Karam y Gutiérrez Fragoso: acabar de hundir al IMSS

Gustavo Leal F.*

¿Por qué quiere Karam liquidar a 319 mil trabajadores del IMSS? ¿Estaba enterado Valdemar Gutiérrez Fragoso, diputado panista y archicuestionado líder del SNTSS?

Recientes estudios del actuario Carlos Soto muestran que, después de 14 años de operación de la reforma Zedillo a la Ley del IMSS (1995), las cuotas totales como porcentaje de los salarios de cotización han disminuido de 19.5 a 16.5 ¿Cómo impactan estas condiciones al IMSS?

Las cuotas patronales cayeron de 14.55 a 11.45 por ciento y las de los trabajadores bajaron de 4.125 a 1.4 por ciento, mientras la aportación del gobierno federal se elevó de 0.825 a 4.825.

Además, la ley Zedillo que privatizó el sistema de pensiones (apartado A), también ha generado una pérdida neta en el financiamiento del principal seguro del IMSS. Las cuotas al seguro de enfermedad y maternidad (SEM) pasaron –en 14 años– de 12.5 a 9.63 por ciento del salario de cotización.

¿Cómo pueden mejorar los servicios cuando se le han restado al SEM cuotas por 3.36 por ciento en 14 años? Es decir: ¡una pérdida de ingresos institucionales equivalente a 368 mil 879 millones de pesos! Respecto a 1997, los patrones aportan 1.65 por ciento menos, los trabajadores 0.66 y el Estado 1.05.

No sorprende entonces que desde 2001 la tecnocracia foxista (Santiago Levy), y después la calderonista (Molinar Horcasitas-Karam), propalaran sistemáticamente –toda una década– la crisis del SEM, a través del siempre apocalíptico Informe al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del IMSS.

Por ejemplo en su edición 2010-2011 consigna que la situación financiera que enfrenta el instituto es compleja y que el principal problema es el desequilibrio estructural entre las aportaciones al SEM, los gastos médicos de pensionados (GMP) y las obligaciones para atender a una población con necesidades de salud cada vez más complejas y costosas (p. V1).

¡Claro! ¡Si el SEM ha sido estratégicamente desfinanciado desde 1997!

Sobre los GMP –que las autoridades del IMSS publicitan para desprestigiar a los privilegiados trabajadores– el informe afirma que: en términos relativos, el déficit que observa la cobertura de GMP es uno de los más altos, ya que en 2011 representaría 139 por ciento de los ingresos por cuotas obrero-patronales y aportaciones del gobierno federal de la cobertura y, de acuerdo con las proyecciones realizadas, podría llegar a representar 436 por ciento en 2050” (p. 96).

El informe también aclara que, para determinar el gasto futuro de la cobertura de GMP, se consideró la población pensionada por el IMSS: trabajadores de empresas afiliadas, los propios del instituto y los nuevos pensionados, con estimados de la sobrevivencia calculados con bases biométricas aplicadas por las compañías aseguradoras de fondos de pensiones.

A diciembre de 2010 se trataba de 3 millones de pensionados: 43 por ciento son mujeres con edad promedio de 62 años y 56 por ciento son hombres con edad promedio de 65.1 años. La presión que ejercerán sobre los gastos institucionales, insiste el informe, será significativa por el aumento en la esperanza de vida y porque presentan con frecuencia enfermedades crónico-degenerativas de alto costo y uso más intensivo de los servicios médicos. Los pensionados sobreviven al retiro 20 años en promedio y crecerán a una tasa constante de 2.5 por ciento anual en términos reales durante los 100 años de proyección. En 2010, el costo promedio general obtenido fue de 14 mil 736 pesos anuales (pp. 261-262).

La visión oficial del cuadro estratégico del desfinanciamiento se completa con las enfermedades de alto costo y el impacto del régimen de jubilaciones y pensiones (RJP).

Respecto a las enfermedades de alto costo, el informe señala que: en 2050 el gasto médico que tendría que destinarse al tratamiento de diabetes mellitus, hipertensión arterial e insuficiencia renal sería mayor al esperado para 2011 en 439, 502 y 1,224 por ciento, respectivamente. El derivado del cáncer cérvico-uterino se incrementaría entre 2011 y 2050 en 372 por ciento, mientras que el correspondiente a VIH/sida y cáncer de mama aumentaría en 316 y 347 por ciento (p. 38).

Durante más de una década, los funcionarios designados por Fox y Calderón han reiterado que, como prestador de servicios y administrador, el IMSS enfrenta como principal problema el pasivo laboral del régimen de jubilaciones y pensiones de sus propios trabajadores.

Ese pasivo, subrayan, ha crecido en los últimos 11 años a una tasa real de 13.5 por ciento en promedio anual, 9.7 por ciento del PIB (p. 170).

Así se ha fabricado mediáticamente, durante ya más de 10 años, una crisis institucional como pantalla del escandaloso fracaso de la ley Zedillo que reformó al IMSS en 1995. Los salarios de los altos funcionarios son los más altos de la historia, pero los servicios están peor que nunca.

Con 12 años de pésimas administraciones panistas a cuestas, acosado y sin salidas por el impacto desfinanciador de la ley Zedillo, ahora Karam quiere liquidar a 319 mil trabajadores. ¿Y Valdemar Gutiérrez Fragoso, también?

Con apresuramiento y sin las aclaraciones del caso, ambos se han visto obligados a comunicar que: la institución garantiza sus servicios y la permanencia de las condiciones laborales de sus trabajadores, involucrando –de paso– al Poder Legislativo con el que, según ellos, han trabajado de la mano (La Jornada, 13 de febrero).

¿Intervendrán en el asunto los candidatos a la Presidencia?

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

IMSS, ISSSTE, Salud… el botín de Calderón

Álvaro Cepeda Neri *

Se creía que con el priísmo (fundado sobre las ruinas del Partido Nacional Revolucionario y el Partido de la Revolución Mexicana) la corrupción, es decir, el saqueo a los ingresos de las secretarías y empresas descentralizadas, había llegado a su máxima expresión por las raterías de los funcionarios de la élite, más sus grupos depredadores. Y que con el arribo de los panistas, con sus proclamas de honradez (que siguen confundiendo con honestidad, que no es lo mismo) y su moral más católica que cristiana, las instituciones supuestamente entrarían en un período de manejo transparente de rendición de cuentas.

Las cosas sólo empeoraron: Calderón y los suyos llegaron al presidencialismo, a las gubernaturas, presidencias municipales, a Petróleos Mexicanos, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a la Secretaría de Salud (Ssa), la Lotería Nacional y Pronósticos Deportivos, para que nuevos y sedientos derechistas religiosos se enriquecieran a manos llenas. Roban, delinquen, abusan de su autoridad, usan indebidamente sus atribuciones y facultades, además del tráfico de influencias, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito. En suma, los panistas están en la mira del Código Penal Federal y del título cuarto de la Constitución “De las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado”, y su respectiva ley reglamentaria.

El mismo Instituto Federal Electoral fue botín para investir a Calderón. Elba Esther Gordillo nombró a su presidente y éste por órdenes de ella, se adelantó para declarar vencedor a Calderón, en una maniobra que, con palabras del mismo Ugalde, fue “la corrupción política [que] es el abuso de la autoridad pública para un beneficio…” del Partido Acción Nacional (PAN)-Calderón, quien cínicamente afirmó que su triunfo reunió los requisitos del “haiga sido como haiga sido”. Si el triunfo de Salinas frente a Cárdenas en 1988 fue dudoso, más lo fue, para cargar desde entonces la ilegitimidad, la cuestionadísima victoria pírrica de Calderón sobre López Obrador. En una entrevista con León Krauze, Calderón afirmó que el ISSSTE, el IMSS y la Lotería Nacional no eran un botín.

Pero a partir del sexenio sobre todo de López Portillo hasta rematar con Calderón, éstas han sido objeto de saqueos, cajas chicas del presidente en turno y de los directores de esas instituciones, a las que ahora deben incluirse Pronósticos Deportivos y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) –desde Sánchez Vite a la insaciable Gordillo, la de las componendas con Fox y Calderón–. Actualmente una mafia de varios grupos de un cártel surtidor de medicinas, coludidos con funcionarios de la Ssa, el ISSSTE y el IMSS, son los saqueadores con la participación de los directores y el secretario del ramo, como es el caso de Daniel Karam, quien sólo es un adorno en el IMSS, tras el periodo de Molinar Horcasitas, cuando se descubrió el atraco de los laboratorios.

Calderón no ha tenido, por su mal gobierno y administración abandonada, cuidado en el nombramiento de sus amigos en los cargos públicos. Y permite que su cómplice Elba Esther Gordillo le designe a bribones en las instituciones que le regaló en pago por los apoyos y favores para su campaña electoral, y por continuar su mutuo encubrimiento en la rapiña. Acepta que Fox le “heredó” acuerdos políticos pactados desde entonces. “Y evidentemente hubo acuerdos. Ella planteó exigencias de participación en el gobierno que, coincido, no deben asombrar a nadie. Me parece que forma parte de la política en el sentido de preservar las posiciones afines a ésta en la administración pública […]. Yo creo que la política es para eso; no es un reparto de cuotas ni de botín”.

