Insuficiente, reconocimiento oficial de 26 mil desapariciones: AI

Sólo confirma la “inmensa tragedia” de miles de familias. Revisar y depurar la lista, el primer paso, señaló la organización.

Fernando Camacho Servín La Jornada

México, DF. Amnistía Internacional (AI) señaló que el reconocimiento oficial de la existencia de más de 26 mil personas desaparecidas o “extraviadas” en México entre 2006 y 2012 es un paso insuficiente del gobierno, pues sólo confirma la “inmensa tragedia” que viven miles de familias y las escalofriantes dimensiones de las violaciones de derechos humanos que han permanecido ignoradas durante años.

Mediante un comunicado, la organización aseveró que la falta de investigaciones prontas, serias y exhaustivas de los casos que han sido presentados ante las autoridades tanto estatales como federales, han caracterizado la actuación de las autoridades del país.

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Guatemala: “Ríos Montt y otros generales tienen que dar la cara”

Luego de la condena de más de 6 mil años de prisión contra militares que participaron en una matanza contra una comunidad maya, campesinos y defensores de derechos humanos demandan que sean enjuiciados los autores intelectuales de toda la política de “tierra arrasada”. Las condenas sólo alcanzaron a kaibiles, mientras que los generales golpistas –encabezados por Efraín Ríos Montt–, quienes habrían ordenado el aniquilamiento de decenas de pueblos supuestamente simpatizantes de la guerrilla, gozan de impunidad.

Danilo Valladares/IPS-Voces de la Tierra

Guatemala, Guatemala. “Queremos justicia, pero justicia clara; que agarren a los criminales y los sentencien como debe ser”, reclama Raúl Gómez, sobreviviente de la masacre perpetrada por la represión militar en 1982 en Dos Erres, comunidad del norteño departamento guatemalteco de Petén.

Gómez indica a Inter Press Service (IPS)que la condena que recayó sobre cuatro soldados –hoy en retiro–, involucrados en la matanza de Dos Erres, significa que “se están esclareciendo las maldades que hacían nuestras autoridades militares, después de tanto tiempo que estuvimos arrodillados y humillados por ellas”.

Manuel Pop, Reyes Collin Gualip, Daniel Martínez y el teniente Carlos Carías, exmiembros de la fuerza militar de elite Kaibil, fueron sentenciados a más de 6 mil años de prisión por el asesinato de 201 personas ocurrido el 6 de diciembre de 1982.

Pero miembros de la cúpula militar señalados de haber cometido graves atropellos contra los derechos humanos durante la guerra interna, como el general golpista (1982-1983) Efraín Ríos Montt, y sus pares Benedicto Lucas y Óscar Humberto Mejía Víctores, “deben dar la cara; quisiera oírlos ante este pueblo humilde que jamás usó las armas como ellos lo hicieron contra nosotros y nos traicionaron; es duro”, subraya Gómez, quien perdió a 15 familiares en la matanza de las Dos Erres, entre ellos a su hermano, dos tíos y varios primos.

Ríos Montt –que posee inmunidad penal por ocupar un escaño en el unicameral Congreso legislativo– se defendió al aducir que no fue “director de masacres o algo por el estilo. Yo simplemente fui jefe de Estado y hasta ahí me quedo”.

“Aunque esta sentencia es un paso adelante contra la impunidad en Guatemala, los soldados no cometieron estos crímenes por iniciativa propia, y las autoridades deben hacer comparecer ante la justicia a todos sus superiores que planearon y ordenaron los crímenes”, indica Sebastián Elgueta, investigador para Amnistía Internacional.

El 7 de diciembre de 1982, unos 50 efectivos del ejército irrumpieron en la comunidad Dos Erres para aniquilar a sus habitantes, supuestamente integrantes de la guerrilla izquierdista. Hombres, mujeres, niños y ancianos fueron asesinados a balazos, luego de ser torturados. Sus cuerpos fueron lanzados al pozo que surtía de agua potable a la localidad.

La represión del Ejército y otras fuerzas de seguridad del Estado contra la guerrilla provocó más de 200 mil muertos y desaparecidos entre 1960 y 1996 en Guatemala. En ese enfrentamiento sobrevinieron masacres y otros crímenes de lesa humanidad, al ser responsables en 93 por ciento de los casos las fuerzas del Estado y grupos paramilitares de ultraderecha, documenta la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Ésta fue creada a partir de los Acuerdos de Paz firmados en 1996 entre el Ejército y la exguerrilla congregada en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, para aclarar “con toda objetividad, equidad e imparcialidad” las violaciones a los derechos humanos cometidas en los más de 30 años de conflicto armado.

Desde entonces, familiares de los desaparecidos y organizaciones de derechos humanos han iniciado una batalla legal por aclarar estos crímenes, de los que fue víctima en 83 por ciento de los casos la población indígena maya. Pero no ha sido fácil, sobre todo, en el caso de Ríos Montt. “Su poder en las instituciones del Estado sigue siendo real y determinante, pues con el uso de recursos judiciales variados ha logrado convertir la legalidad en un asunto de impunidad”, indica a IPS Benito Morales, abogado de la Fundación Rigoberta Menchú Tum.

Durante el bienio en que Ríos Montt encabezó una sangrienta dictadura se produjo el peor periodo de violación de los derechos contra la población civil en Guatemala, a través de su política de “tierra arrasada” dirigida contra las comunidades mayas establecidas en el Noroeste, departamento de Quiché.

Por esos crímenes, la Audiencia Nacional de España lo acusó del delito de genocidio, al igual que a otros oficiales de alto rango, en respuesta a una demanda planteada en 1999 por la defensora de derechos humanos Rigoberta Menchú, Premio Nóbel de la Paz en 1992.

El juez español Santiago Pedraz ordenó el 7 de julio de 2006 la prisión provisional contra ocho acusados de genocidio, terrorismo, torturas y detenciones ilegales durante la guerra civil guatemalteca, entre ellos Ríos Montt, Mejía Víctores, el exministro de Defensa Aníbal Guevara y el exdirector de la Policía Nacional Germán Chupina. Al final, únicamente Guevara y Chupina fueron arrestados en 2006, pero el 13 de diciembre de 2007 la Corte de Constitucionalidad de Guatemala resolvió que la justicia española no tenía jurisdicción para procesar a militares y civiles por hechos ocurridos en ese país centroamericano, con lo cual dejó sin efecto las acciones en su contra.

Actualmente, ninguno de esos oficiales enfrenta causa alguna en la justicia, pese a que no hay ley de amnistía que los ampare. Incluso Ríos Montt ha eludido la justicia por falta de voluntad política y de los tribunales para iniciar un proceso que inhabilite la inmunidad legislativa que posee y afronte las acusaciones como cualquier ciudadano.

“Un juicio contra estos personajes dejaría sentado para la historia, la conciencia y futuras generaciones de este país el reconocimiento de que aquí hubo una política de Estado que masacró y que intentó exterminar a los pueblos indígenas, para que eso no vuelva a suceder”, afirma Morales.

Sin embargo, y aunque la persecución penal contra exmilitares de alto rango va cuesta arriba, otros casos han dado resultados positivos. El último fue la captura del exjefe policial Pedro García Arredondo, el 24 de julio pasado, acusado de la desaparición forzada de un estudiante y del incendio que destruyó la sede de la embajada de España el 31 de enero de 1980, en la que murieron 37 ocupantes, entre ellos Vicente Menchú, padre de la Premio Nóbel de la Paz.

En junio pasado también fueron arrestados el exgeneral Héctor López Fuentes, de 81 años, asociado con el genocidio contra más de 300 personas entre 1978 y 1985, y el exdirector de la policía Héctor Bol, de 71 años, por las desapariciones de un sindicalista y un estudiante universitario en 1984.

Antes, en 2010, el excomisionado militar Felipe Cusanero fue sentenciado a 150 años de prisión por el secuestro y desaparición entre 1982 y 1984 de seis campesinos indígenas, mientras que el coronel Marco Antonio Sánchez y tres excomisionados militares fueron condenados a 53 años de cárcel por la desaparición de otras ocho personas detenidas en 1981.

“Estos casos permiten vislumbrar que hay oportunidad de que no queden en la impunidad la mayor parte de esos crímenes”, expresa, esperanzado, Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo. Para lograr enjuiciar a la cúpula militar, “lo ideal sería que los ahora detenidos se acojan a alguna figura legal para que los proteja y señalen a los más importantes. Pero estoy convencido de que poco a poco tendrán que enfrentar la justicia”.

Aura Elena Farfán, de la organización no gubernamental Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala, indica a IPS que sentencias como la alcanzada en el caso Dos Erres sirven para acumular elementos para juzgar a Ríos Montt y a otros militares. “No ha sido fácil el camino que nos ha tocado andar, pero la perseverancia y vencer tanto obstáculo, como los 50 recursos que los abogados tuvieron que desahogar, las intimidaciones y allanamientos que sufrimos, dio sus frutos”, explica Farfán, querellante adherente del caso. Agrega que “llegará el momento” de juzgar a Ríos Montt, porque “él nunca participó directamente, pero sí fue el autor intelectual de la política de ‘tierra arrasada’”.

