Riñen panistas por el agua en Sonora

Javier Castelo, senador panista.

Miguel Ángel Granados Chapa

MÉXICO, D.F., 17 de abril.- Ante las crecientes necesidades de agua para consuno humano en Hermosillo, la capital de Sonora, los gobiernos panistas, federal y local, no encontraron mejor solución que privar de ese líquido a los habitantes del sur de esa entidad, que cuentan con dicho recurso para usos agrícolas y para satisfacer la sed de la gente. La disputa por el agua ha generado divisiones internas en el Partido Acción Nacional en ese estado, y suscitado una recia defensa de los intereses del sur contra el presidente Calderón, a través de los órganos de representación civil en Ciudad Obregón y los valles del Yaqui y del Mayo.

En este momento la fase judicial del litigio está siendo resuelta a favor de los sureños, quienes el 14 de marzo obtuvieron una resolución que condena el desacato en que incurrió el organismo público descentralizado Fondo de Operación de Obras Sonora Sí, del gobierno estatal, encabezado por Guillermo Padrés. No obstante que los quejosos habían obtenido una suspensión provisional, ese Fondo –lo que quiere decir el propio gobierno del estado– adjudicó la construcción del acueducto Independencia, e inició las obras correspondientes. Tal acueducto conducirá cada año 75 millones de metros cúbicos del líquido que almacene la presa El Novillo hacia la capital sonorense.

En la Ciudad de México el senador Javier Castelo Parada fue el encargado de difundir esa noticia judicial. Lo hizo en papel oficial del grupo parlamentario del PAN en el Senado. Plenamente solidario con ellos –a fin de cuentas es uno de ellos, como empresario agrícola al que afectaría la disminución del agua de El Novillo, pero también como cumplido representante de su entidad–, Castelo Parada se congratuló de que “a los productores y agricultores del Valle del Yaqui se les ha dado la razón por parte de la autoridad judicial”. Dijo esperar que “el gobierno de Sonora respete la resolución judicial y suspenda la obra, so pena de que con las facultades que concede la ley de amparo a los jueces federales se utilice la fuerza pública para que la resolución sea respetada”.

Recordó que “desde hace varios meses los agricultores del Valle del Yaqui han buscado y presentado a las autoridades estatales y federales diversas opciones para solucionar la falta de agua en Hermosillo; en respuesta el gobierno del estado lanzó la convocatoria para licitar la obra del acueducto (…) ante ese hecho, los productores agrícolas del sur de Sonora iniciaron su defensa por la vía legal, buscando por todos los medios que la construcción de ese acueducto no se lleve a cabo”.

Una semana antes de la resolución que favorece a los sureños, el presidente Calderón dio su apoyo al gobernador Padrés. En una entrevista con el diario El Imparcial, de Hermosillo, dijo que lo más importante era el consumo humano en la capital sonorense, lo que significaba pleno aval a las decisiones de Padrés y de la Comisión Nacional del Agua, encabezada por el también panista José Luis Luege. Aunque tardaron en reaccionar –pues la posición presidencial se fijó el 10 de marzo y ellos la refutaron el 23–, los afectados no se recataron ante la investidura presidencial, a cuyo poseedor increparon. Le recordaron que la obra aprobada por Calderón “implica múltiples violaciones a la Ley de Aguas Nacionales (LAN) y su reglamento”, y que “tres resoluciones suspensionales provisionales emitidas por un juzgado federal en Ciudad Obregón prohíben que esa obra se realice y que esa agua se trasvase de una cuenca a la otra”.

Citaron también el artículo 14 bis de la Ley de Aguas, que obliga al Ejecutivo federal a asegurarse de que “las asignaciones y concesiones de agua estén fundamentadas en la disponibilidad efectiva del recurso en las cuencas hidrológicas que correspondan”, y a “instrumentar mecanismos para mantener o restablecer el equilibrio ecológico en las cuencas hidrológicas del país, y el de los ecosistemas vitales para el agua”.

A partir de allí, los representantes de 23 agrupaciones, incluyendo el Centro Empresarial de Obregón (perteneciente a la Coparmex) y la Cámara Nacional de Comercio de Cajeme, formularon rotundas interrogaciones al presidente:

“¿Por qué entonces apoya usted dicha obra que desequilibrará la cuenca del río Yaqui y la asignación, por parte de la CNA a la Comisión Estatal de Agua de Sonora, de 52 millones de metros cúbicos de agua anuales para la ciudad de Hermosillo sin que se haya dado cumplimiento a la disposición legal (…) citada, violando las suspensiones provisionales mencionadas y atropellando los derechos de 900 mil habitantes del sur de Sonora, de las comunidades yaquis y de los productores agrícolas del Valle del Yaqui?

“¿Por qué considera usted que es más importante el agua para el consumo humano en la ciudad de Hermosillo, que el agua para consumo humano de 900 mil habitantes del sur de Sonora?

“¿Por qué cree usted que debe aplicarse el principio de que es prioritario el uso para consumo humano en la cuenca del río Yaqui pero no en la del río Sonora?

“¿Le parece a usted correcto y justo discriminar a los habitantes del sur de Sonora y a los productores agrícolas del Valle del Yaqui para beneficiar a los habitantes de Hermosillo y a los productores agrícolas, ganaderos e industriales de dicha región?”

Hasta donde entiendo, quienes formularon esas preguntas no tuvieron siquiera acuse de recibo de sus interrogantes, y mucho menos respuestas a las mismas. Será que todavía no empezaba a funcionar el nuevo sistema de comunicación digital que vinculará a los ciudadanos con el propio Ejecutivo federal y sus colaboradores. Porque de ser así, otro gallo cantaría a los justamente indignados sureños de Sonora.

Caso ABC, a la ONU

Indignación por fallo en la Corte.

Gloria Leticia Díaz

MÉXICO, D.F., 17 de junio (apro).- Inconformes con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), familiares de los niños fallecidos en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, recurrirán a organismos de la ONU en un intento más por castigar a los responsables de la tragedia ocurrida el 5 de junio de 2009.

Lorenzo Félix Ramos, abogado de los padres afectados, comentó en conferencia de prensa que por lo pronto ya enviaron una serie de documentos, incluida la resolución de la SCJN, al Alto Comisionado del Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al Comité de Derechos del Niño, con sede en Ginebra, Suiza.

Además, dijo que están “recopilando el material probatorio” para pedir la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Coidh).

La intención es, dijo, que de los organismos de la ONU surjan recomendaciones para el Estado mexicano.

El abogado calificó como “deleznable” la resolución de la Corte por “la contradicción en que cayeron los ministros: por una amplia mayoría admitieron que hubo violaciones graves a las garantías individuales, pero que los únicos responsables son funcionarios de menor nivel que no tienen capacidad de gestión”.

En conferencia de prensa en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Prodh), padres integrantes de la asociación civil Movimiento 5 de Junio lamentaron el papel de la mayoría de los magistrados al dejar fuera de los responsables al director y exdirector del IMSS, Daniel Karam y Juan Molinar Horcasitas, respectivamente, y al exgobernador Eduardo Bours. Además, anunciaron que en agosto próximo convocarán a movilizaciones en todo el país “para mantener viva la indignación nacional”.

La señora Patricia Duarte Franco señaló que desde que los padres del Movimiento 5 de Junio acudieron a la SCJN, estaban concientes de que el resultado sería el que emitieron la mayoría de los ministros, pero “era necesario agotar las instancias nacionales para seguir buscando justicia a nivel internacional”.

Sin embargo, aclaró que quisieron “dar un voto de confianza a los magistrados, pensando en que no se iban a dejar presionar por Molinar Horcasitas, Eduardo Bours y el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont”.

Por si fuera poco, Duarte Franco denunció que el gobierno de Felipe Calderón quiere “pagarles” a sus hijos en mensualidades. “Quiere pensionar de manera vitalicia a las mamás que perdimos hijos”.

Explicó que la noche del miércoles, después de la última sesión en la Corte, el coordinador de Atención a Quejas y Orientación de Derechohabientes del IMSS, Luis Fiol, se comunicó con ella para manifestarle la “urgencia” de reunirse para “cumplir con la promesa que hizo Felipe Calderón en una reunión en Los Pinos”.

Prosiguió Duarte: “Yo le dije que no sabía de qué me estaba hablando, que yo sólo me reuniría con Calderón en Hermosillo; me explicó que era urgente que nos reuniéramos y que le llevara el último comprobante de pago de los servicios de guardería del IMSS, para iniciar los trámites de pensión.”

Por su parte, Leopoldo Maldonado, del Centro Prodh, señaló que a la decisión de la Corte “coloca en estado de indefensión a mies de niños y niñas que cotidianamente recurren a los servicios de estancia infantil a cargo del IMSS”.

Recordó que la misma investigación del ministro ponente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, “confirmó anomalías en materia de protección civil, fiscalización pública, rendición de cuentas, entre otros”, en varias de las mil 480 guarderías subrogadas.

A nombre del Cetro Prodh, Maldonado puntualizó que “la actuación del tribunal constitucional no garantiza las condiciones mínimas de acceso a la justicia para las víctimas de graves violaciones a derechos humanos evidenciadas en la tragedia de la guardería ABC”.

“No sirve para nada”

Estas son las CACAS de la Suprema CLOACA Injusta de la Nacion.

