Ni perdón ni arreglo “amistoso”

Ante las atrocidades perpetradas por elementos policiacos en San Salvador Atenco no puede haber ninguna solución amistosa y sí, en cambio, es necesario buscar que se haga justicia, aunque sea ante organismos internacionales. El gobierno de México sufrió un nuevo revés en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de que funcionarios de la Secretaría de Gobernación,  encabezados por Lía Limón y Manuel Gómez Robledo,  fracasaron en su intento de desactivar la denuncia que 11 mujeres presentaron ante ese organismo de justicia internacional en contra del Estado mexicano por las vejaciones que sufrieron a manos de la policía en mayo de 2006.

Gloria Leticia Díaz

En su primera participación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno de Enrique Peña Nieto fracasó en su intento por evitar la difusión internacional del fantasma de la represión policiaca desatada en San Salvador Atenco que lo persiguió durante su gestión como gobernador del Estado de México y como candidato a la Presidencia.
Durante la audiencia pública realizada en Washington, sede del organismo de la OEA, la representación del Estado mexicano encabezada por la expanista Lía Limón García, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se topó con la negativa de 11 mujeres agredidas sexualmente durante el operativo de mayo de 2006 para negociar una “solución amistosa”, a fin de evitar una eventual sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
Ante los comisionados Tracy Robinson, Rosa María Ortiz y Rodrigo Escobar, éste relator de la CIDH para México, los representantes del Estado mexicano, los abogados de las víctimas –del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)– y decenas de personas que acudieron a la audiencia, en representación de 11 de las decenas de mujeres ultrajadas el 4 de mayo, Bárbara Italia Méndez Moreno leyó en una carta:
“No vemos posibilidades y no es nuestro deseo explorar una solución amistosa, pues el Estado ha demostrado en estos más de seis años no sólo su incapacidad para responder a nuestras demandas de verdad y justicia –máxime porque sus únicas acciones han estado relacionadas con la denuncia que hemos levantado a nivel interamericano e internacional–, sino también sigue difundiendo información falsa sobre lo ocurrido en Atenco y sobre la búsqueda de la justicia.”
En esa misiva dirigida al secretario ejecutivo de la CIDH, el mexicano Emilio Álvarez Icaza, las 11 mujeres que sostienen el caso identificado con el número 12.486 pidieron el informe de fondo, preludio para iniciar un litigio en el tribunal interamericano.
Momentos antes, Limón expresó “la voluntad del gobierno mexicano de resolver este asunto con una solución amistosa conforme lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el reglamento de la CIDH”. También aseguró que la administración de Peña Nieto contaba con “un marco jurídico adecuado, en particular con la Ley General de Víctimas, que establece los parámetros para trabajar de manera conjunta en la construcción de esta vía”.
En  su  discurso,  Limón  se refirió a la conclusión de mayor controversia de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Atenco de febrero de 2009, la cual excusó a los altos funcionarios de los abusos perpetrados durante la represión policiaca.
Dijo Limón: “Esas violaciones graves de garantías individuales y de derechos humanos no se debieron a una estrategia estatal, ni obedecieron a órdenes ilícitas de autoridades superiores para preparar la agresión o urdir acciones contra los manifestantes”.
La oferta de la subsecretaria de Gobernación fue apuntalada por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Manuel Gómez Robledo, quien informó que de 2006 a 2009 21 casos sometidos a la CIDH se resolvieron por la solución amistosa. Pidió a los comisionados su colaboración para concretar esa vía y “reparar a las víctimas, de conformidad con estándares de los derechos humanos y de conformidad con la Ley General de Víctimas”.
La posibilidad se cerró cuando Bárbara Italia recordó en la lectura de la carta que el Estado “tuvo oportunidad desde el año 2006 de demostrar una voluntad para investigar y sancionar las violaciones alegadas”. El texto enviado a la CIDH el viernes 8 fue firmado por Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Linares, Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo y la propia Bárbara Italia.

Disimulo

En México, Andrés Díaz Fernández, miembro del equipo de defensa del Centro Prodh, comenta en entrevista con Proceso: “La solución amistosa era la última carta que podía jugar el Estado para evitar llegar a la Corte, y que a su vez el caso fuera ventilado en todo el mundo; es claro que lo que se pretendía con esa propuesta era bajar el perfil a las violaciones graves a derechos humanos cometidas en San Salvador Atenco”.
El litigante confirma que por decisión de las 11 víctimas acudirán ante la CoIDH en busca de una sentencia contra el Estado mexicano. “El caso de Atenco seguirá en la agenda pública los dos o tres próximos años, depende de la carga de trabajo que tenga, primero la CIDH para procesar el informe de fondo, y después el litigio propiamente”.
Aclara que la negativa de las mujeres a aceptar la solución amistosa no radica en que el actual titular del Ejecutivo fue gobernador del Estado de México y que haya desconfianza.
“Si bien es cierto que Peña Nieto dijo claramente que se asumía como responsable de los hechos de San Salvador Atenco en mayo del año pasado en un acto de campaña en la Universidad Iberoamericana, en la Corte se analiza la responsabilidad de las instituciones del Estado y al Estado mismo como responsables de violaciones a derechos humanos, y no se personalizan los señalamientos”, apunta.
El pasado 11 de mayo, ante reclamos de estudiantes de la Ibero por la represión en Atenco del 3 y 4 de mayo en la que participaron 700 agentes de la extinta Policía Federal Preventiva (PFP) y mil 800 policías del Estado de México, y fueron detenidas más de 200 personas, Peña Nieto sostuvo que el operativo fue ordenado “personalmente” por él, “para restablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública”.
De gira por Nueva York y Toronto, en conferencia de prensa el 16 de junio de 2006, según medios de comunicación, Peña Nieto se refirió así a las denuncias por los abusos cometidos en Atenco: “Es conocido que en los manuales de los grupos de insurgencia, de los grupos radicales, lo primero que el manualito (dice) es declararse violadas en el caso de las mujeres. En el de los hombres, haber sido objeto de abuso y maltrato, porque así lo dicen las normas de esos grupos, o los manuales de los radicales”.
Aun con esa confesión de parte, el abogado Díaz Fernández insiste en que “ha sido el Estado el que ha violado el derecho de acceso a verdad y justicia de las compañeras, no personalizamos, además de que en estos 100 días no vemos señales de un verdadero cambio. La plantilla de la Secretaría de Relaciones Exteriores (dependencia que legalmente litiga los casos) no ha cambiado; permanecen los mismos funcionarios del sexenio anterior y no hay razón para pensar que ahora sí habrá acceso a la justicia”.
Norma Jiménez, otra de las peticionarias, entrevistada en la Ciudad de México, apunta que desde que las 11 mujeres decidieron recurrir al sistema interamericano su propósito “fue llegar a la Corte porque el objetivo es que México reciba una sentencia ejemplar, no sólo para nosotros sino para que lo que nos pasó no vuelva a ocurrir”.
Denuncia que desde que se inició el proceso ante la CIDH, “muchas hemos recibido amenazas, telefónicas o por correo electrónico; buscan intimidarnos”.
Incluso sostiene que durante el sexenio de Felipe Calderón, representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores las buscaban para tratar de llegar a acuerdos y desarticular el grupo.
“No han podido con nosotras. Estamos decididas a llegar hasta las últimas consecuencias, que todos los que nos agredieron y que nos obstaculizaron el acceso a la justicia sean castigados, que se llegue hasta donde se tenga que llegar”, dice.
Sin embargo, al igual que su abogado, insiste en que no pretenden personalizar su caso en la figura de Peña Nieto: “Si otro fuera el presidente, hubiéramos hecho lo mismo”.

