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Obtilia Eugenio Manuel, Ines Fernández Ortega y Valentina Rosendo, víctimas de violación por militares.
“Tenemos elementos para considerar que los expedientes que la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) envió a la PGR están construidos para que se declaren cerrados o bien que los militares responsables que fueron identificados por Inés y Valentina con nombre y apellidos hayan sido dados de baja”, dice el litigante a Proceso.
Afirma que la PGR podría declinar competencia a favor de la procuraduría de Guerrero, en un intento por librar la responsabilidad que como institución tiene el Ejército mexicano en las violaciones a derechos humanos.
En sus sentencias, el organismo interamericano subraya que las denuncias de Rosendo Cantú y Fernández Ortega son fundadas, toda vez que aportaron elementos sobre las vejaciones que recibieron por parte de tropas de la Sedena en febrero y marzo de 2002, respectivamente. Por esa razón, la corte determinó la responsabilidad de México en los dos casos, pues se violentó la integridad personal, la dignidad y la vida privada de las dos indígenas; además, las autoridades incumplieron su “obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia” (Proceso 1770).
A Rosales Sierra le sorprende que, luego de varios años de negarse a remitir los casos a la PGR aun después de emitidas las sentencias del tribunal de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Sedena haya atendido la petición. No obstante, advierte que en el fondo esa declinatoria es producto de la exigencia de organizaciones ciudadanas para que se controlen los excesos de las Fuerzas Armadas contra la población civil, así como de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el análisis de la sentencia de la desaparición forzada de Rosendo Radilla emitida por el mismo tribunal interamericano.
En las notificaciones de la PGJM enviadas a Fernández Ortega y Rosendo Cantú, apunta Rosales, “los militares insisten en que son competentes para conocer el caso, al citar nueve artículos del Código de Justicia Militar, y trasladan los expedientes a la PGR con los argumentos de la existencia de las sentencias de la Corte Interamericana y la solicitud de declinatoria que las señoras hicieron el 27 de julio a la PGJM”.
Los oficios –de los cuales Proceso tiene copia– están fechados el martes 9 y tienen la rúbrica de la agente del Ministerio Público Militar, teniente de corbeta Karla Roberta Espinosa de la Orta. En ellos, la Sedena admite que en los casos de las indígenas se “denuncian presuntas violaciones a los derechos”.
Y aclaran que, por existir sentencias del organismo interamericano contra el Estado mexicano, el 20 de julio de 2011 la fiscalía militar “tuvo a bien acordar la INCOMPETENCIA” para seguir conociendo las indagatorias SC/179/2009/II-E y SC/180/2009/II-E relativas a Fernández Ortega y Rosendo Cantú, respectivamente.
De acuerdo con las notificaciones, entregadas a Inés y Valentina el viernes 12, las averiguaciones previas fueron enviadas a la Subprocuraduría Regional de Control de Procesos y Amparo de la PGR el 29 de julio último “a fin de que determine lo que a derecho proceda”.
La sentencia de la Corte
Después de nueve años de enfrentarse al fuero militar como defensor de las indígenas me’phaa, Rosales Sierra asegura que la Sedena “tiene un as bajo la manga para exonerar a los responsables (de las agresiones a sus clientes) y dejar intocable al Ejército mexicano”.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan explica: en el fuero militar “las investigaciones tomaron un rumbo tendencioso, enfocado a exonerar a los militares responsables y encaminado a desacreditar los señalamientos concretos que hicieron Valentina e Inés”.
Relata también que en 2006 la PGJM archivó las averiguaciones previas por considerar que no había responsabilidad de personal castrense en los abusos cometidos contra las indígenas. No obstante, en 2008 los casos se reabrieron en el fuero militar, luego del litigio que se dirimió en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Incluso, añade, a finales de ese año la PGJM envió los expedientes de las dos indígenas a la Procuraduría de Justicia de Guerrero, para que investigara sobre la responsabilidad de civiles en las violaciones sexuales.
Rosales Sierra destaca que aun cuando él y los representantes legales insistieron desde el principio en que la PGR asumiera las indagatorias “siguiendo la línea de la responsabilidad de militares y no de posibles civiles”, la dependencia federal sólo aceptó colaborar con su similar guerrerense.
“En esa parte del proceso –la diligencia se realizó el 14 de agosto de 2009, precisa el defensor–, Inés y Valentina reconocieron a sus agresores en un álbum fotográfico. Ese día ambas señalaron con nombres, apellidos, cargos y los mandos militares a quienes las agredieron”. Se trata, dice, de dos cabos de transmisiones y dos soldados de infantería del 41 Batallón de Infantería bajo el mando de las bases de operaciones Ríos y Méndez.