Obviamente Calderón no es ingenuo ni tonto, aunque lo parezca, y como trofeo para el robo es que le entregó el ISSSTE, la Lotería Nacional, Seguridad Pública, el SNTE y cientos de plazas (la de su yerno en Educación Pública) en las dependencias. Sabía Calderón de antemano que la Maestra no es una blanca paloma, sino un buitre dispuesto a llevarse a los que le pongan enfrente como despojos para su patrimonio, ya que ella es dueña de todo lo que tiene bajo su férreo y autoritario control.

Egresada de la “escuela” de Jonguitud Barrios y posgraduada con Salinas y su padrino Manuel Camacho (enlace entre López Obrador y Ebrard), supo aprovechar sus complicidades con Fox y Calderón con quienes tuvo tratos dentro de la política del PAN, consistente en dar cargos gubernamentales a cambio de apoyo. El toma y daca con Gordillo fue para que realizara sus arriendos. Pero Calderón quiere lavarse las manos con base en que el IMSS, el ISSSTE, Pronósticos Deportivos, la Ssa y la Lotería Nacional no son un botín, cuando los funcionarios y las mafias comerciales de ventas de medicinas y demás bienes saquean esas instituciones con una corrupción que ya superó a la del antiguo régimen. Los panistas, sus empresarios, sus socios –como Elba Esther Gordillo– y sus sicarios están robando como nunca antes. El PAN es el semillero del foxismo y del calderonismo.

*Periodista

Revista Contralínea 248 / 28 de agosto de 2011

Se evade el problema de fondo del IMSS

Calderón y Karam. Déficit.

Jesús Cantú

MÉXICO, D.F., 16 de noviembre.- El problema de fondo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es muy claro: los ingresos que recibe no alcanzan para sufragar los gastos que realiza para la prestación de los servicios médicos de sus derechohabientes. En la reforma aprobada en diciembre de 1995, que entró en vigor en 1997, se redujeron las cuotas obrero-patronales por concepto de Seguro de Enfermedades y Maternidad en 33%, y se determinó que, para cubrir el déficit que esto generaría, la aportación del gobierno sería fija (sin importar la cifra de ingresos de los trabajadores), con lo cual dicho monto se incrementó de 0.2% a 0.8% del PIB.

Esto fue insuficiente, y, de acuerdo con el director del IMSS, Daniel Karam, el déficit proyectado entre “los ingresos que por ley se obtienen para solventar el gasto de los seguros médicos” y los gastos que la institución realiza para ello “alcanza ya los 45 puntos del PIB”. Hace tres años y medio, el 3 de abril de 2007, el entonces director del instituto, Juan Molinar Horcasitas, señaló: “…hace décadas que invertimos en pacientes con dinero de los pensionados (…) esto se hace desde hace 25 años”.

Es decir, las reservas que la institución debe preservar para el pago de pensiones se desvían a la atención médica de los derechohabientes desde 1982; pero en lugar de atender ese problema, se impulsaron las reformas a los sistemas de pensiones de 1995 y 2007 (la primera, con el fin de crear el sistema de las Afores para los derechohabientes del IMSS; y la segunda, en el mismo sentido, pero para los trabajadores y empleados del propio Seguro Social), cuyos beneficios para las finanzas de la institución no se percibirán sino hasta el 2022 y el 2033, que es cuando un porcentaje importante de los nuevos jubilados empezarían a recibir sus pensiones de parte de las Afores.

Para el año 2011 el IMSS solicitó un presupuesto de 255 mil millones de pesos, y se proyecta un déficit de aproximadamente 30 mil millones, de los cuales casi las dos terceras partes se solventarán con la Reserva del Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales y de Carácter Contractual, es decir, dinero que se había resguardado para cumplir las obligaciones con los empleados y trabajadores de la misma institución, y que más temprano que tarde deberá reponerse.

El déficit es de tal magnitud que no puede resolverse únicamente con medidas administrativas. Aunque seguramente allí hay áreas de oportunidad muy importantes, para solucionar el problema de fondo solamente hay dos vías, que bien pueden ser complementarias: aumentar las cuotas obrero-patronales e incrementar las aportaciones gubernamentales, que dado lo limitado de los recursos públicos casi seguramente se traducirían también en nuevas cargas para los contribuyentes.

El problema es mayor y hay que atenderlo urgentemente, pues hace tres años y medio Molinar planteó que las consecuencias de no hacerlo son el deterioro del servicio y la inviabilidad del IMSS a futuro; y hace unos días Karam señaló: “Si queremos dotar de viabilidad y larga vida al instituto, entonces necesitamos emprender reformas de mayor alcance…”.

Pero casualmente en las dos ocasiones, pocos días después de estos planteamientos, surgieron acusaciones de corrupción al interior de la institución. El 5 de abril del 2007, dos días después de las declaraciones de Molinar, el periódico regiomontano El Norte publicó que el dictamen de la cuenta pública del 2005 de la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 270 millones de pesos en el ejercicio de la partida para Adquisición y Abasto de Medicamentos y Materiales de Curación, en las delegaciones norte y sur del IMSS en el Distrito Federal.

Y en este 2010, una semana después del planteamiento de Karam, El Noticiero de Joaquín López Dóriga en Televisa difundió tres grabaciones en las que presuntamente un funcionario del IMSS proporcionaba información privilegiada a un directivo de un laboratorio farmacéutico a cambio de una comisión de 5% del monto de una licitación por 80 millones de pesos. Finalmente, se supo que en realidad era una conversación entre directivos de dos laboratorios farmacéuticos, lo que no salvó del cese al director de Adquisiciones del IMSS, César Mora Iriarte.

Hay mucho por hacer en el combate a la corrupción en México, y el IMSS no es la excepción, pero aunque la corrupción desapareciera no se sanearían las finanzas de la mayor institución de seguridad social en el país. El IMSS ha estado abandonado al menos desde 1982, cuando la adopción del modelo neoliberal en México condujo a la reducción del Estado mexicano.

Según Molinar Horcasitas, en 1982 el IMSS contaba con 1.86 camas por cada mil afiliados, y en 2007 eran únicamente 0.8; de acuerdo con un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), emitido en 2010 con datos de 2008, los 31 países pertenecientes a dicha organización cuentan en promedio con 12.8 equipos de resonancia magnética por cada millón de habitantes, mientras en México hay únicamente 1.5 aparatos.

Este es el tamaño del deterioro en los servicios de salud que enfrenta el país, y tiene que ver con el hecho de que el gobierno mexicano destina a gasto en salud menos de 3% del PIB, cuando el promedio de los países de la OCDE llega a poco más de 6%. Así, la reactivación del IMSS necesariamente pasa por la adopción de medidas dolorosas, como el incremento de las cuotas obrero-patronales en lo referente al Seguro de Enfermedades y Maternidad y una reestructuración profunda de las finanzas públicas federales, que incluye la redistribución del presupuesto; pero eventualmente también por una nueva reforma fiscal.

Por ello es preferible evadir la solución de fondo mediante la filtración de escándalos de corrupción o recurriendo a la aprobación de reformas cuyos efectos se resentirán varios lustros después. Pero los derechohabientes del IMSS ya resienten los efectos del deterioro de los servicios médicos a consecuencia del abandono de más de dos décadas de la institución.

Planteamientos sobre el desorden en el IMSS panista

LOS PILLOS....DE MEXICO

Gustavo Leal F. *

1.

El anuncio según el cual la Ley de Ingresos 2011 autoriza que el IMSS transfiera excedentes de las reservas de los seguros de invalidez, vida y riesgos de trabajo a los de enfermedades y maternidad significa que la institución vuelve, de facto, al entramado de su Ley 1973.

Después de la reforma Zedillo (1997), que amputó al instituto sus recursos pensionarios privatizándolos en las Afore, después del deliberadamente equívoco diagnóstico Levy-Fox que –con apocalípticos pronósticos y cifras exageradas– desprestigió a los mejores equipos de salud nacionales con la mira de destruir el contrato colectivo de trabajo más completo de América Latina, fabricando el mito del peso del Regímen de Jubilaciones y Pensiones, después de no canalizar al IMSS la brutal bolsa de recursos frescos que Fox y Calderón destinaron al incoherente Seguro Popular (y su modalidad petit, el Seguro Médico para una Nueva Generación), ese anuncio para el uso de las reservas representa el reconocimiento final del patente fracaso de la reforma Zedillo.

Sintetiza la negación de facto de aquello que en 1997 los tecnócratas esgrimieron como argumento vertebral para soportar la necesidad de una reforma que ha fallado por completo. Esos tecnócratas son Gabriel Martínez (hoy secretario general del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social) y su estrecho colaborador Eduardo González Pier (diseñador, con Julio Frenk, del Seguro Popular, hoy director de finanzas del IMSS).

2.

La iniciativa de Calderón respecto a que ese rebalanceo es apenas un respiro, por lo que urge una nueva generación de reformas que garanticen viabilidad financiera de largo plazo, constituye sólo una enorme pantalla para ocultar el desorden generalizado que priva en el IMSS de los panistas.

Desde 2000, con Fox y Levy, aunque muy especialmente desde 2006, con Calderón, Horcasitas y Karam, en ese IMSS campean sin pausa ineficiencia, omisiones, incumplimiento, favoritismo y discrecionalidad en compras y cobranza, entre muchas otras áreas.

Afectando el corazón de las expectativas de la derechohabiencia, ese desorden obstaculiza lo que debiera ser la producción cabal de servicios en un auténtico caos. La norma son insoportables tiempos de espera y carencias insultantes.