El infierno

En su testimonio expuesto en la audiencia pública, Bárbara Italia Méndez Moreno narró a los comisionados de la CIDH la pesadilla que significó para ella la tortura sexual a la que fue sometida y la serie de agravios que sufrió, entre ellos el encarcelamiento y procesamiento judicial por un delito que no cometió.
Con voz firme y tranquila refirió: “Cuando subo al vehículo en el que me trasladarían los policías comienza el infierno para mí. Hay un olor a sangre muy penetrante y una pila de personas recostadas sobre el suelo del autobús. Los policías están caminando sobre estas personas y a mí me colocan encima de una pila… los policías comenzaron a meter sus dedos dentro de mi cavidad vaginal, a pellizcar mis pezones, a morderme. Me dijeron que eso me estaba ocurriendo porque yo no me había quedado en mi casa a cuidar a mis hijos”.
Durante 20 minutos que duró su exposición, señaló que durante el tiempo que estuvo dentro del camión escuchó gritos de otras mujeres que al igual que ellas eran abusadas sexualmente.
“Es muy fuerte recordar la voz de una mujer que se llama María que gritaba que era de nacionalidad española, que por favor pararan y la dejaran en paz, que le dolía y que no podía respirar porque padecía asma… escuché repetidamente el nombre de Norma Jiménez, una chica que estaba en la misma pila en la que yo me encontraba y le decían que si le gustaba mientras estaban introduciendo cosas en su vagina. Fue realmente espantoso ese momento. No se cuánto tiempo habrá durado.”
La tragedia que inició la mañana del 4 de mayo de 2006 cuando policías federales ingresaron en forma violenta a la vivienda donde Italia se había refugiado junto con compañeros de la fundación Vida Nueva en México, en la que era voluntaria, no terminó con la violencia sexual y los golpes de toletes en su cuerpo hasta descalabrarla. Las humillaciones continuaron en el penal de Santiaguito.
En esa cárcel, médicos legistas le suturaron la herida de la cabeza sin anestesia y le negaron atención ginecológica, en tanto que los agentes del Ministerio Público no quisieron abrir una queja por tortura y abuso sexual ni proporcionarle la asistencia de un abogado.
Méndez Moreno fue procesada por ataques a las vías de comunicación y transporte. Obtuvo su libertad bajo caución el 15 de mayo de 2006 y quedó absuelta en abril de 2008.
De las secuelas de la tortura reveló a los comisionados: “El común denominador en mi vida es el miedo de que esto ocurra de nuevo, que le suceda a otras personas. Dejé de trabajar con niños en vulnerabilidad social, que era parte de mi vida, porque simplemente no puedo lidiar con el sufrimiento de otras personas… me desbordo fácilmente. Ya no sirvo más”.
De los daños en ella y el resto de sus compañeras dijo: “Fuimos expuestas ante el escarnio público, fuimos criminalizadas, fuimos victimizadas y el sello del estigma sigue estando. Dejamos de tener nombre: Italia, Mariana, Norma, y nos convertimos en las violadas de Atenco. El dolor es profundo. Van a cumplirse siete años y el dolor sigue ahí”.
En la audiencia las abogadas de CEJIL y el Centro Prodh, Alejandra Nuño y Stephanie Brewer, detallaron las fallas y omisiones del Estado, y la falta de voluntad para garantizar el acceso a la justicia.
Después de que en 2009 la PGR, a través de la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y la Trata de personas (Fevimtra), declinara su competencia de investigación a favor de la Procuraduría General de Justicia estatal, por considerar que ningún policía federal agredió a las mujeres, hasta ahora de los 2 mil 500 policías que participaron en los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006, el 17 de mayo de 2012 se libraron órdenes de aprehensión contra tres policías estatales, uno de ellos ya fallecido.
El último escrito entregado por el Estado mexicano a la CIDH está fechado el 25 de octubre de 2011; es decir, fue elaborado por funcionarios del gobierno calderonista y en él se responsabiliza a las peticionarias de “la falta de acceso a la justicia por no denunciar a tiempo”, según señaló Stehanie Brewer en Washington.
Luego de exponer su testimonio, la comisionada Rosa María Ortiz preguntó sobre las expectativas de justicia en México. La activista respondió: “Nosotros no hemos tenido oportunidad. No hemos encontrado en las instituciones del Estado voluntad política para atender este asunto, ni para que haya una investigación imparcial, seria. Hemos hecho todo lo posible para que se haga justicia y ellos no han respondido. En el ámbito federal para nosotros fue una burla que haya declinado la competencia y piensen que vamos a considerar que va a haber justicia en el ámbito local.
“Por eso acudimos a la Comisión Interamericana porque creemos que tenemos esperanza de que haya justicia desde este espacio porque lo que nos han dejado ver las autoridades en México es que no tenemos ninguna esperanza de que haya justicia”, concluyó.

México: El Caso Atenco llega ante la CIDH

miércoles, 13 de marzo de 2013
POSTED BY: TONATIUH MALDONADO
Anayeli García Martínez (CIMAC)
Por primera vez las 11 mujeres sobrevivientes de tortura sexual durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México, confrontarán al gobierno mexicano cara a cara a la vez que podrán narrar su historia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Este 14 de marzo una representante de las 11 sobrevivientes asistirá a una audiencia en la CIDH, con sede en Washington, Estados Unidos, para evidenciar que el Estado mexicano fue cómplice de la violación sexual que vivieron hace casi siete años.
En este encuentro estarán frente a frente las víctimas, los comisionados de la CIDH, una delegación de funcionarios mexicanos y representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional -estos dos últimos defensores ciudadanos de las 11 mujeres-, quienes escucharán lo sucedido en Atenco en 2006.
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¿Suciedad legalizada?

Don Beltrone en charola-Rocha

• Se pretende privatizar la educación, dicen

Protestan miles de maestros en cuatro estados

• Demandan destituir a Elba Esther Gordillo, cancelar la ACE y mejor servicio en el Issste

Paros, marchas, mítines, ocupación de oficinas públicas y bloqueos de carreteras fueron algunas de las acciones que realizaron ayer miles de maestros y organizaciones simpatizantes en Michoacán, Chiapas y Guerrero en repudio a la Alianza por la Calidad de la EducaciónFoto La Jornada Michoacán, Elio Henríquez y Lenin Ocampo

Miles de maestros de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas se manifestaron ayer en rechazo a las políticas educativa y laboral del gobierno del presidente Felipe Calderón, a quien acusaron de pretender privatizar el sector mediante la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE).

Con paros, marchas, mítines, bloqueos viales, toma de edificios públicos y casetas de peaje, los mentores atendieron el llamado al Paro cívico nacional por la defensa de la educación pública y el empleo.

Exigieron la salida de la cacique Elba Esther Gordillo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y mejor servicio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

En Oaxaca, los 73 mil docentes adheridos a la sección 22 del SNTE marcharon y bloquearon vialidades en la capital y las principales ciudades del estado.

Cerraron los accesos a dependencias estatales y federales, así como tiendas departamentales y de autoservicio, y tomaron casetas de cobro, entre ellas la ubicada cerca del municipio de Coixtlahuaca.

En el Istmo de Tehuantepec, unos 13 mil maestros cerraron carreteras en los municipios de Salina Cruz, Tehuantepec, Ciudad Ixtepec, Tapanatepec y Matías Romero, lo que incomunicó esa región con la capital de Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

Cientos de autobuses, camiones y automóviles particulares quedaron varados. El paro dejó sin clases a un millón 300 mil alumnos de 13 mil planteles de prescolar, primaria, secundaria y educación media superior.

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• México, Afganistán, Colombia y Pakistán, en la lista; el negocio supera los 3 mil mdd

El Pentágono privatiza misiones de seguridad en países amenazados

• La asistencia militar va desde el envío de mercenarios hasta entrenamiento a pilotos
• Ofrece contratos para todo tipo de actividades, sean antidrogas o antiterroristas

El Pentágono ofrece a la Secretaría de Seguridad Pública de México capacitación para pilotos, mecánicos, equipos de helicópteros UH-60, Schweizer 333 o Bell 206, entre otros servicios, en contratos privados. En la imagen, un Black HawkFoto Ap

David Brooks

Nueva York, 22 de noviembre. Una casi desconocida oficina dentro de la gigantesca burocracia del Pentágono es la encargada de otorgar contratos multimillonarios a empresas privadas para las misiones estadunidenses antinarcóticos y antiterroristas o –como dice– “la amenaza narcoterrorista” en México, Afganistán, Pakistán, Colombia y otras partes del mundo.

Los contratos que se otorgarán desde esta oficina a empresas privadas incluyen servicios de seguridad internacional en lugares como Afganistán –lo que algunos llamarían mercenarios– hasta contratos para entrenar a pilotos militares mexicanos. O sea, es parte de la privatización de servicios de asistencia militar y de inteligencia que resulta ser un negocio muy lucrativo, ya que los contratos que sólo esta oficina otorgará a empresas tendrán un valor total de más de 3 mil millones de dólares, reporta la revista Wired.

La entidad se llama Oficina del Programa Contra Narcoterrorismo del Departamento de Defensa (CNTPO, por sus siglas en inglés), una oficina de adquisiciones para programas del Pentágono, y solicita empresas de seguridad para todo tipo de actividades bajo el rubro de enfrentar el narcoterrorismo, que van desde misiones para capacitar pilotos de helicópteros Black Hawk y otros para la Secretaría de Seguridad Pública mexicana, a entrenar comandos navales en Azerbaiyán o mejoramientos en protección de fuerzas antiterroristas para la vigilancia fronteriza entre Pakistán y Afganistán, según su anuncio oficial difundido por el gobierno federal al sector empresarial examinado por La Jornada..

El valor de todos estos contratos hace que CNTPO sea una de las fuentes más lucrativas de fondos para los contratistas privados de seguridad, reporta Wired. Los contratos incluyen operaciones, logística y construcción, capacitación de fuerzas extranjeras y algo llamado apoyo de programas. Para algunos críticos citados por la revista, la oficina está encargada de privatizar la ejecución de programas antidrogas y antiterroristas del gobierno estadunidense con miles de millones de dólares.

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Sugieren a Pemex retener inversión para ser exitosa como Petrobras

El gobierno debe sacar a Petróleos Mexicanos (Pemex) de los controles derivados del presupuesto gubernamental y descargarla fiscalmente de entre 250 mil y 300 mil millones de pesos anuales, para alcanzar niveles de inversión a los de petroleras similares, como Petrobras, recomendaron el consejero ciudadano de la paraestatal Fluvio Ruiz, y el asesor del consejo de administración, Carlos Huerta.