El compendio fotográfico tenía más de 300 imágenes de militares que entre diciembre de 2001 y abril de 2002, participaron en la Operación Azteca en la cordillera de la Montaña de Guerrero que atraviesa los municipios de Acatepec y Ayutla.
En febrero de 2002, Valentina Rosendo fue atacada en el río cercano a su comunidad, Barranca Bejuco. Antes, un piquete de militares le preguntó si sabía sobre “los encapuchados” que operan en la región. Al mes siguiente, Inés Fernández fue violada en su vivienda frente a sus hijos. ¿El motivo? No supo responder en español a las tropas que ingresaron a su domicilio para interrogarla.
“Tan pronto como se hizo este reconocimiento –retoma el abogado de Tlachinollan– la procuraduría (de Guerrero) declinó competencia a favor de la PGJM (el 30 de octubre de 2009) y quedaron pendientes otras diligencias, entre ellas citar a declarar a los militares responsables, hacer más retratos hablados. Pero como las averiguaciones aún estaban en manos del Ejército, las autoridades desacreditaron los testimonios de las víctimas”.
Procuraduría militar, argucias
Al llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Rosales Sierra y los demás defensores se enteraron de que en noviembre de 2009 la PGJM pidió a una psicóloga militar que determinara si era posible que Valentina Rosendo recordara con nitidez los rasgos físicos de quienes la agredieron en febrero de 2002. “La psicóloga emitió incluso un dictamen teórico y técnico, pero nunca entrevistó a Valentina”, se queja Rosales.
En el caso de Inés Fernández, sus defensores obtuvieron un documento fechado el 20 marzo de 2010 y firmado por la agente del Ministerio Público militar Karla Roberta Espinosa de la Orta en la que ésta solicitaba a la PGR un perito en identificación de personas o identificación físiognómica para que determinara la veracidad de su testimonio.
En el oficio, del que este semanario tiene copia, Espinosa de la Orta antepone la “garantía constitucional de todo inculpado, el derecho a una defensa adecuada”. Y, ante el reconocimiento que hizo Fernández Ortega el 14 de agosto 2009, la agente ministerial comenta que existía “la necesidad URGENTE” de que interviniera en el caso el perito de la PGR para que respondiera al siguiente cuestionario:
1. Que diga el perito en qué casos se solicita la elaboración de un retrato hablado; 2. Que diga el perito si es recomendable mostrarle fotografías al testigo o víctima antes de realizar un retrato hablado; 3. Que diga el perito si es confiable un retrato hablado realizado después de 7 años 4 meses y 23 días (en negritas en el original) de la fecha que sucedieron los hechos y siendo el día de los hechos la primera y única vez que se vio al presunto agresor; 4. Que diga el perito si es posible la correspondencia de identidad entre un retrato hablado y una fotografía; 5. Que diga el perito si los rasgos fisonómicos de los supuestos agresores que señala la ciudadana Inés Fernández Ortega en su declaración de fecha 24 de marzo de 2002 ante el ministerio público de Allende en la ciudad de Ayutla de los Libres, estado de Guerrero, dentro de la indagatoria ALLE/SC/5776/2002, coinciden con los rasgos proporcionados por la propia denunciante para la elaboración de los retratos hablados de fecha 14 de agosto de 2009.
El 24 de marzo de 2010, la directora ejecutiva de Laboratorios del Departamento de Retrato Hablado, dependiente de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la PGR, Sara Mónica Medina Alegría, notificó a la PGJM la designación de Edmundo Acacio Cebreros, perito en materia de identificación fisiognómica, quien debía acudir a la fiscalía militar el 26 de marzo de ese año a las 10:00 horas a realizar la diligencia solicitada.
Medina Alegría dirigió el oficio al coronel Aníbal Trujillo Sánchez, jefe de la sección de Averiguaciones Previas y Asuntos Especiales de la PGJM en ese momento, según la copia del documento obtenido por Proceso. Hoy, Trujillo Sánchez es subdirector de Asuntos Internacionales de la División General de Derechos Humanos de la Sedena. Con ese cargo, el militar acudió a la Corte Interamericana el 28 de junio siguiente.
En ese foro, participó en dos sesiones para dar seguimiento a las medidas provisionales ordenadas por el tribunal interamericano a favor de 107 personas relacionadas con las sentencias de las indígenas guerrerenses, así como de 37 familiares y defensores de tres jóvenes de apellido Alvarado: José Ángel, Rocío Irene y Nitza Paola, detenidos y desaparecidos por miembros de la Sedena en Chihuahua en diciembre de 2009.