Sólo las fantásticas Encuestas de Satisfacción de Transparencia Mexicana (Federico Reyes Heroles) sostienen que 77 por ciento de los derechohabientes manifestó estar muy satisfecho o algo satisfecho con la atención.

La calidad de las gestiones de Fox y Calderón ha instaurado un desorden de alcance y profundidad inéditos. Durante una década –aunque ciertamente muy agudizado con Calderón– los servicios han sido víctimas de una virtual ocupación que feudalizó al IMSS, implantando un medioevo de los intereses que se benefician de los recursos destinados a la operación.

Por eso, los servicios están peor que nunca y sin expectativa de mejora. La pantalla de Calderón: su nueva generación de reformas busca ganar tiempo y ocultar el fatal saldo de la peor década en la historia del instituto.

De los gobiernos de la alternancia se aguardó el impostergable diseño de una política de salud y seguridad social alternativa, capaz de corregir de raíz las inercias del autoritarismo priísta. Antes que nada, esa política debió haber exigido cuentas, evaluar y transparentar las gestiones priístas, para con todo ello mejorar inmediatamente los servicios heredados y rendir nuevas cuentas.

Nada se hizo. Los panistas de la alternancia compraron el diagnóstico tecnocrático de Funsalud (Soberón y Frenk) e impusieron el Seguro Popular, mientras permitían que el zedillista Levy (autor del contrato de subrogación que culminó en la tragedia de la guardería ABC) desmantelara el IMSS con la constitución de las opacas UMAE (Unidades Médicas de Alta Especialidad), sus apocalípticos informes y el crecimiento escalador de la corrupción. Hoy día Levy asesora en el asunto a Manlio Fabio Beltrones y Enrique Peña Nieto.

Como Fox, Calderón ha consolidado su desorden generalizado gracias a la calidad de una cúpula sindical: la de Gutiérrez Fragoso que –formando parte del cuadro de ese caos institucional, suspendiendo trabajadores, sacrificando a los de nuevo ingreso, violando estatutos y perpetuándose al estilo de Elba Esther Gordillo en el poder– se ubicó como representación legislativa del propio PAN.

Como Fox, Calderón tampoco hizo su tarea desde la titularidad del Ejecutivo: no fue responsable ante la nación y su principal institución de seguridad social. Agravó el desorden generalizado iniciado por Levy y lo extendió a la entera institución con Horcasitas y Karam. La bomba de tiempo está dispuesta para estallar el próximo sexenio.

3.

Descontando el otro gran fracaso –la reforma del ISSSTE (2007)–, como el IMSS de los panistas, Fox y Calderón sólo agravaron y corrompieron el daño estructural generado por la ley Zedillo de 1997, es claro que la pantalla de Calderón y Karam sobre una nueva generación de reformas debe traducirse en una movilización social que exija al Ejecutivo que ya no se atreva a tocar absolutamente nada más en la salud y seguridad social de los mexicanos.

El debate sobre esta crucial y estratégica política de cohesión social está en curso. Es hora de dilatarlo y democratizarlo.

Fincar las responsabilidades a todos los priístas y panistas autores del desorden generalizado del actual IMSS es tarea de gobierno que triunfe en la jornada electoral de 2012. Y sin duda, para reconstruir el instituto que México necesita –generando primero empleo–, deberá partir obligadamente de ese debate en curso.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

El Botín

El Botín

Caso IMSS llega a la Cofeco

La Redacción

MEXICO, D.F., 12 de noviembre (apro).- A petición del IMSS, la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) analizará el caso que involucra a dos ejecutivos de los laboratorios Stendhal en presuntos actos de corrupción con el área de licitaciones del Seguro Social, para determinar si éstos violaron la Ley General de Competencia.

Sin hacer juicio alguno sobre los hechos, el organismo indicó que el tema “se ha hecho del conocimiento de la Comisión Federal de Competencia a fin de que ésta determine si existe violación a la Ley General en la materia”.

Detalló que la grabación hecha pública corresponde a una “conversación entre particulares” en la que se habla de una licitación.

El comunicado del instituto se limita a informar que puso el tema en conocimiento de la CFC, pero no detalla de qué licitación se hablaba, ni quiénes participaron en la conversación.

El IMSS informó el miércoles pasado, en otro comunicado, que tomó conocimiento de la grabación de origen anónimo difundida en el noticiero de Televisa con Joaquín López Dóriga.

El miércoles por la mañana el IMSS reportó que “estos hechos motivaron que el Órgano Interno de Control, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, suspendiera a César Mora Eguiarte, coordinador de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios”.

A Mora Eguiarte se le señala presuntamente en los contenidos de la grabación. En ese sentido en su momento el IMSS informó que la suspensión tuvo la finalidad “de facilitar las indagaciones sobre la naturaleza de esos hechos y probables irregularidades”.

IMPUNIDAD....

El actual jefe financiero de la CFE, bajo proceso penal por enriquecimiento ilícito

Otro superior en la misma línea fue acusado en EU por recibir millones a cambio de contratos

El actual jefe de administración y finanzas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Héctor Sánchez Camacho, enfrenta un proceso penal por enriquecimiento ilícito, con lo que su causa se suma a la de otros importantes funcionarios de la paraestatal que recientemente fueron identificados en Estados Unidos por presuntos actos de corrupción.

Desde 2002, Sánchez Camacho enfrenta un litigio por el delito de enriquecimiento ilícito, el cual ha tenido ya dos sentencias culposas (29 de abril de 2009 y 23 de marzo de 2010), por lo que el inculpado volvió a apelar la sentencia y ahora el juicio se desahoga en el unitario donde un magistrado tendrá que dictar la sentencia definitiva.

Héctor Sánchez es subordinado directo de Noé Peña Silva, actual subdirector de transmisiones, a su vez investigado por estar aparentemente involucrado en el robo de 308 millones de pesos a CFE entre 2005 y 2006, por la simulación contable a cuentas de una subdirección de la empresa "de clase mundial", cuando en realidad se traspasaban a cuentas bancarias privadas.

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Exigen ONG frenar el genocidio de jóvenes y niños en Ciudad Juárez

• Demandan la intervención de ONU e instancias internacionales
• Culpan al Estado de la "política de muerte" en la frontera norte
• Los juvenicidios deben atenderse con una estrategia diferente, señalan

Organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos del país y de Ciudad Juárez solicitaron la intervención de la Organización de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer para detener el "genocidio" contra los jóvenes y niños en Ciudad Juárez. Responsabilizaron al Estado de la política de muerte que prevalece en las ciudades de la frontera norte del país.

En conferencia de prensa, integrantes de Cauce Ciudadano, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Organización Popular Independiente Ciudad Juárez, Red por la Infancia de Juárez, Ririki Intervención Social, Frente Cívico Plural, Incide Social, entre otros, asentaron que con ello buscan salvaguardar el derecho a la vida.

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Es un paso más a la privatización de la seguridad social, aseguran PRD y PT

Presión priísta obliga a AN a aprobar la entrega de vales de medicamentos que no surta el IMSS

Ante la presión del PRI de romper los acuerdos para el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2011, el PAN en la Cámara de Diputados anticipó que hoy votará en favor de otorgar vales de medicinas a los derechohabientes a quienes no les sean surtidas sus recetas en las farmacias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), medida que –denunciaron PRD y PT– es un paso más a la privatización de la seguridad social y sólo favorecerá a los grandes laboratorios.

Para amarrar los votos del PAN, hoy se presentará a la plenaria del blanquiazul –previa a la sesión ordinaria– el director general del IMSS, Daniel Karam, para "explicar" a los panistas los supuestos beneficios de una reforma que obligará a la institución a su cargo a dar vales por las medicinas que no estén en sus farmacias, para cambiarlos en cualquier establecimiento privado, al precio del mercado y no el que consigue de mayoreo la institución.

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Invalida la Suprema Corte reformas a la ley orgánica del Congreso de Oaxaca

Los cambios impedían auditar aspectos de la administración del gobernador saliente, Ulises Ruiz

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó un decreto mediante el cual se reformaron y derogaron diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Oaxaca y del reglamento interior del Congreso de ese estado, incluida una norma que garantizaba al gobernador saliente, Ulises Ruiz, no ser auditado en algunos aspectos de su administración pública.

Los ministros señalaron que los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) violaron varias reglas durante la sesión del 15 de julio pasado, ya que ese mismo día presentaron la iniciativa y decidieron que era de trámite urgente y obvia resolución, por lo que no hubo dictamen y, sin embargo, votaron para aprobarla.

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Denuncian nueva agresión con armas de fuego contra bases de apoyo zapatistas

Acusan al ex militar Carlos Jiménez López de asesorar a grupos de delincuentes

La junta de buen gobierno (JBG) Corazón del arcoiris de la esperanza, de Morelia, Chiapas, denunció una agresión a tiros contra bases de apoyo zapatistas en el balneario El Salvador, municipio autónomo Comandanta Ramona, en colindancia con el ejido Agua Clara (Salto de Agua). En los hechos fue detenido uno de los agresores, Manuel Pérez Gómez, quien era prófugo de la justicia autónoma y se le asocia con anteriores ataques y asaltos en la carretera Ocosingo-Palenque.