Ayer, por mayoría –ocho votos contra tres–, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió no fincar responsabilidades a los funcionarios que hayan incurrido en la violación de garantías individuales en el caso del percance en la guardería ABC de Hermosillo , como lo proponía el proyecto de dictamen elaborado por el ministro Arturo Zaldívar. El máximo órgano de impartición de justicia del país reconoció, así, la comisión de violaciones graves en los hechos ocurridos el 5 de junio de 2009, pero se negó a señalar a los autores de tales violaciones; es decir, hay responsabilidades, pero no responsables. Al carácter intrínsecamente absurdo de tal resolución ha de sumarse la manifiesta impertinencia de pronunciamientos formulados ayer por algunos de los integrantes de la SCJN.

Si en 2006 Mariano Azuela, que entonces presidía la SCJN, calificó al artículo 97 de la Constitución de anacrónico y redactado con los pies, ayer el magistrado Salvador Aguirre Anguiano descalificó ese numeral de la Carta Magna al aseverar que no sirve para nada. Con ello, el togado traicionó el juramento establecido en ese mismo artículo y socavó el fundamento mismo de su encargo, toda vez que él mismo tomó posesión como ministro en cumplimiento de ese lineamiento constitucional.

Más inaceptable aún, si cabe, fue lo expresado por el actual titular de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien aseguró que la Constitución se viola en muchísimas ocasiones, porque muchos funcionarios públicos, que ni siquiera saben leer ni escribir, juran el cargo sin conocer la ley. Al margen del tufo discriminatorio de ese aserto, el hombre que preside la más alta instancia de impartición de justicia admitió, de esta manera, lo que han venido señalando diversos sectores de la oposición política y social: que las instituciones del país suelen operar al margen de la legalidad. Ni más ni menos.

Por desgracia, lo dicho por Ortiz Mayagoitia se confirma con la forma en que se han desempeñado las instancias que habrían debido procurar e impartir justicia en el caso ABC –incluida la propia SCJN– y que, a más de un año de esos trágicos sucesos, no han podido o no han querido investigar ni sancionar las omisiones, los actos de corrupción y la desidia institucional que condujo a la muerte trágica de 49 niños.

Como han venido denunciando los padres de las víctimas, los funcionarios y ex funcionarios que fueron señalados como responsables en el dictamen de Zaldívar –el ex titular del IMSS, Juan Molinar; el actual director de ese organismo, Daniel Karam, y el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours, entre otros– realizaron un intenso cabildeo en el inmueble de Pino Suárez y Corregidora, y a esa tarea se unió el titular de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en lo que constituyó una inocultable presión política y una intromisión del Ejecutivo, una actitud tan poco decorosa como la de quienes, siendo responsables de preservar la independencia del Poder Judicial, sucumbieron a tales presiones y tomaron una decisión basada en el influyentismo: con ello, el máximo tribunal exhibió un comportamiento orientado por un doble rasero y extendió el historial de fallos vergonzosos adoptados por sus propios integrantes: la exculpación del gobernador de Puebla, Mario Marín; la liberación de involucrados en la masacre de Acteal; la exoneración de los responsables por la represión en Atenco, por citar algunos de los casos más relevantes.

En suma, a la vergüenza nacional de un sistema de seguridad social desdeñoso de la integridad física de sus asegurados y de sus familiares, y entregado a satisfacer el afán de lucro de particulares, ha de agregarse ahora la de un Poder Judicial que proclama, argumentando tecnicismos legales, la imposibilidad de impartir justicia y que, con ello, se niega a sí mismo, niega la vigencia del orden constitucional en el país y del estado de derecho, deja en la indefensión jurídica a incontables ciudadanos agraviados por distintos niveles de gobierno y proclama, en forma incluso literal, que el mandato de la Carta Magna no sirve para nada. Si lo anterior es cierto, resulta inevitable inferir que la Suprema Corte tampoco.

Se pelean a periodicazos Rocha y Zabludovsky por el el informe Smith

Rocha defendió el haber publicado sobre el informe Smith sobre el caso ABC, mientras que Zabludovsky lo tildó de periodista afortunado que descubre e informa sobre el peritaje que supuestamente altera la culpabilidad de funcionarios responsables del incendio.

Redacción EjeCentral.com.mx

El periodista Ricardo Rocha aprovechó ayer el espacio que tiene en el El Universal para aclararle su punto de vista al colega Jacobo Zabludovsky sobre lo que ha publicado del informe Smith.

"Casi nunca he hablado de mi propia labor periodística; hoy haré una excepción porque se ha hecho asunto público. Y es que ahora resulta, según algunos, que el Informe Smith dado a conocer aquí es una cortina de humo para empantanar el proceso deliberatorio en la Corte o una maniobra salvadora de los inculpados actuales”, empieza el texto de Rocha.

Un día antes, Zabludovsky escribió también en su espacio del mismo diario, que la semana comenzó con una “especie de descarga eléctrica nacional” debido al dictamen del ministro Zaldívar, y además, hizo referencia al informe Smith*, dando a entender que el peritaje y su publicación defiende a los funcionarios involucrados ya que concluye que el incendio fue provocado.

“En defensa de los mencionados han intervenido funcionarios como el Secretario de Gobernación, nada menos, seguramente por orden de su jefe, y sociedades médicas, catedráticos de derecho, legisladores variopintos y periodistas afortunados que, al día siguiente del dictamen Zaldívar, descubren un informe pericial sobre la intencionalidad del incendio. Si el incendio fue intencional los funcionarios no pueden ser culpados, no se les puede exigir que asuman las consecuencias de sus actos”, escribió Zabludovsky.

En cuatro párrafos, Rocha defendió su punto de vista en su texto publicado el 15 de junio y explicó su decisión periodística de dar a conocer el informe Smith, usando frases como “El cobardón piensa que todos son de su condición”, y palabras como “obtusos”, “estúpido disfuncional”, o “un interesado inmoral”, según el contexto.

Aquí un ejemplo:

“Lo que afirman los obtusos es que su difusión (del informe Smith), beneficia a Molinar, Karam y Bours, señalados como responsables por el propio ministro Zaldívar y a quienes yo siempre he apuntado como culpables de este crimen múltiple”, escribió, para terminar con el siguiente párrafo:

"Yo fui a reportear, indagar y marchar con todos los padres de Hermosillo. Así, buscando, encontré una información que difundí porque éticamente debía de hacerlo, independientemente de sus consecuencias. Pero no me extraña el dolo de quienes durante décadas encubrieron y justificaron matanzas tan horrendas como la de Jaramillo, Tlatelolco y Aguas Blancas y que creen poderse quitar el peso de su conciencia con una lavadita de cara. Patético."

Para leer las columnas: Rocha y Zabludovsky (reproducida por Vanguardia).

*Peritaje elaborado por el estadounidense David Smith, en el que se concluye que el incendio que hace un año provocó la muerte de medio centenar de infantes en la Guardería ABC en Hermosillo, fue provocado.

Botín, intereses y complicidades de Calderón, Padrés y Bours

Álvaro Cepeda Neri

Los panistas están arrasando. Saben que el calderonismo, en la administración federal, tras su fracasada alternancia enganchada a la del foxismo, llegó a su fin. Les restan, si antes no aborta la renuncia del inquilino de Los Pinos, gestada en su mal gobierno asido al militarismo, dos años para coronar sus festividades del bicentenario de conformidad a la frase popularmente acuñada del “año de Hidalgo, chingue a su madre el que deje algo”.

La corrupción de los azules para embolsarse los dineros del pueblo, hacer negocios al amparo de la impunidad y poner a sus amigos “donde hay” no tiene precedente, pues lo han hecho en nueve años y medio. Los municipios y estados a su cargo han sido saqueados. Y sus actos y omisiones causaron perjuicio a los intereses públicos y de su buen despacho, cuyo factor común es el enriquecimiento ilícito, y los hace merecedores a los juicios político y penal, pues interrumpen la observancia constitucional por el incumplimiento de sus obligaciones.

En ese antirrepublicanismo panista, Sonora, último bastión del Partido Acción Nacional tras el proceso electoral de 2009, es su confirmación. Y por uno de esos enredos administrativos-gubernamentales –a consecuencia del incendio de la Guardería ABC, establecida en Hermosillo, fallecieron 49 niños (desde recién nacidos hasta de cinco años) y 79 más quedaron enfermos y marcados para toda su vida–, están en un brete el exdesgobernador Robinson-Bours, Calderón Hinojosa, todavía en el cargo presidencial, y el encubrimiento de Guillermo Padrés Elías (que ya enseñó el cobre y tiene a los sonorenses sumidos en la desilusión) a Bours.

El hermano y el cuñado de Padrés son los gestores para negocios y cobro de comisiones (pendientes, que los boursistas en su huída ya no pudieron recaudar, y las de este sexenio). El que fuera procurador (encubridor de los beneficiarios de la guardería incendiada y protector de Ricardo Robinson-Bours, hermano-cómplice del entonces desgobernador) fue ratificado con base en que Calderón iba a nombrar al sustituto. Pero se trataba de mantener el nexo de complicidad de Calderón y Padrés con Bours para que no sea llevada ante los tribunales la prima hermana de la señora Margarita Zavala, una de las acusadas e indiciadas por el homicidio de los 49 niños que, perversamente, se ha calificado de culposo, cuando a todas luces es doloso. Y porque entre los responsables de haber subrogado la guardería está el entonces director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Molinar Horcasitas, ahora en la plataforma para la candidatura presidencial y uno de los favoritos de Calderón y su esposa.

