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martes, mayo 18, 2010

¿Y don Lorenzo no tendrá nada que decir?

Lorenzo Servitje, empresario.


MÉXICO, D.F., 17 de mayo.- El 12 de mayo de 1997 fue transmitido el reportaje preparado por Ciro Gómez Leyva con exlegionarios de Cristo que denunciaron la pederastia de Marcial Maciel de que habían sido víctimas. Esta vez la efeméride adquirió importancia, aunque no se tratara de un aniversario redondo, por la admisión pontificia de que el fundador de la Legión de Cristo carecía de escrúpulos y de un auténtico sentimiento religioso, y por la consiguiente validación de las acusaciones desdeñadas durante años sobre la torcida conducta de un hombre al que no faltó quien quisiera canonizar. Al menos Juan Pablo II solemnizó su caracterización como “ejemplo para la juventud”.

Se han recordado con esos motivos las vicisitudes del Canal 40, causadas por las presiones de diversos orígenes que pretendieron que el programa de marras se quedara enlatado, no se transmitiera y no se cometiera la infamia de calumniar al santo varón en cuyo sistema educativo se formaba la élite mexicana (y de otros varios países, como Irlanda). Pero se ha reparado menos en las largas consecuencias de una de las presiones más eficaces que, convertida en sanción cuando no consiguió amordazar a la emisora, la condujo a la ruina en que ahora se encuentra, aunque se la disfrace con el oropel de una presunta libertad. Se trata de la usurpación de la señal de ese canal, sustraído puniblemente del patrimonio de su concesionario legal y convertido en uno más de los canales de TV Azteca.

Meses atrás de la transmisión televisiva que ahora se recuerda con gran interés, porque se ha demostrado que cuanto allí se dijo correspondía a la verdad, había brotado originalmente en Estados Unidos, en el Hartford Courant, la primera información sobre el abuso sexual a que Maciel sometía a sus alumnos, a los que envilecía por largo tiempo. Poco después, a partir de esa primicia, el reportero de La Jornada Salvador Guerrero Chiprés amplió el marco informativo y formuló, primero que nadie en México, la denuncia sobre la conducta de ese hombre que embaucaba a la porción más adinerada de la burguesía nacional. Hasta una revista mensual de amenidades, Contenido, se hizo cargo también de la relevancia del caso y exhibió a Maciel en su portada.

Pero el Canal 40 logró reunir a varios de los exlegionarios que, ya adultos, habían descubierto que el comportamiento de Maciel con cada uno de ellos obedecía a un patrón, y que no eran pocos los que habían sido agraviados no sólo con el abuso físico directo, sino con el daño emocional y espiritual causado por el descubrimiento del verdadero Maciel, no el beatífico padrecito al que se veneraba. La grabación del programa y el propósito de lanzarlo al aire no pasaron inadvertidos en la Legión de Cristo, y se movieron piezas pesadas para impedir la infamia –así se la llamó– de calumniar al santo varón.

Liébano Sáenz Ortiz ha confesado, tras la descarnada descalificación que el Vaticano asestó post mórtem a Maciel, que él intentó evitar la transmisión del programa, a lo que el concesionario del 40, Javier Moreno Valle, se negó. Un grupo de anunciantes, a cuya cabeza figuraba la panificadora Bimbo, demandó lo mismo que el secretario particular del presidente Zedillo. No logaron su objetivo y el programa estremeció al no muy amplio pero sí bien calificado auditorio que veía en el Canal 40 la posibilidad de una televisión distinta de la ofrecida durante décadas por Televisa, a cuya vulgaridad cada día se asemejaba más –hasta después superarla con creces– TV Azteca, apenas un poco antes llegada dizque a competir con el consorcio Azcárraga.

Fallidas las presiones, vino el castigo. Bimbo había contratado publicidad por muchos millones de pesos, que eran una bendición para un canal que a pesar de sus bajos costos apenas lograba mantenerse a flote, y la canceló… Otras empresas, de menor importancia individual pero igualmente relevantes en su conjunto, procedieron de igual manera. Y el 40 comenzó a expiar el pecado de exhibir a Maciel en la voz viva de sus víctimas.

Acorralado por los acreedores, Moreno Valle creyó encontrar en una alianza con TV Azteca el remedio para sus males. Pronto supo con quién trataba, cuando la empresa de Ricardo Salinas Pliego regateó los pagos que correspondían a Televisora del Valle de México y a Corporación de Noticias e Información (CNI) por la comercialización de espacios cedidos para su venta a la televisora del Ajusco. Denunció el convenio y supuso posible encontrar un socio que inyectara dinero fresco a un proyecto cuyos programas periodísticos y noticiarios, pese a la limitación de recursos, eran una apetecible alternativa ante la rutina y adocenamiento de las dos empresas dominantes.

Después de muchos ires y venires, TV Azteca entró en franco litigio con Moreno Valle. Consiguió un juez que considerara que un acreedor prendario –es decir, un titular de un crédito garantizado por valores como el 51% de las acciones– es en realidad un accionista, cuando lo más que hace es mantener físicamente en su poder esos títulos de propiedad, que son ajenos. Y de ese modo ha tomado decisiones sobre la concesión. Contó para ello con la complicidad gubernamental. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes bendijo a la postre la maniobra de la televisora del Ajusco, que se inició con un verdadero asalto a la planta de transmisión del 40, en el Cerro del Chiquihuite, en diciembre de 2002. En suma, Salinas Pliego se apoderó de un canal ajeno, lo opera como si se tratara de una posesión legítima, cuenta con el cinismo social que termina cohonestando las acciones más ruines si son las que llevan las de ganar. Todo a partir de la virtual quiebra a que condujo a la Televisora del Valle de México el boicot de anunciantes, a cuya cabeza figuró la empresa fundada por don Lorenzo Servitje.