En un análisis comparativo entre Pemex y Petrobras, cuyo modelo de negocio se ha propuesto para sacar adelante a la mexicana, ambos especialistas identificaron un decálogo de acciones implementado por la brasileña y sobre las cuales se basa su éxito y posición mundial.

Indicaron que si bien el monto de inversión es importante, no se puede extrapolar una sola acción para adaptarla a Pemex, y sería necesario aplicar el modelo completo para aspirar a tener un éxito similar.

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Busca el PRD que AMLO pueda hacer precampaña en radio y tv

Define distritos electorales que considera altamente competitivos

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) empieza a definir los distritos electorales que considera altamente competitivos para hacerse del mayor número de candidatos a puestos de elección popular en los comicios de 2012, dentro de la coalición que registró con el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (antes Convergencia).

En un análisis, plantea que tiene opción en muchos más de los 45 que –asegura– le corresponden de facto.

En paralelo, prepara una defensa legal para que Andrés Manuel López Obrador, su eventual candidato presidencial, pueda aparecer en tiempos oficiales de radio y televisión en tiempos de precampaña, a partir de una jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que validó esta opción para un precandidato único de Nayarit.

Se refiere al caso del priísta Roberto Sandoval Castañeda, sobre quien se determinó –de acuerdo con el expediente SUP-JRC-193/2011– que se encontraba en aptitud de llevar a cabo actos de proselitismo durante el periodo de precampañas en esa entidad, según la representación del PRD ante el Instituto Federal Electoral.

En tanto, un diagnóstico del partido acerca de la definición de candidaturas, como parte de la coalición de izquierda Movimiento Progresista, apunta que si se toma en cuenta el porcentaje de votación obtenido en los comicios intermedios de 2009, aun con pérdidas de distritos electorales, el PRD sigue siendo altamente competitivo en más de un centenar de ellos, por encima de los resultados de PT y Movimiento Ciudadano.

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Aprueba hoy el IFE los topes para precampañas y campañas federales

El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) aprobará este mediodía los topes de gastos para las precampañas presidencial, de senadores y de diputados, así como el de la campaña presidencial.

Aprobado el viernes pasado en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, hoy se fijará el tope en 328 millones 608 mil 267 pesos, lo que representa la mitad del gasto ejercido en la elección presidencial de 2006, cuando los candidatos erogaron 651 millones de pesos cada uno.

Esta baja deriva de la reforma constitucional y legal aprobada entre 2007 y 2008, cuando se planteó la reducción de gastos de campañas electorales, ligado a la prohibición de adquirir publicidad en radio y televisión. Hasta esos años, el principal gasto de los partidos era para contratar espots en medios electrónicos –casi 65 por ciento–, pero a partir de 2009 se inició una etapa en que se canceló ese gasto porque se utilizaron los tiempos del Estado.

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A LOS MINISTROS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Nos dirigimos a ustedes, ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para exponerles nuestra inconformidad con el proyecto de resolución del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea referido al contencioso que por más de siete años han llevado ante tribunales nuestro diario La Jornada y la revista Letras Libres.

En primer lugar queremos expresarles que, desde nuestra óptica, no se trata de un mero asunto de forma la manera como Fernando García Ramírez, subdirector de la revista mencionada, acusó en marzo de 2004 a nuestro diario, sin aportar prueba alguna, de ser cómplice del terror de la organización vasca Euskadi Ta Askatasuna (ETA). No consideramos jurídicamente válido, ni éticamente justificable, que se pretenda confundir la libertad de expresión con el cobijo de la justicia a quien calumnia.

Es un asunto trascendental porque lo que ustedes decidan impactará, para bien o para mal, en el comportamiento de los medios de comunicación nacionales. Desde que Letras Libres publicara la grave acusación contra La Jornada, nuestra publicación, haciendo uso de su derecho de réplica, garantizado por la Ley de Imprenta, reclamó con todo comedimiento a Letras Libres las pruebas de sus afirmaciones o, en su caso, la retractación. El hecho de que hasta el momento no se haya recibido respuesta es prueba palmaria de que el propósito de tales afirmaciones no era informar adecuadamente a los lectores, sino todo lo contrario.

Les manifestamos, por último, nuestra opinión de que incriminar a un medio, calificándolo como cómplice del terror, es exponer gravemente al acusado, a sus directivos, a quienes en él trabajan, y a sus colaboradores a ser víctimas de injustas represalias y violaciones graves a sus garantías fundamentales, esas sí amparadas nacional e internacionalmente. Para nosotros, además, no es lo mismo ejercer el derecho responsable a la crítica que difamar a terceros, personas o medios. Más aún cuando el país enfrenta una coyuntura en la que se pretende hacer pasar la libertad de expresión como libertad para calumniar, y el ejercicio del derecho a la libertad de expresión como un delito contra la seguridad del Estado.

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Divididos, senadores celebran Día de la Marina

Todos los grupos parlamentarios reconocieron el trabajo de la Marina al conmemorar el Día de la Armada de México, durante la sesión de este martes en el Senado de la República.

En tribuna, el perredista Pablo Gómez señaló que durante años, la Armada se manifestaba con orgullo por no haber sido usada para la represión política, y era un hecho que almirantes y jefes se manifestaban cuando tenían que hacerlo, aunque con discreción.

Sin embargo –subrayó el perredista– las cosas han cambiado en sentido negativo para la Armada, al realizar actividades muy alejadas de su función constitucional, en lugares también muy alejados de sus bases, que están en las costas. Ha sido utilizada para la persecución de las bandas de la delincuencia organizada.

Reconoció que a diferencia del Ejército y de la Policía Federal, la Armada cuenta con una directiva para el uso de la fuerza, que corresponde a resoluciones de Naciones Unidas. Tiene prohibido disparar a las personas que no hacen alto en algún puesto de vigilancia, llamado retén.

Por el PT, Rosario Ibarra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, señaló: desde hace muchos años yo tengo quejas terribles de la Marina. Bases navales se usaron como cárceles clandestinas en este país; por ahí se llevaron a muchísima gente de los estados cercanos al mar; ahí tuvieron a mucha personas de Guerrero que luego desaparecieron

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Promueve la Cocopa en San Lázaro iniciativa por la paz en Chiapas

La Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) promoverá ante el pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa a favor de la paz en Chiapas y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Para impulsar tal proyecto se realizarán tres foros que recogerán la opinión de la sociedad en el valle de San Quintín, en Baja California; en Comitán, Chiapas, y un tercero aún por definir.

Jaime Martínez Veloz, representante del gobierno del estado de Chiapas en la Cocopa, sostuvo que el tema indígena se encuentra pendiente en la agenda política nacional y de ninguna manera se puede impulsar la transformación democrática del Estado si no se incluye la voz y la participación de los pueblos indígenas.

Las comunidades zapatistas siguen organizadas, viven, luchan, trabajan y están esperando una respuesta positiva por parte de las instituciones de la República, porque esos pueblos se incorporaron a un proceso en donde el Estado mexicano brindó las condiciones y generó una ley que permitiera que un diálogo de esta naturaleza se produjera

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Catástrofe humanitaria en la región de Tenosique

Organismos defensores de las garantías elementales presentan el informe La frontera olvidada

En la región de Tenosique, Tabasco, se vive desde hace años una situación invisibilizada de catástrofe humanitaria en contra de miles de migrantes indocumentados que cruzan ese territorio todos los días, expuestos al crimen organizado y las autoridades cómplices de éste, pero también contra los refugiados de otros países y los activistas que asumen su defensa.

Es una de las conclusiones del informe La frontera olvidada, que una decena de colectivos de derechos humanos presentaron ayer, luego de realizar una visita de observación por la zona, del 19 al 21 de octubre pasado.

Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red Nacional Todos los Derechos para Todas y Todos, describió las amenazas, actos de hostigamiento y detenciones arbitrarias que padecen los organismos de defensa de los migrantes en la zona de Tenosique, particularmente el Centro de Derechos Humanos del Usumacinta y el Refugio para Personas Migrantes La 72.

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La CIDH admite a revisión el caso de las mujeres agredidas sexualmente en Atenco

Con esto se demuestra que sí hay elementos para probar los abusos del Estado mexicano

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció formalmente la admisión de la denuncia presentada contra el Estado mexicano a cargo de un grupo de mujeres que fueron agredidas sexualmente en mayo de 2006 tras la incursión de la policía en la comunidad de San Salvador Atenco, informó ayer el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

La notificación fue recibida el pasado viernes por las dos organizaciones que representan a las víctimas, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) y el mismo Cejil, anunció éste último mediante un comunicado.

El caso, presentado el 28 de abril de 2008 con el nombre de Mariana Selvas Gómez y otras contra México, involucra la comisión de delitos graves, como detenciones arbitrarias, tortura, violencia sexual y uso desproporcionado de la fuerza, además de la falta de una investigación adecuada por parte de las autoridades del país.

Por todo ello, el organismo interamericano consideró que hay la posibilidad de que se hayan violado los derechos a la integridad personal, libertad y seguridad de las mujeres atacadas, además de las obligaciones del Estado mexicano en el marco de la llamada Convención de Belém do Pará.