Hecho Sonora su botín, Padrés ya expidió un decreto, reservando la información por 10 años, en relación con la remodelación millonaria de la Casa de Gobierno, que se calcula en casi 100 millones de pesos. Padrés y su familia quieren vivir en un palacete, que para eso ganaron (y engañaron a los electores) la gubernatura que manejan para su beneficio. Los intereses de Calderón-Padrés-Bours son ya los mismos. A más de un año del hecho, hasta el encargado de mandar construir una tumba-símbolo en el panteón municipal hermosillense se embolsó el dinero. Y apenas, tramposamente, Calderón recibió a algunos padres de los niños muertos y otros de los que sobreviven con secuelas de las pavorosas quemaduras, para una vez más hacerla de charlatán y mentirles. Hay total complicidad, pues hasta la Suprema Corte de Justicia se ha negado a completar el informe que daría pie al deslinde de responsabilidades penales y políticas de Bours, sus exfuncionarios, y Molinar Horcasitas. Y, en una de esas averiguaciones, al mismo Padrés por querer tapar el infanticidio.

Bours, Calderón y Padrés han dejado pasar el tiempo para escapar al deslinde penal y al juicio político. Calderón es tapadera de la prima hermana de su esposa Margarita Zavala y cómplice de Bours y Padrés para sepultar en la impunidad a Molinar Horcasitas. Por eso es que un año después ni la Suprema Corte ni la Procuraduría General de la República (PGR) han procedido con su, respectivamente, dictamen y consignación. Cerrando el circuito de hacer de Sonora un botín económico de Bours y Padrés, donde los intereses perversos de Calderón y Margarita Zavala tratan de ocultar los homicidios dolosos de que fueron víctimas los niños. Y la desgracia que dejaron en sus familias y en las que han de cuidar de 79 más que padecerán el resto de sus vidas los males sicológicos y físicos por el infierno creado por negligencia y omisión de los funcionarios que escapan a las sanciones, no menores a 50 años, que merecen por sus conductas dirigidas al botín económico, intereses personales y mutuos encubrimientos.

En su larga despedida, los panistas, que naufragaron en su incapacidad política, corrupción y abortaron la alternancia, han dejado huellas de su ineficacia. Sólo se hartaron del saqueo, siendo estúpidos para las transacciones. Colocaron a sus amigos en los cargos, dejando que sus adversarios caídos en delitos se fueran por la libre. A Bours, el ya desgobernador Padrés le está permitiendo que venza el término constitucional para el juicio político.

Como en todos los problemas de competencia federal, el señor Calderón no toma decisiones ni sobre la marcha de los asuntos que demandan soluciones ni en el mediano plazo, esperando que el tiempo devore su sexenio para irse como llegó: ahogándose en su incompetencia total. Y es el santo y seña de todos los panistas, al cual no ha escapado el señor Padrés Elías, que por el esperanzador voto de los sonorenses fue electo gobernador, siendo ya la decepción. Ni gobierna ni administra. Pero sus parientes se han ido sobre la parte del botín que dejó Bours, cuando éste hubo de escapar tras las consecuencias del incendio de la guardería y, cínicamente, para burlarse, ante el luto y dolor de las familias de los 128 niños calcinados, eructó: “Duermo como un bebé”.

Calderón, Bours, Padrés y Molinar Horcasitas actúan como un cuarteto de pillos. No han resuelto las demandas legales del infierno de la guardería y los padres buscan respuestas en la PGR, en la Suprema Corte, en la Presidencia de la República, en la Procuraduría sonorense y en todas las instancias donde han interpuesto sus reclamos de justicia penal para los implicados. Sólo que está de por medio la prima hermana de Margarita Zavala y ésta es la “vicepresidenta”, la otra Mart(h)a Sahagún, protegida por su esposo Felipe Calderón. Por eso no se mueven y le dan largas al problema donde están enredados los intereses y complicidades de los cuatro fugados de los tribunales.

Pero una vez más la impunidad es escudo de los funcionarios que actúan como delincuencia súper organizada, la otra cara de la delincuencia organizada. Mientras el pueblo parece, en la superficie, resistir pacíficamente la violencia, el abuso del poder y las complicidades de Calderón, Molinar Horcasitas, la prima hermana de Margarita Zavala y, en consecuencia, ésta como corresponsable, y de Guillermo Padrés con su protegido Robinson-Bours.

cepedaneri@prodigy.net.mx

Molinar, la culpa

Juan Francisco Molinar Horcasitas, titular de la SCT.

Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO, D.F., 4 de junio (apro).- Juan Francisco Molinar Horcasitas, hombre de confianzas de Felipe Calderón, pasa el peor momento de su carrera política, pero con el aval de su amigo y jefe está decidido a doblarle la mano a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo menos, a una mayoría suficiente de seis ministros para que el máximo tribunal lo exonere de la mas grave acusación que puede pesar sobre cualquier persona y más para un funcionario publico: el homicidio de 49 niños de entre 10 meses y cuatro años de edad por el incendio de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora.

En la que ha sido la peor tragedia infantil en el país, ocurrida hace justo un año, 104 niños más resultaron heridos con afectaciones pulmonares, algunas de ellas irreversibles.

Molinar fue promotor de la candidatura presidencial de su amigo, quien al ocupar Los Pinos lo designó director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cargo en el que estuvo hasta marzo del año pasado, tres meses antes de la tragedia. Calderón lo designó entonces titular de la estratégica Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), desde donde Televisa y Telefónica, de España, le disputan a Carlos Slim el futuro de las telecomunicaciones en México.

Molinar, además, es ahora el encargado de repartir las concesiones para la infraestructura vital del país.

Mucho poder y beneficio para dejarlos ir. En cuanto el ministro Arturo Zaldívar dio a conocer el dictamen que resultó de la investigación de la Corte sobre la tragedia, Molinar inicio su defensa mediática para alegar su inocencia, utilizando los recursos de la SCT. Para defenderse, Molinar comenzó a repartir culpas. A la propia Corte la acusa de haber violado sus derechos, según él, por no entrevistarlo para dar su versión de la tragedia.

Extraña el argumento del exdirector del IMSS, pues una vez que tuvo el informe preliminar de la investigación, la Corte lo entregó a las autoridades y servidores públicos para hacer observaciones y presentar la documentación o elementos que les sirvieran de descargo. Molinar se deslinda culpando al exgobernador Eduardo Bours. Dice que como director del Seguro Social le era humanamente imposible evitar los factores que provocaron el incendio de la estancia infantil, autorizada por el IMSS para operar junto a una bodega llena de papel y deficiente sistema eléctrico de la Secretaria de Hacienda de Sonora.

El exdirector del IMSS quiere ocultar una verdad incontestable: como encargado de la institución no hizo nada para evitar el "desorden generalizado" del sistema de guarderías subrogadas que propició la tragedia.

El informe de la investigación hecha por dos magistrados por mandato de la Corte, dado a conocer el 1 de marzo es contundente: sólo el 0.3 por ciento de las guarderías subrogadas, de las casi mil 500 al momento de la desgracia, cumplían con todos los requisitos para su funcionamiento. De ahí que la Corte hable de "desorden generalizado". El fondo del dictamen es sobre la responsabilidad de los que gobiernan, de los alcances de sus actos y omisiones.

En una sociedad donde la impunidad es histórica, no es extraño que el exdirector del IMSS no se haya hecho a un lado mientras el Poder Judicial lo investigaba junto a otros exfuncionarios del Seguro Social, el gobierno de Sonora y la presidencia municipal de Hermosillo. Al contrario, desde la fuerza del Ejecutivo Federal, hará cuanto pueda para que una mayoría de ministros lo exculpen.

Calderón lo apoya, pues sabe que no sólo es Molinar y el actual director del IMSS, Daniel Karam, en lo personal, los que están señalados. Es su gestión como gobernante la que está en entredicho. A decir de la manera en que la Corte ha resuelto los casos de graves violaciones a los derechos humanos en Puebla y Oaxaca, no seria raro que Molinar quedara libre de culpa. Aunque así fuera, la sociedad mexicana hace mucho que lo culpó.

jcarrasco@proceso.com.mx

A siete meses incendio ABC, padres exigen respuesta de Ejecutivo. Con Ricardo Rocha

Notimex
Abraham Fraijo Rascón, padre de Emilia, una de las menores fallecidas en el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, y que se encuentra en huelga de hambre desde el pasado domingo, señaló que a siete meses del siniestro, mantienen la exigencia de que el presidente Felipe Calderón acuda a esa entidad y escuche el sentir de los paterfamilias afectados.

“Seguimos plantados frente a Palacio de Gobierno del Estado de Sonora, con la huelga de hambre que inició Manuel Rodríguez en exigencia de que Felipe Calderón se presente en Hermosillo y escuche las exigencias y que diga porque no se ha pronunciado al caso de la guardería, no ha hecho mención del caso, queremos saber porque el presidente de México no ha intervenido en ningún momento a este asunto”.

En entrevista telefónica en “Fórmula Detrás de la Noticia”, Fraijo Rascón relacionó el desinterés del Ejecutivo en el caso, al hecho de que una de las dueñas de la guardería ABC es la prima de su esposa, Margarita Zavala.

“Porque ese nulo interés en la guardería ABC, acaso es porque una prima de su esposa está involucrada, es socia de los dueños de la guardería, y eso también porque se permite que el juez diga que es un delito no grave la muerte de 49 niños y el intento de homicidio de otros 70 más, dando una fianza de dos mil pesos, que vendrían siendo 43 pesos por niño fallecido, sin contar los niños lesionados”.