Este es un raro ejemplo de empresario dotado al mismo tiempo del instinto pragmático necesario para los negocios y de una suerte de desasimiento de lo material que le permite una vida interior notoriamente impregnada de espiritualidad profunda. Conservador en extremo, propaga su propia idea de moralidad y busca hacerla practicar por quienes quedan subyugados por el poder económico de sus empresas. En ellas padece una grave contradicción: las conduce conforme a las reglas de la responsabilidad social, con trato digno a sus trabajadores y austeridad en los directores, pero al mismo tiempo acrecienta sus ganancias con la elaboración de productos chatarra carentes de valor nutritivo y causantes de la obesidad infantil que se ha tornado en el gran desafío de la salud pública en México.

Guiado por su afán de hacer el bien, ideó una iniciativa para modelar las emisiones de la pobrísima televisión, cuya consagración a la violencia y al consumismo realmente requieren una regulación producto de la deliberación de órganos públicos especialmente calificados. Don Lorenzo se inclinó por dar un sentido positivo a aquella iniciativa y la bautizó como A favor de lo mejor, es decir, como un mecanismo de estímulo a la buena programación… Se quedó, sin embargo, a medio camino, y fue más relevante su esfuerzo en contra de lo peor, que en su opinión eran no sólo emisiones como Big Brother sino probablemente también Círculo Rojo.

No hay en este caso un nexo causal directo que permita atribuir a esa cruzada el cese de las transmisiones de Círculo Rojo, un programa de debate conducido durante un año en el canal 2 de Televisa por Carmen Aristegui y Javier Solórzano. El hecho es que, con disgusto de la Legión de Cristo, ellos presentaron en dos emisiones, el 15 y 17 de abril de 2002, nuevos y más contundentes elementos de juicio sobre la conducta de Maciel. Es de suponerse que ese acto de autonomía periodística contó entre los factores que en octubre siguiente condujeron a la terminación del contrato respectivo, no obstante el éxito que Círculo Rojo tenía (paradoja que se repitió años más tarde en perjuicio de Carmen Aristegui, cuando XEW prescindió de un programa conducido por ella que era el primero entre los más atendidos por el público mañanero).

La perseverancia y valentía de víctimas de Maciel como Juan José Baca y José Barba, entre otros; el apoyo que recibieron de verdaderos hombres de Dios como el finado Antonio Roqueñí y Alberto Athié (felizmente entre nosotros), y el interés mantenido por la propia Carmen Aristegui, abrieron paso a indagaciones sobre Maciel que lo llevaron primero a recibir una sanción leve si se juzga la enormidad de sus faltas: se le retiró de la dirección de la obra fundada por él mismo, y se le confinó al ejercicio de su ministerio sacerdotal en privado.

Pero el surgimiento de nuevas evidencias obligó al Papa Benedicto XVI a encargar una investigación sobre Maciel, y su resultado fue abrumador para las buenas conciencias. Maciel era, como lo ha calificado su mayor estudioso, el doctor Fernando González, pederasta, morfinómano, simulador y voraz empresario educativo (cito de memoria). Al reconocerlo así, aunque no en esos términos, el Vaticano tuvo también, en su comunicado del 1 de mayo, una palabra, insuficiente pero indicativa, de reconocimiento a quienes se mantuvieron firmes en sus denuncias a pesar de los denuestos y la persecución que sufrieron por ellas.

En mayo de 1997 don Lorenzo Servitje explicó que había retirado la publicidad de Bimbo del Canal 40 (y encabezado el boicot que fue secuela de su decisión), convencido de que “la miseria humana no debe exhibirse”. Al Vaticano no le quedó alternativa, más que exhibir la miseria humana de Maciel. ¿No será esta la ocasión para que don Lorenzo Servitje, tan escuchado y tan respetado en tan vastos ámbitos, haga en voz alta una reflexión sobre su conducta de entonces? No basta con que la jerarquía condene al pederasta simulador. Es preciso que también los fieles como Servitje, como quienes generaron males creyendo que practicaban el bien, revisen su conciencia. Don Lorenzo dio una lección a los empresarios al hacer pública su definición partidaria. Con la autoridad que actitudes así le han provisto, hoy puede y debe valorar lo hecho hace 13 años y comunicar a todos el resultado de su cavilación.

