Caso ABC, a la ONU

Indignación por fallo en la Corte.

Gloria Leticia Díaz

MÉXICO, D.F., 17 de junio (apro).- Inconformes con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), familiares de los niños fallecidos en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, recurrirán a organismos de la ONU en un intento más por castigar a los responsables de la tragedia ocurrida el 5 de junio de 2009.

Lorenzo Félix Ramos, abogado de los padres afectados, comentó en conferencia de prensa que por lo pronto ya enviaron una serie de documentos, incluida la resolución de la SCJN, al Alto Comisionado del Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al Comité de Derechos del Niño, con sede en Ginebra, Suiza.

Además, dijo que están “recopilando el material probatorio” para pedir la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Coidh).

La intención es, dijo, que de los organismos de la ONU surjan recomendaciones para el Estado mexicano.

El abogado calificó como “deleznable” la resolución de la Corte por “la contradicción en que cayeron los ministros: por una amplia mayoría admitieron que hubo violaciones graves a las garantías individuales, pero que los únicos responsables son funcionarios de menor nivel que no tienen capacidad de gestión”.

En conferencia de prensa en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Prodh), padres integrantes de la asociación civil Movimiento 5 de Junio lamentaron el papel de la mayoría de los magistrados al dejar fuera de los responsables al director y exdirector del IMSS, Daniel Karam y Juan Molinar Horcasitas, respectivamente, y al exgobernador Eduardo Bours. Además, anunciaron que en agosto próximo convocarán a movilizaciones en todo el país “para mantener viva la indignación nacional”.

La señora Patricia Duarte Franco señaló que desde que los padres del Movimiento 5 de Junio acudieron a la SCJN, estaban concientes de que el resultado sería el que emitieron la mayoría de los ministros, pero “era necesario agotar las instancias nacionales para seguir buscando justicia a nivel internacional”.

Sin embargo, aclaró que quisieron “dar un voto de confianza a los magistrados, pensando en que no se iban a dejar presionar por Molinar Horcasitas, Eduardo Bours y el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont”.

Por si fuera poco, Duarte Franco denunció que el gobierno de Felipe Calderón quiere “pagarles” a sus hijos en mensualidades. “Quiere pensionar de manera vitalicia a las mamás que perdimos hijos”.

Explicó que la noche del miércoles, después de la última sesión en la Corte, el coordinador de Atención a Quejas y Orientación de Derechohabientes del IMSS, Luis Fiol, se comunicó con ella para manifestarle la “urgencia” de reunirse para “cumplir con la promesa que hizo Felipe Calderón en una reunión en Los Pinos”.

Prosiguió Duarte: “Yo le dije que no sabía de qué me estaba hablando, que yo sólo me reuniría con Calderón en Hermosillo; me explicó que era urgente que nos reuniéramos y que le llevara el último comprobante de pago de los servicios de guardería del IMSS, para iniciar los trámites de pensión.”

Por su parte, Leopoldo Maldonado, del Centro Prodh, señaló que a la decisión de la Corte “coloca en estado de indefensión a mies de niños y niñas que cotidianamente recurren a los servicios de estancia infantil a cargo del IMSS”.

Recordó que la misma investigación del ministro ponente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, “confirmó anomalías en materia de protección civil, fiscalización pública, rendición de cuentas, entre otros”, en varias de las mil 480 guarderías subrogadas.

A nombre del Cetro Prodh, Maldonado puntualizó que “la actuación del tribunal constitucional no garantiza las condiciones mínimas de acceso a la justicia para las víctimas de graves violaciones a derechos humanos evidenciadas en la tragedia de la guardería ABC”.

“La SCJN no sólo volvió a fallar contra los ciudadanos, sino que abona a la impunidad”

Se impuso la mayoría de los ministros conservadores: organismos defensores de garantías

El máximo tribunal debe actuar con valor, asegura presidente de la comisión legislativa ex profeso

Víctor Ballinas, Enrique Méndez,Roberto Garduño y Ángeles Cruz

Con el rechazo de la mayoría del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al proyecto de dictamen que elaboró el ministro Arturo Zaldívar, en el que pedía señalar a los funcionarios responsables de que ocurriera el siniestro en la guardería ABC, el máximo tribunal no sólo volvió a fallar en contra de los ciudadanos al asumir la mayoría de los ministros una actitud indolente, sino que abona a la impunidad, afirmaron miembros de diversas organizaciones de defensa de derechos humanos.