En una reunión privada que se efectuó previamente a la sesión para abordar este último caso, Trujillo Sánchez consideró “terrorífico” que la Corte Interamericana de Derechos Humanos transmitiera en vivo la audiencia y que se difundieran los nombres de los militares involucrados. Ninguna de las audiencias relacionadas con México fue difundida después del comentario de Trujillo (Proceso 1809).
Información escamoteada
La defensa de Inés Fernández dice que no tiene las respuestas que dio el perito de la PGR a la fiscalía castrense, porque hasta ahora no ha tenido acceso a las averiguaciones previas. Lo que ha obtenido, dice, corresponde a documentos enviados por el tribunal internacional ante las solicitudes de información que ha hecho al Estado mexicano.
“Por el contenido de las preguntas que se le hicieron al perito –sostiene Rosales Sierra– no se requiere mayor ciencia para saber hacia dónde va la averiguación previa integrada por los militares: a exonerar a los responsables, más que a acreditar su participación en los hechos.”
El abogado de las indígenas, quien ha recibido amenazas por su defensa, expresa su temor de que la PGR archive los casos, aun cuando está obligada a completar las investigaciones, realizar las diligencias pendientes, consignar las averiguaciones y solicitar las órdenes de aprehensión contra los militares responsables.
“También cabe la posibilidad de que los agresores hayan sido dados de baja para librar al Ejército de responsabilidad y entonces enviar el caso a la procuraduría de Guerrero”, dice.
Relata que en la reunión para el cumplimiento de las sentencias del tribunal interamericano, realizada el 19 de mayo último en la Secretaría de Gobernación, él y sus colegas se levantaron de la mesa “cuando los representantes de la PGR se negaron a atraer las averiguaciones previas e instruyeron a la procuraduría estatal para que tomara las investigaciones, situación que, por cierto, rechazó el procurador de Guerrero (Alberto López Rosas)”.
Desde entonces Gobernación no ha vuelto a convocar a los abogados, quienes no saben con detalle si se está dando cumplimiento a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana.
El director del centro Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, comentó que en estos días enviará una carta al subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de esa dependencia, Felipe de Jesús Zamora Castro, responsable de que se acaten las sentencias del organismo dependiente de la OEA.
En el escrito, del que este semanario tiene copia, Barrera Hernández, quien recientemente fue premiado por Amnistía Internacional (AI) por su trabajo al frente de Tlachinollan, pide al funcionario una fecha para un nuevo encuentro de trabajo en el que las autoridades entreguen copia de los expedientes que la Sedena envió a la PGR.
Asimismo, recuerda al representante del gobierno de Felipe Calderón que el 15 de marzo último, “en presencia de las señoras Fernández Ortega y Rosendo Cantú”, él mismo firmó el “acuerdo para el cumplimiento de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana”.
El abogado Rosales Sierra acota: “Cuando tengamos el expediente, promoveremos diligencias para esclarecer los hechos. Pero antes debemos decir que la declinatoria de competencia se dio por una coyuntura política. La prueba está en que no hay avances en los demás resolutivos de las sentencias, que tienen que ver con salud y educación”.
Mapuches contra Estado chileno y trasnacional de celulosa
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Mapuches de la costa y pescadores llevan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado chileno y a la trasnacional Celco. Los indígenas señalan que sus derechos a la cultura y territorio han sido violados; además, la contaminación de la productora de papel ya ha dejado una mortandad de especies animales y vegetales.
Corporación europea de celulosa explota bosques de Brasil
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Fabiana Frayssinet
La trasnacional Veracel Celulosa, con plantaciones en 10 municipios de Brasil, es acusada de crímenes contra el medio ambiente, evasión fiscal y de corromper servidores públicos. La empresa se defiende. Dice que genera empleos en la zona y cuida más de 105 mil hectáreas libres de deforestación. Un hecho es incontrovertible: toda la celulosa y el 60 por ciento de las utilidades se envían al exterior. El ciento por ciento de la contaminación se queda en Brasil.
Yaquis, en resistencia por el agua
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Desde la Conquista hasta el neoliberalismo actual, la tribu que se asienta sobre 480 mil hectáreas en el Sur de Sonora defiende su territorio y su agua. Entrada la segunda década del siglo XXI, la comunidad de más de 32 mil habitantes se opone al despojo de las aguas del Río Yaqui, amenazado por la construcción del acueducto Independencia, que financian los gobiernos federal, de Felipe Calderón, y estatal, de Guillermo Padrés Elías.
Cárteles mexicanos se asocian con cuatro mafias internacionales
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Nancy Flores / Cuarta parte y última
Investigaciones internacionales descubren nexos entre los cárteles mexicanos y las mafias italiana, japonesa, peruana e hindú para trasegar decenas de toneladas de drogas en América Latina, Europa y Asia. Esta fortaleza global les permite acceder a mercados que antes controlaban los colombianos, como España y Portugal, alertan autoridades europeas. En esta edición, Contralínea presenta el mapa de la internacionalización de las organizaciones criminales de México.