El padre de familia aseguró que los dueños de ABC se encuentran en Hermosillo, “paseando libremente bajo la protección del propio gobierno, de sus apellidos”.

Abraham Fraijo, miembro del Comité Ciudadano 5 de junio, dijo además que debido a que hoy se cumplen siete meses de la tragedia, este día realizarán un mitin frente al palacio de gobierno, a las 11 de la mañana, además de que iniciarán con la pega de calcomanías por todo Hermosillo, dijo.

Asimismo, señaló que la empresa de origen norteamericano que los paterfamilias eligieron para realizar el peritaje sobre las causas principales del incendio, y que contrató la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya terminó sus investigaciones, resultados que serán entregados al máximo tribunal en el mes de marzo.

“Tenemos la esperanza de que ahí se diga realmente que fue lo que inició el incendio y si había o no había acelerantes dentro de la hacienda”, apuntó.

Fuente: Radio Fórmula

Cuentos de horror y el ABC de la ley

• 2010: Vivir Mejor
• Episodios…

Marcela Gómez Zalce

Pocas veces un necio tiene talento, mi estimado, pero nunca buen juicio. Volátil inicio de año con las acostumbradas y consistentes acciones de ligereza de este (des)gobierno (des)encabezado por Felipe Calderón, quien en medio del shock financiero del célebre “catarrito” presentó con bombo y platillo hace casi 12 meses 25 medidas espectaculares que formaron parte del simulado Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo, mediante el cual se (montó el inconfundible circo mediático) pretendió hacerle frente a la emocionante adversidad generada por la crisis económica. Ahí, orgulloso Felipe informaba de su cuento sobre el congelamiento de los precios de las gasolinas y del gas LP…
Cuento, my friend, que como suele suceder con el discurso y las promesas presidenciales resultaron ser otra ficción. Una bola rápida de mentiras para salir al paso del desastre de la crisis que, of course, vino de fuera. Cuento pero de horror que se acumula a su colección capitaneada por su mentado slogan de campaña sobre el presidente del empleo.
Y donde figura la presumida estrategia contra el organizado crimen que desde la declarada guerra de este (des)gobierno… que pone los muertos para que las drogas no lleguen… a Estados Unidos, la violencia se ha disparado en forma alarmante, acompañada de una descomunal dosis de impunidad, de un total descontrol y de una ola de corrupción.
Con nada que celebrar, Calderón inicia su cuarto año con una población agraviada con las medidas económicas anunciadas y con la aplicación del engendro fiscal del PRI, PVEM y PAN. La cuesta de enero es aún más delicada sumada a la estupenda novedad sobre los impunes gasolinazos suministrados por el Cordero de Hacienda, que pretenden ayudar a paliar el hoyo negro de las finanzas públicas a costa de millones de mexicanos y qué tanto es tantito…
Y como era de esperarse, amable lector, el alza de precios entró rápidamente en acción desencadenando la reacción de la incoherencia federal sobre lo que sucedía, por ejemplo, con el precio de la tortilla. Una vez más el gymboree (con minúsculas) muestra y demuestra descoordinación, incompetencia, torpeza y confusión ante acontecimientos que son detonadores de un descontento social que con el paso de los meses activa la mecha de la molestia que se viene coronando con episodios imperdonables de impunidad.
Episodios que venden la brutal imagen de Felipe con su violento Vive México y con el botón de un crimen que desgarró el ánimo de la sociedad. Una tragedia que le dio la vuelta al mundo y que seis meses después demostró que aquí no hay un Estado de Derecho sino un derecho del Estado para arropar, proteger y cubrir el poder de los apellidos. La nula aplicación de la ley para los responsables y dueños de una guardería en Hermosillo, Sonora, donde embodegaron a pequeños indefensos que murieron quemados vivos. Quemados vivos por la negligencia, descuido, desidia y abandono. 49 niños.
Tragedia que parece ser olvidada por los medios de intoxicación masiva, cuyo tiempo dedicado para dar a conocer los detalles de una personalidad frívola como Alejandra Guzmán y su balconeado trasero demuestra sin cortapisas su decrepitud y complicidad para salvaguardar el interés de una singular cúpula. Tragedia que consternó presentando no sólo las fallas del IMSS en su esquema de subrogación de guarderías que develó el distintivo tráfico de influencias de una decadente clase política sino la constante vulnerabilidad de los más desprotegidos…
Esos que vieron con horror cómo salieron libres todos los detenidos, todos los eslabones más débiles de la cadena (del retrete) de criminales en el imperdonable episodio de la guardería ABC.
Ése que por sí sólo demuestra que en este (des)gobierno la única ley que vale es la del más poderoso. La del más influyente. La del intocable.
La ley que, parajodas del calderón de la vida, incluye también la protección del nombre del hombre de Forbes. Del nombre de uno de los hombres de la revista Time. De ese hombre chaparrito que con su cártel suministra el mercado más grande del mundo, cuyas autoridades también están infiltradas, y que han diagnosticado a México, my friend, como un foco rojo que tintinea emocionado ante la convulsión de este 2010.
¡Felicidades!
gomezalce@aol.com
Fuente: Milenio

Viene el último revés...

JOSé GIL OLMOS

La Suprema Corte de Justicia de la Nación parece inclinarse por invalidar las leyes locales que permitieron al gobernador de Sonora tratar de bursatilizar deuda pública y manejar recursos del erario mediante un fideicomiso privado. Si se confirma el fallo en el presente agosto, el mandatario priista podría enfrentar cargos legales y heredaría a la administración del panista Guillermo Padrés una pesada carga financiera y un litigio con Banorte.

El Plan Sonora Proyecta, con el cual el gobernador Eduardo Bours prometía elevar los niveles de desarrollo del estado, se tambalea en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).Una mayoría de ministros de esta instancia estaría por invalidar leyes locales de 2007 que permiten al gobierno estatal endeudarse con 10 mil millones de pesos mediante un fideicomiso privado, recursos que luego se complementaron con un crédito de Banorte por 4 mil 588 millones de pesos y que también podría entrar en litigio.Al menos ocho de los 11 ministros de la SCJN se inclinan en este sentido, de acuerdo con un sondeo interno reciente al que este semanario tuvo acceso. De concretarse el fallo, previsto para el mes actual, el gobernador Bours heredaría serías dificultades para pagar los préstamos al gobierno entrante del panista Guillermo Padrés, e incluso podría enfrentar juicios penales, señala el excoordinador de la bancada panista en el Congreso sonorense, Florencio Díaz, actual delegado de la Comisión Nacional del Agua.“Hay que ver hasta dónde llega la Corte, si se va a fondo y si invalida las leyes que dieron origen al Plan Sonora Proyecta, así como determinar cuál es la responsabilidad del gobernador y cómo se va a resolver el problema de la deuda”, anticipa Díaz, uno de los que promovió el recurso de inconstitucionalidad que está por resolver la SCJN.En agosto de 2007, el gobernador Eduardo Bours envió una serie de iniciativas de ley al Congreso del estado para crear un fideicomiso de financiamiento que captaría 10 mil millones de pesos mediante la emisión de bonos al mercado bursátil garantizados con activos o el cobro de diversos impuestos como el predial, las nóminas del estado y el cobro de las placas de los automóviles.En un principio, el diseño de este instrumento fue atribuido al exsecretario de Hacienda, Pedro Aspe, y su empresa de asesoría financiera Protego. Sin embargo, en una carta fechada el 16 de junio pasado, el economista negó ser el autor y señaló a Eugenio Sepúlveda, del despacho White & Case, como el responsable del proyecto de la Ley de Deuda Pública sonorense que contempla este fideicomiso, la cual fue aprobada el 23 de agosto de 2007 con los 16 votos de la mayoría priista, a la que se sumó un voto del diputado del Partido del Trabajo, Mónico Castillo Rodríguez, que luego fue expulsado de su partido. Así, superaron a los 16 legisladores del PAN y PRD que votaron en contra.Dos semanas después, el 6 de septiembre, la oposición presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia contra diversas modificaciones a la Ley de Deuda Pública. El argumento principal es que la Constitución local y la nacional no permiten que una entidad privada, como es un fideicomiso, maneje recursos públicos, como pretende hacer Bours con el Plan Proyecta Sonora.Antes de que se presentaran las iniciativas al Congreso estatal, Bours se quejó de que nadie entendía el mecanismo financiero que proponía. “Lo que hace el Plan Proyecta Sonora es atraerse los flujos de estos impuestos, los pone a concursar a ver quién paga más por ellos y esos son los recursos que nosotros calculamos sacar. Es decir, no adquirimos deuda, tendremos 9 mil millones de pesos”, explicó en una entrevista publicada en junio de 2007.En su defensa alegó que no se pagaría más de la deuda heredada por la administración anterior, estimada en 5 mil millones de pesos, sino que al bursatilizar esa deuda se conseguirían recursos frescos para el Plan Sonora Proyecta, el cual tendría una derrama de 152 mil millones de pesos.Sin embargo, cuando la SCJN aceptó el recurso de inconstitucionalidad, en diciembre de 2007, los planes del gobernador se pararon. Durante los siguientes cuatro meses, las 161 obras del Plan Proyecta Sonora quedaron en suspenso, principalmente carreteras, plazas, puentes, parques y un centro cultural en la capital Hermosillo. Según estimaciones de la cuenta pública del gobierno estatal, la interrupción en el lanzamiento de los bonos y el consecuente retraso de las obras representó un costo de 520 millones de pesos.Ante este panorama, en abril de 2008 el gobernador Bours acudió a Banorte –del que fue socio en algún momento– y pidió un préstamo de 4 mil 588 millones de pesos, de los cuales 4 mil millones se destinaron a las obras que estaban suspendidas y el restó se utilizó para gastos de constitución del crédito y de reservas.Sin embargo, de las 161 obras programadas originalmente sólo se iniciaron 116, en las cuales se ejercieron mil 479 millones de pesos, según la cuenta pública de 2008. El resto del ejercicio se programó para este año, lo que fue denunciado por PAN y PRD como una maniobra electoral.En manos de la CorteEl expediente 163/2007 que contiene el recurso de inconstitucionalidad contra el Plan Sonora Proyecta parece estar listo para analizarse en agosto, una vez que los ministros de la SCJN regresen de vacaciones. El ministro ponente es José de Jesús Gudiño Pelayo y, según el sondeo realizado hace unas semanas, su proyecto de sentencia invalidaría las leyes que sustentan el plan financiero de Bours.Si se confirma ese fallo, la SCJN tendría que determinar si el pago de los créditos contratados estaría previsto en el presupuesto de egresos que tiene que aprobar el nuevo Congreso del estado. Una posibilidad es que tanto la contratación como el pago de los créditos dejen de tener sustento jurídico; la otra es que se haga una reforma que permita incluir una partida para cubrir esa deuda.En cualquier caso, asegura Díaz, si se invalidan las normas que sustentan el Plan Sonora Proyecta, se tendría que revisar si existe responsabilidad penal del gobernador y los funcionarios que firmaron dichos créditos mediante un mecanismo privado, como es el fideicomiso.El excoordinador de los diputados locales panistas recuerda a Bours desestimando un probable fallo de la SCJN en su contra; el gobernador se jactaba de que eso “no afectaría al crédito ya otorgado porque no tendría retroactividad en perjuicio de lo que ya se hizo”.

