Para Fecal, justicia es dinero

Madre de ABC increpa a Calderón y deja reunión

MÉXICO, D.F., julio 20 (EL UNIVERSAL).- La madre de Eduardo Alonso, una de las 49 víctimas del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Patricia Duarte, abandonó la reunión que sostuvieron los deudos con Felipe Calderón y aseguró que "para Calderón, Justicia es dinero".
Molesta porque el decreto de ayuda a los familiares de la tragedia del 5 de junio sólo contempla becas, Duarte salió a hablar con los medios de comunicación, con quienes se quejó de que lal reunión no fuera pública.
Además, la señora dijo que "reconozco fue un error estar ahí adentro" y reiteró su exigencia para que se destituya a Daniel Karam.
"Le exigí que me dijera que era justicia para él y no me contestó, pero yo sí le dije que justicia para mí es que la persona que está a tu izquierda, Daniel Karam, lo destituyas, para mí justicia es que a Juan Molinar Horcasitas lo destituyas de su puesto y los proceses penalmente, igual que a Bours, para mí justicia es que Marcia Martínez Gómez del Campo, prima de su esposa, vaya a la cárcel", señaló.

Por favor...Tú sí escúchala con atención...

http://www.youtube.com/watch?v=NUg_gkCijmc

Guardianes del infierno

Denise Dresser

MÉXICO, D.F., 23 de junio.- Allí está nuestro Cerbero mexicano. Esa figura de la mitología griega, ese perro de tres cabezas parado en la puerta del infierno. El guardián del Hades, encarnado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya mayoría asegura que no habrá escapatoria jamás, jamás. Al hablar y votar como lo acaban de hacer siete ministros en el caso de la guardería ABC aseguran que no será posible salir del país donde todo pasa y no pasa nada. Donde no hay “responsables”, sino tan sólo “involucrados”, y de rango menor. Donde importa más apaciguar el enojo del presidente Calderón con el histórico dictamen del ministro Arturo Zaldívar, que el reconocimiento de las verdades incómodas que revela. Donde los “involucrados” de alto nivel alegan que no se les concedió audiencia, cuando tuvieron acceso privilegiado a los ministros y pudieron hacer un cabildeo personal tan exitoso que los exoneró.

Nuestro Cerbero nacional, un vigilante leal de las compuertas que impiden a los mexicanos el éxodo del inframundo. Un lugar en el cual la población se ha acostumbrado a la impunidad y no tiene más recurso que la indignación personal. Un lugar en el cual se obliga a los padres de 49 niños muertos a rogar por la intervención del Máximo Tribunal dado que los Ministerios Públicos no investigan crímenes, las Procuradurías no procuran justicia, los funcionarios no renuncian, las instituciones no cumplen. Y llegan allí, el pecho cubierto con las fotografías de los hijos que depositaron al cuidado del IMSS –cuyo escudo es un águila que protege a una madre que protege a un hijo– y que nunca más volvieron a abrazar. A acariciar. A mecer entre sus brazos, como todavía lo pueden hacer Juan Molinar y Daniel Karam y Eduardo Bours con los suyos.

Cerbero, el hermano de la Quimera, de la pendencia. Cerbero tiene –según los textos clásicos– una cabeza que representa el pasado; aquella era en la que los ministros de la Suprema Corte se comportaban como comparsas del Poder Ejecutivo y seguían sus instrucciones. Aquella era en la que no importaba ignorar, mancillar y burlarse de la Constitución o ponerla al servicio de la protección política. Aquella era en la cual, en aras de “defender” a las instituciones del Estado mexicano, se ignoraba cuando fallaban y se olvidaba a quienes padecían los costos, que casi siempre eran los desposeídos.

Aquella era que considerábamos superada y vemos revivir con ministros temerosos o inconsistentes o presionados o escurridizos; con argumentaciones –en tono consistentemente socarrón– como las del ministro Aguirre Anguiano, que sólo reconoce “algunas negligencias” e ignora las implicaciones probabilísticas del muestreo realizado por la Comisión Investigadora. O las del ministro Sergio Valls, con las que asegura que “no es problema del IMSS el de la supervisión” por la instalación de una gasolinera cerca de la guardería, y con ello se lava –y les lava– las manos a los “involucrados”. O las del ministro Luis María Aguilar Morales sugiriendo que no hay una buena ley que regule las guarderías, pero a la vez rechaza que exista un desorden generalizado por ello. O las de Margarita Luna Ramos, quien dice que “probablemente sí se diera el desorden” pero no se atreve a votar para acreditarlo. O las de Fernando Franco, quien afirma que hay “irregularidades de diferente grado y hay algunas que no afectan la seguridad”, con lo cual acepta que se viola la ley un poquito. O las de Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien –increíblemente– usa como pruebas para acreditar su posición los “comentarios de la gente” y con ello constata que el sistema de guarderías subrogadas del IMSS es satisfactorio, cuando la investigación auspiciada por la propia Corte evidencia lo contrario.

Y sin duda todos ellos se sentirán orgullosos por la defensa del honor del IMSS, sin comprender que en este caso no se denostaba a la institución como tal, sino a los funcionarios omisos o incompetentes; se trataba –como lo subrayó con razón el ministro Zaldívar– de proteger al IMSS de los malos servidores públicos. Y sin duda los ministros de la mayoría se escudarán en esa facultad de investigación maltrecha y mal diseñada que les otorga el artículo 97 de la Constitución. Dirán que hicieron todo lo posible, dadas sus limitaciones. Incluso insistirán en que les quiten la facultad para así evitar la incomodidad que entraña asumir posiciones controvertidas y defenderlas. Pero el dictamen singular del ministro Zaldívar les ofrecía una puerta de escape, una ruta con la cual ayudar a los mexicanos a salir del infierno de la impunidad garantizada. Él ofrecía otra cara para el Cerbero cómplice de las cosas tal y como son. Él ofrecía la cara del futuro para la Suprema Corte, la faz de lo que podía ser.

La Suprema Corte que México merece, capaz de perderle el miedo a las palabras; capaz de mirar a ese otro México en el que ellos no viven, habitado por personas sin poder –como los padres de la guardería ABC–, cuyos derechos tienen la obligación de proteger. Capaz de pronunciar la palabra “impunidad”, la palabra “responsable”, la palabra “omisión”, la palabra “violación”, como lo hicieron José Ramón Cossío y Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza y José de Jesús Gudiño. Capaz de exigir una modificación constitucional para que las investigaciones que realiza sí tengan efectos jurídicos. Porque si no lo hacen y continúan escondiéndose detrás de la ambigüedad, los tecnicismos y las visiones estrechas, los ministros que votaron una y otra vez en contra del dictamen tan sólo darán validez a lo que su colega Arturo Zaldívar reprochó: si el segundo párrafo del artículo 97 no sirve para fincar responsabilidades, pues “realmente no sirve para nada”.

Como no sirvió en este caso porque la mayoría de la Corte simplemente no quiso darle vida o sentido al texto constitucional. Optó por ignorar el argumento –enraizado en las mejores democracias– de la responsabilidad política asociada con el servicio público. Y con ello mostró la tercera cara de Cerbero, la cara del presente. La cara de los fallos jurídicos mediocres y mal argumentados. La cara que insiste en considerar la crítica necesaria como alta traición a la Patria. La cara de un México en el que siempre faltan reglas y donde las que hay no se cumplen. La cara con la cual se aceptan las omisiones, y por ello nunca hay servidores públicos de alto nivel responsabilizados, como Juan Molinar o Daniel Karam, que saltarán a otro puesto gracias al permiso que la Corte les ha dado. La cara desencajada de los padres de 49 niños muertos a quienes la Corte les acaba de decir: “Bienvenidos al infierno, y ni modo”. Una Suprema Corte que, parafraseando las palabras de Juan Rulfo, “no oye ladrar a los perros

La Corte fatua mexicana

Los ministros José Fernando Franco, José Ramón Cossío y Margarita Beatríz Luna Ramos.

Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO, D.F., 18 de junio (apro).- Poco les faltó a varios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pedirle perdón al exdirector del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, y a su actual titular, Daniel Karam, por haberlos investigado por la tragedia de la guardería infantil ABC.

De haber alargado sus deliberaciones en busca argumentos para justificar a esos funcionarios del gobierno de Felipe Calderón, habrían terminado por responsabilizar a los padres de los 49 menores muertos y los 104 heridos en el incendio por llevarlos a una guardería que no cumplía con las condiciones mínimas de seguridad.

Como representantes del tercer Poder, esos ministros quedaron como integrantes de un poder de tercera.

Por la manera en que salieron al paso de su obligación constitucional de investigar las graves violaciones a los derechos fundamentales de los gobernados que por acto u omisión cometen las autoridades, como fue en el caso de la guardería, demostraron a quién sirven.

Con un estrecho legalismo respondieron a la ignominia que representó no sólo para los padres de los bebés, sino para la sociedad, la manera en que se comportaron las autoridades del IMSS, del gobierno de Bours y de la anterior presidencia municipal antes, durante después de la tragedia.

Como la Constitución no precisa en su artículo 97 los alcances de las investigaciones que haga la Corte para casos como el de la guardería ABC, la matanza de Aguas Blancas o los asesinatos en Oaxaca y en San Mateo Atenco, en el estado de México, los ministros se dieron unas reglas con las que se amarraron las manos.

El intento del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para hacer una nueva interpretación de esa facultad y posibilitar así el establecimiento de responsabilidades desde los más altos niveles de gobierno, se topó con esas reglas como si fueran letra sagrada, imposible de modificar.

Las reglas son un candado impuesto por el sector más conservador de la Corte para no hacer efectiva esa facultad constitucional y sancionar a los funcionarios que violan de manera grave los derechos humanos.

La mayoría conservadora que domina a la Corte, integrada por seis de los once ministros a la que se le suman otros ministros según el tema en conflicto, se ha encargado de mantener al Poder Judicial cercano al Ejecutivo para garantizar el actual estado de cosas, que desde la perspectiva judicial está caracterizado por la impunidad ante el ejercicio abusivo del poder.

Ese grupo echó a la basura no sólo el proyecto de Zaldívar, sino una costosa investigación de medio año, que entre otros datos arrojó que de mil 480 guarderías subrogadas por el IMSS al momento de la tragedia, como lo era la estancia infantil ABC, sólo el 0.3 por ciento cumplía con todos los requisitos para su funcionamiento.