MAPA:
MAFIA MEXICANA: NEGOCIOS INTACTOS
Cuánta admirable celeridad digna de más causas porque el caso de su compatriota español, el camarógrafo José Couso, asesinado a mansalva en un hotel de Bagdad por tropas de ocupación estadounidenses hace casi 10 años, todavía espera por una actuación tan diligente de parte de los colegas fiscales de Dolores. Pero ahora es distinto porque este proceso anunciado, constituye una pieza en el engranaje de los planes de invasión injerencista en Libia a ejecutar por la OTAN.
Si de verdad Gadafi merecería un juicio, si toda la comparsa mediática occidental movilizada para sesgar la información sobre la crisis interna de ese país lograra el milagro de tornarse confiable en objetividad y equilibrio, nadie tendría como oponerse a las intenciones anunciadas. Si en efecto, todos esos supuestos concurrieran, sin la menor de las dudas, entonces cabe preguntar a las autoridades correspondientes, lo que sigue:
¿Cuándo le toca el turno a Bush, que a la cabeza del imperio desató la guerra invasora contra Iraq, con pretextos mentirosos, que ha provocado cientos de miles de muertes, confesas torturas sistemáticas autorizadas por él mismo, desplazamientos de poblaciones enteras y la destrucción de la vida económica de los iraquíes?
En qué quedamos, pués. ¿La justicia es ciega, bizca o impúdica guiñadora de ojo?
MÉXICO, D.F., 26 de octubre (Proceso).- Desde hace casi un siglo que las Fuerzas Armadas de México se destacan por una estricta disciplina militar que siempre las ha mantenido al margen de los asuntos políticos. Mientras la mayoría de los países de América Latina constantemente sufrían golpes militares, en México se había podido evitar las nefastas consecuencias de las incursiones de las Fuerzas Armadas en la política nacional.
Pero hoy el “pacto” cívico-militar que garantizaba la estabilidad del Estado mexicano podría estar a punto de romperse. Ante la creciente ingobernabilidad del país y el fracaso de los gobiernos de todos los niveles para hacer frente a la amenaza del crimen organizado, por primera vez los militares reclaman explícitamente su autonomía frente a las autoridades civiles. En un documento recientemente dado a conocer por el periódico La Jornada, la Secretaría de la Defensa Nacional exige que las nuevas reformas a la Ley de Seguridad Nacional permitan a sus mandos no solamente “auxiliar” a las autoridades civiles, sino también convertirse en “coordinadores responsables” de los operativos conjuntos.
El documento distribuido a las bancadas del Partido Acción Nacional en el Senado y la Cámara de Diputados señala que “se pervierte” la misión de las Fuerzas Armadas cuando se les “subordina” a autoridades civiles que estén “rebasadas por una afectación a la seguridad interior”. El general Luis Crescencio Sandoval recientemente repitió públicamente el mismo argumento: “Las Fuerzas Armadas no pueden entrar en auxilio de una autoridad civil que no tuvo la capacidad suficiente para enfrentar un problema de seguridad pública y que por falta de capacidad se convirtió en un asunto de seguridad interior y nacional”.
A primera vista, este argumento parece lógico y aceptable. Si la razón para hacer partícipes a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública es que las autoridades civiles han sido rebasadas, sería contradictorio obligar a los militares a cumplir órdenes de las mismas autoridades fallidas.
El único problema es que tal situación nos colocaría en una abierta violación a la Carta Magna. El artículo 129 es contundente: “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. Es cierto que el artículo 89 fracción VI indica que el Poder Ejecutivo Federal “dispone de la totalidad de la Fuerza Armada permanente (…) para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”. Sin embargo, la misma Suprema Corte ha sido muy explícita al señalar que de ninguna manera pueden suplantar a las autoridades civiles, sino únicamente participar en su “auxilio”. (Tesis 38/2000.)
De acuerdo con nuestro orden constitucional, los militares siempre y en todo momento deben estar bajo un mando civil. Desde luego que no tendrían que seguir órdenes de una corporación policiaca municipal que estuviera controlada por el narcotráfico, pero sí de otras instituciones civiles, como el presidente municipal, el Congreso local, la Secretaría de Seguridad Pública federal y el presidente de la República. Al no distinguir entre la amplia diversidad de autoridades civiles y reclamar directamente y a secas facultades para ser “coordinadores responsables”, da la impresión de que las Fuerzas Armadas buscan aprovechar el estado de descomposición actual para justificar un aumento paulatino de su control general sobre las autoridades civiles democráticamente elegidas. Ello llevaría a poner en riesgo la médula misma de nuestro sistema democrático. .