Fuente: Fuente: Revista Contralínea 253 / 2 de octubre de 2011

La “tragedia oculta” de las prisiones colombianas

Sergio Ferrari (especial para ARGENPRESS.info)

Más de 7 mil presos políticos abarrotan las cárceles de Colombia. Los mismos viven, en muchos casos, en situaciones dramáticas. Así lo denunció el abogado colombiano Ramiro Orjuela durante su estadía en Suiza, como parte de una gira continental.

Profesor universitario y abogado de detenidos políticos, Orjuela coordina la defensa, entre otros, del periodista sueco-colombiano Joaquín Pérez Becerra, cuya detención y rápida extradición de Caracas a Bogotá en la última semana de abril del año en curso, fue ampliamente mediatizada.

“La situación de los detenidos por causas políticas o de conciencia es una tragedia oculta por los grandes medios de comunicación en mi país”, subraya Orjuela durante una reciente escala en Berna.

En la segunda quincena de junio el abogado colombiano visitó Suecia, Alemania, Bélgica, Suiza y España. Encontrando a personalidades políticas, la comunidad de colombianos expatriados, parlamentarios europeos en Bruselas así como funcionarios de organismos internacionales y de reconocidas entidades como el Consejo Mundial de Iglesias, en Ginebra.

“Caso único en Latinoamérica”

La cantidad de presos políticos y sus condiciones de detención “describen una de las peores situaciones en América Latina e incluso en el mundo entero”, enfatiza el defensor de derechos humanos.

Muchos de ellos son campesinos, obreros, estudiantes, sindicalistas, líderes sociales o asociativos. Sin embargo, el Estado, para penalizarlos, “los acusa de guerrilleros. En mi país cualquier voz opositora es criminalizada, en particular si pertenece a los movimientos sociales”, enfatiza.

Las condiciones de detención en muchos de los centros penitenciarios, según Orjuela, aumentan el drama de los “miles de jóvenes, mujeres, hombres y ancianos que las deben soportar”.

Y la lista de vejaciones, según el abogado, es larga. Todo comienza ya con las trabas y mecanismos complejos para complicar los procesos jurídicos. “En Colombia es cotidiano, por ejemplo, el recurso a pagar a testigos falsos o usar pruebas falsas. Como en el caso emblemático de David Ravelo, dirigente social de derechos humanos del Magdalena Medio, acusado una primera vez como guerrillero de las FARC. Liberado 27 meses más tarde fue nuevamente detenido, esta vez, usando como pretexto testimonios de ex –paramilitares”.

Continuando con su reflexión, Orjuela ejemplifica otras de las condiciones abusivas que le dan un tinte dramático a las cárceles”: régimen cotidiano inhumano; desplazamiento de los detenidos a miles de kilómetros de su lugar originario de residencia; imposibilidad real de poder tener visitas con sus familiares debido a la distancia y a la precariedad económica de muchas de las familias de los detenidos...

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Estar hasta la madre......

“Más que al narco, me suena a guerra contra los más jodidos”

Sentada en las escalinatas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Teresa Mendoza se abraza las piernas, y pone la mirada y la mente en un lugar muy lejos de ahí.

A veces, ser La reina del sur no sirve de nada cuando hay que lidiar con la incertidumbre de un hermano desaparecido, con el miedo de ser el próximo en sufrir algún daño, o con la indiferencia de las autoridades que, en el papel, están ahí para ayudar. Porque "la indiferencia también es un delito; y duele bien cabrón".

El nombre, por supuesto, es ficticio. La joven de no más de 22 años que se lo adjudica sonríe al decirlo, en uno de los escasos momentos en los que sus ojos no se ven tan ausentes.

Reacia al principio a narrar su historia, La reina del sur acepta la charla con la condición de no dar ningún detalle que revele su identidad. Tiene miedo, igual que su familia. No puede saber si alguien los sigue, ni quién se les acerca y para qué. “Estamos aquí –dice finalmente– para preguntar por mi hermano y uno de sus amigos, que hace una semana viajaron del Distrito Federal a Monterrey, y luego a Matamoros, para comprar una camioneta. La última vez que supimos de él fue el 9 de abril a las 3 de la tarde; luego se cortó toda la comunicación.”

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Exigen ONG a Calderón dejar de "fabricar culpables" de asesinatos

Cuernavaca, Mor., 16 de abril. La Comisión de Derechos Humanos Independiente del estado de Morelos y el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa exigieron al gobernador Marco Adame Castillo y al presidente Felipe Calderón que apliquen la ley a los verdaderos culpables del asesinato de siete personas, entre ellas el hijo del escritor Javier Sicilia, y “que dejen de fabricar pruebas, presentar chivos expiatorios y falsos positivos.

“Las organizaciones de derechos humanos en Morelos hemos exigido que no haya impunidad en las ejecuciones extrajudiciales y crímenes violentos que han privado de la vida a cientos de personas, entre ellos muchos jóvenes y mujeres, en esta cruel e inhumana guerra en la que el pueblo pone los muertos.

"Ninguna muerte debe permanecer impune. Es el principio elemental de la aplicación de la justicia lo que permite crear condiciones para impedir que estos crímenes se generalicen, como ha venido sucediendo a grados de verdadero genocidio en todo el país con casi 40 mil personas fallecidas", aseguraron en un documento.

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Critican la propuesta de crear supercárceles

La iniciativa del presidente Felipe Calderón de crear prisiones de súper máxima seguridad no resolverá los problemas que existen en los centros penitenciarios del país. Por el contrario, podrían generar espacios donde se violen las garantías de los internos, sin posibilidad de observación ni denuncia, advirtieron activistas de organizaciones civiles.

Édgar Cortez, del Instituto de Derechos Humanos y Democracia, afirmó que las llamadas supercárceles serían la continuación de los penales de máxima seguridad, que ya han recibido diversas recomendaciones de organismos nacionales e internacionales por prácticas vejatorias contra los reos, como exponerlos a la luz las 24 horas del día o someterlos a largos periodos de aislamiento.

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Elude el gobierno responsabilidad en violencia del narco: Rául Vera

Es egresado de la primera secundaria de Guanajuato; acude al 75 aniversario

Acámbaro, Gto., 16 de abril. El gobierno federal elude su responsabilidad en la ola de violencia desatada por la guerra contra el narcotráfico, dijo el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, en la misa por el 75 aniversario de la primera secundaria de Guanajuato, construida en Acámbaro por el presidente Lázaro Cárdenas.

En el mensaje enviado a los ex alumnos de la Escuela Secundaria Federal de Acámbaro (ESFA), de donde él es egresado, sostuvo que la educación es la vía para mejorar las condiciones del país.

Agregó que muchos mexicanos no están de acuerdo con la guerra contra el narcotráfico, que ha generado miles de muertes, pero la población tiene la fortaleza para ponerse de pie.

Vera López oró para que Dios fortalezca a las familias de las docenas de víctimas encontradas en fosas de San Fernando, Tamaulipas. Al final de la homilía fue aplaudido por los asistentes.

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Calderón, "emocionalmente mal", opina López Obrador

Nezahualcóyotl, Mex., 16 de abril. Andrés Manuel López Obrador pidió a Felipe Calderón que se serene, porque "lo veo emocionalmente mal" y culpando a todos del fracaso de la estrategia de combate al crimen organizado.

"Lo escuché ayer [viernes] en radio, está muy alterado, está desesperado y esto no conduce a nada bueno... Ojalá escuchara, está en una situación emocional muy difícil y si fuese un ciudadano más no habría problema, pero él está ostentando la Presidencia de la República."

Entrevistado durante la llamada gira de la lealtad, indicó que "la situación sí es muy grave y [Calderón] está perdiendo mucha autoridad, está quedando sin respeto de nada. Cada vez que declara es lo mismo; lo veo en el periódico, hasta los que quieren ayudarlo ya no lo pueden respaldar".

Insistió: "Se lo mando decir en buen plan, que se tranquilice y que revise la estrategia; está de por medio el país, el pueblo y el sufrimiento de la gente; es de sabios rectificar, no se puede caer en la autocomplacencia, no puede uno regodearse en la terquedad. Si no funciona la estrategia, hay que cambiarla".

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Cumple Rosario Ibarra 36 años de buscar a su hijo; mientras tenga vida seguiré, dice

Lamenta que la desaparición forzada en lugar de erradicarse se extienda a migrantes y jóvenes

Rosario Ibarra toca el medallón que siempre lleva en el pecho, con la foto de su hijo, un jovencísimo Jesús Piedra, del que este lunes se cumplen 36 años de haber sido secuestrado en Monterrey, y advierte que "mientras tenga vida" seguirá luchando por saber qué pasó con él y los otros 556 desaparecidos durante la década de los setenta, casos que ha podido documentar.