En el caso de la supervisión por parte del IMSS, la investigación demostró que se trataba de un “mero control administrativo” que se cumplía en el 88.7 por ciento de los casos. Pero en el caso de protección civil, sólo la mitad tenía constancia vigente y sólo 407 (el 27.5 por ciento) tenía vigente el visto bueno de bomberos.

Nada de eso fue importante para una mayoría de ministros que también pasó por alto que el esquema de subrogación de guarderías del IMSS responde más a intereses mercantilistas en beneficio de personas cercanas al poder que a la prestación de un servicio.

Encabezado por el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, el conservadurismo va de la mano de los intereses personales de algunos ministros, algunos más claros que otros.

Para quienes quieren llegar al máximo cargo del Poder Judicial cuando Ortiz deje la presidencia en diciembre próximo, su votación en esta investigación tendrá que ser tomada en cuenta en el Poder Ejecutivo, pues es claro que esa decisión no se queda sólo entre los once ministros.

A la suma de voluntades entre sus pares, quien quiera ser el próximo presidente de la Corte deberá contar el respaldo entre los otros dos poderes políticos, el Legislativo y, sobre todo, el Ejecutivo.

Es claro que la Corte hace política no sólo porque es uno de los tres Poderes del Estado, sino porque sus ministros son designados por el Senado a propuesta del presidente de la República.

Al resolver el caso ABC, los ministros que claramente apoyaron a los funcionarios del Ejecutivo Federal y al exgobernador de Sonora, Eduardo Bours, fueron Ortiz Mayagoitia, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales y Sergio Valls Hernández. Parcialmente lo hicieron José Ramón Cossío Díaz y Jesús Gudiño Pelayo.

Esta vez, las excepciones fueron el autor del dictamen, Arturo Zaldívar y los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza.

jcarrasco@proceso.com.mx

Caso ABC, a la ONU

Indignación por fallo en la Corte.

Gloria Leticia Díaz

MÉXICO, D.F., 17 de junio (apro).- Inconformes con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), familiares de los niños fallecidos en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, recurrirán a organismos de la ONU en un intento más por castigar a los responsables de la tragedia ocurrida el 5 de junio de 2009.

Lorenzo Félix Ramos, abogado de los padres afectados, comentó en conferencia de prensa que por lo pronto ya enviaron una serie de documentos, incluida la resolución de la SCJN, al Alto Comisionado del Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al Comité de Derechos del Niño, con sede en Ginebra, Suiza.

Además, dijo que están “recopilando el material probatorio” para pedir la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Coidh).

La intención es, dijo, que de los organismos de la ONU surjan recomendaciones para el Estado mexicano.

El abogado calificó como “deleznable” la resolución de la Corte por “la contradicción en que cayeron los ministros: por una amplia mayoría admitieron que hubo violaciones graves a las garantías individuales, pero que los únicos responsables son funcionarios de menor nivel que no tienen capacidad de gestión”.

En conferencia de prensa en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Prodh), padres integrantes de la asociación civil Movimiento 5 de Junio lamentaron el papel de la mayoría de los magistrados al dejar fuera de los responsables al director y exdirector del IMSS, Daniel Karam y Juan Molinar Horcasitas, respectivamente, y al exgobernador Eduardo Bours. Además, anunciaron que en agosto próximo convocarán a movilizaciones en todo el país “para mantener viva la indignación nacional”.

La señora Patricia Duarte Franco señaló que desde que los padres del Movimiento 5 de Junio acudieron a la SCJN, estaban concientes de que el resultado sería el que emitieron la mayoría de los ministros, pero “era necesario agotar las instancias nacionales para seguir buscando justicia a nivel internacional”.

Sin embargo, aclaró que quisieron “dar un voto de confianza a los magistrados, pensando en que no se iban a dejar presionar por Molinar Horcasitas, Eduardo Bours y el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont”.

Por si fuera poco, Duarte Franco denunció que el gobierno de Felipe Calderón quiere “pagarles” a sus hijos en mensualidades. “Quiere pensionar de manera vitalicia a las mamás que perdimos hijos”.

Explicó que la noche del miércoles, después de la última sesión en la Corte, el coordinador de Atención a Quejas y Orientación de Derechohabientes del IMSS, Luis Fiol, se comunicó con ella para manifestarle la “urgencia” de reunirse para “cumplir con la promesa que hizo Felipe Calderón en una reunión en Los Pinos”.

Prosiguió Duarte: “Yo le dije que no sabía de qué me estaba hablando, que yo sólo me reuniría con Calderón en Hermosillo; me explicó que era urgente que nos reuniéramos y que le llevara el último comprobante de pago de los servicios de guardería del IMSS, para iniciar los trámites de pensión.”

Por su parte, Leopoldo Maldonado, del Centro Prodh, señaló que a la decisión de la Corte “coloca en estado de indefensión a mies de niños y niñas que cotidianamente recurren a los servicios de estancia infantil a cargo del IMSS”.

Recordó que la misma investigación del ministro ponente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, “confirmó anomalías en materia de protección civil, fiscalización pública, rendición de cuentas, entre otros”, en varias de las mil 480 guarderías subrogadas.

A nombre del Cetro Prodh, Maldonado puntualizó que “la actuación del tribunal constitucional no garantiza las condiciones mínimas de acceso a la justicia para las víctimas de graves violaciones a derechos humanos evidenciadas en la tragedia de la guardería ABC”.

Corte exculpa a Molinar, Karam y Bours

Jorge Carrasco Araizaga

México; DF; 16 de junio (Apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación implicó en violación grave de garantías sólo a autoridades de nivel medio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del anterior gobierno de Sonora y de la expresidencia municipal de Hermosillo en el incendio de la guardería ABC que provocó la muerte de 49 niños y heridas a 104 más, en junio del año pasado.

Pese a reconocer que hubo violación grave de garantías fundamentales en la tragedia, la Corte exculpó al exdirector del IMSS, Francisco Molinar Horcasitas; al actual director, Daniel Karam; y al exgobernador de Sonora, Eduardo Bours.

Como autoridades directamente involucradas, los ministros señalaron el miércoles a siete exfuncionarios: dos de la anterior presidencia municipal de Hermosillo, tres del gobierno de Eduardo Bours y dos del IMSS.

Según lo acordaron el martes pasado, no se trata del establecimiento de responsabilidades, sino sólo de la mención de “autoridades vinculadas con la violación grave de garantías fundamentales”.

En el caso del Seguro Social mencionaron a Arturo Leyva Lizárraga, delegado estatal del IMSS en Sonora de 2006 a 2009, y Noemí López Sánchez, titular del Departamento Delegacional de Guarderías, de 2001 a 2009.

Del gobierno de Bours, identificó a Wilebaldo Alatriste Candiani, quien fue titular de la Unidad Estatal de protección Civil; Fausto Salazar Gómez, ex director general de Recaudación de la secretaría de Hacienda de Sonora; y a Jorge Luis Melchor Islas, ex subdirector de Control Vehicular de la secretaría de Hacienda.

A nivel municipal señaló a Jesús Davis Osuna, ex director de inspección y vigilancia, y a Roberto Copado Gutiérrez, ex director de unidad de protección civil. La Corte excluyó al expresidente municipal Ernesto Gándara Camou.

Como garantías violadas mencionaron los derechos del niño, el derecho a la protección de la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la seguridad social y el derecho a la salud.

Los ministros decidieron además excluir de la comisión de esas violaciones al dueño, al director y al administrador de la guardería, en tanto que se trata de particulares ya que sólo a las autoridades se les puede imputar la violación de derechos humanos.

Al final de tres días de sesiones matutinas y vespertinas, el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, dijo que los ministros hicieron lo que pudieron: “El fallo tiene los límites estructurales” establecidos en la Constitución.

“Nuestra declaración no exculpa ni exonera a nadie. Lo que hace es determinar la existencia de violaciones graves… Las responsabilidades política, penal y administrativa le corresponde a las autoridades constitucionalmente encargadas”, dijo.

El ministro Arturo Zaldívar, autor del dictamen que proponía el señalamiento de 14 funcionarios, se sostuvo en su posición de incluir a Molinar Horcasitas, Daniel Karam y Eduardo Bours. Con él votaron los ministros José de Jesús Gudiño Pelayo, Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza. El ministro José Ramón Cossío sólo favoreció el señalamiento de Bours.

La mayoría de ministros exculpó también al IMSS. Por seis votos a cinco, negaron la existencia de un desorden generalizado en el otorgamiento, operación y vigilancia de las guarderías subrogadas por la institución.

El aval de los ministros al funcionamiento de las guarderías subrogadas se sumó a su decisión, adoptada el martes, de evitar el señalamiento de responsables de la tragedia y al reconocimiento legal del sistema de subrogación de las estancias infantiles.

En la votación que exculpó al IMSS del incendio, la diferencia la hizo Ortiz Mayagoitia, quien a pesar de reconocer la existencia de graves violaciones a derechos fundamentales, hizo una enfática defensa del IMSS:

“En el caso del sistema de guarderías del Seguro Social no hay... ningún desorden; ninguna prueba demuestra que alguna de las guarderías preste un mal servicio, ni que los usuarios hayan protestado por esa causa. He recibido comentarios en otro sentido, el sistema de guarderías es por regla general satisfactorio para los usuarios”.

Ortiz Mayagoitia, quien en las dos semanas anteriores se reunió en varias ocasiones con el exidrector del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, y el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, añadió: “Tampoco hay desorden documental. El Seguro Social lleva un expediente por cada una de las mil 480 guarderías, los tiene ordenados y bajo control”.

Esa posición de Ortiz fue compartida por los ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Luna Ramos, Fernando Franco, Luis María Aguilar y Sergio Valls.

En contra votaron el autor del dictamen, Arturo Zaldívar, José Ramón Cossío, José de Jesús Gudiño Pelayo, Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza.

Zaldívar había dictaminado que además de las fallas en materia de protección civil, el “desorden generalizado” en el sistema de guarderías fue causa del incendio. Pero ante la mayoría que se perfilaba en contra de su proyecto advirtió: “No vaya ser que responsabilicemos sólo al señor que cerraba la puerta”, advirtió.

Aunque el martes, por ocho votos a tres el pleno determinó que la Corte no señalará responsables de la tragedia, Zaldívar insistió en que ante la falta de políticas públicas y reglas para la operación de las guarderías, se debe señalar desde “el director del IMSS para abajo”.