domingo, julio 12, 2009

Desaparecidos de ayer y de hoy


Se ventila en la Corte Interamericana de Derechos Humanos la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, detenido ilegalmente el 25 de agosto de 1974, en un caso típico de la guerra sucia librada al margen de la ley, con el pretexto de imponer su imperio, por el Estado mexicano. Antiguo alcalde (priista) de Atoyac de Álvarez, sospechoso de pertenecer o servir a la guerrilla de Lucio Cabañas, Radilla fue detenido en presencia de su hijo, entonces de once años y ahora testigo presencial en el juicio que busca establecer responsabilidades penales sobre esa forma de privación ilegal de la libertad, la más grave de todas porque es practicada por el Estado o mediante su complicidad y omisión.En representación del gobierno mexicano acudió a la audiencia, el martes 7 en San José de Costa Rica, el secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont. De acuerdo con el boletín No. 116 de esa dependencia, para eludir la responsabilidad del Poder Ejecutivo en esa desaparición, Gómez Mont dijo que "la evolución institucional en materia electoral, de seguridad y de derechos humanos que ha habido en el país durante los últimos treinta años… impedirían que un caso así se repitiera".El secretario de Gobernación puede hablar de esa guisa en el extranjero, pero no podría sostener aquí que esa etapa del Estado autoritario se ha superado. Al pretender hacerlo mostraría falta de información o de plano mentiría. Para infortunio de todos, en violaciones a los derechos humanos no hemos transitado del autoritarismo a la democracia. En esa materia Felipe Calderón no se distingue de Luis Echeverría ni Gómez Mont de Mario Moya Palencia. Sin que nadie castigue a los responsables; más todavía, sin que siquiera se investiguen los sucesos correspondientes, hoy se hace desaparecer a personas con la misma naturalidad e impunidad que hace 35 años.De inmediato puede citarse para documentar ese dicho el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, miembros del Ejército Popular Revolucionario, detenidos en Oaxaca el 24 de mayo de 2007 y hechos desaparecer al día siguiente cuando, según diversos indicios, fueron entregados por la policía estatal a miembros del Ejército. Está al menos probada, en la indagación que sobre el caso realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la presencia militar en el lugar y la hora en que fueron capturados los presuntos guerrilleros.Puede argüirse, sin embargo, que la intervención castrense en esa desaparición forzada no está plenamente probada. Sí lo está, en cambio, otro caso más reciente en que efectivos militares la practicaron en contra de tres muchachos de veintitantos años de edad cada uno, que fueron capturados sin orden judicial y sin motivo aparente en Nuevo Laredo, el 17 de marzo pasado. Miguel Alejandro Gama Habif, Israel Ayala Ramírez y Aarón Rojas de la Fuente salieron del domicilio del primero para llevar al segundo al suyo propio. Miembros del Ejército, a la vista de muchas personas los detuvieron y no se volvió a saber de ellos. Así hubiera quedado la situación de no ser por la insistencia de las esposas de los detenidos, que no aceptaron la inicial negativa de la autoridad militar de aquella ciudad tamaulipeca sobre la detención. El 24 de abril, la Secretaría de la Defensa Nacional emitió un comunicado en que avisaba de la apertura de una averiguación previa destinada a "determinar la participación de personal militar" en la captura de esas personas. El 8 de mayo la Sedena informó que con motivo de esa averiguación se había consignado ante un juez militar a cuatro oficiales y ocho soldados por la privación ilegal de la libertad de esos jóvenes. A partir de entonces la Secretaría de la Defensa nacional no ha vuelto a informar sobre el caso, no obstante que su naturaleza cambió radicalmente. El 7 de mayo, víspera de la emisión de su segundo boletín –y acaso a ello se debió la difusión de ese comunicado– fueron hallados en un paraje de Nuevo León los cuerpos de las tres personas detenidas por militares al margen de la ley. No se conoce –ese es uno de los defectos del fuero de guerra, su opacidad– el curso de la consignación por privación ilegal de la libertad, ni si la causa respectiva se engrosó con la denuncia por homicidio que corresponde. A pesar de que las víctimas sean civiles, los autores del delito están bajo la jurisdicción castrense. Como si hechos de esa magnitud, y los contenidos en el informe de Human Rights Watch sobre la "impunidad con uniforme" (tal cual se tituló su informe sobre justicia militar), no hubieran trascendido a la opinión pública mexicana e internacional, en San José el secretario Gómez Mont defendió el fuero de guerra, en función de que fueron militares quienes detuvieron a Radilla Pacheco y se busca que se les sancione penalmente. Primero, como dice el boletín de Gobernación, "destacó la institucionalidad de las fuerzas armadas", que implica "una delimitación clara de las funciones y facultades de las fuerzas armadas que, a su vez, han incorporado el respeto y la remoción de los derechos humanos a su actuación"Enseguida, "Gómez Mont defendió a la jurisdicción militar e hizo notar que las garantías constitucionales consagradas a favor de las víctimas operan tanto en el ámbito de la justicia civil como de la militar". Como si sus oyentes en la Corte, y el público mexicano en lo general ignoraran el sistema jerárquico que rige el funcionamiento de los tribunales castrenses, sujetos sus titulares y miembros a los mandos superiores, el secretario dijo también, sin atenerse a la verdad, que "la jurisdicción militar garantiza los principios de independencia, imparcialidad, oralidad, publicidad, contradicción y concentración. Por ello, rechazó que los militares no puedan juzgar a los propios, porque eso es no reconocerles su identidad y su mística apegada a los más altos valores institucionales".Terminó Gómez Mont con una falacia, cuyo desarrollo implicaría la reposición del fuero eclesiástico y la creación de otros semejantes. Dijo que "la jurisdicción militar se somete a un medio de control constitucional como es el juicio de amparo, que resuelve el Poder Judicial de la Federación. Explicó que de esta forma existe un sistema mixto en el que el resultado final de un juicio militar recae en un tribunal de carácter civil". El secretario volvió de San José pleno de esas convicciones, por lo que a la mañana siguiente irrumpió telefónicamente en una mesa radiofónica sobre justicia militar. Dijo al aire (según el boletín del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, representado en la mesa por Santiago Aguirre) que las denuncias contra excesos del Ejército están motivadas en una "insensatez" y un "prejuicio inaceptable": el considerar que al Ejército no le interesa impulsar los derechos humanos. Defendió una vez más el fuero de guerra porque (de acuerdo con la información de la agencia Apro) "incentiva, propicia y protege que los mandos preserven la disciplina de sus cuerpos en función del respeto a la población".Será de verse si Gómez Mont hace precisiones, como llamó a sus planteamientos en la mesa radiofónica de marras, a dichos de funcionarios estadunidenses de alto nivel –como los zares de la frontera y contra las drogas– y al reportaje de The Washington Post aparecido el mismo jueves 9, donde se afirma que el Ejército Mexicano se vale de desapariciones forzadas y tortura para combatir a las bandas de la delincuencia organizada. El secretario de la Defensa fue buscado por el diario washingtoniano para conocer su opinión al respecto pero éste no fue atendido.El denuedo de Gómez Mont en proteger el buen nombre del Ejército, aun pasando por alto hechos comprobados, va más allá del rutinario reconocimiento que, a manera de exorcismo, se hace a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Da la impresión de que se siente forzado a hablar en tal sentido, lo que eventualmente podría implicar sujeción del poder civil al militar.