Pero más allá de la redacción específica de la norma, en los hechos México ya vive bajo un estado de excepción en que las Fuerzas Armadas se encargan de una amplia variedad de actividades que de ninguna manera tienen “una exacta conexión con la disciplina militar”. Hoy los militares funcionan igual como policías preventivos y agentes del Ministerio Público que como médicos a cargo de campañas de vacunación. Tal como lo ha señalado Raúl Benítez Manaut, esta situación coloca al secretario de la Defensa Nacional en una situación de abierta superioridad en relación con otros integrantes del gabinete presidencial. El exagerado culto al militarismo durante las celebraciones del Bicentenario, con generales incluso funcionando como “comentaristas” en las principales cadenas de televisión, es también un botón de muestra de la expansión de poder y influencia que han tenido las fuerzas militares bajo el gobierno actual.
En este contexto, la iniciativa presentada por Felipe Calderón la semana pasada para matizar el fuero militar en casos de desaparición forzada, violación y tortura es una abierta simulación que de ninguna manera someterá a las Fuerzas Armadas a un régimen apropiado de rendición de cuentas. Tal y como lo han señalado las organizaciones de defensa de los derechos humanos más importantes del país, no implica de ninguna manera un cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los casos de Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.
La iniciativa deja fuera una amplia diversidad de delitos que cometen militares en agravio de la población civil, desde ejecuciones extrajudiciales hasta robo y acoso, y aún para los casos mencionados deja la investigación inicial y la integración de los expedientes ministeriales en manos del procurador militar. Serán entonces los mismos militares, como juez y parte, quienes decidan cuáles casos se remitirán a la justicia ordinaria y cuáles se quedarán en casa.
Hace falta tomar medidas realmente contundentes para limitar el creciente poder e influencia de las fuerzas militares. Habría que considerar, por ejemplo, una reforma para que el mismo secretario de la Defensa Nacional no sea un militar en activo, sino un civil, tal y como es la norma en decenas de países, incluyendo Estados Unidos. De otra forma, nos arriesgamos a que México pronto pierda su “excepcionalismo” y siga el ejemplo de las otras naciones latinoamericanas para las cuales el asalto de los militares al poder es siempre una posibilidad latente. l
Bogotá. Las autoridades colombianas iniciaron una investigación contra la compañía de telefonía celular Comcel, de propiedad del magnate mexicano Carlos Slim, por una supuesta violación al régimen tarifario del país andino, según un reporte oficial este jueves.MADRID.- En noviembre de 2007, José Luis Peñas Domingo, exconcejal del ayuntamiento madrileño de Majadahonda, gobernado por el Partido Popular (PP), se presentó en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la policía con una verdadera bomba bajo el brazo: una denuncia y un disco compacto con más de 17 horas de grabaciones subrepticias que registraban cómo el empresario Francisco Correa se jactaba de los mecanismos de corrupción que construyó en torno del PP, el principal partido de oposición.
Esos mecanismos bien engrasados permitían a Correa obtener, casi en exclusiva, concesiones para organizar los actos de campaña y eventos del PP, además de ser el intermediario para que otras empresas, entre ellas las constructoras trasnacionales FCC, Martinsa, Grupo Begar e Hispánica, recibieran contratos de obra pública y de servicios de municipios y comunidades autónomas gobernados por ese partido.
“El que lo desbloquea soy yo, que soy el que tiene el contacto…”, alardeaba Correa en referencia a una concesión para construir un desarrollo urbano en Valencia que se encontraba “atorada”. Esto sucedió en una reunión en el hotel Fénix, de Madrid, que fue grabada, comenta Peñas en entrevista con Proceso.
Este fue el origen del caso Gürtel, la mayor trama de corrupción política desde que la democracia fue restaurada en España (1977) y por el cual 70 personas son objeto de proceso judicial. De éstas, por lo menos 17 son funcionarios y directivos del PP, incluido el tesorero de su dirección nacional, Luis Bárcenas, quien la semana pasada fue obligado a dimitir, aunque se negó a dejar su escaño de senador para conservar el fuero constitucional.
Desde noviembre de 2007, cuando se denunció el caso, hasta el martes 6, fecha en que Antonio Pedreira, juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, levantó el secreto de sumario a 50 mil fojas –otras 17 mil se conocieron a finales de 2009–, se perfila con mayor claridad la trama de corrupción que Correa y su equipo alimentaban con sobornos en efectivo o regalos, como autos Jaguar de 52 mil euros y relojes de 4 mil euros.