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Rechaza Corte dictamen que niega la toma de nota de STPS a sindicato minero

Acreditan la relación laboral de Gómez Urrutia con la empresa La Ciénega, desde 1994

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) volvió a rechazar la intromisión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en los asuntos internos de los sindicatos, al emitir el pasado fin de semana una resolución que desecha el dictamen que le negaba el amparo al sindicato nacional de mineros, en el que demanda se le entregue la toma de nota al dirigente Napoleón Gómez Urrutia.

Tras señalar lo anterior, el sindicato indicó que la decisión del máximo tribunal establece que ni la Secretaría del Trabajo ni ninguna otra dependencia puede desautorizar las decisiones y votaciones que adopten las asambleas de trabajadores, ni puede ir más allá del cumplimiento de los requisitos formales de procedimiento, o las etapas prestablecidas en los estatutos de los propios sindicatos.

El sindicato de mineros recibió con beneplácito la más reciente decisión del pleno de la SCJN, la cual desecha el proyecto de dictamen que les negaba el amparo en contra de la negativa de la Secretaría del Trabajo de otorgar la toma de nota a la dirigencia de su organización.

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• Podrían llevarla planchada para su aprobación: Hernández Juárez

Prevé la UNT que diputados de PRI y PAN revivan la reforma laboral

Luego de que se aprobó el paquete presupuestal para 2012, PRI y PAN podrían tratar de revivir la reforma laboral. Incluso, en los próximos días se podría presentar una propuesta consensuada en este sentido, advirtió el líder de la presidencia colegiada de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Francisco Hernández Juárez

El también diputado federal perredista indicó que, según versiones de algunos legisladores, es posible que “integrantes de la Comisión de Trabajo del tricolor y del blanquiazul, logren un acuerdo para llevar al pleno de la Cámara de Diputados una reforma ya planchada”, lista para aprobarse por la mayoría.

Alertó que esta situación no se puede descartar porque los panistas están desesperados por concretar algunas reformas estructurales, entre ellas la laboral, y están dispuestos a impulsar la iniciativa del PRI modificada o consensuada con ellos, con tal de que se apruebe.

Hizo ver además que en pláticas con los legisladores éstos han dejado entrever que no está totalmente descartada esta iniciativa, y que habría tiempo para su dictamen y análisis, por lo que no hay que descartar la posibilidad de que a lo mejor por debajo del agua ya se están poniendo de acuerdo para impulsar dicha reforma.

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Sin respuesta, la queja de 8 funcionarios despedidos arbitrariamente del AGN

En todos los casos, el punto en común es haber denunciado la corrupción de sus superiores

El 4 de enero pasado fueron despedidos ocho funcionarios del Archivo General de la Nación (AGN), algunos de ellos de actividades centrales y acreditados por el Servicio Profesional de Carrera. Debido a la forma en que fueron cesados, al día siguiente interpusieron una queja en el Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Gobernación; sin embargo, hasta el momento, casi 11 meses después de interpuestas las quejas, no les han informado de ningún resultado en las indagatorias que presuntamente inició esa instancia al momento de recibir las quejas.

Nos dicen que está en revisión, que ya mero pasa a firma, pero así nos traen desde hace ya casi un año. ¿Qué podemos esperar de un OIC que no ha entregado resultados, ni de las observaciones que le hizo al AGN la Auditoría Superior de la Federación (por irregularidades en 2009 por 51.1 millones de pesos)?, lamenta Saúl Pérez Salas, quien hasta enero era jefe del Departamento de Archivos Políticos y Sociales, parte fundamental del AGN, porque ahí se concentra la Galería 1, recuento de los documentos de la llamada guerra sucia, expedientes transferidos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Lo mismo que otros empleados de Gobernación, cesados en meses recientes, el punto en común es haber denunciado casos de corrupción de sus superiores.

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Nueva York aprueba ley sobre deportación

Washington. El alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, firmó una ley que impide retener en prisión a inmigrantes indocumentados ni deportarlos, pero sólo después de constatar que se encuentran libres de antecedentes penales. Hasta ahora, el Departamento de Prisiones de la ciudad podía retener a las personas 48 horas adicionales a la fecha de liberación para entregarlas a las autoridades migratorias por carecer de la ciudadanía, reportó el sitio digital estadunidense WNYC News. Sin embargo, la nueva legislación prohíbe retener después de ese periodo a indocumentados sin historial criminal, órdenes de arresto y de deportación previas, y que no se encuentren en la lista de terroristas más buscados, añadió el sitio.

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Comisión de la Verdad de Guerrero nacerá acotada, admiten promotores

Chilpancingo, Gro., 22 de noviembre. Hoy se presentaron en el Congreso local los avances de la iniciativa de ley para crear la Comisión de la Verdad y se anunció que ésta solamente abordará las desapariciones y ejecuciones ocurridas en la entidad entre 1969 y 1979, etapa conocida como guerra sucia, pero excluirá las masacres de Aguas Blancas (1995), de la cual se responsabilizó al ex gobernador Rubén Figueroa Alocer, y la de El Charco (1997), en la que se vinculó al actual gobernador, Ángel Aguirre Rivero, como se anunció.

El acto estuvo encabezado por el presidente de la Comisión de Gobierno de la legislatura, el perredista Faustino Soto Ramos, y los ex guerrilleros Octaviano Santiago Dionisio, Arturo Gallegos Nájera, Alejandra Cárdenas Santana y Nicomedes Fuentes, y por José Ángel Segoviano, asesor del gobernador.

Soto Ramos anunció que el 30 de noviembre, en el salón Jaguar del puerto de Acapulco, se realizará un foro público sobre la nueva comisión, en el que participarán el ex presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Emilio Álvarez Icaza; la defensora Pilar Noriega, un representante del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas y la abogada Silvia Castillo.

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Astillero

• Calumnias libres
• ¿Suciedad legalizada?
• Beltrones, en negritas
• Imprecisión para negociar

Julio Hernández López

Acusar a un diario como La Jornada de complicidad con el terrorismo es tratar de sembrar elementos de presunta justificación de cualquier arremetida del poder contra una instancia de periodismo crítico e independiente, tanto en el mortí-fero plano nacional como en el internacional, que es parti- cularmente susceptible a ta- les etiquetaciones adversas. Adaptado a lo que se vive cada día en México, la revista Letras Libres, a través de quien era su subdirector editorial, está sirviendo de madrina o coadyuvante contra un medio que está en la mira de múltiples poderes (la acusación sin pruebas hecha por Letras Libres, para continuar con los símiles correspondientes a la épica calderonista, equivale a las presuntas llamadas anónimas de denuncia que son usadas como pretexto por marinos, soldados y policías en nuestro país para acometidas que por planeación superior, y entre francas violaciones a los derechos humanos, buscan amedrentar, disuadir o exterminar a objetivos determinados por razones penales, sociales, políticas o... accidentales).

Proveniente de una revista cuya principal caracterización resulta de sus vínculos con grandes poderes empresariales y políticos (que con frecuencia son sometidos a crítica y denuncia en las páginas de La Jornada), la imputación de complicidad con el terrorismo no podía verse pasar de largo. La directora, Carmen Lira, decidió atajar de inmediato la siembra envenenada y recurrió ante las instancias judiciales en demanda de comprobación de lo publicado por la empresa dirigida por Enrique Krauze o la retractación pública. Ese largo litigio llega hoy a su punto de resolución en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un proyecto elaborado por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea que, según se ha dado a conocer, pretende reducir la demanda en busca de verdad que ha hecho La Jornada, y la acusación sin pruebas realizada por Letras Libres, a una especie de empate técnico entre dos derechos en conflicto o, visto de otra manera, al libre acomodo en el mercado de dos productos comerciales en pugna. Peleen en sus páginas, y acúsense de lo que les dé la gana, es en síntesis la propuesta de uno de los integrantes de la máxima autoridad juzgadora.

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México SA

• PIB: más igual a menos
• En cinco años, apenas 1.5%
• Calderón: del dicho al hecho

Carlos Fernández-Vega

La buena es que el producto interno bruto mexicano creció 4 por ciento entre enero y septiembre de 2011; la mala, que tal proporción resultó 30 por ciento inferior a la registrada en igual periodo de 2010. La primera, sin mayores comparativos, se difunde con bombo y platillos para demostrar que el presente año es el de la consolidación económica nacional, mientras la segunda se mantiene bajo la alfombra, no vaya a ser que alguien piense que lo que realmente confirma la más reciente información oficial es que la economía mexicana está en franca desaceleración, con ganas de empeorar en 2012.

El Inegi divulgó ayer el informe sobre el comportamiento del producto interno bruto mexicano en el tercer trimestre de 2011 y su acumulado de enero a septiembre del mismo año, de tal suerte que si la tendencia se mantiene tal cual hasta diciembre próximo, el promedio anual de crecimiento en cinco años de calderonato a duras penas llegaría a 1.5 por ciento, el menor para un periodo igual, desde tiempos de Miguel de la Madrid, cuando menos. Como comparativo, vale mencionar que en el mismo lapso, pero de la administración lópezportillista, dicho promedio fue de 8 por ciento; con Miguel de la Madrid, 0.15; Salinas, 3.8; Zedillo, 2.9, y Fox, 1.8 por ciento. La diferencia en materia de crecimiento económico entre el promedio de JLP y el correspondiente al sexenio de para vivir mejor es de 5.3 tantos. Aun así, todavía hay quien presume que la economía mexicana es vigorosa y de gran calado. Incumplida, pues, otra promesa de la campaña calderonista (crecimiento de 5 por ciento como promedio anual durante el sexenio).