jueves, abril 23, 2009

Fin al diálogo


MÉXICO, D.F., 22 de abril (apro).- En víspera del inicio de las campañas electorales para renovar la Cámara de Diputados, la gubernatura en seis estados, así como alcaldías y congresos locales en otros ocho más, el anuncio del rompimiento del dialogo con el EPR, por una irresponsabilidad del gobierno de Felipe Calderón, representa un riesgo que ni el propio Germán Martínez puede conjurar con su propaganda sucia en tiempos de elecciones.
Nadie en el gobierno había considerado que la comisión de mediación tomaría la medida de poner fin a sus buenos oficios tras considerar que no ha habido voluntad para enfrentar la desaparición de los dos cuadros políticos del EPR.
Durante casi un año, dicha instancia, integrada por un grupo de intelectuales, periodistas, legisladores y representantes de organizaciones sociales, buscó en el gobierno calderonista disposición para aclarar este caso catalogado como desaparición forzada. Pero durante todo este tiempo la Secretaría de Gobernación jugó a las apariencias y trató de ocultar este delito que ha sido impugnado por tribunales internacionales.
Ahora que se hizo el anuncio por parte de la comisión de mediación, que podría repercutir en el rompimiento de la tregua por parte del EPR, la Secretaría de Gobernación reaccionó culpando a dicha comisión de no querer seguir el dialogo, asegurando que de su parte siempre ha habido respuesta a sus peticiones.
Pero más allá de esta declaración tardía, lo que al parecer intenta la instancia gubernamental es ganar tiempo, y retomar este asunto, como también el de la francesa Florence Cassez, hasta que pasen las elecciones. Esto es, quiere administrar los conflictos que hay en el país para que no empañen el proceso electoral, como si se pudiera manipular la realidad nacional.
Es evidente que una posible acción del EPR en estos tiempos preocupa a Calderón pues mostraría, una vez más, su incapacidad para manejar temas delicados que ponen en riesgo la seguridad nacional. Esta impericia es tan evidente que durante todo un año le dio largas a investigar el paradero de los dos guerrilleros desaparecidos en Oaxaca, en un operativo en que, al parecer, participaron policías de esa entidad y militares a quienes les entregaron los eperristas con vida.
En varias ocasiones, la comisión de mediación, en la que participan el obispo Samuel Ruiz, el historiador Carlos Montemayor, la senadora Rosario Ibarra y el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, pidieron a Calderón mostrar su voluntad para localizar a los guerrilleros, incluso convencieron a los familiares acudir a las instancias judiciales a presentar la denuncia respectiva. Si embargo, la respuesta de la Secretaría de Gobernación fue nombrar a un representante, al subsecretario Abraham González, quien dejó el puesto dejando acéfala la representación gubernamental.
El desinterés del gobierno se mantuvo a lo largo de todo este año, tanto que a veces ni siquiera atendían los llamados a reuniones de trabajo que hacían los mediadores y tampoco hicieron caso a los comunicados del EPR, el último emitido en enero, donde hacían la advertencia de que si no les hacían caso habrían de reanudar las hostilidades suspendidas hace unos meses como muestra de dialogo.
Lamentablemente, hasta que se anunció la disolución de la instancia mediadora es que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, hace declaraciones en el sentido de que sólo la política, el diálogo y la comunicación son las vías para cambiar a México, y cualquier negación al diálogo es impensable.
Pero es precisamente la negación al dialogo por parte del gobierno federal la causa del rompimiento con el EPR, una posibilidad que por primera vez se había establecido con este grupo desde que apareció públicamente en 1996, y que fue desperdiciada por una actitud soberbia de cuyas consecuencias habrán de hacerse responsables desde Los Pinos.
Comentarios: gil@proceso.com.mx

miércoles, octubre 08, 2008

Boletín Informativo ISA núm 534

http://serviciodenoticiasisa.blogspot.com

PROPONE GRANADOS CHAPA “UNA LEY DE AMNISTÍA QUE HAGA SALIR DE LAS CÁRCELES A PRESOS POLÍTICOS QUE HOY MISMO COMO EN LOS PEORES TIEMPOS DEL AUTORITARISMO PADECEN PRISIÓN INJUSTA”

Versión estenográfica del discurso de Miguel Ángel Granados Chapa durante la sesión donde le fue entregada la Medalla “Belisario Domínguez”.

Ciudadanas senadoras, ciudadanos senadores, ciudadano Presidente de la República, ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados, ciudadano Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señoras y señores:

Aunque mi oficio, parte de él consiste en tejer palabras, no encuentro las que rebelen con precisión, los sentimientos con que hoy recibo la Medalla de Honor que lleva el nombre del doctor Belisario Domínguez, otorgada por el Senado de la República.

Me limito, entonces, a expresar con llaneza un gracias escueto, pero suficiente ante la unánime decisión de los integrantes de este cuerpo legislativo, de encontrar en mi trayecto profesional sustancia bastante para merecer la alta distinción que hoy se me otorga. La entiendo como un reconocimiento a la tarea de informar y de suscitar opiniones, un reconocimiento al periodismo en general y en particular al que se ha afanado por promover y dar cuenta del cambio democrático en nuestro país, el periodismo que sin falsa objetividad se propone contribuir en comunión con sus lectores y oyentes, a la construcción de una sociedad fundada en la equidad y la justicia, una sociedad donde como humildemente quiso Morelos, queden moderadas la opulencia y la miseria.