También regalaban joyas, trajes confeccionados a la medida, televisores con pantalla de plasma, bolsas, zapatos o corbatas de marca, viajes a Londres, Berlín y Polinesia, cruceros y hospedaje en sitios paradisiacos.
Los beneficios para Correa se estiman, en forma preliminar, en alrededor de 50 millones de euros, parte de los cuales provienen del erario. La “inversión en política” que habría realizado se estima en no más de 6 millones de euros.
El escándalo tiene contra las cuerdas al PP. El periódico El País publicó el domingo 11 una encuesta de la empresa Metroscopía en la que 69% de las personas consultadas aseguran que el caso Gürtel afectará al PP, a pesar de que la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del 4 de febrero pasado lo colocaba 3.8 puntos arriba del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), hoy en el gobierno.
Los dirigentes de PP emprendieron una contraofensiva para desacreditar a jueces, fiscales y a la policía, acusándolos de aliarse con el gobierno para “fabricar pruebas” y de ser “una camarilla para perjudicar” a su partido.
“Esa teoría del complot no se la cree nadie”, recalca Peñas, quien señala que el entorno del expresidente José María Aznar es el principal involucrado.
“Con qué cara (Aznar) va a Sevilla a decir que el PP debe seguir siendo incompatible con la corrupción”, comenta el exconcejal en referencia al furibundo discurso contra la corrupción pronunciado por Aznar el viernes 9 durante la conmemoración del vigésimo aniversario del Congreso del PP que lo llevó a la dirigencia nacional.
Mariano Rajoy, actual líder de ese instituto político y hechura de Aznar, tampoco se libra –dice Peñas–, por más que insista en decir que desde su llegada al partido no volvió a contratar a Correa.
“Miente: en 2005 (las empresas de Correa) seguían trabajando en la campaña del referéndum de la Constitución Europea y en la recolección de firmas contra la reforma del Estatut de Cataluña. Además, dejó que siguieran trabajando en Valencia y en Madrid”, denuncia.
“Por su boca muere”
Las autoridades supieron que tenían ante sí un filón, al descubrir entre las grabaciones y documentación aportadas por Peñas el nombre de Luis Miguel Pérez, un abogado cuyo despacho ya estaba identificado con operaciones de empresas opacas, paraísos fiscales y blanqueo de capitales. En esta trama, Pérez fungía como asesor jurídico y prestanombres de Correa en sociedades para lavar dinero en paraísos fiscales, como la isla De las Nieves, en las Antillas.
“Los agentes de la policía que revisaron la denuncia y las grabaciones abrieron los ojos cuando se percataron de que algunos de los nombres de esta camarilla coincidían con otros casos que ya investigaban”, recuerda Peñas.
Esta denuncia provocó virulentos ataques contra Peñas, quien dio por terminada su carrera política iniciada en 1999. En 2000 ocupó el cargo de consejero técnico en Majadahonda; en 2003 fue nombrado consejero de Planeamiento Urbano del ayuntamiento, donde conoció y trabó amistad con Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Correa, quien era asesora del alcalde y actualmente se encuentra imputada por el juez de la causa.
Peñas se enteró de la corrupción en el ayuntamiento. En 2005 renunció a su cargo y fue expulsado del PP. Rodríguez Quijano intercedió para que su esposo ayudara a Peñas y a otro concejal también expulsado.
“Correa se mostró dispuesto a apoyarnos económicamente gracias a Carmen, pero yo me sentía incómodo porque no quería que nos diera una dádiva. Le propusimos constituir un partido local, y ahí se estrechó la relación”, dice.
Pero Correa pretendía manejar ese partido como “una empresa privada”, por lo cual abortó el proyecto. Peñas recuerda que el 7 de febrero de 2006 Correa le dijo: “Esto va a ser diferente, no va a ser para amiguetes. Que si después resulta que es igual, da lo mismo, porque ya estás gobernando”.
El exconcejal comenta que empezó a grabar a Correa cuando se percató de “su comportamiento prepotente y de cómo se abría las puertas mediante sobornos”, y descubrió que “era uno de los privilegiados con las adjudicaciones de obras en Madrid”.
–¿Tuvo miedo de ser descubierto? –se le pregunta.
–Claro que sí, mucho miedo. Fueron más de 15 encuentros grabados, y en cada uno iba conociendo más pormenores de la trama y cómo se mezclaban importantes intereses empresariales del país; se hablaba de millones de euros.
El puto “pen drive”
El 6 de febrero de 2009, en cumplimiento de una orden judicial del magistrado Baltasar Garzón, la policía realizó varios cateos e intervenciones en los domicilios vinculados con el caso Gürtel. Estas acciones incluyeron ayuntamientos de la comunidad de Madrid, como Majadahonda, Arganda del Rey, Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcón.