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El Correo Ilustrado

Repudia complicidad de la Corte con difamadoress

Hay que difamar, que algo queda, consigna de la propaganda nazi. Lo inadmisible es que la Suprema Corte de Justicia pueda hacerse cómplice de quienes hoy día buscan desprestigiar a un medio como La Jornada. Soy uno de tantos que nos solidarizamos con todos los periodistas y trabajadores de su diario.

Manuel Aguilar Mora

El oscurantismo aún tiñe las imprentas, opina

El derecho a la información, o el derecho a la difamación. Muy graves han sido los casos de judicialización que han padecido medios y periodistas connotados.

El caso reciente del maestro Lorenzo Meyer, con un fallo que le da la razón, nos daba luz frente a posturas intransigentes y manipuladoras.

Sin embargo, el oscurantismo tiñe todavía las imprentas. ¿Por qué la Suprema Corte nos envía ahora un mensaje grave y confuso frente a la importancia de la libertad de expresión?

Pensamos que la difamación a un medio como La Jornada no se puede tomar a la ligera; queremos un fallo que detenga la agresión a ese medio que se caracteriza por su postura crítica, y una Corte que defienda nuestro derecho a la información por encima de cualquier interés.

María del Carmen de Lara, directora de Medios Audiovisuales

Apoyo moral a La Jornada

Nos sumamos a la defensa moral de La Jornada como lectores con reconocimiento intelectual, con aprecio emocional y agradecimiento propio, porque tiene una virtud: llevar un periodismo de la verdad e independiente, tiene una inmensa gratitud a los lectores.

Promotores y Defensores Derechos Humanos del STUNAM: Francisco Castro Meléndez, Alicia Andrade Rodríguez, Ana María Solares Basaldua, Carmen Sosa García, Guadalupe León Prado, Julieta Ramírez, María de Lourdes Galindo, y varias firmas más

Danielle Mitterrand murió, pero su legado vive

Recuerdo a Danielle Mitterrand el día de la consulta zapatista en el Zócalo de la ciudad de México, en 1995. Una mujer alta y delgada, de facciones tristes y sonrisa arrebatadora. Mirarla ahí fue saber que el zapatismo había traspasado la barrera de las fronteras y el idioma. Una mujer de izquierda que fue solidaria con este movimiento de reivindicación. Danielle ha muerto, no así su legado. La recordará como una mujer de presencia y fina entereza. Descanse en paz.

María Isabel Galván Rocha

Piden a la JLCA revocar acuerdos en materia sindical

Profesores e investigadores de derecho del trabajo en diversas universidades del país manifestamos nuestra extrañeza e inconformidad con los acuerdos tomados por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) del Distrito Federal.

Ignora las resoluciones que en materia de libertad sindical ha tomado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se extralimita en sus atribuciones, viola los derechos humanos, las garantías otorgadas por la Constitución y los tratados internacionales ratificados por México, imponiendo limitaciones a los sindicatos a la contratación colectiva y a la huelga.

Por lo anterior, hacemos un llamado al GDF y a la citada junta local para que de inmediato, y sin que se apliquen en caso alguno, revoque sus desafortunados acuerdos y apegue su conducta a las atribuciones que le concede la LFT, en el entendido de que, de no hacerlo así, dejará evidente su intención de fomentar en la capital del país la celebración de contratos colectivos de protección patronal que tanto daño han hecho a las relaciones laborales, a las empresas, a los verdaderos sindicatos y a la economía de la nación.

Enrique Larios L., Néstor de Buen L., María Gpe. Zamora., Martha Moheno., Aleida Hernández C., Germán Reyes G., Manuel Fuentes M., Manuel García U., Arturo Fernández A., Manuel Reyna, Alfonso Bouzas O., María Teresa Guerra O.

Llaman a docentes a defender sus derechos

El pasado 18 de noviembre unos 51 mil maestros y maestras de 25 entidades del país suscribieron combativamente la demanda colectiva contra la SEP para exigir la cancelación de la evaluación universal y el respeto a sus derechos laborales adquiridos a la estabilidad, permanencia y promoción en el empleo.

Hasta la fecha se han integrado cerca de mil expedientes grupales; sin embargo, por lo avanzado de la hora, el gran cúmulo de demandas se acordó continuar con la presentación de las demandas el próximo 2 de diciembre a las 9 horas, en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, ubicado en Avenida del Imán 660, en Coyoacán, Metro CU.

Invitamos a todas y todos los docentes que tengan ingerés en defender sus derechos a sumarse a esta acción jurídico-política y social el 2 de diciembre.

Contactos e informes cadig_26@hotmail.com, unionjuristas@hotmail.com celular 55-28-06-40-77.

César de León, presidente colegiado de la Unión de Juristas de México y responsable jurídico del proceso laboral

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TLC centroamericano: riesgos y asimetrías

En la capital salvadoreña se concretó ayer la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) que sustituye y unifica los convenios comerciales suscritos entre nuestro país y Costa Rica, en 1995; con Nicaragua, en 1997, y con los integrantes del llamado Triángulo Norte –Guatemala, Honduras y El Salvador– en 2001. La firma del acuerdo fue calificada de histórica por el secretario de Economía, Bruno Ferrari, quien sostuvo que con el nuevo convenio comercial nuestros mercados serán mucho más atractivos para las inversiones. Por su parte, la titular de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, confió en que el TLC entre México y los países centroamericanos contribuya a formar una zona geográfica de desarrollo.

Pese a las expectativas depositadas en el nuevo instrumento de comercio multilateral por los funcionarios calderonistas, el mal desempeño de la economía nacional en los últimos años, los rezagos sociales que se padecen en los países de la región y la experiencia vivida por México a raíz de la suscripción de mecanismos de este tipo –concretamente, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)– hacen pensar que el nuevo acuerdo comercial será más un factor de debilidad que de fortaleza para las economías de la región. No puede pasarse por alto que los países que se incorporan al nuevo instrumento comercial, incluido el nuestro, tienen como denominadores comunes un panorama social marcado por las desigualdades y una deuda histórica con amplios sectores de población sumidos en la miseria, así como una orientación económica que privilegia los intereses de pequeños grupos oligárquicos y trasnacionales por sobre el bienestar general.

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La derecha negociadora

Luis Linares Zapata

En el viciado contexto nacional, donde la derecha ha ido rellenando con sus intereses todo resquicio institucional, social y hasta cultural, hacer avanzar sus negocios es tarea bastante sencilla. Siempre se podrán encontrar aliados incondicionales para llevar agua al molino de las propias conveniencias. Los personeros de tal formación o práctica, solos o en compañía de cabilderos oficiosos, se mueven a sus anchas. Se cobijan, además, con mantos de respetabilidad entre los círculos más elevados del poder. Son conspicuos personajes que destilan, hasta el último residuo, las facilidades instaladas previamente por otros –sus mentores y guías acaso– que los antecedieron en el trasiego de inducir normas favorables o para apropiarse de cuantiosos recursos públicos disponibles. Y siempre también van dejando evidencias de sus correrías, en ocasiones verdaderos delitos que afectan derechos y libertades de los demás.

En tratándose de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la tarea de encontrar oídos atentos y hasta afines a los cabilderos de la derecha es encomienda de fácil cumplimiento. Ahí, en esa institución, personajes imbuidos de neoliberalismo dominan el territorio de las distintas salas y asesorías. Ministros, algunos de poca monta jurídica, sendos compromisos y mucha ambición, han sido aupados, no sin el descaro suficiente, por una sucesión de presidentes de la República y legisladores (de PRI y PAN) que buscaron afianzar sus cotos de influencia, afinidades de intereses, simpatías cobrables a futuro y predilecciones varias. La intención de llevar a la SCJN a hombres o mujeres dotados de talento, honradez intelectual, dominio de la materia constitucional y prendas adicionales fue asunto de raro acontecer.

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Al ministro Lelo de Larrea

Ortiz Tejeda

La Internet es, simplemente, una maravilla. Gracias a ella, en instantes, lo podemos conocer todo: ¿Cuál es la diferencia entre el pleistoceno tarantiense y el gelasiense? ¿Cómo fue que los laboratorios Pfizer llegaron a descubrir el supermaná llamado Viagra? (es decir, viaghara, que en sánscrito quiere decir tigre, animal que aparece en las entradas de los templos con el pene erecto). ¿Qué piensan los integrantes de uno de los poderes máximos de la nación sobre los importantes asuntos sometidos a su consideración? La previa y pública exposición de criterios que hace cada uno de los señores ministros sobre los casos que le son asignados para su estudio y formulación de proyecto de sentencia, me parece espléndida. Es el breve espacio para el desahogo y último pataleo de los perdidosos de un juicio que llegó a las alturas supremas. Ya sabemos que los fallos del máximo tribunal son inapelables, que después de una sentencia de la Corte, nunca es tan cierta la afirmación de que, palo dado, ni el beato padre Maciel lo evita.