Es muy doloroso, lamenta, que la desaparición forzada de personas, lejos de erradicarse, crezca y se multiplique en México y que en la actualidad ya no sólo se secuestre y torture a luchadores sociales y opositores, sino a migrantes y jóvenes, que hombres armados bajan de los autobuses en que viajan a la frontera y sus cuerpos aparecen después en fosas clandestinas.

Advierte que se pretende hacer creer que son integrantes del crimen organizado a los que desaparecen y asesinan, pero no es así, ya que en el gobierno de Vicente Fox y en el actual hay denuncias de desapariciones forzadas en las que están involucrados militares.

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Invasión a escuela indígena alternativa de Chilón amenaza el proyecto educativo

Hermann Bellinghausen
Enviado

San Cristóbal de Las Casas, Chis., 16 de abril. Las escuelas indígenas alternativas de Guaquitepec, en el municipio de Chilón, son todo un referente nacional e internacional como experiencias de educación para el desarrollo intercultural, productivo y humanístico, con definida raíz tzeltal. Hoy se encuentran seriamente amenazadas por presuntos conflictos dentro de la misma comunidad. El pasado jueves fueron agredidos, y "detenidos", dos maestros del bachillerato bilingüe intercultural Bartolomé de las Casas, por un grupo de personas que invadieron hace tres meses terrenos de la escuela y han impedido el funcionamiento académico.

El 17 de enero, este grupo invadió las tierras de práctica agrícola de la Secundaria Técnica Bilingüe Intercultural Emiliano Zapata Salazar; lo encabezan Antonio Mazariegos López, Juan Gómez González, Diego Hernández González y Pedro Gómez Vázquez, conocidos caciques. Según denuncias de los ejidatarios, los invasores reciben el respaldo del ex diputado perredista Carlos Bertoni Unda, la organización Oruga y, así sea sólo por omisión, la subsecretaria de Gobierno en Yajalón, Ana del Carmen Valdivieso Hidalgo, quien, en nombre del titular de Gobierno, Noé Castañón León, se comprometió "a ser coadyuvante en la solución del conflicto", y ni ella ni su superior "han actuado realmente" (La Jornada, 15 de marzo).

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Informa el INM que expulsó a Proiettis "por realizar trabajo distinto al autorizado"

El Instituto Nacional de Migración (INM) dijo acerca de la deportación del periodista y académico Gianni Proiettis que el italiano desempeñaba un trabajo distinto al que estaba autorizado para efectuar en México, además de tener vencido su documento migratorio (FM2).

Información interna del INM precisa que Proiettis tenía autorización para impartir clases en la Universidad Autónoma de Chiapas, pero “esa actividad no la estaba realizando hasta el 8 de abril pasado cuando la autoridad "corroboró el vencimiento de su FM2".

En Chiapas, Maribel Rotondo, esposa de Gianni Proiettis, afirmó que hasta la tarde del sábado el gobierno mexicano no le había informado acerca de la expulsión ni los motivos. Añadió que su esposo le envió hoy un breve mensaje por correo eléctrico informándole que se encontraba en Madrid, en espera de abordar un vuelo a Roma. Señaló que el periodista debía llegar a la capital italiana este sábado, pero según familiares y amigos que lo esperaban, no arribó en ninguno de los tres aviones de la línea Iberia –en la cual se supone viajaba– que cubren esa ruta.

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Dictan formal prisión a los 11 detenidos del SME

El juzgado 16 de distrito en materia penal, con sede en la ciudad de México, dictó auto de formal prisión contra 11 integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que fueron acusados por la Procuraduría General de la República (PGR) de cometer delitos del orden federal tras participar en los incidentes violentos del pasado 11 de abril en instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad.

Así, Hugo Medina Rodríguez, Álvaro Figueroa Santiago, Eusebio Valdez Morales, Francisco Javier Domínguez Amaya, Jorge Ulises Uribe Gaona, Gabriel Blas Bastián, Rogelio García Flores, Gabriel Rodríguez Arriaga, Rodolfo Vivas Espíndola, Gilberto Burgos Martínez y Marco Antonio Cortés Cruz serán juzgados por motín, robo calificado y daños en propiedad ajena.

La dependencia federal informó que los delitos imputados a los presuntos integrantes del SME fueron considerados con agravantes, por lo que el juzgado respectivo "les negó la libertad bajo fianza, por las circunstancias y características de los ilícitos cometidos".

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Adquirió el AGN software con enorme sobreprecio

En 2009, el Archivo General de la Nación (AGN) puso en marcha el Sistema Automático de Registro, Normalización y Digitalización de Archivos (Siranda), un software denominado Archidoc, por el que pagó 15.2 millones de pesos. Sin embargo, esta misma herramienta, denominado Archidoc, puede adquirirse por Internet (www.canteco.net/buy) en 70 dólares, denunció la historiadora María de los Angeles Magdaleno.

Al igual que la especialista, ex funcionarios del AGN –despedidos en enero pasado– pidieron a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación que investiguen este contrato que se hizo a través de la empresa española El Corte Inglés.

Los ex trabajadores aseguraron que con ese mecanismo de digitalización se dejan fuera 2 mil 500 archivos nacionales, mientras que aumentan las contrataciones de personal de confianza "con sueldos extraordinarios fuera de la austeridad marcada".

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Campeche: mortandad de peces en zona de ductos

Pescadores de la península de Atasta, municipio de El Carmen, Campeche, denunciaron la mortandad de peces en la zona de ductos que van hacia los pozos de Petróleos Mexicanos en esta región, y exigieron la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. El coordinador de protección civil de Astata, Juan Calderón Gómez, estimó que más de media tonelada de especies como robalo, mojarra, tilapia, castarrica y sábalo, se encuentran regadas a lo largo de las playas de esta región. Los pescadores dijeron que la mortandad se debe a las fugas en el ducto, cuya antigüedad es de 26 años, al que no se ha dado mantenimiento, por lo que solicitaron la intervención de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Profepa, y que Pemex inicie una investigación respecto a las causas de este fenómeno

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Seis mil militantes renuncian al sol azteca en Hidalgo

Pachuca, Hgo., 16 de abril. Alrededor de 6 mil perredistas de los municipios de Actopan, Francisco I. Madero, Ixmiquilpan, Mixquiahuala, San Salvador y Progreso de Obregón, abandonaron las filas del PRD, en protesta por los excesos cometidos por la corriente de los Chuchos, que impuso a sus simpatizantes en la definición de candidatos para los comicios del próximo 3 de julio.

Durante el Consejo Electivo Estatal del PRD, donde quedó integrada la lista de candidatos a presidentes municipales, regidores y síndicos procuradores, militantes inconformes de este órgano político, anunciaron su separación del sol azteca por considerar que la corriente del actual dirigente nacional, Jesús Zambrano Grijalva, resultó beneficiada en el proceso.

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El Despertar

• Estar hasta la madre

José Agustín Ortiz Pinchetti

Los mexicanos inconformes han introducido a la retórica política una expresión altisonante: ¿qué quiere decir hasta la madre? No es sólo una frase grosera sino exasperada. Quizás la Real Academia, dentro de 50 años, la admita como mexicanismo. Implica llegar al colmo, hasta al gorro, hasta el copete; me colmaron el plato… estar hasta la madre cala profundo, invita a investigar a filólogos y antropólogos. Algún día organizarán un simposio para explicarla.

¿Es compresible que el gobierno nos tenga hasta la madre? Calderón no está de acuerdo. Como respuesta a la manifestación encabezada por el poeta Javier Sicilia para protestar el terrible asesinato de uno de sus hijos y otros jóvenes quería contestar… "El que está hasta la madre soy yo" (véase Magú. La Jornada, 14/4/11) pero sus asesores lo obligaron a dar una contestación menos sincera y ante un grupo empresarial benévolo exigió que la protesta fuera contra los criminales y no contra las autoridades. Esta réplica demuestra que Felipe no debió aprobar su examen de teoría del Estado en la Benemérita Escuela Libre de Derecho, porque todo mundo sabe que es el gobierno, y no el crimen organizado, el responsable de garantizar la seguridad de los particulares. Además no olvidemos que Calderón se lanzó a la guerra no para combatir al crimen, sino para intentar legitimarse después de un fraude electoral.

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La batalla por el Edomex

Arnaldo Córdova

La lucha por el estado de México, que este año elegirá nuevo gobernador, se está revelando como un elemento decisivo en la lucha por la Presidencia de la República en 2012. Claro que no todo se decidirá allí, pero sus resultados serán cruciales para lo que vendrá el año entrante. Las razones son harto conocidas: una, el principal precandidato priísta a la Presidencia es gobernador de ese estado; otra, es la entidad más poblada de la República y en ella habita una gran proporción del electorado nacional. Hay, tradicionalmente, un alto abstencionismo, pero eso no le quita su importancia a escala nacional. Lo que allí pase este año repercutirá en el que sigue y de un modo que nadie puede predecir.