El Doctor Domínguez era miembro de esta Cámara cuando arrostró con plena conciencia la muerte con tal de expresar sus convicciones, su condena al régimen usurpador y criminal de Victoriano Huerta, quien con la misma frialdad que ordenó asesinar al Presidente Francisco I. Madero, dispuso de la vida del propio Senador Domínguez, cuya muerte se agregó a las que la dictadura había ordenado para eliminar a los diputados Serapio Rendón y Adolfo Gorrión. En la valiente protesta por esas tres ejecuciones, el Diputado Eduardo Neri las condenó en su Cámara con tal fuerza que el déspota clausuró el Congreso al día siguiente el 10 de octubre de 1913.

No es casual que al instituir medallas para honrar a mexicanos distinguidos, las Cámaras del Congreso hayan escogido los nombres de esos combatientes con la palabra frente al huertismo.

Por cierto la Medalla Eduardo Neri, otorgada por los diputados, acaba de ser discernida y será entregada a don Miguel León Portilla, el gran humanista mexicano único recipiendario de las dos preseas del Poder Legislativo, pues en este lugar le fue entregada en 1995 la Belisario Domínguez.

El Senador Domínguez y el Diputado Neri, pertenecieron a la Vigésimosexta Legislatura, disuelta por la dictadura pretoriana usurpadora y que había acompañado al Presidente Madero en sus tenues, pero definidos intentos por transformar a México después del Porfiriato.

Pocas legislaturas han tenido frente a sí desafíos descomunales como la dispersada por Huerta, que en carceló a no pocos de sus integrantes.

Cambiando lo que haya que cambiar, porque el México de la Guerra Civil de 1913 no es el México de la difícil convivencia de 2008 a la Legislatura No. 60, la elegida hace dos años, le cumple una misión semejante a la de aquella coyuntura, dar la cara a uno de los momentos más críticos de la vida nacional, más difícil cuanto que parece que nos hayamos inermes frente a él.

No es que la sociedad mexicana carezca de experiencia ante las crisis, la ha adquirido a fuerza de golpes, de caer y levantarse, de deplorar lo perdido y comenzar de nuevo, pero pocas veces en la historia habían convergido adversidades de tan distinta índole y semejante gravedad que hacen de las sombrías horas que corren, horas de definición, de las que emergerá la sociedad disminuida y en riesgo de descomposición y aún de enfrentamiento o engrandecida para superar la magnitud del desafío para que sea por una vez madre providente de sus hijos.

No se requiere vocación de Casandra para avizorar un futuro preñado de vicisitudes lesivas de la convivencia, porque el pasado reciente y el presente las han incubado.

No se requiere tampoco padecer un ánimo infectado de pesimismo para advertir que día con día crecen las adversidades y aún surgen otras más entorno nuestro, desde el seno mismo de la sociedad, pero también sin que nos ciegue el optimismo, un optimismo que fuera trágicamente irreal como bautizó en que en sus días intentaba prevalecer don Daniel Cosío Villegas, percibimos que la energía social de los mexicanos es capaz de enfrentar esas adversidades con fortuna, sobre todo si utiliza nuevos instrumentos o de modo diferente emplea aquellos de que la República se dotó desde la hora de su fundación.

Aquí mismo, en esta casa, en esta representación del Federalismo tan caro a nuestra voluntad de unión están en curso procesos legislativos que resulta de un nuevo ensamble de instrumentos, circunstancias donde se combinan la formalidad de las instituciones y el dinamismo vital de la participación social directa, mentira que se trate de factores antagónicos y aún excluyentes.

Por lo contrario, la constitucionalidad de las tareas realizadas por los legisladores se alimenta con la movilización de los ciudadanos, que ya se pronunciaron en general en las urnas, pero pueden y quieren expresarse también en la calle, en los caminos en torno a asuntos puntuales, en procura de solución a sus problemas para acuciar legítimamente a sus legítimos representantes.

Lejos de demonizar a la movilización ciudadana, hemos de reconocer y valorar sus cualidades motrices. La calle, la gente en la calle, las multitudes que clamaron contra la inseguridad impulsaron la presentación de iniciativas de reforma legal, de creación de nuevos instrumentos contra el hampa.

De no ser por la vitalidad, por la viveza de los ciudadanos en acción, podría ocurrir que no se emprendieran las mutaciones legales que propicien un más eficaz combate a las varias formas de delincuencia, el terrorismo incluido que nos agobian y amenazan.

Movimiento social semejante se había manifestado, lo hace hoy mismo y se expresará también más adelante en torno de la reforma petrolera que necesita nuestro país.

La calidad del proceso legislativo en curso, sería otra, de no haberlo precedido el amplio debate nacional sobre un tema, que como pocos, no puede ser abordado sin la presencia de la sociedad. Ese debate social, una de cuyas porciones principales fue albergada por ésta Cámara, resultó de una feliz combinación de rasgos de nuestra república, la fortaleza del Poder Legislativo y el ejercicio de las libertades públicas, las que permiten a la gente reunirse y manifestar su parecer sobre los graves asuntos que conciernen a sus intereses y sus convicciones, que hoy, juntos legisladores y la gente digan lo que hay que hacer para poner al día, en estricto apego a la Constitución la industria petrolera nacional.

Esas libertades públicas requieren un fortalecimiento que impida retrocesos dañinos para la convivencia nacional. Nunca eliminados por entero como inexplicable hierba envenenada crecen tendencias al autoritarismo, a la criminalización de la protesta social, a la guerra sucia no enderezada sólo contra los opositores al régimen, sino contra ciudadanos en reclamo de sus derechos.

Permítanme, ciudadanas Senadores, ciudadanos Senadores instarlos a establecer un mecanismo social que impida o condene cuando ocurra la desaparición forzada de personas, que afecta hoy a decenas, cientos, quizá de mexicanos a quienes autoridades federales o locales levantaron como si fueran los captores delincuentes, es decir, los detuvieron, pero no los sometieron a juicio como deben proceder de acuerdo con la ley, y acaso los privaron de la vida como lo hacen los matones profesionales.