En el despacho de Correa, ubicado en Serrano 40, calle cuyos palacetes son contiguos a establecimientos que albergan a las firmas internacionales más exclusivas de ropa y joyas, la policía detuvo al asesor contable José Luis Izquierdo. Le aseguró una carpeta azul, así como una memoria USB que contenían la contabilidad, por años, de “dinero negro”.
Entre los beneficiados por las corruptelas estaban el eurodiputado Gerardo Galeote, quien recibió 623 mil 310 euros; el exalcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, más de 135 mil euros; el exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, 7 mil 325 euros, más un auto; el exconsejero de deportes de Madrid, Alberto López Viejo, 563 mil euros; el diputado Alfonso Bosch, 250 mil 562 euros; el exvicepresidente de la empresa del Suelo y la Vivienda del ayuntamiento de Boadilla, Tomás Martín Morales, 378 mil 172 euros; el alcalde de Arganda del Rey, Ginés López Rodríguez, 523 mil 427 euros, lo que incluía pagos de viajes y habitaciones de hotel.
En el registro también apareció el diputado Benjamín Martín Vasco, quien recibió 426 mil 166 euros, que incluyeron el pago del banquete de su boda y el viaje de su luna de miel por Estados Unidos y Polinesia.
Pero el caso más sonado fue el del senador Luis Bárcenas, tesorero nacional del PP, quien obtuvo por sobornos 1 millón 300 mil euros.
Se conoció este hecho por una grabación en la que Correa comenta que llevó a la casa de Bárcenas y a la sede del PP mil millones de pesetas, y que sabe “cómo lo ha sacado (del país) y dónde los tiene”, recuerda el entrevistado.
“Esa revelación es importantísima porque Bárcenas era un facilitador para limpiar el camino a los proyectos de Correa y para conseguir obras en los gobiernos encabezados por el PP. Una llamada del tesorero del partido ponía firmes a todo mundo”, dice Peñas.
En su declaración ante Garzón, Correa dijo que desde 1993 el entonces tesorero del PP lo llamó y “empezamos a trabajar regularmente en la organización de los mítines para el Partido Popular”.
Cuando Aznar dirigió el PP, el grupo que tomaba las decisiones estaba integrado, además de Bárcenas, por el secretario general, Francisco Álvarez Cascos; el secretario electoral, Jesús Sepúlveda, y el secretario de organización, Javier Arenas.
Jesús Sepúlveda –quien después fue alcalde de Pozuelo de Alarcón y a quien el presidente Aznar llamaba en público “mi amigo”– es enjuiciado por recibir 443 mil euros de Correa, a quien otorgó contratos. Además, recibió como regalo un auto Jaguar y una televisión de plasma.
La “íntima amistad” que el empresario trabó con Francisco Álvarez Cascos, vicepresidente (1996-2000) y ministro de Fomento (2000-2004) del gobierno de Aznar, le permitió conseguir contratos de ese gobierno.
Álvarez Cascos “me dio una cuenta de AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, dependiente del Ministerio de Fomento) y era una prenda muy importante porque se hacía Fitur (Feria Internacional de Turismo) y se organizaban un montón de eventos”, dijo Correa al juez.
Y añadió: “En Barajas hicimos un montaje espectacular” para la presentación del nuevo aeropuerto madrileño. Además, aportó un dato sobre cómo disfrazaban las operaciones: “AENA nos encargó (la organización del evento) y lo pagó Dragados”, un grupo empresarial español con intereses alrededor del mundo, incluidos países como México, donde trabaja para Petróleos Mexicanos (Pemex).
La red llegó también a las comunidades autónomas de Valencia y de Madrid, dos bastiones electorales del PP; la primera presidida por Francisco Camps y la segunda por Esperanza Aguirre.
Camps le otorgó privilegios a Correa para que organizara las actividades de la Generalitat de Valencia y del PP en esa comunidad. A cambio, Correa y su representante, Álvaro Pérez, alias El Bigotes, fueron generosos con el gobernante: presuntamente le obsequiaron trajes a la medida por un monto superior a 12 mil euros. Regalos similares hicieron a otros funcionarios públicos pertenecientes al PP (Proceso 1687).
“Amiguito del alma”, “te quiero un huevo”, “tenemos que vernos para hablar de lo nuestro, que es muy bonito”, son sólo algunas frases que Camps y El Bigotes se decían, según una conversación telefónica que la policía interceptó durante la investigación, y que difundió el diario El País el 23 de abril de 2009.