–En el caso de que se invalidaran las leyes que sustentan el Plan, ¿qué consecuencias habría?

–Depende de cómo resuelva la Corte. Lo primero es que habría que modificar la ley, y eso ayudaría a que no se vuelva a endeudar al estado mediante mecanismos ilegales, como pienso lo hizo con el Plan Sonora Proyecta. Lo segundo es ver si se pueden fincar responsabilidades al gobernador por haberlo hecho fuera de la ley. Para Florencio Díaz, la deuda que Bours contrajo con Banorte “también es ilegal porque no cumplió con la obligación de informar al Congreso en un plazo de 10 días en caso de contratar un crédito a través de este mecanismo. También debería haberse incluido en la Ley de Ingresos de 2008 y no lo hizo, lo que incluyó fue la burzatilización de la deuda mediante la emisión de bonos, como lo contemplaba el Plan Proyecta Sonora”, explica.Además, “el gobernador creó una entidad privada para manejar recursos públicos y eso no es admisible. Ese ente privado estaría cobrando los pagos de las placas, el impuesto sobre nómina, y no es posible que una entidad privada cobre impuestos, las únicas facultadas son las entidades públicas, el gobierno”.Para colmo, el Instituto de Fiscalización del Congreso quedó literalmente inhabilitado para supervisar esos fondos, “porque prácticamente están privatizando los recursos al crear este ente privado, y eso es otra violación a la Constitución”.El exdiputado local Florencio Díaz, que compitió por la candidatura del PAN a gobernador, subraya que “hay mucha tela de dónde cortar y los diputados actuales bien podrían meterse de lleno y ver qué responsabilidad tiene el gobernador”.

–En el escenario de que se invalidaran las leyes que sustentan el Plan Sonora Proyecta, ¿el Congreso no podría incluir ninguna partida en el Presupuesto de Egresos al pago de dichos créditos ya adquiridos?–Supongo que eso lo tendrá que ver la Corte para determinar el estatus legal del crédito ya otorgado. Si resuelve en contra del gobernador y ordena que se modifique la ley, pero por otro lado reconoce que lo hecho ya no se puede cambiar, supongo que eso implica que las partidas para el pago estarían sustentadas en la resolución, es decir, tendría que permitirle al Congreso aprobar partidas para su pago.Pero en caso contrario, dice, “entonces el Congreso no podría aprobar partidas para su pago” y el gobierno podría enfrentar un litigio con Banorte, que exigiría el pago del préstamo por 4 mil 588 millones de pesos.

–¿No tendría que responder el nuevo gobierno del estado por esa deuda?–Pues tendrían que responder los funcionarios que firmaron. Eso depende de la resolución de la Corte, de qué tan a fondo se meta en todos estos detalles.El fracaso de BoursDurante la administración de Eduardo Bours, que terminará en septiembre próximo, su familia se vio ampliamente favorecida con la creación y ampliación de empresas turísticas, inmobiliarias, piscícolas, avícolas y de televisión, con las cuales aumentó considerablemente su fortuna. Pero el jefe del clan resultó un fracaso en el manejo de la administración pública.“Si tomamos en cuenta que ya tenía una deuda de más de 5 mil millones y que se endeudó con otros 4 mil, estimo que son más de 10 mil millones de deuda de corto plazo, lo que convertiría a Sonora en el estado más endeudado por habitante del país”, asegura el panista Florencio Díaz.La mala noticia es que el estado no tendría recursos para cubrir esos compromisos. En el trienio pasado, el Instituto Mexicano de la Competitividad ubicó a Sonora en primer lugar de deuda pública y en el último de los estados fronterizos en términos de competitividad y desarrollo democrático.“No hay transparencia ni rendición de cuentas”, asegura Díaz, quien se dice preocupado porque la administración panista entrante encontrará grandes cargas financieras. Por si fuera poco, señala que antes de salir Bours podría dejar al estado no sólo endeudado sino confrontado, pues pretende impugnar el resultado adverso de la pasada elección del 5 de julio, en la que perdió su candidato, Alfonso Elías Serrano, contra el panista Guillermo Padrés, por una diferencia de casi 40 mil votos.“Me parece que es una acción innecesaria, ociosa, que no ayuda a que el gobierno cierre con un ambiente de conciliación y de acuerdos”, advierte. l

Un crimen sin castigo

Miguel Angel Granados Chapa

Hoy se cumplen dos meses del crimen que privó de la vida a 49 niños en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, el 5 de junio. Treinta y ocho de ellos murieron ese mismo día, quemados y por asfixia a causa del incendio iniciado en una bodega gubernamental que compartía espacio con la estancia subrogada por el IMSS. Desde entonces, la muerte ha ganado la carrera a la justicia: murieron 11 pequeños más, hasta el 25 de julio, mientras que sólo una persona ha sido detenida por ese terrible suceso (y quizá a esta hora está ya libre, pues un tribunal federal le concedió antier la libertad bajo fianza).Apenas salieron del pasmo que les produjo la irrefutable muestra de su indolencia, influyentismo y corrupción, el gobierno de Sonora y el gobierno federal cruzaron acusaciones, reproches e invectivas. No se apresuraron, sin embargo, las averiguaciones penales, que inicialmente fueron emprendidas por el ministerio público local y atraídas el 24 de junio por la Procuraduría General de la República. La local solicitó el día 19 anterior dieciocho órdenes de aprehensión, principalmente contra funcionarios del gobierno estatal y del IMSS. Obtuvo 13 mandamientos de detención y sólo pudo cumplir siete. Cinco de los afectados quedaron libres bajo fianza, pagada por el sindicato de burócratas estatales, al que pertenecen: son los empleados de la bodega de la secretaría local de finanzas donde se originó el incendio que se propagó al espacio vecino, indebidamente ocupado por una guardería que en realidad era una bodega de niños. Otra persona más fue dejada en libertad de inmediato, de modo que sólo una funcionaria del IMSS, Irma Crescencia Díaz Gómez, coordinadora zonal de guarderías en Sonora, ha permanecido en prisión, porque se le negó fianza para quedar libre. Anteayer lunes obtuvo una resolución favorable, que si a esta hora no ha sido cumplida puede dejarla en libertad en cuanto pueda reunir el monto de la garantía, superior a dos millones de pesos.Ya bajo la competencia federal, la PGR solicitó el 1 de julio nueve órdenes de aprehensión a un juez de distrito, que las obsequió el 4 de julio y se refieren a los cinco dueños de la guardería subrogada por el IMSS y a cuatro funcionarios de ese instituto. Pero el haber iniciado la persecución treinta días después del crimen permitió a los inculpados desaparecer. Sonó por eso ridículo —los resultados lo son en mayor medida— que se solicitara a Interpol la emisión de la ficha roja, la orden internacional de aprehensión que hoy, cuando se cumplen dos meses del siniestro, no han sido ejecutadas.No ha habido otro tipo de sanciones. Se conjetura que el PRI perdió por el caso de la guardería la gubernatura sonorense, en lo que constituyó la única victoria panista, pero no hay base firme para asegurarlo, pues el castigo pudo haber sido asestado por igual a los partidos contendientes, a que pertenecen los funcionarios involucrados. Hubiera podido registrarse como puniciones a su irresponsabilidad la salida de dos altos funcionarios del IMSS, los que directamente manejaban las guarderías y el régimen de subrogación, pero los puntillosos voceros de la institución se cuidaron de hacer saber que se habían marchado por voluntad propia y sin relación alguna con la muerte de medio centenar de niños puestos a su cuidado. El gobernador Eduardo Bours y el director del IMSS, Daniel Karam, han pasado momentos difíciles ante los padres de las víctimas, ante la opinión pública —y el funcionario federal ante el Senado— pero sus tragos amargos, apurados con una buena dosis de cinismo por el gobernador, distan de ser una sanción social que guarde proporción con la magnitud del daño causado.Sólo un efecto positivo ha surgido, no de la tragedia —que sólo produjo dolor y ningún género de bien— sino de su abordamiento público. Consiste en que se ha puesto en cuestión el modelo por el cual cumple el IMSS su deber legal de otorgar a sus derechohabientes el servicio de guarderías. Lo hace a través de la subrogación, es decir pagando a particulares el otorgamiento de dicho servicio, que se ofrece sobre la base del menor costo —en perjuicio de los destinatarios— y la mayor utilidad. Por esta última circunstancia el negocio de guardar niños se ha convertido en dedicación favorita no de profesionales de la puericultura y la educación, sino de validos de políticos con eminencia regional. Parientes de Bours aparecieron desde el primer día como beneficiarios de estas empresas propiciadas por un Estado blandengue, que quizá es inferior y peor que el fallido, porque éste no puede cumplir sus funciones mientras que aquél finge hacerlo.Los padres de las víctimas, al comprobar día con día que las demoras ministerial y judicial eran formas de complicidad, acudieron a otras instancias para acuciar a las autoridades formalmente encargadas del caso. Solicitaron a fines de julio a la Suprema Corte de Justicia una investigación constitucional sobre violaciones graves a las garantías individuales. El pedido resultó doblemente impertinente para los ministros: estaban a punto de comenzar sus vacaciones y crece su renuencia a aplicar el artículo 97, que los faculta para ese tipo de indagación. El ministro Sergio Valls hizo suyo el pedido de las familias y mañana el pleno resolverá si acepta o no, conforme a un proyecto del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.Por su parte, la CNDH emitió anteayer una recomendación que hemos de examinar.— México, D.F.
ma@granadoschapa.com