Con esa votación, la mayoría de ministros desestimó la revisión hecha por peritos del Instituto de Investigaciones Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM y la Auditoría Superior de la Federación, dependiente de la Cámara de Diputados.

“El resultado de dichas revisiones es irrefutable”, dijo Zaldívar. Explicó que sólo el tres por ciento de las guarderías, de las mil 480 subrogadas por el IMSS, se ajusta a todos los requisitos necesarios para su funcionamiento.

Añadió que más del 50 por ciento de ellas ha omitido vigilar que los prestadores del servicio de guardería cumplan con estándares mínimos previstos en las Normas Oficiales Mexicanas y en las legislaciones federales, estatales y municipales.

Además, dijo, “las irregularidades en materia de protección civil encontradas en la mayoría de las guarderías s son intolerables si se toma en cuenta que son niños pequeños los que acceden a este servicio respecto a los cuales el Estado tiene deberes de protección reforzada”.

Objeto de intensas críticas de asociaciones médicas a raíz de su propuesta de responsabilizar a Molinar Horcasitas y al actual director del IMSS Daniel Karam, el ministro Zaldívar respondió: “Quienes denigran a las instituciones son los malos servidores públicos, no quienes criticamos a esos servidores púbicos… Lo que estamos haciendo es proteger a las instituciones de este país, que deben estar marcadas por la protección de los derechos fundamentales y una ética pública… Es un truco asegurar que cuando se critica a un funcionario se critica a la institución”.

¡Oh!, ilusos mexicanos.........

SUPREMA?

México SA

*Responsabilidad sin responsables

*Violación de garantías sin violadores

*Poderes de la Unión: lavado de manos

Carlos Fernández-Vega

¡Oh!, ilusos mexicanos, que no entienden los tejes y manejes del poder, que olvidan que en México sí quiere decir no, que los compromisos son simples ejercicios de oratoria, y que por tratarse del máximo tribunal del país creyeron que las cosas serían distintas. Pero no: desmoronóse la posibilidad de aprobar el dictamen del ministro Zaldívar en torno a la guardería ABC de Hermosillo, porque, en la magia de la justicia a la mexicana, aunque quedaron documentadas las violaciones graves a las garantías individuales, no hay violadores de las mismas; aunque se estableció puntualmente la responsabilidad por la muerte de 49 bebés y las heridas en otros 104, no hay responsables; hay asesinatos, pero no asesinos.

Así de fácil: violación y responsabilidad, sí; violadores y responsables, no. Hasta allí: todo lo demás, es lo de menos. Esa es, precisamente, la justicia a la mexicana, la que se escribe con I de impunidad, y esa la lógica –por llamarle de alguna forma– con la que operaron la mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la hora de pronunciarse sobre el dictamen que Arturo Zaldívar presentó al pleno del llamado máximo tribunal.

Apenas 24 horas antes el propio ministro Zaldívar subrayaba la necesidad de que la SCJN envíe un mensaje claro a la sociedad de que nuestro país debe dejar de ser un lugar donde todo pasa y no pasa nada; en el que suceden cosas muy graves y no hay consecuencias; en el que pueden morir 49 niños quemados por negligencias de las autoridades y no hay responsables. No basta con el pésame, el luto o las lamentaciones. Si la muerte de 49 niños no es suficiente para señalar a los responsables, ¿qué tiene que pasar en este país para que actuemos con energía? Tengamos claro que servidores públicos irresponsables constituyen un Estado irresponsable. Responsabilizar hoy es enviar un mensaje que obligará a tomar previsiones, a construir agendas de riesgos, a actuar con mayor acuciosidad en el ejercicio de la función pública. No responsabilizar significa convalidar que hay manera de maniobrar desde un cargo público para permanecer en él pase lo que pase, sin importar qué se haya hecho o qué se haya dejado de hacer en relación con la vulneración de los derechos humanos.

Pero los ministros dejaron en claro que no hay necesidad alguna de alterar el estado de cosas, porque México se mantiene como un país en el que todo pasa y no pasa nada; en el que suceden cosas muy graves y no hay consecuencias. Ayer, ocho de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (la mayoría, pues) se negaron a fincar responsabilidades a los funcionarios que hayan incurrido en la violación grave de garantías individuales en el caso de la guardería ABC, y se limitarán a señalar a quienes resulten involucrados en esos hechos (La Jornada, Jesús Aranda). En respuesta, el ministro Arturo Zaldívar reprochó a sus compañeros el que se siga dando tumbos con la facultad de investigación que tiene la Corte y que se haya acartonado la atribución del máximo tribunal en la indagatoria de violaciones graves de garantías. Si me quedo en minoría, pues me seguiré quedando en minoría (junto con Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero), esto no es un partido de futbol; lo que importan son los razonamientos, los argumentos y las convicciones, subrayó. Los tres votos a favor correspondieron al propio Zaldívar, Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza.

¿Qué sigue? ¿A quién recurren los padres de los niños muertos y heridos en la ABC?, porque han tocado todas las puertas y la justicia sigue prófuga. El gobierno federal se lavó las manos (Procuraduría General de la República); el gobierno de Sonora se lavó las manos (Procuraduría General de Justicia del estado de Sonora); el Congreso se lavó las manos, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación se lavó las manos. ¿Entonces?

A brindar, pues, por la justicia a la mexicana, pues los 14 funcionarios y ex funcionarios señalados en el dictamen del ministro Zaldívar como responsables de la violación grave de garantías individuales pueden respirar tranquilos y aferrarse a sus puestos (por cortesía de ocho de los 11 integrantes del pleno de la SCJN y por el generoso cabildeo del abogado corporativo de Bucareli). Así, pueden mantener la conciencia tranquila (Juan Molinar Horcasitas), dormir como bebé (Eduardo Bours), demandar justicia y castigo a los culpables, porque esa ha sido la prioridad del IMSS (Daniel Karam) y seguir de vacaciones con el manto protector del poder público (Carla Rochín Nieto). Qué más da, porque México se mantiene como un país en el que todo pasa y no pasa nada; en el que suceden cosas muy graves y no hay consecuencias, y de ello dan cuenta los responsables de Aguas Blancas (Rubén Figueroa), Atenco (Enrique Peña Nieto), Oaxaca (Ulises Ruiz) y Puebla (Mario Marín, el gober precioso, en el caso de Lydia Cacho).

En vía de mientras, el inquilino de Los Pinos anunció ayer un plan sobresaliente (debe habérsele ocurrido durante su estancia futbolera en Johannesburgo), el cual no consiste en aplicar justicia, en beneficios concretos para los mexicanos, en acciones y decisiones que promuevan el desarrollo nacional y el bienestar de sus habitantes. No, nada de eso. Se trata de un proyecto integral de publicidad para promover la imagen de México en todos los ámbitos y así darle un nuevo impulso al turismo nacional. Estamos promoviendo en mi gobierno un proyecto integral de publicidad, sí, pero principalmente de relaciones públicas, en la que estamos contratando a las mejores agencias del mundo para promover integralmente la imagen de México. Sí, para explicar los problemas que tenemos, pero también cómo los enfrentamos; pero sobre todo para mostrar lo que nuestro país tiene que ofrecer, y que es mucho, a cualquier visitante del mundo. Un proyecto, pues, a la altura de su tamaño.

Las rebanadas del pastel

Es la historia de lo patético: el Congreso mexicano no sólo aprobó la extranjerización de la banca, sino que la dejó con las manos libres para que hiciera lo que le viniera en gana (un caso más de impunidad absoluta), pero hoy humildemente el mismo Legislativo le solicita a los barones del dinero que, si fueran tan amables, no saquen sus dólares del país, que sean tan gentiles de no descapitalizarlo, que eviten la transferencia de recursos a sus filiales (matrices, en realidad) en el extranjero, es decir que no remitan sus abundantes utilidades –a costillas de los exprimidos usuarios– a sus naciones de origen (para salvarlas de la crisis).

cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx

“No sirve para nada”

Estas son las CACAS de la Suprema CLOACA Injusta de la Nacion.

Ayer, por mayoría –ocho votos contra tres–, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió no fincar responsabilidades a los funcionarios que hayan incurrido en la violación de garantías individuales en el caso del percance en la guardería ABC de Hermosillo , como lo proponía el proyecto de dictamen elaborado por el ministro Arturo Zaldívar. El máximo órgano de impartición de justicia del país reconoció, así, la comisión de violaciones graves en los hechos ocurridos el 5 de junio de 2009, pero se negó a señalar a los autores de tales violaciones; es decir, hay responsabilidades, pero no responsables. Al carácter intrínsecamente absurdo de tal resolución ha de sumarse la manifiesta impertinencia de pronunciamientos formulados ayer por algunos de los integrantes de la SCJN.

Si en 2006 Mariano Azuela, que entonces presidía la SCJN, calificó al artículo 97 de la Constitución de anacrónico y redactado con los pies, ayer el magistrado Salvador Aguirre Anguiano descalificó ese numeral de la Carta Magna al aseverar que no sirve para nada. Con ello, el togado traicionó el juramento establecido en ese mismo artículo y socavó el fundamento mismo de su encargo, toda vez que él mismo tomó posesión como ministro en cumplimiento de ese lineamiento constitucional.

Más inaceptable aún, si cabe, fue lo expresado por el actual titular de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien aseguró que la Constitución se viola en muchísimas ocasiones, porque muchos funcionarios públicos, que ni siquiera saben leer ni escribir, juran el cargo sin conocer la ley. Al margen del tufo discriminatorio de ese aserto, el hombre que preside la más alta instancia de impartición de justicia admitió, de esta manera, lo que han venido señalando diversos sectores de la oposición política y social: que las instituciones del país suelen operar al margen de la legalidad. Ni más ni menos.

Por desgracia, lo dicho por Ortiz Mayagoitia se confirma con la forma en que se han desempeñado las instancias que habrían debido procurar e impartir justicia en el caso ABC –incluida la propia SCJN– y que, a más de un año de esos trágicos sucesos, no han podido o no han querido investigar ni sancionar las omisiones, los actos de corrupción y la desidia institucional que condujo a la muerte trágica de 49 niños.