Las sorpresas han estado a la orden del día en ese estado. Del lado del PRI, era casi un hecho que el candidato sería de nuevo un miembro del Grupo Atlacomulco, Alfredo del Mazo. Pero resultó que le ganó un lumpen de la política mexiquense, con un historial plagado de manchas negras, Eruviel Ávila, presidente municipal de Ecatepec, el municipio con la mayor población del país. Del lado del PAN y el PRD se vaticinaba el triunfo de la política de alianzas entre ambos partidos, sobre todo, por el peso que en el estado tiene la corriente Alternativa Democrática Nacional del senador Bautista, perruno sostenedor de esas alianzas. También en este caso el resultado fue otro.

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El desfile del 50 Aniversario

Fidel Castro Ruz

Tuve hoy el privilegio de apreciar el impresionante desfile con que nuestro pueblo conmemoró el 50 Aniversario de la proclamación del carácter Socialista de la Revolución y la victoria de Playa Girón.

También se inició este día el Sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba.

Disfruté mucho la narración pormenorizada y la música, gestos, rostros, inteligencia, marcialidad y combatividad de nuestro pueblo; a Mabelita en la silla de ruedas con el rostro feliz, y a los niños y los adolescentes de La Colmenita multiplicados varias veces.

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El panismo del PRI

Néstor de Buen

Cabría suponer que el PRI ha pretendido ser un partido de izquierda que históricamente representaría los rotundos aspectos sociales de la llamada Revolución de 1910 y que se reflejaron en la multitud de leyes de trabajo que el Ejército constitucionalista impuso en los estados en que había derrotado al porfirismo. De todas esas leyes merece una referencia especial la que Salvador Alvarado impuso en Yucatán, inspirada en una ley neozelandesa y que iluminó, al ser discutida, los momentos más intensos del Congreso constituyente.

Hay que reconocer, sin embargo, que una vez derrotado Victoriano Huerta y estabilizada de alguna manera la sucesión presidencial, correspondió al presidente Emilio Portes Gil, con su ley de Tamaulipas, establecer las bases de lo que luego sería la Ley Federal del Trabajo (LFT) de 1931, puesta en vigor por Pascual Ortiz Rubio.

Sin duda nuestra primera legislación laboral adolecía de serios defectos. El peor de todos, en ejercicio de la reglamentación del mandato constitucional, fue la creación de las que primero fueron denominadas "comisiones de trabajo" para acabar en el texto definitivo como juntas de conciliación y arbitraje.

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Hacia la izquierda

Antonio Gershenson

El que la izquierda presente un candidato único a la gubernatura del estado de México, Alejandro Encinas, y que haya fracasado el intento de unión con el Partido Acción Nacional (PAN), es un avance importante de la izquierda. Este intento de unión con el PAN, de algo así como la derecha de la izquierda, fracasó rotundamente.

También fracasó, por el mo-mento, el albazo que se quiso hacer con la llamada reforma laboral. Se trata de quitar a los trabajadores hasta sus más elementales derechos, primero lo planteó el PAN y ahora el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En escala internacional, vemos numerosos casos que tienen similitudes. No me refiero solamente a ciertos países de Medio Oriente y de África en las que hay numerosas movilizaciones. Hay poca atención, o de plano ninguna, en los medios de difusión nacionales, a casos que considero importantes.

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Sobre la organización política de los sindicatos

Guillermo Almeyra

Martín Esparza y la dirección del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) hablaron, primero, sobre la necesidad de crear una asociación nacional política y, después, una organización política nacional, con base en el SME y en algunos otros sindicatos. Sin embargo, no discutieron esa idea en asambleas de base de los electricistas y postergaron la concreción de su iniciativa, pues, apremiados por la urgencia de obtener una solución gremial positiva no abandonaron del todo las esperanzas de lograr un acuerdo con el gobierno respecto a la organización de una empresa que sustituya a la desmantelada Luz y Fuerza del Centro (LFC), que era la fuente de trabajo de las decenas de miles de afiliados al SME ilegalmente cesanteados por ese mismo gobierno. Ni tampoco perdieron por completo las ilusiones en que el PRI no siga adelante con su antiobrero y reaccionario proyecto de reforma de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

El obrero es un pequeño productor que vende en el mercado su mercancía, fuerza de trabajo (y eso lo acomuna con otros pequeños propietarios y le hace aceptar el sistema), pero al mismo tiempo es una víctima de una explotación que siente pero no comprende a fondo. Por su parte, el sindicato reúne a trabajadores de todos los niveles de conciencia e ideologías y participa en el mercado de trabajo donde negocia colectivamente el precio y las condiciones de venta de la mercancía fuerza de trabajo con los patrones (los compradores de la misma) y con el Estado, lo que agrava la falsa conciencia de sus miembros y hasta su dificultad para encarar los grandes cambios.

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Para la Semana Mayor

Rolando Cordera Campos

Con la debida anticipación, los bancos y banqueros mexicanos o domiciliados en México, tuvieron su fiesta anual acapulqueña, donde rindieron su ritual tributo a la ganancia y a la pausada modernización que caracteriza al negocio del dinero en México. Ganancias hubo apenas se dejó atrás la emergencia y el susto mayor del año 2009, hasta llegar a más de setenta mil millones de pesos en 2010, debidamente concentrados en los tres grandes del exterior pero con importantes tajadas al impetuoso Banorte y el perseverante Inbursa.

No faltó el optimismo histórico hacendario que pronosticó hazañas, como la de que en diez años el sistema bancario mexicano alcanzará el coeficiente de intermediación que hoy tiene Brasil, aunque lo de histórico habría que cambiarlo por histriónico, o tetánico: bien que la banca gane, pero festinar proezas como estas no revela otra cosa que el proverbial astigmatismo hacendario cuando de evaluar el desempeño bancario se trata. Lo cierto es que una economía del tamaño de la mexicana no merece ni podrá desarrollarse con una banca como la que tomó el sol en Acapulco. Ganancias sin prestar quiere decir rentismo financiero sin tapujos, y de ello es responsable no la "industria financiera" sino los que la hicieron compadre.

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Sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba

Nostalgia del futuro

Arleen Rodríguez Derivet

Un héroe de Girón me dijo hace un par de días que a menudo sentía nostalgia de aquellos días en que, con sólo 20 años, dirigió una batería de morteros y combatía sonriendo, porque estaban intactas todas sus utopías.

Hasta yo sentí que me contagiaba su sentimiento, mientras revisaba imágenes y memorias con el Preludio de Silvio y La victoria de Sara sonando de fondo.

La historia, nuestra historia, pesa tanto, es tan sólida, tan auténtica, que suele ponernos esas trampas con mucha frecuencia. Entonces nos amarramos a ella y sentimos que los años de gloria ya fueron vividos. La fatal tendencia a creer que nuestros descendientes no tendrán ni la oportunidad ni las utopías para alimentar sus nostalgias de mayores, nos deprime y nos paraliza.

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Con Calderón aumentan 1000% las quejas contra el Ejército: Amnistía Internacional

La redacción

MÉXICO, D.F., 27 de mayo (apro).- El director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) capítulo México, Alberto Herrera, calificó de deficiente el sistema de justicia que impera en el país al punto de señalar que ese tema es de “máxima preocupación” para el organismo.

Al presentar el Informe Mundial Anual 2010, Herrera recriminó de nueva cuenta que los elementos de las fuerzas armadas que cometen abusos sean juzgados por tribunales militares, sobre todo en un contexto en el que han aumentado este tipo de vejaciones, y acusó a las procuradurías estatales de procesar de manera injusta a las personas más vulnerables.

Sobre ese punto, Herrera se refirió al caso de las indígenas otomíes Jacinta Francisco Marcial, Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, quienes fueron acusadas injustificadamente de secuestrar a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) en Querétaro.

Y aunque celebró la liberación de las tres mujeres, advirtió que hay otros cuatro presos encarcelados por situaciones similares, luego de lo cual añadió: “No queremos ver más Jacintas, Teresas y Albertas en prisión, queremos ver libres, de manera inmediata y sin condiciones, a los presos de conciencia Raúl Hernández, Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borjas, porque su detención es también una distorsión del sistema de justicia”.

El defensor indígena de derechos humanos, Raúl Hernández, está encarcelado en Guerrero, acusado falsamente de asesinato, en tanto que Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borjas permanecen en prisión en Campeche por protestar contra las altas tarifas a la energía eléctrica.

De acuerdo con AI, durante este año documentó un incremento “sustantivo y preocupante” de informes sobre abusos cometidos por militares, algunos de los cuales representan las violaciones más graves reconocidas por el marco internacional de derecho, consistentes en actos de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales.

Muestra clara de ello, dijo, son las 30 recomendaciones emitidas por Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Secretaría de la Defensa Nacional y el incremento de cerca de 1000% en las quejas recibidas por este órgano protector de los derechos humanos en contra del Ejército mexicano entre el año 2006 y el año 2009.

Según Herrera, resulta especialmente preocupante la práctica sistemática de investigar y juzgar los abusos cometidos por las fuerzas armadas en el sistema de justicia militar que incumple con estándares internacionales de derechos humanos y del debido proceso, y que ha demostrado ser un espacio de impunidad.