Mientras, el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados advirtió que mantener la subrogación de las guarderías en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) provocará que ese organismo comience un proceso de desmembramiento en uno de los principales servicios a sus derechohabientes,

Leopoldo Maldonado, del área de defensa integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), destacó que en esta primera parte de la discusión sobre la investigación del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en la que murieron 40 niños, los ministros de la SCJN “acotaron la naturaleza de la facultad de investigación, al argumentar que no pueden imputar responsabilidades éticas o morales. Entonces van a usar un eufemismo: en lugar de responsables van a utilizar ‘personas relacionadas o vinculadas’”.

Aunque usen eufemismos y quieran cuidar las formas, de todas maneras van a tener una responsabilidad. Se quieren apegar a la letra de la ley y no quisieron hacer una interpretación más garantista, como la que hizo el ministro Zaldívar.

¿Qué va a pasar cuando lleguen al análisis de los derechos violados en la guardería ABC? Porque esta situación no fue un hecho incidental; responde a la estructura del sistema de guarderías, preguntó Maldonado.

La única vía

A su vez, Juan Carlos Gutiérrez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, manifestó que con el rechazo de la mayoría del pleno de la SCJN al proyecto de dictamen que elaboró el ministro Arturo Zaldívar, la Corte abona a la impunidad, ya que ésta es la única vía para que se garantice justicia.

Destacó que se impuso la mayoría, los ministros más conservadores. Con esta resolución están abonando para que se apruebe la reforma en materia de derechos humanos que le quita esa facultad de investigación en el caso de graves violaciones de garantías, y se le otorgue a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Recordó que las resoluciones de la SCJN en los resultados de las investigaciones que ha realizado por violaciones a derechos humanos, como son los casos de Aguas Blancas, el de Lydia Cacho, el de Oaxaca, el de Atenco, entre otros, no tienen efectividad porque no son vinculantes.

En San Lázaro, antes de conocer la resolución de la SCJN, los priístas advirtieron que no permitirían la politización de la muerte de 49 niños y anticiparon que se sumarán a una visita de legisladores a Sonora para entrevistarse con padres de familia.

El presidente de la comisión especial, Emilio Serrano (PRD), sostuvo que la SCJN debe actuar con valor en la decisión de atribuir responsabilidades por el incendio en la guardería.

En tanto Jorge Elías Dib, presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, calificó de justo el razonamiento que hicieron los ministros. Si se aplicaran castigos, en lugar de apagar un incendio habría más, apuntó y enseguida puso de ejemplo los accidentes aéreos. Si voy con dos de mis nietos y el avión se cae, no es mi culpa, dijo.

PGR se abstiene de proceder contra la indígena Jacinta Francisco

LA REDACCIóN

México, D.F., 3 de septiembre (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) determinó abstenerse de presentar conclusiones acusatorias contra la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial, sentenciada a veinte años de prisión por el presunto secuestro de seis miembros de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). En un comunicado, la PGR explica que tomó la decisión una vez concluidos los careos procesales del magistrado del Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo Circuito, quien emprendió una revisión a la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Querétaro. El 26 de marzo de 2006, las comerciantes Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González fueron acusadas de privar de su libertad a seis oficiales de la AFI. Ese día, los uniformados participaron en un operativo en búsqueda de vendedores pirata, que terminó con un despojo violento a las propiedades de las indígenas originarias de Santiago Mexquititlán, Querétaro.Jacinta, vendedora de nieves y aguas frescas, fue detenida junto con sus compañeras el 3 de agosto de 2006. Fue presentada ante los medios de comunicación como secuestradora de agentes de la AFI. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) atrajo el caso y demostró contradicciones en las acusaciones de los seis agentes de la AFI. Además, emprendió una recolección de firmas para exigir su libertad.