Como han venido denunciando los padres de las víctimas, los funcionarios y ex funcionarios que fueron señalados como responsables en el dictamen de Zaldívar –el ex titular del IMSS, Juan Molinar; el actual director de ese organismo, Daniel Karam, y el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours, entre otros– realizaron un intenso cabildeo en el inmueble de Pino Suárez y Corregidora, y a esa tarea se unió el titular de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en lo que constituyó una inocultable presión política y una intromisión del Ejecutivo, una actitud tan poco decorosa como la de quienes, siendo responsables de preservar la independencia del Poder Judicial, sucumbieron a tales presiones y tomaron una decisión basada en el influyentismo: con ello, el máximo tribunal exhibió un comportamiento orientado por un doble rasero y extendió el historial de fallos vergonzosos adoptados por sus propios integrantes: la exculpación del gobernador de Puebla, Mario Marín; la liberación de involucrados en la masacre de Acteal; la exoneración de los responsables por la represión en Atenco, por citar algunos de los casos más relevantes.

En suma, a la vergüenza nacional de un sistema de seguridad social desdeñoso de la integridad física de sus asegurados y de sus familiares, y entregado a satisfacer el afán de lucro de particulares, ha de agregarse ahora la de un Poder Judicial que proclama, argumentando tecnicismos legales, la imposibilidad de impartir justicia y que, con ello, se niega a sí mismo, niega la vigencia del orden constitucional en el país y del estado de derecho, deja en la indefensión jurídica a incontables ciudadanos agraviados por distintos niveles de gobierno y proclama, en forma incluso literal, que el mandato de la Carta Magna no sirve para nada. Si lo anterior es cierto, resulta inevitable inferir que la Suprema Corte tampoco.

Botín, intereses y complicidades de Calderón, Padrés y Bours

Álvaro Cepeda Neri

Los panistas están arrasando. Saben que el calderonismo, en la administración federal, tras su fracasada alternancia enganchada a la del foxismo, llegó a su fin. Les restan, si antes no aborta la renuncia del inquilino de Los Pinos, gestada en su mal gobierno asido al militarismo, dos años para coronar sus festividades del bicentenario de conformidad a la frase popularmente acuñada del “año de Hidalgo, chingue a su madre el que deje algo”.

La corrupción de los azules para embolsarse los dineros del pueblo, hacer negocios al amparo de la impunidad y poner a sus amigos “donde hay” no tiene precedente, pues lo han hecho en nueve años y medio. Los municipios y estados a su cargo han sido saqueados. Y sus actos y omisiones causaron perjuicio a los intereses públicos y de su buen despacho, cuyo factor común es el enriquecimiento ilícito, y los hace merecedores a los juicios político y penal, pues interrumpen la observancia constitucional por el incumplimiento de sus obligaciones.

En ese antirrepublicanismo panista, Sonora, último bastión del Partido Acción Nacional tras el proceso electoral de 2009, es su confirmación. Y por uno de esos enredos administrativos-gubernamentales –a consecuencia del incendio de la Guardería ABC, establecida en Hermosillo, fallecieron 49 niños (desde recién nacidos hasta de cinco años) y 79 más quedaron enfermos y marcados para toda su vida–, están en un brete el exdesgobernador Robinson-Bours, Calderón Hinojosa, todavía en el cargo presidencial, y el encubrimiento de Guillermo Padrés Elías (que ya enseñó el cobre y tiene a los sonorenses sumidos en la desilusión) a Bours.

El hermano y el cuñado de Padrés son los gestores para negocios y cobro de comisiones (pendientes, que los boursistas en su huída ya no pudieron recaudar, y las de este sexenio). El que fuera procurador (encubridor de los beneficiarios de la guardería incendiada y protector de Ricardo Robinson-Bours, hermano-cómplice del entonces desgobernador) fue ratificado con base en que Calderón iba a nombrar al sustituto. Pero se trataba de mantener el nexo de complicidad de Calderón y Padrés con Bours para que no sea llevada ante los tribunales la prima hermana de la señora Margarita Zavala, una de las acusadas e indiciadas por el homicidio de los 49 niños que, perversamente, se ha calificado de culposo, cuando a todas luces es doloso. Y porque entre los responsables de haber subrogado la guardería está el entonces director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Molinar Horcasitas, ahora en la plataforma para la candidatura presidencial y uno de los favoritos de Calderón y su esposa.

Hecho Sonora su botín, Padrés ya expidió un decreto, reservando la información por 10 años, en relación con la remodelación millonaria de la Casa de Gobierno, que se calcula en casi 100 millones de pesos. Padrés y su familia quieren vivir en un palacete, que para eso ganaron (y engañaron a los electores) la gubernatura que manejan para su beneficio. Los intereses de Calderón-Padrés-Bours son ya los mismos. A más de un año del hecho, hasta el encargado de mandar construir una tumba-símbolo en el panteón municipal hermosillense se embolsó el dinero. Y apenas, tramposamente, Calderón recibió a algunos padres de los niños muertos y otros de los que sobreviven con secuelas de las pavorosas quemaduras, para una vez más hacerla de charlatán y mentirles. Hay total complicidad, pues hasta la Suprema Corte de Justicia se ha negado a completar el informe que daría pie al deslinde de responsabilidades penales y políticas de Bours, sus exfuncionarios, y Molinar Horcasitas. Y, en una de esas averiguaciones, al mismo Padrés por querer tapar el infanticidio.

Bours, Calderón y Padrés han dejado pasar el tiempo para escapar al deslinde penal y al juicio político. Calderón es tapadera de la prima hermana de su esposa Margarita Zavala y cómplice de Bours y Padrés para sepultar en la impunidad a Molinar Horcasitas. Por eso es que un año después ni la Suprema Corte ni la Procuraduría General de la República (PGR) han procedido con su, respectivamente, dictamen y consignación. Cerrando el circuito de hacer de Sonora un botín económico de Bours y Padrés, donde los intereses perversos de Calderón y Margarita Zavala tratan de ocultar los homicidios dolosos de que fueron víctimas los niños. Y la desgracia que dejaron en sus familias y en las que han de cuidar de 79 más que padecerán el resto de sus vidas los males sicológicos y físicos por el infierno creado por negligencia y omisión de los funcionarios que escapan a las sanciones, no menores a 50 años, que merecen por sus conductas dirigidas al botín económico, intereses personales y mutuos encubrimientos.

En su larga despedida, los panistas, que naufragaron en su incapacidad política, corrupción y abortaron la alternancia, han dejado huellas de su ineficacia. Sólo se hartaron del saqueo, siendo estúpidos para las transacciones. Colocaron a sus amigos en los cargos, dejando que sus adversarios caídos en delitos se fueran por la libre. A Bours, el ya desgobernador Padrés le está permitiendo que venza el término constitucional para el juicio político.

Como en todos los problemas de competencia federal, el señor Calderón no toma decisiones ni sobre la marcha de los asuntos que demandan soluciones ni en el mediano plazo, esperando que el tiempo devore su sexenio para irse como llegó: ahogándose en su incompetencia total. Y es el santo y seña de todos los panistas, al cual no ha escapado el señor Padrés Elías, que por el esperanzador voto de los sonorenses fue electo gobernador, siendo ya la decepción. Ni gobierna ni administra. Pero sus parientes se han ido sobre la parte del botín que dejó Bours, cuando éste hubo de escapar tras las consecuencias del incendio de la guardería y, cínicamente, para burlarse, ante el luto y dolor de las familias de los 128 niños calcinados, eructó: “Duermo como un bebé”.

Calderón, Bours, Padrés y Molinar Horcasitas actúan como un cuarteto de pillos. No han resuelto las demandas legales del infierno de la guardería y los padres buscan respuestas en la PGR, en la Suprema Corte, en la Presidencia de la República, en la Procuraduría sonorense y en todas las instancias donde han interpuesto sus reclamos de justicia penal para los implicados. Sólo que está de por medio la prima hermana de Margarita Zavala y ésta es la “vicepresidenta”, la otra Mart(h)a Sahagún, protegida por su esposo Felipe Calderón. Por eso no se mueven y le dan largas al problema donde están enredados los intereses y complicidades de los cuatro fugados de los tribunales.

Pero una vez más la impunidad es escudo de los funcionarios que actúan como delincuencia súper organizada, la otra cara de la delincuencia organizada. Mientras el pueblo parece, en la superficie, resistir pacíficamente la violencia, el abuso del poder y las complicidades de Calderón, Molinar Horcasitas, la prima hermana de Margarita Zavala y, en consecuencia, ésta como corresponsable, y de Guillermo Padrés con su protegido Robinson-Bours.

cepedaneri@prodigy.net.mx

El jinete de la corrupción

La confirmación documentada en torno a la cauda de corruptelas, fraudes, conflictos de interés y omisiones criminales de Eduardo Bours, exgobernador de Sonora, llegó por fin... Por un lado, la Suprema Corte de Justicia le recordó su parte de responsabilidad en la tragedia que, además de haber cobrado la vida de 49 niños y causado quemaduras a más de 100, le costó la gubernatura a su partido, el PRI. Por otro, mediante una serie de auditorías la nueva administración panista del estado ratificó sus malos manejos. Un ejemplo: la emisión de por lo menos 75 cheques de las arcas sonorenses que fueron cobrados por terceras personas sin justificación.

Confirmados, los megafraudes de Eduardo Bours

José Gil Olmos

En las tardes calurosas de Hermosillo, un tranquilo Eduardo Bours suele hacer largas cabalgatas por sus propiedades y presumir con sus amigos la estampa y el trapío de sus caballos: dos pura sangre de raza árabe que sólo pueden comprar jeques, príncipes y empresarios acaudalados.

Pero ahora el exgobernador de Sonora tiene motivos para preocuparse. El jueves 3, ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Arturo Zaldívar lo señaló como uno de los 14 funcionarios y exfuncionarios que tienen responsabilidad en la tragedia ocurrida hace un año en la guardería ABC de Hermosillo (Proceso 1703, 1704 y 1705).

Pero eso no es todo. Una investigación emprendida a instancias del nuevo gobierno estatal, encabezado por el panista Guillermo Padrés, y que quedó a cargo de la Dirección General de Auditoría Gubernamental, confirmó lo que se sospechaba desde las primeras revisiones efectuadas por despachos externos en cuanto al desempeño de Bours como gobernador: múltiples maniobras para la falsificación de documentos, desviación de recursos públicos, fraudes de todo tipo...

En varias ediciones (números 1741, 1721, 1657 y 1565), Proceso dio cuenta de los escandalosos malos manejos en los que incurrió repetidamente el entonces mandatario. Sólo un ejemplo: el caso del Plan Sonora Proyecta mediante el cual el gobernador priista dio la pauta para endeudar al estado con alrededor de 10 mil millones de pesos a través de un fideicomiso privado; proyecto que, sin embargo, fue impugnado por la Suprema Corte, toda vez que pretendía valerse de la “bursatilización” de la deuda pública (Proceso 1709).