Por otro lado, la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en México significó una preocupación especial para Amnistía Internacional durante el año 2009.

Aun con medidas provisionales y casos abiertos bajo discusión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los actos de hostigamiento en contra de integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me Phaá no cesaron, precisó.

Decenas de casos, sumados a la reciente emboscada que sufrió la caravana que se dirigía a la comunidad de San Juan Copala en el estado de Oaxaca, agregó, son sólo una muestra de la incapacidad que el Estado mexicano ha mostrado para garantizar protección y seguridad a quienes defienden los derechos humanos en el país.

Sobre el tema migratorio, resaltó que la falta de consistencia de los esfuerzos en materia de derechos humanos por parte de las autoridades federales ha sido evidente en lo relativo a ese punto.

Herrera añadió que mientras distintas autoridades han reprobado adecuadamente la llamada “Ley Arizona”, que implica riesgos importantes en materia de derechos humanos, pocos pronunciamientos se han escuchado con la misma contundencia, reconociendo la existencia de abusos graves y generalizados contra migrantes centroamericanos en México.

Y remató: “La justicia no será una realidad mientras el Estado mexicano no tome medidas efectivas para hacer rendir cuentas a los responsables de la comisión de crímenes del pasado, a quienes cometen abusos contra los migrantes irregulares en nuestro país, a quienes hostigan y persiguen a defensores de derechos humanos, a quienes en ocasiones agreden hasta la muerte a mujeres y niñas en distintos estados de la República”.

Informe de Amnistía Internacional, 2010

Informe 2010

p1000410.Esp (AIR10 Fact and Figures V2 21May2010 ESP)

Ejército: La ley del abuso

RICARDO RAVELO

Torturas, desapariciones, detenciones arbitrarias, saqueos de viviendas y asesinatos, son algunos de los excesos de poder en los que ha incurrido el Ejército Mexicano desde 2006, cuando el presidente Felipe Calderón anunció la cruzada contra el crimen organizado. Los daños a la población civil se detallan claramente en las quejas ante las comisiones de derechos humanos de los estados convertidos en campo de batalla.
Con claros signos de improvisación para combatir al crimen organizado, los soldados han aplicado “más fuerza que inteligencia” en sus labores policiacas durante los cuatro años de guerra contra el narcotráfico,
Esta grave tendencia se documenta en las denuncias que se han interpuesto ante las comisiones estatales de derechos humanos de 12 entidades del país –entre las que destacan Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Michoacán, Sinaloa y Coahuila– donde se concentra cerca del 50% de los 90 mil efectivos que el gobierno federal desplazó para enfrentar a la delincuencia organizada.
La mayoría de estas quejas fueron presentadas por familiares de personas asesinadas o desaparecidas. En ellas se señala a personal militar como responsable de esos delitos, en su mayoría impunes. Aunque son pocos los casos aclarados hasta ahora, acusan que las autoridades civiles se muestran limitadas para llamar a cuentas a los probables responsables si se trata de soldados.
Según el cúmulo de quejas, salvo el periodo de la llamada guerra sucia de los años setenta y ochenta, en ningún otro periodo gubernamental el Ejército Mexicano ha violado tanto los derechos humanos como durante los primeros cuatro años del sexenio de Felipe Calderón.
Así lo demuestran los datos: cerca de 550 expedientes están abiertos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y más de mil 500 quejas se acumulan en las comisiones estatales de los estados referidos. Lo más grave es que la mayoría de los casos no están aclarados y la mayoría de los militares acusados no han sido castigados por esos delitos.
Con base en las denuncias, existen varios hechos en los que no parece existir duda de que efectivos militares actuaron con violencia contra civiles y hasta menores de edad.
Vidas robadas
La tarde del 20 de octubre último, por ejemplo, Luis Florencio Vargas Martínez, de 14 años, caminaba con dos amigos por una céntrica calle de Matamoros, Tamaulipas. Según la queja 34/2009, después de salir de la escuela el menor se dirigía a su casa, localizada en la colonia Obrera, cuando se desató una balacera entre narcos y soldados.
Tres convoyes repletos de militares perseguían a dos vehículos donde presuntamente viajaban traficantes de droga. El zumbido de las balas echó a correr a la gente que deambulaba por la calle. Según los testimonios asentados en la queja, los militares disparaban sin ton ni son.
Una bala calibre 380 alcanzó a Luis Florencio. El proyectil penetró por su frente y salió por la oreja derecha. Cayó. Al terminar la refriega, los uniformados acordonaron la zona y recogieron algunos casquillos “tratando de borrar las huellas de su presencia”. Según la denuncia, ninguno de los soldados atendió al menor, que sangraba de la cabeza. Tan rápido como pudieron, abandonaron el área.
El padre del niño, Florencio Vargas, dice que fueron los vecinos y otras personas que presenciaron a distancia el tiroteo quienes recogieron a su hijo. “Minutos después llegó la ambulancia y mi hijo fue trasladado a una clínica, donde tres horas más tarde falleció”.
–¿Y a quiénes responsabiliza por la muerte de su hijo? –se le pregunta.
–Al Ejército. Ellos dispararon. Por la torpeza de activar sus armas en medio de la gente, una bala mató a mi hijo. Exijo justicia, pero hasta ahora sólo he recibido promesas que siguen sin cumplirse.
Este no es el único caso ocurrido en Tamaulipas. El 17 de marzo de este año, los jóvenes Miguel Alejandro Gama Habif, Israel Ayala Ramírez y Aarón Rojas de la Fuente fueron detenidos por elementos del Ejército en Nuevo Laredo.
Los tres terminaron de cenar en la casa de Miguel Alejandro y se dirigieron a la colonia Palmares, donde vivía Israel. Iban a bordo de un coche Chrysler 1999. No habían avanzado ni seis cuadras cuando se toparon con un retén militar. Había alrededor de 40 de los 150 soldados que realizaban un supuesto operativo antidrogas.
–¡Alto! ¡Alto! –les gritaron unos militares mientras otros les apuntaban con sus rifles.
Miguel Alejandro se detuvo y bajó del vehículo con sus dos amigos. Varios soldados se introdujeron a la unidad, abrieron la guantera y movieron los asientos; otros, uniformados de verde olivo, comenzaron a golpear a los tres jóvenes y los subieron a uno de los varios camiones militares, que arrancó a toda velocidad y se perdió en la oscuridad de las calles, según relataron testigos.
Nada se volvió a saber de ellos por varios meses. Dulce María López Duarte, esposa de Gama Habif, señala que tras la desaparición de su marido interpuso una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. La denuncia establece:
“La señora Dulce María López Duarte, residente de la coloniales Fresnos… acusó a elementos del Ejército Mexicano de haber detenido y desaparecido a su esposo Miguel Alejandro Gama Habif, de 25 años.
“Refiere que su esposo fue detenido la noche del 17 de marzo (2009), aproximadamente a las 10 de la noche, mientras conducía un auto Chrysler”.
Continúa el texto: “La quejosa relató que la misma noche del martes, soldados del Ejército Mexicano allanaron su domicilio particular, robándose algunos artículos personales como computadoras, teléfonos celulares, identificaciones oficiales, dinero e incluso alimentos de la despensa”.
Asimismo, López Duarte presentó una denuncia ante la Agencia Cuarta del Ministerio Público, en la que mencionó el cateo de los soldados a su domicilio y relató que tiraron los muebles, se llevaron una computadora, un televisor, 200 dólares, una bolsa y un monedero que contenía 4 mil pesos.
Según la denuncia, de la cual tiene una copia Proceso, los soldados “se robaron las pocas joyas que tenía López Duarte, mi visa láser y de Aarón (su marido)... Nos dimos a la tarea de buscar a mi esposo y a sus amigos en las agencias del Ministerio Público, en los reclusorios, y fuimos a parar hasta la guarnición militar. Nadie nos daba una señal del paradero de mi esposo ni de sus amigos”.
La incertidumbre continuó. López Duarte señala que el pasado 7 de mayo recibió una llamada en la que le comunicaron del hallazgo de tres cuerpos localizados en Piedras Negras, Coahuila. Le dijeron que las características físicas de uno de ellos coincidían con las de su esposo desaparecido. Tuvo que ir al Servicio Médico Forense (Semefo) a identificarlo. Para su alivio, ninguno de los cadáveres era el de su marido.
Pero horas más tarde tres cuerpos más fueron llevados al hospital universitario de la ciudad de Monterrey. Habían sido exhumados del rancho Alto Bonito, ubicado en el kilómetro 13 de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.
Dice la quejosa: “Se trataba de mi esposo y sus amigos. Tenían cinco semanas y media de haber sido asesinados. Estaban quemados y los tres habían sido torturados a balazos, incluso tenían el tiro de gracia.
El 8 de mayo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoció en un boletín que personal militar participó en la desaparición y muerte de Miguel Gama Habif, Israel Ayala Ramírez y Aarón Rojas de la Fuente, por lo que se “ejerció acción penal en contra de un jefe, tres oficiales y ocho elementos de la tropa”. La dependencia omitió los nombres de los presuntos implicados.
Los encapuchados
En Coahuila, particularmente en Monclova y Torreón, el Ejército ha cometido serias atrocidades, según documentos en poder de Proceso.
El 3 de septiembre último, en la colonia Virreyes Popular, efectivos militares balearon en medio de una refriega contra presuntos narcos a Pablo Martínez Cornejo, de 21 años. El joven quedó tendido sobre el bulevar Egipto, frente a la bodega del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Luego de que las autoridades le encontraron tres impactos de bala en la espalda y dos en el abdomen, de inmediato le suministraron suero y oxígeno. Horas más tarde, Pablo murió.
Uno de los vecinos que vieron ese tiroteo relata sobre la queja 59/22009, presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila: “Los plomazos más bien parecían cohetes, pero al salir de nuestras casas nos dimos cuenta de que una persona estaba tirada sobre la calle y, afuera de un auto, una cantidad de soldados estaban armados y encapuchados”.
Añade: “Nosotros sabemos muy poco de lo que pasó, pues dicen algunos jóvenes (que) llegó muy rápido en su carro frente a donde estaban los ‘viejos’ encapuchados”.
En Coahuila el Ejército ha incurrido en mayores excesos, según las quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que documenta casos como la desaparición de cinco personas en mayo de este año.
Entre quienes supuestamente fueron desaparecidos por efectivos militares se hallan los médicos veterinarios Isaías Uribe y Juan Pablo Alvarado. El vehículo en el que ambos circulaban fue atacado por “hombres encapuchados de corte militar –se lee en la queja 56/2009– y los cuerpos quedaron ensangrentados por los balazos”.
Según testigos de los hechos, varias camionetas del Ejército atacaron a Isaías Uribe y Juan Pablo Alvarado, cuyo vehículo quedó abandonado con huellas de sangre e impactos de bala en el fraccionamiento Ciudad Nazas.
Los deudos de los médicos veterinarios refieren que los doctores fueron detenidos por militares en la colonia Los Montes de Piedras Negras, Coahuila. Luego nada se supo de ellos.
No es todo: la noche del 7 de agosto de 2007, cuatro periodistas –Manuel Acosta Villarreal, Sinhué Samaniego Osorio, Jesús Arnaldo González Meza y José Alberto Rodríguez Reyes– fueron aprehendidos después de que acudieron a cubrir un operativo militar del que se enteraron por radio.
En la ciudad de Monclova, Coahuila, fueron interceptados por efectivos del Ejército. Según la queja 67/2009, los golpearon y los presentaron en calidad de delincuentes, como si hubiesen sido miembros del crimen organizado, y luego desaparecieron.
Fuente: Proceso