Inversionistas pierden confianza en el peso

Dinero
*Inversionistas pierden confianza en el peso
*Podría devaluarse hasta $15 a finales de año
*Otra marcha hoy, por el multicrimen de Hermosillo
Enrique Galván Ochoa

Las economías de otros países –Estados Unidos, Japón, China, Canadá– están volviendo a crecer, mientras la de México se hunde más. El mercado internacional de divisas pierde la confianza en que el licenciado Calderón podrá hacer que el PRI lo acompañe en la impopular medida de subir los impuestos, condición indispensable para equilibrar el déficit presupuestal y dar un respiro al peso, la moneda con el peor desempeño reciente entre otras 15, de acuerdo con una incisiva nota publicada ayer por la agencia de información financiera Bloomberg, propiedad del alcalde neoyorquino Michael del mismo apellido. “Los estrategas de Morgan Stanley –añade– afirman que la economía de México se dirige a un insostenible déficit como resultado del declive del ingreso petrolero, mientras que RBC Capital Markets aconseja a los inversionistas vender sus pesos”. Otras citas entresacadas de la misma información: los inversionistas están apostando a que el peso se desplomará después de que Calderón perdió terreno en el Congreso en las elecciones de julio, una derrota que UBS AG y Putman Investment consideran que le hará más difícil ganar apoyo a subir los impuestos. Standard & Poor’s puso la deuda mexicana en perspectiva negativa, en mayo, cuando la más rápida caída en la producción de petróleo desde la Segunda Guerra Mundial minó los ingresos del gobierno. También citado por Bloomberg, Rogelio Ramírez de la O, director de Ecanal, afirma que el resultado de la elección fue muy adverso; vamos a ver un estancamiento en todas las decisiones económicas fundamentales”, y prevé una nueva devaluación que llevará a nuestra moneda a cotizarse en 15 pesos por dólar para finales de año. Hasta hoy la predicción más negativa era la del Grupo Financiero Invex, que la colocaba en $14.25. Hace pocos meses ya anduvo cerca de $16 pero recuperó terreno.
Aumentazos
En horas recientes el gobierno calderonista ha decretado aumentazos a las autopistas y la electricidad, y prepara otros al gas natural y LP, y la gasolina, en una desesperada maniobra orientada a levantar la recaudación fiscal, tranquilizar a los inversionistas internacionales con enormes capitales en Cetes y otros bonos gubernamentales, con el propósito de evitar una oleada de fugas que dejarían la moneda convertida en una desgracia –una mayor. Servicios y productos puede encarecerlos a su antojo el licenciado FChamoy sin autorización del Congreso; sin embargo, para subir los impuestos necesita esperar a septiembre a que se instale la nueva Cámara de Diputados. Requerirá de los votos del PRI, es decir, deberá echar mano al eficaz mecanismo de concertacesión. No es difícil, el PRI es el mismo de siempre. Por otro lado, al telesaurio –el núcleo del verdadero poder político-financiero– no le conviene un desplome total. Sentará a negociar a sus dos equipos, el blanquiazul y el tricolor, con la consigna de que se pongan de acuerdo en una serie de cargas fiscales que caerán sobre las familias y las empresas. Al tiempo…
Las puertas del secreto
Un ciudadano solicitó al IFAI que le proporcione la identidad de los bancos comerciales, particulares, a los que el Banco de México vendió mil 60 millones de dólares de forma directa. Además, pidió el dato del tipo de cambio al que fueron vendidos. El caso quedó en el escritorio de la presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard. Puede anticiparse que la información será reservada por varias décadas, ya que si prosperara otros ciudadanos solicitarían que se revelara la identidad de los que han adquirido alrededor de 30 mil millones de dólares en subastas y asignaciones directas, lo que destaparía una caja de Pandora. Es un mito la autonomía del IFAI.
No se apaga el incendio
A dos meses de la tragedia en la guardería ABC, de Hermosillo, diversas organizaciones ciudadanas y personas indignadas por la injusticia se congregarán en un plantón hoy a las siete de la tarde, frente al edificio del IMSS, en Paseo de la Reforma 476, para exigir que se castigue a los culpables del multihomicidio. El punto inicial de reunión es el Ángel de la Independencia, de ahí marcharán al edificio del Seguro Social. Entre los convocantes figuran: Jesusa Rodríguez, Clara Ferri, Mujeres sin Miedo: Ofelia Medina, Begoña Lecumberri, Carmen Huete, Francesca Guillén, Claudia Santiago, Giovanna Cavasola, Andrea Medina y Humberto Robles. Por otro lado, los ministros de la Suprema Corte decidirán mañana si emprenden una investigación sobre el caso. Es probable que se rehúsen, es enorme la presión de Los Pinos para deslindar al apellido Gómez del Campo del horrendo crimen.
www.angelesenespera.org/
e@Vox Populi
Asunto: tarjeta HSBC
Para no hacerle largo el cuento: la identidad de mi tarjeta corporativa fue robada y se hicieron cargos a finales de noviembre y diciembre de 2008. Yo me percaté hasta que recibí el estado de cuenta en enero de 2009. El mismo día me comuniqué con HSBC y reporté los gastos no reconocidos. HSBC me informó que la investigación tardaría seis meses, ya que los gastos se hicieron en Estados Unidos (Palm Beach). Al día de hoy no he recibido notificación del banco. Sin embargo, en mi empresa quieren empezar a descontarme los 20 mil 500 pesos que se gastaron vía nómina.
Juan F. Hernández/ Ciudad Juárez
R: Seis meses me parece demasiado tiempo para hacer la investigación. ¿Dónde están los vauchers que supuestamente firmó usted?
Encuesta
¿De veras necesitamos otra cédula de identidad, además de las que ya tenemos? ¿Quién o quiénes serán los hildebrandos del contrato de 3 mil millones de pesos? ¿Se justifica que por un lado el gobierno suba la luz y las autopistas y por otro arme estos negociazos? Este es el tema de nuestra encuesta de esta semana. www.elforomexico.com
galvanochoa@yahoo.com • Foro: http://dinero.tv/mexico/index.php

Crimen sin castigo

Jacobo Zabludovsky

Pasado mañana se cumplirán dos meses de la tragedia de la guardería y uno de la del PAN.Ninguna comparación entre ambas. Cuarenta y nueve niños no se lo merecían. El PAN sí. A lo largo de su historia, México ha definido algunos gobiernos según su acontecimiento más calificado.