Pues gracias a la Internet me enteré del proyecto de sentencia dado a conocer por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea sobre un viejo litigio entre La Jornada y la revista Letras Libres, motivado por un artículo publicado hace ya muchos años por el entonces subdirector de la revista, un individuo apellidado García Ramírez (estoy en condiciones de afirmar que nada tiene que ver con don Sergio, de iguales apellidos, y gente no sólo de bien, sino de muy bien).

El escrito origen del conflicto no me llamó mayormente la atención, aunque me desagradan, de entrada, las denuncias y acusaciones que tienen un tufillo inconfundible de chivatería y delación. Los reclamos contra el diario eran suposiciones e implicaciones no sólo irracionales, sino plenas de inquina, mala fe y, posiblemente, de intereses de esos llamados inconfesables, calificativo ridículo. ¿Por qué se han de confesar –sin Tehuacán o picana– esos intereses?

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Lo que sucede en la Armada

Jorge Carrillo Olea

Una característica de los tiempos, por lo menos en México, es la disfunción de las instituciones. En el actual gobierno el saldo no es positivo. Las facultades se trivializan, pero sobre ello la regla clásica subsiste: si hay que transformar a uno de los puntales del país, hay que empezar por la ley que lo creó. Transformar sin fundamento legal contrae lo no deseado: inseguridad, desconfianza, fragilidad, riesgos diversos.

Nada de esto ha tenido en cuenta el secretario de Marina. Impulsado por una compulsión inexplicable, está transformando autoritariamente a una gran institución, de un fin y propósito nacionalista, respetable e indispensable, como la custodia del interés nacional en aguas jurisdiccionales y en el mar patrimonial. La está transformando en un agente parapoliciaco más, todo para ganar espacios ante el Ejército. ¿Qué hace la Marina en Durango? Complejos y resentimientos no tienen cabida en la función pública.

Entre los jóvenes no hay la madurez necesaria para advertir el trasfondo personalista de tal irresponsabilidad y son arrastrados por el aventurerismo y belicosidad propios de las primeras edades. Miembros de la Armada con mayor reflexión abrigan sentimientos que van desde la desaprobación hasta una significativa indignación. Se sienten ultrajados. Para ellos, la Armada la constituyen sus misiones clásicas, los elementos humanos embarcados y el material a flote, más sus lógicas derivaciones terrestres.

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¿A qué le teme el gobierno del Edomex?

Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México.

Marta Lamas

MÉXICO, D.F., 26 de enero.- Asesinatos brutales ocurren cotidianamente a lo largo y ancho del país. Para poder frenarlos es necesario precisar qué los provoca. Se ha dicho que los feminicidios son una especie de cacería de mujeres, producto del odio misógino. Tal vez en muchos casos sí, pero una antropóloga, Rita Laura Segato, vuelve compleja esa hipótesis cuando propone dejar de pensar los feminicidios como crímenes en los que el odio hacia la víctima es lo predominante y, en lugar de eso, los plantea como una forma de interlocución entre miembros de una fratría. Sin negar la misoginia presente en el ambiente donde esos crímenes tienen lugar, Segato ve a la víctima como el desecho de un proceso donde esos asesinatos son las exigencias –el precio a pagar– para pertenecer a una siniestra hermandad. Ejecutar a una mujer sirve para sellar un pacto de silencio, capaz de garantizar la lealtad inviolable a una cofradía mafiosa. Por eso Segato llama a estos asesinatos “crímenes de corporación” o de “segundo Estado”, definiendo por corporación al grupo o red que administra los recursos, derechos y deberes propios de un Estado paralelo, establecido firmemente en la región. O sea, la mafia de los poderes fácticos, como los cárteles del narco.

Una lectura equivocada respecto a estos crímenes impide reflexionar sobre la problemática social en que se ubican, y el machismo sesga las interpretaciones. Cuando en Ciudad Juárez los asesinatos de mujeres empezaron a cobrar notoriedad, hubo autoridades que declararon que esas víctimas eran prostitutas o mujeres fáciles, que llevaban una vida desordenada, que bebían y provocaban con el vestido. Al parecer pensaban que el hecho de que no fueran “mujeres decentes” disminuía la responsabilidad gubernamental de investigar, resolver y frenar esos crímenes. Los asesinatos fueron aumentando de año en año, ante la indiferencia e incompetencia de las autoridades judiciales, policiacas y políticas. Sólo cuando el escándalo internacional fue imparable se empezaron a preocupar, más por su reputación y la de Ciudad Juárez que por las propias mujeres y futuras víctimas.

Desde hace tiempo se sabe que en otras entidades federativas crece la comisión de estos crímenes espantosos y, sin aprender del caso de Ciudad Juárez, las autoridades muestran un impresionante desinterés. El escándalo ahora es en el Edomex, donde supuestamente ya hay más mujeres asesinadas que en Ciudad Juárez. Más que preocuparse por esclarecer qué expresa esa siniestra carnicería, las autoridades locales consideran que la petición a la Segob y al Inmujeres por parte de 90 investigadoras y 43 ONG de 18 estados de la República de que se ponga la “alerta de género” en el Edomex tiene fines electorales, y se resisten a aceptar que se investiguen los hechos. Además, siguiendo el prejuicio machista, el procurador Alfredo Castillo ha dicho que las víctimas han sido asesinadas porque “consumen droga, alcohol o usan inhalantes”, además de que “trabajan en bares en los que alternan con los clientes”.

Hace años comparé la forma en que las autoridades inglesas manejaron el caso de cinco asesinatos de mujeres en Ipswich (Proceso 1573, del 24 de diciembre de 2006). Cinco trabajadoras sexuales aparecieron muertas, probablemente a manos de un asesino serial. El Reino Unido entero se conmocionó, pero lo que interesó públicamente fue si la policía sería suficientemente eficaz para encontrar al asesino antes de que matara a más mujeres. Nadie declaró que “ellas se lo buscaron” ni se moralizó sobre los riesgos del trabajo sexual; al contrario, algunos editorialistas criticaron el hecho de que se hubiera hablado de la muerte de “cinco prostitutas”, en vez de “cinco mujeres”. Y mientras se capturaba al asesino, las autoridades pidieron a las trabajadoras sexuales que no circularan de noche e inauguraron una inédita política pública: darles el dinero y la droga que conseguirían en la calle, para que no salieran de sus casas. El asesino fue detenido una semana después. ¡Qué manera de responsabilizarse de sus ciudadanas!

Lejos estamos en México de actitudes así de civilizadas. Pero es indispensable que las autoridades, todas, de todos los partidos, en todas las entidades federativas, tomen en serio el aterrador crecimiento del número de feminicidios. Para prevenir y perseguir más eficazmente estos asesinatos hay que cambiar el enfoque interpretativo y aceptar mecanismos preventivos como la “alerta de género”. En lugar de ofenderse o de sospechar oscuros motivos electorales, las autoridades del Edomex deberían no sólo aprovechar la “alerta de género”, sino también rectificar públicamente la interpretación machista que hizo su personal judicial.

La batalla por la seguridad de todos, no sólo de las mujeres, será larga y compleja. Pero frente a este tipo específico de asesinatos se requiere no sólo de una mejor investigación policial, sino también utilizar los instrumentos de intervención preventiva que darán resultados a mediano y largo plazo. En eso consiste la “alerta de género”. Se necesita verdadera voluntad política para resolver los crímenes y detener su repetición. La cerrazón arrogante y machista –esa sí definitivamente electorera– del gobierno de Peña Nieto sólo complica más las cosas. ¿A qué será que le teme?

La vida de Ignacio del Valle en el Penal de Máxima Seguridad

La vida de Ignacio del en el penal de máxima seguridad

De LA JORNADA

Asesinan a simpatizante de la coalición Compromiso por Puebla, por confusión

Periódico La Jornada
Sábado 3 de julio de 2010, p. 9

Presuntos integrantes del PRI municipal de Jolalpan, Puebla, –a 120 kilómetros al sur de la capital del estado– asesinaron a balazos a Romero Núñez Montiel, simpatizante de la coalición Compromiso por Puebla, integrada por PAN, PRD, Nueva Alianza y Convergencia.

Según informes de miembros de esa alianza, Núñez Montiel caminaba por calles de esa localidad cuando sujetos supuestamente vinculados al tricolor lo confundieron con Zenón Barbán, candidato a la alcaldía de la coalición Compromiso por Puebla, y lo atacaron.

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Comicios, asunto de dinero entre PRI y PAN: AMLO

Periódico La Jornada
Sábado 3 de julio de 2010, p. 9

Atlixco, Pue., 2 de julio. De visita en esta ciudad, Andrés Manuel López Obrador aseguró que el ejercicio ciudadano en las urnas, que se llevará a cabo en varios estados del país este domingo, no es una práctica democrática, sino un asunto de dinero y de trampas entre dos partidos políticos iguales: PRI y PAN.

Acerca de los comicios en Puebla, Oaxaca y Veracruz, señaló: "es una aberrante compra del voto en mil, mil 200 o hasta en 2 mil pesos. Son exageradas entregas de despensas y materiales de construcción. Será una vez más la historia del tráfico con la pobreza de la gente que no conducirá a ningún lado".