Desaparecidos de ayer y de hoy

MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

Se ventila en la Corte Interamericana de Derechos Humanos la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, detenido ilegalmente el 25 de agosto de 1974, en un caso típico de la guerra sucia librada al margen de la ley, con el pretexto de imponer su imperio, por el Estado mexicano. Antiguo alcalde (priista) de Atoyac de Álvarez, sospechoso de pertenecer o servir a la guerrilla de Lucio Cabañas, Radilla fue detenido en presencia de su hijo, entonces de once años y ahora testigo presencial en el juicio que busca establecer responsabilidades penales sobre esa forma de privación ilegal de la libertad, la más grave de todas porque es practicada por el Estado o mediante su complicidad y omisión.En representación del gobierno mexicano acudió a la audiencia, el martes 7 en San José de Costa Rica, el secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont. De acuerdo con el boletín No. 116 de esa dependencia, para eludir la responsabilidad del Poder Ejecutivo en esa desaparición, Gómez Mont dijo que "la evolución institucional en materia electoral, de seguridad y de derechos humanos que ha habido en el país durante los últimos treinta años… impedirían que un caso así se repitiera".El secretario de Gobernación puede hablar de esa guisa en el extranjero, pero no podría sostener aquí que esa etapa del Estado autoritario se ha superado. Al pretender hacerlo mostraría falta de información o de plano mentiría. Para infortunio de todos, en violaciones a los derechos humanos no hemos transitado del autoritarismo a la democracia. En esa materia Felipe Calderón no se distingue de Luis Echeverría ni Gómez Mont de Mario Moya Palencia. Sin que nadie castigue a los responsables; más todavía, sin que siquiera se investiguen los sucesos correspondientes, hoy se hace desaparecer a personas con la misma naturalidad e impunidad que hace 35 años.De inmediato puede citarse para documentar ese dicho el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, miembros del Ejército Popular Revolucionario, detenidos en Oaxaca el 24 de mayo de 2007 y hechos desaparecer al día siguiente cuando, según diversos indicios, fueron entregados por la policía estatal a miembros del Ejército. Está al menos probada, en la indagación que sobre el caso realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la presencia militar en el lugar y la hora en que fueron capturados los presuntos guerrilleros.Puede argüirse, sin embargo, que la intervención castrense en esa desaparición forzada no está plenamente probada. Sí lo está, en cambio, otro caso más reciente en que efectivos militares la practicaron en contra de tres muchachos de veintitantos años de edad cada uno, que fueron capturados sin orden judicial y sin motivo aparente en Nuevo Laredo, el 17 de marzo pasado. Miguel Alejandro Gama Habif, Israel Ayala Ramírez y Aarón Rojas de la Fuente salieron del domicilio del primero para llevar al segundo al suyo propio. Miembros del Ejército, a la vista de muchas personas los detuvieron y no se volvió a saber de ellos. Así hubiera quedado la situación de no ser por la insistencia de las esposas de los detenidos, que no aceptaron la inicial negativa de la autoridad militar de aquella ciudad tamaulipeca sobre la detención. El 24 de abril, la Secretaría de la Defensa Nacional emitió un comunicado en que avisaba de la apertura de una averiguación previa destinada a "determinar la participación de personal militar" en la captura de esas personas. El 8 de mayo la Sedena informó que con motivo de esa averiguación se había consignado ante un juez militar a cuatro oficiales y ocho soldados por la privación ilegal de la libertad de esos jóvenes. A partir de entonces la Secretaría de la Defensa nacional no ha vuelto a informar sobre el caso, no obstante que su naturaleza cambió radicalmente. El 7 de mayo, víspera de la emisión de su segundo boletín –y acaso a ello se debió la difusión de ese comunicado– fueron hallados en un paraje de Nuevo León los cuerpos de las tres personas detenidas por militares al margen de la ley. No se conoce –ese es uno de los defectos del fuero de guerra, su opacidad– el curso de la consignación por privación ilegal de la libertad, ni si la causa respectiva se engrosó con la denuncia por homicidio que corresponde. A pesar de que las víctimas sean civiles, los autores del delito están bajo la jurisdicción castrense. Como si hechos de esa magnitud, y los contenidos en el informe de Human Rights Watch sobre la "impunidad con uniforme" (tal cual se tituló su informe sobre justicia militar), no hubieran trascendido a la opinión pública mexicana e internacional, en San José el secretario Gómez Mont defendió el fuero de guerra, en función de que fueron militares quienes detuvieron a Radilla Pacheco y se busca que se les sancione penalmente. Primero, como dice el boletín de Gobernación, "destacó la institucionalidad de las fuerzas armadas", que implica "una delimitación clara de las funciones y facultades de las fuerzas armadas que, a su vez, han incorporado el respeto y la remoción de los derechos humanos a su actuación"Enseguida, "Gómez Mont defendió a la jurisdicción militar e hizo notar que las garantías constitucionales consagradas a favor de las víctimas operan tanto en el ámbito de la justicia civil como de la militar". Como si sus oyentes en la Corte, y el público mexicano en lo general ignoraran el sistema jerárquico que rige el funcionamiento de los tribunales castrenses, sujetos sus titulares y miembros a los mandos superiores, el secretario dijo también, sin atenerse a la verdad, que "la jurisdicción militar garantiza los principios de independencia, imparcialidad, oralidad, publicidad, contradicción y concentración. Por ello, rechazó que los militares no puedan juzgar a los propios, porque eso es no reconocerles su identidad y su mística apegada a los más altos valores institucionales".Terminó Gómez Mont con una falacia, cuyo desarrollo implicaría la reposición del fuero eclesiástico y la creación de otros semejantes. Dijo que "la jurisdicción militar se somete a un medio de control constitucional como es el juicio de amparo, que resuelve el Poder Judicial de la Federación. Explicó que de esta forma existe un sistema mixto en el que el resultado final de un juicio militar recae en un tribunal de carácter civil". El secretario volvió de San José pleno de esas convicciones, por lo que a la mañana siguiente irrumpió telefónicamente en una mesa radiofónica sobre justicia militar. Dijo al aire (según el boletín del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, representado en la mesa por Santiago Aguirre) que las denuncias contra excesos del Ejército están motivadas en una "insensatez" y un "prejuicio inaceptable": el considerar que al Ejército no le interesa impulsar los derechos humanos. Defendió una vez más el fuero de guerra porque (de acuerdo con la información de la agencia Apro) "incentiva, propicia y protege que los mandos preserven la disciplina de sus cuerpos en función del respeto a la población".Será de verse si Gómez Mont hace precisiones, como llamó a sus planteamientos en la mesa radiofónica de marras, a dichos de funcionarios estadunidenses de alto nivel –como los zares de la frontera y contra las drogas– y al reportaje de The Washington Post aparecido el mismo jueves 9, donde se afirma que el Ejército Mexicano se vale de desapariciones forzadas y tortura para combatir a las bandas de la delincuencia organizada. El secretario de la Defensa fue buscado por el diario washingtoniano para conocer su opinión al respecto pero éste no fue atendido.El denuedo de Gómez Mont en proteger el buen nombre del Ejército, aun pasando por alto hechos comprobados, va más allá del rutinario reconocimiento que, a manera de exorcismo, se hace a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Da la impresión de que se siente forzado a hablar en tal sentido, lo que eventualmente podría implicar sujeción del poder civil al militar.