En abril de 2008, en medio de esos escándalos de corrupción, a los que se sumaron los de violencia y narcotráfico, este semanario realizó una radiografía (edición 1643) en dos vertientes: los multimillonarios negocios realizados por los Bours a la sombra del poder y las redes tejidas para la presunta protección del tráfico de drogas en la entidad.

El empresario y político priista demandó por daño moral al autor de ese reportaje, Ricardo Ravelo, así como a la empresa editora de Proceso, Comunicación e Información, S.A. de C.V.; pero un año después, el 21 de abril de 2009, el Juzgado Decimotercero de Distrito en el DF declaró insubsistente la demanda.

Las auditorías

El 1 de noviembre de 2009, ya en el gobierno panista, el secretario de la Contraloría General del Estado, Carlos Tapia Astiazarán, le notificó al secretario de Hacienda local (oficio S-1678/2009), Alejandro López Caballero, que se iba a efectuar una auditoría a su dependencia en los rubros de ingresos, egresos, bancos, adquisiciones de bienes y servicios, deudores del erario, acreedores diversos y proveedores. El arqueo, precisó, abarcaría del 1 de enero de 2008 al 31 de noviembre de 2009.

De acuerdo con la documentación oficial del caso, a la que el reportero tuvo acceso, desde distintas unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda del gobierno de Bours se emitieron no 22 cheques, como se presumía en principio, sino 75 de cuatro diferentes instituciones bancarias por un monto total de 191 millones de pesos.

Según los resultados de las auditorías –las revisiones se prolongaron cuatro meses y culminaron en marzo último–, 33 funcionarios de la administración de Bours fueron encontrados responsables de defraudación al erario. De éstos, algunos aparecían como firmantes de los documentos bancarios.

La actual coordinación de área de la Subsecretaría de Control de Fondos y Pagaduría expidió 16 cheques por 40 millones 500 mil pesos; Édgar Prendas Sandoval, director de la Tesorería del estado, temporalmente en funciones, emitió otros 16 cheques por una cantidad igual; Elba Marcela Ruiz Quintero, subdirectora de la Dirección General de Control de Fondos y Pagaduría, firmó 15 cheques por 37 millones 900 mil pesos; Dulce María Huerta Meza, directora actual de la Tesorería General del estado, sacó 15 más por 35 millones 600 mil pesos, y Fernanda Alicia Obregón Garza, jefa de departamento en la Dirección General de Administración, liberó 14 cheques por 36 millones 500 mil pesos.

En dos denuncias dirigidas a José Ángel Calderón Piñeiros, director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial, de la Secretaría de la Contraloría, Patricia Augenia Argüelles Canseco, directora general de la Auditoría Gubernamental, señaló que los 33 funcionarios incurrieron en desvío de recursos y pagos sin el respaldo de facturas o recibos.

En la lista de órdenes de pago a proveedores emitidas en 2009 y solicitadas por la Auditoría a la Secretaría de Hacienda figura el pago de 5 millones 159 mil pesos a la empresa Advanced Business System para el seguimiento y captura del presupuesto de ingresos integrado al sistema de información y finanzas; otro por 7 millones 894 mil pesos a la compañía GOCG Procesos y Soluciones, por “comisión de éxito por aportaciones al Fonden”; uno más, por 4 millones 485 mil pesos, a Alianza Empresarial de Sonora, por la “intermediación” para la obtención de un crédito por 260 millones de pesos, y 6 millones de pesos a Proyectos Mega y Desarrollos, por la elaboración de corridas financieras y de un contrato de términos y asesoría en la consecución de 105 millones para el gobierno del estado.

Frente a esta discrecionalidad financiera propiciada por la emisión de “cheques fantasma” y su cobro por personal ajeno al gobierno, en abril último el contralor Tapia Astiazarán explicó en conferencia de prensa que las revisiones efectuadas como parte de las auditorías al sexenio pasado permitieron descubrir nuevos cheques que aparecían como cobrados por trabajadores de la Secretaría de Hacienda estatal.

“Están a nombre de terceros y éstos todavía son funcionarios en la secretaría. Ellos desconocen la existencia de esos cheques y no son sus firmas las que los endosan”, precisó, y añadió: “Además de quienes recibieron los cheques, están quienes los firmaron. Ahí aparecen todos los procedimientos internos de la creación del pasivo, de la solicitud del cheque, de la expedición del cheque”.

Adelantó que una vez terminada la auditoría deberán investigarse todos los movimientos. Sin embargo, se equivocó al señalar que la mayoría de los implicados ya no estaba laborando en el gobierno estatal, pues, de acuerdo con la auditoría final, de los 33 funcionarios involucrados 23 aún ocupan los mismos puestos.

Ahora que la Secretaría de la Contraloría General concluyó la indagación empezará a llamar a exfuncionarios estatales que tuvieron participación en el presunto fraude por el cobro de cheques que hicieron terceras personas.

El contralor del estado informó que ahora se integra el expediente y sólo faltan detalles. Mientras tanto, se piensa fincar responsabilidades, pues algunas de las irregularidades que fueron detectadas son constitutivas de delitos que se persiguen penalmente.

Historial de manejos turbios

Cuando abandonó el cargo a mediados de septiembre de 2009, Bours ya enfrentaba denuncias de la oposición por desvío de recursos públicos mediante la emisión de cheques fantasma; además, los opositores lo acusaron de haber elevado la deuda debido a su mal manejo de las finanzas públicas, así como del fracaso del Plan Sonora Proyecta, con el que había prometido llevar al estado al “primer mundo”.

A los seis meses de que Bours dejó la gubernatura, la administración entrante promovió demandas contra 33 funcionarios del equipo de Bours por fraude mediante falsificación de documentos, desviación de recursos y uso indebido de funciones. La investigación que detectó estas irregularidades en la Secretaría de Hacienda estatal estuvo a cargo de Argüelles Canseco.

Desde que asumió su cargo el nuevo gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, confirmó que la anterior administración había dejado un déficit superior a los mil 400 millones de pesos y aclaró que esa cifra no la dio a conocer su gobierno, sino despachos internacionales. Citó a las firmas Gossler y Horwath Castillo Miranda como las que estarían a cargo de las auditorías.

En octubre de 2009, Padrés dijo que se había descubierto la emisión de 22 cheques por 70 millones de pesos a nombre de funcionarios estatales, pero hizo hincapié en que estos documentos fueron cobrados por terceras personas. Precisó que se encontraron partidas excesivas que sobregiraron el presupuesto.

En esa ocasión, el secretario de Hacienda, Alejandro López Caballero, informó que los primeros resultados de las revisiones permitieron ubicar partidas por 320 millones de pesos que les fueron retenidas a los trabajadores del estado; otras más por 54 millones de pesos correspondientes a cuotas y retenciones sindicales de los maestros y, por último, 101 millones de pesos por concepto de “asesoría y capacitación”.

Detalló que entre las disposiciones en efectivo realizadas con cheques entre febrero y julio de 2009 hubo cobros diversos, cuyos montos van de 2.5 hasta 17.5 millones de pesos, y agregó que se detectaron convenios para los cuales no había recursos disponibles; fue el caso de Alianza para el Campo, proyecto al que el gobierno estatal debía aportar 223 millones de pesos, e Inversión para la Educación, en el que se debían invertir 51 millones de pesos.

Caso ABC: la estocada final

El incendio en la guardería ABC de Hermosillo, ocurrido el 5 de junio de 2009, fue el “empujón” que el PRI, el partido de Bours, necesitaba para ver fracasado su intento de conservar la gubernatura.

El voto de castigo de los sonorenses fue implacable. La tragedia que costó la vida a 49 niños y quemaduras a más de 100 cambió el panorama electoral en Sonora y rompió el pacto que hasta entonces tenía el “priista” Bours con el gobierno de Felipe Calderón, a quien después de haber apoyado para que se reconociera su impugnado triunfo en 2006, acusó de ser el responsable de la tragedia (Proceso 1704).

Semanas y semanas transcurrían y Bours ocupaba buena parte de su tiempo para exculparse ante los medios –ya veía venir el desastre electoral– en vez de satisfacer las demandas de las familias de las víctimas, investigar a fondo las causas del incendio y fincar responsabilidades.

Molinar, la culpa

Juan Francisco Molinar Horcasitas, titular de la SCT.

Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO, D.F., 4 de junio (apro).- Juan Francisco Molinar Horcasitas, hombre de confianzas de Felipe Calderón, pasa el peor momento de su carrera política, pero con el aval de su amigo y jefe está decidido a doblarle la mano a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo menos, a una mayoría suficiente de seis ministros para que el máximo tribunal lo exonere de la mas grave acusación que puede pesar sobre cualquier persona y más para un funcionario publico: el homicidio de 49 niños de entre 10 meses y cuatro años de edad por el incendio de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora.

En la que ha sido la peor tragedia infantil en el país, ocurrida hace justo un año, 104 niños más resultaron heridos con afectaciones pulmonares, algunas de ellas irreversibles.

Molinar fue promotor de la candidatura presidencial de su amigo, quien al ocupar Los Pinos lo designó director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cargo en el que estuvo hasta marzo del año pasado, tres meses antes de la tragedia. Calderón lo designó entonces titular de la estratégica Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), desde donde Televisa y Telefónica, de España, le disputan a Carlos Slim el futuro de las telecomunicaciones en México.

Molinar, además, es ahora el encargado de repartir las concesiones para la infraestructura vital del país.

Mucho poder y beneficio para dejarlos ir. En cuanto el ministro Arturo Zaldívar dio a conocer el dictamen que resultó de la investigación de la Corte sobre la tragedia, Molinar inicio su defensa mediática para alegar su inocencia, utilizando los recursos de la SCT. Para defenderse, Molinar comenzó a repartir culpas. A la propia Corte la acusa de haber violado sus derechos, según él, por no entrevistarlo para dar su versión de la tragedia.