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Astillero

• Barbarie de rutina
• Fosa (social) común
• Videos vengativos
• País Botín

Julio Hernández López

La barbarie se vuelve rutina: del conteo individual de muertos se pasa a las decenas, y de las apariencias institucionales de preocupación al desdén e incluso al cinismo. Todo México puede ser Villas de Salvárcar en cualquier momento, llámese centro de rehabilitación de Tijuana, calles de Tampico, Reynosa, Monterrey o cualquier otro punto del país, y el manual del buen burócrata de "guerra" ofrece mecanismos robotizados para ofrecer condolencias (el bélico Felipe ahora las manda por Twitter), anunciar la apertura de investigaciones profundas, deslizar pistas endebles, pero suficientemente útiles para la distracción (ahora pareciera más importante ubicar a un tal Ratón, porque según eso contra él habría ido el ataque reciente en Ciudad Juárez, en lugar de perseguir a los criminales verdaderos) y enviar casi de inmediato el asunto a la fosa común de los incidentes escandalosos que pronto serán aplastados por nuevas barbaries de rutina.

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México SA

• Ortiz: excedentes petroleros
• A la basura miles de millones
• Pemex fiscalmente asfixiado

Carlos Fernández-Vega

No es la primera vez que el ex funcionario se refiere al tema. Tampoco descubrió el hilo negro, aunque cierto es que nunca fue tan contundente cuando ejercía desde el otro lado del escritorio en puestos de primerísimo nivel en la administración pública federal. Se trata de Guillermo Ortiz Martínez (ex subsecretario y secretario de Hacienda, con Salinas y Zedillo, respectivamente, y ex gobernador del Banco de México en el sexenio de Fox y en la primera mitad del calderonato), quien en un foro empresarial soltó un concepto lapidario que resume lo bien que en esta nación se ha administrado la abundancia (JLP dixit): “lo que hemos hecho en el tema energético es inconcebible… La riqueza petrolera del país ha sido desaprovechada para generar crecimiento económico”.

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Delincuencia y distorsiones mediáticas

Se divulgó ayer un video en el que el abogado Mario González Rodríguez, secuestrado hace unos días, realiza declaraciones que involucran a su hermana, la ex procuradora de Chihuahua, Patricia González, en numerosas actividades delictivas, y que la presentan como instrumento al servicio del cártel de Juárez. De inmediato la videograbación ha generado un revuelo mediático próximo al linchamiento; diversas voces del ámbito político han exigido la inmediata investigación de lo dicho por el plagiado, y no ha faltado algún político prominente que dé por buenos sus señalamientos.

En automático, se ha pasado por alto una circunstancia brutal: que las palabras de González Rodríguez fueron pronunciadas en el curso de un secuestro y que, al pronunciarlas, el declarante se encontraba en un estado de total indefensión ante sus captores (varios de los cuales aparecen en el video apuntándole con fusiles de asalto) y que lo dicho en la grabación carece, por tanto, de toda verosimilitud, así como de cualquier valor probatorio. Más grave aún, el coro súbito de indignaciones contra Patricia González pretende ignorar que semejante "confesión", así como su posterior difusión, pudo ser el móvil central de los secuestradores, y su propósito, el de causar un escándalo como el que, efectivamente, se ha producido.

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Cideci y la resistencia indígena

Luis Hernández Navarro

Llegaron altaneros y con amenazas a bordo de un vehículo con el logotipo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Se presentaron a las afueras del Centro Indígena de Capacitación Integral Fray Bartolomé de Las Casas AC-Universidad de la Tierra Chiapas (Cideci-Unitierra Chiapas) para entregar un documento judicial. Eran dos hombres y una mujer. Uno mostró una credencial que lo acreditaba como miembro del personal del juzgado federal cuarto de distrito de Tuxtla. Dijo que iban a entregar un requerimiento porque el centro educativo tiene un adeudo de mucho dinero con la paraestatal.

Un día más tarde, dos camionetas más de la "empresa de clase mundial" volvieron a llegar a la institución pedagógica. Sus integrantes exigieron agresivamente entrar en las instalaciones para hacer la lectura de los medidores.

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Modelo de negocio

Pedro Miguel

No se equivocaba Jeffrey Max Jones Jones cuando, hace justamente un año, postulaba que el narcotráfico es un negocio modelo (es decir, "arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo") e instaba a los hombres de empresa del sector agropecuario a aprender de los barones de la droga, quienes "han logrado definir el mercado con el gobierno en contra y sin subsidios". La única falsedad en la que incurrió el entonces subsecretario de Fomento de la Secretaría de Agricultura fue en ese último dato, porque, por medio de los programas gubernamentales Procampo y Aserca, el gobierno federal subsidia (y lo seguirá haciendo, según dijo en marzo de este año el aún subsecretario de Desarrollo Rural, Ignacio Rivera Rodríguez) a esa actividad que, en efecto, resulta paradigmática de los buenos negocios en la economía neoliberal: altas tasas de utilidad, expansión constante, innovación, mercado competitivo, desregulación, reducción de costos y recurso intensivo al outsourcing. Pero la hipocresía es el tributo que el vicio rinde a la virtud, y el régimen de Felipe Calderón no aguantó tanta transparencia de intenciones: tras ruborizarse por las claridosas palabras de Jones Jones, la administración lo puso de patitas en la calle.

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NEOLICERDALES......

De La Jornada

Fallo de Bolton, un curita en la herida sangrante

• Migrantes se dicen poco optimistas
• Criminalizar el trabajo cierra vías de sobrevivencia a indocumentados
• La oleada racista se extiende
• Insisten en llamarnos invasores, aliens: dirigente de jornaleros

Phoenix, 30 de julio. "Le pusimos un curita a una herida que siempre está sangrando". La frase la dice, sin asomo de broma, un morenazo que podría ser de Veracruz, aunque nació en El Salvador. O sea, un blanco perfecto para el "perfil racial" delineado en la ley SB 1070. El moreno se llama Pablo Alvarado, llegó a Estados Unidos hace 20 años y hoy es una de las voces más autorizadas en la batalla contra las legislaciones y reglamentos racistas, que en Arizona tienen sólo su expresión más grotesca, al promulgar la gobernadora Jan Brewer dicha normativa.

En Washington, cavila Alvarado con la cárcel del sheriff Joe Arpaio a sus espaldas, "nuestros amigos se olvidan de que nuestros enemigos nunca han querido resolver el tema migratorio de una manera sensata".

"Nuestros enemigos" es un paraguas bajo el cual Alvarado coloca a quienes "han puesto en marcha una estrategia de largo plazo contra los indocumentados, basada en el temor de que los anglosajones y protestantes pierdan su estatus de mayoría en este país".

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Negociar con el SME no implica dar marcha atrás, sostiene Javier Lozano

Periódico La Jornada
Sábado 31 de julio de 2010, p. 10

El secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, dijo que la mesa de diálogo con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), "sirve sólo para ver cómo les ayudamos a conseguir empleo y atender las quejas".

Señaló, además, que esa ronda de conversaciones en la Secretaría de Gobernación (SG) iniciada el pasado 22 de julio "no implica dar marcha atrás ni violar la ley".

En su cuenta de la red social Twitter, el funcionario advirtió respecto a la versión difundida el jueves pasado en el sentido que el SME tomaría el aeropuerto de la ciudad de México –pese a que los dirigentes sindicales ya se retractaron– que esa acción sería un delito federal y tendría un castigo severo.

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Intocable, la pensión de los actuales jubilados: Karam

"El instituto siempre actuará de acuerdo con lo que señala la ley"

El pago de las pensiones y jubilaciones que tienen más de 2.5 millones de personas, afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), están garantizadas y se mantendrán sin cambios. En ningún momento, ni ahora ni en el futuro y bajo ningún escenario sufrirán modificación alguna, aseguró el director del organismo, Daniel Karam.

Con ello descartó las versiones que han circulado sobre el tema y que "naturalmente han causado incertidumbre y preocupación" entre los trabajadores en retiro. Subrayó que la jurisprudencia 85/2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no tiene ninguna implicación para los ingresos de este sector. Tampoco existe la posibilidad de que esta tesis se aplique de manera retroactiva, afirmó.

En cambio, en la conferencia de prensa convocada de última hora, el funcionario mantuvo la incógnita sobre las implicaciones y alcances que tiene la resolución emitida por el máximo tribunal el pasado 9 de junio, sobre el monto del ingreso que obtendrán los trabajadores que en el futuro aspiren a una jubilación o pensión por invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada.

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Parar el golpe requiere reformar la Ley del IMSS, sostiene diputado

Periódico La Jornada
Sábado 31 de julio de 2010, p. 11

El anuncio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que aseguró no será afectado el actual pago de pensiones, es insuficiente porque no se contrapone a la jurisprudencia emitida por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Nazario Norberto Sánchez, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, adujo que el anuncio emitido por Daniel Karam no tiene nada que ver con el golpe a los futuros pensionados y la única salida para revertirlo será reformar la Ley del IMSS.

"En el tema de las pensiones a jubilados del IMSS no se ha dicho la última palabra, hay que legislar para garantizarlas porque aún están por verse las consecuencias de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para imponer un tope de diez salarios mínimos."

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Los más de 2.5 millones de pensionados pueden estar tranquilos, señala el IMSS

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Daniel Karam Toumeh, en conferencia de prensa ayer habló sobre el tema de las pensiones.