Ya hay legislación vigente al respecto. Pero se requiere mejorarla para hacerla compatible con instrumentos internacionales suscritos por México, y obligatorios, por lo tanto, para sus instituciones.

Una legislación que haga del Estado el cumplidor de la ley, y no su infractor en perjuicio de las personas, sería admirablemente completada por una Ley de Amnistía que haga salir de las cárceles a presos políticos que hoy mismo como en los peores tiempos del autoritarismo padecen prisión injusta.

(APLAUSOS)

Es imprescindible hoy restaurar las bases de la convivencia, del acuerdo en lo fundamental.

La sociedad diversa no puede ser homogeneizada, sino por la fuerza. La unidad impuesta lleva imbíbito el riesgo de la unanimidad, del pensamiento único; necesitamos identificar propósitos comunes impulsados desde la diferencia; necesitamos saber y obrar en consecuencia que los distintos, los otros no son por ello peligrosos; necesitamos saber que no son enemigos, sino acaso, adversarios.

El poder del dinero y el poder criminal de las armas sustraen ya ahora con marcas crecientes de la vida en común al imperio de la ley y la capacidad rectora del Estado. El ímpetu feroz de la delincuencia organizada parece no reconocer límites, los rompe todos; sorprende cada día con su ubicuidad y sus desplantes osados y crueles.

Los poderes fácticos, los que gobiernan sin haber sido elegidos, los que buscan y obtienen ganancia de negocios que atentan contra el interés general gobiernan en mayor medida que los gobiernos; la lucha de unos y otros poderes ilegítimos contra la sociedad, su éxito en el propósito de dominarla es favorecida por una situación económica, material cada vez más adversa, menos propiciatoria que la prosperidad y la expansión de la potencialidad humana.

Muchos creemos percibir la difusión de una desesperanza, de un desánimo social, un desencanto con las formas democráticas, un cinismo social que como los depredadores en infortunios impuestos por la naturaleza aprovechan la desgracia ajena para medrar.

Pero eso que nos ocurre, los fenómenos en sí mismos, y los que provocan esta desesperanza, no son una condena, son enfermedades del espíritu colectivo susceptibles de ser curadas, no con pociones mágicas que a la postres mas envenenan, en que sanan, sino con el empuje que más de una vez ha permitido ejercer y acrecentar la energía de los mexicanos.

No nos deslicemos a la desgracia, menos aún caigamos de súbito en su abismo, cada quien desde su sitio, sin perder sus convicciones, pero sin convertirlas en dogma que impidan el diálogo, impidamos que la sociedad se disuelva.

No es un desenlace inexorable, podemos frenarla, hagámoslo, y con la misma fuerza reconstruyamos la casa que nos albergue a todos o erijámosla si es que nunca la hemos tenido.

Muchas gracias.


martes, septiembre 23, 2008

PLAZA PÚBLICA
El PRD, ¿a salvo?
MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

Con resultados variopintos se reunió este fin de semana el undécimo congreso nacional ordinario del Partido de la Revolución Democrática. Tal como están las cosas en esa organización, la noticia principal fue que el congreso se realizó (porque pudo no haber sido así, o pudo haberse instalado y quedarse a medio camino), aunque no estuvo a salvo del clima de rijosidad que se ha instalado en ese partido, especialmente después de la fallida elección del 17 de marzo, que no acaba de ser resuelta.El Congreso mismo estuvo en vilo hasta que la Comisión Nacional de Garantías declaró legal la elección de los delegados a esa reunión que, sin embargo, no contó con la presencia de todos los perredistas que deberían ser elegidos en el seno de los consejos estatales, pues como resultado de la rebatiña electoral de marzo, quince de esos consejos no han sido instalados. Una vez definido que el Congreso se reuniría el 20 y 21 de septiembre, la comisión organizadora, y señaladamente dos de los candidatos a la presidencia que alcanzaron pocos votos, Camilo Valenzuela y Alfonso Ramírez Cuéllar asumieron la tarea de preparar una reunión donde las querellas no hicieran imposible los debates. Lo consiguieron al punto de que lograron reunir, en la víspera del congreso, a Jesús Ortega y Alejandro Encinas, que se encararon después de meses de sólo remitirse mensajes de confrontación. De esa manera, si bien no fue posible evitar vociferaciones y rispideces, el congreso logró tomar acuerdos.El más promisorio para la vida interna del PRD es la reforma estatutaria que establece una nueva forma de Gobierno interior. El congreso votó mayoritariamente por integrar una comisión política, que dirija al partido, compuesta por quince miembros, incluidos el presidente y el secretario general. Quien encabece la Comisión designará a los trece miembros restantes, pero no podrá hacerlo a capricho o según intereses particulares. Se ordena que lo haga “considerando la pluralidad del partido”, lo que puede traducirse en una suerte de representación proporcional no sujeta a cuotas rígidas. Para asegurar que así sea, la integración del nuevo órgano, la lista de sus trece miembros, deberá ser aprobada en el Consejo nacional por al menos el 70% de sus integrantes. El porcentaje es alto para impedir que una sola corriente pueda avalar a la Comisión, sino que para hacerlo se requiera el concurso de más de una de las expresiones partidarias, como eufemísticamente se llama a los grupos, a los que, con ánimo peyorativo no exento de precisión se denomina también tribus.La idoneidad de la fórmula no correspondió con la compleja composición del partido evidenciada en su congreso. No fue posible que el presidente Guadalupe Acosta Naranjo nombrara a los 13 comisionados, entre otros factores porque su posición misma está en entredicho. Él fue nombrado para sustituir a Leonel Cota, que terminó su periodo y una vez que se imposibilitó que sucediera al ex gobernador de Baja California sur Encinas u Ortega. Izquierda unida, la corriente encinista, llama espurio a Acosta Naranjo, que ha exacerbado las críticas en su contra adoptando decisiones o actitudes que son impropias de alguien que, en rigor, está sólo encargado del despacho, para evitar que el partido quede sin representación jurídica. Nueva Izquierda, en tanto, insiste en que Acosta siga en el cargo, a menos que la justicia electoral avalara a Ortega como Presidente surgido de la fallida jornada del 17 de marzo.Un factor adicional hizo que, desde el momento mismo de ser aprobada, la reforma que crea la Comisión política quedara abollada. El Congreso debía elegir a 64 consejeros nacionales (es decir integrantes del órgano que aprobará a los 13 comisionados políticos), que se sumarían a los 300 elegidos en aquella fecha, cuya legitimidad también debió ser calificada por una Comisión nacional de garantías a su vez puesta en cuestión. Pero en la madrugada de ayer lunes, a las 2:30 de la mañana los congresistas desistieron de hacer esos nombramientos y lo más que acordaron fue aplazarlos al once de octubre próximo.El Congreso logró aprobar, en cambio, una reforma relativa a la política de alianzas, que deberá ser establecida conforme a circunstancias locales específicas. Ya no estará vigente, sin embargo, la prohibición expresa, acordada por el anterior Congreso de aliarse con el PAN y el PRI. No se decidió lo contrario, pero se dejó abierta esa posibilidad, que tendría visos de realidad, quien lo creyera, con el partido tricolor, y ya no con Acción Nacional, con quien el PRD se coaligó en varias oportunidades, hasta que dejó de hacerlo en 2004. En ese año todavía fueron candidatos de ambas organizaciones el panista Javier Corral en su búsqueda de la gubernatura de Chihuahua y Gabino Cué, ex priísta, miembro de Convergencia que en contienda contra Ulises Ruiz en Oaxaca contó con el apoyo de los dos partidos mayores de la oposición en esos estados.Independientemente de los magros, y aun malos resultados de alianzas con el PAN en comicios locales donde la coalición alcanzó a formar Gobierno, la polarización evidente en el País a partir de 2006, que tiene a esos partidos antagonizados, hace imposible pensar siquiera en nuevos compromisos comunes. Lo mismo debería suceder respecto de aliarse con el PRI. Sería una decisión contra natura, no justificable siquiera con el argumento de que unidos perredistas y priístas podrían derrotar, en Guanajuato y Jalisco a gobiernos de extrema derecha.
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Perplejidades ante la sangre