Extraña el argumento del exdirector del IMSS, pues una vez que tuvo el informe preliminar de la investigación, la Corte lo entregó a las autoridades y servidores públicos para hacer observaciones y presentar la documentación o elementos que les sirvieran de descargo. Molinar se deslinda culpando al exgobernador Eduardo Bours. Dice que como director del Seguro Social le era humanamente imposible evitar los factores que provocaron el incendio de la estancia infantil, autorizada por el IMSS para operar junto a una bodega llena de papel y deficiente sistema eléctrico de la Secretaria de Hacienda de Sonora.

El exdirector del IMSS quiere ocultar una verdad incontestable: como encargado de la institución no hizo nada para evitar el "desorden generalizado" del sistema de guarderías subrogadas que propició la tragedia.

El informe de la investigación hecha por dos magistrados por mandato de la Corte, dado a conocer el 1 de marzo es contundente: sólo el 0.3 por ciento de las guarderías subrogadas, de las casi mil 500 al momento de la desgracia, cumplían con todos los requisitos para su funcionamiento. De ahí que la Corte hable de "desorden generalizado". El fondo del dictamen es sobre la responsabilidad de los que gobiernan, de los alcances de sus actos y omisiones.

En una sociedad donde la impunidad es histórica, no es extraño que el exdirector del IMSS no se haya hecho a un lado mientras el Poder Judicial lo investigaba junto a otros exfuncionarios del Seguro Social, el gobierno de Sonora y la presidencia municipal de Hermosillo. Al contrario, desde la fuerza del Ejecutivo Federal, hará cuanto pueda para que una mayoría de ministros lo exculpen.

Calderón lo apoya, pues sabe que no sólo es Molinar y el actual director del IMSS, Daniel Karam, en lo personal, los que están señalados. Es su gestión como gobernante la que está en entredicho. A decir de la manera en que la Corte ha resuelto los casos de graves violaciones a los derechos humanos en Puebla y Oaxaca, no seria raro que Molinar quedara libre de culpa. Aunque así fuera, la sociedad mexicana hace mucho que lo culpó.

jcarrasco@proceso.com.mx

Caso ABC: Carta a Calderón

Protestas en Sonora por el caso ABC.

José Gil Olmos

MÉXICO, D.F., 19 de mayo (apro).- El 5 de junio de 2009, por negligencia e indolencia del gobierno de Eduardo Bours, se incendió la guardería ABC, ubicada en Hermosillo, Sonora, ocasionando la muerte a 49 niños y heridas a otros 75.

A un año del siniestro, 39 padres de los niños muertos y de algunos que resultaron lesionados siguen protestando porque, aseguran, no ha habido justicia y los culpables de la tragedia están libres.

Muchas versiones, incluida la opinión del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, acusan al exgobernador Bours de ser responsable por negligencia. Pero también se señala la responsabilidad de los dueños de la guardería, entre ellos una pariente de Margarita Zavala, la esposa de Felipe Calderón.

A pesar de que las investigaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyeron en la responsabilidad de autoridades federales, estatales y municipales, la aplicación de la justicia aún esta pendiente para los culpables de esta tragedia, quienes se han amparado en la impunidad que da el tráfico de influencias.

Más allá de lo que se pueda decir o escribir, es mejor leer la carta de un padre de familia que perdió a su pequeño en ese incendio que nunca debió haber ocurrido. Esta es la misiva –se reproduce textual-- que este padre de familia le envió al presidente de la República, Felipe Calderón, el pasado 30 de abril y cuya respuesta aún espera.


Sr. Felipe Calderón Hinojosa

Presidente de México


Ante la imposibilidad de tener un acercamiento personal con usted me dirijo por el presente medio para manifestarle lo siguiente:

Mi nombre es JULIO CESAR MARQUEZ ORTIZ, mexicano de nacimiento, con domicilio en la Ciudad de Hermosillo, Sonora. Probablemente mi nombre no le diga nada a usted, quizás porque no soy un cantante extranjero o futbolista exitoso, mucho menos propietario de algún aeropuerto en Puerto Peñasco, Sonora.

En la remota posibilidad de si haya leído o escuchado mi nombre en algún medio, no ha sido por los motivos anteriores. No, desgraciadamente ha sido porque llevo casi 11 meses, concretamente a partir del 5 de Junio de 2009 exigiendo públicamente JUSTICIA.

Mi hijo JULIO CESAR MARQUEZ BAEZ, de 2 años 9 meses, falleció víctima del CRIMEN en su contra y de 48 niños y niñas más, el día 5 de Junio de 2009 en la Guardería ABC de esta ciudad. ¿Le suena algo? Estoy seguro que si. No le debe ser ajeno lo que escribo, ya que una de los principales responsables es la Sra. Marcia Matilde Altagracia Gómez del campo Tonella, quien es familiar de su esposa, la Sra. Margarita Zavala.

Han sido 11 meses ya de no llorar por mi hijo y los demás padres por los suyos. No lo hemos hecho porque nos han quitado ese derecho, obligándonos a salir a las calles a clamar por Justicia. ¿Se puede usted imaginar siquiera todo este tiempo sin mi amado hijo, tratando a la vez de consolar a mi esposa y a mis otros 2 hijos por la ausencia eterna?

¿Le comento algo? Mi esposa duerme todas las noches abrazando una colchita que aún mantiene el aroma de mi hijo al cual cobijó hasta el último día de su vida y mi hijita de 5 años le pide a su hermanito que venga a ella en sus sueños. No tiene usted idea de lo que le hablo.

Han sido ya 11 meses de luchar contracorriente buscando justicia, de luchar contra las instituciones que se supone son las encargadas de garantizar los derechos de igualdad en la impartición de justicia. 11 meses de buscar un encuentro con usted, de revertir su indiferencia.

Este último año ha sido indudablemente el más difícil de mi vida. Creí haberlo vivido todo y no me dolía nada como la muerte absurda de mi hijo Yeyé. Eso creía, pero hoy 30 de Abril, fecha especial para la infancia del País, he sentido morir una vez más algo dentro de mí: la fe.

Este día se reunió usted de forma muy sigilosa con un grupo muy reducido de madres de familia afectadas por el incendio de la Guardería ABC. Lo hizo así, pensando que con la foto y el comunicado de prensa que se originara de ese encuentro, quedaría en la opinión pública la seguridad de que está interesado en lo que ocurre en torno a nuestro caso. Indigna darse cuenta el concepto tan grande de idiotez que tiene usted de los Mexicanos. Está usted muy equivocado.

Hoy he visto con dolor, con tristeza y con rabia, cómo se encargó usted, con la burla que ha hecho objeto a nuestro sufrimiento, de simular que le interesa la niñez de México. La poca fe que podía sentir hacia su investidura, ha muerto. Estoy seguro de que en mí se ejemplifica el sentir de millones de Mexicanos que han vivido una y otra vez en carne propia los errores de su gobierno. Mi sentir se magnifica al recordar que yo fuí uno de los millones de personas que lo pusieron donde está, al tomar la decisión de votar por usted, cayendo en la propaganda de que el peligro para México estaba en otro lado, sin imaginar que esa publicidad se haría realidad en usted. Hoy siento la culpa moral de que si yo voté por usted, y usted y su gobierno son unos de los responsables de la muerte de nuestros niños, entonces yo soy quien también ocasionó la muerte de mi hijo.

Casi siempre hay oportunidad de enmendar los errores, por eso le digo a usted Sr. Felipe Calderón Hinojosa, que ante la pérdida de fe y de respeto hacia su persona por sus acciones tan lamentables, a partir de hoy, USTED YA NO ES MI PRESIDENTE y por ello jamás lo volveré a nombrar así. Quizás no le importe lo que pueda sentir uno solo de los Mexicanos que dice usted gobernar, pero la decepción que ocasiona usted a un Padre de familia agraviado por su Gobierno debería hacerlo reflexionar para tratar de terminar su mandato de forma digna. Dese cuenta que hay millones de personas en este país que se sienten agraviados, aunque usted y su publicidad oficial digan otra cosa.

Yo no sé si esta carta me pueda ocasionar alguna consecuencia en contra, pero estoy dispuesto a afrontarla. Si el sistema que usted dirige terminó con la vida de mi hijo y con mi fe hacia ese sistema, ¿qué más puede pasar?

Por último, le digo que aunque en lo personal a mi no me interesa ya verlo, exijo como Padre de familia que se presente usted aquí en Hermosillo a la mayor brevedad posible y enfrente a todas las familias agraviadas que solicitan verlo para expresarle su sentir. Sólo así, iniciará usted el camino hacia la reivindicación Presidencial.


ATENTAMENTE

JULIO CESAR MARQUEZ ORTIZ

PADRE DE FAMILIA DE JULIO CESAR MARQUEZ BAEZ,

FALLECIDO COMO CONSECUENCIA DEL INCENDIO EN LA GUARDERIA ABC

Larrea-Bours: un engaño más

José Gil Olmos

MÉXICO, D.F., 16 de marzo (Proceso).- Después de la huelga de la mina de Cananea en 2007, el Grupo México de Germán Larrea intentó cerrar el Hospital del Ronquillo, que hacía llevadera la vida de los mineros jubilados. El entonces gobernador Eduardo Bours ofreció a los empresarios apoyar al nosocomio con 100 millones de pesos, de los cuales entregó 30 millones de inmediato. Ahora el hospital está en decadencia y los 70 millones restantes no se ven ahí ni en las cuentas públicas de Sonora. En cambio, Bours creó la fundación Volemos Juntos, una plataforma política en la que presuntamente “invirtió” el dinero escamoteado.


Alejandro López López es un viejo minero con dos operaciones en el corazón y silicosis en los pulmones a consecuencia de años de trabajo en la Minera Cananea. Orgulloso, dice que los 2 mil trabajadores retirados hicieron mucho por la empresa y la comunidad, y por eso no entiende por qué ahora no se respetan sus derechos de ser atendido como se merece en el hospital del Ronquillo, el único que hay en la zona donde está Cananea.

En el último año han muerto 58 mineros jubilados, muchos de ellos enfermos por el polvo de la silica que infesta la mina y se mete a los pulmones. Don Alejandro, como otros miembros de la Asociación de Mineros Retirados de la Sección 65, sospecha que la desatención contribuyó a la muerte de sus compañeros.

–No somos doctores, pero antes teníamos servicios de calidad. Sin asegurar nada, creemos que la gente que ha fallecido en parte se debe a que no tenemos medicamentos oportunamente o que son genéricos y de baja calidad. Además, no tenemos la atención que teníamos antes –señala el entrevistado, quien es secretario de una de las dos asociaciones de mineros retirados de Cananea.