“Que me digan loca”

Rosario Ibarra

“Que en celda me encierren, que con siete llaves la puerta me cierren, que junto a la puerta pongan un lebrel, carcelero rudo, carcelero fiel”. Así escribió la talentosa escritora uruguaya Juana de Ibarbourou en algo similar a un canto a sus manos florecidas de rosas tras el beso de su amante.
Hoy solamente plagio las cuatro palabras que dan inicio al bello poema “El dulce milagro” (perdón por la osadía, admirada Juana), pero corro el riesgo de que me digan loca cada vez que me opongo, y lo manifiesto, a alguna de las atrocidades en las que incurre o en lo que declara el titular del actual gobierno federal.
No es necesario hurgar por allí en diarios y revistas, o escuchar a comentaristas de radio y de televisión, afines o contrarios a la “formación” política del señor que “ostenta”, gracias a un inobjetable fraude, el elevado cargo; saltan por doquier sus opiniones, sus “juicios”, sus descalificaciones descabelladas e inconsistentes, sobre todo hacia lo más bello y limpio de la población: la juventud… A todos los jóvenes les endilga calificativos que los ubican fuera de lo que él considera correcto, que tiene que ver con “sus” creencias, que según las leyes son respetables, pero no tiene por qué querer obligar a que todos las adoptemos y pensemos como él.
Cada vez que habla en público, en alguna conferencia de prensa o en declaraciones especiales por algún suceso que considera o que es en realidad importante, no falta el “gazapo”. Dígalo si no aquello de “la gastritis mal atendida”, de pasado remoto, o lo “novedoso” de su “diagnóstico” en cuanto a la muerte de Michael Jackson, sólo “botones de muestra” de un ramillete gigantesco.
Y hoy, en estos días en los que el pueblo de Honduras vive lo que ya se creía en desuso, aquellos zarpazos que sembraron el terror en toda América, con los miles de muertos en los estadios, con los miles de encarcelados y desaparecidos… de estos últimos 90 mil desde el río Bravo hasta la Patagonia… En estos días —repito— a no pocos asombra la actitud del “titular” que acudió a Managua, Nicaragua, sin su atuendo favorito (una casaca militar) y se expresó a favor del depuesto presidente de Honduras, y se le vio en fotografías al lado de los presidentes de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela y de Ecuador, todos “a mil años luz” (como diría un periodista regiomontano) de lo que él piensa.
Hay quienes (ilusos) se alegran de que esté por allá con ese “comportamiento”, porque piensan y creen que dará “el salto a la izquierda”… Allá ellos, pero la mancha del fraude no se borrará con nada y si se ilusionan con posturas convenencieras y con palabras huecas, “que con su pan se lo coman”…
Hay por allí otros que dicen que probablemente los presidentes de los países antes mencionados y de otros más de la América Latina piensan y lo sienten cercano a ellos, o tal vez dirán que si el pueblo de México no lo rechaza, pues ¿ellos por qué?
En fin, que el sufrido pueblo mexicano está abrumado por la injusticia que padecemos la mayoría, por la falta de empleos que agobia a miles de hogares, por la miseria que se aposenta desde hace muchos años en las casuchas de los más pobres entre los pobres, de los que ven morir a sus hijos sin esperanza de salvarlos, de los que emprenden el éxodo hacia el norte y que no pocas veces encuentran una muerte alevosa, o regresan con las alforjas vacías o repletas de desilusiones...
En fin, que si por decir lo que pienso y por expresarlo, como suele decirse, “en letras de molde”, me arriesgo a que me llamen loca… pues… ¡Que me digan loca!
Dirigente del comité ¡Eureka!

EUA involucrado en desapariciones durante dictaduras en América

http://www.youtube.com/watch?v=4FfICpljljQ

Denuncian que la ultraderecha ha desaparecido a más de 300 mexicanos

Frente a Gobernación acusan a Gómez Mont de dar respuestas falsas

Integrantes del comité de familiares de desaparecidos Hasta encontrarlos se manifestaron frente a la sede de la Secretaría de Gobernación. Foto María Luisa Severiano

Alma E. Muñoz

Un grupo de familiares de desaparecidos políticos reiteró ayer su exigencia de que éstos sean presentados con vida, incluidos Edmundo Reyes Amaya y Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz Sánchez, miembros del Ejército Popular Revolucionario.

Durante un mitin realizado afuera de la Secretaría de Gobernación, Nadine Reyes, hija de Edmundo Reyes, lamentó que desde la llegada de la ultraderecha al poder (con Vicente Fox Quesada, en 2000) han ocurrido más de 300 desapariciones con el pretexto del combate al crimen organizado, cuando en realidad –afirmó– se criminaliza la protesta social y se detiene a disidentes.

Salimos a las calles para denunciar graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad que comete el Estado mexicano, repitieron en varias ocasiones algunos de los jóvenes desde el micrófono, portando caretas con los rostros de algunas de las personas que reclaman.

A dos años de que su padre desapareciera, Nadine Reyes aseguró que la Secretaría de Gobernación ha sido una institución que ha obstaculizado el proceso para su presentación con vida y la acusó de ser responsable de la disolución de la comisión de intermediación para el diálogo entre el EPR y el gobierno federal.

Nadine Reyes definió al titular de Gobernación, Fernando Gómez Mont, como una persona que da respuestas falsas y sin interés por presentar con vida a los desaparecidos.

A la manifestación acudieron familiares de Francisco Paredes Reyes, defensor de los derechos humanos desaparecido en Michoacán; de Lauro Juárez, indígena chatino desaparecido en Oaxaca; lo mismo que de Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, triquis de ese mismo estado.

Recuperó Eureka a 148 de los más de 700 desaparecidos políticos: Rosario Ibarra

*En el 34 aniversario de que capturaron a Jesús Piedra, exigen liberar a todos; “es un dolor lacerante”

*Con Echeverría, la mayoría de secuestros políticos, “pero siguieron, y ahora ocurren con Fox y Calderón”
La senadora Rosario Ibarra y Andrés Manuel López Obrador a su salida de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, adonde acudieron ayer para pedir al ombudsman nacional, José Luis Soberanes (centro), su colaboración para esclarecer el asesinato de Beatriz López Leyva, representante del “gobierno legítimo” en Oaxaca, ocurrido el pasado día 6">Foto José Antonio López