“En los últimos días se han manejado diversas preocupaciones, por parte del sector obrero, el sector patronal y la opinión pública en general, con respecto al tema de las pensiones. Considero importante precisar cuál es la posición del Instituto Mexicano del Seguro Social con respecto a este tema tan relevante.

“Primero y muy importante, todos los pensionados que hoy reciben una pensión por parte del IMSS, seguirán recibiendo en tiempo y en forma, sin modificación alguna, el monto de su pensión. Esto quiere decir que los más de 2 millones 500 mil pensionados pueden tener la tranquilidad y la certeza de que la próxima semana, el lunes que vayan a cobrar su pensión, en los meses siguientes y en los años subsecuentes, en ningún momento se verá afectada la cuantía de la pensión que reciben.

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Desfiladero

• AMLO: la esperanza se organiza

Jaime Avilés

Aunque todavía faltan 23 meses y un día para las elecciones presidenciales de 2012, después del histórico mitin del domingo pasado en el Zócalo, Andrés Manuel López Obrador está en la pista como el único participante que cuenta con verdaderas posibilidades de triunfar. A su izquierda no hay nadie. A su derecha tratan de competirle Enrique Peña Nieto, Manlio Fabio Beltrones, Beatriz Paredes, Emilio Gamboa, Fidel Herrera y Marcelo Ebrard.

A diferencia de ellos, López Obrador tiene el respaldo consciente de más de dos millones de personas organizadas en comités municipales y territoriales, que comparten una misma esperanza, una gran claridad de ideas en cuanto a lo que deben hacer durante los próximos dos años y un proyecto político en el que creen a pie juntillas, porque saben que ofrece diagnósticos precisos y soluciones concretas a los problemas que destruyeron a México.

En cambio, los retadores de López Obrador buscan la siniestra simpatía de las 30 familias que mantienen sometidos a 100 millones de mexicanos; de la televisión que devasta el cerebro pero vende popularidad, y de las empresas chatarra que convierten a jóvenes y niños en vientres de engorda. Todos ellos, menos Ebrard, confían en que, a la hora de la hora, serán beneficiados por las estructuras clientelares del PRI, expertas en comprar el voto de los más pobres.

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México SA

• Saqueo a los trabajadores avalado por la Corte
• Garantiza pensiones quien dio por seguras las instalaciones de la guardería ABC

Carlos Fernández-Vega

La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió mutilar (de 25 a 10 salarios mínimos) el límite superior para fijar las pensiones por vejez, muerte, cesantía en edad avanzada e invalidez de los trabajadores que cotizan bajo el régimen previsto en la Ley del Seguro Social de 1973, de tal suerte que alrededor de un millón 200 mil próximos a jubilarse han sido asaltados con el mayor descaro, tomando como base un pleito judicial promovido por el propio IMSS (es decir la institución del Estado mexicano encargada, por ley, de proteger los derechos de –entre otros– los jubilados y pensionados del país) y utilizando la tesis presentada por el ministro Sergio Valls, ex director jurídico del mismo instituto, con el voto mayoritario de sus colegas.

Con extrema lentitud y los dedos en la puerta, como ya es costumbre, el director general del IMSS, Daniel Karam, ha salido a explicar de qué se trata la decisión de la tremenda corte, aunque para ello se haya tomado una larga semana tras la denuncia que sobre el particular hizo pública La Jornada el pasado 22 de julio. Ayer este triste personaje aseguró que el instituto siempre actuará de acuerdo con lo que establece la ley, por mucho que la misma ley que dice acatar señala explícitamente que el límite superior para fijar las pensiones por vejez, muerte, cesantía en edad avanzada e invalidez de los trabajadores es de 25 salarios mínimos.

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Jurisprudencia reduce pensión del IMSS

Arturo Alcalde Justiniani / II y última

La jurisprudencia 85/2010, mediante la cual la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido como límite superior de las pensiones del IMSS hasta 10 veces el salario mínimo (SM), ha generado creciente inconformidad. Más allá de la explicación jurídica, se formulan diversas interrogantes: ¿Por qué después de tantos años de vigencia, repentinamente, cambian las reglas del juego en un tema tan sensible para millares de mexicanos y sus familias? ¿La jurisprudencia debe entenderse únicamente aplicable al tema de la cotización o necesariamente está vinculada al monto de las pensiones? En caso de que se afectaran las pensiones, ¿en qué condición quedarían los que ya perciben una pensión superior a los 10 SM? ¿A quién beneficiarán los recursos que se generen por dejar de pagar el diferencial de pensiones consecuencia de esta jurisprudencia? ¿Será acaso parte de una estrategia para homologar las pensiones del IMSS con las del ISSSTE, que ya están limitadas a 10 SM? ¿Cuándo terminará la feria de sorpresas donde los trabajadores siempre llevan la peor parte?

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Primera llamada para el 2012

Enrique Calderón Alzati

El acto político del domingo pasado, convocado por Andrés Manuel López Obrador, tuvo un éxito indiscutible y desde luego mayor al esperado, creando una corriente de opinión que seguramente influirá en las decisiones de los diferentes grupos del PRD, del PT y de Convergencia, para definir la candidatura presidencial de 2012 por parte de esos partidos.

Cuando Vicente Fox lanzó prematuramente su campaña para los comicios de 2000 hizo algo que se consideró fuera de lugar, primero porque en vez de gobernar el estado de Guanajuato dejó a sus electores a buen recaudo y se dedicó de tiempo completo a promover su imagen personal en forma abusiva, y segundo porque con ello generó un clima de expectativa que terminó minimizando las acciones del gobierno de Ernesto Zedillo; sin embargo, la jugada le salió bien, porque logró sus objetivos, sin que nadie le reclamara la no atención de sus responsabilidades como gobernador.

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Pobreza y derechos sociales en México

Miguel Concha

Esta semana, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) dio a conocer los resultados que arroja el Indicador de la tendencia laboral de la pobreza, mediante el cual se da seguimiento trimestral a la cantidad de personas que no pueden adquirir la canasta básica.

En el último trimestre de 2009 la pobreza alimentaria se incrementó 6.8 por ciento, lo que significa que de 2008 a 2009 el número de personas que viven en algún grado de inseguridad alimentaria aumentó en 3.2 millones de personas, lo que da un total a la fecha de 52 millones. Conclusión: 50 por ciento de la población no cuenta con ingresos suficientes para alimentarse. La crisis económica ha golpeado de manera brutal los derechos laborales y ha profundizado la tendencia a la precarización del empleo, al grado que aun contando con un trabajo no se deja de ser pobre.

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De La Jornada

A consideración de ciudadanos, el plan alternativo de AMLO

Periódico La Jornada
Domingo 25 de julio de 2010, p. 6

Andrés Manuel López Obrador presentará este domingo un nuevo proyecto alternativo de nación durante la asamblea nacional que se realizará a las 10 de la mañana en el Zócalo de la ciudad de México.

En la elaboración del documento participaron intelectuales, académicos y especialistas con amplia experiencia y conocimiento de la realidad del país.

El documento se pondrá a consideración de la población, para lo cual se realizarán reuniones en todas las regiones del país a fin de que los ciudadanos expresen sus puntos de vista y lo enriquezcan.

El propósito es que a finales de año o a más tardar el 21 de marzo se tenga un proyecto terminado, el cual será promovido por el movimiento social que encabeza el tabasqueño.

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Jóvenes de 23 estados declaran su respaldo a la candidatura de AMLO

Periódico La Jornada
Domingo 25 de julio de 2010, p. 7

Jóvenes de 23 estados manifestaron ayer su respaldo a la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, al considerar que el proyecto de país que promueve el tabasqueño es lo que requiere México.

Agrupados en una red nacional de apoyo al líder opositor, se refirieron a la decisión de los partidos que integran el Diálogo para la Reconstrucción de México (PRD, PT y Convergencia), de postular un candidato presidencial de unidad y que sea el mejor posicionado en las encuestas electorales.

Dijeron que hay que esperar para ver cómo se da ese proceso, aunque ratificaron que estarán con el tabasqueño hasta el final. Por lo pronto, manifestaron que trabajarán para tener el número de simpatizantes suficientes para cuidar la elección de 2012.

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Se negociará con Bucareli crear empresa de fibra óptica: SME

Analizarán modificar la estructura de suministro de energía eléctrica en el centro del país

Esparza expresa confianza en la interlocución con el titular de SG; deplora postura de Lozano

Periódico La Jornada
Domingo 25 de julio de 2010, p. 3

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) entregó al secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, varios documentos con opciones de generación de fuentes de empleo para los integrantes del gremio.

Dichas opciones están previstas para los trabajadores que no han aceptado su liquidación: menos de 17 mil de una plantilla de 44 mil que laboraron en la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC).

Entre las propuestas que empezarán a discutirse mañana en la mesa de negociación de "alto nivel" entre el gobierno federal y el SME destaca la integración de una empresa de telecomunicaciones para dar servicio vinculado a la fibra óptica, así como una nueva estructura para suministrar energía eléctrica en la capital del país y áreas circundantes.

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Legisladores demandan comparecencia de Karam sobre el recorte a pensiones

Periódico La Jornada
Domingo 25 de julio de 2010, p. 4

Las bancadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante la Comisión Permanente afirmaron estar dispuestas a revertir la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que vulnera la seguridad social al disminuir el tope de las pensiones. De entrada, los priístas impulsan que se cite a comparecer con carácter urgente al director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Daniel Karam.