Angustiado por la falta de servicios de salud de calidad, no entiende por qué el Hospital del Ronquillo no funciona, si el exgobernador de Sonora, Eduardo Bours, firmó un convenio con la Minera Cananea para hacerse cargo de los gastos con un fondo de 100 millones de pesos.

El viejo minero cree que dicho convenio sólo fue verbal. Lo que no sabe es que sólo se utilizaron 30 millones para mantener temporalmente el hospital y los 70 millones de pesos restantes fueron destinados a la campaña del candidato del PRI al gobierno del estado, Alfonso Elías, a cambio de garantizar el servicio de salud de los mineros retirados.

Sin embargo, con la derrota del candidato de Bours dichos acuerdos fueron olvidados y los fondos públicos fueron a parar a la fundación Volemos Juntos, dirigida por el actual diputado federal Ernesto de Lucas Hopkins, con la idea de apoyar a los candidatos a presidencias municipales y diputaciones locales en las elecciones de 2012 para conservar sus espacios de poder.

Manuel López, exsecretario particular del diputado Ernesto de Lucas, señala que desde la campaña del año pasado para elegir a gobernador, diputados locales y presientes municipales se enteró de los trabajos de la fundación Volemos Juntos, que en apariencia se creó para ayudar a la gente.

“Tengo entendido que comenzaron a trabajar a finales de las pasadas elecciones y hace poco abrieron oficinas en Hermosillo, supuestamente para apoyar a los ciudadanos. La intención, en realidad, es apoyar la campaña de 2012, y los recursos creo que vienen prácticamente de los fondos del Hospital del Ronquillo”, sostiene el empresario.

Manuel López dejó de trabajar con Ernesto de Lucas cuando terminó su campaña para diputado federal. Hoy se dedica a sus negocios, alejado de la política.

Por su parte, De Lucas Hopkins, actual diputado federal por el tercer distrito, con cabecera en Hermosillo, Sonora, funge como brazo político de Eduardo Bours desde que éste asumió la gubernatura. A los 20 años, De Lucas fue designado secretario de Seguridad Pública del estado. Para ello, Bours cambió la Constitución sonorense, que en su artículo 21 señalaba que debía tener más de 35 años de edad al momento de su designación.


Al cabo de sólo cinco meses fue relevado por su incompetencia, pues fracasó en el intento de hacer de la frontera con Estados Unidos una línea segura, para lo cual contrató por 924 mil 100 dólares a la empresa estadunidense J&D International Consulting Services LLC, con oficinas en Houston, Texas.

El fiasco no lo alejó del gobernador Bours, quien lo nombró presidente estatal del PRI a finales de 2006. En 2008, De Lucas se fue a coordinar las redes ciudadanas de Alfonso Elías Serrano, a la postre candidato a la gubernatura de Sonora, quien perdió con el panista Guillermo Padrés tras el escándalo de los niños muertos en la guardería ABC.

Hombre de todas las confianzas de Bours, el diputado federal De Lucas Hopkins está a cargo del proyecto político del exgobernador, la fundación Volemos Juntos, en la cual trabajan cuatro coordinadores con un salario de 45 mil pesos mensuales.

Según Manuel López, exsecretario particular de Ernesto de Lucas, la fundación forma parte del proyecto político de Bours para las elecciones federales de 2012.

Señala que la supuesta ayuda del gobierno del estado al Hospital del Ronquillo fue una pantalla política y un engaño a los derechohabientes de Cananea, ya que los 100 millones de pesos de subsidios estatales nunca se destinaron a mantenerlo, pues 70 millones fueron a parar a la fundación Volemos Juntos, un esquema similar a la fundación Vamos México, creada por Marta Sahagún como plataforma para lanzar su candidatura presidencial en 2006.

Estado y empresa contra los jubilados

La huelga en la Minera Cananea estalló el último día de julio de 2007. A los 10 meses, el consejo de administración del grupo empresarial que preside Guillermo Larrea decidió cerrar el Hospital del Ronquillo para presionar a los mineros sindicalizados, estuvieran retirados o en activo. Luego suspendió el servicio de agua potable y gas natural que se surtía en Cananea desde hace 70 años.

Los mineros consideraban al Hospital del Ronquillo como un logro sindical para la protección de sus familias, pues ahí recibían servicios completos y, cuando éstos no eran suficientes, subrogaban los gastos en otros hospitales de Hermosillo, Ciudad Obregón, Guadalajara e incluso de la Ciudad de México. Diez mil de los 30 mil habitantes eran derechohabientes.

En mayo de 2008, cuando los dueños de la compañía minera decidieron cerrar el hospital, se opusieron a ello los trabajadores e incluso el gobierno del estado, por lo cual los directivos de la empresa se reunieron varias veces con los trabajadores y Bours en el Palacio de Gobierno.

Isaac López, gerente de la mina, Xavier García de Quevedo, director general del Grupo México, y Juan Rebolledo, el director jurídico, alegaron que el costo por mantener el hospital era de 10 millones de pesos mensuales. Por su parte, el gobernador advirtió sobre el riesgo de un estallido social en Cananea.

Entonces se negoció que el gobierno del estado se haría cargo del mantenimiento, la operación, los servicios y el funcionamiento del hospital, asumiendo la responsabilidad que hasta entonces tenía el Grupo México.

El 18 de mayo, el secretario de salud del estado, Raymundo López, declaró que el gobernador se comprometía con los mineros y sus familias a darles una atención médica oportuna y de calidad. Pero todo quedó en promesas.

A partir de entonces comenzó la falta de suministro en medicamentos, la sustitución de los patentados por genéricos y el abandono de las instalaciones.

Lo que relata Alejandro López López, dirigente de la Asociación de Mineros Retirados de la Sección 65, que junto con la Asociación de Mineros Retirados representan a 2 mil jubilados, evidencia que el gobierno de Bours rompió su compromiso, pues se dejó de suministrar recursos económicos para atender enfermedades como silicosis y diabetes, así como para los males del corazón, que suelen afectar a los mineros porque se exponen durante años a sustancias nocivas en la extracción del carbón.

El viejo minero duda que Bours haya firmado un convenio con la compañía.

–Creo que no existe nada de eso. Hemos insistido en que nos den una copia del arreglo que hizo el gobernador anterior, Eduardo Bours, pero no nos han dado nada. Más bien, entre nosotros campea la idea de que nunca se firmó un documento donde el gobierno adquiriera un compromiso con la empresa. Creemos que todo se hizo de forma verbal.

Por este motivo, los mineros sindicalizados pidieron una audiencia con el actual gobernador, Guillermo Padrés, pero hasta el momento no han tenido respuesta.

–Queremos tener un acercamiento con representantes de la empresa y con el gobernador, porque en Cananea no tenemos con quién acudir. Creemos que a través del gobernador podemos acercarnos a la empresa y hacerle ver que no deben involucrarnos, porque no tenemos nada que ver con la huelga.

Antes de que estallara el paro, los mineros retirados tenían compromisos contractuales con la empresa, entre ellos el derecho a la cobertura de salud.

–Nosotros no tenemos la culpa, no se nos debe castigar de esta manera. Nosotros ya aportamos lo que teníamos que aportar para el engrandecimiento y beneficio de la comunidad. Sin embargo, ahora nos tienen marginados, relegados de una manera inmisericorde.

Alejandro López tiene 67 años. Se escucha cansado y desesperado: “Queremos que nos atiendan a los viejos y que el gobierno del estado dirija su mirada hacia nosotros, que nos apoye en la reunión con la empresa (para que) podamos decirles por qué peleamos nuestros derechos”.

Precisa que él nunca ha escuchado de la existencia de la fundación Volemos Juntos y tampoco conocía el dato de que ahí han parado 70 de los cien millones que Bours programó para ayudarlos pero que ahora no aparecen en las cuentas públicas de su gobierno.

Dicha fundación opera casi clandestinamente. Tanto, que Manuel López, el exsecretario particular del diputado Ernesto de Lucas Hopkins, no recuerda cuándo empezó a funcionar.

“No sé como nació, pero sí sé que es una fundación con intenciones políticas y que los fondos vienen prácticamente de lo que estaba destinado al hospital”, señala en entrevista.

De acuerdo con información extraoficial, Bours acordó con la empresa que su gobierno desembolsaría esos 100 millones de pesos, de los cuales daría de manera inmediata 30 millones y los restantes los destinaría realmente a su proyecto político.

Cuando su candidato, Alfonso Elías, perdió la elección, Bours tuvo que crear la fundación Volemos Juntos y poner al frente a su incondicional Ernesto de Lucas Hopkins, quien habría negociado en la Ciudad de México con el director jurídico de la Minera Cananea, Juan Rebolledo, la entrega de los 30 millones. Los otros 70 jamás aparecieron en las cuentas oficiales.

Esto se suma a las irregularidades financieras descubiertas por la nueva administración de Sonora. Desde octubre de 2009, el gobernador Guillermo Padrés adelantó que se habían encontraron diversas irregularidades en las finanzas estatales.

En febrero pasado, el contralor Carlos Tapia Astiazarán anunció que, tras una investigación amplia, se estableció que algunos funcionarios de Bours participaron en una presunta malversación de fondos públicos al cobrar por lo menos 20 cheques expedidos por la tesorería estatal, en diversos bancos, por un total de 190 millones de pesos.

Tapia informó que al concluir la administración de Bours se detectó un faltante de mil 600 millones de pesos en cuentas bancarias gubernamentales, así como pagos pendientes a decenas de proveedores, lo que llevó a Padrés a declarar la entidad en “emergencia financiera” el 5 de octubre de 2009.

Esto sin tomar en cuenta otros faltantes, como los 100 millones que Bours le otorgó a la Ford Motor Company mediante incentivos no fiscales y convenios “confidenciales”, los cuales, por supuesto, tampoco aparecen en las cuentas públicas.