Como si una macabra deidad, aún más exigente que Tezcatlipoca, demandara sacrificios en sus aras, en los días y semanas recientes la sangre derramada a causa de la violencia ha corrido más abundante que nunca. En el mes corrido entre el día en que se firmó el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad -pomposa denominación tras la cual los gobiernos escondieron su incapacidad o su falta de voluntad para combatir al crimen organizado- y este domingo en que empieza a circular el número 1664 de Proceso, no ha amainado la marea roja: cerca de 500 personas fueron ejecutadas en ese lapso, en circunstancias como las que ya se han hecho normales en un país donde los enfrentamientos entre bandas generan consecuencias más cruentas que las escaramuzas en países sometidos al flagelo de la guerra entendida en su concepción tradicional.
Al lado de esas ejecuciones, digamos que comprensibles porque suelen estar identificados los autores y las víctimas y las causas de la agresión, sobresalieron en el breve lapso de tres días dos terribles acontecimientos que, faltos de lógica, lejanos a los referentes usuales para calibrarlos, han causado perplejidad. Por lo menos la han provocado en mí. Se trata del atentado contra la población civil en Morelia, la noche del 15 de septiembre, y la matanza de 24 personas, ocurrida tres días antes, en el camino a Chalma, no lejos de La Marquesa, el parque nacional donde pasean los capitalinos pues se halla a las puertas de la Ciudad de México.
Hasta el viernes 19, una semana después de descubiertos los cadáveres en territorio mexiquense, el crimen colectivo era incomprensible. Por la personalidad de las víctimas, no parece que se trate de un ajuste de cuentas entre narcotraficantes, pues salvo que fingieran a la perfección, al menos la mitad de los sacrificados con sólo un balazo en la cabeza, disparado por un tirador experto, estaban lejos de servir a ese negocio, ni como vendedores de droga al detalle, ni como guardaespaldas ni sicarios. Eran jornaleros que vinieron de su tierra en Veracruz, Tamaulipas e Hidalgo en pos de una ocupación que les permitiera sobrevivir y aportar unos pesos al sostenimiento familiar. Hacían vida comunitaria en una abigarrada vecindad en Huixquilucan. A ella llegó en la madrugada del martes 9 un piquete de hombres armados, vestidos con ropa de agentes policiacos y la sigla de la AFI a sus espaldas. Es imposible saber cuándo se está a merced de delincuentes de tiempo completo y cuándo frente a policías que de tiempo parcial se dedican a infringir la ley que están obligados a hacer respetar. Se comportan lo mismo unos y otros: insolentes, agresivos, intimidatorios.
Así llegaron al refugio de los jornaleros, amigos o parientes entre sí, que se hacinaban en viviendas breves: uno de esos domicilios que, más ilusa que racionalmente, sus ocupantes consideran provisionales, pues los alienta la esperanza de volver un día a su tierra, probablemente con experiencia laboral y recursos que les permitan vivir mejor. Con violencia, los presuntos policías detuvieron a 12 personas y se las llevaron sin que el vecindario protestara ni preguntara siquiera por las causas de la detención, atemorizados los parientes y vecinos por el riesgo de que también fueran arrastrados por la fuerza lejos de sus viviendas.
La noche de ese martes, al Ministerio Público local habían llegado ya varias denuncias por la desaparición de personas, detenidas en público como los 12 mencionados, o capturadas sin escándalo, "levantadas" como se dice cuando alguien padece la privación ilegal de la libertad como preámbulo de la muerte. Pero a nadie preocupó la súbita suma de personas en esa condición, por lo cual no parece haberse averiguado su paradero, hasta que sus asesinos los pusieron delante de todos, en una lúgubre exhibición. Al contrario de los homicidas comunes, que buscan la oscuridad para proceder, que se mueven en la clandestinidad, los que se apoderaron de 24 personas las ultimaron, no en un paraje solitario donde fuera imposible el hallazgo de los cadáveres o por lo menos demorara hacerlo.
Al contrario, actuaron a la vera de una ruta concurrida, como para ser vistos casi en el momento del homicidio colectivo. Lo cometieron, además, con notorio afán escenográfico. Si fueran crímenes comunes, los autores hubieran dispersado los cadáveres, los hubieran ocultado. Pero aquí se hizo lo contrario: las víctimas fueron reunidas en un breve espacio, de apenas poco más de un metro cuadrado por cabeza, y allí se les ejecutó para que los cadáveres quedaran muy próximos entre sí, como seña de la fraternidad que en vida unió a por lo menos la mitad de ellos.