"Queremos que el funcionario nos diga de lado de quién está: de la Corte y su injusto criterio jurisprudencial o de los trabajadores que verán afectados de manera dramática sus ingresos al jubilarse", apuntó el senador priísta Fernando Castro Trenti.

Expuso que con esa tesis de jurisprudencia –que baja de 25 a 10 salarios mínimos el tope de las pensiones, lo que significa una reducción de 60 por ciento del ingreso que recibirá el trabajador cuando se jubile– el máximo tribunal se asume como "una Corte conservadora y de ultraderecha, que parece no comprender el significado de la seguridad social". Añadió que "México fue el primer país en el mundo en elevar a rango constitucional" ese derecho.

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El IMSS da de alta a 12 ex ayunantes

Periódico La Jornada
Domingo 25 de julio de 2010, p. 4

Doce de los electricistas que dieron por terminada la huelga de hambre que mantuvieron en el Zócalo fueron dados de alta del hospital de especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS.

La institución señaló que sólo Miguel Ángel Ibarra, quien completó 84 días de ayuno, solicitó quedarse un día más, a pesar de que, según los médicos, no lo requería porque no presenta alteraciones funcionales.

Alma Bertha Islas, esposa del electricista, aseguró que si su esposo permanece internado es por recomendaciones del médico que lo valoró: "nos dijo que tal vez necesitaría quedarse dos días más".

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Elevar cuotas para afiliados al seguro de salud para la familia, plantea el IMSS

Periódico La Jornada
Domingo 25 de julio de 2010, p. 4

La descapitalización del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) proviene de diversas áreas, entre ellas el seguro de salud para la familia (Ssfam) –el cual reporta un déficit equivalente a 1.4 por ciento del producto interno bruto (PIB)– y las erogaciones para la atención médica de 2.6 millones de pensionados, indica el informe financiero 2009-2010.

El documento advierte que se requiere modificar la Ley del Seguro Social con el fin de incrementar las cuotas de los afiliados al Ssfam. Es una necesidad reportada por el organismo desde varios años atrás, sin que a la fecha se haya concretado cambio alguno.

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Molinar debe renunciar o irá a juicio político por el caso ABC: priístas

Periódico La Jornada
Domingo 25 de julio de 2010, p. 5

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, debe renunciar o será sujeto de juicio político por su responsabilidad en el incendio de la guardería ABC y otras irregularidades, coincidieron el senador Fernando Castro Trenti y el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI

La comparecencia del funcionario confronta a las bancadas del PRI y el PAN en la Comisión Permanente, pues los blanquiazules pretenden demorar la asistencia del funcionario ante los integrantes de ese órgano del Congreso. El tema fue motivo de discusión el miércoles pasado, ya que el coordinador del PAN, Gustavo Madero, propuso que el encuentro con Molinar Horcasitas sea hasta el 10 de agosto.

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El secretario del Trabajo busca dinamitar posible acuerdo: senadores

Periódico La Jornada
Domingo 25 de julio de 2010, p. 3

Legisladores priístas y perredistas exigieron al gobierno federal actuar con seriedad, sin dobles discursos, para resolver el conflicto con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), ya que el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, pretende "dinamitar" la posibilidad de un acuerdo.

Los senadores priístas Carlos Jiménez Macías y Francisco Arroyo Vieyra coincidieron en que es preocupante que el titular del Trabajo trate de echar abajo el intento de diálogo iniciado por el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora.

"Ojalá en el gobierno federal no traten de engañarnos con un doble juego donde el secretario de Gobernación, en un afán de legitimarse, esté jugando al bueno, y le dejan el papel de malo, de golpeador, a Lozano", expresó Arroyo Vieyra.

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Convocar a una hazaña

José Agustín Ortiz Pinchetti

Hoy el movimiento obradorista celebrará una convención en el Zócalo capitalino. Decenas de miles que integran una red que abarca casi todos los municipios del país y 20 por ciento de las secciones electorales claves estarán representados. Se presentará un informe nacional compuesto por 32 microinformes, uno por cada estado. Se hará público el nuevo Proyecto alternativo de nación que se discutirá ampliamente en los próximos meses. Nuestra organización está dando muestras de presencia y madurez impresionantes.

Vale la pena preguntarnos qué significado tenemos para la vida pública y por qué esta organización es tan atractiva para cientos de miles. Durante muchas décadas el país fue perdiendo su capacidad para triunfar sobre las circunstancias adversas; hoy vivimos en la decadencia. Muchos aquí y afuera hablan de un estado fallido. De una nación sin rumbo. La iniciativa de AMLO nos convoca a una hazaña colectiva, a un esfuerzo común de voluntad y abnegación en servicio de nuestra patria para rescatarla y transformarla y hacer efectivas sus enormes riquezas materiales y, sobre todo, la vitalidad, laboriosidad y originalidad de nuestro pueblo.

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La izquierda y el 2012

Arnaldo Córdova

Todo mundo lo dijo: Andrés Manuel López Obrador se puso en campaña de nuevo al día siguiente de que se consumó el fraude de 2006. No les parecía sino que, al perder y demostrar ser mal perdedor, de inmediato se ponía en marcha para contender por la Presidencia de la República de nuevo en el 2012. Poco caso se hizo de esa muestra de autocrítica que el candidato de la izquierda dio después de aquellas elecciones: había habido muchas deficiencias en la organización para la contienda electoral; una enorme cantidad de casillas no se había cubierto, faltando representantes que no asistieron o, de plano, fueron ignoradas por la logística partidista. Así, no se podía hacer nada. Había que organizarse para que, en el futuro, no volviera a ocurrir. Y sí, López Obrador se aplicó de nuevo al trabajo.

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Para Fecal, justicia es dinero

Madre de ABC increpa a Calderón y deja reunión

MÉXICO, D.F., julio 20 (EL UNIVERSAL).- La madre de Eduardo Alonso, una de las 49 víctimas del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Patricia Duarte, abandonó la reunión que sostuvieron los deudos con Felipe Calderón y aseguró que "para Calderón, Justicia es dinero".
Molesta porque el decreto de ayuda a los familiares de la tragedia del 5 de junio sólo contempla becas, Duarte salió a hablar con los medios de comunicación, con quienes se quejó de que lal reunión no fuera pública.
Además, la señora dijo que "reconozco fue un error estar ahí adentro" y reiteró su exigencia para que se destituya a Daniel Karam.
"Le exigí que me dijera que era justicia para él y no me contestó, pero yo sí le dije que justicia para mí es que la persona que está a tu izquierda, Daniel Karam, lo destituyas, para mí justicia es que a Juan Molinar Horcasitas lo destituyas de su puesto y los proceses penalmente, igual que a Bours, para mí justicia es que Marcia Martínez Gómez del Campo, prima de su esposa, vaya a la cárcel", señaló.

Por favor...Tú sí escúchala con atención...

http://www.youtube.com/watch?v=NUg_gkCijmc

Guardianes del infierno

Denise Dresser

MÉXICO, D.F., 23 de junio.- Allí está nuestro Cerbero mexicano. Esa figura de la mitología griega, ese perro de tres cabezas parado en la puerta del infierno. El guardián del Hades, encarnado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya mayoría asegura que no habrá escapatoria jamás, jamás. Al hablar y votar como lo acaban de hacer siete ministros en el caso de la guardería ABC aseguran que no será posible salir del país donde todo pasa y no pasa nada. Donde no hay “responsables”, sino tan sólo “involucrados”, y de rango menor. Donde importa más apaciguar el enojo del presidente Calderón con el histórico dictamen del ministro Arturo Zaldívar, que el reconocimiento de las verdades incómodas que revela. Donde los “involucrados” de alto nivel alegan que no se les concedió audiencia, cuando tuvieron acceso privilegiado a los ministros y pudieron hacer un cabildeo personal tan exitoso que los exoneró.

Nuestro Cerbero nacional, un vigilante leal de las compuertas que impiden a los mexicanos el éxodo del inframundo. Un lugar en el cual la población se ha acostumbrado a la impunidad y no tiene más recurso que la indignación personal. Un lugar en el cual se obliga a los padres de 49 niños muertos a rogar por la intervención del Máximo Tribunal dado que los Ministerios Públicos no investigan crímenes, las Procuradurías no procuran justicia, los funcionarios no renuncian, las instituciones no cumplen. Y llegan allí, el pecho cubierto con las fotografías de los hijos que depositaron al cuidado del IMSS –cuyo escudo es un águila que protege a una madre que protege a un hijo– y que nunca más volvieron a abrazar. A acariciar. A mecer entre sus brazos, como todavía lo pueden hacer Juan Molinar y Daniel Karam y Eduardo Bours con los suyos.

Cerbero, el hermano de la Quimera, de la pendencia. Cerbero tiene –según los textos clásicos– una cabeza que representa el pasado; aquella era en la que los ministros de la Suprema Corte se comportaban como comparsas del Poder Ejecutivo y seguían sus instrucciones. Aquella era en la que no importaba ignorar, mancillar y burlarse de la Constitución o ponerla al servicio de la protección política. Aquella era en la cual, en aras de “defender” a las instituciones del Estado mexicano, se ignoraba cuando fallaban y se olvidaba a quienes padecían los costos, que casi siempre eran los desposeídos.