Fuente: Proceso

La impunidad de los influyentes. Caso Guardería ABC en Sonora.

http://www.youtube.com/watch?v=SvwBq3DX1hM

Agandallan presupuesto, reprueban en corrupción

http://www.youtube.com/watch?v=OkJysD3kAwo

Dinero
*Agandallan presupuesto, reprueban en corrupción
*Chuchos: misión cumplida
*El fideicomiso de Bours

Enrique Galván Ochoa

No creo que muchos ciudadanos se hayan desvelado hasta la madrugada de ayer para seguir por el canal de televisión del Congreso lo que sucedió en la Cámara de Diputados, pero fue una jornada lamentable. Se aprobó el presupuesto de 2010. El PRI, el PAN, junto con el Verde, el Panal y algunos diputados de Convergencia y del PRD, palomearon el documento: 437 votos en favor y sólo 13 en contra. Entre los que se opusieron destacaron Jaime Cárdenas y Mario di Costanzo, ambos del PT, porque razonaron atinadamente su inconformidad. Al final no quedaron satisfechos el PAN ni Felipe Calderón: en el pecado llevaron la penitencia. Su equipo en San Lázaro lo encabezan dos perdedores: Josefina Vázquez Mota y Francisco Ramírez Acuña; ya habían sido destituidos, la primera como secretaria de Educación y el jalisciense como titular de Gobernación. Peña Nieto, Francisco Rojas y Beatriz Paredes comieron pichones de plumaje azul. Algunos panistas hablaban ayer mismo de la posibilidad de que la Presidencia ejerciera su derecho de veto.
Agandalle
Antes de que en la madrugada el pleno aprobara el presupuesto le habían hecho alrededor de 400 cambios al proyecto original calderonista. Después de la liposucción, los números checaban pero no cuadraban. Entonces, como tenían el tiempo encima –ya se querían ir a dormir–, inventaron algo nunca visto en la historia legislativa: una fe de erratas de 50 páginas. Y dejaron a la Comisión de Hacienda de la propia Cámara –la que preside Luis Videgaray, chalán de Peña Nieto– la tarea de hacer los ajustes necesarios e incluso los innecesarios. El de 2010 será recordado como el presupuesto del gandallaje. Conserva los privilegios de la alta burocracia, de los partidos políticos, establece un gasto público que se ejercerá con precaria claridad, los gobernadores, los presidentes municipales, hasta los diputados, podrán llevar agua a su molino. No faltará dinero para las elecciones en 13 estados de la República el año entrante. Y el PRI sigue acortando distancia a Los Pinos.
La izquierda a modo
Entre los ganadores hay que anotar a Chucho Ortega. Hace un año –era noviembre– el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el fallo de la Comisión Nacional de Garantías del PRD y le otorgó el triunfo, reconociéndolo como presidente del principal partido de izquierda. Era inocultable el apoyo de Los Pinos, necesitaban a alguien manejable que desmantelara al partido. Un año después los resultados del proyecto son inmejorables. El PRD, dividido y debilitado, quedó anulado en la elaboración del presupuesto; Ortega sólo hizo un par de declaraciones como para demostrar que al menos el partido sigue existiendo y tiene alguna opinión. El colmo fue que un diputado chuchista, Vidal Llerenas Morales, subió a la tribuna de la Cámara para decir que votaría por el dictamen pripánico. Seguramente los chuchos presentarán una factura importante por sus servicios.
Reprobados
A muchos kilómetros de San Lázaro, pero a la misma hora, la organización privada Transparencia Internacional daba a conocer su reporte anual sobre corrupción en 180 países. México volvió a reprobar, incluso bajó varios décimos de su mejor calificación, que fue en 2001. Desde que Transparencia comenzó el seguimiento en 1999, todos los años ha sido reprobado. La escala es de cero a 10, nunca ha obtenido un seis. (Ver cuadro en esta página).
Los negocios de Bours
El pleno de la Suprema Corte declaró inconstitucional una modalidad de fideicomiso que estableció el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours, para llevar a cabo múltiples y sospechosos negocios, ya que transgrede los artículos 116, 117 y 134 de la Constitución. El fideicomiso ha sido centro de atención porque contiene las claves de la rampante corrupción de su sexenio, recientemente concluido. Los ministros invalidaron el artículo 19 bis de la Ley de Deuda Pública sonorense, que permitía al gobierno local desincorporar de la hacienda pública cualquier activo, incluidos los derechos sobre recaudación futura de impuestos, para colocarlos en fideicomisos privados de financiamiento que, a su vez, se pueden bursatilizar, es decir, negociar en la Bolsa de Valores. La acción de inconstitucionalidad fue promovida por diputados de la 58 Legislatura. En otros estados de la República viene ocurriendo lo mismo, pero los gobernadores tienen el control de los congresos locales. Habrá elecciones el año próximo en 13 entidades, gastarán buena parte del presupuesto en asegurar ese dominio, no vaya a sucederles lo que a Bours. Éste podría enfrentar ahora una acción penal, aunque es difícil que prosperara: el priísmo le cubriría las espaldas. Y además cuenta con el apoyo de la miss Gordillo. Intocable, como quien dice. Y luego se preguntan por qué Transparencia Internacional los reprueba año con año.
@Vox Populi
Asunto: las reservas de oro
Se habla mucho de las reservas en dólares del Banco de México, de que aumentaron o disminuyeron. Quiero saber qué fue de las reservas en oro del banco: si se cambiaron a dólares, o que fue lo que pasó. Simplemente se dejó de hablar de ese indicador.
Carlos F. García/ Distrito Federal
R: Es una pregunta muy oportuna porque en estos días probablemente deje su cargo el gobernador, Guillermo Ortiz, aunque también se comenta que los priístas lo sostendrían aun en contra de la improbable opinión desfavorable del Presidente. No tengo el dato, pero puedes entrar al portal del banco y hacer tu solicitud.
galvanochoa@yahoo.com • Foro: http://www.elforomexico.com/

¿El regreso del PRI?

JOSé GIL OLMOS

MÉXICO, D.F., 7 de octubre (apro).- Tiene tres años en campaña y no se le conocen ideas que innoven la política ni la administración pública. Todo lo que sabemos de él es por la televisión. Es más conocido por su apariencia física, por su noviazgo con una actriz y su peinado, que por sus acciones como gobernador. Aun así, ya se ve sentado en la silla presidencial a partir del 2012, gobernando el país con la ayuda de Televisa y un equipo de viejos políticos cuyas historias son de corrupción, componendas y defensa de intereses de un grupo que ya es mítico en la historia de la política mexicana conocido como Atlacomulco.
Apuntalado por una enorme y millonaria campaña mediática, así como por los errores de sus adversarios, Enrique Peña Nieto se siente seguro de recuperar para el PRI la presidencia que perdió en el 2000. A pesar de que aún faltan dos años y medio para la contienda electoral, el gobernador del Estado de México se muestra como el más firme de los aspirantes a la candidatura presidencial por parte de su partido.
Su confianza se basa en la campaña que Televisa le organizó desde antes de que llegara al gobierno mexiquense, desde aquellos días en que su mentor político, Arturo Montiel, fue expuesto en las mismas cámara de la televisora como un gobernador corrupto. Muerto en sus aspiraciones de llegar a la candidatura presidencial en el 2006, Televisa hizo a un lado a Montiel y lo sustituyó por Peña Nieto, a quien le ofreció los mejores espacios en sus noticieros de televisión, en las telenovelas y, aún más, en los programas de espectáculos y de deportes. Sí, todo eso, pero a un precio de varios millones de dólares.
La campaña mediática del gobernador mexiquense ha tenido sus efectos. Es el político más conocido por el público, el que más aparece en los medios, el que se luce en las fiestas de sociales y del espectáculo, el más reconocido en las encuestas.
Sin embargo, de Peña Nieto no se conocen sus ideas o sus propuestas para cambiar al país. Es un político con un cascaron nuevo, pero de viejas formas en su interior.
Miembro del Grupo Atlacomulco, el cual se ha distinguido por tener a los personajes más corruptos de la política mexicana como Carlos Hank González, el gobernador Peña Nieto tiene, sin embargo, un largo camino que recorrer antes de ser nominado candidato presidencial.
A primera vista tiene enfrente tres problemas que hasta el momento no han sido resueltos: la riqueza inexplicable de Montiel y su familia; el asesinato de Enrique Salinas, a quien el expresidente Miguel de la Madrid señala como uno de los involucrados con el narcotráfico durante la administración de Carlos Salinas; y la muerte de Mónica Pretelini, su esposa, cuyas causas siguen siendo poco claras.
Falta también que explique de dónde ha salido tanto dinero para su campaña mediática, sus relaciones con Carlos Salinas de Gortari, los favores que le debe a Elba Esther Gordillo, sus vínculos con los grupos de derecha más reaccionarios y violentos, los negocios en la construcción de miles de viviendas en la zona urbana de los municipios del Valle de México, las acciones de grupos del crimen organizado que están presentes en varios municipios y las negociaciones financieras con Televisa.
También Peña Nieto debe una explicación al descubrimiento que hizo la agrupación Alianza Cívica, que en su programa de observación de las elecciones pasadas encontró que el Estado de México fue la entidad donde se registraron los mayores índices de compra y coacción del voto, lo cual explica que el PRI haya ganado la mayoría en el Congreso y recuperado los municipios que antes gobernaban el PAN y el PRD.
La lista de pendientes del llamado Golden Boy es larga y compleja, y seguramente aumentará con el paso del tiempo porque se ha convertido en el blanco de muchos otros que aspiran también a la candidatura presidencial, dentro y fuera del PRI.
La fragilidad del "hijo pródigo" del Grupo Atlacomulco aún no se ha mostrado y, seguramente, desde la Cámara de Diputados, donde tiene al grupo más numeroso de legisladores de todo el partido, recibirá protección ante cualquier intento por sacar a relucir sus flaquezas. No obstante, hay circunstancias, accidentes y acontecimientos naturales que ningún político puede prever y que a veces sirven para sacar a relucir las fuerzas o debilidades de los gobernantes.
En Sonora ocurrió así con el caso del incendio de la guardería ABC, que expuso la tiranía y el autoritarismo de Eduardo Bours. Mientras que en el Estado de México, la reciente inundación en el fraccionamiento de Valle Dorado, puso en relieve la incapacidad de Peña Nieto para reaccionar a tiempo y cubrir las necesidades de sus gobernados.
En esos casos, ni con todo el dinero del mundo se pueden ocultar las fortalezas o incapacidades de un gobernante, y eso al gobernador mexiquense le puede ocurrir, que ante un incidente o un hecho imprevisto no sepa cómo reaccionar y todo el dinero invertido en su imagen se vaya al caño en un instante.
Por esos imprevistos Peña Nieto y el PRI no deberían sentirse tan seguros de que ya están de regreso en Los Pinos. Aún falta mucho tiempo y en un país como México, donde todo pasa, la ilusión de tener el poder en las manos puede desvanecerse en cualquier momento.