¿De qué se trata? ¿Se buscaba sólo generar un espeluznante espectáculo a modo de preámbulo para el ataque en Morelia la noche del Grito? ¿Fue una matanza de inocentes escogidos al azar para conmocionar? ¿Una banda los asesinó para inducir que se culpara a otra? ¿Culpas de qué otro género provocaron su sentencia de muerte? ¿Fue un simple desafío a las autoridades, sin que la identidad de las víctimas importara nada?
Semejante perplejidad genera el atentado moreliano. De inmediato se abrió paso la idea de que se trata de narcoterrorismo. Terrorismo lo es, sin duda, pues se trata de violencia que además de su resultado inmediato (la muerte y las lesiones a las víctimas) provoca un estado de zozobra en la comunidad en que ocurre, que deja en la gente común la clara conciencia de que la suerte de los caídos en el centro de Morelia puede ser la suya propia en cualquier momento, en cualquier lugar.
Es menos evidente que los autores sean bandas delictivas, aunque por exclusión no parece haber hipótesis mejor. Las organizaciones guerrilleras que han declarado la guerra al Estado y realizado acciones armadas en su contra, guardaron silencio, lo que las exculpa, ya que sus ataques van siempre acompañados de mensajes, pues la suya es una guerra con armas y con propaganda. Fuera de ellas, no hay más poder violento que el del narcotráfico, dotado de capacidades materiales y financieras para moverse con libertad por doquier. Así lo hace cotidianamente en la realización de su ruin negocio, y así lo defiende contra rivales y autoridades.
Aceptar esa posibilidad abre muchas interrogaciones. Si es lógica irrefutable que la delincuencia procura trabajar con la menor injerencia posible de la policía, ¿por qué provocarla? ¿Por qué hacerlo si puede comprarla, como a todas luces hace como parte de su funcionamiento?
Es posible imaginar algunas respuestas. Una consiste en suponer que la guerra entre bandas no se concreta sólo en el intercambio de balazos y el ajuste de cuentas. Puede incluir también acciones que sesgadamente menoscaben la movilidad y la productividad de los enemigos, sobre cuyas zonas cae de pronto la atención oficial en forma de tropas que establecen retenes y localizan casas de seguridad, y la atención pública que, conmocionada e indignada, demanda resultados de la acción gubernamental.
También puede ocurrir, como el ataque nazi al Parlamento germano, que se cometa una atrocidad para culpar de ella a otros, al enemigo, los comunistas en ese caso. A ese propósito podría corresponder la advertencia de La Familia, la peculiar mafia delictiva michoacana, que insiste de varias maneras en culpar a Los Zetas, encauzando en su contra la excitación pública, y la necesidad del gobierno de mostrarse eficaz.
Y ya que evoco el incendio del Reichs-tag, aunque parezca insensato puede considerarse también la tesis del autoataque, como la que no sin rubor porque parecía un exceso se blandió en Estados Unidos ante los atentados del 11 de septiembre de 2001. De ese trágico episodio emergió fortalecido un presidente de la república disminuido desde el momento mismo de su dudosa elección y que, dada su impopularidad creciente, tenía cada vez más remota la posibilidad de un nuevo período en la Casa Blanca. De paso, como resultado objetivo, deseado o no, el conservadurismo antidemocrático y mercantil encontró en el terror causado por el abatimiento de las Torres Gemelas el clima ideal para inhibir y aun cancelar derechos humanos y libertades públicas. En México, las tendencias al endurecimiento, la denuncia de la polarización política como si equivaliera a traicionar a la patria, sacarían provecho de un demencial acto de autoagresión después del cual sea punible no atender el llamado presidencial a la unidad.
Abrí esta columna con una metáfora. Seguramente es necesario, para la comprensión de nuestro momento histórico, abandonar las fáciles imágenes de que nos provee la antropología usada por aficionados con destrezas no más que caseras. La violencia que además de intimidar confunde sólo puede ser eficazmente enfrentada si es convenientemente conocida, si el diagnóstico para actuar sobre ella es certero. Quizá no podamos esperar de las autoridades tal claridad de pensamiento y certidumbre en la acción. Toca a los ciudadanos (en la cavilación personal, en los medios, en las universidades) esforzarnos por entender los nuevos rasgos de nuestro entorno. Así contribuiremos a que no sea inexorable nuestro deslizamiento a la nada. l