En el Parlamento de Madrid, Esperanza Aguirre afirmó el pasado viernes 9 que ella “destapó la trama Gürtel”. Su aseveración provocó enojo en los pasillos políticos del Congreso de los Diputados y sorna en las redes sociales. Y es que las pruebas la desmienten: varias empresas relacionadas con la trama consiguieron 367 contratos de la comunidad de Madrid, con beneficios de 3 millones 189 mil 565 euros.
Una grabación que Peñas entregó a la policía revela las irregularidades en los contratos en esa comunidad autónoma. “Todos (los contratos) son ‘chorizadas’ (raterías). Todos”, le dice Correa a Peñas. “Nos han hecho crear empresas para facturar”, tercia Pablo Crespo, exsecretario de Organización del PP en Galicia y uno de los ejecutivos de las empresas de Correa.
“Cada acto que hacíamos de la comunidad de Madrid, Alberto se llevaba una pasta (dinero)”, dice Correa en esa grabación, en referencia a Alberto López Viejo, viceconsejero de la Presidencia entre 2004 y 2007 y luego consejero de Deporte hasta febrero de 2009, cuando estalló el escándalo.
Crespo añade: “Alberto López Viejo, como viceconsejero de Presidencia, era el gestor de toda la operación. Él decía: ‘ahora es un acto de Sanidad que cuesta 80 mil euros y facturas 11 mil 900, IVA incluido, a fulanito a través de una empresa, otros 11 mil 900 y pico…’”.
El 24 de marzo pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló la mayoría de los registros de conversaciones que Correa mantuvo con su abogado en la prisión de Soto del Real, porque con éstas se quebrantaba el derecho constitucional de defensa. Para entonces algunas de esas grabaciones habían sido difundidas por la prensa, como aquélla en la que Correa despotrica con su abogado por la prueba irrefutable que representa la memoria USB que registra la contabilidad del dinero negro. “Sin ese pen drive no tendrían nada, me pongo malo… El puto pen drive, macho”.
“El Padrino”
El 5 de septiembre de 2002, el Monasterio del Escorial, palacio gestionado por el organismo Patrimonio Nacional, fue sede de la boda de Ana Aznar con Alejandro Agag, ayudante del entonces presidente José María Aznar, con cuyo apoyo fue después eurodiputado y secretario general del Partido Popular Europeo (PPE) (Proceso 1687).
En los corrillos políticos se le consideró una “boda de Estado”, porque estuvieron presentes importantes financieros y políticos, además de los reyes de España, y los jefes de Estado del Reino Unido, Tony Blair, y de Italia, Silvio Berlusconi, quien firmó como testigo del enlace.
Las fotografías se publican de nuevo porque cinco de los procesados judicialmente en la trama Gürtel fueron invitados distinguidos y formaban el círculo de amistad y de negocios de Agag.
Una imagen muestra a Francisco Correa y a su esposa, Carmen Rodríguez, vestidos de gala. Ambos también fueron testigos de boda del novio. En otra foto aparece Álvaro Pérez, El Bigotes, “quien organizó la fastuosa boda por instrucciones de Correa”, comenta Peñas. En su primera declaración ante Garzón, Correa dijo que Agag le presentó a Álvaro Pérez.
En la mesa de la boda, junto a Correa, departió otro enjuiciado: Alberto López Viejo, quien con Agag formó parte del clan Becerril, un grupo de la organización Nuevas Generaciones del PP que surgió durante la presidencia de Aznar y que encabezaba el “yernísimo”, como Peñas recuerda que es conocido Agag.
Aunque Agag trató de desvincularse de ese círculo mediante un comunicado difundido en febrero de 2009, nuevos documentos del sumario dados a conocer el martes 13 por la Cadena Ser develan que Agag, cuando era ayudante personal en el Palacio de La Moncloa, intercedió con una empresa de publicidad francesa para que contratara a una empresa de Correa.
“Esa imagen (de la boda) es muy simbólica ahora que conocemos la trama de corrupción: todos son amigos de Agag y de Aznar”, dice Peñas.
–¿Pero existía una relación de Correa con José María Aznar como se dice? –se le pregunta a Peñas.
–Todos la daban por hecho. Si había una persona que cuando llegaba a un evento o un mitin hasta los ministros del gobierno se levantaban, ese era Correa.
“Correa, a quien le gustaba que le dijeran Vito (por Vito Corleone, personaje de la película El Padrino), era considerado un hombre cercano a Aznar. En la etapa final de su presidencia, Aznar le habló personalmente para que contratara al que fue su secretario particular en La Moncloa, Antonio Cámara Eguinoa. Y fue contratado en abril de 2004. En las anotaciones de la Caja B de la contabilidad de Correa está el registro de 90 mil euros entregados a Cámara”, concluye Peñas.
Mariana Gómez del Campo, titular del PAN D.F.
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