Andrea Becerril

Hace 34 años, Jesús Piedra Ibarra fue detenido y desaparecido en Monterrey. Desde entonces, su madre, la senadora Rosario Ibarra, se dedicó a luchar por recuperarlo, a él y a cientos de líderes y luchadores sociales secuestrados desde el poder, en los 60 y hasta la fecha.
En entrevista, relata que “a pesar de que es un dolor lacerante”, que siempre está presente, sigue en la batalla en contra de la represión gubernamental y la violación de derechos humanos, y junto con otras madres y familiares de desaparecidos políticos, ha logrado rescatar vivos a 148 desaparecidos.
A más de tres décadas de distancia, su hijo Jesús está siempre presente, no sólo en el medallón con su foto que siempre lleva al pecho, sino en la decisión de seguir buscándolo. Relata que fue en el sexenio de Luis Echeverría cuando se dio el mayor número de desapariciones políticas, y cita de memoria los nombres de los que han logrado recuperar.
Este mediodía, afuera de la Catedral Metropolitana, Rosario Ibarra encabezará un acto junto con las demás integrantes del Comité Eureka, para repetir una vez más el grito ya emblemático: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”
La senadora Ibarra recordó que el 18 de abril de 1975, en una calle céntrica de Monterrey secuestraron a su hijo, Jesús Piedra Ibarra, de donde se lo llevó la policía para golpearlo y torturarlo.
“Después lo trajeron aquí, a México, al Campo Militar Número Uno; ahí lo vieron vivo.
“Han sido –explica– 34 años de luchar, de sufrir primero muchísimo, porque aunque toda la gente cree que a una se le olvida, no es así; es un dolor lacerante, incesante, que siempre está presente, pero aparte me he dedicado a luchar no sólo por la libertad de él, sino por la de todos los desaparecidos que ha habido en los gobiernos del PRI y del PAN”.
El primer desaparecido político –rememora– fue el profesor Epifanio Rojas, en Guerrero, durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. “Lo secuestraron dos militares –aunque luego dicen que el Ejército no se involucró–: el general Miguel Bracamontes y el mayor Antonio López Rivera, en 1969.
“Delante de todo el pueblo, el general Bracamontes dijo: llévenselo al Campo Militar Número Uno; así que está clarísimo que era la cárcel no sólo de Díaz Ordaz, sino también de Echeverría, quien ahí mandaba a todos los luchadores sociales”.
Doña Rosario, como casi todos la llaman, fue fundadora del Frente Nacional contra la Represión, del Comité Prodefensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, conocido hoy como Comité Eureka; llevó a cabo dos huelgas de hambre, cientos de marchas y plantones, y logró que en septiembre de 1978 el entonces presidente José López Portillo anunciara una ley de amnistía, por la que fueron liberados mil 500 presos políticos; el regreso de 57 mexicanos que estaban fuera del país y el desistimiento de 2 mil órdenes de aprehensión, entre otras cosas.
De una lista de 700 desaparecidos, ella y el Comité Eureka han logrado recuperar a 148 luchadores, quienes “nos dieron testimonio de que vieron a muchos otros con vida. A veces no sabían los nombres, pero les poníamos las fotos y los reconocían. ‘Ahí está éste; ahí está esta muchacha que estaba embarazada’, señalaban”.
Detalla: “a Cristina Rocha Herrera se la llevaron embarazada, junto con su esposo; también a Teresa Torres de Mena, y nunca aparecieron ni los padres ni los niños.
“Me quedan 557 secuestrados políticos de todos los sexenios priístas, casi todos desaparecidos por Echeverría. Cada sexenio fuimos recuperando algunos; generalmente no menciono sus nombres porque se involucraron ya en sus trabajos cotidianos, excepto los que sigueron en la vida pública, como el ahora diputado Humberto Zazueta.
“Pero también recientemente, con Vicente Fox y con Calderón hay desaparecidos, y por eso vamos a realizar este sábado un acto frente a la Catedral, no sólo en recuerdo de la desaparición de mi hijo, sino por la perenne exigencia de libertad para todos los que siguieron después y los secuestrados políticos de antes, durante la guerra sucia de los 60 y 70, y los nuevos”.

Prevalece el terrorismo de Estado: ONG

Carolina Gómez Mena

En México “prevalecen prácticas de terrorismo de Estado, tales como la desaparición forzada y tortura realizadas en contra de luchadores sociales, la criminalización de la protesta social, y la utilización de elementos militares para intimidar a la población”, aseguraron integrantes del Comité Eureka y de la agrupación Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS), quienes ayer recordaron los “asesinatos” en Torreón, Coahuila –hace 30 años– de Elín Santiago y José Luis Martínez, ambos integrantes del Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR), el día 9 de abril de 1979, cuando acudían a una reunión de dicha agrupación.
En una manifestación realizada a las afueras de la Casa de Coahuila, situada en el sur del Distrito Federal, en donde colgaron fotografías de varios “desaparecidos políticos, los cuales desde fines de los 60 a la fecha suman más de 570 personas y se siguen sumando”, Inti Martínez Gaytán, hijo de José Luis Martínez, señaló que actualmente “el gobierno sigue usando el terrorismo de Estado para asustar y reprimir al pueblo, especialmente en contra de los luchadores sociales y todo aquel que los incomode”.

La ausente

Rosario Ibarra

Escucha al autor AQUI.

En mi mesa de trabajo se van apilando día a día cartas y solicitudes que deslían dolor, angustia, desesperación... Llegan de todo el país con su carga de tristeza, porque las dicta alguna injusticia sufrida por quienes las escriben... Asesinatos, desapariciones, tortura, encarcelamientos, persecución, violaciones, amenazas, que siembran miedo y zozobra en sus hogares.
Cuanto dicen me llega hasta lo más profundo del alma porque lo he vivido y lo he visto en muchos hogares durante más de seis lustros; porque he vivido más de 30 años con el dolor y la rabia trenzados en medio del pecho y con los ojos cansados de ver la repetición sin fin de desmanes y de tropelías, de atropellos y de burla. Como nuevos jinetes del Apocalipsis, cabalgan por este pobre suelo que llamamos patria la corrupción, la impunidad y la simulación, y a su paso van arrancando al pueblo pobre un coro de alaridos de dolor y de impotencia.
A los gobiernos de cuando menos hace ya más de cuatro décadas a nuestros días no ha parecido preocuparles ni el sufrimiento ni la justa ira del pueblo. El actual, distante y ensoberbecido, en una decisión anticonstitucional sacó a los soldados de sus cuarteles y a la larga, con el campo devastado, con el éxodo de pobres hacia el norte, con el incontenible desempleo, con el crecimiento de la miseria y el hambre, hay quienes piensan, y así lo dicen, que acabarán enfrentándose pueblo miserable y pueblo uniformado (espero que se equivoquen)...
Volviendo a las cartas, hay que agregar que a todas se les da respuesta y se envía al remitente copia del reclamo que a su nombre se hizo ante las autoridades responsables de investigar y castigar los ilícitos cometidos en su contra... pero... pero... terminamos por caer en la desesperación más terrible que se pueda imaginar, porque ni siquiera se vislumbra la intención de dar una respuesta favorable.
También en mi modesto escritorio hay otro grupo de cartas: las que llegan de fuera del país, de lugares lejanos en donde algunos de sus habitantes, interesados en la defensa de los derechos humanos, me hacen saber su preocupación por los hechos violentos que saben que se dan en México Al azar tomo una que resulta relativamente reciente, pues llegó el 2 de febrero, en la que me transmiten su preocupación por los casos de San Salvador Atenco que se van volviendo añejos, como los del 16 de julio de 2007, la tortura sufrida por Emeterio Cruz, Raymundo Torres, Jorge Luis Martínez y Eliel González en Oaxaca. Y en Oaxaca también, los asesinatos de José Jiménez Colmenares y Brad Will.
En el mismo estado, las muertes, que se cuentan ya por centenas, de los triquis desde hace más de 10 años, sin que persona alguna haya sido juzgada y castigada por ellas. Los asesinatos de Felícitas Martínez y Teresa Bautista, triquis también, asesinadas por ser las locutoras de la emisora indígena comunitaria La voz que rompe el silencio. El doble crimen continúa impune.
Todo lo anterior llegó por carta o se conoció por los medios de comunicación, pero lo más terrible, lo más doloroso, lo escuché en relatos directos de los familiares y amigos de las víctimas. Un joven que vio morir a su primo y una joven a su hermano, “¡en una fiesta infantil! en la que todavía ni quebraban la piñata”. En ese lugar —dijo el joven— “un encapuchado le disparó a mi primo”. En un lugar distante, “un militar mató a mi primo —dijo otro—, pero qué casualidad, que a los dos meses encontraron los dos cuerpos juntos en una narcofosa”, y se preguntaron los primos de los primos asesinados: “¿El encapuchado era militar también... o qué eran los dos asesinos?”.
Aparte, la joven llorosa decía cómo a su hermano lo mataron en la fatídica fiesta infantil y lloraba también por el crimen espantoso “de una amiguita de 14 años”, cuyo cuerpo se encontró en una calle céntrica de Ciudad Juárez, apuñalada y “estrangulada con un alambre de púas”.
Pido disculpas a los lectores por este espeluznante relato; he sufrido al escribirlo como sufrí al escucharlo, pero es necesario que se conozca y que reunamos nuestros esfuerzos para frenar el galope de la corrupción, la impunidad y la simulación, y para exigir la presencia de la justicia, de la cual desde hace mucho en este país sólo sabemos que es la ausente.
Dirigente del comité ¡Eureka!

Convocatoria del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos "Hasta Encontrarlos"

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos
"Hasta Encontrarlos"

Convoca:

A todas las organizaciones solidarias a que nos acompañen al mitin de protesta que realizaremos
Afuera de las instalaciones de las oficinas del alto comisionado de la ONU este 10 de febrero a las 11 am.

A casi 2 años de la desaparición forzada de nuestros familiares Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Edmundo Reyes Amaya, Francisco Paredes Ruiz y Lauro Juárez hoy más que nunca seguimos levantando nuestras voces ante la impunidad y mentira del gobierno Fascista de Felipe Calderón Hinojosa.
Este 10 de febrero El Estado Mexicano entregara su informe Periódico Universal en Ginebra, en el cual no menciona las vejaciones a nuestros derechos humanos que ha cometido el Estado mexicano en contra del pueblo.
Nosotros como familiares hoy hacemos la denuncia en contra de la CNDH que ha mostrado poco interés e indiferencia por los casos de nuestros familiares así como la ineficiencia ante los casos de injusticia que ha vivido México por el gobierno ilegítimo de Felipe Calderón.

Acompáñanos!!
Favor de Difundir...
Nadin Reyes Maldonado

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