Así recordamos, para citar ejemplos, el régimen de Benito Juárez asociándolo al fusilamiento de Maximiliano, culminación de la defensa jurídica de un Estado soberano. El gobierno de Venustiano Carranza fue el de la Constitución. El de Plutarco Elías Calles se une al nacimiento del primer partido revolucionario, origen del PRI. Emilio Portes Gil, la autonomía a la Universidad Nacional. Lázaro Cárdenas expropió el petróleo de manos de las desafiantes compañías extranjeras. Manuel Ávila Camacho y la guerra mundial. Gustavo Díaz Ordaz se retrata en el Tlatelolco de 1968. Miguel de la Madrid, en el terremoto de 1985. Ernesto Zedillo, en la transmisión pacífica del poder a un partido de oposición por primera vez en 70 años. El actual gobierno puede pasar a la historia por la calcinación de 49 niños y quemaduras a 20 más. A menos que algo peor ocurra de aquí al término cronológico de su mandato. No sólo el hecho aislado del pavoroso desastre, suficiente para llenar un capítulo del sexenio, sino la corrupción que lo antecedió y siguió después, en un intento de manipular políticamente el luto de tantas familias y el trauma de toda una sociedad. La Tragedia de la Guardería habrá de escribirse con mayúsculas, título del episodio convertido en prototipo de una época de México. El cinco no es única liga entre el incendio y la votación. Están encarnados como una mala uña. El informe del director del Seguro Social sobre nombres y cargos de propietarios, accionistas, directores y representantes legales de las guarderías se dio, después de una espera nacional de más de un mes, tres días después de las elecciones. Los apellidos de numerosos personajes eran de poderosos políticos. Su difusión podría hacer disminuir el número de votos del partido en el poder. Los principales involucrados, identificados desde el primer momento, tuvieron todo el tiempo del mundo y lo aprovecharon para huir con rumbo desconocido. Cuando estaban lejos y escondidos, las autoridades, que habían compartido asientos con ellos, pidieron a la Interpol su búsqueda urgente. En aquel primer informe se supo que de mil 437 guarderías subrogadas sólo 16 fueron licitadas. Las demás se adjudicaron directamente a los grupos solicitantes formados en su mayoría por hombres y mujeres influyentes. No se explicó el método ni hubo transparencia de las licitaciones, asunto digno de ventilarse, aunque las instaladas así son menos del 2 %. Nada se dijo entonces del criterio seguido para asignar, más del 80 % restante, de manera directa. El acceso a la información se complicó, los mal pensados dicen que de eso se trataba, debido a que la lista de guarderías subrogadas se subió a internet en un formato muy difícil de consultar. Para llegar a los nombres buscados es necesario revisar estado por estado y guardería por guardería, aparte de que algunos enlaces electrónicos resultan inaccesibles. El vulgo, es decir usted y yo, se queda en Babia. Sin embargo, no ha sido necesario descifrar la piedra Roseta. Todos sabemos oír, que es más fácil, y casi todos leer. Y por las orejas y los ojos creció la percepción de que desde el principio jugaron al laissez faire y laissez passer. Pero hubo columnas y noticiarios de radio en que no dejamos de mantener vivo el profundo malestar popular, evitamos el carpetazo, descubrimos ocultos hilos de los tejidos sucios. Terminó el mes de julio más desastroso de los últimos tiempos para un gobierno, si destacamos la derrota del PAN en las elecciones, su poco estilo para asimilar el golpe y las cuarteaduras internas de sus cuadros no preparados para la desventura. Más desastrosa para lo que queda de la imagen panista fue la publicación de los detalles de eso que llaman asignación de guarderías. Los hombres se miden en función del tamaño de los obstáculos a vencer. Igual los gobiernos. No midamos ahora el tamaño del drama de Hermosillo, baste comprobar que el gobierno no pudo superarlo. Los indicios no son alentadores. Haber fomentado la impunidad de los culpables, desde los que repartieron permisos para enriquecer a sus cuates o intercambiar favores, hasta quienes siguen creyendo que dormirán como bebés, no son cosas fáciles de perdonar. Ni siquiera de olvidar. Creen que este será otro crimen sin castigo. Se equivocan.

Ceses tardíos en el IMSS, ¿son para dar impunidad?

México SA
*Ceses tardíos en el IMSS, ¿son para dar impunidad?
*Pide médico del ISSSTE a la alta burocracia atenderse en éste, el IMSS o Seguro Popular

Carlos Fernández-Vega

Que siempre sí fue corresponsable de la tragedia en la guardería ABC de Hermosillo en la que murieron 48 niños y más de 40 resultaron gravemente lesionados; que siempre no fue suficiente la experiencia como gerente del restaurante guanajuatense El Gallo Pitagórico, ni su conocimiento como diseñadora de interiores para desempeñar un cargo que obtuvo por mera amistad con el grupo que toma decisiones (aunque sean desastrosas); que siempre sí Carla Rochín Nieto causa baja como coordinadora nacional del sistema de guarderías del IMSS, porque tratándose de sobrevivencia política el funcionario grande se come al chico, como no hace mucho esta “muy amiga” de Margarita Zavala se engulló a los más pequeños que ella, y antes de pasar por el proceso digestivo de alguien por arriba de él, Daniel Karam procedió a defenestrarla.
Cuarenta y tres días después de la tragedia en la ABC de Hermosillo y sin mediar denuncia penal alguna –es decir, en sentido contrario de como procedió Karam con los burócratas expiatorios de la Delegación Sonora–, ayer la pitagórica señora Rochín Nieto dejó de ser la “coordinadora” nacional del sistema de guarderías del IMSS, un cargo que, por lo demás, nunca debió ocupar. Pero así “funcionan” las cosas en este país: resulta más que suficiente ser amigo de alguien que de la nada se encumbra políticamente, para roer hueso de oro, y en este sentido el gabinetazo calderonista es fuente inagotable de ejemplos.
Se va la Rochín, pero se cae para arriba. Oficialmente le quitan el puesto para protegerla, más que para responsabilizarla. Libre de cualquier tipo de proceso judicial, recibirá suculenta liquidación, la mandarán pitagóricamente a vacacionar una temporada y después decidirán qué nuevo hueso roerá. El mismo irresponsable que la designó –que hoy juega a los avioncitos– como coordinadora nacional de guarderías del IMSS, ahora la retira de la plaza pública para que la impunidad y la enclenque memoria colectiva hagan el resto.
Es la misma diseñadora de interiores que a mediados de agosto de 2008 presumía la privatización de la seguridad social: “la necesidad de abrir más espacios (subrogados) es por la demanda de las madres trabajadoras, que tienen la necesidad de que cuiden de sus pequeños con calidad y calidez para que ellas puedan laborar”, como las de Hermosillo.
Junto a ella, otro pez más pequeño que Karam. Al igual que la Rochín –con jugosa liquidación y libre de proceso penal alguno–, el hasta ayer director nacional de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, Sergio Antonio Salazar, gozará de cómodas cuan obligadas vacaciones, mientras algo le encuentran en otro lugar y tiempo. La duda es: si siempre fueron corresponsables, ¿por qué tardaron tanto en darlos de baja? O si se prefiere, ¿si “nada tuvieron que ver” en la tragedia de Hermosillo –como señalaba la versión oficial–, por qué los separan del cargo?
Habrá que ver en qué medida le sirve a Karam este nuevo “muro de contención”, porque el nivel de coprolitos sube y engulle, con lo que los peces grandes se convierten en chicos en la cadena alimenticia de la política nacional.
Las rebanadas del pastel
De los lectores, sobre el desbarajuste en el ISSSTE: “soy médico internista en el ISSSTE Zacatecas. Sugiero que la alta burocracia (presidente de la república, gobernadores, ministros, legisladores, etcétera), con sus respectivas familias, se afilien al Instituto, el IMSS o el Seguro Popular para que se den cuenta de lo que sufre la gente de a pie, a ver si de esa forma les da por verdaderamente invertir en la mejora de las instituciones de salud. Sí, existe personal (médico, paramédico, enfermería, administrativo de confianza etcétera) con poca sensibilidad hacia los derechohabientes, y si se le busca encontraran todo tipo de anomalías (robo de medicamentos, venta de los mismos, cobrar por adelantar una cita y/o cirugía etcétera), pero es injusto que a todos se nos tilde de la misma manera (…) También hay de otros: quienes nos dedicamos a trabajar y a veces a hacer milagros con lo poco que tenemos de material, con el exceso de pacientes, ya que los problemas de este tipo se originan por la carencia de insumos y la burocracia institucional. A veces sí hay insumos, pero cuando se requieren por las noches, madrugadas o fines de semana éstos se encuentran guardados o almacenados. Si no hay medicamentos, equipos adecuados, qué ganamos con tener el conocimiento de saber utilizarlos sino existen o no se encuentran dentro del cuadro básico. Ejemplo: una persona que acudió a nuestra institución requería un marcapaso definitivo, como se supone que es un procedimiento que en teoría no se realiza en nuestro hospital se tiene que enviar al hospital de referencia que le corresponde, en este caso Guadalajara; si lo reciben fue muy afortunado, si se obtiene negativa se hace a México la misma solicitud y si nuevamente dan negativa se comienza la tramitología para la compra del mentado marcapaso, y una vez que llega es instalado por el cardiólogo de nuestra institución. ¿No es mucha pérdida de tiempo? Esta paciente estuvo esperando más de dos semanas dichos trámites, y mientras tanto tenía colocado un marcapaso transitorio con los riesgos que eso conlleva (el tener un catéter vascular por periodos prolongados lo predispone a infección: endocarditis). Pero claro, si el paciente es influyente, familiar o recomendado de alguien así, entonces se mueve cielo mar y tierra para que todo sea inmediato. El único y verdadero hospital de alta especialidad a nivel ISSSTE es el 20 de Noviembre; los regionales muchas veces no tienen todo lo necesario o se encuentran saturados de pacientes, por lo que sigue siendo centralizada la atención medica de alta especialidad. No he sabido que construyen nuevos hospitales del ISSSTE: son los mismos desde hace varios años con múltiples carencias. No todo radica en la atención médica, existen responsabilidades a otros niveles, pero siempre se acusa al personal médico de lo malo de las instituciones. Si un paciente en estado crítico o con enfermedad grave sale adelante, aún con las limitaciones que comento, entonces fue ‘gracias a dios’, pero donde se complique, y no necesariamente por negligencia como tanto se menciona, ahí si la culpa fue del médico… También a nosotros nos descuentan quincenalmente el servicio médico, el ISR que con el gobierno de Calderón aumentó (excepto el salario); pagamos impuestos de otro tipo, por lo que los sueldos de cualquier trabajador federal también corren por nuestra cuenta, y no sólo los de los prestadores de servicios del ISSSTE. Si llegan a revisar el sueldo base de un médico especialista, comparado con el de otro tipo de burócratas, se darían cuenta de la desproporción existente” (se omite el nombre del remitente, no vaya a causar baja).
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx

Exigen dimisión de Calderón, Karam y Bours por el incendio en la estancia

Familiares de los niños fallecidos durante el incendio de la guardería ABC, marcharon en Hermosillo por sexta ocasión en demanda de que se detenga a los culpables del siniestro. Foto Ulises Gutiérrez

Ulises Gutiérrez

Hermosillo, Son., 11 de julio. El Paseo Río Sonora, una avenida deshabitada, a un costado del Centro de Gobierno, se iluminó la no-che del sábado con miles de velas y lámparas portadas por los participantes de la sexta marcha por la justicia, que en esta ocasión inició desde lo que fueron las instalaciones de la guardería ABC, cuyo incendio ocurrido el 5 de junio dejó un saldo de 48 niños muertos y decenas de heridos.