Aquella era que considerábamos superada y vemos revivir con ministros temerosos o inconsistentes o presionados o escurridizos; con argumentaciones –en tono consistentemente socarrón– como las del ministro Aguirre Anguiano, que sólo reconoce “algunas negligencias” e ignora las implicaciones probabilísticas del muestreo realizado por la Comisión Investigadora. O las del ministro Sergio Valls, con las que asegura que “no es problema del IMSS el de la supervisión” por la instalación de una gasolinera cerca de la guardería, y con ello se lava –y les lava– las manos a los “involucrados”. O las del ministro Luis María Aguilar Morales sugiriendo que no hay una buena ley que regule las guarderías, pero a la vez rechaza que exista un desorden generalizado por ello. O las de Margarita Luna Ramos, quien dice que “probablemente sí se diera el desorden” pero no se atreve a votar para acreditarlo. O las de Fernando Franco, quien afirma que hay “irregularidades de diferente grado y hay algunas que no afectan la seguridad”, con lo cual acepta que se viola la ley un poquito. O las de Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien –increíblemente– usa como pruebas para acreditar su posición los “comentarios de la gente” y con ello constata que el sistema de guarderías subrogadas del IMSS es satisfactorio, cuando la investigación auspiciada por la propia Corte evidencia lo contrario.

Y sin duda todos ellos se sentirán orgullosos por la defensa del honor del IMSS, sin comprender que en este caso no se denostaba a la institución como tal, sino a los funcionarios omisos o incompetentes; se trataba –como lo subrayó con razón el ministro Zaldívar– de proteger al IMSS de los malos servidores públicos. Y sin duda los ministros de la mayoría se escudarán en esa facultad de investigación maltrecha y mal diseñada que les otorga el artículo 97 de la Constitución. Dirán que hicieron todo lo posible, dadas sus limitaciones. Incluso insistirán en que les quiten la facultad para así evitar la incomodidad que entraña asumir posiciones controvertidas y defenderlas. Pero el dictamen singular del ministro Zaldívar les ofrecía una puerta de escape, una ruta con la cual ayudar a los mexicanos a salir del infierno de la impunidad garantizada. Él ofrecía otra cara para el Cerbero cómplice de las cosas tal y como son. Él ofrecía la cara del futuro para la Suprema Corte, la faz de lo que podía ser.

La Suprema Corte que México merece, capaz de perderle el miedo a las palabras; capaz de mirar a ese otro México en el que ellos no viven, habitado por personas sin poder –como los padres de la guardería ABC–, cuyos derechos tienen la obligación de proteger. Capaz de pronunciar la palabra “impunidad”, la palabra “responsable”, la palabra “omisión”, la palabra “violación”, como lo hicieron José Ramón Cossío y Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza y José de Jesús Gudiño. Capaz de exigir una modificación constitucional para que las investigaciones que realiza sí tengan efectos jurídicos. Porque si no lo hacen y continúan escondiéndose detrás de la ambigüedad, los tecnicismos y las visiones estrechas, los ministros que votaron una y otra vez en contra del dictamen tan sólo darán validez a lo que su colega Arturo Zaldívar reprochó: si el segundo párrafo del artículo 97 no sirve para fincar responsabilidades, pues “realmente no sirve para nada”.

Como no sirvió en este caso porque la mayoría de la Corte simplemente no quiso darle vida o sentido al texto constitucional. Optó por ignorar el argumento –enraizado en las mejores democracias– de la responsabilidad política asociada con el servicio público. Y con ello mostró la tercera cara de Cerbero, la cara del presente. La cara de los fallos jurídicos mediocres y mal argumentados. La cara que insiste en considerar la crítica necesaria como alta traición a la Patria. La cara de un México en el que siempre faltan reglas y donde las que hay no se cumplen. La cara con la cual se aceptan las omisiones, y por ello nunca hay servidores públicos de alto nivel responsabilizados, como Juan Molinar o Daniel Karam, que saltarán a otro puesto gracias al permiso que la Corte les ha dado. La cara desencajada de los padres de 49 niños muertos a quienes la Corte les acaba de decir: “Bienvenidos al infierno, y ni modo”. Una Suprema Corte que, parafraseando las palabras de Juan Rulfo, “no oye ladrar a los perros

La Corte fatua mexicana

Los ministros José Fernando Franco, José Ramón Cossío y Margarita Beatríz Luna Ramos.

Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO, D.F., 18 de junio (apro).- Poco les faltó a varios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pedirle perdón al exdirector del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, y a su actual titular, Daniel Karam, por haberlos investigado por la tragedia de la guardería infantil ABC.

De haber alargado sus deliberaciones en busca argumentos para justificar a esos funcionarios del gobierno de Felipe Calderón, habrían terminado por responsabilizar a los padres de los 49 menores muertos y los 104 heridos en el incendio por llevarlos a una guardería que no cumplía con las condiciones mínimas de seguridad.

Como representantes del tercer Poder, esos ministros quedaron como integrantes de un poder de tercera.

Por la manera en que salieron al paso de su obligación constitucional de investigar las graves violaciones a los derechos fundamentales de los gobernados que por acto u omisión cometen las autoridades, como fue en el caso de la guardería, demostraron a quién sirven.

Con un estrecho legalismo respondieron a la ignominia que representó no sólo para los padres de los bebés, sino para la sociedad, la manera en que se comportaron las autoridades del IMSS, del gobierno de Bours y de la anterior presidencia municipal antes, durante después de la tragedia.

Como la Constitución no precisa en su artículo 97 los alcances de las investigaciones que haga la Corte para casos como el de la guardería ABC, la matanza de Aguas Blancas o los asesinatos en Oaxaca y en San Mateo Atenco, en el estado de México, los ministros se dieron unas reglas con las que se amarraron las manos.

El intento del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para hacer una nueva interpretación de esa facultad y posibilitar así el establecimiento de responsabilidades desde los más altos niveles de gobierno, se topó con esas reglas como si fueran letra sagrada, imposible de modificar.

Las reglas son un candado impuesto por el sector más conservador de la Corte para no hacer efectiva esa facultad constitucional y sancionar a los funcionarios que violan de manera grave los derechos humanos.

La mayoría conservadora que domina a la Corte, integrada por seis de los once ministros a la que se le suman otros ministros según el tema en conflicto, se ha encargado de mantener al Poder Judicial cercano al Ejecutivo para garantizar el actual estado de cosas, que desde la perspectiva judicial está caracterizado por la impunidad ante el ejercicio abusivo del poder.

Ese grupo echó a la basura no sólo el proyecto de Zaldívar, sino una costosa investigación de medio año, que entre otros datos arrojó que de mil 480 guarderías subrogadas por el IMSS al momento de la tragedia, como lo era la estancia infantil ABC, sólo el 0.3 por ciento cumplía con todos los requisitos para su funcionamiento.

En el caso de la supervisión por parte del IMSS, la investigación demostró que se trataba de un “mero control administrativo” que se cumplía en el 88.7 por ciento de los casos. Pero en el caso de protección civil, sólo la mitad tenía constancia vigente y sólo 407 (el 27.5 por ciento) tenía vigente el visto bueno de bomberos.

Nada de eso fue importante para una mayoría de ministros que también pasó por alto que el esquema de subrogación de guarderías del IMSS responde más a intereses mercantilistas en beneficio de personas cercanas al poder que a la prestación de un servicio.

Encabezado por el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, el conservadurismo va de la mano de los intereses personales de algunos ministros, algunos más claros que otros.

Para quienes quieren llegar al máximo cargo del Poder Judicial cuando Ortiz deje la presidencia en diciembre próximo, su votación en esta investigación tendrá que ser tomada en cuenta en el Poder Ejecutivo, pues es claro que esa decisión no se queda sólo entre los once ministros.

A la suma de voluntades entre sus pares, quien quiera ser el próximo presidente de la Corte deberá contar el respaldo entre los otros dos poderes políticos, el Legislativo y, sobre todo, el Ejecutivo.

Es claro que la Corte hace política no sólo porque es uno de los tres Poderes del Estado, sino porque sus ministros son designados por el Senado a propuesta del presidente de la República.

Al resolver el caso ABC, los ministros que claramente apoyaron a los funcionarios del Ejecutivo Federal y al exgobernador de Sonora, Eduardo Bours, fueron Ortiz Mayagoitia, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales y Sergio Valls Hernández. Parcialmente lo hicieron José Ramón Cossío Díaz y Jesús Gudiño Pelayo.

Esta vez, las excepciones fueron el autor del dictamen, Arturo Zaldívar y los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza.

jcarrasco@proceso.com.mx

Caso ABC, a la ONU

Indignación por fallo en la Corte.

Gloria Leticia Díaz

MÉXICO, D.F., 17 de junio (apro).- Inconformes con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), familiares de los niños fallecidos en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, recurrirán a organismos de la ONU en un intento más por castigar a los responsables de la tragedia ocurrida el 5 de junio de 2009.

Lorenzo Félix Ramos, abogado de los padres afectados, comentó en conferencia de prensa que por lo pronto ya enviaron una serie de documentos, incluida la resolución de la SCJN, al Alto Comisionado del Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al Comité de Derechos del Niño, con sede en Ginebra, Suiza.

Además, dijo que están “recopilando el material probatorio” para pedir la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Coidh).