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"Tiene que ser castigado el mal gobierno de Peña Nieto", advierten atenquenses

San Salvador Atenco, Méx., 2 de julio. Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez y Héctor Galindo Gochicoa, los tres dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) liberados la noche del jueves del penal de máxima seguridad del Altiplano, además de Jesús Adán Espinoza –quien se encontraba fuera del municipio desde el 4 de mayo de 2006–, fueron recibidos por una multitud en la explanada principal de este poblado la madrugada del viernes.

La noche del jueves y la madrugada del viernes fue una jornada larga de espera e incertidumbre para cientos de pobladores de Atenco, antes de que se conociera la libertad de los tres dirigentes.

Dos grupos de pobladores se apostaron sobre la carretera federal Texcoco-Lechería, donde prendieron fogatas, y otro en la explanada principal. Ya para entonces acumulaban 40 horas de espera.

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Defensa acepta recomendación de CNDH sobre los niños asesinados por militares

Imputan al instituto armado haber alterado la escena donde ocurrieron los hechos
Redacción

Periódico La Jornada
Sábado 3 de julio de 2010, p. 12

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó haber aceptado la recomendación que le envió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la muerte de los niños Martín y Bryan Almanza Salazar el pasado 3 de abril en Tamaulipas y en la cual, además de pedir reparación de daños e indemnización, imputa al instituto armado haber alterado la escena donde ocurrieron tales sucesos. En su respuesta, el Ejército pide esperar al resultado de las investigaciones que realizan las autoridades ministeriales competentes en relación con "el desarrollo de los hechos y de la preservación del lugar en que sucedieron".

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Condena la CNDH agresión a periodistas

Periódico La Jornada
Sábado 3 de julio de 2010, p. 13

Ante la irrupción de elementos de la Policía Federal en las oficinas de la Sociedad de Periodistas y Comunicadores de Ciudad Juárez, Chihuahua, la tarde del jueves, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó ayer públicamente su preocupación y puntualizó que no hay justificación alguna de que con el pretexto de los operativos contra la delincuencia organizada se pretenda limitar el ejercicio periodístico. Según el testimonio de reporteros presentes, los policías ingresaron al local gremial ‘’con lujo de violencia y fuertemente armados”. Eran –dicen– más de 30 y amagaron a los presentes, los hicieron tirarse al piso y amenazaron con dispararles; luego se retiraron diciendo sólo que estaban ahí en búsqueda de "secuestradores y armas"

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Resolver el amparo sobre LFC, apremia el SME a la Corte

El dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolver de inmediato la solicitud de amparo de este gremio.

El líder considera que los ministros ya tienen los elementos necesarios para dictaminar, a pesar de que persiste una férrea negativa por parte del gobierno a entregar los documentos con base en los cuales procedió a la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), el 11 de octubre pasado.

Este lunes una comisión de dirigentes del SME se reunirá con el ministro ponente del caso, Juan Silva Meza, a quien entregarán diversos documentos derivados de un foro de análisis en el Senado, así como reportes de la postura de diversas organizaciones nacionales e internacionales, ante el decreto presidencial relacionado con la operación de LFC.

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Legisladoras europeas de los Verdes visitan Oaxaca y las planta el gobernador

Periódico La Jornada
Sábado 3 de julio de 2010, p. 15

Oaxaca, Oax., 2 de julio. Las secretarías de Gobernación (SG) y de Relaciones Exteriores (SRE) informaron que el jueves pasado iniciaron una visita a México diputadas del Grupo de los Verdes del Parlamento Europeo, Satu Hassi y Franziska Keller, para conocer la situación de los derechos humanos y allegarse mayor información sobre el caso ocurrido en San Juan Copala, Oaxaca, el 27 de abril pasado, en el que fueron asesinados la ciudadana mexicana Beatriz Cariño y el finlandés Jyri Jaakkola.

Sin embargo, el gobernador de Oaxaca, el priísta Ulises Ruiz Ortiz, rechazó reunirse con las legisladoras europeas, informó Omar Esparza, fundador del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), al que pertenecía Beatriz Cariño. El argumento del mandatario estatal –indicó– fue que "no hay condiciones"

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Tonto, aval de Lozano al cierre de minas en Guanajuato: sindicato

Es resultado de años de explotación de empresarios canadienses

Periódico La Jornada
Sábado 3 de julio de 2010, p. 17

Guanajuato, Gto., 2 de julio. El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, muestra una política "entreguista" al avalar el cierre de tres minas en Guanajuato por la empresa canadiense Gammon Gold y cuando descalifica la huelga en una de ellas, acusó Javier Zúñiga García, secretario del trabajo del sindicato minero.

En entrevista para un noticiero radiofónico, Lozano Alarcón acusó a los obreros del yacimiento El Cubo de empezar un paro ilegal como "chantaje" para obtener un bono de 50 mil pesos a cambio de las utilidades que se les han negado por 10 años.

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Desfiladero

México 2010: la crisis, a las puertas de la olinarquía

Jaime Avilés

México está destruido. País presidencialista, carece de presidente. República ilusoria, no puede recuperar su estabilidad por medio del equilibrio de poderes, pues en el Ejecutivo no hay nadie; el Legislativo es una sala de espera, donde todas y todos afilan cuchillos, y el Judicial, un teatro, bastante sórdido, que se limita a dar espectáculos pornográficos. Esto se derrumba: necesitamos construir una salida de emergencia.

Junio fue el mes más sanguinario del felipato: mil 200 personas fueron asesinadas y, con sus restos, la pila de cadáveres rebasó la barrera sicológica de los 25 mil muertos. La ONU puso de relieve que, al margen de esta carnicería, a lo largo del año pasado el narcotráfico metió al país alrededor de 25 mil millones de dólares (cifra mil veces mayor a la que ganó el Vasco por darnos cuatro gloriosos puntos en Sudáfrica), mientras los traficantes de indocumentados, en el mismo periodo y según la misma fuente, aportaron 6 mil millones de dólares a las cuentas bancarias del hampa.

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Dinero

Beneficia a pocos el decreto de la tenencia
Ignora a millones de automovilistas
Medida electorera, la llaman

Enrique Galván Ochoa

El decreto del presidente Calderón liberando del pago de la tenencia a las personas que adquieran un automóvil modelo 2010 con valor no mayor a 250 mil pesos, sólo beneficia a un limitado grupo con recursos para estrenar coche, pero margina a los dueños de 23 millones de vehículos en circulación. Esa es la opinión de 97 por ciento de nuestros encuestados de esta semana. Sólo uno por ciento considera que recibirá un beneficio.

Método

Enviamos 2 mil 500 cuestionarios a miembros de El Foro México. Hasta ayer en la tarde había contestado 89 por ciento. Numerosas personas razonaron su voto. En seguida aparecen algunos fragmentos.

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México SA

Derrota calderonista, en comicios de mañana
Reparto oficial del pastel
Aplica la autoridad electoral medida cautelar

Carlos Fernández-Vega

Mañana, elecciones en catorce estados de la República. En doce de ellos se elegirá nuevo gobernador, y todo apunta a una espeluznante derrota calderonista, tal cual sucedió en las intermedias de 2009. Parece que no habría mayores sorpresas y que el juguete del inquilino de Los Pinos, el PAN, saldrá abollado por prácticamente todas partes.

En espera de los resultados oficiales, la Cámara de Diputados ofrece una pincelada sobre cómo se manejó el gasto federalizado pagado a las entidades de la República en el primer trimestre de 2010, periodo en el que tales erogaciones sumaron poco más de 256 mil millones de pesos, contra 242 mil 464.9 millones un año antes, es decir, 13 mil 610 millones de pesos adicionales, en un primer "esfuerzo" con miras a los comicios de mañana. Mientras la Secretaría de Hacienda divulga la información correspondiente al segundo trimestre, va el recuento proporcionado por la citada institución, en el entendido de que tales erogaciones no son cortesía de Los Pinos, sino de los inquilinos de San Lázaro

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Sector minero: tensiones crecientes

El pasado miércoles trabajadores pertenecientes a la sección 142 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana iniciaron una huelga en la mina de El Cubo, en Guanajuato, ante la negativa de la empresa canadiense Gammond Gold –titular de la concesión de ese yacimiento– a cumplir con el pago de las utilidades. Ayer, funcionarios de la corporación canadiense reiteraron su negativa a dialogar con los trabajadores y señalaron que las acciones de éstos están "fuera de la ley". Por su parte, en entrevista radiofónica, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, calificó la huelga como "un chantaje" de los mineros y reiteró los argumentos de la parte patronal en el sentido de que las medidas de protesta de los sindicalistas han provocado, en el último mes, una caída de 30 por ciento en las acciones de la compañía.

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Atenco, los movimientos sociales y la justicia

Francisco López Bárcenas

Por fin. Después de que los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra permanecieran cuatro años, un mes y veintiséis días injustamente privados de su libertad, tres de ellos en una cárcel de máxima seguridad, de esas diseñadas para que peligrosos delincuentes purguen sus penas, en una celda de dos por tres metros, donde tenían que pasar veintitrés horas del día en la más completa soledad, con derecho a una en el patio de la prisión, que podía ser suspendida por cualquier motivo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que su reclusión era ilegal y ordenó su libertad inmediata.