Abraham Fraijo, padre de uno de los niños fallecidos y orador del mitin con que concluyó la protesta, exigió la renuncia y el encarcelamiento de Daniel Karam, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como las dimisiones del presidente Felipe Calderón y del gobernador Eduardo Bours Castelo, por la evidente protección que dan a los responsables, ya que a 37 días de la tragedia no hay ningún verdadero culpable detenido.

Criticaron las declaraciones de Bours Castelo de que duerme como bebito, pues insulta la inteligencia y la dignidad de los padres de las víctimas. Por eso, anunciaron que la próxima marcha finalizará en la casa de gobierno, donde habitan el mandatario estatal y su familia.

Muchos de los 20 mil asistentes llevaron mantas. El sonido de los tambores acompañó la caravana, mientras la mayoría de los participantes vestían de blanco y cientos llevaban camisetas con la leyenda: Exigimos justicia.

Con una temperatura superior a los 40 grados centígrados, la marcha comenzó a las 18:30 horas (20:30 de la ciudad de México), 60 minutos más tarde de lo acostumbrado, lo que dio mejor marco para el encendido de las velas y la iluminación al llegar el punto final, ya de noche.

Padres y familiares de las víctimas, que portaban fotografías y mantas con la imagen de los infantes fallecidos, encabezaron la movilización.

A 36 días de la conflagración de la guardería subrogada por el IMSS, 27 personas han sido consignadas por el siniestro, pero solamente una de ellas se encuentra presa en un penal de esta capital.

Y la CIA ¿qué?

María Teresa Jardí

Probablemente hoy nos levantaremos o nos habremos acostado ayer con la noticia de que el PAN ganó el gobierno de Sonora. A un precio altísimo. La vida de 48 niños y la desgracia de otros que tendrán mermada para siempre la salud, debido al siniestro IMPUNE acontecido en la guardería ubicada en una bodega propiedad de las familias gobernantes en Hermosillo. La disputa la habrá definido el manejo de la información sobre el manejo de las subrogadas guarderías del Seguro Social convertidas en negocio de familiares de la mafia política que controla el país como rancho propio. Tan involucrados, como los familiares priístas del gobernador Bours, están en ese crimen horrendo los familiares de la mujer del usurpador panista. Pero el PRI está en el gobierno y el voto de castigo es muy posible que lo haya recibido el PRI. A final de cuentas los pueblos agredidos de manera tan brutal, como lo es el mexicano por parte de toda la clase política, se defienden como pueden hasta que no pueden más y estallan y, claro entonces, el estallido es tan violento que acaba por sólo servir para derramar más sangre de la que de suyo, la pandilla mafiosa que controla el poder impunemente derrama.También, nos habremos enterado ayer de la suerte corrida por Zelaya en el país donde el golpe de Estado, apoyado por la Iglesia Católica, no tiene visos de poder ser revertido simplemente con la presencia de Zelaya. Quizá nos acostaremos también sabiendo que las masacres indiscriminadas han iniciado en ese país. A estas alturas, queda claro que los gorilas golpista están apoyados por el imperio gringo, otra vez, como antaño, siempre el imperio contra América Latina, en apoyo a los intereses más bastardos de los peores representantes de la humanidad entera. Visto está que no importa el color de la piel, a Michael Jackson no lo hizo mejor persona el cambiar el negro por el blanco y a Obama, el negro de la piel no le quita lo blanco que es por lo que toca a la ideología que lo acompaña. Luis Cisneros ha escrito y dice bien que Zelaya debió regresar el jueves a Honduras, tal como lo había anunciado, sin dar la oportunidad a los golpistas de afianzarse en el poder y sin dejar que el avance de la campaña desinformativa, basada en la defensa constitucional y en el populismo inaceptable de Zelaya, siguiera avanzado y también en aras de parar la represión en marcha contra el pueblo hondureño. Además de los muchos justificadores a modo del golpe, se empiezan a sumar los que, “gracias a Dios”, viven en Honduras y se han podido dar cuenta de los cambios de Zelaya “quien habiendo llegado como un populista de derecha, rápidamente, fue dando signos de lo rojo que era.”. Sí, con ese calificativo, aunque con más o menos palabras, circulan por la red los correos que, presumiblemente, la CIA manda para sensibilizar sobre la “bondad” de los gorilatos. Rojos fueron mis padres y mis abuelos, y roja soy yo desde que nací y espero morir así. Los equivocados no fueron los rojos. Los errores escritos tienen que ver con pecados capitales de gobernantes también aberrantes. Los postulados del comunismo siguen siendo la aspiración correcta para millones de personas. Mientras que el capitalismo se deshace en los charcos de sangre que son la expresión de su barbarie. El capitalismo es un fracaso. No importa que se le llame imperialismo o neoliberalismo o liberalismo o cualquiera de los ismos que se le quiera poner a esa expresión infame de control del mundo en contra de la mayoría y en beneficio de un puñado de impresentables canallas. El capitalismo es la expresión de la decadencia canceladora de las expectativas mínimas de vida de millones de personas, destructora de la naturaleza e impulsora de los más horrendos crímenes en que quiera pensarse. Puede ser que Zelaya de blanco, haya caminado a convertirse en rojo. Bien por él. Enhorabuena para nuestra América Latina. Imperdonable es el olvido que todos los apoyadores de es golpe infame hacen de los crímenes monstruosos que la CIA ha cometido a los que igual, se suma hoy, el asesinato o el encarcelamiento de Zelaya.

Marcha contra la impunidad

De la Lámpara de Diógenes:

La gente se comenzó a reunir desde antes de las diez de la mañana frente al edificio de las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre la avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Gran cantidad de cámaras de todos los formatos recogían el testimonio del dolor de unos padres que perdieron a sus hijos por la criminal negligencia de quienes piensan que hacer negocio particular es trabajar para México.



Pocos minutos pasaron y la enorme multitud que se había formado unió sus voces para exigir el retiro de las cámaras y micrófonos de los técnicos y reporteros de Televisa que ahí se encontraban. "¡Muera Televisa!", la consigna tantas veces escuchada tomó una inusitada fuerza ante el reclamo de los ciudadanos ahí reunidos por exigirle exponer la verdad, conminarla a ser realmente un medio que informa sin sesgo ni línea ni censura: un mes ha pasado desde el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Nadie ha respondido con la prestancia que supone la muerte de cuarenta y ocho niñas y niños, ahogados y quemados y otros más en dolorosos tratamientos ¿qué otro estímulo necesitan los medios de comunicación, la justicia, el gobierno y el sentido común para exhibir, juzgar y condenar a los culpables, tengan estos los apellidos que tengan?




El contingente avanzó rodeando la fuente de La Diana Cazadora y encaminó sus pasos hacia Polanco, a lo largo del trayecto un muy bien coordinado operativo de la SSP-GDF fue haciendo los cortes de tránsito necesarios para que los cientos y cientos de personas circularan mientras gritaban "¡Ni un voto al PRI! ¡Ni un voto al PAN!".





Varios automovilistas, desesperados por la interrupción de no más de 10 minutos en su recorrido sabatino, tocaban insistentemente el claxon de sus vehículos. Unos transeuntes nos preguntaron: "¿Y estos, de qué protestan ahora?" De que sus hijitos murieron quemaditos y ahogaditos en una guardería del IMSS y después de un mes no han consignado a los responsables --les contestamos. "Pero eso fue en Sonora, ¿qué hacen aquí?" respondieron molestos.





Más de dos mil personas que sí entendían por qué estaban ahí siguieron su paso hasta llegar a las oficinas de la representación del Estado de Sonora, en la calle de Goldsmith. Los fotógrafos y camarógrafos, impedían que los padres de familia llegaran hasta la puerta. Como se pudo se leyó la demanda. Las palabras que exigían justicia eran interrumpidas por el cliqueteo de las cámaras digitales y los insultos de los camarógrafos que se obstruían unos a otros.




Al final se pidió un minuto de silencio, Ofelia Medina hizo declaraciones y los medios arrancaban dolorosas palabras a los padres para alimentar los noticieros vespertinos.





Se citó el próximo miércoles 8 de julio a las 17:00 horas frente al Senado de la República, para protestar durante la comparecencia de Daniel Karam, donde intentará explicar lo inexplicable.