La intención es, dijo, que de los organismos de la ONU surjan recomendaciones para el Estado mexicano.

El abogado calificó como “deleznable” la resolución de la Corte por “la contradicción en que cayeron los ministros: por una amplia mayoría admitieron que hubo violaciones graves a las garantías individuales, pero que los únicos responsables son funcionarios de menor nivel que no tienen capacidad de gestión”.

En conferencia de prensa en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Prodh), padres integrantes de la asociación civil Movimiento 5 de Junio lamentaron el papel de la mayoría de los magistrados al dejar fuera de los responsables al director y exdirector del IMSS, Daniel Karam y Juan Molinar Horcasitas, respectivamente, y al exgobernador Eduardo Bours. Además, anunciaron que en agosto próximo convocarán a movilizaciones en todo el país “para mantener viva la indignación nacional”.

La señora Patricia Duarte Franco señaló que desde que los padres del Movimiento 5 de Junio acudieron a la SCJN, estaban concientes de que el resultado sería el que emitieron la mayoría de los ministros, pero “era necesario agotar las instancias nacionales para seguir buscando justicia a nivel internacional”.

Sin embargo, aclaró que quisieron “dar un voto de confianza a los magistrados, pensando en que no se iban a dejar presionar por Molinar Horcasitas, Eduardo Bours y el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont”.

Por si fuera poco, Duarte Franco denunció que el gobierno de Felipe Calderón quiere “pagarles” a sus hijos en mensualidades. “Quiere pensionar de manera vitalicia a las mamás que perdimos hijos”.

Explicó que la noche del miércoles, después de la última sesión en la Corte, el coordinador de Atención a Quejas y Orientación de Derechohabientes del IMSS, Luis Fiol, se comunicó con ella para manifestarle la “urgencia” de reunirse para “cumplir con la promesa que hizo Felipe Calderón en una reunión en Los Pinos”.

Prosiguió Duarte: “Yo le dije que no sabía de qué me estaba hablando, que yo sólo me reuniría con Calderón en Hermosillo; me explicó que era urgente que nos reuniéramos y que le llevara el último comprobante de pago de los servicios de guardería del IMSS, para iniciar los trámites de pensión.”

Por su parte, Leopoldo Maldonado, del Centro Prodh, señaló que a la decisión de la Corte “coloca en estado de indefensión a mies de niños y niñas que cotidianamente recurren a los servicios de estancia infantil a cargo del IMSS”.

Recordó que la misma investigación del ministro ponente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, “confirmó anomalías en materia de protección civil, fiscalización pública, rendición de cuentas, entre otros”, en varias de las mil 480 guarderías subrogadas.

A nombre del Cetro Prodh, Maldonado puntualizó que “la actuación del tribunal constitucional no garantiza las condiciones mínimas de acceso a la justicia para las víctimas de graves violaciones a derechos humanos evidenciadas en la tragedia de la guardería ABC”.

Corte exculpa a Molinar, Karam y Bours

Jorge Carrasco Araizaga

México; DF; 16 de junio (Apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación implicó en violación grave de garantías sólo a autoridades de nivel medio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del anterior gobierno de Sonora y de la expresidencia municipal de Hermosillo en el incendio de la guardería ABC que provocó la muerte de 49 niños y heridas a 104 más, en junio del año pasado.

Pese a reconocer que hubo violación grave de garantías fundamentales en la tragedia, la Corte exculpó al exdirector del IMSS, Francisco Molinar Horcasitas; al actual director, Daniel Karam; y al exgobernador de Sonora, Eduardo Bours.

Como autoridades directamente involucradas, los ministros señalaron el miércoles a siete exfuncionarios: dos de la anterior presidencia municipal de Hermosillo, tres del gobierno de Eduardo Bours y dos del IMSS.

Según lo acordaron el martes pasado, no se trata del establecimiento de responsabilidades, sino sólo de la mención de “autoridades vinculadas con la violación grave de garantías fundamentales”.

En el caso del Seguro Social mencionaron a Arturo Leyva Lizárraga, delegado estatal del IMSS en Sonora de 2006 a 2009, y Noemí López Sánchez, titular del Departamento Delegacional de Guarderías, de 2001 a 2009.

Del gobierno de Bours, identificó a Wilebaldo Alatriste Candiani, quien fue titular de la Unidad Estatal de protección Civil; Fausto Salazar Gómez, ex director general de Recaudación de la secretaría de Hacienda de Sonora; y a Jorge Luis Melchor Islas, ex subdirector de Control Vehicular de la secretaría de Hacienda.

A nivel municipal señaló a Jesús Davis Osuna, ex director de inspección y vigilancia, y a Roberto Copado Gutiérrez, ex director de unidad de protección civil. La Corte excluyó al expresidente municipal Ernesto Gándara Camou.

Como garantías violadas mencionaron los derechos del niño, el derecho a la protección de la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la seguridad social y el derecho a la salud.

Los ministros decidieron además excluir de la comisión de esas violaciones al dueño, al director y al administrador de la guardería, en tanto que se trata de particulares ya que sólo a las autoridades se les puede imputar la violación de derechos humanos.

Al final de tres días de sesiones matutinas y vespertinas, el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, dijo que los ministros hicieron lo que pudieron: “El fallo tiene los límites estructurales” establecidos en la Constitución.

“Nuestra declaración no exculpa ni exonera a nadie. Lo que hace es determinar la existencia de violaciones graves… Las responsabilidades política, penal y administrativa le corresponde a las autoridades constitucionalmente encargadas”, dijo.

El ministro Arturo Zaldívar, autor del dictamen que proponía el señalamiento de 14 funcionarios, se sostuvo en su posición de incluir a Molinar Horcasitas, Daniel Karam y Eduardo Bours. Con él votaron los ministros José de Jesús Gudiño Pelayo, Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza. El ministro José Ramón Cossío sólo favoreció el señalamiento de Bours.

La mayoría de ministros exculpó también al IMSS. Por seis votos a cinco, negaron la existencia de un desorden generalizado en el otorgamiento, operación y vigilancia de las guarderías subrogadas por la institución.

El aval de los ministros al funcionamiento de las guarderías subrogadas se sumó a su decisión, adoptada el martes, de evitar el señalamiento de responsables de la tragedia y al reconocimiento legal del sistema de subrogación de las estancias infantiles.

En la votación que exculpó al IMSS del incendio, la diferencia la hizo Ortiz Mayagoitia, quien a pesar de reconocer la existencia de graves violaciones a derechos fundamentales, hizo una enfática defensa del IMSS:

“En el caso del sistema de guarderías del Seguro Social no hay... ningún desorden; ninguna prueba demuestra que alguna de las guarderías preste un mal servicio, ni que los usuarios hayan protestado por esa causa. He recibido comentarios en otro sentido, el sistema de guarderías es por regla general satisfactorio para los usuarios”.

Ortiz Mayagoitia, quien en las dos semanas anteriores se reunió en varias ocasiones con el exidrector del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, y el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, añadió: “Tampoco hay desorden documental. El Seguro Social lleva un expediente por cada una de las mil 480 guarderías, los tiene ordenados y bajo control”.

Esa posición de Ortiz fue compartida por los ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Luna Ramos, Fernando Franco, Luis María Aguilar y Sergio Valls.

En contra votaron el autor del dictamen, Arturo Zaldívar, José Ramón Cossío, José de Jesús Gudiño Pelayo, Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza.

Zaldívar había dictaminado que además de las fallas en materia de protección civil, el “desorden generalizado” en el sistema de guarderías fue causa del incendio. Pero ante la mayoría que se perfilaba en contra de su proyecto advirtió: “No vaya ser que responsabilicemos sólo al señor que cerraba la puerta”, advirtió.

Aunque el martes, por ocho votos a tres el pleno determinó que la Corte no señalará responsables de la tragedia, Zaldívar insistió en que ante la falta de políticas públicas y reglas para la operación de las guarderías, se debe señalar desde “el director del IMSS para abajo”.

Con esa votación, la mayoría de ministros desestimó la revisión hecha por peritos del Instituto de Investigaciones Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM y la Auditoría Superior de la Federación, dependiente de la Cámara de Diputados.

“El resultado de dichas revisiones es irrefutable”, dijo Zaldívar. Explicó que sólo el tres por ciento de las guarderías, de las mil 480 subrogadas por el IMSS, se ajusta a todos los requisitos necesarios para su funcionamiento.

Añadió que más del 50 por ciento de ellas ha omitido vigilar que los prestadores del servicio de guardería cumplan con estándares mínimos previstos en las Normas Oficiales Mexicanas y en las legislaciones federales, estatales y municipales.

Además, dijo, “las irregularidades en materia de protección civil encontradas en la mayoría de las guarderías s son intolerables si se toma en cuenta que son niños pequeños los que acceden a este servicio respecto a los cuales el Estado tiene deberes de protección reforzada”.

Objeto de intensas críticas de asociaciones médicas a raíz de su propuesta de responsabilizar a Molinar Horcasitas y al actual director del IMSS Daniel Karam, el ministro Zaldívar respondió: “Quienes denigran a las instituciones son los malos servidores públicos, no quienes criticamos a esos servidores púbicos… Lo que estamos haciendo es proteger a las instituciones de este país, que deben estar marcadas por la protección de los derechos fundamentales y una ética pública… Es un truco asegurar que cuando se critica a un funcionario se critica a la institución”.