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Sin libertad sindical no hay democracia

Arturo Alcalde Justiniani

La libertad sindical continúa siendo una asignatura pendiente en la agenda democrática del país. Más allá de declaraciones oficiales, organizarse gremialmente es toda una odisea. Cualquier iniciativa suele enfrentarse a toda clase de obstáculos, empezando por el patrón, quien considera un agravio que sin autorización suya los trabajadores se reúnan y decidan con autonomía constituir un gremio o cambiar de directiva. También, las autoridades se sienten con el derecho de otorgar y quitar "tomas de nota" atendiendo a sus intereses. Los líderes, cuya corrupción se exhibe en su ostentosa forma de vida, complementan el cerco con su complicidad; la libertad sindical pondría en riesgo su negocio, por cierto el más detestable: traficar con los derechos, el futuro y los sueños de los hombres y mujeres que trabajan.

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LA JORNADA

En Puebla, disputa electoral Marín-Gordillo, reitera AMLO

Puebla, Pue., 1º de julio. En vísperas de los comicios en los que se renovarán la gubernatura, los ayuntamientos y el Congreso de Puebla, Andrés Manuel López Obrador reiteró que la contienda en la entidad se ha reducido a una lucha entre el poder del gobernador priísta Mario Marín Torres y el de la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo Morales.

Añadió que los candidatos de dichos actores políticos, el priísta Javier López Zavala y el panista Rafael Moreno Valle Rosas, no son opciones reales para la democratización de la entidad.

El ex jefe de Gobierno del Distrito Federal visitó este jueves la capital poblana con el fin de presentar su libro La mafia que se adueño de México... y el 2012, antes de lo cual ofreció una entrevista a medios locales.

Al preguntarle sobre la incorporación de su hermano Arturo a la campaña de López Zavala –abanderado de la alianza entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México–, López Obrador respondió que no compartía esa adhesión, pero la respetaba.

Aseguró que no hay diferencias sustanciales entre López Zavala y Moreno Valle: "unos son rateros y otros son ladrones".

En el auditorio del Sindicato Nacional de Telefonistas, abarrotado por sus seguidores, el ex candidato presidencial insistió en que la organización de la sociedad civil es el instrumento fundamental para vencer a la oligarquía que al margen de la institucionalidad se ha impuesto en México.

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Venezuela aún no responde a petición de América del Valle

Periódico La Jornada
Viernes 2 de julio de 2010, p. 4

Ocho días después de que América de Valle solicitó asilo político al gobierno de Venezuela, su petición aún no ha sido resuelta, informaron fuentes cercanas a la activista social.

Las autoridades venezolanas han mantenido en sigilo el procesamiento de la petición, mientras el gobierno mexicano se encuentra a la espera de la posición que tome la administración de Hugo Chávez.

Sin embargo, trascendió que siguen en proceso las consultas diplomáticas entre los dos países

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Desconocían ministros de la SCJN que hubiera más órdenes de captura

Periódico La Jornada
Viernes 2 de julio de 2010, p. 4

La información difundida la tarde de ayer por la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) respecto a que los líderes de Atenco no serían liberados, como ordenó el pasado miércoles la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tomó por sorpresa a los ministros del máximo tribunal.

No tenían conocimiento de que Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) tuvieran pendientes otras órdenes de aprehensión que impidieran su libertad inmediata.

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Calderón nunca ha escuchado; ¿a qué diálogo convoca ahora?: trabajadores

Periódico La Jornada
Viernes 2 de julio de 2010, p. 13

Sindicatos de diversas centrales obreras y organizaciones campesinas y sociales rechazaron las "cifras alegres del presidente Felipe Calderón" y advirtieron que éste es un "sexenio perdido" en materia de empleo, ya que el trabajo generado no cubre el gran boquete que hay de desempleo.

Cuestionaron también al mandatario: "¿A qué diálogo nos está convocando, cuando nunca nos ha escuchado, nos ha quitado el empleo por la fuerza pública, y nos ha reprimido?"

Trabajadores de sindicatos como el Mexicano de Electricistas, de la UNAM, de Telefonistas, Mineros, de la Industria Nuclear, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, así como organizaciones del campo, como la Central Campesina Cardenista, la Confederación Nacional Campesina y muchos gremios más, marcharon la tarde de ayer del Ángel de la Independencia al Zócalo, contra la política económica depredatoria y la "antilaboral" del presidente Calderón y desde ahí preguntaron: "¿de qué recuperación habla cuando ha crecido el número de pobres en el país?"

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Dinero

Ley Arizona... faltan 27 días
Los empleos de Calderón
La mano negra

Enrique Galván Ochoa

Más de 30 minutos habló ayer el presidente estadunidense, Barack Obama, en la Universidad Americana en Washington, DC, sobre el asunto de la migración. Repitió los argumentos en pro y en contra de una reforma extensa. Recordó a Ted Kennedy y a John McCain, quienes alguna vez formaron equipo para impulsarla. Criticó la politiquería que la mantiene congelada. Tocó por encimita la ley Arizona... y nada más. Ya estamos en julio, el próximo dia 29 entrará en vigor la nueva ley y la gobernadora Jan Brewer no parece estar dispuesta a dar marcha atrás. La principal organización de defensa de los derechos civiles del país vecino (American Civil Liberties Union) denuncia que ha recibido reportes de que los sheriffs ya tienen una lista negra de paisanos aun antes de que la legislación se haga efectiva. Comenzó el éxodo. Las familias se mudan a otros estados prefieren eso que volver a México. Acá las cosas están que arden. ¿Y el recurso que supuestamente iba a interponer el Departamento de Justicia ante tribunales federales? Hillary Clinton lo confirmó en reciente viaje a Ecuador. De eso no habló nada ayer Obama en su discurso en dicha universidad, y no es buen síntoma. En días recientes se han publicado algunas encuestas que indican que la opinión pública simpatiza con la ley Arizona.

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México SA

Calderón, desatado y desesperado
¿Y dónde está la autoridad electoral?
Ganar milímetros, perder kilómetros

Carlos Fernández-Vega

Los medios electrónicos de comunicación deben estar fascinados con el personaje, porque un día sí, y el siguiente también, el inquilino de Los Pinos les apesta la programación regular al transmitir electoreros "mensajes a la nación" que presumen supuestos "cumplimientos de promesas" por doquier. Felipe Calderón está igual de desatado que de desesperado ante los comicios del próximo domingo, en los que se adelanta una brutal derrota para su partido, en general, y para él, en particular.

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El Correo Ilustrado

Solicitan asilo político para América del Valle

Excelentísimo señor Trino Alcides, embajador de la República Bolivariana de Venezuela:

Desde Chiapas, le hacemos un respetuoso llamado para que se conceda asilo político en nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela para América del Valle Ramírez, de 29 años de edad, pedagoga de profesión y militante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de Atenco, en el estado de México, ya que es una joven mujer que ha sido criminalizada y perseguida con saña y por consigna en el actual gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Por ello, su vida e integridad física corren peligro mientras permanezca en territorio nacional.

Respetuosamente

Por la defensa de los derechos humanos de nuestro pueblo.

Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas "Digna Ochoa", Luis Alonso Abarca González
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Provocación y venganza

A pesar de la contundencia del fallo emitido el miércoles pasado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el que se ordenó la inmediata excarcelación de los 12 dirigentes y activistas de San Salvador Atenco que permanecían en prisión desde 2006, acusados y sentenciados con base en imputaciones inventadas e improcedentes, y tras la liberación de nueve de los presos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal sacó de sus archivos cuatro causas penales distintas a aquella que juzgó y desechó el máximo tribunal del país, tres de ellas del fuero común y originadas en 2006 (robo agravado, lesiones y daño en los bienes públicos y despojo) y una más, del fuero federal, que data de 2008: ataques a las vías de comunicación. Con esos elementos el gobierno federal mantuvo en la cárcel a tres de los inculpados: Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicoa, hasta las últimas horas de ayer, y generó, en forma por demás innecesaria, un ambiente de incertidumbre y exasperación.

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El crimen

Luis Javier Garrido

La liberación de los presos políticos de Atenco, decidida el último día de junio por la Suprema Corte en medio de la situación crítica por la que atraviesa el país, es un triunfo de la sociedad civil nacional e internacional, por mucho que el gobierno de facto de Felipe Calderón pretenda utilizar este gravísimo caso –que exige ahora una reparación del daño causado a los 12 detenidos– para sus afanes político-electorales luego del homicidio del candidato priísta a gobernador de Tamaulipas.

1. El asesinato de Rodolfo Torres Cantú, candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas, y de varios de sus acompañantes, la mañana del 28 de junio, a tan sólo seis días de las elecciones constitucionales, constituye un hecho de enorme gravedad en la historia moderna de México, que no tiene precedente en las últimas décadas, no nada más porque haya evidenciado la gravedad del conflicto que se ahonda entre el PRI y el gobierno faccioso que encabeza Calderón en su disputa hacia el 2012, arrastrando con él al país, sino porque abre aún más la vía para la comisión de crímenes políticos impunes.

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