posterior campaña de calumnias alimentadas desde las oficinas del poder político y económico en contra de un proceso ejemplar de construcción de acuerdo. Esto, que se dice fácil, se construyó en medio de una realidad compleja, donde las tensiones, provocaciones y confrontaciones casi siempre aparecían cuando se avanzaba en las posibilidades de diálogo entre las partes.
Para quienes participamos en la primera Cocopa nos quedó muy claro que la paz tiene muchos enemigos: la paz no es negocio, la guerra sí.
La afirmación de la primera Cocopa de que una reforma democrática del Estado es impensable sin la participación de los zapatistas sigue vigente a pesar del tiempo transcurrido, de los oídos sordos y la arrogancia de las cúpulas partidarias y la clase gobernante.
La actuación de estos últimos, regida por el cortoplacismo y agendas construidas alrededor de los asuntos del poder y el dinero, les ha impedido ver los asuntos del México profundo, los cuales desde su óptica pueden esperar indefinidamente.
El llamado de aquella Cocopa para impulsar un diálogo nacional para la reforma democrática del Estado, que incluyera a todos los actores nacionales, incluyendo al zapatismo, fue el punto de partida para destrampar el proceso de negociación en San Andrés Larráinzar, que se encontraba en un callejón sin salida hasta antes del pronunciamiento de la comisión legislativa, que en un principio fue apoyado por el entonces presidente Ernesto Zedillo, aunque después sus personeros se encargaron de desmentirlo. Sobra decir que en la reforma electoral de 1996, acordada cupularmente por los partidos políticos, se excluyó no sólo a los zapatistas, sino a todo mundo. Los resultados están a la vista: en nuestra “democracia” no gana quien tiene mejores proyectos, sino el que tiene a su favor el poder y el dinero, legal e ilegal.
En 2001, después de que Vicente Fox en un acto mediático mandó al Congreso de la Unión los acuerdos de San Andrés, vía Senado, donde fueron tirados al bote de la basura y en su lugar se aprobaron modificaciones a la Constitución que desnaturalizaron el contenido de lo pactado entre gobierno federal y EZLN, las cuales fueron rechazadas por todos los pueblos indígenas.
Ante el rechazo, un grupo plural de 160 diputados, con la asesoría de destacados especialistas, entre ellos Magdalena Gómez, nos apoyaron en la redacción de la exposición de motivos, que figura en los dos últimos artículos que preceden a éste. El 9 de abril de 2002 presentamos ante el pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa original de modificaciones constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas, elaborada por la Cocopa, mediante acuerdo del gobierno federal y el EZLN, el cual la aceptó mientras el gobierno federal, en un acto impúdico y desleal a la nación, la rechazó esgrimiendo argumentos chafas y vulgares, desconociendo públicamente lo que su delegación pactó con los zapatistas. Dicha iniciativa no ha sido desechada, pero tampoco se le ha dado curso debido a los intereses de quienes se oponen a la construcción de un México más justo y democrático.
El desastre nacional es la expresión de todo aquello que se ha opuesto al zapatismo. Los que acusaron al EZLN de pretender balcanizar al país son los que se confabularon para que hoy existan franjas de territorio nacional bajo el control de grupos mafiosos, algunos de los cuales se crearon con el propósito de combatir a los zapatistas. Los que impidieron que los reclamos indígenas se expresaran en la Constitución son los mismos que permitieron que se hicieran enmiendas, reformas y parches a la Carta Magna para entregar a manos extranjeras puertos, aeropuertos, bancos, producción energética, satélites, ferrocarriles. Por ello creo que el México perfilado en los acuerdos de San Andrés trasciende a Chiapas y configura los lineamientos de una nueva nación. El tema no es cuántos son actualmente los miembros del zapatismo, sino sus causas y el alcance de su propuesta, hoy más vigente que nunca.

Amnistía

Acentos
Pablo Gómez

La amnistía es el procedimiento de olvido judicial por mandato de ley. Se trata, en efecto, de una decisión de carácter político para resolver un problema de la misma naturaleza. ¿Alguien puede suponer que el movimiento de Atenco no sea justamente de carácter político?
Sin embargo, algunos de los principales dirigentes del Frente de Defensa de la Tierra están en una prisión de alta seguridad, condenados a decenas de años, como si se tratara de delincuentes. Es necesario recordar que el movimiento de Atenco fue victorioso en la medida en que impidió la expropiación de tierras ejidales para la construcción de un nuevo aeropuerto. En aquel entonces, el gobierno del Estado de México negoció con los atenquenses que resistían y puso en libertad a los detenidos, a cambio de la entrega de algunos funcionarios. Fue un pacto político dentro de un conflicto político. Sin embargo, los presos de Atenco se encuentran en la cárcel por delitos que, se dice, fueron cometidos en ese entonces, lo que sólo revela la actitud de traición de las autoridades que habían llegado a unos acuerdos que, después, violaron.
También están encarcelados ésos y otros presos políticos por supuestos delitos cometidos durante el bloqueo de una carretera. Este tipo de conductas se sanciona en casi todo el mundo con algunas horas de arresto, pero en México se llama ataques a las vías de comunicación y se castiga con años de prisión.
A pesar de la cobardía de la Suprema Corte al no señalar con sus nombres a los responsables de la violación de derechos humanos en Atenco, al menos ese tribunal admitió que tal violación se produjo y que fue grave. No obstante, las autoridades políticas y los jueces ni siquiera se inmutaron. Las víctimas siguen siendo presentadas como victimarias: típico esquema del despotismo de todos los tiempos.
Los integrantes del movimiento popular de Atenco no son delincuentes. Esto es incontrovertible. Sus acciones han sido siempre de respuesta a actos oficiales considerados injustos y agresivos. No obstante, el aislamiento político de tal movimiento ha sido una oportunidad para que el autoritarismo priista y panista alcance niveles inauditos. Ni en 1968 se atrevió el gobierno a mandar a dictar sentencias tan absurdas aun cuando la lista de los delitos atribuidos a los dirigentes de entonces empezaba con el de homicidio.
Jueces de consigna, presionados por procuradores inescrupulosos, han construido en el caso de Atenco un nuevo monumento al uso faccioso de la justicia penal. Calderón ha insinuado que quiere la libertad de los presos políticos de Cuba y jamás ha dicho una sola palabra en relación con los presos políticos de México, los cuales ascienden a cerca de medio millar.
Como los presos de Atenco enfrentan procesos penales federales y locales, se requieren decretos legislativos simultáneos. Los representantes populares no deberían seguir viendo, impasibles, cómo se usa el poder para aplastar a disidentes. No es cierto que el viejo régimen político mexicano haya sido superado. Hoy, como en tantas otras ocasiones en nuestra historia, la amnistía debería ser una bandera de lucha para reivindicar la libertad política de los ciudadanos.
pgomez@milenio.com